Vigo.- El Concello se compromete 'ahora' a reactivar un urbanismo moribundo

ATLÁNTICO* : El urbanismo vigués lleva cuatro años paralizado por completo, fracasando en la puesta en marcha de proyectos de la envergadura de la plaza de España, A Seara o Barrio do Cura.
Por este lado, todo bien conocido. La novedad es que ahora la concejala Carmela Silva reconoce que busca soluciones para al menos sacar adelante algunos de los grandes ámbitos y mover así el sector de la construcción, en situación límite por el parón absoluto. A Seara, con cuyos vecinos se reunió ayer, es uno de los polígonos; otro, plaza de España. En Vigo la situación resulta especialmente grave al añadirse a la crisis generalizada el evidente desinterés del alcalde durante el anterior mandato, quien no movió un papel.
La reunión con los vecinos de A Seara había sido solicitada por estos para explicarse a Silva su total rechazo a que se ponga en marcha la urbanización tal y como ha quedado aprobada las bases y estatutos de la junta de compensación que se encargaría de su desarrollo. Los propietarios consideran que la empresa Vialmar no cuenta con el 55 por ciento del terreno, como pregona, sino una parte muy inferior, y que además no podría iniciar ninguna operación ya que Hacienda vigila sus cuentas.

Según explicaron los vecinos a Carmela Silva, no habría otra opción para desarrollar el polígono anulando la junta y dejando la ordenación en manos de los propietarios con colaboración con el Concello, que cuenta con el 15 por ciento del total de la superficie. Silva reconoció no estar muy al corriente del asunto, pero se comprometió a dar una respuesta en otro encuentro, fijado para la primera quincena de septiembre, ya con datos en la mano. Según señaló un portavoz vecinal a este diario, la sensación 'fue buena, porque al menos hemos visto interés por parte del Concello para que A Seara se ponga en marcha de una vez', indicaron. Lo cierto es que esta urbanización, que figura en el PGOM como estudio detallado para facilitar su desarrollo, es una de las piezas clave por encajar en el centro urbano, y además hay acuerdo entre los propietarios de los solares, unos 40 en la actualidad, que están deseando una solución.

En A Seara, un entorno de 54.000 metros cuadrados, se contempla la construcción de hasta 400 viviendas, de las que el 35 por ciento tendrían que levantarse sobre suelo para pisos protegidos, por lo que se podría generar un volumen de negocio de 75 millones de euros por el precio de los solares y la edificación de los distintos sólidos. Y sobre todo, se ordenaría una amplia zona del cogollo urbano.

Barrio do Cura suma ya diez meses de paralización forzosa

El caso más sangrante de los cuatro últimos años es Barrio do Cura, la urbanización más importante del centro urbano, paralizada por una decisión tomada por el alcalde, quien pese a prometer el impulso de este ámbito decidió alargar trámites. Barrio do Cura solicitó licencia de demolición del asilo y unos 30 edificios y cuando habían transcurrido seis meses sin respuesta, el plazo máximo legal, Urbanismo remitió todo el documento a la Consellería de Cultura para que hiciera un nuevo informe, pese a que no era necesario porque ya contaba con evaluación de impacto y garantía de desafección arqueológica. Desde abril está en manos de la Xunta, que sigue sin tener una fecha para su entrega, añadiendo más espera a un proyecto que contaba con financiación y demanda y que ahora, como reconoce la empresa de Karpin, ya no puede esperar más. 'O se da vía libre o el proyecto se muere, porque está fuera de plazo', señalan en la promotora, que hace meses colocó un visible cartel exponiendo sus ideas.

Lo cierto es que el alcalde mantiene que 'tan pronto como ese informe esté aquí nosotros le daremos prioridad absoluta porque es una actuación urbanística que nos parece de gran interés, así lo dije en público en su momento y lo sigo manteniendo”. Pero no es esa la impresión generalizada: un panel gigante en uno de los laterales del asilo explica las actuaciones que se llevarían a cabo en este ámbito como una pasarela hasta el Paseo de Alfonso, una guardería, un aparcamiento, 5.696 metros de nuevos viales y aceras o un mirador a la Ría.


* Atlántico - 11.08.11
Foto: A Seara es ahora una anomalía al haberse quedado al margen de la ordenación urbanística de la ciudad.- atlantico

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Los procesados del 'caso Arona' ya llevan gastados 150.000 euros públicos en su defensa

CANARIASAHORA* : Sí se Puede critica "el silencio cómplice" de los partidos y recuerda que otro juez investiga más denuncias. El comité local de Alternativa Si se Puede en Arona ha pedido este sábado que se deje de pagar el sueldo a los ediles de la actual junta de Gobierno en ese Ayuntamiento procesados por el juez Nelson Díaz Frías, entre otros, el alcalde José Alberto González Reverón, al que se le imputan un delito de prevaricación, otro de prevaricación urbanística continuada y otro delito continuado de tráfico de influencias.
SÍ se Puede, en una asamblea celebrada en Arona, denunció que el alcalde y toda la anterior junta de Gobierno local, procesada por diversos delitos contra la ordenación del territorio, cuenten con dinero de las arcas municipales para su defensa jurídica, según manifestó a CANARIAS AHORA Julio Concepción, secretario del comité local de la formación política en Arona.
En total, han sido procesadas 30 personas, de las que solo en la defensa de José Alberto González Reverón, el Ayuntamiento aronero se gastó el año pasado 60.000 euros, pagados al abogado José Ramón Pitti Reyes.

A esa cantidad hay que añadir otros 81.900 euros, aprobados por la Junta local en septiembre de 2010, para las defensas de Manuel Reverón González (CC, acusado de prevaricación y tráfico de influencias); Clara María Pérez (CC. Prevaricación y tráfico de influencias); Antonio Luis Sosa (CC. Portavoz del grupo municipal de este partido, acusado de un delito de prevaricación y tráfico de influencias, y otro delito de malversación de caudales públicos), y María Candelaria Padrón (CC, Prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de denunciar delitos).

Hay un cuarto concejal que se beneficia de las arcas municipales para pagar a su abogado: Manuel Barrios, de Centro Arona Nacional (CAN-CCN), ex concejal de urbanismo.

Sí se Puede también denunció en la asamblea de este sábado “el silencio cómplice de todas las formaciones políticas en relación a uno de los casos de corrupción política más sonados de España. La gravedad del asunto requiere de una pronunciación ante los medios de comunicación social y ante los ciudadanos, lo que no han hecho ni CC, ni PP ni CAN. Y aunque sea porque hay un consejero procesado (José Luis Delgado), el PSOE también debería pronunciarse”.

“No nos explicamos como la dirección de CC no ha tomado medidas ante los nuevos acontecimientos judiciales, y más dado que la segunda parte del ‘Caso Arona’ está en instrucción, es decir, que se añadirán delitos a los ya existentes”.

No solo CC no se ha pronunciado, sino que el portavoz municipal y también procesado a Antonio Luis Sosa, anunció un recurso contra el auto de procesamiento que dictó el magistrado Díaz Frías el pasado 28 de julio. Las acusaciones deben ahora la apertura de juicio oral, un juicio que según fuentes judiciales podría tener lugar en abril próximo.

“Hago lo que hace cualquier alcalde”

José Alberto González Reverón, por su parte, se considera inocente y este sábado manifestó a Radio Club Tenerife que “jamás he estafado a nadie. No he hecho nada que no hagan otros alcaldes en Canarias y en el resto de España”.

Es lo mismo que declaró a la prensa en julio del año pasado, después de más de diez horas de declaración ante el magistrado Nelson Díaz Frías, cuando señaló que “ayudar a los vecinos” es la obligación de cualquier mandatario.


* Canarias Ahora - 7.08.11
Foto: Arona (Tenerife), playa Las Américas - greenpeace.org

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Ecologistas de Massarrojos recurren el centro social vinculado al Opus Dei

ELPAÍS/Valencia* : La Colla Ecologista de Massarrojos ha recurrido la decisión del exconsejero de Territorio Juan Cotino de modificar una parcela de terreno de la fundación Mainel, vinculada al Opus Dei, para que pueda construir un centro socio-deportivo privado en Valencia. Cotino, ahora presidente de las Cortes, empezó a tramitar el cambio de uso del suelo de la parcela después de las elecciones del 22 de mayo, justo antes de abandonar la consejería. Su intención era convertir el suelo no urbanizable de la parcela en zona de interés común. Este proceso, la declaración de interés común de una parcela, se emplea cuando un municipio no posee espacio suficiente para levantar una infraestructura que considera necesaria. El municipio, en este caso Valencia, guarda miles de metros cuadrados para centros como el que pretende construir la fundación Mainel.
En el escrito de recurso de la Colla de Massarrojos, pedanía de Valencia, se explica además que "la parcela corre riesgo de inundación según el Plan de Acción Territorial sobre Riesgos de Inundación" y que "el terreno donde se pretende actuar se encuentra justo en medio de cuatro elementos patrimoniales de gran importancia": el gran riurau del Mas de Fondo, un acueducto romano y el poblado íbero y las canteras medievales del Tos Pelat.

La polémica en torno al lugar y la forma de declarar parcelas como zonas de interés común no acaba aquí. A pocos kilómetros del terreno de la fundación Mainel, Territorio tramita otra modificación de terrenos para convertir una parcela de 100.000 metros de suelo no edificable en zona de interés común. El propietario quiere levantar aquí un centro deportivo y de ocio. Además, el lugar espera la construcción de una carretera, la CV-310, que daría servicio a ambos complejos y que costaría en torno a cinco millones de euros.


* El País - P. FERRI - Valencia - 11/08/2011
Foto: Massarrojos (Valencia) - iberpisos

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Sanxenxo.- El Supremo declara ilegal un edificio de la promotora de Telmo Martín

ELPAÍS/Pontevedra* : La creatividad administrativa de Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca en dos gobiernos de Manuel Fraga, salvó a Construcuatro en 2005 del derribo de uno de sus proyectos estrella en Sanxenxo. La promotora de la que es socio el entonces alcalde popular de la localidad, Telmo Martín, hoy presidente del PP de Pontevedra, había levantado un lujoso edificio de seis plantas junto a la playa de Silgar, famosa por la concentración de veraneantes y el elevado precio de la vivienda. Allí se reservó un piso de dos terrazas el propio Martín. El problema es que la obra no respetó los 20 metros legales de separación mínima de la costa. La ONG Salvemos Pontevedra lo denunció y la propia consellería empezó a tramitar un expediente sancionador, que propuso imponer una multa de 3,05 millones de euros y la demolición del inmueble.
El informe no llegó al Consello de la Xunta, competente para resolverlo, porque López Veiga lo paralizó. Salvemos Pontevedra llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza, que anuló el acto del conselleiro en una sentencia que ratifica ahora el Supremo.

