LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide cuatro años de prisión para Jesús Ruiz Casado y su mujer, Teresa Maldonado Taillefer, administradores de Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias, por un presunto delito de apropiación indebida cometido al quedarse con 1,12 millones de euros entregados por los compradores de viviendas en una exclusiva urbanización de Casares. Los afectados son catorce parejas, dos adquirentes individuales y una empresa que compraron diecinueve casas en la promoción conocida como Hacienda Casares, ubicada en la localidad homónima. La mayor parte de los que se hicieron con viviendas de Aifos son extranjeros de nacionalidad británica. Las cantidades entregadas por las parejas oscilan entre los 51.000 euros y los casi 70.000. Destaca el caso de una empresa que se hizo con cuatro viviendas en la promoción, pagando las siguientes cantidades por cada una de ellas: 69.911 euros, 70.651, 65.101 y 69.951. Todas estas cuantías se hicieron efectivas a lo largo de los años 2003 y 2004, según consta en el escrito de acusación fiscal.
«En cualesquiera de tales supuestos, el resto del precio, hasta completar el pago íntegro de las viviendas adquiridas, quedaba diferido al momento en que se concediera a Aifos un crédito hipotecario, en el cual se subrogaría el adquirente», explica el responsable de la acusación pública en el escrito de conclusiones provisionales, remitido al Juzgado de Instrucción nº6 de Málaga.
Las obras jamás comenzaron
En los contratos se fijaba, explica el fiscal, «de manera expresa», para el supuesto de que el comprador resolviera el documento, «que las cantidades entregadas le serían devueltas con el interés correspondiente». Ello se podía aducir por «expiración del plazo para la iniciación o finalización de las obras», según el artículo tres de la ley 57/68. En el documento contractual se establecía «como fecha máxima de expiración del plazo de comienzo de las obras el 1 de noviembre de 2004», añade el acusador público.
No se iniciaron los trabajos por razones que, «básicamente, pueden centrarse en los retrasos en la urbanización de los terrenos». A ello se había comprometido la vendedora de las parcelas a Aifos, pero la «construcción nunca se alzó» en esa superficie.
«No puede acreditarse por parte de Aifos el haber empleado el dinero recepcionado de los adquirentes en las necesidades derivadas del proceso constructivo. Si hubiera aperturado una cuenta especial donde ingresar las sumas recibidas, sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto, pero no lo hizo, ni ha verificado la restitución de esas sumas por otros cauces», subraya el acusador público.
Calificación fiscal
Los hechos han sido calificados por el ministerio fiscal como un supuesto delito continuado de apropiación indebida, por el que se le piden cuatro años de cárcel a Ruiz Casado y otros tantos a su esposa, amén de sendas multas de 6.000 euros y el abono de las costas procesales. De esa cantidad responderá subsidiariamente Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias.
Asimismo, «por vía de responsabilidad civil, los acusados, de manera solidaria, y la mercantil, con carácter subsidiario, abonarán a los compradores las sumas que entregaron y que se han considerado objeto de apropiación por parte de los encausados», apostilla el fiscal.
La Opinión Málaga - 24.05.11
Foto: Jesús Ruiz Casado, dueño de la empresa Aifos - laopinion
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ELPAÍS/Baleares* : La Fiscalía Anticorrupción solicita 21 años de cárcel para el exlíder del PP de Ibiza, José Juan Cardona, como supuesto autor de los delitos de malversación, asociación ilícita, fraude y cohecho. El político y abogado está acusado de dirigir, mientas era consejero de Industria del Gobierno de Baleares de Jaume Matas, entre 2003 y 2007, una supuesta trama que malversó siete millones de euros de fondos públicos.
El Tribunal Superior le fijó, cuando era aforado, una fianza civil de 2,94 millones de euros. El fiscal responsabiliza al exconsejero de "idear, planificar, desarrollar y ejecutar" un "robo sistemático" mediante una trama de empresas y compañías con "hombres de paja o testaferros".
La dirección del PP de Baleares vetó la presencia en las listas del 22-M del exconsejero de Matas por estar imputado en este escándalo de corrupción denominado caso Scala. José Juan se resistió hasta que se le forzó a dejar la militancia y el escaño de parlamentario balear, paso que finalmente dio en junio de 2010 tras estar unas semanas en la Cámara sin adscripción.
La fiscalía llevará a juicio antes de final de año este caso, en el que también está implicada, entre otros, la gerente de un consorcio público, Antònia Ordinas, persona de confianza de Jaume Matas en las dos etapas de gobierno.
* El País - 24.05.11
Foto: Palma, registro palacete Matas - efe
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RTVE/Agencias* : Los acampados en Sol ya llevan recogidas alrededor de 200.000 firmas desde que se instalaran hace más de una semana en la emblemática plaza madrileña para reclamar un cambio social, político y económico. Así lo ha asegurado el portavoz de la Comisión de Información, Javi, en la asamblea general celebrada este martes en Sol, que, al contrario que en días precedentes, se adelantó a las 10.45 horas para hacer más llevadero el acto debido a las altas temperaturas. Tal y como ha explicado Javi, el objetivo de estas firmas no tiene una "razón legislativa" sino de recabar apoyo simbólico al campamento y ha destacado que "quedan muchas más por recoger".
El documento de recogida de rúbricas señala que "de la manifestación del 15 de mayo ha surgido una asamblea con la idea principal de crear y mantener una acampada permanente hasta al menos el día de las elecciones en la Puerta del Sol, para hacer así visible el descontento social actual". Los abajo firmantes apoyamos esta iniciativa, reclamamos juntos el respeto a nuestros derechos y denunciamos las deficiencias de este sistema" puede leerse en las hojas de firmas repartidas por todo el campamento. "No representamos a ningún partido ni asociación, pero sí nos une una vocación de cambio", añade el escrito. "Queremos demostrar que la sociedad no se ha dormido y que seguiremos luchando por lo que nos merecemos por la vía pacífica" concluye.
Una sociedad que dé prioridad a las personas
Los ciudadanos que firman dan su consentimiento a "una sociedad nueva que dé prioridad a las personas por encima de los intereses económicos y políticos. Queremos demostrar que la sociedad no se ha dormido y seguiremos luchando por lo que nos merecemos por la vía pacífica".
Por otro lado, el moderador de la asamblea general afirmó que los acampados no se irán de Sol "hasta que quienes mandan nos den una respuesta, que la estamos esperando". "Estamos cansados, pero podemos esperar al menos seis días más. Estamos cada vez más organizados", ha indicado, ante el aplauso general de los presentes en la asamblea.
Por otro lado, una portavoz de la Comisión de Respeto ha instado a los acampados a respetar el descanso de los vecinos y que no se hagan "bazucadas" por la noche, así como a consensuar "propuestas concretas". "Nos quedan pocos días", ha agregado, en alusión a que los descontentos han manifestado su deseo de permanecer en Sol hasta este domingo, día en el que decidirán si continuarán o no.
Por último, la Comisión de Feminismo rechazó cambiar este nombre por el de Comisión de Igualdad, como se propuso en la asamblea del lunes, por considerar que "no hemos alcanzado la igualdad de género".
Retirarán los carteles de los comercios
Por otro lado, la asamblea general ha acordado retirar los carteles y pancartas de los pequeños comercios emplazados en la Puerta del Sol y las calles aledañas, tal y como les habían solicitado los comerciantes, pero no de los escaparates pertenecientes a las grandes empresas.
Tras someter esta propuesta a debate, los asistentes a la asamblea han decidido de esta forma rechazar la petición hecha por la Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid (COCEM) para que los acampados retiraran todos los carteles que según varios estudios están influyendo, entre otras cosas, a reducir su volumen de ventas.
Sí ha habido consenso en otros puntos en relación a este aspecto, como el de acceder a despejar las calles cercanas de tiendas de campaña y mantener así la actividad principal del campamento en la Puerta del Sol, aunque está previsto que este y otros asuntos se sigan debatiendo.
