Greenpeace denuncia que los puertos son la mayor amenaza del litoral español

ELPAÍS* : Más de doscientos kilómetros, el equivalente a la distancia que existe entre Valencia y Mallorca. Eso es lo que ocupan los puertos del Estado en el litoral español, una superficie nada desdeñable si se comparan los 20 kilómetros de la dársena de Vigo con los 2,3 que tiene el complejo Marina d'Or, símbolo de la desnaturalización del litoral. Sin embargo la infraestructura portuaria sigue creciendo y casi el total de los muelles (20 de 28) está ejecutando o tiene planificados proyectos de ampliación, 14 de los cuales implican ganar terreno al mar, en contra de la política de racionalización de infraestructuras que propugna el ministerio de Fomento. La organización ecologista Greenpeace ha realizado un análisis de la situación de estas instalaciones en su informe anual Destrucción a toda costa y ha concluido que el exceso de proyectos portuarios está generando una burbuja infraestructural que da el relevo a la especulación inmobiliaria. "Muchos están tan próximos que compiten entre sí para acaparar el comercio marítimo, lo que terminará por gestar puertos fantasma que no tendrán barcos en el futuro", señala Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de la ONG.

El documento revela que solo cuatro autoridades portuarias -Valencia, Algeciras, Barcelona y Bilbao- concentran más del 70% del tráfico de mercancías. Esto contradice la alerta de autoridades portuarias que lleva anunciando desde 2004 el colapso de estas instalaciones, tal y como señala Marcos.

El Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT) prevé aumentar de aquí a 2020 la superficie portuaria en un 75% con una inversión de 22.000 millones de euros. Sin embargo, de este porcentaje solo un 38% se destinará a uso portuario y el resto quedará inutilizado, según la información que maneja Greenpeace. Sólo en el año 2010 Fomento ha invertido 911 millones de euros en grandes obras portuarias a pesar de que en 2009 el transporte marítimo internacional bajó un 4,5%, situándose en un nivel inferior al de 2007. También la Unión Europea financia muchos de estos proyectos, concretamente entre los años 2007 y 2013 va a otorgar a los Puertos del Estado una cantidad superior a los 800 millones de euros. "Los Fondos Europeos no deben continuar financiando la destrucción ambiental, sino integrar políticas transversales de medio ambiente con las de desarrollo de infraestructuras", defiende Pilar Marcos. "No sólo la generosidad europea ha contribuido a la financiación de los proyectos, también la especulación ideada por ayuntamientos y puertos ha contribuido en gran manera a financiar puertos y a destruir el litoral", ha añadido. Puertos del Estado se defiende de esta acusación y remite al ministerio de Fomento que mantiene que todos los proyectos de ampliación respetan la normativa vigente.

Intereses políticos y especulación del suelo

La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace ha denunciado que los puertos del Estado están regidos por lo que denomina "puertas giratorias". "El nombramiento del director de la Autoridad Portuaria es político y lo realiza el Gobierno de la comunidad autónoma en la que se encuentra. Estas cabezas visibles cambian con las elecciones y carecen de un conocimiento profundo de la logística y el tráfico marítimo", recuerda Marcos. Como ejemplo de la falta de independencia política, la ONG destaca el caso de Corina Porro (PP), alcaldesa de Vigo entre 2003 y 2007, que después fue presidenta de la Autoridad Portuaria para pasar después a la cabeza de lista del Partido Popular de Vigo en los comicios de 2011. Citan también a Miguel Buen, diputado por el PSOE en el Parlamento vasco entre 2004 y 2007, y presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia desde 2009 a 2011, cuando dejó la presidencia para presentarse a las elecciones para Diputado General por Guipuzkoa mientras un pacto entre PSOE y PNV insta a la ampliación del puerto exterior de Pasaia.

"Es necesario un cambio de la actual política de hormigón en el litoral. Seguimos invirtiendo dinero público en infraestructuras nocivas que son pan para hoy y hambre para mañana. No se están analizando las necesidades reales del sistema portuario ni se tienen en cuenta los costes ambientales ni daños a otros sectores claves para España como el turismo o la pesca", ha declarado Miren Gutiérrez, directora de Greenpeace. Gutiérrez sostiene que una costa sana puede dar hasta 41 euros por hectárea al año y lo hace basándose en el informe de Valoración de los activos naturales de España, realizado por el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo.

La destrucción costera también afecta a las especies de la zona y elimina la capacidad natural de la costa de amortiguar y adaptarse a los efectos de la subida del nivel del mar por el cambio climático. Por ese motivo, Greenpeace solicita un cambio de modelo en el que se apruebe la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa para armonizar todas las actividades en la franja costera (turismo y pesca), se ponga freno a los fondos europeos que financian infraestructuras de gran impacto ambiental, se apruebe una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial de Puertos que evalúe el impacto de las dársenas y sus estructuras asociadas y que se apueste por una reforma fiscal verde para que las actividades más dañinas sobre el litoral tengan un coste extra.

La situación de los puertos del Estado por Comunidades Autónomas
El informe destaca a Andalucía por la privatización de playas de uso público del Puerto de Almería, el dragado del Guadalquivir o los intentos por destruir el Parque natural del Estrecho en Algeciras. Greenpeace ha denunciado cómo los puertos han privatizado la primera línea de la costa y algunos municipios netamente marineros han perdido el acceso a la fachada marítima, como los puertos de Málaga, Algeciras y Alicante.

Cataluña es un caso a tener en cuenta por la constante expansión del puerto de Tarragona sobre espacios protegidos como Els Prats de Vila Seca y la privatización en Barcelona de suelo portuario para la construcción de hoteles de lujo como Port Vell.

La Comunidad Valenciana es el ejemplo más claro de "despilfarro y construcción desmedida". Greenpeace lamenta "los planes faraónicos" de su autoridad portuaria para ampliar el puerto, ocupando una superficie mayor que el de Hong Kong pese a que moverá "un volumen de contenedores diez veces menor".

En la Región de Murcia, el informe alerta sobre el impacto ambiental del muelle de Escombreras, que ha destruido 50 hectáreas de fondo marino, y se hace alusión al proyecto de macropuerto en El Gorguel con 1.500 millones de euros de presupuesto, promovido por la AP de Cartagena.

Pasaia es el puerto exterior más preocupante del País Vasco, ya que los planes de construcción incluyen la destrucción de varios espacios naturales protegidos como el monte Jaizkibel.

En Galicia se hace referencia al presupuestario para la construcción del puerto exterior de Langosteira en A Coruña, que ha pasado de un presupuesto inicial de 479 millones de euros a unos 1.000 millones; así como el relleno ilegal de hormigón ejecutado por la AP de Marín o la depredación sin parangón del AP de Vigo con 20 kilómetros de la ría ocupados por sus infraestructuras.

Por último, en las islas Baleares se menciona el impacto ambiental de la ampliación del puerto de Ibiza y las inviables medidas correctoras sobre la Posidonia oceanica que está siendo destruida con la obra; mientras que en Canarias, el puerto de Granadilla promovido por la AP de Santa Cruz de Tenerife, se considera "el mejor ejemplo de todo el país" de una infraestructura portuaria sin justificación ambiental ni económica.


* El País - AURORA MUÑOZ - Madrid - 20/07/2011
Foto: Pasaia (Guipuzcoa).- Durante las décadas de los sesenta y los setenta, fue un puerto bacaladero de gran importancia, con una flota de altura de 280 embarcaciones y miles de trabajadores. Greenpeace critica que hoy la flota pesquera ha disminuido drásticamente y que la ría es uno de los puntos de la costa vasca donde la contaminación es más grave debido a la proximidad de las áreas urbanas e industriales.- GREENPEACE / COLECCIÓN PRIVADA/ PEDRO ARMESTRE

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Valladolid.- El Constitucional congela la estación de Meseta Ski

PÚBLICO* : El Tribunal Constitucional le ha parado los pies a la Junta de Castilla y León en su intención de abrir una estación de esquí en Valladolid. En un auto publicado el martes, el alto tribunal confirma la suspensión de una ley aprobada en 2010 en el Parlamento regional gracias a la mayoría absoluta del PP y que daba vía libre a la estación Meseta Ski, una instalación edificada sobre un monte de Villavieja del Cerro (Valladolid) que se quemó en 1999. El proyecto, cuya construcción está casi terminada, había sido paralizado antes por vulnerar la Ley de Montes, que prohíbe edificar sobre terreno quemado durante 30 años.
El auto confirma "la prevalencia del bien jurídico ambiental, expresado en este caso en la regeneración de la masa forestal, sobre el desarrollo de determinadas actividades económicas". La decisión supone el cierre cautelar de la estación hasta que el tribunal dicte una sentencia definitiva. También prolonga un culebrón judicial que comenzó en 2006, cuando los ecologistas interpusieron las primeras denuncias contra el proyecto, promovido por la Diputación de Valladolid.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizó el proyecto por vulnerar la Ley de Montes pero la ley aprobada por la Junta en 2010, presidida por Juan Vicente Herrrera y que también contó con el apoyo del PSOE, permitió reiniciarlo.

En marzo, fue el Abogado del Estado quien, en nombre del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, denunciaba la inconstitucionalidad de la norma, lo que obligó a congelar el proyecto cinco meses. El Constitucional amplía ahora esa congelación hasta que dicte sentencia, lo que puede llevar años, según Ecologistas en Acción, que celebró hoy la decisión. "La ley vaciaba de contenido la Ley de Montes y abría el camino para recalificar terreno quemado", explicó este lunes Miguel Ángel Ceballos, portavoz de la organización ecologista.


* Público - 20.07.11
Foto: Villavieja del Cerro (Valladolid), proyecto Meseta Ski - publico

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Citan como imputado al exconseller balear de Trabajo

QUÉ/Palma* : El titular del Juzgado de Instrucción 8 de Palma, Antoni Rotger, ha citado a Huguet a las diez de la mañana y, una hora después, ha pedido la comparecencia de un comercial de la empresa Sener, José Luis Cardona, han informado a Efe fuentes jurídicas. Estas citaciones responden a la operación policial Poseidón dirigida por la Fiscalía Anticorrupción el pasado junio, que deriva del caso Mar Blau de supuesta corrupción en torno a la adjudicación de varios concursos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares en la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas.
En esta ramificación se investiga un concurso concedido supuestamente de forma irregular a la empresa Sener por parte de la Dirección General de Puertos del Govern balear cuando Huguet era el responsable de este departamento (desde 2003 hasta 2004, momento en que Matas le nombró conseller de Trabajo).