El primer fallo obligaba a retrotraer el expediente al momento de la propuesta de sanción, lo que en la práctica significa que la Xunta debe decidir qué hacer con el inmueble. La resolución del Supremo, fechada el 22 de julio, hace suyos los argumentos del Superior.

López Veiga se extralimitó en sus funciones al archivar un expediente sobre el que le correspondía responder al Consello de la Xunta, para lo que se refugió en una supuesta contradicción en los deslindes. Los técnicos de su departamento constataron que el inmueble superaba en más de dos metros la distancia legal con la playa, pero el conselleiro encargó otro estudio al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Este determinó que la invasión de la servidumbre era menor -en torno a un metro- lo que sirvió a López Veiga para dar carpetazo al expediente. La jefa de Costas era entonces Cristina de Paz, también con casa junto al mar en Sanxenxo y contra la que pleitea Salvemos Pontevedra.

El Supremo rechaza los argumentos de Construcuatro para tumbar la resolución del Superior. La supuesta vulneración de las leyes administrativas la despacha como argumento "artificioso". La empresa alegaba que el acto del conselleiro no era radicalmente nulo sino subsanable. El Supremo le quita importancia y alega que la sentencia previa no se basa en esa distinción y añade que en cualquier caso el acto no se corrigió, y "debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y anulado".


* El País - VÍCTOR HONORATO - Pontevedra - 11/08/2011
Foto: Playa de Silgar y al fondo, con toldos granates, el edificio levantado por la constructora de Telmo Martín.- CARLOS PUGA.- elpais

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Valencia.- Las universidades se alquilan

LEVANTE* : El precio de los campus. Los espacios universitarios se han convertido en una suculenta fuente de ingresos para las instituciones académicas de Valencia que alquilan algunas de sus magníficas instalaciones a otras entidades para la realización de actos culturales, conferencias, presentaciones de libros o la celebración de acontecimientos. Están disponibles aulas y paraninfos, pasando por pistas deportivas o solares.
Sin llegar a sucumbir a opciones tan pintorescas como la realización de banquetes de bodas, práctica que este año ha iniciado el Palau de les Arts, las dos universidades públicas de Valencia ponen a disposición del ciudadano algunas de sus instalaciones más emblemáticas, previo pago de un alquiler.
Los exámenes de la Junta Qualificadora, olimpiadas infantiles de matemáticas, congresos políticos o sindicales, elecciones presidenciales para ciudadanos inmigrantes, ponencias de ex presidentes, presentación de jornadas o de libros, conferencias, debates ciudadanos, son algunas de las actividades que se han desarrollado en las diferentes dependencias universitarias, a las que se suman las de ámbito deportivo.

Ambas instituciones disponen de un listado de precios de alquiler de varias aulas, salones, paraninfos e instalaciones deportivas. Tarifas que varían dependiendo de la duración, los servicios (luz, informática) y sobre, todo, la procedencia (universitaria, entidades sin ánimo de lucro o lucrativas). Incluso, en la Politècnica facilita, a através de una oficina dedicada a su gestión, desde azafatas a "catering" o su capacidad multimedia y de traducción simultánea.
Acostumbradas a ser noticias por el coste de sus infraestructuras y las inversiones, las universidades también saben sacar partido de las bien dotadas instalaciones académicas culturales y deportivas, y así ingresar dinero con estos recursos.
A entidades con finalidad lucrativa, la Universitat cobra por alquilar los espacios del edificio histórico, en pleno centro de Valencia (en la calle de La Nau), distintos precios. Así, por la capilla percibe 3.400 euros si es el día completo o 1.900 por sesión; por el aula magna, son 2.800 y 1.600 euros; por el claustro, 2.400; por el paraninfo, de 3.400 a 1.900 y por la sala Matilde Salvador, en donde se pueden realizar representaciones teatrales o musicales, 4.400 o 2.400 euros. Estos precios son sin IVA y se incrementarán un 50 por ciento cuando la actividad se lleve a cabo en sábado o festivo.
A los universitarios, el alquiler les supone una reducción del 50 % y a entidades sin ánimo de lucro, de un 30 %.
También pone a disposición los servicios de personal de seguridad (20 euros el día laborable); el personal de limpieza (12 euros), y de la misma Universitat (96,93); cantidades que se elevan si es de noche o en día festivo.
La Politècnica, por su parte, incluye una serie de aulas para rentar que van de las que tienen hasta 50 plazas, con precios de 108,77 euros por medio día y de 217,55 por la jornada completa a los 870 por la tarifa de un día por aulas informática o los 870,17 por salones de congresos y 1.450,40 por el paraninfo.
Las instalaciones deportivas tienen un listado para eventos o competiciones que van de los 1.266,9 euros por día del pabellón a los 6,33 la hora de la pista de tenis sin luz.


* Levante - 11.08.11
Foto: Valencia, campus politécnica - public

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Nuevas propuestas sobre vivienda de los "indignados"

IDEALISTA* : Los “indignados” del movimiento 15-m continúan lanzando propuestas en materia de vivienda. si hace unos días la asamblea popular del barrio madrileño de lavapiés lanzaba sus demandas, el turno le llega ahora a los integrantes de las palmas de gran canaria. gravar con un contundente impuesto los pisos vacíos y crear un fondo de compensación para resarcir a los afectados por abusos inmobiliarios son algunas de sus propuestas.
Según la web de los indignados de las palmas, la comisión ideológica plantea una serie de medidas para garantizar el acceso a una vivienda. parte de la necesidad de que ésta deje de depender del mercado, para lo que plantea lo siguiente:
Dar uso a las viviendas vacías existentes
el objetivo es dar un uso social (que se habiten) a los más de tres millones de viviendas vacías existentes (sin incluir los cuatro millones de segundas viviendas).

Pasos para lograrlo:

1. identificar las zonas con “necesidad urgente de vivienda” (nuv) en función de la demanda de viviendas en cada municipio y territorio

2. establecer un censo actualizado y supervisado de viviendas vacías para los municipios con necesidad urgente de vivienda. para ello se debe definir y acotar previamente el concepto de “vivienda vacía”, en base a inspecciones, a los datos de empadronamiento y los consumos básicos del hogar (luz, agua), entre otros criterios posibles

3. en las zonas nuv, una vez identificada una vivienda vacía, se dará un plazo (3 meses por ejemplo) a los propietarios para que demuestren que están habitadas. transcurrido el plazo, si el propietario no puede acreditar la ocupación de la vivienda tendrá dos opciones:

- inscribir la vivienda vacía en una bolsa de alquiler social, a través de la cual se gestionaría todo lo relacionado con el uso y alquiler de esa vivienda. el precio del alquiler se fijaría en función de los costes de conservación y mantenimiento del edificio y la vivienda, de forma que se mantenga en perfecto estado de habitabilidad para el momento que el propietario pueda reclamar un uso legítimo de la vivienda

- si opta por mantener la vivienda vacía allí donde hace falta, se la considerará un bien de lujo y será gravada, por tanto, con un contundente impuesto cuya cuantía desincentive el mantenerla desocupada

política pública de vivienda

allí donde el parque de vivienda existente no sea suficiente para cubrir las necesidades de alojamiento de la población, la iniciativa pública generará suelo barato para promover vivienda social en alquiler. el objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social fuera de los mecanismos de mercado

1. abaratar el suelo para uso social
declarar todo el suelo inicialmente protegido y no urbanizable. la generación de nuevo suelo urbano y urbanizable deberá responder al interés social general y ser gestionado con criterios democráticos mediante la participación activa de la ciudadanía. desligar el valor del suelo del precio de mercado, que incorpora expectativas inmobiliarias. cuando el suelo se expropie para generar vivienda social, se expropiará pagando un precio ligado a su aprovechamiento agropecuario o similar

2. construcción de viviendas públicas de alquiler
el objetivo es constituir un amplio parque público de viviendas de alquiler reducido (al coste de mantenimiento y reposición) gestionado mediante bolsas públicas de alquiler. estas viviendas se edificarían a través de una constructora pública, lo que garantiza unas condiciones laborales dignas y no precarias a los trabajadores que las construyan y además, abarata su construcción al eliminar el margen de beneficios con el que operan las empresas privadas del sector

para lograrlo, todo el gasto público en vivienda debe destinarse a promover la vivienda social de alquiler. para ello debe reorientarse la política actual, centrada en subsidiar la compra de vivienda, eliminando progresivamente la deducción del irpf por compra, incorporada al precio de la vivienda y por tanto, convertida en una transferencia de renta al vendedor

las diferentes administraciones públicas deberán garantizar este parque público de alquiler en el plazo más breve posible. por ejemplo, los presupuestos generales del estado de 2007 prevén destinar 9.000 millones de euros a vivienda, principalmente a bonificaciones fiscales y deducciones por compra de vivienda. con ese dinero se podrían construir hasta 150.000 viviendas públicas en alquiler. si fueran necesarias más, se podría aumentar el gasto público en vivienda reasignándolo de otras partidas presupuestarias menos prioritarias o revertiendo las regresivas reformas fiscales de los últimos años para disponer de recursos adicionales

urbanismo al servicio de los ciudadanos, no al del mercado

articular el territorio con criterios de sostenibilidad, al servicio de los ciudadanos y de sus necesidades y no las de los propietarios del suelo, promotores y constructores. para lograrlo es imprescindible la participación democrática real de la ciudadanía en el desarrollo urbanístico del territorio y someter a referendum la aprobación de los planes urbanísticos. un urbanismo al servicio de los ciudadanos debe pasar por consolidar y mejorar la ciudad ya existente, con una edificación en altura razonable (ni adosados ni rascacielos), con bloques de viviendas en manzanas abiertas a la ciudad y a la calle y no como prisiones encerradas sobre si mismos, promoción de los espacios gratuitos de socialización ajenos a la lógica comercial (plazas, parques, centros sociales, espacios deportivos), apuesta por el transporte colectivo (intermodal) y la accesibilidad (peatonalización), mezcla de usos del suelo no excluyentes entre si, evitando la especialización extrema del espacio urbano, la creación de zonas marginales (“guettos”)…

la creación de un fondo de compensación para resarcir de manera cautelar a los afectados por retrasos, delitos o abusos inmobiliarios, en espera de que se depuren responsabilidades por vía judicial y, si llega el caso de insolvencia, quiebra o desaparición de la sociedad responsable; la asunción final de la deuda

la creación de una agencia de control del fraude inmobiliario que en base a una ley integral de la vivienda, prevea unas garantías mínimas en la oferta inmobiliaria, bien sea en obra nueva o en vivienda usada. esta agencia también debería disponer de un cuerpo de inspectores eficaz que acabe con los abusos y el fraude inmobiliario sobre la vivienda libre o en régimen de alquiler y, en el caso de viviendas protegidas, que realice un control estricto sobre los sobreprecios impuestos por el promotor y el uso que se hace de las mismas por parte de los adjudicatarios, de manera que se evite a toda costa que esas viviendas protegidas vuelvan a engrosar la oferta a precios de mercado

la prohibición expresa de la subasta como medio de adjudicación de suelo público y de cualquier otro método que fomente el crecimiento artificial de los precios. también, el establecimiento de sanciones, transcurrido un periodo máximo, para aquellos suelos de titularidad privada catalogados como urbanizables que se mantengan sin edificar dentro de los núcleos urbanos

la creación de un fondo de compensación para resarcir de manera cautelar a los afectados por retrasos, delitos o abusos inmobiliarios, en espera de que se depuren responsabilidades por vía judicial y, si llega el caso de insolvencia, quiebra o desaparición de la sociedad responsable; la asunción final de la deuda

el establecimiento por ley de un tiempo de retorno máximo de los préstamos hipotecarios de 15 años y la obligatoriedad de un seguro hipotecario que preste cobertura ante situaciones de paro o enfermedad grave

denunciar al estado español por no hacer cumplir el artículo 47 de la constitución española que dice así:

“todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (art. 47 constitución española)”.