Los 'indignados' entran en la televisión murciana
Alrededor de un centenar de 'indignados' han asaltado la sede de la televisión autonómica '7 Región de Murcia' al grito de "no somos violentos", accediendo a sus dependencias, donde han procedido a leer un manifiesto y luego se han marchado, según ha informado un trabajador de la redacción.
Los hechos han ocurrido sobre las 12.45 horas, cuando la Benemérita ha recibido una llamada de la televisión informando que unos 80 jóvenes con pancartas habían irrumpido, a la fuerza, en la sede produciendo, al mismo tiempo, daños en el mobiliario y "dando empujones a los empleados".
* RTVE - 24.05.11
Foto: Los jóvenes acampados en la Puerta del Sol de Madrid en demanda de un cambio político y social mantienen un día más las protestas.EFE/Kote Rodrigo
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LAVANGUARDIA* : José Manuel Naredo, doctor en Ciencias Económicas y estadístico, y Antonio Montiel, profesor asociado de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València, son autores del libro "El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano", publicado por Icaria Editorial.
-En su libro “El modelo inmobiliario español” abordan las consecuencias de un esquema basado en el “urbanismo salvaje”. ¿Ha sido una de las grandes lacras de la herencia franquista a la que la democracia no ha sabido hacer frente?
-José Manuel Naredo (JMN): Efectivamente, creemos que la sobredosis de 'urbanismo salvaje' que ha soportado el país durante el pasado boom inmobiliario, no podría entenderse sin la represión y el despotismo franquista transmutado ahora en el neocaciquismo 'democrático' que nos invade. Aunque otros países hayan alimentado burbujas inmobiliarias sin haber vivido el franquismo, la peculiar forma de hacer, y deshacer, nuestros pueblos y ciudades al margen de la ciudadanía que ha sufrido el país, no hubiera sido posible en otros países europeos que cuentan con ciudadanías con más experiencia en el ejercicio de los derechos de crítica y de participación. En ellos no hubiera sido soportable el aquelarre de operaciones y megaproyectos surgidos al margen de la ciudadanía que ha recorrido nuestro país, movido por el caciquismo inmobiliario imperante.
No en vano gracias a los propietarios extranjeros (no habituados a tragárselo todo) que se vieron directamente agredidos por el 'agente urbanizador' en la costa mediterránea, salieron adelante los tres informes del parlamento europeo denunciando el urbanismo español… Y hace unos días, nuestro ministro Blanco se ha visto increpado en Londres ¡cuando iba a vender viviendas!, y no en España, por las coordinadoras de los muchos miles de propietarios británicos que se sentían burlados por el urbanismo y las promotoras hispanas.
¿El derecho a la vivienda es uno de los grandes fracasos del estado del bienestar?
Antonio Montiel (AM): Fracaso, no sólo del estado del bienestar, sino de los estados democráticos en general, que acostumbran a incluir en sus constituciones el derecho a la vivienda, junto a los otros derechos reconocidos a los ciudadanos, aunque otorgándole una eficacia jurídica más limitada al no establecerse mecanismos concretos para su exigencia.
En España ese fracaso no solo resulta de que el derecho enunciado, al no estar respaldado con desarrollos institucionales y dotaciones presupuestarias, se queda en un mero gesto ceremonial sin valor práctico alguno, sino en que, para colmo, se ha promovido un modelo inmobiliario que contradice abiertamente ese derecho. En nuestro libro se analiza cómo el modelo inmobiliario imperante ha promovido la vivienda como inversión frente a la vivienda como bien de uso, haciendo de España líder europeo en viviendas per capita (la mayoría de ellas libres y en propiedad), pero al ser colista en vivienda social, España es también líder en viviendas secundarias y desocupadas.
Se han multiplicado de manera simultánea las viviendas secundarias y desocupadas y las personas sin vivienda. Como también, las viviendas vacías, e incluso las 'ciudades fantasma' que no han llegado a habitarse, y las personas hacinadas en chabolas e infraviviendas.
¿Qué es lo que peor se hizo y dónde tienen que aplicarse las principales correcciones?
JMN: La paradoja sangrante que ofrece el hecho de que España, tras ser el líder europeo del cemento y del ladrillo, no haya resuelto el problema de la vivienda, evidencia que no era ésta la finalidad de sus políticas. No estamos ante el caso de unos políticos que, pensando siempre en el bien común, se equivocaron o hicieron mal algo. Sino que España es un país de lobbies acostumbrados a tirar, entre bastidores, de los hilos del poder para defender sus intereses, lo que hace que las políticas se muevan a trompicones, respondiendo a la presión que ejerce este o aquel grupo de intereses. Y entre estos lobbies, el del cemento y el ladrillo, que hunde sus raíces en la oligarquía franquista, es uno de los más potentes.
En el libro se explica todo esto y se recuerda que, el mero hecho de que el jefe de la oficina económica del presidente Zapatero, haya pasado directamente a ser el presidente de la patronal de las grandes empresas constructoras, evidencia la estrecha ósmosis que se observa entre el poder político y los lobbies empresariales, esa singular “puerta giratoria” que facilita una escandalosa circulación de personas del ámbito de los negocios al de la política y, especialmente, a la inversa.
Este contexto viciado desde el origen es poco receptivo a las alternativas más razonables que se vislumbran con solo mirar más allá de los Pirineos y acostumbra a ignorarlas por mucho que las hayamos propuesto desde hace tiempo y que hagamos referencia a ellas en un capítulo del libro.
¿Qué responsabilidad sobre lo ocurrido atribuyen a los diferentes gobiernos en España, a las entidades financieras y a promotores y constructores?
AM: El modelo inmobiliario español es fruto de un devenir histórico complejo, con muchas responsabilidades compartidas. El empeño de Arrese -ideólogo de Franco y primer ministro de la Vivienda- de superar el déficit de viviendas y de promover la vivienda en propiedad para contribuir con ello a hacer 'gente de orden', vino a culminar medio siglo después de haberlo enunciado y un cuarto de siglo después de muerto Franco. Si algo quedó atado y bien atado desde entonces fueron la práctica del 'pelotazo' inmobiliario y la promoción de la vivienda en propiedad, que siguieron extendiéndose con la democracia, hasta convertir durante el pasado boom a España en líder europeo en este campo, haciendo del negocio inmobiliario la verdadera industria nacional... y extendiendo el virus de la especulación por todo el cuerpo social.
En este contexto las reuniones de expertos convocadas por la Administración acerca de la vivienda que hemos conocido, producen la impresión de ser reuniones de la patronal del sector y no de una administración pública que tratara de gestionar, en régimen de escasez y en beneficio de la comunidad, esos dos stocks fundamentales que son el suelo y el patrimonio construido, o de regular el urbanismo y la actividad constructiva. El propósito parecía siempre animar el negocio inmobiliario, en vez de regularlo. Así, cuando la mayoría de los municipios de España preveían multiplicar varias veces su parque de viviendas -y decían también ¡su población!-, cuando la burbuja inmobiliaria se inflaba peligrosamente devorando el ahorro, endeudando al país y concentrando los riesgos de la banca, las administraciones y los políticos miraban para otro lado.
Al igual que en Irlanda, ha sido el característico triángulo formado por elites fuertemente cohesionadas, inmobiliarias, financieras y políticas, el responsable de haber dejado que la burbuja se inflase hasta el estallido final, amparado en ambos casos en un bipartidismo complaciente con el modelo inmobiliario imperante.
¿Cuándo y cómo prevén que se empiece a digerir el 'stock' de vivienda nueva sin vender y cuándo calculan que se pondrá el contador a cero? ¿Hay que plantearse la demolición de edificios?