La operación Poseidón concluyó con la detención de tres personas: el exdirector de la Autoridad Portuaria Ángel Matías, defendido por José Zaforteza; el ingeniero Justo Aguado, representado por Carlos Barceló, y el comercial de Sener José Luis Cardona.

Antes que director de Puertos, Huguet fue conseller de Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en el Consell de Menorca durante el mandato 1991-95 que presidió Joan Huguet y, en 1997, durante la primera legislatura de Jaume Matas, fue nombrado director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Govern.

Con la imputación de Huguet, son ya seis (de trece) los consellers del Govern presidido por Matas durante la legislatura 2003-2007 encausados en diferentes casos de supuesta corrupción.


* Qué - Efe - 19.07.11
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com

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El juzgado ejecuta el desahucio de Maria Jose gracias a la ocupación policial del barrio de Pueblo Nuevo

AFECTADOSPORLAHIPOTECA* : Ejemplar respuesta de la ciudadanía, que en una manifestación espontánea marcha hasta la junta de distrito de Ciudad Lineal.
Esta noche, María José del Coto y sus dos hijos no podrán regresar a la casa en la que habitaban desde hace 25 años para pasar la noche. La Caja de Ahorros del Mediterráneo, que va a recibir 2.800 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha conseguido esta mañana su objetivo de hacerse con la vivienda de esta familia humilde. No lo ha tenido fácil. Tras un primer intento de desahucio que fue frenado por 200 personas el pasado 6 de julio, hoy ha tomado posesión de la casa gracias a un operativo policial digno de final de la Champions. Al menos 12 furgonetas de la brigada antidisturbios de la Policía Nacional y una dotación de los nuevos antidisturbios de la Policía Local han impedido a los centenares de solidarios que han tratado de acercarse al nº140 de la calle Virgen del Lluc bloquear a la comitiva judicial encargada de ejecutar el desalojo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid condena este abrumador despliegue policial y resalta que se persiga, reprima y hostigue a las personas más vulnerables, mientras los “ladrones de guante blanco” que originaron la actual crisis, entre los que se encuentran numeroso bancos, no sólo campan a sus anchas sino que reciben ayudas públicas millonarias.

De la misma forma, muestra su repulsa por la actitud de la jueza titular del Juzgado de Primera Instancianúmero 31 de Madrid, que ha usado un procedimiento de urgencia para dictar una segunda orden de desahucio y expulsar a María José y sus dos hijos de su única vivienda. En un hecho sin precedentes, la jueza había solicitado “todos los medios necesarios” para llevarlo a cabo.

De esta manera, a las 8h, media hora antes de la acción convocada por la PAH y las asambleas del 15-M de Ciudad Lineal para paralizar el desahucio de esta familia de Pueblo Nuevo, más de 10 furgonetas de antidisturbios han irrumpido ante el domicilio de María José. Decenas de agentes se han lanzado nada más llegar a por las diez personas que en ese momento se encontraban ante el portal, que han resistido abrazadas y en el suelo unos minutos su traslado. Mientras tres solidarios encadenados acompañaban a María José dentro de su vivienda, unas 400 personas se concentraban en tres puntos de acceso a la calle de la vivienda, ante un imponente cordón policial, un operativo que sólo ha generado temor entre los vecinos del barrio. Esta vez, los secretarios judiciales cumplieron su poco digna tarea de echar a una familia sin recursos a calle. Tras el desahucio, María José, además de agradecer a los manifestantes su solidaridad, resumió su situación y la que hoy en día viven miles de familias en España: “No soy una morosa, soy pobre”.

Tras el desahucio, los concentrados se han dirigido hasta la sucursal que le concedió el crédito hipotecario, en la calle José del Hierro, y, después de dejarla llena de pegatinas con la rúbrica “Este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa” se han trasladado hasta la Junta Municipal de Distrito. Para ello, en una improvisada y ruidosa manifestación, cortaron dos de los carriles de las calles Arturo Soria y Hermanos García Noblejas. En la sede municipal, 132 personas registraron una petición para que el Ayuntamiento de Madrid, como institución más cercana a la familia desahuciada, encuentre una solución habitacional para ésta.

La PAH, que trabaja mano a mano con las asambleas del 15 M en este tipo de acciones, quiere resaltar el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, que con su desobediencia pacífica ha logrado de nuevo visibilizar la enorme injusticia que supone dejar a una familia en la calle mientras los bancos llenan sus arcas con dinero de todos y todas. Tal y como indicó uno de sus portavoces tras el desahucio, “esto no es una derrota. Cientos de personas se han manifestado contra esta injusticia. Y así seguiremos. Tratando de parar desahucio tras desahucio, exigiendo que se respete uno de los derechos humanos básicos, el de no ser despojado de la vivienda sin alternativa habitacional”.

Por ello, aunque no la organiza, la PAH invita a la ciudadanía a la acción que la Asamblea de Carabanchel del 15-M organiza para el próximo viernes 22 para bloquear el desahucio de una inquilina del IVIMA.


* Afectados por la Hipoteca - 20.07.11
Foto: protesta Plataforma afectados en Madrid - afectadosporlahipoteca

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Pacto con penas mínimas y sin prisión para la exconcejal de Obras de Chipiona

DIARIODECÁDIZ* : La Audiencia Provincial de Cádiz escenificó ayer un episodio más de tolerancia y permisividad con las construcción ilegal de viviendas. Margarita Lorenzo, exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Chipiona llegó al Palacio de Justicia para enfrentarse a una petición fiscal de cuatro años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Estaba acusada de prevaricación y falsedad documental por haber facilitado agua y luz a más de cien viviendas enclavadas en suelo no urbanizable. Poco después, Lorenzo salió de la Audiencia con una condena mínima. Los mismos delitos pero nada de prisión sino 15 meses de suspensión de empleo o para cualquier cargo de elección. También inhabilitación pero sólo para trabajar o ejercer un cargo relacionado con el área de Urbanismo.
Antonio Blanco, encargado de Obras y Servicios Municipales, acusado también de los mismos delitos y con las mismas penas en la petición fiscal, logró una condena como la de la exedil.

Los abogados defensores de ambos pactaron con la fiscal y obtuvieron así una sentencia de conformidad que no pasará desapercibida para otros imputados por hechos similares ocurridos en otro municipios que están pendientes de procesamiento y de juicio.

La Sección Cuarta redactará ahora la resolución pactada entre la Fiscalía y las defensas de los dos procesados. Si no hay algún cambio no comentado ayer, recogerá como hechos probados los que relata la calificación provisional de la Fiscalía. Esto es, que la entonces concejal delegada de Obras y Servicios y el encargado de ese área municipal hicieron exactamente lo contrario de lo que dispone la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: en lugar de impedir que les fuese facilitada agua potable y energía eléctrica a los propietarios de viviendas construidas ilegalmente, elaboraron resoluciones e informes destinados a que el agua y la luz llegase a esas casas.

Las resoluciones se dictaban sin tramitar ningún expediente, sin contar con informe jurídico que avalase esa actuación y en la mayoría de los casos contaban con un informe tipo que invariablemente y de forma estereotipada aludía a una supuesta escasez de recursos económicos e ingresos de los solicitantes, a una supuesta situación social difícil, a supuestas situaciones de insalubridad higiénico sanitarias para el caso de no concederse la luz y el agua y a un supuesto nuevo desarrollo urbanístico de la zona que en todos los casos estaba "en vías de solución".

Las autorizaciones eran realizadas para burlar lo dispuesto en el artículo número 175 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece la obligación de que las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones exijan, para la contratación provisional de los respectivos servicios, la acreditación de licencia de obras y, para la contratación definitiva, la licencia de ocupación o de primera utilización.

Pese a que las autorizaciones eran concedidas en ocasiones para parcelas en las que no había construcción alguna o para cuartos de aperos, señala el escrito de acusación de la Fiscalía, el informe del encargado de Obras y Servicios Municipales mencionaba siempre la existencia de una "vivienda en zona consolidada urbanísticamente de hecho".


* Diario de Cádiz - 19.07.11
Foto: Chipiona (Cádiz) - uca.es

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Hipotecados, desahuciados y precarizados

ENRIC LLOPIS* : Terminó el festín inmobiliario y llegó la resaca. No queda rastro de la época –entre 2003 y 2005, el periodo central de la burbuja- en que el estado español construía más viviendas que Reino Unido, Francia y Alemania juntos. La banca y las grandes constructoras alimentaron un modelo, con la ayuda de los gobiernos de todo signo y administración, que al reventar a finales de 2008 ha dejado tasas de paro superiores al 20% y medio millón de hogares que según Cáritas han agotado todos los sistemas de ayuda.
Un paradigma fundamentado en el consumo a crédito y que aspira a convertir al ciudadano en propietario de una vivienda, por encima de otras fórmulas como el alquiler, contiene en potencia una dramática secuela: los desahucios. Y es lo que ha ocurrido al pinchar la burbuja inmobiliaria. Desde 2007 al primer trimestre de 2011 se han iniciado unas 300.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. O lo que es lo mismo, cerca de un millón de personas han perdido la vivienda al no poder afrontar el pago de la hipoteca. En el primer trimestre de 2011 se han producido 15.600 desahucios, el triple que en el mismo periodo que el año anterior (una media de 175 desahucios diarios).
Las cifras en frío no debieran esconder el drama humano que subyace a cada caso. Para hacer frente a esta “vulneración de los derechos fundamentales” y apoyar “a las familias que se quedan en la calle o se les condena a una deuda perpetua”, nació hace dos años en Barcelona la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), una organización que –al calor de la recesión y los embargos- crece exponencialmente (a fecha de hoy trabajan 25 plataformas en todo el estado). Además, sindicatos, partidos de izquierda, más de 100 ayuntamientos, Parlamentos autonómicos, organizaciones vecinales y de consumidores, colectivos de jueces y colegios de abogados, ONG, el movimiento 15-M y Democracia Real-Ya han defendido públicamente los postulados de la plataforma.