* Idealista - 11.08.11
Foto: Indignados 15M, marcha a Bruselas 26Julio - 20minutos

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Un exalcalde de Navacerrada permitió a sus hermanos unas obras ilegales

ELPAÍS/Madrid* : La inacción del Ayuntamiento de Navacerrada ante un vertido ilegal de tierras en una finca propiedad de los hermanos y del propio exalcalde de esta población, Pablo Jorge Herrero, del PP, puede costar caro ahora al Consistorio. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid ha ordenado al Ayuntamiento que abra expediente y, en su caso, retire de inmediato el descomunal vertido de tierras hecho sobre una finca del exalcalde y sus hermanos sin que el Consistorio, regido entonces por Herrero, moviera un dedo para impedir la ilegalidad.
El vertido de tierras se hizo sin permiso municipal y desoyendo el exregidor y demás ediles las denuncias de un vecino de Navacerrada, el abogado Ramón Mesonero, sobre esta ilegalidad. El letrado acabó presentando una demanda en los tribunales ante el constante "silencio administrativo" con el que respondía el Ayuntamiento a sus denuncias. Según vecinos del municipio, la intención del alcalde y sus hermanos era verter tierras en esa finca, protegida y cercana a un río, para elevarla y equiparar su altura a la de una carretera adyacente, con vistas a hacer algún negocio en el futuro.

La sentencia del Juzgado arremete contra el que fuera alcalde de Navacerrada hasta los comicios de mayo de este año, pues fue durante su mandato cuando se efectuó el vertido ilegal de tierras sin la preceptiva licencia municipal. La finca en cuestión se halla en la confluencia de la calle de los Robles con la carretera M-606 y tiene la calificación de "suelo no urbanizable de protección", según indica la sentencia.

Convencido de que la inacción municipal se debía al propio alcalde Herrero (el PP no lo renovó como candidato en las pasadas elecciones), ante la falta de respuesta del Consistorio a sus peticiones, Mesonero presentó una demanda contra el Ayuntamiento y el alcalde. El juzgado le da ahora la razón. El magistrado, José Luis Sánchez-Crespo, da por sentado que la finca en cuestión pertenecía a la familia de Herrero (y ahora también a él) y que el Ayuntamiento "no llevó a cabo ninguna actuación" ante la denuncia de Mesonero pese a que el vertido de tierras realizado "requiere de licencia municipal".

La sentencia señala: "Los servicios municipales, al tener conocimiento de la información que les había aportado el hoy recurrente (...) debieron proceder a su paralización y a solicitar a los responsables que instasen a la legalización de las actuaciones que llevaban a cabo sin licencia".

El juez exige al Consistorio que abra el oportuno expediente "a fin de proceder a la reposición de la legalidad urbanística [retirada de los escombros] en caso de no resultar legalizables" los movimientos de tierra efectuados. La patata caliente la tiene ahora la actual alcaldesa, también del PP.


* EL País - NÉSTOR C. VICENTE - Madrid - 10/08/2011
Foto: Navacerrada nevado - economista

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El Supremo tumba por un defecto en la tramitación un PAI en Valencia

ELPAÍS* : El plan para el desarrollo urbanístico de una zona del barrio de Torrefiel en Valencia vuelve a la casilla de salida. En una sentencia del pasado 3 de junio, el Tribunal Supremo explica que el Ayuntamiento, presidido por la popular Rita Barberá, tramitó mal la adjudicación del proyecto, que suponía la construcción de cientos de viviendas. El Supremo argumenta que el Gobierno local no razonó adecuadamente por qué la oferta de una empresa resultaba mejor que la de la otra que se presentaba. Ahora, con las obras a mitad y algunos edificios ya construidos, el proceso vuelve a empezar.
El 31 de enero de 2003, el pleno del Consistorio aprobó una modificación en el uso del suelo del plan de Torrefiel. En teoría, ese terreno debía acoger edificios industriales, pero el Consistorio prefirió la opción de construir viviendas. Así, a propuesta de la mercantil Expocasa, el Ayuntamiento aceptaba convertir una futura zona industrial en un nuevo barrio con sus casas de protección oficial, su colegio y sus zonas verdes. Pero erró en el proceso.

Para cambiar el uso del suelo, la ley exige que la Administración razone debidamente los motivos. El Ayuntamiento argumentó que la oferta de Expocasa resultaba "más acorde con el entorno y de menor impacto ambiental" que la presentada por Hogarval, la otra empresa que pretendía desarrollar el suelo de Torrefiel. Hogarval recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia Valenciano y luego ante el Supremo. El alto tribunal, que le ha dado la razón, refuta al Ayuntamiento y critica que "la motivación no se puede basar sobre intuiciones o perspicacias sino sobre certezas". El Gobierno local, añade la sentencia, "no explica por qué el cambio de uso proporciona una mejora ambiental ni manifiesta la trascendencia y relevancia que tiene para realizar la elección de dicha alternativa técnica".

El arquitecto de Expocasa en la época era Alejandro Escribano, redactor del planeamiento urbanístico de Valencia. El planeamiento fija las reglas para desarrollar zonas de la ciudad. La esposa de Escribano administraba la firma Expocasa.

Una tradición de planes anulados
El Ayuntamiento de Valencia ha visto en los últimos años cómo los tribunales han anulado varios planes urbanísticos en la ciudad. Además del de Torrefiel, que el Supremo tumbó el pasado junio, el Gobierno local ha sufrido varapalos jurídicos en los barrios de Orriols, Patraix y la Font de Sant Lluís. En los tres casos, los tribunales critican una interpretación interesada de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, aprobada por la Generalitat en 1994. La forma de actuar era la siguiente: el Ayuntamiento plantea un proyecto, varias empresas se presentan, una de ellas introduce una mejora sin avisar a las demás y el Ayuntamiento, que tampoco avisa, da por bueno el proceso y adjudica el proyecto. En Orriols ocurrió así. Una empresa presentó su oferta, igual que tantas otras, luego la mejoró y el Consistorio, que debería haber avisado a las demás y ampliarles el plazo de presentación, aceptó a la primera. Otra firma denunció, ganó el caso y obligó al Gobierno local a iniciar de nuevo los trámites para adjudicar el desarrollo de la zona. El arquitecto de la empresa que se hizo con el proyecto en ambas ocasiones, por cierto, era Alejandro Escribano, redactor del planeamiento urbanístico de Valencia. En Patraix, la situación es parecida y ahora el asunto está en el Tribunal Supremo. En la Font de Sant Lluís, otras tres actuaciones siguen el mismo camino y todo porque el Ayuntamiento no actuó de acuerdo con la ley.


* El País - PABLO FERRI - Valencia - 10/08/2011
Foto: Valencia, ayuntamiento - .wikimedia.org

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Detenidos cuatro 'indignados' al intentar detener un furgón policial en Málaga

PÚBLICO* : Cuatro integrantes del Movimiento 15M que estaban concentrados frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, con el objetivo de impedir la deportación de Sid Hamed Bouziane, amenazado de muerte en su país y al que se le ha denegado la solicitud de asilo político, han sido detenidos por la Policía, después de que intentarán parar un vehículo policial para ver si dentro estaba el joven argelino. Los cuatro fueron liberados horas más tarde con cargos por desobediencia y alteración del orden público.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, ha indicado que estos manifestantes "han actuado de forma violenta para impedir la salida de un vehículo policial, que nada tiene que ver con ningún interno". Desde el Movimiento 15M han informado de que un grupo de personas decidió pernoctar frente al CIE esta pasada noche, y cuando sobre las 08.00 horas ha salido un furgón "con alguien dentro, que no sabíamos quién era, los que estaban allí han intentado detenerlo el máximo tiempo posible para hacerles ver a los policías que estamos intentando evitar que deporten a una persona que si vuelve a su país, será asesinada porque está amenazado de muerte en Argelia".

"Cuando se estaba intentando parar y hacer presión para que no pasara el furgón ha sido cuando la Policía ha empezado a señalar a algunos", han precisado, al tiempo que han añadido que, después, "muchos han empezado a correr y ocultarse en calles aledañas, pero han cogido al menos a cuatro". Además de los detenidos, también ha habido heridos, según han comentado desde este colectivo.

El subdelegado del Gobierno en Málaga ha asegurado que, "lógicamente, la policía ha tenido que actuar porque se ha producido de forma violenta por parte de estas dos personas", agregando, al respecto, que los manifestntes "han arrojado basura, contenedores, etcétera y han tenido que ser detenidos", ha sentenciado. Es más, López Luna ha explicado que, en un principio, los individuos fueron retenidos y después, "al continuar con su actitud violenta, los agentes han tenido que detenerlos".

Asilo político
Por otro lado, la solicitud de asilo político para el ciudadano argelino Sid Hamed Bouziane, por el que desde el pasado lunes integrantes del Movimiento 15M están concentrados frente CIE para evitar la deportación a su país, ha sido denegada, según ha informado el subdelegado del Gobierno.

Así, ha indicado que se ha denegado porque Bouziane "no aporta ninguna prueba que pudiera acreditar que procede el derecho de asilo", al tiempo que ha explicado que al joven se le ha notificado la denegación y podrá recurrirla en un plazo de 48 horas.

"Por parte del Gobierno no hay ningún interés cerrado a este tema, pero es que no hay ningún elemento de juicio ni de prueba para dictar una solución favorable", ha aseverado, al tiempo que ha explicado que, "mientras que no se conceda la orden, la expulsión sigue vigente, como es lógico".

También el subdelegado del Gobierno en Málaga ha informado de que ha intentado ponerse en contacto con el abogado que tramitó en su día un escrito interesándose por el interno para ver si "puede aportar cualquier medio de prueba que pudiera dar alguna solución positiva".