JMN: El pasado boom nos ha dejado un stock inmobiliario sobredimensionado e ineficientemente utilizado, transformando en exceso, el déficit de viviendas que justificaba el tradicional empeño de promover la construcción. España no solo es el país europeo con más viviendas per capita (aunque con menos viviendas sociales y con más viviendas secundarias y desocupadas), sino que tendrá que dar salida al enorme 'stock' de viviendas en busca de comprador. Si a las viviendas nuevas y usadas en venta se añaden aquellas otras en construcción y en proyecto, este 'stock' supera largamente los dos millones de unidades.
Esta desmesurada oferta se topa hoy con una escuálida demanda, cuyo componente especulativo y turístico se ha desinflado con la crisis, a la vez que decaían las expectativas de revalorización y repuntaba el tipo de interés. Además, la demanda efectiva de vivienda de nuestros hogares (los más endeudados de la UE) acusa, tanto el declive de la población inmigrante, como la de los nuevos demandantes autóctonos (de 25 a 45 años) especialmente castigados por el paro y los recortes sociales y salariales, los cuales contarán en buena parte con viviendas heredadas de sus mayores.
El 2010 ha sido el primer año en el que ha empezado a rebajarse el enorme 'stock' de viviendas en venta, al haber caído la construcción por debajo de las compras; a este ritmo, se tardaría más de un lustro en digerir el 'stock', siempre que se dejasen abandonadas parte de las construcciones en curso. Pero la duración del ajuste dependerá de las políticas que se adopten y de la flexibilidad y transparencia de los precios inmobiliarios, y es aquí donde fallan tanto las políticas, como la información sobre el mercado inmobiliario, cuestiones necesarias ambas para agilizar y hacer social y económicamente más llevadero el ajuste.
Por una parte debería elaborarse un plan de reconversión del sobredimensionado e infrautilizado stock de suelo y viviendas, orientado a conectar eficientemente viviendas vacías y personas sin vivienda y a reconstituir a precio de saldo el casi desaparecido stock de vivienda social, las dotaciones de suelo público y a decidir con conocimiento de causa los posibles casos de demolición. Este plan de reconversión debería formar parte de la hasta ahora ignorada reforma del modelo inmobiliario, aun cuando resulta mucho más perentoria que las del mercado de trabajo y las pensiones, que nos han metido de clavo para dar gusto a la patronal.
Por otra parte, la flexibilidad y transparencia de los precios inmobiliarios deja mucho que desear. Es aquí donde la falta de información de precios de mercado y la valoración del stock inmobiliario en manos de los principales implicados en la situación actual (bancos, cajas y promotoras hipotecadas) con precios de tasación inflados, están retrasando el ajuste. La Administración debería de suplir estas carencias recabando y divulgando información agregada sobre los precios de mercado y de subastas inmobiliarias hoy por hoy inexistente.
Los principales agentes de opinión internacionales denuncian que la vivienda continúa en España muy sobrevalorada. ¿Hasta cuándo van a seguir bajando los precios?
AM: Han pasado ya cuatro años desde que, en mayo de 2007, los precios de los anuncios de venta de viviendas empezaron a caer. Los precios de tasación empezaron a hacerlo casi con un año de retraso, moderando esa caída. Y en el primer trimestre de 2011 los precios de la vivienda de anuncios y tasaciones han acelerado su caída y seguirán cayendo mientras no se digiera el sobredimensionado 'stock' de viviendas en venta al que acabamos de referirnos. Sobre todo cuando los mayores síntomas de recesión (el aumento del paro, de las suspensiones de pagos, unidos a los recortes sociales) contribuyen a enfriar todavía más la demanda de viviendas.
El problema estriba en que, con la crisis, los propietarios más necesitados de liquidez acaban vendiendo bien por debajo de los precios de tasación, de los precios de los anuncios e, incluso, de los valores catastrales. Pero los precios de compraventa de estas operaciones no salen en la foto de nuestras precarias estadísticas. Los 'agentes de opinión internacionales' a los que se refiere en su pregunta suelen referirse a los precios oficiales de tasación, que como ya hemos indicado acumulan una caída mucho más moderada de la que evidencian los precios de los anuncios y más aún de los precios efectivos de compraventa o de subasta. Por lo tanto no es extraño que piensen que los precios tienen que acentuar su caída, aparte de que el panorama descrito así lo sugiere.
Promotores y constructores insisten en que la construcción tiene que seguir siendo el motor del PIB en España. ¿Cómo va a quedar el sector dentro de un par de años?
JMN: La esperanza del repunte a dos años vista será vana, porque llevará algo más tiempo digerir el 'stock' de viviendas en venta y permitir que se recupere el ahorro y se rebaje la deuda de los hogares… y el posible repunte que finalmente podría producirse, sería mínimo con relación a los niveles de negocio alcanzados durante el boom.
Dentro de un par de años lejos de repuntar la actividad, pensamos que se habrá profundizado más la crisis del sector inmobiliario, que la banca está refinanciando cada vez con más dificultades. Más de la mitad de las promotoras, que están hoy en quiebra técnica (es decir, que el valor de mercado de sus activos no llega hoy a cubrir el de sus pasivos exigibles), no podrán devolver los créditos y tendrán que acabar desapareciendo y/o cayendo en manos de sus acreedores y arrastrarán en su caída a una nube de empresas constructoras y/o dependientes de ellas. Este será el panorama si, como resulta previsible, la depresión prosigue y no se plantea ningún plan de reconversión del sector como el antes apuntado, ni del modelo inmobiliario que nos ha traído a tan lamentable situación.
Este final caótico parece asegurado cuando además los dos partidos más votados han sido cómplices de la situación actual y, al menos de momento, no muestran ninguna voluntad de cambiar las reglas del juego para reconvertir la economía española hacia patrones europeos más viables.
* La Vanguardia - Ya Encontré - Marta Vallribera - 24.05.11
Foto: Antonio Montiel (izquierda) y José Manuel Naredo (derecha), en el acto de presentación en Barcelona de su libro, a cargo de Joan Martínez Alier (centro), catedrático de Economía e Historia Económica de la Universitat Autònoma de Barcelona. ICARIA EDITORIAL
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ELPAÍS/Reportaje* : Un millón de pisos vacíos y 300.000 familias desahuciadas. Algo no cuadra en las cuentas de las viviendas españolas. La crisis del ladrillo se llevó por delante al propio Ministerio de la Vivienda (ahora bajo Fomento). Y ha despertado un entramado de rentables desajustes entre inmobiliarias y bancos que ha dejado a buena parte de la población consciente de su inconsciencia al aventurarse a firmar una hipoteca que nunca debieron contratar. Con todo, más allá de poner en cuestión la costumbre nacional de comprar vivienda en lugar de alquilarla, y de plantear por qué sucede eso, la crisis también ha servido para poner en crisis tipos de construcción y para preguntarse si son los arquitectos de más renombre los que han firmado las mejores viviendas.
Por lo visto, en los últimos años la respuesta es que no. En España, equipos jóvenes y nacionales concentran los más recientes galardones de arquitectura en los que han competido con profesionales galardonados con el premio Pritzker. Ha quedado claro que la osadía arquitectónica, el genio o la búsqueda de cualidades públicas no hace las mejores viviendas. En los bloques de los barrios, el trabajo no se ve. Se vive dentro. Apenas sale en las revistas, pero cambia la vida de los ciudadanos. ¿Por qué los arquitectos más reconocidos no firman las mejores viviendas?