¿Cuáles son estos planteamientos? El más inmediato y consabido, la dación en pago; esto significa la cancelación de la deuda hipotecaria, dada la imposibilidad de asumirla, con la entrega de la vivienda al banco; No es ninguna novedad pues ya se aplica en algunos países de la Unión Europea y Estados Unidos. La propuesta tiene un matiz: se aplicaría sólo en los casos de residencia habitual y deudores de buena fe. “Se trata de un objetivo de mínimos que con el tiempo se ha convertido en un clamor popular”, afirma Rosana Montalbán, portavoz de la PAH en Valencia. En los casos de las personas ya desahuciadas se debiera, según esta organización, poner en práctica la dación en pago con carácter retroactivo.

Pero una idea tan elemental como la dación en pago se ha topado con la oposición radical de la banca, que incluso ha filtrado informes interesados sobre la supuesta hecatombe que implicaría esta medida. ¿Tiene fundamento este alarmismo? Estudios de la Plataforma señalan que si se aplicara la dación en pago, el sistema financiero tendría que asumir pérdidas que oscilan entre los 12.000 y los 15.000 millones de euros, cuando los beneficios de los cinco grandes de la banca española en 2010 rondan esta última cifra. Por tanto, “el problema no es lo que pierden, sino lo que dejan de ganar adjudicándose unas viviendas a precios de saldo, en lo que constituye un claro ejemplo de acumulación por desposesión”, explica Montalbán.

Además, hay argumentos más que sobrados para achacar a los bancos gran parte de la responsabilidad en la actual crisis, pues tasaron las viviendas por valores claramente inflados, concedieron muchas veces las hipotecas por un importe superior en un 80% al valor de tasación, a plazos que podían alcanzar los 50 años, y, para rematar, aplicaron cláusulas abusivas. La portavoz de la plataforma de afectados se lamenta de la impunidad de las entidades financieras: “Parece que estamos obligados a sufragar la negligencia e irresponsabilidad de una banca que además de generar la crisis, expulsa de sus viviendas a centenares de miles de familias”.

Otros interrogantes quedan por despejar en la actuación de la banca. ¿Por qué se ejecutan las hipotecas de familias con pocos recursos y no a las empresas del ladrillo? Más aún cuando constructoras y promotoras concentran el 73% del crédito moroso de los bancos (80.000 millones de euros), mientras que el de las familias no pasa del 27% (30.000 millones). Y, según la PAH, el valor de los activos recogidos en el balance de los bancos como garantía de los préstamos suma 48.000 millones de euros en el caso de las grandes constructoras, el doble que los de las familias. Argumentos y alternativas no faltan pero la banca se ceba con los más vulnerables.

El otro bastión contra la dación en pago lo configuran los partidos políticos mayoritarios –PSOE y PP- que, con el apoyo de CIU, han bloqueado de manera sistemática en el Congreso su aprobación. “Por si hubiera pocas pruebas –explica Yolanda Prats, otra de las portavoces de la Plataforma- este rechazo ahonda en la crisis de representatividad de la que adolece la democracia española”. El gobierno de Zapatero, más débil que nunca y en pleno frenesí desregulatorio, sólo se ha atrevido a arbitrar dos medidas que Prats califica de “insuficientes” y “cobardes”: ascender el límite inembargable de 641 a 961 euros y aumentar del 50 al 60% el porcentaje por el que el banco puede adquirir la vivienda embargada que no sale a subasta.

Si la dación en pago es la idea que suscitado la mayor parte de los debates y la atención mediática, ciertamente no es la única. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas exige asimismo una moratoria inmediata de los desahucios por motivos económicos; el alquiler de las viviendas embargadas a las familias por una renta nunca superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar; la expropiación por parte del estado de las viviendas ejecutadas con el fin de realojar a las familias; y la creación de un parque público de viviendas de alquiler social. Además, se plantea una Auditoría social que aclare dónde han ido a parar los beneficios que se generaron durante el boom inmobiliario.

Hasta aquí la parte propositiva. La otra vía, práctica y sobre el terreno, consiste en poner freno a los desahucios con métodos de desobediencia cívica en la misma puerta de los domicilios. De esta manera se han impedido unos 65 desalojos de personas o familias, casi siempre con muy pocos recursos, desbordadas por las obligaciones de la hipoteca. El Movimiento del 15-M y la PAH lograron paralizar el pasado mes de junio en su casa de Parla el desalojo de Luis, un pensionista de 74 años que vivía solo, sin familiares en España y con un grado de minusvalía del 65% que le dejo discapacitado hace dos años para continuar trabajando. Luis acumuló una deuda de 250.000 euros con el banco y llevaba dos años sin poder afrontar el pago de la hipoteca.

También fue sonado el caso de Luis Martí, vecino de La Bisbal del Penedés (Tarragona), al que se forzó a abandonar la casa en la que residía con su hijo al no poder abonar una deuda de 48.000 euros con el banco, y no conseguir una refinanciación. Tenía previsto irse a vivir a una caravana, cuando una veintena de vecinos logró la moratoria del desalojo. Pero la crisis y la voracidad bancaria no dan tregua y las amenazas surgen por doquier. Por ejemplo, sobre Fernando (en paro desde hace año y medio) y Elizabeth, dos colombianos residentes en el barrio marinero de El Cabanyal (Valencia), con 4 hijos menores, y cuya vivienda se subastará en septiembre. La sucursal del BBVA en la que firmaron la hipoteca se ha negado ya en dos ocasiones a concederle la dación en pago.

Y suma y sigue. En un país donde la Constitución reconoce, en su artículo 47, el Derecho a la Vivienda y existen, según el Ministerio de Fomento, unas 700.000 viviendas nuevas sin vender, este bien de primera necesidad se ha convertido en un lujo. Conquistar el sentido común es la primera de la batallas.

* Rebelión - Opinión - 20.07.11

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Córdoba.- Sin dinero para abrir equipamientos

ELDÍADECÓRDOBA* : El carro antes que los bueyes. Esa es la situación que tienen los actuales responsables del Ayuntamiento en materia de equipamientos culturales. Durante los últimos años, se han invertido millones de euros de dinero público o de convenios con entidades privadas para la creación de espacios dedicados a la actividad cultural. Sin embargo, ahora no hay fondos para ponerlos en marcha, dotarlos de actividad, contratar personal con los que garantizar una actividad constante. Y se plantea qué hacer.
El listado es largo. El Teatro Góngora, recién acabado, es el caso más evidente. Adscrito al Instituto Municipal de Artes Escénicas, se ha usado para el Festival de la Guitarra. Sin embargo, los responsables del IMAE ya han advertido que no se le han transferido fondos suficientes como para dotarlo de una actividad constante más allá de repartir los compromisos del Gran Teatro en varias sedes. El Teatro de la Axerquía se utiliza, aproximadamente, unos 28 días al año a pesar de que la Gerencia de Urbanismo realizó un gran esfuerzo financiero para poder acabarlo renunciando a una de las fases del proyecto.

No es el único caso y agregarle un negocio lucrativo, fundamentalmente un restaurante, parece formar parte de la estrategia municipal. Actualmente, la Pérgola del Duque de Rivas se encuentra cerrada -y, al parecer, en proceso de deterioro- hasta tanto se encuentre una empresa de hostelería que quiera abrirla al público con una actividad cultural constante. La Sala Victoria no dispone de actividad más allá de iniciativas esporádica. El Consistorio también intentó buscar empresas interesadas en desarrollar un proyecto similar. El famoso avión cultural es objeto en estos momentos de un contrato público para entregarlo a una empresa privada a cambio de que desarrolle la programación que se le facilite desde el Consistorio y del permiso para montar un restaurante -se premia la cocina de vanguardia- en el Balcón del Guadalquivir.

La Posada del Potro ha permanecido cerrada a cal y canto desde que acabaron las obras y sus puertas sólo se han abierto para actividades puntuales como presentaciones institucionales. La explicación se halla en lo que ha tardado en instalarse el equipamiento interior, parte del cual ya se ha recibido y otra parte está pendiente de colocarse todavía. La empresa pública que desarrollaba las obras de Caballerizas, Procórdoba, tiene severos problemas económicos, lo que incide en la construcción de la sala de exposiciones que se pretendía poner en marcha en la zona alta del pabellón principal y que, junto a la Sala Orive, pretendía acabar con. Una actuación recientemente acabada, el museo dedicado a la obra de Espaliú, es más fácil verlo cerrado que abierto por las estrecheces económicas. La Casa Góngora, que tendría que albergar de forma estable un centro especializado en la obra del poeta, es usada para algunas actividades pero no tiene la programación que originalmente se pensó cuando se financió el proyecto.

El caso es que las necesidades van a ser mayores a muy corto plazo. El Consistorio está pendiente de acabar las obras del Museo Taurino y tiene en cartera la reapertura del Romero de Torres, que ha sido objeto de obras de remodelación interior. No es estrictamente una dotación cultural pero la Junta está acabando el centro de recepción de visitantes cercano a la Mezquita, cuyas obras están actualmente paradas a la espera de la tramitación de una ampliación del contrato. Cuando esté totalmente concluido, el Consorcio de Turismo tendrá que poner en marcha sus presupuestos para dotarlo de actividad constante teniendo en cuenta que es una demanda del empresariado de uno de los sectores que mantiene la creación de empleo y actividad económica.

Fuentes municipales reconocen el problema y que es una cuestión que preocupa. "A pulmón no podemos", afirman. A pulmón significa que los presupuestos públicos no permiten en estos momentos crear plazas de funcionario y habilitar partidas de gasto corriente para la financiación de las actividades. Todas las áreas han sufrido recortes y se está echando mano, incluso, de las cantidades que se dijeron que no se iban a gastar -para cumplir los compromisos del plan de saneamiento- con el objetivo de seguir pagando la factura de la luz.