"Intolerable" para el movimiento 15M
Integrantes del Movimiento 15M han calificado de "intolerable" la denegación de asilo político al joven argelino, explicando, al respecto, que se ha producido, entre otras razones, por "estar basadas en alegaciones insuficientes, irrelevantes o inverosímiles y por ofrecer relatos con falta de lógica y sin apariencia de verosimilitud".

Así, han explicado que, como consta en la resolución, el solicitante entró en España en noviembre de 2008 y no ha solicitado asilo hasta agosto de 2011, indicando, al respecto, que no se ha pedido porque "los cuatro hermanos de Bouziane fueron asesinados en Argelia" y, además, su "madre y sus seis hermanas están amenazas de muerte en ese país". También han explicado que el joven, en su declaración de los hechos, pese a no hablar de forma fluida español por su condición de extranjero, "no recibió la asistencia de un traductor" y "sólo había un redactor".

En este sentido, en relación con la falta de lógica del relato, han apuntado que el joven no puede acreditar tener "papeles que certifiquen que la Policía lo abordó en tres ocasiones". "No hay papeles, pero además, el redactor, al estar tomándole declaración en español, es posible que al escribir el relato, éste tuviera incoherencias", han señalado, asegurando que se solicitó un traductor de árabe que "se denegó".

Incumplimientos
También, según el Movimiento 15M, la resolución incumple la directiva 85/2005, ya que "no se ha dado tiempo a que la Comisión de las Naciones Unidas de Ayuda al Refugiado realizara el informe de rigor que contempla la Unión Europea, en relación con las peticiones de asilo internacionales. Asimismo, han calificado de "curioso" que "en sólo un día se deniegue esta solicitud cuando hay algunas que tardan meses en darlas".

Acciones
Por otro lado, han señalado que disponen de dos días para solicitar que se examine este caso de nuevo, por lo que "si ésta solicitud se denegara, la Subdirección General de Asilo tiene dos días hábiles --viernes y martes-- para recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para continuar adelante". "Es una persona cuyo único delito es vivir en un país sin tener los papeles legales, pero que no ha cometido ningún delito, porque si lo hubiera hecho, estaría en la cárcel y no en el CIE", han explicado.

Por otro lado, han informado de que este jueves, a las 20.00 horas, habrá una concentración en Málaga, Madrid y Granada, por lo que cada "vez son más las acampadas y movimientos 15M que se nos unen para hacer concentraciones a la vez". Asimismo, se está preparando una concentración especial en la Subdirección General de Asilo del Ministerio del Interior en Madrid este viernes, a las 13.00 horas, para "hacer presión".

Además, los integrantes del 15-M de Málaga han habilitado un blog en el que irán subiendo las convocatorias de acciones e información relativa al caso de Bouziane. Para mañana han fijado una concentración, que esperan sea secundada por todos los indignados del país, a las 20.00 horas frente a todos los CIE o subdelegaciones de Gobierno.


* Público - EP - 10.08.11
Foto: Málaga, protesta en el CIE - flickr

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¿Cuánto vale expropiar un terreno rústico?

ELECONOMISTA* : Si el propietario de un terreno rústico ubicado en una zona en la que se ha planificado la construcción de una carretera o aeropuerto sufre la expropiación de su parcela para dar cabida a la nueva construcción, ¿cómo debe calcular el Estado la suma con que recompensar al afectado por su pérdida?
Hasta hace unos años los jueces mantenían la tendencia de valorar ese suelo, de cara a fijar el justiprecio, como suelo urbanizable, aunque aquella no fuera su naturaleza formal. Una solución que obligaba a compensar en mayor medida al expropiado y que, enmuchos casos, enriquecía al propietario al valorarse su terreno no por lo que valía realmente, sino por lo que podría valer en un futuro. Sin embargo, el Supremo ha ido acotando esta doctrina para reconocer el derecho a beneficiarse de este cálculo sólo cuando se espere crear ciudad a raíz de la expropiación. Una nueva sentencia, dictada en relación a una finca expropiada para las obras del Aeropuerto de Burgos, se suma a las que vienen defendiendo esta doctrina.

Se trata de una cuestión que arrastra una ya clásica polémica, especialmente teniendo en cuenta la gran diferencia que supone una u otra valoración: en este caso, mientras que en instancia se valoró el justiprecio en 2.570 euros, el Supremo fijó la suma, finalmente, en 54.241 euros.

El fallo, dictado el pasado 5 de julio de 2011, viene del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León y resuelve estimando la pretensión del expropiado, que alegaba una incorrecta valoración de su terreno precisamente por haberse considerado éste como suelo rústico a efectos de pago. Su alegación se basó en la llamada doctrina de los sistemas generales: en principio, un aeropuerto se considera un sistema general -es decir, aquel que, sin perjuicio de la clasificación del suelo, es destinado por un Plan de Urbanismo al establecimiento de elementos públicos para el desarrollo urbano-, con una función estructural, además, "esencial y determinante del desarrollo urbano de la ciudad", motivo por el cual debía valorarse el terreno como urbanizable, al ser una zona que, previsiblemente, crecería de forma urbana.

Así, el afectado entendió que la interpretación contraria vulneraba "tanto la legislación como la jurisprudencia existentes y aplicables al caso." Y ello porque existe una "doctrina establecida desde enero de 1994, relativa a la valoración de los sistemas generales y de otras infraestructuras en suelo no urbanizable", en la que se concluye que ese suelo "debe valorarse como suelo urbano o urbanizable, pero en ningún caso como no urbanizable, aunque estuviera clasificado como tal".

'Crear ciudad' como criterio
La propia sentencia aclara y acota desde el principio dicha doctrina al establecer que, aunque la regla general es la valoración de los terrenos según su clasificación urbanística, "nuestra jurisprudencia ha sentado que, en los casos en los que unos terrenos destinados a sistemas generales se encuentren clasificados como no urbanizables o carezcan de clasificación específica, procede valorarlos como urbanizables siempre y cuando se destinen a crear ciudad, salvo que, por reunir los requisitos señalados por el legislador, su calificación como urbanos resulte obligada".

Una condición que se cumple en este caso, ya que se trata de una obra de aeropuerto, lo que constituye "un sistema de equipamiento eminentemente dotacional de carácter local y de naturaleza urbana", tal y comosientan los criterios de la Ley del Régimen del Suelo. Y es que el Supremo ha generalizado la pauta de atenerse fundamentalmente al objetivo y destino primordial de la expropiación, que, en este caso, es "el adecuado desarrollo urbanístico y logístico de la ciudad de Burgos".

Son muchos los fallos dictados por el Supremo en este sentido para distintas obras de gran calado, como la de la Autopista de PeajeMadrid-Navalcarnero, la Autopista Sol-TramoEstepona-Marbella, o la Variante Ferroviaria de la Línea Madrid-Hendaya en Burgos.

El caso de Barajas
Pero en materia aeroportuaria, el paradigma fue el caso de la ampliación del Aeropuerto madrileño de Barajas: la jurisprudencia en aquel momento logró que se incrementaran exponencialmente los justiprecios pagados a los afectados por las expropiaciones, y sentó un precedente a la hora de considerar los aeropuertos como sistemas generales con carácter urbano. Precisamente la doctrina sentada por las sentencias relativas a Barajas fue la invocada por la protagonista de la sentencia sobre el Aeropuerto de Burgos.

Una larga serie de fallos relativos a la ampliación de aquel aeropuerto explicaban que lo razonable es que una construcción de estas características se lleve a cabo en zona alejada al casco urbano y, por lo tanto, usando normalmente terrenos rústicos, "por exigencias obvias de espacio y seguridad". Pero el hecho de que éste se encuentre lejos de la zona urbana no significa que se deba dejar a un lado el hecho de que "cuando una ciudad mejora sus comunicaciones,mejora también su potencial económico y las condiciones de vida de sus habitantes".

Además, se reconoce en estos fallos que no es infrecuente que alrededor de un nuevo aeropuerto surjan zonas de industrias y servicios, lo que provoca un ulterior efecto multiplicador de la expansión urbana. "Es escasamente discutible, por ello, que un nuevo aeropuerto es un modo de expansión urbana".

Sin embargo, el hecho de que se proyecte una obra de gran escala, como lo es una instalación aeroportuaria, no es sinónimo de que se prevea un crecimiento urbano, por lo que esta valoración puede peligrar en algunos casos. La cuestión fue acotada, entre otras, por una sentencia del Supremo de 9 de abril de 2010 -existe una segunda para un caso idéntico-, dictada en relación a una expropiación en el marco del proyecto 'Construcción de Instalaciones Aeroportuarias de la provincia de Castellón', en la que se estableció que existe la posibilidad de que ciertos aeropuertos, por su ubicación y por la finalidad para la que han sido construidos, no contribuyan a crear ciudad.

Se trata de una cuestión excepcional, tal y como afirma el propio texto, del que fue ponente el magistrado Díez-Picazo Giménez. La sentencia sienta que, en este caso, el terreno expropiado debía valorarse como suelo rústico, algo que ocurre cuando éstos no están específicamente vinculados a una determinada ciudad o área metropolitana. Si esto ocurriera, habría que concluir que, como excepción a la regla general, "ese aeropuerto no es una infraestructura que ayuda a la expansión de la ciudad y, por tanto, los terrenos rústicos expropiados para su construcción no habrán de ser valorados como si de suelo urbanizable se tratase".

En resumen: no puede descartarse que se produzcan casos en que no exista la expectativa razonable de que la construcción del nuevo aeropuerto traiga consigo inmediatamente una transformación de su entorno en suelo urbanizable.

La nueva doctrina

La doctrina ha ido asentando, de este modo, diversos criterios de aplicación a lo largo de los años en función de las peculiaridades de cada tipo de construcción. Todo ello partiendo del origen del cambio: la nueva redacción del artículo 25 de la Ley del Suelo y Valoraciones de 13 de abril de 1998, introducida en 2002 a raíz de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre de aquel año. Según este precepto, en su párrafo segundo -en el que se basa el cambio doctrinal- "la valoración de los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, autonómico o estatal, tanto si estuvieran incorporados al planeamiento urbanístico como si fueran de nueva creación, se determinará según la clase de suelo en que se sitúen o por los que discurran".

Una redacción que puede llevar a concluir que los terrenos expropiados para dar cabida a sistemas generales deben dejar de valorarse como suelo urbanizable para serlo por su naturaleza no urbanizable, si es que se encuentran en este tipo. Los tribunales, ante ello, han matizado esta idea a través del criterio del destino urbano o no de la tierra expropiada, con el fin de alcanzar una indemnización justa.