"Lo que requiere la investigación en vivienda social es tiempo, tiempo para conocer las condiciones locales: los materiales, los sistemas constructivos, los clientes y las costumbres", explica el arquitecto Jaume Coll (Palma de Mallorca, 1964), ganador con Judith Leclerc (Montreal, 1967) del último Premio Nacional de vivienda de Cataluña. Y, al parecer, son muchos los arquitectos estrella con poco tiempo para pisar el solar. En la lista de los Pritzker, de Frank Gehry a Norman Foster pasando por Rafael Moneo, solo el portugués Álvaro Siza ha levantado vivienda social en varias ciudades del mundo. Pero no deja de ser curioso que ni siquiera el arquitecto comunista Oscar Niemeyer se haya preocupado nunca por levantar vivienda social. "Se trata de ajustarse en todo, incluidos los propios honorarios", continua Coll. Así las cosas, ¿A qué obedeció la fiebre por contratar estrellas de la arquitectura como el británico David Chipperfield, el norteamericano Thom Mayne o los holandeses MVRDV para transformar barrios como los madrileños Carabanchel y San Chinarro?
Miguel Ángel Prieto, arquitecto y director de proyectos y obras en la Empresa Municipal de la Vivienda y el suelo de Madrid (EMV) reconoce que las intervenciones de esos proyectistas de éxito mundial no han sido siempre aplaudidas por los ciudadanos. Cree que a veces incluso han muerto de éxito, "generando un turismo arquitectónico que al final molesta a los usuarios". Explica que la idea de contactar a estrellas internacionales quería contaminar su producto de excelencia: "Era un momento en que podíamos buscar otras fórmulas no solo para contentar al usuario sino también para colaborar en la construcción de otra imagen de la ciudad". Aunque muchas de esas estrellas eran invitadas (frente a la participación en concurso que se les exige a los españoles) asegura que no trabajaban con presupuestos más holgados. Hoy, el edificio Carabanchel 21 que se está concluyendo, es el último de esa serie. Lleva la firma del autor del Isozaki Atea de Bilbao o del Palau Sant Jordi de Barcelona, el japonés Arata Isozaki, y el presupuesto por metro cuadrado es, indica Prieto, de 500 euros.
En Sevilla, el sociólogo y urbanista Luis G. Tamarit no opina lo mismo. Él estuvo a cargo de la política de vivienda en Andalucía. Y, entre 1988 y 2008, potenció la vivienda de autoconstrucción que daba trabajo a los jóvenes, resultaba un 40% más barata que la de promoción pública y enlazaba con la tradición de la zona. Levantó 3.500. Pero algo ocurrió. "Cuando llegó la ola neoliberal, la autoconstrucción rechinaba con una política "moderna" de vivienda. Parecía algo antiguo, poco eficaz. Fue sustituida por nada", se lamenta. Hoy Tamarit se dedica a la cooperación internacional. En Marruecos y en Sudamérica no les parece que la autoconstrucción sea una manera poco eficaz de levantar viviendas.
Si funcionaron las estrellas, ¿por qué no se ha vuelto a contar con ellas? "Los tiempos han cambiado y sentimos que debemos apoyar a los arquitectos con concursos abiertos y puestos de trabajo", responde Prieto, de la EMV. Él considera que los arquitectos jóvenes "son los que tienen mayor empuje y más ganas de innovar y romper pautas", pero asegura que eso no siempre se traduce en mejores viviendas. Los últimos premios no le dan la razón.
"El trabajo en la vivienda social es muy difícil. Tiene presupuestos y honorarios ajustados y requiere una gran dosis de ilusión, dedicación y austeridad, parámetros más vinculados a los estudios jóvenes que a los establecidos", explican los arquitectos David Casino (Santander, 1975) y Bernardo Angelini (Caracas, 1973). Ellos han ganado este año el mayor premio de la Bienal Española de Arquitectura por unas viviendas sociales en Mieres (Asturias) tras haber pasado por los estudios de Zaha Hadid y Alejandro Zaera. Por eso sostienen que el hecho de que la vivienda social sea uno de los campos en los que la Administración ha organizado más concursos de acceso libre ha supuesto una vía para que los estudios jóvenes pudieran emprender su carrera profesional. Ellos lo han hecho. Pero su fórmula no ha sido la de "construir la imagen de la ciudad" que mencionaba Prieto. Se han concentrado en repararla. Así, al describir sus viviendas ganadoras en Mieres, hablan de "romper el patio tradicional". ¿Romper, desencajar nos retrata como sociedad? "Es más inteligente cambiar las cosas a partir de lo existente y conocido, pues sabemos cómo funciona. Eso es aplicable a una sociedad, pero nosotros remodelamos un urbanismo rígido que no funcionaba. Lo hicimos dialogar con el paisaje e introdujimos el sol en la plaza interior de las viviendas". Eso fue todo.
Jaume Coll cuenta que el término indio jugaad significa "la improvisación creativa con recursos limitados". Se trata de un tipo de creatividad que surge de abajo a arriba: "El operario es el que sabe cómo hacer una pieza más barata". Y recuerda que el propio Vikas Swarup, diplomático y autor del guión de ¿Quiere ser millonario? lo explica en la película. "Hay que impregnarse de esta actitud para desarrollar vivienda social novedosa que apunte al futuro", insiste. Experto en vivienda social, el año pasado sus pisos en Pardinyes, el barrio trasero de la estación del AVE en Lleida, fueron premiados por acercarse a la gente. Los pisos, de alquiler y 58 metros cuadrados, fueron considerados la mejor vivienda social levantada en Cataluña por estar diseñados con las ventajas de los espacios abiertos pero evitando sus sacrificios. Así, sin desperdiciar un centímetro, Coll y su socia, Judith Leclerc, demuestran que es posible vivir sin estrecheces físicas -gracias a un juego de puertas correderas que permite sumar espacios-, pero a la vez consiguen rincones para la intimidad. La clave está en que han sabido dividir los metros sin romperlos.
También en Parla (Madrid) los proyectistas Oscar Rueda y María José Pizarro viven en una vivienda de protección oficial y han aprendido en carne propia las ventajas de aprovechar el espacio. Por eso, los pisos que ellos mismos han diseñado con amplias zonas comunitarias, protección solar y recogida de agua en cubiertas son espacios transformables, como la propia vida de sus jóvenes habitantes.
Son muchos los proyectistas que coinciden en que el problema estriba en que lo que cambia la vida de la gente no es solo el edificio donde se encuentra su vivienda. Es clave cómo se relaciona este con el barrio. "Hemos pasado muchos años preocupados por una arquitectura de objetos en lugar de preocuparnos de diseñar la ampliación de la ciudad. Ahora nos toca reparar", explica Luis Diaz-Mauriño. Él, Mónica Alberola y Chinina Martorell ganaron el premio a la mejor vivienda social en la última Bienal de Arquitectura española, el termómetro que juzga dos años de arquitectura nacional. Con todo, Casino y Angelini son más optimistas: "Empezamos a vislumbrar algunos cambios que hacen pensar que después de muchos años de culto al edificio autista, la arquitectura comienza a reconectar con la sociedad y también con el lugar; sin embargo, todavía hay un ADN urbanístico previo que dificulta este cambio. Sería interesante plantear propuestas que modifiquen ese patrón (que diferencia radicalmente lo público y lo privado) y que permitieran generar espacios intermedios que retomen el diálogo con la calle".
Desde Barcelona, también Emiliano López (Buenos Aires, 1971) sostiene que el problema principal es el urbanismo. "Los planeamientos con los que se están proyectando las periferias de las ciudades no están poniendo en valor la calle. Plantean densidades demasiado bajas para que existan comercios que animen la calle. No tienen escala de peatón, funcionan a la escala del vehículo y con un centro comercial que aglutina servicios, comercio, ocio, y hasta cultura. Un disparate", opina. Él y Mónica Rivera (San Juan de Puerto Rico, 1972) ganaron el premio FAD de arquitectura con un edificio de viviendas de alquiler para menores de 35 años, en Sant Andreu (Barcelona) en el que construyeron un espacio flexible de terrazas-corrala que hacía posible desayunar al sol para invitar a la convivencia entre vecinos.