Durante la campaña, el Partido Popular se comprometió a no tener espacios cerrados como principal prioridad a costa de llegar a acuerdos con entidades para la gestión de unos equipamientos que han supuesto un fuerte desembolso en los presupuestos municipales durante los últimos años. En materia deportiva, el Consistorio solventó durante la anterior corporación la falta de fondos llegando a acuerdos de colaboración público-privada. Salvando las distintas entre ambas materias, parece que ese es el camino que se pretende seguir



* El Día de Córdoba - 20.07.11
Foto: Imagen de la Posada del Potro, con la obra civil concluida.- eldia

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Palma.- Comienza el derribo del edificio de Santa Catalina que no se quiso proteger

DIARIODEMALLORCA* : La piqueta ya ha hecho su aparición en un edificio de la barriada de Santa Catalina que la organización proteccionista Arca considera que tiene suficiente entidad para que sea protegido. Y lo más grave de esta cuestión, según la portavoz de esta entidad, Àngels Fermoselle, es que no sólo reconocen el valor patrimonial del inmueble ellos, sino que hay dos informes del Consell de Mallorca que así lo afirman, además de la resolución de la comisión del Centro Histórico de Palma. En este último caso, la incongruencia es aún mayor, en opinión de Fermoselle, puesto que tras reconocer el valor patrimonial del inmueble, los integrantes políticos de la citada comisión –no los representantes de las entidades– acordaron no iniciar el expediente para su inclusión en el catálogo de elementos a proteger.
Por todo ello, los representantes de Arca manifestaron ayer, ante el inmueble que comenzaba a ser pasto de la piqueta interiormente, su "indignación por el menosprecio al patrimonio en pleno siglo XXI", que supone permitir la demolición de este inmueble situado en la esquina de la avenida Argentina con la calle Aníbal, pese a que la suspensión de la licencia de demolición ordenada por el Consell no finalizaba hasta el próximo día 10 de agosto, según la entidad conservacionista.

De esta forma, la barriada de Santa Catalina perderá uno de sus edificios más emblemáticos y visibles, ya que está ubicado en uno de los accesos al barrio, tal como señalan desde Arca, "y será sustituido por otro de nueva planta que destruirá el conjunto armónico actual".
Lamentan que ni los actuales gestores municipales ni los anteriores hayan querido hacer "ningún esfuerzo ni tan solo para salvar la fachada".
Fuentes municipales indicaron que la suspensión de la licencia de demolición, ordenada por el Consell el 10 de mayo de 2010, fue levantada por esta Administración el pasado 29 de junio, en una resolución en la que, además, se insta al Ayuntamiento a incluir el edificio en el Catálogo municipal. Un acuerdo que no fue tenido en cuenta por la comisión del Centro Histórico del pasado día 7 de julio, que dictaminó que no debía incluirse en el Catálogo, con el voto en contra de los representantes de las entidades.
La cuenta atrás para la desaparición de este inmueble se inicia hace una década, cuando después de una larga tramitación del expediente de ruina y múltiples informes contradictorios, tanto municipales como privados, el proceso finaliza en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que declara que el inmueble se encuentra en situación de "ruina económica".
"Nadie defendió el valor patrimonial del edificio", se queja Àngels Fermoselle, para quien, si se hubiera puesto en una balanza el activo del valor histórico del inmueble, "la diferencia entre el valor del edificio y el coste de su rehabilitación hubiera sido positiva a favor de la primera variable y no hubiera dado lugar a la ruina económica".
Tras la sentencia del Alto Tribunal la gerencia de Urbanismo de Cort concedió la licencia de demolición el 25 de junio del año pasado. En febrero de este año se ha presentado la licencia de nueva edificación, que no fue informada favorablemente y se le señalaron una serie de deficiencias técnicas a subsanar.


* Diario de Mallorca - 20.07.12
Foto: El inmueble fue ayer vallado y los obreros comenzaron a derribar tabiques interiores.- diariomallorca

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'Malaya'.- Hombres de paja sin acceso al jefe

MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca volvió a tomar ayer el micrófono de los acusados del caso Malaya para dejar claro que en esta causa hay dos actores principales: él y su abogado Manuel Sánchez Zubizarreta. Los negocios los hacía él mientras el letrado se encargaba de armar la estructura societaria que los sostenía. Los demás eran meros nombres instrumentales al frente de las empresas, en la mayoría de los casos sin saber que ponían su identidad y su rostro al servicio de los intereses del asesor de urbanismo del GIL.
El supuesto cerebro de la trama de corrupción política y urbanística de Marbella, que ayer declaró en la fase de la causa que se dirige contra 16 colaboradores acusados de blanquear capitales para él, afirmó que nunca había visto a la mayoría de ellos. Ni siquiera los había saludado antes de que comenzara este juicio en el que están sentadas en el banquillo 95 personas.

De acuerdo con las explicaciones que le dio al fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, él se ocupaba de los negocios. Es decir, determinaba qué se compraba, en qué circunstancias, cuándo se vendía, por cuánto o a quién. El abogado Manuel Sánchez Zubizarreta proporcionaba las sociedades que hacían falta y, por lo general, buscaba a los hombres de paja que se colocarían al frente de ellas. Cuando no era así, los administradores despachaban directamente pero en las mismas circunstancias de desconocimiento con su fiduciario, el procesado Óscar Benavente.

Estos iban al notario, firmaban escrituras, formalizaban compras y ventas pero Roca no los conocía. Es decir, no sabían que trabajaban para el ex asesor urbanístico de Marbella. Juan Antonio Roca, que inicialmente no reconoció como propias ninguna de las sociedades que ahora defiende sin ambigüedades como propias, ha tratado desde el primer minuto del juicio de dejar fuera de sospecha a la red de colaboradores con la que contó durante el gilismo.

El acusado se enredó ayer en una agria discusión con el fiscal Anticorrupción del caso Malaya, Juan Carlos López Caballero, que cobró visos de careo aún a pesar del aviso que el presidente del tribunal, José Godino, dio al procesado para que moderara el tono. El fiscal trató de hacer ver que entre la documentación intervenida en Maras Asesores, considerada por el Ministerio Público cuartel general del ex asesor de urbanismo, se hallaron rastros contables de entradas y salidas de dinero tras los que no puede haber más que actividades propias del blanqueo de capitales.

Roca se desvinculó de esas anotaciones. Afirmó que no las solía revisar "con minuciosidad" y subrayó ejemplos como la ausencia de sentido de que se atribuyeran a la entidad Perinal, titular de su ganadería de reses bravas, pagos por la compra de obras de arte al marchante Jean Fournet o la indemnización al patrón de su yate. El acusado retó a la Fiscalía a "demostrar" de dónde proceden esas entradas de dinero y dónde recalaban las salidas.

El interrogatorio se crispó a medida que se adentraba en los denominados papeles de Maras que para la Fiscalía representan la contabilidad oculta del supuesto cerebro de Malaya en el que figuran junto a una serie de iniciales cifras que para la acusación encierran los sobornos pagados y recibidos. La defensa de Roca, que ejerce la letrada Rocío Amigo, se quejó de que las preguntas se centraran en esa documentación intervenida en la sede de Maras Asesores porque forma parte de otro bloque del juicio. Acto seguido el ex asesor de urbanismo de Marbella se negó a responder más preguntas relacionadas con esa cuestión. La declaración continuará hoy y previsiblemente el análisis del presunto blanqueo del caso Malaya quedará listo a finales de esta semana.



* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 20.07.2011
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Dos cosas más sobre el 15-M

LUIS GARCÍA MONTERO* : A la gente le habían contado ya todos los cuentos. Nadie quería ser engañado una vez más. Que no nos vengan con historias… Y de pronto llegó el 15-M. En una situación de grave descrédito de los compromisos públicos y de los representantes oficiales de la soberanía popular, la rebeldía callejera ha supuesto un factor de educación política. Conviene analizar muy en serio la cara y la cruz de los motivos que han facilitado esta energía cívica tan visible, capaz de tomar las plazas y las conversaciones.
Una parte decisiva del éxito de la convocatoria se debió a que no provenía de las organizaciones tradicionales de la izquierda. Se trató de una llamada juvenil, anónima, sin siglas. Esta es una primera cuestión que, como digo, merece ser analizada en su cara y en su cruz. Durante los últimos años se ha criticado a los políticos y a los sindicatos en la barra del bar, el taxi, la tertulia de radio y las discusiones familiares sobre el futuro del mundo. Son evidentes los errores que partidos y sindicatos han cometido a la hora de defender una política al servicio de los ciudadanos. Pero el descrédito, como fenómeno social, va más allá de estos errores. Ni todos los políticos son iguales, ni todos los partidos se comportan de la misma manera, ni los representantes sindicales son un conjunto de caraduras olvidados de los trabajadores.
Hay algo más. Para sospecharlo basta con tomar conciencia de lo difícil que es, en medio de una crisis económica provocada por la especulación, escuchar en un bar o un taxi palabras de desprecio contra los grandes empresarios, los banqueros o los cerebros de las finanzas. Esto se debe a que la gente conserva todavía un vago sentimiento de pertenencia ante los políticos y los sindicalistas, que están o tendrían que estar a su servicio. Pero se debe también, y sobre todo, a que los poderes financieros y sus grupos mediáticos se han especializado en aprovechar los errores de la política para acentuar su desprestigio público.

El egoísmo de la economía especulativa, dispuesta a buscar beneficios por encima de la soberanía civil y de los derechos de los trabajadores, sale ganando siempre con el desprecio a los partidos y los sindicatos. Así que la santa furia de la población contra sus representantes, aunque encuentre motivos en la realidad, está animada y controlada por sus verdaderos enemigos.