Así, la nueva doctrina sienta también que, ante la tendencia anterior -que era la de considerar que siempre que nos encontrásemos ante un sistema general, el terreno debía valorarse como urbanizable-, deben establecerse ciertos matices: no es acertado que, por el mero hecho de que una obra aparezca nominalmente designada como sistema general, se deba aplicar la doctrina jurisprudencial sobre valoración de sistemas generales como suelo urbanizable. Y en sentido contrario, tampoco es trascendente que un Plan General no considere cierta obra como sistema general para que su terreno se valore como urbanizable. En esta última línea apunta una de las sentencias para la ampliación del Aeropuerto de Barajas, dictada por el Supremo de 26 de febrero de 2004.

En definitiva, tal y como señala la sentencia del caso del Aeropuerto de Burgos, "no todos los terrenos expropiados para ejecutar infraestructuras o servicios tendrán que ser valorados como suelo urbanizable, como tampoco lo tendrán que ser necesariamente en toda la extensión de la infraestructura". Hay que atender a las circunstancias de cada caso en cuanto a su contribución a conformar la estructura urbana.

Distribución de cargas
En torno a esta idea, y en una interpretación amplia del artículo 25, la jurisprudencia ha ido vertebrando ese criterio de creación urbana, que se perfila como el más justo al basarse en que, cuando se trata de implantar servicios para la ciudad, ello no puede hacerse a costa del sacrificio singularizado de unos propietarios, de modo que, aunque el suelo afectado se haya considerado por el planificador como rústico, debe estimarse como una obra de infraestructura básica adscribible al suelo urbano o al urbanizable.

La idea es relativizar criterios y atender al caso concreto, de forma que las clasificaciones del suelo, tanto por su calificación como por su pertenencia a una u otra zona, no determinen de forma estanca su valoración de cara al justiprecio. En esta línea, por ejemplo, la jurisprudencia afirma que el hecho de que una infraestructura tenga carácter supramunicipal no significa que no pueda incidir en la ordenación urbanística.

El leitmotiv de esta doctrina se encuentra en el principio de equidistribución de las cargas y de los beneficios derivados del planeamiento, de tal modo que, en algunos casos, de no valorar los terrenos expropiados comourbanizables, sus propietarios se sacrificarían a cambio de la retribución correspondiente al suelo rústico para que los demás se beneficien de la expansión ciudadana y del consiguiente incremento de valor de sus terrenos.

Por lo tanto, "esta doctrina parte del criterio legalmente establecido de valoración del terreno expropiado conforme a su clasificación urbanística [tal y como recoge el citado artículo 25]", pero, a la vez, teniendo en cuenta que la idea es atribuir a los distintos propietarios la carga en proporción a sus participaciones de forma que el sacrificio de la expropiación sea proporcionado, y sin que el expropiado tenga que soportar de manera singular o absoluta el sacrificio patrimonial que se le impone en beneficio de un determinado entorno urbanístico.

En definitiva, la idea es mantener ese principio esencial de proporcionalidad, que es lo que "ha llevado al desarrollo de esta doctrina" precisamente "con el objeto de superar las previsiones formalmente recogidas en el planeamiento, o la ausencia de éstas, cuando es otra la realidad material de la situación en que se encuentran los terrenos expropiados" y con ello el sacrificio que realmente supone para el expropiado la privación legal de sus bienes. Una cuestión que "no puede desconocerse a efectos de la valoración, bajo pena de cargar al propietario, que se encuentra con un sacrificio patrimonial que no responde a las previsiones constitucionales", tal y como establece el propio Tribunal Supremo.

Caso sí, caso no
Partiendo de esta doctrina, el Supremo ha acumulado un importante número de fallos en los que perfila y acota las condiciones en que se cumple ese crecimiento urbano y las que no, tal y como ocurría en el caso de las obras del Aeropuerto de Castellón. En este sentido, los tribunales entienden, por ejemplo, que sólo el terreno expropiado para una vía interurbana integrada en un municipio con la clasificación de Red Viaria de Interés puede valorarse como suelo urbano; que las vías de comunicación de las grandes áreas metropolitanas, aún cuando afecten a términos municipales distintos, pueden llevar a valorar esos terrenos como urbanizables; o que el suelo expropiado para construir un centro penitenciario no puede valorarse como suelo urbanizable.

El Constitucional, por su parte, marcó la pauta al pronunciarse sobre estamateria en su sentencia de 26 de marzo de 1986 -entre otras-, analizando la doble naturaleza de la expropiación, destinada a la consecución de los intereses públicos y a garantizar el derecho a la propiedad privada. En definitiva, la indemnización, debido a esta doble naturaleza, debe corresponder al valor real de los bienes y derechos expropiados, "pues lo que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el daño expropiatorio y su reparación". Un criterio que, sin embargo, tiene una complicada traslación al plano real, quedando en manos de los jueces la tarea de fijar qué cantidad es la justa cuando el Estado ejercita su derecho a la expropiación.


* El Economista - Lucía Sicre - 8.08.11
Foto: Viñeta dinero campo - eleconomista

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Rubalcaba/15-M: tocado

JUAN CARLOS MONEDERO* : ¿Cuándo mejor que en agosto para recuperar Sol? Contraviniendo las leyes de la termodinámica, el calor llamó al calor. Alguien, rehén de la física, hizo mal las cuentas políticas. Vivimos en tiempos de bifurcación. Dos más dos no siempre suman cuatro.
“Si las manifestaciones son pacíficas -había puesto su acento Rubalcaba-, lógicamente la Policía es tolerante, porque es una Policía inteligente; pero si hay violencia, la Policía tiene que actuar. Y 200 personas no pueden poner patas arriba la ciudad. Eso no puede ser”. Policía inteligente. No será la que cargó con rabia de cachorro fascista en el Paseo de la Castellana a gente con los brazos en alto y pidiendo más democracia. Recordaban el camino involutivo de una película de reciente estreno. Recordaban a otros tiempos. ¿Añoran las escenas de Chile machacando estudiantes? Atrás queda aquella amabilidad del anterior Ministro del Interior, cuando decía que los agentes están “para resolver problemas y no para crearlos”. Mucha gente sigue pensando que Rubalcaba siga al cargo del departamento. Más torpe aún. Crecido, el sargento Granados de la escuela mecánica del PP madrileño amenaza con sacar a un somatén de 90.000 afiliados de su partido a la calle. En vez de echar leones a los cristianos, echar cristianos a los leones. “Qué tiempos”, debe pensar el inspector Anacleto (Jesús Montero dixit) de la trama de espías y espiados de la derecha madrileña. Aunque muchos de esos militantes, seguro, comparten las razones de los indignados. Y la calle es una buena escuela. Que salgan. Ya hablará el movimiento con ellas y ellos. El movimiento ha aprendido que la calle es una gran conversación.

Más incomprensible ha sido la decisión del PSOE de decretar un estado de excepción en el centro de Madrid y ordenar a la policía que mostrara su condición de detentadora de la violencia física (aquí, contra Weber, nada legítima). Las leyes de la física y las leyes de la política quebradas. ¿Qué ha pasado para caer en tamaño error? tanto maquiavelismo para, al final, incurrir en errores de principiante. Hasta los más listos hacen tonterías. Cuando se mueve el tablero. Lo que ha logrado el 15-M.

El cambio de escenario que trajo la violencia policial tiene detrás seis plausibles razones: (1) la amenaza del alcalde del PP, Ruiz Gallardón, de poner una querella criminal a la delegada del Gobierno si no desalojaba la Puerta del Sol (no seamos injustos de echarle toda la culpa al Gobierno. ¿O nos hemos olvidado quién gobierna en el completo Madrid?); (2) las presiones del Vaticano para que la visita del Papa no se vea “enturbiada” por peticiones democráticas sobre las que la jerarquía de la iglesia hace mucho que no se pronuncia. Y mucho menos, para que no se le recuerde su papel de encubridor de pederastas o de justificador de la sujeción de la mujer; (3) las presiones de las empresas que financian la visita del Papa (en verdad, financiación popular pues luego desgravarán impuestos). Nunca falta una patronal o una asociación de comerciantes -esos que nos querían cobrar los millones que supuestamente no han vendido- que prepare el camino para la sumisión; (4) el intento del PSOE de hacer “bueno” a Rubalcaba frente al nuevo Ministro del Interior, el circunspecto desconectador de cámaras Camacho; (5) el intento de debilitar al movimiento para impedir que los centenares de medios de comunicación que van a cubrir la visita del Papa cubran también esta primavera democrática que está contaminando a todas las plazas de las debilitadas democracias europeas (y aún más allá); y (6), lanzar el enésimo guiño inútil a unos mercados que nunca se van a tranquilizar, pero que desearían en España una situación política como la del Chile de 1973, sin sindicatos, sin partidos a la izquierda, con fortísima represión en la calle, con economistas neoliberales recetando el veneno de sus propuestas y con vía libre para el saqueo de nuestros países antes de que todo se caiga definitivamente.
Pero aún no han entendido que el movimiento se crece en el castigo. “Si tocan a una nos tocan a todas”. Sea quien sea. Si agosto era un mal mes, este desafío lo ha hecho bueno. Si algo tenía que pasar para que mucha gente detuviera sus vacaciones y regresara a Madrid a recuperar el símbolo de la promesa democrática que nos queda, Rubalcaba lo ha hecho posible. Rubalcaba-15-M: tocado.
Intentando comprometer al PP, el PSOE lanzó la petición de otorgar un espacio municipal para que el movimiento pueda desarrollar sus propuestas. La propuesta viene del propio 15-M. El verano hace la calle más amable, pero el otoño y el invierno reclaman techo (aunque recordamos la lluvia del 18 y 19 de mayo y cómo la plaza aguantó el aguacero). La propuesta que miembros del 15-M vienen haciendo desde los inicios del movimiento tiene detrás no solamente la legitimidad que implica recuperar espacios para la ciudadanía, sino el ejemplo reciente de la entrega de instalaciones municipales en El Matadero a corporaciones privadas por parte del alcalde Gallardón. El 15-M necesita un gran local para organizar su red de asambleas, grupos de trabajo, espacios de deliberación y estudio, organización de información, talleres de difusión, escuelas de ciudadanía, etc. Un local céntrico que permita trenzar cada nódulo de la red camino de la recuperación democrática perdida con la creación de un Estado de partidos que hicieron de la participación una operación cosmética que enjugaba a unas organizaciones cada vez más alejadas de la ciudadanía. El 15-M tiene un gran éxito en la articulación de la protesta, pero donde realmente se la juega es en la propuesta, y ésta se legitima en unos barrios que puedan cruzar colectivamente su trabajo.
Eso no debe significar, en modo alguno, perder la Puerta del Sol. Ese altavoz es del pueblo y, como se gritaba en la recuperación de ese espacio, las plazas son encuentros de democracia. Sol es el espejo donde debe mirarse un mundo que está dejando a Somalia morirse de hambre, un mundo que permite que las finanzas internacionales especulen con el precio de los alimentos, un mundo donde los bancos piden a los gobiernos que los rescaten y luego ponen a esos mismos gobiernos de rodilla, un mundo donde al Vaticano le bastaría el gesto de mandar los 50 millones de la visita del Papa a Somalia para salvar millones de cuerpos y quizá también -podrían pensar-, de almas. Un mundo devastado por la codicia capitalista que no deja respirar a la naturaleza, que hace del trabajo una condena y del desempleo una ejecución, que rompe la base igualitaria en donde reposa la vida social.
En definitiva, todos los aspectos sobre los que se posiciona desde el 15 de mayo el movimiento de los indignados. ¿En qué estaba pensando el estratega Rubalcaba cuando pensó acabar violentamente con el movimiento? Calculó mal y le ha dejado más espacio a los hipócritas del PP que, después de pedir “mano dura” ahora dicen que al PSOE “se le fue la mano”. Sin olvidar que ha dejado para la historia el decreto de un estado de excepción en el centro de Madrid bajo un gobierno socialista. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Aunque nadie se confunda: la violencia, a la larga, termina por debilitar al movimiento. Basta construir la imagen -y los medios son de ellos- que relaciona “protesta” con “desorden”. La policía rompió brazos, cabezas, rodillas y codos, detuvo a informadores y cercenó derechos constitucionales como el de reunión o el de libre circulación -como en las dictaduras-. Sin embargo, una buena parte de la discusión parece reposar en la gorra perdida -ni siquiera un tricornio- de un guardia civil. Sólo cuando queda clara la actividad represora policial -como en la Plaza de Catalunya- el movimiento se refuerza. La “No violencia activa”, como enseñó la enorme fuerza pacífica de Gandhi,es el único camino del movimiento. Estamos en la fase pedagógica. Quien crea que va a convencer a nadie por la fuerza, no ha entendido nada. Quien, a día de hoy, quiebre la no violencia pacífica, trabaja para los devastadores del mundo. Por tonto o por mercenario.
Los tiempos electorales avanzan y la quiebra del sistema parece que lo hace con botas de siete leguas. Zapatero no tuvo problemas en reunirse con 30 personas. Ya sabemos cómo le han pagado. Le corresponde a Rubalcaba atreverse a reunirse con los “200″ que ha despreciado. (Igual que tendrá que hacerlo cada fuerza política que se presente a las elecciones del 20-N). A ver si, por fin, escuchando, entienden algo. Y ayudan, cada cual en las fuerzas que le corresponden, a no dejar a este país entregado de rodillas a un nacional-catolicismo que no se merece tenerlo todo tan fácil.