Una fórmula parecida fue utilizada en Huesca por Alejandro San Felipe y Francisco Lacruz cuando diseñaron un edificio, con puertas de acceso a los pisos por la terraza, que también se hizo con el galardón a la mejor vivienda de protección oficial en el año 2006. Todos esos premios de vivienda social hablan en voz alta. Se valora lo necesario por encima de lo anecdótico. Se aplaude la obra de unos arquitectos desconocidos por encima de trabajos de otros proyectistas, incluso arquitectos con el Premio Pritzker, autores de viviendas peor resueltas. De la misma forma que un gran chef no tiene tiempo de pelar patatas, puede que una estrella de la arquitectura se haya alejado ya, irremediablemente, de la vida en 50 metros cuadrados.
"Los arquitectos compiten a ver quién hace el bloque más divertido, colorido y banal que no deja de ser entendido como un objeto. Y la suma de objetos no hace ciudad", sostiene López. La antigua preocupación por la calle, discutida desde los años sesenta, ha vuelto con la crisis al debate arquitectónico. Y los que mejor conocen la calle está claro que son los que la patean a diario.
No todas las VPO tienen que ser iguales
A pesar de que sigue sin haber casa para todos, las viviendas de protección oficial (VPO) son hoy más sostenibles que nunca. Una directiva de la Unión Europea fija que, para 2020, los pisos tengan un consumo de energía casi nulo y que esa energía provenga de fuentes renovables. El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación trabaja para adaptar el código técnico español a esas normas. Pero además, el último aprobado en 2008 por la entonces ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, definió pisos a la carta: diseñados según las necesidades de cada familia. Así, los pisos ya no tienen que tener una dimensión específica, aunque el Estado financie hasta 90 metros cuadrados. Y existen alojamientos protegidos, de alquiler, para colectivos vulnerables (mayores, víctimas de violencia de género, familias monoparentales, personas con discapacidad) y colectivos específicos (de la comunidad científico-universitaria). "La diferencia respecto a las viviendas comunes es que los alojamientos disponen de una parte de usos privados para las personas y de otra de servicios comunes como lavandería, salas de ocio o estudio", explica la hoy secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Los actuales planes estatales de VPO incluyen la rehabilitación y en su redacción participan representantes de los ciudadanos: "Uno de cada sindicato, uno del Consejo de la Juventud, uno del Consejo Estatal de las Personas Mayores, otro del Consejo de Consumidores y Usuarios, del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y del Consejo de la Discapacidad", explica Corredor.
También asegura que el diseño es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que no todas han legislado sobre este tema: "Algunas son muy flexibles y facilitan la innovación, otras adolecen de una excesiva regulación que dificulta la adaptación a nuevas situaciones y usos", asegura sin querer especificar más. "Sería deseable una mayor homogeneidad y flexibilidad en estas normas", sostiene. La exministra valora las nuevas VPO como "adaptadas a la austeridad y a las necesidades de quienes las habitan". "Nuestra arquitectura sigue cosechando importantes premios pero quizás ya no tanto por la espectacularidad de los diseños como por su adaptación a las necesidades de los usuarios", dice. La recuperación de la vida en la calle y la reactivación del comercio de proximidad son hoy, sostiene, ejes estratégicos de la política estatal de vivienda: "La idea es avanzar hacia el modelo europeo de ciudad, frente al desarrollo extensivo de barrios periféricos que primero aíslan a sus vecinos y exigen después nuevas infraestructuras y equipamientos", dice.
* El País - ANATXU ZABALBEASCOA - 24.05.11
Foto: Edificio de vivienda social, diseñada por Consuelo Martorell, Mónica Alberola y Luis Díaz-Mauriños, para la plaza General Vara del Rey en Madrid.- elpais
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LUIS POUSA/Galicia* : Las ciudades, las villas, los pueblos constituyen el principal espacio social donde transcurre la vida cotidiana. Desde la antigüedad, las gentes se han agrupado y de esa agrupación han surgido núcleos urbanos que se han estructurado y vertebrado como lugares de encuentro e intercambio tanto para facilitar su existencia y prosperidad como para asegurar la protección colectiva. Su evolución ha llevado, en el estadio actual, a grandes áreas urbanas y metrópolis. Esos nuevos espacios de concentración atraen a nuevas gentes de distintas culturas y deben prepararse para acoger y gestionar la diversidad. De lo contrario, el comercio no prosperará, los ritmos de desarrollo cultural y tecnológico se ralentizarán y las ciudades, en vez de cobrar dinamismo y ser espacios de interacción humana, se convertirán en conjuntos estáticos embargados por la decadencia.
En Galicia, esos problemas se agravan como consecuencia de los problemas demográficos que padece: una de las más bajas tasas de reposición de Europa y un grado de envejecimiento de la población que empieza a rozar el límite de lo sostenible.
Ninguna de éstas y otras cuestiones, como el despoblamiento, el urbanismo, las periferias residenciales, el sistema de transportes, el impacto en el medio ambiente, la incorporación de las nuevas tecnologías, etc, han sido los protagonistas de las elecciones del 22-M. Tampoco lo han sido el grave problema de financiación que aqueja a los ayuntamientos y los ajustes que, necesariamente, tendrán que adoptar las nuevas corporaciones salidas de las urnas.
Todas esas cuestiones han sido tratadas como secundarias, al imponerse la agenda trazada por el PP de convertir el 22-M en un plebiscito a la gestión de la crisis por Zapatero. La resistencia de los socialistas a dejarse atrapar en esa trampa ha durado poco, pues también el resto de las fuerzas políticas hicieron suya la agenda fijada por los populares. Y por esa misma senda han ido los medios de comunicación.
Conocidos los resultados, los análisis se centran ahora en el reparto del poder y en las consecuencias que esa nueva distribución del poder tendrá sobre las próximas elecciones generales. Sabemos quienes ganaron y quienes perdieron; sabemos quienes a partir de ahora gobernarán nuestros municipios, pero sabemos poco o nada de sus programas y de sus estilos. Ni siquiera sabemos si tienen programas y si estos se sustentan en un modelo de ciudad, o simplemente ofrecen un contenedor, más o menos repleto, de propuestas inconexas, hilvanadas para salir del paso.
Son tantas las respuestas que quedaron sin preguntas, que cabe preguntarse si, de verdad, ¿ha habido elecciones municipales? Más bien, no. Ha habido una batalla política por el control de un ámbito de la Administración, cuyo papel ha sido subordinado a los intereses del poder central y el Estado de partidos, en detrimento de los intereses de los ciudadanos, aunque estos hayan sido cómplices en contra de sí mismos. No era ese el sentido formal de la convocatoria.
* El Correo Gallego - Opinión - 24.05.11
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ELPAÍS/Madrid* : Los acampados en Sol no tienen intención de marcharse. A pesar de las voces contrarias, la asamblea soberana decidió este fin de semana prolongar la acampada una semana más y allí tienen intención de quedarse hasta el domingo que viene. Ayer, la vida seguía en Sol. La comisión de infraestructuras andaba pidiendo a los simpatizantes "una escalera y andamios"; la de comunicación buscaba entre los voluntarios "correctores de estilo" y "traductores" y a las 20.30 se dio un taller de formación a los nuevos portavoces. Estas son algunas de las últimas novedades por Sol:
Orden doméstico. El reparto gratuito de comida se ha convertido en un foco de problemas, pues ha atraído a gente necesitada pero también a pícaros. Tras comprobar que se estaba revendiendo la comida, ayer se intentó poner coto a la entrega indiscriminada de alimento. Se propuso reservarla a los voluntarios de la acampada, lo que desató la ira de quienes no forman parte de la organización. La propuesta, de momento, no ha prosperado. Desde la megafonía se pidió respeto para la comisión de alimento, y se advirtió de la presencia de carteristas. Por otra parte, se ha creado el punto de objetos perdidos, pues también se encuentran objetos sin dueño. Por último, ayer también se debatía cómo desvincularse de una manifestación que la rama del metal del sindicato CNT ha convocado hoy a las 19.00 en Sol para protestar "Contra los recortes y privatizaciones del PP".