Con el 15-M hemos vivido una afortunada paradoja. La falta de siglas en la convocatoria animó a la participación en un movimiento que previamente no había sido desacreditado por el poder. La gente estaba deseosa de protestar, y la fortuna, o la inteligencia de los portavoces, ha sido que la rebeldía, más que para despreciar lo público, sirvió para otorgarle una nueva dimensión al sentimiento de pertenencia política. Por eso se ha demandado una dignificación de los comportamientos democráticos, no su borradura. Darle sentido político a la rebeldía resulta decisivo para evitar que el descontento derive hacia la demagogia populista o la simpatía totalitaria.

En este deseo de protesta hay una segunda cuestión sobre la que también merece la pena meditar si queremos tomarle el pulso a la situación real. Otro motivo del éxito de las concentraciones del 15-M se debió a que no suponían un compromiso personal más allá de la propia ética. Cuando el pasado septiembre los sindicatos llamaron a una huelga general, muchos ciudadanos no quisieron o no pudieron secundar la convocatoria. La situación social hace muy complicado renunciar a un día de salario o decidirse a llamar la atención de un empresario que, con las leyes laborales y la precariedad de los contratos en la mano, puede dejarte en la calle al menor signo de conflicto. En las pequeñas y medianas empresas, soporte mayoritario de la economía española, la lucha sindical se ha vuelto casi heroica. El desprestigio de la política y de los sindicatos supuso una buena coartada personal para encubrir situaciones de egoísmo, miedo o impotencia. Al acudir a la Puerta del Sol, sin embargo, no se pagaba ninguna factura por defender la verdad.

El 15-M ha sido un utilísimo factor de educación política al evidenciar que la rebeldía es posible y que merece la pena comprometerse para cambiar las situaciones personales.

* Público - Opinión - 17.07.11

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La Policía impide por primera vez paralizar un desahucio en Madrid

ELPAÍS* : Segundo intento de desahucio de María José, una vecina del barrio madrileño de Pueblo Nuevo de 53 años, desempleada y con dos hijos a su cargo, uno de ellos con una discapacidad del 77% por un accidente que sufrió de niño y la otra también en paro. Hace 14 días, unos 200 simpatizantes respondieron a la llamada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y de la asamblea de Ciudad Lineal del 15-M y logran paralizar el desalojo de esta familia. Sin embargo hoy, a diferencia de lo que ocurrió el 6 de julio -y de lo que ocurre desde que comenzó la oleada de paralizaciones, que sumó ayer ocho en un mes-, la policía se ha propuesto impedirlo. Es la primera vez que se produce una segunda orden de desahucio tras una ya impedida y también la primera que, en una cambio en la estrategia policial y judicial respecto a los desahucios, que el secretario judicial llega precedido de un amplio despliegue de antidisturbios.

El piso fue subastado por impago y se lo adjudicó por ausencia de otras ofertas el banco con el que la mujer tiene la deuda, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La entidad bancaria pide que se ejecute la sentencia. La juez encargada del caso, María Trinidad Cepa Palanca, titular del juzgado de primera instancia del juzgado 31 de Madrid, pidió en su segunda sentencia, que fijaba para hoy la fecha del lanzamiento, que se pusieran "los medios necesarios" para ejecutar el desahucio. Y la policía lo ha hecho.

La "guardia pretoriana de la banca"

Aunque la llegada del secretario judicial se espera para las 9.30, una veintena de activistas hacía guardia ya desde las siete y media en la puerta de la vivienda, en el número 140 de la calle Virgen de Lluc del distrito Ciudad Lineal. Cuando faltaban 10 minutos para las ocho han hecho acto de presencia al menos 12 furgonetas de la Policía, de las que se han bajado unos 40 antidisturbios, que han acordonado la calle en un perímetro muy amplio y han echado a los activistas, que a esa hora habían aumentado a unos 30, y periodistas. Sin violencia pero con firmeza -a un activista le han retorcido el brazo-, los han hecho retroceder bastantes metros hasta la esquina de Virgen de Lluc con Florencio García. Desde ese punto no se ve el portal y no dejan que nadie se acerque. Sigue llegando gente hasta sumar unos 50.

"Pueblo Nuevo acordonado. Hay decenas de personas, xo necesitan +", dice @PAH_Madrid en Twitter. En la misma red social, la plataforma acusa a la policía, a la que tilda de "guardia pretoriana de la banca", de sumarse "a la violencia ejercida por los bancos".

Mientras tanto, dentro del piso, con María José, hay tres personas de la PAH y de Democracia Real Ya, dos de ellos encadenados a la propia puerta de la vivienda. Uno de ellos es Paco, que promete: "Resistiré con todo mi corazón". Unos vecinos que están viéndolo todo comentan: "¿Todo esto para desalojar a la Pepa? Madre mía, y teniendo un hijo discapacitado". "Este desahucio lo vamos a parar", siguen gritando los indignados, que corean una y otra vez "le llaman democracia y no lo es". No ha pasado de llegar gente, ya son unos 200. "¡Vecinos de Pueblo Nuevo, a una de vuestras vecinas la van a desahuciar, la está echando el banco!", canta un grupo de unos 15 activistas alrededor de la zona acordonada, donde explican lo que está ocurriendo a los vecinos con los que se cruzan. "¡Despertad, mañana podéis ser vosotros!". Los vecinos les miran con simpatía.

Además de la concentración de apoyo, la PAH ha llevado a cabo acciones legales para tratar de ayudar a esta familia. El abogado de la plataforma, Rafael Mayoral, ha puesto de madrugada en el juzgado de guardia una denuncia contra la juez por prevaricarión. Lo fundamenta en el artículo 704 de la ley de enjuiciamiento que dice, según explica, que la juez ha dictado sentencia sabiendo que la afectada no vive sola. A su juicio, la magistrada debería haber notificado el desalojo a los dos hijos para que pudieran alegar. Además, ha solicitado la paralización del lanzamiento.

"Este desalojo, mañana lo ocupamos"

A las nueve y media de la mañana, la comisión judicial, compuesta de varias personas y apoyada por varios agentes, ha llegado al portal y ha entrado mientras los concentrados gritaban " ¡vergüenza! ¡queremos un chalé como el de zetapé!" y "¡esto no lo haría un buen policía!". Mayoral, que ejerce las labores de defensa de la mujer, no ha podido pasar. Los indignados increpan a los agentes y la tensión sube el tono. Desde megafonía, un activista pide que no se insulte a la policía y algunos le abuchean. Llegan más agentes. "Este desalojo, mañana lo ocupamos", corean los indignados, que están divididos en dos grupos en ambos extremos del cordón policial.

Cuando faltaban diez minutos para las diez, María José ha salido a la ventana con su hija de 24 años a dar las gracias a los concentrados. "Nos desalojan. Gracias, de verdad, no soy morosa, lo que soy es pobre". Pasados 20 minutos de las diez de la mañana, Paco, el activista encadenado, ya está fuera, en la calle. Parece que el desahucio se ha ejecutado. Los activistas quieren ir ahora a la junta municipal de Ciudad Lineal para pedir una vivienda para María Jose."No se puede qedar en la calle", sostienen.

Poco después llega un camión y una furgoneta de mudanzas para los enseres de la familia. "Una vez desahuciada, María Jose sigue teniendo una deuda de 200.000 euros,"mucho más de lo que valía el piso cuando se hipotecó", recuerda un portavoz de la PAH.

Un caso complejo
El de María José, que fue el tercer desahucio paralizado por la PAH y que se va a convertir en el primero que la policía impide impedir, es un caso bastante complejo. Sus problemas se remontan a hace 18 años, cuando hipotecó su piso para ayudar a su expareja a saldar una serie de deudas. En 2002, terminada esa relación e incapaz de asumir sola las cuotas, acudió a una reunificadora de deudas que le tramitó un nuevo préstamo con la CAM, que le concedió 157.000 euros. Hoy, la entidad le reclama 200.000 euros, una cifra lejos de las posibilidades de esta mujer, que ingresa 520 euros por tener un hijo discapacitado a su cargo y 168 euros por la Ley de Dependencia. También vive con ella una hija de 24 años licenciada y en paro.

La familia ha solicitado una alternativa al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que les ha informado de que tardarán tres años en asistirles y les han aconsejado que acudan a un albergue. Eloi Morte, de la PAH, ha insistido en que el objetivo es lograr una alternativa habitacional o un alquiler "social" que les permita quedarse en el piso por un 30% de sus ingresos.


* El País - CARMEN PÉREZ-LANZAC - Madrid - 20/07/2011
Foto: Antidesahucio frenado.- Hace mes y medio que comenzó la campaña para frenar desahucios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca - 20minutos

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“Stop desahucios”: una iniciativa incomprendida por toda la izquierda canaria

ARTURO INGLOTT* : La noticia mereció apenas una pequeña columna perdida en las páginas centrales del diario Público el pasado sábado 16 de julio. Ni un pequeño hueco en su portada, dedicada ese día al encausamiento del presidente de la Generalitat valenciana. A las nueve de la mañana del viernes 15 un grupo de indignad@s había logrado evitar un desahucio en el madrileño barrio de Carabanchel. Los afectados, una madre y su hijo, iban a ser desalojados incluso después de haber abonado la deuda de poco más de 1.300 euros que tenían con el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). La funcionaria del IVIMA que acudió al lugar a notificar el lanzamiento tuvo que dar marcha atrás ante la presión de los congregados. "¡Este desahucio ya lo hemos parado”!, gritaron los miembros del Movimiento 15-M. Y no había sido el primero. Ya en el mes de junio l@s indignad@s, junto a la Platafoma de Afectados por la Hipoteca, lograron detener alrededor de 40 desalojos en todo el Estado. En Las Palmas de Gran Canaria el movimiento 15M se estrenaba en esta iniciativa social con una rotunda victoria el miércoles 6 de julio. Un grupo de indignad@s impidió ese día el desalojo de Felisa Melián, de 79 años, y su hija Araceli Ramos del capitalino barrrio de La Paterna.
Desde enero de 2007 a septiembre de 2010 se ejecutaron en el conjunto del Estado español 258.000 hipotecas y se estima que alrededor de 350.000 familias perderán su vivienda en los próximos cinco años. En Canarias, desde el comienzo de la Crisis 13.500 familias canarias han sido despojadas de sus viviendas por los Bancos, ante la imposibilidad de continuar haciendo frente al pago de sus hipotecas. La magnitud del drama social provocado por esta expoliación masiva -y legal - llevó a los damnificados a organizarse en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero fue la implicación de l@s indignad@s del 15M en esta lucha la que logró proporcionarle una fuerza que inquieta, con razón, al poder establecido.