En el juego de los barquitos, después de varios “tocado”, llega “hundido”. Y bastante drama de ahogados tenemos ya con los que huyen de África y quieren llegar a ese lugar imaginado que aún creen que se llama Europa.
* 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y Director del Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
* Público - Opinión - 6.08.11




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Madrid.- Veto a las webs del 15-M en las bibliotecas municipales

ELPAÍS* : "Acceso denegado por política de contenidos. Usted está intentando acceder a contenidos no permitidos". El mensaje aparece en la pantalla de los ordenadores de las bibliotecas públicas municipales al introducir cualquier dirección de Internet relacionada con el Movimiento 15-M. El sistema no permite entrar en Tomalaplaza.net, el portal desde el que los indignados informan de todas sus actividades, como tampoco en Democraciarealya.es o Tomalosbarrios.net, otras de las páginas web donde dan cuenta de las iniciativas del Movimiento: cualquier dominio que tenga que ver con la indignación está vetado. Para el Ayuntamiento de Madrid el 15-M es un contenido "no permitido".
"No hay ninguna intencionalidad detrás", explica una portavoz del consistorio. "El servicio de informática establece una serie de filtros de acceso a Internet, bien por contenidos inapropiados, como sexo o descarga ilegal de archivos; o por seguridad, y en este caso por el motivo que sea ha afectado a estas páginas", añaden desde el Gobierno municipal. No aclaran, sin embargo, si en esta ocasión el filtro que no ha pasado el 15-M es el de información inadecuada o el de falta de seguridad.

El asunto se comenta desde hace un par de días en las redes sociales y en los blogs, como el de madrilonia.org, que informa del veto a los indignados con el título de "Ver para creer: el Ayuntamiento de Madrid censura al 15-M en Internet". El acceso a esa página es, precisamente, también imposible desde los centros municipales. El mismo mensaje vuelve a aparecer en pantalla: "Acceso denegado por política de contenidos".

"Se bloquean cosas muy extrañas, esta semana una mujer francesa me contó que no le dejaba acceder a la página de una asociación cubana", dice una trabajadora de la biblioteca Iván de Vargas, en la calle de San Justo, que conocía el veto al 15-M porque lo había leído en la Red desde su casa.

¿Solventará el Ayuntamiento el bloqueo al 15-M? "No podemos hacer caso a cada usuario que se queje porque no accede a uno u otro sitio", es la respuesta.

Infosol, frustrado de nuevo
El nuevo punto de información iba a ser una caseta cuadrada de dos metros de alto construida con tablones de madera, una lona y algunas piezas de parqué. Pero de momento no podrá ser. La policía impidió ayer que los indignados reconstruyeran nada parecido a Infosol, la antigua cúpula que quedó en el Kilómetro Cero tras la acampada de 79 días.

En esta ocasión, los agentes no esperaron a que lo hicieran: los cinco miembros del 15-M que iban a levantarlo tuvieron que tirar a la basura todo el material. Los policías les escoltaron hasta unos contenedores en la plaza de Santa Ana para que se deshicieran de todo. La orden es nada de construcciones fijas. Lo único que les permiten mantener es una mesa plegable y tres sillas. Ayer no pudo ser, pero afirman que lo seguirán intentando porque Infosol es su "símbolo".


* El País - ELSA GARCÍA DE BLAS - Madrid - 10/08/2011
Foto: Madrid, biblioteca nacional - google

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Piden que se retiren las competencias urbanísticas a Llanes

LAVOZDEASTURIAS* : “El Ayuntamiento de Llanes carece de medios personales, técnicos y materiales para la elaboración del planeamiento urbano”. El contenido de este párrafo, extraído de un informe elaborado por el arquitecto municipal de Llanes, Ángel Rami, en septiembre de 2008 ha sido uno de los motivos que ha llevado a la Asociación de vecinos y amigos de Llanes a pedir al Principado que “retire las competencias urbanísticas al municipio y que sea la Comisión de Urbamismo y Ordenación del Territorio (Cuota) la que confeccione el nuevo planeamiento”.
Así se lo han trasladado por carta a la nueva responsable de Fomento, Ordenación de territorio y Medio ambiente del Gobierno autonómico, Isabel Marqués, a la que advierten de la “grave situación que en materia de urbanismo sufre en concejo de Llanes desde hace más de 20 años, con una normas subsidiarias y dos PGO anulados”.

“Que sean los técnicos municipales los encargados de elaborar el plan de ordenación es una temeridad de incalculables consecuencias”, manifestó ayer la secretaria del colectivo vecinal, María José Rodríguez, que asimismo enumeró todos y cada uno de los motivos que han llevado a Avall a solicitar la retirada de las competencias urbanísticas al ayuntamiento llanisco.

Y es que ya no es sólo el hecho de que tal y como denuncia el colectivo “el ayuntamiento no disponga de medios materiales y humanos para acometer la redacción del plan, es que se está tratando de revisar un planeamiento que, según los tribunales, está fuera del ordenamiento jurídico”.

Lo cual, para la asociación llanisca, es razón más que suficiente para pedir la intervención del Principado. “Llanes se merece una solución justa y los vecinos no deben pagar las consecuencias económicas del galimatías jurídico en el que el municipio lleva inmerso en cuestiones urbanísticas desde hace más dos décadas”, manifestó ayer la secretaria de la asociación.


* La Voz de Asturias - 10.08.11
Foto: Una obra parada en Posada de Llanes. P.ALONSO - lavozdeasturias

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Málaga.- Un espacio para la entelequia

MÁLAGAHOY* : En 6 años el Parque de los Cuentos ha pasado de ser un proyecto pionero en Europa, con sede en el Convento de la Trinidad, a una propuesta irrealizable para la Junta con dificultades técnicas y económicas.
El terreno de la imaginación está abonado de fábulas. El de la realidad de proyectos a ejecutar. Pero en ocasiones el orden se invierte y la ficción se cuela en iniciativas que las administraciones públicas venden a bombo y platillo pero que no llegan a materializarse. Con el Parque de los Cuentos, Málaga ha vivido una entelequia. En cuestión de 5 años ha pasado de ser una iniciativa pionera en Europa, con diseño seleccionado y sede en el Convento de la Trinidad, a convertirse en una propuesta debilitada por problemas técnicos y económicos que impiden su ejecución. La Junta de Andalucía reconoce dificultades de este tipo y ha optado por dar prioridad a la instalación de la nueva sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

El origen de esta iniciativa bien podría llevar un Érase una vez como encabezado. El 16 de diciembre de 2005, la por entonces consejera de Cultura, Rosa Torres anunció, durante la celebración del Día de la Lectura, que la ciudad merecía un Parque de los Cuentos. Nueve meses después, desvelaba que el proyecto saldría a concurso inmediatamente y que contaría con un estudio del arquitecto Pedro Salmerón sobre el estado del inmueble y la posibilidad de ubicar esta iniciativa. El parque contaba con un presupuesto de 600.000 euros que se sumarían al millón de euros aprobado por Fomento y Cultura para la rehabilitación del convento.

"El cuento es tan importante dentro de la literatura que merece tener su propio espacio", argumentaba por entonces Rosa Torres. Para el diseño de su contenido la Junta de Andalucía eligió al escritor Antonio Rodríguez Almodóvar. Se trataba de dotar al centro de biblioteca, ludoteca, auditorios, sala de exposiciones y otros espacios destinados al fomento de la lectura, con un recorrido que abarcaría en sus nueve salas y sus más de 8.000 metros cuadrados desde la literatura clásica a la contemporánea y que convertiría a Málaga en "capital de la lectura", reconocía la consejera de Cultura. El noviembre de 2007 se daba a conocer el proyecto arquitectónico ganador, Los ecos de la palabra,a cargo del equipo compuesto por Aires Mateus, Ramón Pico, Javier López, el Grupo Entorno y Rayuela Infancia.

La historia continuaba aún por los vericuetos de la ficción y en noviembre de 2008, el entonces delegado de Cultura en Málaga de la Junta, Francisco López daba a conocer los plazos para la reforma del Convento de la Trinidad: en 2009 se redactaría el proyecto de ejecución que permitiría licitar las obras, con un presupuesto de 10 millones de euros y que ésta s no empezarían antes de 2010.