La psicosis del desalojo. Las redes sociales, aliadas del movimiento, ayudaron ayer a provocar situaciones de alarma entre acampados, periodistas y simpatizantes. Sobre las tres de la tarde, algunos alertaban en Face-book del desalojo de la Puerta del Sol. El bulo se vio alimentado por el anuncio del supuesto desmantelamiento del campamento de Granada. Desde la megafonía, la organización negó que en Granada se hubiese desalojado la acampada. Sobre las seis, la noticia se trasladó a los móviles, añadiendo que Sol se estaba "llenando de lecheras", pero en la plaza, los furgones policiales seguían en el mismo sitio, ante la sede de la Comunidad y sin movimiento. El 15-M, por si acaso, ya ha presentado su protocolo ante un posible desalojo, que aconseja, entre otras cosas, "mantener la calma", "ofrecer una resistencia pasiva en forma de sentada fuera de las carpas", "obedecer a las instrucciones de la megafonía" y "llevar siempre el DNI". Y una cosa más: tener preparado en el móvil el siguiente SMS para enviarlo en caso de intervención policial: "Están desalojando la acampada. Ven a defenderla. Pásalo".
¿Un movimiento atascado? Uno de los grandes retos de los acampados es poner orden en su funcionamiento para que no acabe devorado por su propio caos e intentar estructurar propuestas concretas. "Que la acampada decida adónde queremos llegar, para que no nos desunamos con tantas propuestas distintas", pedía ayer a la asamblea un hombre de unos 40 años. En estos días se han presentado a los asistentes propuestas de todos los colores: desde la reforma de la Ley Electoral General a la convocatoria de una marcha desde Pitis hasta el palacio de la Zarzuela para pedir cuentas al Rey a la creación de una comisión de espiritualidad. Ayer varios pidieron en la asamblea que la acampada se centre en lo que les une y no en lo que les separa. Por la tarde, la comisión de asambleas mantenía su propia asamblea para mejorar la eficacia de sus reuniones diarias. Se nombraron moderadores, facilitadores, dos secretarios del libro de actas, así como aprendices de los moderadores.
La esperanza: los barrios. La extensión de barrios trabaja contra reloj para tener a punto las asambleas que se han convocado este fin de semana en todos los barrios de Madrid. Desde la web madrid.tomalosbarrios.net informan de las diversas asambleas que se van convocando (ayer figuraban 52) y se ha colgado una propuesta de metodología con consejos organizativos y en la toma de decisiones que ayuden a lograr asambleas "saludables".
Los comerciantes se impacientan. Las tiendas de Sol y alrededores han sufrido pérdidas de entre un 30% y un 40%, según ha informado el presidente de la Confederación de Comercio de Madrid, que ha ha pedido una reunión urgente con la Delegada del Gobierno para exigirle que termine la concentración.
* El País - 24.05.11
Foto: El campamento del Movimiento 15-M, reflejado en una tienda de paraguas y abanicos de la Puerta del Sol - elpais
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NUEVATRIBUNA* : Ecologistas en Acción presenta una batería de propuestas factibles y realistas que responden a las competencias que tienen estas administraciones. Entre ellas destacan las concernientes al urbanismo, la gestión de residuos y la movilidad.
La celebración de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo es un buen momento para asumir propuestas que respondan a los desafíos ambientales que tenemos por delante. Unas respuestas que permitiría mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y ayudar a dar una salida social y ambiental a la crisis.
Urbanismo
•Detener el crecimiento urbanístico, mientras no se de salida al stock de viviendas vacías existente en la actualidad.
•No reclasificar más suelo rústico a urbanizable.
•Poner en marcha planes de diversificación de fuentes de financiamiento municipales que hagan prescindibles los ingresos por reclasificación urbanística.
•Aportar por políticas de alquiler público.
Calidad del aire y transporte
•Mejorar la calidad aire de los municipios mediante medidas centradas en la limitación de la circulación de automóviles. Para ello será necesario redactar Planes de Movilidad Sostenible ambiciosos que apuesten por el transporte público y la bicicleta.
•Paralización de la construcción o ampliación de grandes infraestructuras de transporte autonómicas o municipales, ya sean autovías, aeropuertos o puertos.
Energía
•Diseñar y aplicar un plan de reducción del consumo de materia y energía en el municipio y la comunidad autónoma que incluya la eficiencia, pero que vaya mucho más allá tomando medidas como la reducción del alumbrado público.
•Poner en funcionamiento planes de fomento de las energías renovables a nivel autonómico con la apertura de vías de financiación y la facilitación administrativa. Estas medidas, además, ayudarán a crear nuevos empleos.
oDeclarar el municipio como desnuclearizado aprobando dicha declaración en el Pleno.
Residuos
•Implantar un sistema de recogida selectiva de los residuos biodegradables para poder elaborar un compost de alta calidad.
•Poner en marcha planes de reducción de la producción de residuos, tipo “residuo cero”.
•Eliminar la incineración como mecanismo de tratamiento de las basuras.
Agricultura
•Declarar el municipio y la comunidad autónoma como Zona Libre de Transgénicos, uniéndose a la Red Europea de Zonas Libres de Transgénicos. Esto implica la no plantación ni comercialización de organismos modificados genéticamente.
•Fomentar los circuitos cortos de producción y distribución.
Agua
•Establecimiento de un sistema de tramos en la tarifa del agua, de tal manera que el precio de la misma se incremente sustancialmente conforme aumente el consumo.
•Cumplir los mínimos marcados por la UE en cuanto a la calidad de la depuración de aguas.
Administración
•Realizar ecoauditorías a los edificios dependientes de las administraciones y actuar en consecuencia con los resultados de las mismas para minimizar el consumo energético.
•Poner en marcha un sistema de compras públicas centradas en el consumo de productos locales y producidos con criterios ambiental y socialmente sostenibles.
Ecologistas en Acción recalca que es una organización de carácter social, totalmente independiente de los partidos políticos y de las administraciones, que no apoya ninguna candidatura política.
* Nueva Tribuna - 23.05.11
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
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PÚBLICO* : Los comicios del domingo confirman que el PP ha afrontado la corrupción con un coste electoral que se aproxima a cero. Pero constatan, también, que el caso Gürtel ha echado un pequeño borrón sobre la cuenta de resultados electorales de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, presidentes de las dos comunidades donde la red corrupta operó a sus anchas y obtuvo decenas de millones en contratos públicos. Aguirre y Camps retroceden en votos y porcentaje respecto a las autonómicas de 2007. El president valenciano baja un 3,64%; su homóloga madrileña, el 1,55%. Traducido a sufragios, lo anterior significa que Camps ha recibido 68.855 papeletas menos que hace cuatro años. Y Aguirre, 47.502 menos.
Camps pierde el grueso de esos 68.885 votos en Valencia, escenario principal de OrangeMarket. Es decir, de la franquicia levantina de la red Gürtel, que obtuvo más de siete millones en contratos públicos de la Generalitat y que presuntamente pagó los trajes por cuya aceptación Camps está en espera de juicio por cohecho pasivo impropio (soborno en su grado más leve). En el conjunto de la circunscripción valenciana, el PP registra ahora en las autonómicas 54.145 sufragios menos que en 2007. En la ciudad del Turia, Rita Barberá, aun manteniendo su mayoría absoluta, pierde un 4,33% de sus votos anteriores y un edil.
En un contexto de euforia azul, Aguirre y Camps bajan teniendo como gran denominador común el escándalo de la Gürtel.
Hay otras dos comunidades, de las 13 que celebraron autonómicas el domingo, donde el PP obtiene peores resultados que en 2007. Pero en las dos concurren elementos excepcionales: en Asturias, la irrupción de Francisco Álvarez-Cascos; en Navarra, la ruptura de 2008 con UPN, bajo cuyas siglas había acudido el PP hasta ahora a las urnas en la Comunidad Foral.