"Stop desahucios": el colectivo que pone en jaque a los bancos" es el significativo título del artículo de Esteban Hernández publicado en el periódico digital de ultraderecha "El confidencial". En su texto, Hernández reproduce uno de los argumentos utilizados para tratar de cuestionar la justicia de la lucha contra los desahucios. "Hay quienes aluden a que muchos de los hipotecados suscribieron un contrato que nadie les obligó a firmar y que si ahora no pueden pagar aquello que acordaron, deberían haberlo pensado antes", apunta el articulista antes de aludir a algunos ·expertos financieros “que consideran a los cientos de miles de desahuciados " personas que quisieron vivir por encima de sus posibilidades y que, una vez devueltos a la realidad, quieren evadirse de las responsabilidades que contrajeronY eso sin contar a aquellos que compraron la vivienda para especular y que ahora pretenden que otros se hagan cargo de su mala apuesta".

Ada Colau -de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca - contesta convenientemente a estas acusaciones "Las personas que se hipotecaron sí están cumpliendo con sus responsabilidades, al contrario que las entidades financieras, que fijaron las condiciones de los préstamos, que hicieron las tasaciones y que eran conscientes de lo que estaba ocurriendo en el mercado internacional”.

Otra de las "razones" esgrimidas para tratar de desprestigiar la lucha contra los desahucios la difundía el diario El País el pasado 29 de junio. "El indignado soy yo". Así encabezaba el periódico del grupo PRISA la crónica de un desahucio impedido en el Puente de Vallecas por el 15M, presentando el punto de vista de un pobre casero que necesitaba la renta de su inquilina para su propio sostenimiento. Un caso que, cierto o no, no representa la generalidad del fenómeno de los desahucios masivos, dado que son las grandes entidades financieras quienes están apropiándose de las viviendas de las familias y obligándolas a seguir pagándoles después del despojo. Finalmente no son pocos los que se esfuerzan por hacer “entender” a l@s indignad@s que el suyo es un esfuerzo quijotesco. En último término - apuntan - la ley acabará imponiéndose. En el citado artículo Esteban Hernández da la palabra al profesor de derecho de la Universidad Nebrija Eugenio Pérez de Francisco, quien asegura que "las acciones que se están llevando a cabo para detener los desahucios sólo conseguirán aplazar brevemente la situación. De modo que quizá periodísticamente sean muy llamativas, pero son pan para hoy y hambre para mañana”.

También a esta opinión responde Ada Colau, apuntando que el hecho de que el "desahucio se pare es más importante de lo que parece, dado que también puede servir como elemento de presión. “Nuestra asociación -explica Colau - intenta negociar antes y después del desahucio: hablamos con la entidad financiera, con el ayuntamiento y con los servicios sociales e intentamos toda clase de posibilidades.... Si eso no se consigue hacemos una convocatoria pública para detener el lanzamiento mediante la resistencia ciudadana, para aplazarlo al menos unos meses. Esa acción también sirve para que aumentar la presión y para poner rostros a las estadísticas y que la gente visualice las consecuencias reales de las docenas de desahucios que se dan cada día en España”.

Pero estas acciones tienen aún otros efectos de gran relevancia. Cuestionan, en la práctica, la sacrosanta propiedad de los Bancos y la injusticia de la legalidad vigente que la resguarda. Y ponen de manifiesto que la solidaridad y la organización popular son capaces de obtener éxitos en la lucha contra dicha injusticia. Es por eso que, también en la práctica y aunque no sean conscientes de ello, acercan a l@s indignad@s al tan infamado terreno de los “antisistema”. La derecha política y mediática es perfectamente consciente de ello. Un significativo sector de la izquierda real, no obstante, parece empeñado en prolongar su ceguera sobre las implicaciones de esta importante iniciativa social.

Así, por ejemplo, la exitosa paralización del desahucio de la anciana Felisa Melián y su hija en Las Palmas no contó con el apoyo de ninguna de las organizaciones de la izquierda canaria. Sin necesidad de enarbolar más bandera que la de la justicia social, los militantes de estas organizaciones tuvieron en esa ocasión una extraordinaria oportunidad para sumarse – en pie de igualdad con el resto de ciudadanos – a una causa que les permitiría conectar como nunca antes con los sectores populares que reclaman representar. Para de esa forma convertirse realmente en su vanguardia y empezar a elevar el nivel político de sus reivindicaciones. Para tratar de influir, en suma, en la dirección de un movimiento que se construye cada día y en el que ninguna concepción previa se encuentra grabada de forma indeleble. Por el momento, no obstante, persiste la incomprensión, cuando no la incapacidad para fundirse en la práctica con las aspiraciones auténticamente populares.

* Canarias Semanal - Opinión - 18.07.11

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Patrimonio.- "Es un problema nacional y el Estado debe afrontarlo"

ELPAÍS/Navarra /Entrevista* : Pedro Leoz (1930, Cáseda, Navarra) es sacerdote diocesano. Fue muchos años misionero en El Salvador. Ahora jubilado, mantiene con el obispado de Pamplona una relación "puramente económica" que en algún momento se vio interrumpida. La Iglesia abona el complemento de su pensión, pero se lo retiró inopinadamente durante un año, dejándole una magra paga. "Eso es por mi relación con la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro [www.plataforma-ekimena.org]", dice, "que lucha por que las iglesias y otros templos sean de los pueblos".
-Pregunta. Pero cientos de edificios, algunos civiles, pertenecen a las diócesis...
-Respuesta. Una vez que obtienen la titularidad pueden vender, alquilar e hipotecar; tres razones del evangelio, como se ve. Incluso afrontar pagos, como ha pasado en EE UU, donde las indemnizaciones por pederastia han diezmado las arcas.
-P. En Navarra hay mucha documentación sobre las inmatriculaciones del obispado. Ustedes han escrito un libro que lo recoge, Escándalo monumental...
-R. Sí, pero esto es un problema nacional, y así hay que afrontarlo. Ocurre en Salamanca, León, Valencia, Extremadura. En la plataforma recibimos peticiones de ayuda y asesoramiento de todas partes. La lucha debe ser colectiva, afecta a pueblos muy pequeños sin capacidad para afrontar los pleitos solos. El Estado español es quien debe afrontarlo, se trata de un inmenso patrimonio cultural y el fenómeno está muy extendido.

P. Pero la Iglesia argumenta que está inscribiendo estos edificios porque le son propios.

R. Bueno, también inscriben casas, escuelas. Las iglesias se han construido con las aportaciones del pueblo y con el trabajo de la gente. ¿Qué han producido ellos para poder construir tanto? Y además, inscriben la propiedad de los templos gracias a una ley que es inconstitucional. Cuarenta años de franquismo han dejado un poso profundo y no todo el mundo se atreve a enfrentarse con la Iglesia, a plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

P. Desde la plataforma, ¿qué recomiendan a los alcaldes?

R. Comprobar la titularidad de las ermitas, las casas rectorales... Y que las inscriban los Ayuntamientos. Si ya las tiene la Iglesia, que revisen sus archivos, documenten la propiedad. Hay que vencer este atropello.


* El País - C. M. - Badostain - 16/07/2011
Foto: Pedro Leoz cree que la Iglesia está "cometiendo un atropello" - elpais

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Sevilla.- Recalificación de los terrenos para Ikea

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* denunciará el pelotazo urbanístico que el Ayuntamiento pretende perpetrar con la recalificación de los terrenos para Ikea.
Ecologistas en Acción se opone a que el Ayuntamiento de Sevilla pretende recalificar el sector de San Nicolás y fomentar la burbuja especulativa, beneficiando a la multinacional Ikea en detrimento de los ciudadanos, eludiendo la normativa existente y valiéndose de la creación de empleo como excusa para que el proyecto salga adelante aún siendo contra Plan General de Ordenación Urbana.
La empresa Ikea ya posee un centro en Castilleja de la Cuesta donde las infraestructuras de acceso son bastante deficientes, al no haberse planificado durante su construcción, creando saturaciones de coches en la zona aledaña. Lejos de aprender, esta situación parece que se quiere repetir en la zona de San Nicolás.
Ahora la multinacional quiere no solo los 40.000 m2 necesarios para la construcción del nuevo centro, posibilidad prevista en el PGOU, sino que además exige la recalificación de otros 100.000m2, para vender el exceso de edificabilidad a un precio superior del real, con motivo de la nueva recalificación.

Además, como consecuencia colateral esta jugada urbanística lleva aparejada la construcción de un tramo de la SE-35 que partiría por la mitad el recientemente inaugurado parque del Tamarguillo, destruyendo parte de los huertos de ocio allí existentes.
El PGOU ha de respetar la normativa tanto estatal, como autonómica y local en su desarrollo y ejecución. Pues bien, atendiendo a las recientes declaraciones del Ayuntamiento de Sevilla en relación a la construcción de un segundo IKEA, en la zona correspondiente a San Nicolás Noroeste calificadas según el PGOU como SUNS y SUS, con destino a actividades productivas y servicios terciarios, resulta vulnerada gran parte de la normativa urbanística (se indica al final).
Ecologistas en Acción quiere recordar que ese PGOU es un esfuerzo de pensar y elaborar cómo se quiere la ciudad, por toda la gente que quiere participar en una larga tarea de diálogo. Las decisiones de ordenación del territorio urbano ayudan a equilibrar demandas, usos, tráfico, ubicación de servicios, viviendas, etc. Cambiar poco a poco el PGOU rompe un largo esfuerzo de racionalizar la ciudad, siempre en construcción, en beneficio de quienes tratan de colar sus particulares intereses sin pensar en el conjunto de la población.
Ojo, mucho ojo, con una apresurada intervención que trata de romper las lógicas acumuladas en una norma necesaria de una ciudad adulta como es el PGOU, que no debe estar sometida a caprichos de quienes sólo buscan su particular beneficio, por muchas excusas de puestos de trabajo que... después se ve que sólo eran excusas para disfrazar los intereses de unos cuantos. Hay demasiados precedentes para no ver, una vez más, al lobo disfrazado de ovejita.
Ecologistas en Acción estará vigilante sobre este movimiento especulativo y no dudará en tomar las medidas que hagan falta para hacer respetar la legalidad urbanística.