Finalmente, el pasado mes de marzo, el consejero de Cultura, Paulino Plata anunciaba para mayo el comienzo de las obras de restauración del claustro del convento, con otra novedad sobre los planes iniciales: la creación en su seno de una nueva sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que tendría que "convivir" con el Parque de los Cuentos, "un proyecto que se mantiene vivo", aseguraba Plata. Pero al mismo tiempo reconocía la existencia de "problemas técnicos" para su viabilidad y que la actual coyuntura económica "comprometía" la materialización del proyecto.

El futuro centro de referencia en Europa en torno a la fábula quedaba así en un stand by continuo que perdura hasta hoy. De hecho, tanto el delegado de Cultura de la administración andaluza, Manuel Jesús García, como el consejero admitían recientemente la necesidad de "buscar financiación privada" que permita hace realidad esta cacareada propuesta pensada "para explicar la importancia del cuento en la literatura y en la historia de la humanidad", recordaba García.

La cronología de los hechos tuvo su último episodio el pasado 4 de julio, cuando Paulino Plata volvía a responder con un "sigue pendiente" al eterno interrogante: ¿Qué pasa con el Parque de los Cuentos?


* Málaga Hoy - ROCÍO ARMAS - 8.08.11
Foto: En el Convento de la Trinidad, en desuso desde hace más de 40 años, se construiría el Parque de los Cuentos.- malagahoy

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La Policía impide al 15-M reconstruir el punto de información de Sol

ELPAÍS/Madrid* : Ya estaban los planos diseñados y los materiales en camino. El nuevo punto de información del 15-M en la Puerta del Sol iba a tener forma de caseta cuadrada con dos metros de alto. Pero de momento en la plaza no hay más que gente, la estatua de Carlos III, las fuentes y los quioscos de periódicos y loterías. La Policía ha impedido que los indignados reconstruyan nada parecido a Infosol, la antigua cúpula que quedó en el Kilómetro Cero tras la acampada de 79 días.Solo pueden tener la mesa y las tres sillas plegables que ya están en Sol. Los cinco miembros del Movimiento que habían llevado tres tablones de madera, una lona y algunas piezas de parqué han tenido que tirar a la basura todo el material. Los agentes, que rodeaban a los indignados antes incluso de que llegaran los jóvenes con material, les han escoltado hasta unos contenedores en la plaza de Santa Ana para que se deshicieran de todo.

Tres de los jóvenes del 15-M que estaban preparando el proyecto en Sol han sido también identificados.

La Policía Municipal ya les había advertido que no podían permitir ningún tipo de instalación y que se lo iban a tirar. Aún así los indignados continuaron recabando material y voluntarios para construir el punto de información ya que es un "símbolo" del 15-M y su lucha. El pasado martes, la policía desalojó lo que quedaba de la acampada en Sol y en el Paseo del Prado, incluyendo el antiguo punto de información. Cuando los indignados volvieron a la plaza el viernes después de tres días de enfrentamientos con la policía, instalaron otra mesa que también acabó en la basura a las cuatro de la mañana tras la limpieza de la plaza. Hoy, no volverán a intentar instalar nada.


* El País - ELSA GARCÍA DE BLAS - MAdrid - 09/08/2011
Foto: Operarios del Selur transportan parte del material retirado de la Puerta del Sol tras el intento de instalación de un punto informativo del 15-M en la plaza.- ÁLVARO GARCÍA. elpais

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Orihuela.- El juez insta al Consistorio a reclamar más de dos millones a Pedrera por 'Las Piscinas'

LAVERDAD/Alicante* : Al nuevo equipo de gobierno le han caído tantas pelotas a su tejado durante las últimas semanas que puede acabar lleno de goteras y agujeros por tapar. El juzgado de 1ªInstancia nº2 de Orihuela envió un escrito el pasado 4 de abril (aunque fechado el 29 de marzo) por el que requiere al Ayuntamiento de Orihuela «para que por la Corporación se promuevan las actuaciones conducentes a la restauración del equilibrio patrimonial del Consistorio, que resultó mermado como consecuencia de la falta de cabida de la parcela EH-5.3 del Sector Las Piscinas», indica el texto judicial.
También el 29 de marzo pasado el magistrado titular del juzgado de 1ªInstancia nº2 emite un auto de apertura de juicio oral contra el exalcalde José Manuel Medina, por un presunto delito de malversación respecto de la gestión administrativa del mismo plan parcial en la costa oriolana, como ya publicó este periódico en su edición del pasado 14 de abril.

El caso tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, a la que más tarde se sumó el exconcejal socialista Francisco García Ortuño como acusación popular.
Los denunciantes centran su acusación sobre Medina en la presunta actitud negligente del exregidor a la hora de perseguir el pago de una indemnización de más de dos millones de euros al Ayuntamiento por parte de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que constituyeron las empresas Urbanizadora Villamartin SA y Travensa SA cuyos administradores eran Antonio Pedrera y su socio, respectivamente.
Estas firmas fueron las encargadas de realizar el proyecto de reparcelación del Sector J-1 Las Piscinas, si bien, y según reconoció el arquitecto municipal, Santiago Mínguez, los adjudicatarios alteraron dicho proyecto de reparcelación por el que dieron más metros a unas parcelas que a otras, sin que esto se supiera en el área de Urbanismo o se aprobara de manera oficial.
Es ocho años después, y cuando el Ayuntamiento se dispone a subastar algunas de las parcelas que pasaron a su propiedad tras las cesiones correspondientes cuando se advierten los cambios. El Consistorio vendió en algo más de 13 millones el solar denominado EH-5.3 de 27.270,5 metros cuadrados a otra promotora, aunque la sorpresa fue mayúscula al descubrir que la parcela medía algo más de 23.310,32 metros, que el propio arquitecto municipal redujo a 23.050 metros; es decir 4.220,5 metros cuadrados menos de los que debería tener según el proyecto. Esto provocó que la promotora que pujó en subasta por la parcela reclamara al Ayuntamiento la reducción proporcional del precio al tamaño real, por lo que pasó de algo más de 13,6 millones de euros a 11.496.187'50.
Pese a que la entonces concejal de Urbanismo, Eva Ortiz, y posteriormente el propio exalcalde elevaron sendos decretos exigiendo el pago de dicha indemniación de 2.105.006 euros, a los que nunca respondieron los urbanizadores pese a que tenían un plazo de 15 días para hacerlo, el asunto acabó dentro de algún cajón.
Sin embargo, Medina, «pese a estar obligado legalmente a ello dadas las funciones que debía de haber ejercitado como alcalde, siendo plenamente consciente de lo injusto y arbitrario de su pasividad, no solo no acordó la ejecución de las acciones pertinentes ante los tribunales, sino que no realizó actividad alguna tendente a restaurar el equilibrio patrimonial del Consistorio, que había resultado mermado como consecuencia de la falta de cabida de la parcela EH-53», relata el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, a mediados del pasado mes de abril.

CRONOLOGÍA
30/09/1994. El Ayuntamiento aprueba el Plan Parcial del sector 'J-1 Las Piscinas' promovido por la Agrupación de Interés Urbanístico formado por las firmas Travensa SA y Urbanizadora Villamartín.
21/04/1995. El pleno aprueba el proyecto de reparcelación.
15/06/1995. Se eleva a escritura pública la reparcelación, por el que el Ayuntamiento resulta adjudicatario de 100.272 metros cuadrados (10% del total) por la cesión obligatoria, que quedan repartidos en distintas parcelas, una de ellas la denominada EH-5.3 de 27.270,5 metros cuadrados.
28/11/2003. Ocho años después el Consistorio decide subastar terrenos, entre ellos el EH-5.3.
31/12/2003. Se adjudica dicha parcela de 27.270'5 metros a la empresa Residencial Vistalegre SA, por 13.601.194€., aunque la firma descubre en otra medición que el solar tiene 23.310,32 metros cuadrados, por lo que pide la rebaja proporcional del precio para adecuarlo a los metros reales.
04/05/2004. La junta de gobierno adopta la propuesta de la edil de Urbanismo, Eva Ortiz, por la que la medición se establece en 23.050 metros por un valor de 11.496.187'50€, lo que acepta la firma Vistalegre SA. Y ahí inicia el Consistorio, de oficio, los trámites para el resarcimiento de la diferencia por parte de Urbanizadora Villamartin y Travensa.
25/05/2004. La jefa de Patrimonio de Orihuela, Carmen Olmos, informa a la AIU (Travensa-Villamartin) que debe aportar la diferencia en metros (4.220,5) o en dinero, una indemnización que asciende a 2.105.006'5€, lo que se comunica incluso através de dos decretos.
09/08/2004. Tanto Villamartin como la AIU se oponen a la resolución y solicitan su nulidad.
12/07/2006. El arquitecto municipal, Santiago Mínguez, informa que el promotor del sector alteró el proyecto de reparcelación para hacer más grandes unas parcelas para aumentar su cabida en detrimento del solar EH-5.3, al menos en 1.000 metros menos.


* La Verdad - 8.08.11
Foto: Urbanizaciones oriolanas junto al colegio de barracones en la costa.- laverdad

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Nosotros, los especuladores

ANXEL VENCE* : Tercos como mulas maliciosas, los especuladores están a punto de hundir no solo a las frágiles economías de España e Italia, sino también a los mismísimos Estados Unidos que, en su eventual caída, bien podrían provocar una recesión de alcance planetario. De esta no se libran ni los chinos, si hemos de creer a tales agüeros.
Mucho es el poder que en apariencia acumulan los tan mentados especuladores. Hacen naufragar a Estados de tanto linaje histórico como Grecia o Irlanda; mandan a pique las Bolsas; suben o bajan a placer los precios de la deuda y, en resumen, son la mano invisible que mece la cuna del mundo. Poderosos y a la vez anónimos, no es de extrañar que muchos adivinen tras los especuladores una vasta conspiración orientada a desestabilizar la economía y sacarles los untos a los trabajadores.
Conforta saber que la culpa es siempre de los demás y, particularmente, de esos misteriosos usureros que mueven los hilos de las finanzas en el mundo. Lo malo es que, a veces, las explicaciones son mucho menos retorcidas. De entrada, los especuladores no son esos pérfidos seres de nariz ganchuda a la que los dibujantes solían pintar mientras conspiraban contra la gente en oscuras covachas. Más bien que eso, la realidad sugiere que el ejercicio de la especulación está al alcance de casi cualquier ciudadano. Todos podemos serlo y, de hecho, muchísimos españoles del montón lo fueron durante la reciente era dorada del ladrillo, cuando los particulares compraban pisos sobre plano y los revendían –con sustancioso beneficio– antes de que el constructor pusiera la primera piedra.