A efectos prácticos, la factura es mínima tanto en el País Valencià como en Madrid: la debacle del PSOE ha otorgado un diputado más al PP en Les Cortsvalencianas. El beneficio ha sido aún mayor para Aguirre, que gana cinco escaños.
El arañazo en la granítica fachada electoral de Aguirre tampoco posee efectos prácticos en el mapa municipal, aunque sí se detectan signos de malestar. En los cuatro municipios madrileños donde la operación Gürtel se saldó con la imputación de sus respectivos regidores, el PP ha renovado mayoría absoluta con nuevos candidatos.
Pérdida de ediles
Pero las revalida perdiendo cuatro ediles en Boadilla (de 16 a 12), dos en Majadahonda (de 14 a 12) y otros tantos en Pozuelo (de 19 a 17). En cambio, gana dos (de 12 a 14) en Arganda del Rey, escenario del pelotazo urbanístico destapado en el caso y que reportó al considerado jefe de la red, Francisco Correa, una comisión ilegal de 13 millones.
A diferencia de Aguirre, que se libró de los imputados en Gürtel, Camps afrontó las elecciones con sus listas cargadas de presuntos implicados en ese episodio de corrupción y en el caso Brugal.
El president de la Generalitat ha logrado que una decena de dirigentes involucrados en presuntos manejos turbios renueven sus actas de diputado a Les Corts. Como subrayaba el jueves The New York Times, Camps ha buscado lavar en las urnas la mancha de la corrupción. Igual que Berlusconi, subrayaba el rotativo más influyente del mundo. A priori, su triunfo electoral no le salva de su imputación en el caso de los trajes ni de que las cuentas del PP sean finalmente investigadas por el Tribunal Superior valenciano (TSJCV), que ha dejado pasar el 22-M antes de pronunciarse.
Pero, salvo en un puñado de municipios no muy relevantes, excepto la alicantina Orihuela, la maniobra le ha salido bien. Por ejemplo, refuerza su mayoría absoluta la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cuya imputación pide Anticorrupción por el otro gran caso de corrupción valenciana, el Brugal. Su candidatura municipal ha logrado 11.739 votos más que la lista presentada por el PP en 2007. Y eso significa que Castedo gobernará con 18 concejales, frente a los 15 del anterior mandato.
Y en Orihuela, la imputada en el caso Brugal Mónica Lorente ha ganado 652 votos adicionales. Pero ha perdido la mayoría absoluta, aunque muy posiblemente podrá gobernar de nuevo.
De Murcia a Castilla y León
En otras comunidades donde la corrupción ha sido santo y seña de varias administraciones del PP, la factura es también inapreciable. Por ejemplo, en Murcia, el PP repite mayoría absoluta idéntica en la capital meses después de que su concejal de urbanismo y su número dos fueran imputados por favorecer, presuntamente, a varias empresas. En otras localidades con alcaldes o exalcaldes imputados, como Águila, Totana y San Javier, el PP ha ganado las municipales.
La victoria se ha repetido en otra comunidad cuyo Tribunal Superior de pendiente investigar el caso Gürtel: Castilla y León. Allí, la lista autonómica de Ávila fue encabezada por José Manuel Fernández Santiago, Toti, presidente de las Cortes regionales en la pasada legislatura. Según la Policía, Toti cobró sobornos de la red corrupta. Su candidatura logró los mismos cinco escaños que en 2007, aunque con 2.848 votos menos.
* Público - 24.05.11
Foto: Miles de personas se manifestaron el pasado 26 de marzo en Valencia contra la corrupción - publico
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EUROPAPRESS* : Las imputaciones de los candidatos no parecen haber influido entre los votantes canarios este domingo que han vuelto a colocar a muchos al frente de las instituciones dándoles los votos necesarios para mantenerse en las administraciones, incluso alcanzando mayorías absolutas.
En Tenerife, e imputados por 'tramas' urbanísticas, han ganado con holgura y por mayoría absoluta, el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón (CC) --imputado por la presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra--; el también nacionalista Isaac Valencia en La Orotava --por la licencia de un centro comercial en suelo de protección agrícola-- y el socialista Macario Benítez en El Rosario --por varios asuntos vinculados al urbanismo--. Los vecinos de Icod de Los Vinos han vuelto a confiar, tras haber perdido las pasadas elecciones, su alcaldía al socialista Juan José Dorta --acusado de un delito contra el medioambiente-- y al también socialista Jaime González Cejas en Granadilla --imputado por delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos-- si bien este último no ha logrado mayoría absoluta y podría quedarse otros cuatro años más en la 'bancada' de la oposición.
En la isla de Gran Canaria, el candidato del PP en Mogán, Francisco González, ha vuelto a ser reelegido, como también lo ha sido el socialista Juan de Dios Ramos en Teror --acusado de un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio-- y el candidato a la Alcaldía de Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, a quien se le imputa dentro de la 'Operación Palmera', sobre concurso eólico, los delitos de prevaricación, abuso en el ejercicio de la función pública y delito de uso indebido de información privilegiada.
Además, en la isla de La Gomera, el caso de Esteban Bethencourt es el más conocido, pendiente de una revisión de una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se ha presentado a la Alcaldía de Valle Gran Rey amparado por unas nuevas siglas, PP, tras abandonar años de militancia en Coalición Canaria. Ha logrado cuatro concejales, uno menos que el PSOE, por lo que queda abierta la puerta a negociaciones y retomar el bastón de mando.
El líder del Partido Progresista Majorero, Domingo González Arroyo --tras ser expulsado del PP después de una moción de censura en el municipio de La Oliva a CC-- ha logrado nuevamente revalidar la confianza de los vecinos de Fuerteventura a pesar de estar imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, urbanística y malversación de caudales públicos. Arroyo, que estrenaba formación, aspiraba a la Alcaldía de La Oliva y al Cabildo de Fuerteventura, consiguiendo ser la segunda y cuarta fuerza más votada, respectivamente.
En La Palma, el alcalde de Tazacorte, por el número de votos, sería, Ángel Pablo Rodríguez, líder de Unión Bagañeta --marca de CC en la localidad- que aunque no tiene la mayoría absoluta ha logrado seis concejales, uno más que los socialistas a pesar de haber estado imputado en el denominado caso 'Los Tarajales'.
Finalmente, el socialista Carlos Espino no alcanzó la Presidencia del Cabildo de Lanzarote, aún así entró en la corporación al ser la tercera fuerza más votada.
EN EL PARLAMENTO
La número uno en la lista al Parlamento de Canarias por la isla de La Palma del PP, María de Haro, imputada dentro del caso 'Catis' por la expedición de títulos sanitarios a cambio de dinero también ha logrado entrar en el Parlamento de Canarias tras recibir el respaldo de los votantes.
Por otra parte, Nueva Canarias (NC) en su pacto con el Partido Independiente por Lanzarote (PIL) ha logrado que Fabián Martín, ligado al denominado 'Caso Unión' entre a la Casa de la calle de Teobaldo Power, 7.
También está imputado en Tenerife, el todavía alcalde Miguel Zerolo (CC) que tras abandonar el municipio formará parte del Parlamento de Canarias, mientras continúa el denominado caso de Las Teresitas, en donde ha sido acusado de cohecho, malversación y prevaricación.
* Europa Press - 24.05.11
Foto: Arona, Los Cristianos (Tenerife) - elconfidencial.com
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SUR/Málaga* : «Yates, palacios, fincas rústicas y urbanas, ganado de caballos o ganado de toros de lidia». La lista es extensa y hace referencia al modelo de vida de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella que se enjuicia en el caso Malaya. La enumeración la hizo uno de los peritos de la Agencia Tributaria que participaron en la investigación y que acabó ayer su comparecencia como testigo después de cinco sesiones de interrogatorio. A su parecer el exasesor de Urbanismo gozaba de un «exuberante nivel de vida» que no se sustenta ni se explica con el patrimonio y ganancias declaradas.