Anexo, Normativa que resultaría vulnerada:

Arts 10.3, 11, 15, 16 del RDLeg 2/2008, de 20 de junio, del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
Arts 213 y ss RD 3288/1978, de 25 de 25 de agosto, del Reglamento de Gestión Urbanística
Art 34 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, que desarrolla los Títulos VI y VII de la LOUA.
Ordenanza de Urbanización de Sevilla, BOP nº 78 ,de 29 de marzo de 2005.


* Ecologistas en Acción - 15.07.11
Foto: Sevilla, tráfico junto a Ikea - abc

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Valencia.- El Defensor del Pueblo advierte que la CHJ debe garantizar el agua a los PAI

LEVANTE* : El Defensor del Pueblo advierte a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Benissa -aunque es un aviso general al conjunto de las corporaciones- que "ni deben, ni pueden aprobar planes urbanísticos que no tengan el agua garantizada por el organismo de cuenca correspondiente", la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el caso de la Comunitat Valenciana. Así se refleja en una respuesta remitida por el Defensor del Pueblo (el adjunto segundo, Manuel Ángel Aguilar Belda, responsable del área de Ordenación Territorial) a la Asociación Abusos Urbanísticos No, a la que ha tenido acceso Levante-EMV. La respuesta de la institución forma parte del expediente de queja que presentó AUN contra el Ayuntamiento de Benissa por la aprobación de once PAI (programas de actuación integrada) "sin que estuviera acreditada la suficiencia de recursos hídricos" además de "no cumplir la premisa de interés público e implicar la destrucción del atractivo paisajístico de la zona".
En el caso del Ayuntamiento de Benissa éste pretende que las garantías definitivas sobre la suficiencia de agua las acredite el Servicio Municipal de Aguas Potables, que depende del mismo consistorio. La alta institución del Estado responde de forma tajante a estas pretensiones municipales. "El Defensor del Pueblo no puede aceptar sin más la interpretación que plasma el Ayuntamiento de Benissa sobre quién ha de emitir el informe" sobre la suficiencia hídrica. "Es claro que no puede ser emitido por entidad distinta del organismo de cuenca, a juicio de esta Defensoría", argumenta el alto organismo.

Y añade: "Los informes emitidos al amparo de la legislación territorial y urbanística autonómica de entidades colaboradoras autorizadas para el suministro (de agua) no pueden sustituir los pronunciamientos que corresponden a la confederación hidrográfica". Por lo tanto, "la comunidad autónoma nunca debería admitir a trámite un expediente urbanístico elevado por los ayuntamientos para su aprobación definitiva si no incluye el informe previo de la confederación hidrográfica, o si lo incluye y es desfavorable". El Defensor del Pueblo también lanza una advertencia a las corporaciones municipales. "Tampoco los ayuntamientos deben aprobar instrumentos urbanísticos que llevan consigo un incremento del consumo de agua, si no cuentan con el previo informe favorable del organismo de cuenca".
El Plan General de Benissa está aprobado definitivamente desde el 14 de abril de 2003 -bajo el paraguas de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Los once PAI que cuestiona la asociación Abusos Urbanísticos No están incluidos en el Plan General como "ámbitos de suelo urbanizable", aunque se desarrollaron al detalle mediante el trámite previsto en la LRAU de la "Cédula de Urbanización" (un mecanismo urbanístico que garantiza la coherencia con el Plan General, para que no se contradigan, y la integración en el entorno). La Generalitat aprobó entre 2004 y 2008 las cédulas de urbanización de seis de los once PAI y exigía al Ayuntamiento de Benissa que, antes de aprobar definitivamente estos planes, contara con "informes de las administraciones competentes que garanticen la suficiencia de recursos hídricos y un certificado municipal que acredite la disponibilidad del suministro de agua potable y que la nueva urbanización no merma las disponibilidades de caudales existentes". Como este último se emite por el Servicio Municipal de Aguas Potables es el Ayuntamiento de Benissa el que debe certificar que tiene agua suficiente para los PAI que tramita. El equipo de gobierno de Benissa también alega que, como el Plan General se aprobó en 2003, con todos los informes favorables, no precisa del informe específico de la CHJ.


* Levante - 18.07.11
Foto: Benissa (Alicante), urbanizaciones - lasprovincias.es

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Madrid.- Los indignados paran dos desahucios en Leganés y en Vallecas

PÚBLICO* : Los indignados volvieron a impedir mediante la movilización pacífica el desalojo de dos viviendas, una en Vallecas y otra en Leganés, después de lograr que las autoridades aplazasen el desalojo por motivos de orden público.
En Leganés, cerca de un centenar de indignados concentrados frente a una vivienda del Instituto de Vivienda de Madrid impidieron el desahucio de un matrimonio con cuatro hijos, dos de ellos parados y otros dos menores de edad, que no han podido hacer frente a los pagos de su vivienda. Esta acción fue convocada por la Asamblea popular de Leganés y por la Plataforma de Afectados por el IVIMA, que está en proceso de creación y supone una nueva rama o especialización dentro del Movimiento 15-M, en el que ya existe la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La necesidad de esta nueva plataforma responde al gran número de desahucios de viviendas del Ivima, según explicó Olga Mkhaylova, una de las portavoces de Democracia Real Ya.

Por otro lado, el desahucio de Vallecas afectaba a un matrimonio de mayores, que residen desde hace 30 años en una vivienda alquilada, de renta antigua, de la que quiere desalojarles el propietario de la misma, según explicó Chema Ruiz, uno de los portavoces de la PAH. Unas 60 personas convocadas por la Asamblea de barrio de Vallecas se concentraron frente al edificio, en el número 6 de la calle Los Riojanos, en apoyo del matrimonio que, según Ruiz, había depositado los pagos en el Juzgado a última hora del pasado viernes, ya que el propietario se había negado a aceptarlos. En este caso, sólo fue necesario acreditar este depósito ante el secretario judicial, ha agregado Ruiz, para quien se trata de "un caso claro de especulación y ahora el propietario tendrá que intentar la resolución del contrato de alquiler que, al ser de los de renta antigua, están muy blindados".


* Público - EFE - 18.07.11
Foto: La familia se abraza después de que los indignados logren paralizar el desahucio - publico

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Si no pagas, no corres

ELPAÍS/Málaga* : Los miles de conductores que utilizan el eje principal de la Costa del Sol, la A-7, que en estas fechas se multiplican exponencialmente, se han encontrado de buenas a primeras al inicio del verano con que en la mayoría de los tramos entre Estepona y Mijas no podrán circular a más de 80 kilómetros de velocidad, 20 menos que hasta ahora. El Ministerio de Fomento, titular del principal eje viario de la franja costera aduce razones de seguridad para adoptar esta medida tan sorprendente en su ejecución, sin aviso previo, como en su fondo, pues se supone que la autovía está diseñada para admitir velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, como ha sido siempre hasta ahora. El pasado día 5, la A-7 amaneció con nuevas señales de limitación de velocidad, que queda fijada en 80 kilómetros de máxima entre los puntos kilométricos 158,5 y 175,300, entre Estepona y Marbella; y 183,300 y 207,500, entre Marbella y Mijas. En estos 41 kilómetros en total existe como alternativa a la autovía la autopista de peaje AP-7, con dos puntos de pago en Calahonda y San Pedro Alcántara, que en temporada alta cuestan 6,30 euros y 4,25 euros, respectivamente.

Un portavoz del ministerio de Fomento ha negado que la medida de reducción de los límites de velocidad en la vía de libre acceso tenga como objetivo procurar una mayor utilización de la carretera de peaje, ni que la concesionaria, Cintra, haya realizado ninguna petición en tal sentido. "La decisión sólo responde a razones de seguridad, y la prueba es que hay otras autopistas en España con problemas económicos mayores que los de la Costa del Sol y sin embargo no se ha tomado ninguna medida de este tipo", ha argumentado.

Según Fomento, la decisión se inscribe en un "proyecto de mejora de la movilidad y la fluidez" en lo que fue la antigua N-340 y que justamente se acomete ahora porque se intensifica el tráfico. La argumentación técnica es que se pretende dar más seguridad a los puntos de incorporación y salida de la autovía, donde suelen generarse las principales tensiones en cuanto a accidentes y retenciones, y habilitar zonas de aceleración y desaceleración pero que en esta parte de la carretera no caben porque no hay espacio al estar muy constreñida entra las urbanizaciones. La alternativa sería el cierre de estos puntos de incorporación, pero "muchos de ellos son el único acceso a las urbanizaciones que se quedarían aisladas", explica el mismo portavoz, para justificar que la decisión final haya sido reducir la velocidad máxima, aunque al mismo tiempo admite que estos tramos "no son especialmente de los que más índice de accidentes presentan".

La Asociación de Automovilistas Europeos no sólo cuestiona las consideraciones técnicas de la medida y su efectividad para la circulación, sino que aún más duda de su legalidad, ya que la Ley de Tráfico de 2009 obliga a comunicar este tipo de medidas a las autoridades de tráfico con un mes de antelación, algo que curiosamente no se ha hecho en este caso.

La Dirección General de Tráfico no ha tenido oportunidad de emitir pronunciamiento alguno sobre la reducción de la velocidad en la A-7. Preguntada por la cuestión, la delegada provincial de Málaga, Trinidad Hernández, se limitó a informar de que "es una medida adoptada por el Ministerio de Fomento por motivos de seguridad". Algunas críticas con la medida han atribuido a esta motivos recaudatorios por parte de la DGT porque sería previsible un incremento de multas.

También se quejan de la falta de comunicación previa los alcaldes de la zona, que para la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, constituye una "falta de lealtad institucional". "La medida es un despropósito, una irresponsabilidad y una vez más es fruto de la improvisación", lamenta Muñoz.