Queriéndolo o no, cualquier habitante de la Península podía convertirse en un especulador sin más trámite que invertir sus ahorros o su crédito en la compra de un piso. Bastaba entonces con esperar tres, cinco o diez años para que la vivienda adquirida doblase su precio, aunque el valor real y no especulativo fuese exactamente el mismo. Ninguna inversión en Bolsa, templo de la especulación, garantizaba ni de lejos tamaña rentabilidad.
Gracias a tan edificante actividad de compraventa, todo ciudadano con iniciativa podía convertirse en especulador y dar su pequeño pelotazo al mismo nivel –si bien a distinta escala– que un concejal de Urbanismo, un promotor o un tiburón de las hormigoneras. Igualitaria y democrática, la economía del ladrillo proporcionaba a los españoles sin distinción de clase la posibilidad de hacerse un capitalito mediante la especulación. Una actividad hoy mal considerada que, sin embargo, la Real Academia define como la realización de "operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o de los cambios". Nada más inocente, como se ve.
Infelizmente, el abuso de esa técnica especulativa convirtió a España en una especie de Gran Casino del Hormigón que, a fuerza de subir las apuestas en el precio de la vivienda, acabó por reventar la burbuja inmobiliaria y llevar al país al borde de la bancarrota. Ahora son otros los especuladores que tratan de hacer negocio con el precio de la deuda, de parecida manera a cómo los españoles especulaban con el importe siempre creciente de las casas.
Si los primeros hicieron saltar la banca de la construcción, los segundos amenazan con dar la puntilla a la economía española, previamente arruinada ya por los cientos de miles de especuladores del ladrillo. Otras naciones menos partidarias del juego –tal que Alemania, un suponer– prefirieron fundar su prosperidad en las fábricas, la exportación y el trabajo, con los felices resultados que hoy pueden exhibir mientras la crisis agobia a las cigarras del sur de Europa. Aquí y en Italia ya solo nos queda hacer especulaciones sobre la fecha exacta en que se producirá el rescate. Aunque los especuladores sean siempre los demás, naturalmente.

* Faro de Vigo - Opinión - 8.08.11

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La chatarra invade el delta del Ebro

ELPAÍS/Tarragona* : Basura de todo tipo se acumula en las 7.800 hectáreas de zona protegida. La basura y las máquinas abandonadas se cuelan en las postales idílicas del paisaje del delta del Ebro. La basura se amontona en algunas zonas, como la Punta del Fangar (Deltebre), donde hay esparcidos en la arena los más diversos objetos: tractores y caravanas abandonadas, plásticos, ropa y hasta trozos de váteres rotos. Esta contaminación amenaza a las especies autóctonas, y las entidades ecologistas reclaman más partidas presupuestarias para limpiar las zonas más afectadas.
El delta del Ebro tiene 320 kilómetros cuadrados de superficie, y el parque natural, considerado uno de los enclaves biológicos más importantes de Cataluña, 7.800 hectáreas. La Generalitat constituyó el parque natural del Delta del Ebro en 1983 y lo amplió tres años más tarde.

Pero su director, Francesc Vidal, dice que los recortes han ido calando en la institución. "Íbamos justos y aun así hemos ido perdiendo trabajadores por las prejubilaciones y las políticas de ahorro de la Generalitat. Ahora somos unos 30, nos dedicamos a la mejora y conservación de la vegetación, y también a la preservación de las especies de animales autóctonas", explica.

El delta es la zona húmeda más grande de Cataluña y una de las más importantes de Europa. En sus terrenos coexisten fauna salvaje, zonas de vegetación de ribera, lagunas, estanques y campos de arroz. Pero también hay playas y bahías turísticas, que en ocasiones forman parte de la zona declarada parque natural por la Generalitat. La playa del Trabucador (Sant Carles de la Ràpita), la playa de la Marquesa, Riumar y el faro del Fangar, en Deltebre, son algunos de los enclave afectados.

El delta recibe al año 750.000 turistas, muchos en caravanas, y en las playas turísticas no hay ninguna restricción, solo carteles que explican el valor ambiental de la zona. "La brigada municipal intenta limpiar las playas. Algunos tractores que hay en la Punta del Fangar son mariscadoras viejas", explica Clara Franch, técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Deltebre.Las entidades ecologistas reclaman más medios: "No damos abasto con la limpieza de basuras, no tenemos una fuente de financiación para poder asumirlo. Los Ayuntamientos ponen contenedores, pero muchas playas están prácticamente desiertas y es muy difícil mantenerlo todo limpio", explica Ignasi Ripoll, biólogo y representante de la organización SEO Birdlife. Él y voluntarios llegados de todo el mundo participan en algunas labores de limpieza. "La contaminación también llega del mar, desde plantas invasoras y algas hasta basura que llega del delta. La contaminación es humana, pero también tenemos que hacer frente a los desechos que crea la propia naturaleza", dice Ripoll.

Cada año despliegan dos dispositivos para limpiar a fondo playas como la de Riumar. "Muchos visitantes tiran desechos, se crea mucha porquería, baja del río y vuelve a la playa", afirma el biólogo. Una de las especies más afectadas es la tortuga marina, ya que puede confundir los plásticos con comida y morir atragantada. Con el paso de los años algunas de las especies más emblemáticas del paraje natural también han sufrido un retroceso. Es el caso del fartet, un pez muy pequeño que antiguamente vivía en los arrozales y que ahora ha quedado relegado a las salinas, y del caracol autóctono, que solo está en los afloramientos de agua dulce.

La contaminación acústica amenaza a otras especies. Ripoll explica que aves como el bitó, de los que hay 30 parejas en toda España, no nidifiquen en el delta por falta de tranquilidad. "Además, se ha construido un puente en la Encanyissada (Amposta) y se han destruido nidos de perdices de mar. Solo hay 100 especies registradas en Cataluña. Nidifican en el delta y después migran a África", dice el biólogo de SEO Birdlife.

Aun así, Ripoll cree que el panorama es algo mejor que hace 20 años. "Cuando llegué al delta, la gente que quería desechar trastos viejos cogía una furgoneta, se iba al delta y allí lo tiraba todo, hasta lavadoras en medio del campo", sostiene el representante de SEO Birlife. Los ecologistas no solo reclaman más ayudas para retirar la basura que se acumula, sino también políticas más restrictivas, incluso "multas cuando sea necesario", concluye Ripoll.


* El País - MERCÈ PÉREZ - Deltebre - 08/08/2011
Foto: Una caravana abandonada y otros desperdicios esparcidos cerca de la playa de la Punta del Fangar.- JOSEP LLUÍS SELLART - elpais

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"No se construyen viviendas para pobres porque no son lucrativas"

PÚBLICO/Entrevista* : El arquitecto y urbanista brasileño denuncia que al Ayuntamiento de São Paulo no le preocupa la especulación inmobiliaria generada por el Mundial de Fútbol de 2014.
São Paulo es una ciudad de altos vuelos, pero también una urbe que soterra a los desfavorecidos, víctimas de la presión inmobiliaria desatada en el motor económico de Brasil. El escobón del ladrillo los barre cada vez más lejos, a una periferia remota donde cunden las carencias y las infraestructuras son una quimera.
Kazuo Nakano (Santa Fé do Sul, 1968) no duda, como especialista en gestión urbana y ambiental del Instituto Polis, en reprobar la política de vivienda brasileña y paulistana, que ha quedado en evidencia con los desalojos a los que están siendo sometidos los vecinos pobres del nuevo estadio del Corinthians, sede inaugural del Mundial de Fútbol.

¿Cómo afectarán estas obras al barrio de Itaquera?

Tendrán un impacto directo en dos favelas cercanas, pero hay otras 14 que probablemente se verán afectadas por las carreteras que mejorarán los accesos.

Paradójicamente, las mejoras supondrán, para los pobres, más trabas.

No hay una preocupación respecto al efecto que provocarán las inversiones, como la especulación inmobiliaria. El Ayuntamiento las llevará a cabo sin preocuparse en captar parte de esa revalorización para luego redistribuirla en beneficio del colectivo que vive en los barrios próximos.

¿Las compensaciones económicas son justas?

No, porque el Ayuntamiento paga entre 2.200 y 3.500 euros a cada familia desalojada, con los que no tiene ni para comprar una chabola, que puede costar cuatro veces más. Además, no hablamos de una indemnización sino de una compensación absolutamente injusta e insuficiente, que no supone una alternativa adecuada de vivienda.

¿Cuál es la relación del alcalde, Gilberto Kassab, con las constructoras?

Umbilical. Él procede del mercado inmobiliario y ahora es responsable del desarrollo urbano y los planes de vivienda. La Justicia Electoral de São Paulo ya demostró que son precisamente las constructoras quienes financian las campañas del alcalde y de buena parte de los concejales. No es algo nuevo, en Brasil siempre ha sido así.

¿Cree que el plan de vivienda Mi casa, mi vida se lanzó para beneficiar a las inmobiliarias?

Principalmente, se creó para alimentar la industria de la construcción civil, dinamizar el sector inmobiliario, hacer viables sus inversiones y, además, para crear un capital electoral. El plan de vivienda fue acordado entre el Gobierno federal y las once mayores empresas inmobiliarias, que necesitaban dar salida al suelo adquirido.

¿Por qué hay promociones para familias de renta baja que están bloqueadas?

No son lucrativas. Como el suelo es muy caro, las ganancias de las constructoras serían mucho menores.

¿Dónde están siendo reubicadas las familias que se quedan sin hogar?

La palabra reubicación es inadecuada, porque no les ofrecen una casa en otro lugar, sino que son expulsadas y luego tienen que buscarse la vida. A los poderes públicos no les preocupa reubicarlas sino desplazarlas.

¿Son codiciadas las tierras donde se asientan los barrios más pobres?

En São Paulo y Río de Janeiro, muchas favelas que están bien situadas han sido declaradas como zonas especiales de interés social. Obligatoriamente, deben construirse viviendas para familias sin recursos, pero existe una presión para eliminar esas áreas protegidas y permitir la construcción de nuevas promociones. La fuerte disputa por esos terrenos bien ubicados tiene una relación directa con el desmantelamiento de las favelas.

¿Podría explotar en Brasil una burbuja inmobiliaria?

En España, los créditos para la compra de vivienda suponían hasta un 30% del PIB, mientras que en Sao Paulo representan el 5%. Los bancos son muy rigurosos a la hora de conceder un crédito, por lo que hasta ahora no se ha producido un sobrecalentamiento, aunque la tendencia es que termine inflándose por las presiones del mercado inmobiliario. El precio de la vivienda tiene un componente especulativo muy fuerte, pero no se contempla que la burbuja vaya a estallar por impago de hipotecas.


* Público - HENRIQUE MARIÑO Madrid 08/08/2011
Foto: Dos niños juegan en una favela en el barrio paulistano de Mocca, donde 400 familias serán desalojadas por orden judicial. NACHO DOCE / REUTERS

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