Los Ayuntamientos de la zona se han situado en cabeza de la riada de protestas por la limitación de velocidad en la A-7, en la que incluso ven en una medida de agravio y castigo político. Ángeles Muñoz por ejemplo se pregunta qué ha hecho su ciudad "para que el PSOE y el Ministerio de Fomento la machaquen una y otra vez cuando lo único que hace es pagar muchos impuestos, aportar recursos y ser conocida internacionalmente". La regidora del PP denuncia que hace un año se paralizara el plan para mejorar la A-7 que anunciaron "a bombo y platillo los dirigentes socialistas" con una inversión de 50 millones de euros y "ahora la solución sea reducir la velocidad si previo aviso para multar a todos los que pasen por Marbella".


*El País - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 17/07/2011
Foto: Mijas (Málaga), calahonda autovia - wikipedia

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Indicadores de capacidad de carga

JOSEP MARIA MONTANER/Barcelona* : Será interesante ver cómo el nuevo Ayuntamiento, de momento con un programa tan indefinido, afronta alguno de los problemas endémicos de la ciudad. Pongamos tres ejemplos: La Rambla, los entornos de la Sagrada Familia y el parque Güell. Los tres son distintos en su configuración, pero tienen en común el colapso que se genera por ser espacios muy delimitados y por demostrar una relación servil y ambigua con el turismo, al no tener en cuenta la capacidad de carga de cada lugar y permitir malos usos.
No se puede negar la degradación que se ha ido produciendo en La Rambla: la última generación de quioscos dedicados al consumo desmerece los precedentes de quioscos para pájaros, periódicos y flores, de formas elegantes, ligeras y con cuatro caras. Posiblemente a cada producto le corresponda su forma, y la de los quioscos para turrones, helados y camisetas ha de ser lo más vulgar posible y han de dar la espalda a la vida urbana de las aceras. La Rambla, que había caracterizado a Barcelona, es hoy una vía que todo barcelonés evita y atraviesa rápidamente, y huye de ella al salir de las bocas de metro. Caminar por La Rambla, tan necesitada de un rediseño del mobiliario urbano, significa entrar en un colapso de turistas de todo tipo que se arremolinan en torno a trileros y estatuas vivientes, y que se sientan en terrazas de bares de falsa variedad.
Por endémico, el problema del exceso de autocares en los alrededores de la Sagrada Familia no ha dejado de ir empeorando. Los vecinos reclaman desde 2008 un mayor control del paso de autocares y hace unas semanas la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Sagrada Familia lanzó la campaña A la caza del autocar turístico mal aparcado, hartos del abuso de centenares de ellos cada día. Hay pocas ciudades que sean tan serviles al permitir que se pueda aparcar justo al lado de la catedral o de los monumentos más significativos. No les iría mal a los turistas caminar un poco más y a los autocares aparcar bien un poco más lejos.

Después de años luchando contra la absurda decisión de hacer pasar el AVE por la calle de Mallorca, hoy la reivindicación alrededor de la Sagrada Familia consiste en poder sobrevivir en un área arrasada por los vehículos del turismo y las tiendas de souvenirs, alrededor de un monumento que reclama un proyecto de encaje urbano.

Y otro enclave extremadamente problemático, y este sí requiere que nuestros queridos turistas vayan en caminata, es el parque Güell, el paisaje mágico de Antoni Gaudí, que la desidia ha dejado como ofrenda a los dioses del negocio turístico. Más allá de la proliferación de esculturas vivientes y del zoco de manteros, lo que pone enfermo a cualquiera con una mínima sensibilidad por el patrimonio es el uso abusivo que hacen algunos visitantes, trepando por las columnas, subiendo a los muros, sentándose en las esculturas y saltando por los bancos. Sabemos que el debate para proteger el acceso al parque Güell es complejo y lleva años sin que la política municipal haya podido encontrar una solución que tenga consenso (rechazado siempre por el partido que hoy gobierna) y que sea justa para todos los actores: un patrimonio que proteger, con acceso libre para los vecinos y con un necesario control de aforo que comporte restricciones para una afluencia masiva que acaba convirtiéndose en vandálica.

Pocas pistas ha dado el actual Ayuntamiento de cómo va a afrontar estos problemas endémicos (y otros, como los equipamientos pendientes en Can Batlló o el freno a la decadencia de Can Ricart), pero estos tres ejemplos pueden ser un buen termómetro para medir si la voluntad genérica de favorecer la vida de los barrios recurriendo a la sostenibilidad y a los medios tecnológicos (con unos técnicos fascinados por la inteligencia artificial y tecnológica) se van a aplicar realmente o no se trata más que de argumentos ideológicos. Estos casos pueden servir como indicadores para ir midiendo si realmente hay una nueva política municipal, capaz de delimitar la capacidad de carga de cada entorno urbano y social, para entenderlo a fondo, protegerlo y mejorarlo, o en realidad va a aplicarse una mirada superficial, con acciones prescindibles que no afronten los problemas clave.
* Josep Maria Montaner es arquitecto.


* El País - Opinión - 14.07.11

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El director de ONU-Hábitat aboga por políticas urbanas para salir de la crisis

EPA* : El director ejecutivo de ONU-Hábitat, el español Joan Clos, hizo hoy un llamamiento a las autoridades locales y los gobiernos nacionales para que impulsen políticas urbanas como mecanismo para contribuir a la salida de la crisis.
"Se requieren compromisos políticos a nivel local y nacional porque no hay duda que puede ser un elemento vital para la salida de la crisis y la generación de bienestar y riqueza", afirmó a Efe el exministro español de Industria y exalcalde de Barcelona, Joan Clos.
Clos recordó que vivimos un momento "crítico" con la aceleración de la urbanización, sobre todo en el mundo en vías de desarrollo, que coincide en el tiempo con un "crecimiento de la pobreza urbana" y la existencia de grandes barrios de favelas. "La salida de este círculo vicioso pasa por una reconsideración de la urbanización como factor que puede generar prosperidad si se realiza adecuadamente", destacó el director ejecutivo de ONU-Hábitat y secretario general adjunto de la ONU.

Preguntado por el urbanismo en España, Clos dijo que uno de los problemas que comparten sus ciudades con otras urbes desarrolladas son las emisiones de gases de efecto invernadero y la necesidad de afrontar la eficiencia energética y la movilidad.
En todo caso, Clos destacó que la mayoría de las ciudades españolas gozan en la actualidad de un buen nivel de infraestructuras urbanas y de una buena capacidad de integración social siguiendo el modelo europeo de urbanización.
Respecto a Latinoamérica, el director ejecutivo de ONU-Hábitat dijo que es una región con una cultura urbanística "aceptable" cuyo principal problema es que presenta un crecimiento "desordenado" de algunas de sus grandes ciudades.
"En América Latina hay una actitud de optimismo en el futuro, de crecimiento económico, que si está bien gestionado puede mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos", añadió Clos.


* European Press - EFE - 15.07.11
Foto: Contaminación, gran Urbe mundial - EPA

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La Unesco exige mejorar la gestión del Plan del Prerrománico en Oviedo

LAVOZDEASTURIAS* : La última alarma que ha saltado con el Prerrománico en Oviedo ha sido el estado de deterioro que presenta la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y su tesoro interior en forma de Apostolado escultórico románico, piezas únicas de su expresión artística. Y cada vez que salta una alarma de este tipo, están vigilando siempre desde Icomos, entidad que asesora a la Unesco sobre los elementos del Patrimonio de la Humanidad. El presidente del comité científico de itinerarios culturales de esta organización, Víctor Fernández Salinas, manifestó a LA VOZ que los problemas de integridad de elementos catalogados como Patrimonio Mundial, como lo es la Cámara, “surgen por un problema en la gestión del Plan del Prerrománico; de hecho, no nos extraña nada lo que está ocurriendo con la Cámara Santa y con el Apostolado escultórico románico”.
El problema para el profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla es preciso: “falta inversión”. Y es que el Plan del Prerrománico, tal y como informó el deán de la Catedral, Benito Gallego, contempla una rehabilitación y saneamiento del interior del recinto, pero se precisa de una inversión de medio millón de euros que no llega. “Hemos visitado recientemente la Cámara y hemos podido comprobar el alto estado de deterioro del conjunto escultórico que hay en el interior”, dijo Salinas.

Y es que, explicaba el profesor, el Plan del Prerrománico “es una hoja de ruta de actuación, pero que no se está cumpliendo; es como si una ciudad no tuviera un Plan General de Ordenación Urbano que establezca qué cosas se pueden construir o no dependiendo de los emplazamientos”.

“Un plan de gestión no puede depender del dinero disponible”, continuaba; “se deben de establecer los criterios de actuación y las prioridades, luego las partidas; claro que pueden verse afectadas por imprevistos. Pero hay que seguir una ruta”, afirmó Salinas. Como ayer hizo el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Oviedo, Alberto Mortera, el representante de Icomos dijo que espera “que el nuevo Gobierno del Principado atienda a estas necesidades del Prerrománico en Oviedo e intervenga en la Cámara Santa para evitar los riesgos detectados”.

Entrevista con Cultura Uno de los primeros pasos que va a dar Icomos con el nuevo Ejecutivo regional es pedir una entrevista con el nuevo titular de Cultura, Emilio Marcos Vallaure. “Creemos que su perfil puede facilitar el entendimiento de los problemas que planteamos con el Prerrománico”, afirmó Salinas. Otro de los asuntos sobre la mesa es el itinerario cultural del Camino de Santiago a su paso por el Principado y la capital. Pero la urgencia se encuentra ahora en el Apostolado románico; la suciedad y el desconchado de las estatuas hacen peligrar la integridad de este tesoro del siglo XIII. “Estamos hablando de elementos que son Patrimonio Mundial de la Unesco; requieren de una atención especial por parte de las administraciones”, añadió.


* La Voz de Asturias - 17.07.11
Foto: La Unesco exige mejorar la gestión del Plan del Prerrománico en Oviedo - lavozdeasturias

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