Según la versión de estos dos funcionarios, que realizaron un informe económico-patrimonial del acusado, Roca llegó en la «ruina», en «crisis económica», a Marbella pero su patrimonio «se disparó» cuando lo contrataron en Planeamiento 2000 en 1992. «El auge económico, el salto cualitativo, se liga a su vinculación con el Ayuntamiento de Marbella y no antes. ¿Cómo puede intentar justificarse el incremento inusual y desproporcionado de patrimonio que detectamos a partir de 1994?; ¿cómo puede acreditarse a partir de estos fondos?», cuestionó uno de los expertos en la vista oral.
Un saldo negativo
El técnico tributario sostuvo incluso que el acusado estaba «en saldo negativo, en números rojos» antes de aterrizar en el Consistorio. «No solo tenía la capacidad económica nula que yo digo y las fuentes de renta ocultas, sino que era mucho mayor el nivel y las cantidades que le afloraron», insistió.
En este momento, el presidente del Tribunal, José Godino, pidió al testigo que mostrara documentos incluidos en la causa que atestiguaran el nivel económico que defienden tenía el acusado. El técnico comenzó a exhibir extractos bancarios o la devolución de cheques impagados entre otros. «Hay datos fiables y contrastables», agregó contundente.
Protestas de la defensa
Los agentes tributarios hacían estas declaraciones durante el interrogatorio de la abogada defensora del exasesor, Rocío Amigo, quien había mostrado poco antes un certificado de Caja Granada para acreditar que su patrocinado era un cliente «cumplidor y solvente». El perito no tardó en responder irónicamente: «Un cliente cumplidor que le debe al banco y que está en números rojos. No sé yo... Mi opinión experta y sobre criterios y datos fiables es que el señor Roca no disponía. Nosotros no hemos dicho que fuera un indigente. Hemos dicho que había tenido eventos que habían mermado su capacidad económica», puntualizó.
La abogada protestó en dos ocasiones al magistrado alegando que los testigos no estaban respondiendo a sus cuestiones: «Se está haciendo una nueva pericial; no se puede venir a dar una clase magistral», increpó. «La acusación habló la semana pasada. Ahora le toca a las defensas», protestó sin éxito.
El segundo bloque del juicio continúa hoy con la comparecencia de nuevos testigos, entre ellos Juan Macías, administrador judicial de las sociedades de Roca.
* SUR - 24.05.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy
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COTIZALIA* : España cuenta con más de un millón de viviendas en stock. Una cifra que varía al alza o a la baja según cuál sea la fuente de información. La demanda se ha retraído y promotores, constructores, agencias inmobiliarias, entidades financieras y particulares apenas consiguen cerrar operaciones de compraventa. ¿Por qué?
1.- No hay ahorros. Con el grifo del crédito cerrado a cal y canto, los españoles no tienen ahorros suficientes para afrontar la compra de una vivienda. "El cliente no tiene el concepto de ahorro porque hasta el estallido de la burbuja el mensaje de las entidades financieras era el de disfrute ahora y pague después", reconocen a Cotizalia.com desde Básico Homes, empresa especializada en la venta de pisos de bancos y cajas. En el mejor de los casos, el cliente puede dar con un inmueble propiedad de una entidad financiera y conseguir mejores condiciones de financiación que si aquél no formara parte de sus balances. De hecho, tanto los bancos como las cajas de ahorro llevan meses concediendo préstamos al 100% y a 40 años -en condiciones muy similares a las que se concedían antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria- cuando se trata de inmuebles de su propiedad. Sin embargo, incluso en este caso, los ahorros son imprescindibles.
Los expertos señalan que sería necesario tener ahorrado como mínimo en torno al 10% del importe del inmueble. Este porcentaje incluye los gastos derivados de la propia operación de compraventa -gastos del notario, del registro, de la gestoría, impuestos- así como gastos de la constitución de la hipoteca, muy similares a los anteriormente descritos. Sin olvidar los impuestos: el 8% del IVA en caso de nueva construcción y el de Transmisiones Patrimoniales si la vivienda es de segunda mano.
La situación se complica a la hora de hacer número cuando la vivienda no está en los balances de las entidades. En estos casos, han dejado de prestar más allá del 80%, de tal manera que el potencial comprador debería tener unos ahorros muy superiores: entre el 25% y el 30%, calculan los expertos consultados. Sin contar otros gastos como la compra de muebles, gastos de luz, agua, comunidad de vecinos...
Por poner un ejemplo, para un piso de 180.000 euros propiedad de un banco el cliente debería tener ahorrados al menos 18.000 euros, mientras que en caso contrario, la cifra se ampliaría hasta el entorno de los 45.000 euros.
2.- Los precios no han tocado suelo. Aunque fuentes oficiales aseguran desde hace meses que los precios de los pisos no pueden caer más, diferentes estudios y organismos oficiales apuntan a que estos todavía siguen inflados. Un 50% según al ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo, un 40% según The Economist o porcentajes algo inferiores, entre el 20% y el 10% según RR de Acuña y Asociados, la Comisión Europa o Fitch.
El hecho de que muchos potenciales compradores de vivienda piensen que los precios van a seguir bajando está retrasando su decisión de compra.
3.- El miedo. Las cifras de compraventa de viviendas en el mes de marzo –correspondientes a operaciones que se cerraron a principios de año- muestran una caída brutal de las operaciones. Algunos expertos achacan el descenso al fin de la desgravación fiscal por la compra de vivienda ya que aseguran que se adelantó la decisión de compra a los meses finales del ejercicio pasado. Sin embargo, quienes están más cerca del cliente, los vendedores de viviendas, aseguran que detrás de este fuerte retraimiento en las ventas se encuentra el miedo de los potenciales compradores a quedarse sin empleo. Con una tasa de paro superior al 20% y cerca de 5 millones de parados se ha generado una gran inestabilidad laboral lo que está echando para atrás y retrasando muchas decisiones de compra hasta que el panorama económico mejore.
"La caída de las ventas en los primeros meses del año ha sido brutal", comenta una agencia inmobiliaria a Cotizalia.com. Es cierto que el año pasado, quienes tenían en mente comprar una vivienda adelantaron esta decisión ante la subida del IVA antes del verano, o ante la desaparición de la desgravación por compra de vivienda. Sin embargo, lo que realmente está pesando sobre las ventas es la incertidumbre brutal de la gente por su situación laboral".
4.- Falta de oferta apropiada. Hoy en día hay en España una gran oferta de inmuebles -1,5 millones de viviendas nuevas en stock-. Sin embargo, oferta y demanda no siempre se encuentran y cuando lo hacen, los inmuebles no se ajustan a las necesidades de los futuros compradores o siguen siendo demasiado caros.
En el centro de Madrid, por ejemplo, se están agotando las viviendas nuevas, lo que está frenando la caída e incluso presionando los precios al alza en algunas zonas. Algo parecido sucede con la tipología de los inmuebles. También en Madrid, en pleno boom inmobiliario se disparó la construcción de viviendas relativamente pequeñas (1,2 dormitorios). “Como los precios eran tan altos, se construyeron pisos más pequeños para que la gente pudiera comprárselos”, comenta a Cotizalia.com uno de los comerciales de Básico Homes. “Apenas encuentras pisos nuevos de tres o cuatro dormitorios. No se construyen y los que quedan, al ser escasos, no han bajado tanto de precio y siguen siendo caros”.
5.- Los bancos siguen sin prestar dinero. El grifo hipotecario sigue cerrado en España a pesar de que, como se comenta en el primer punto, las entidades se muestran mucho más activas a la hora de conceder hipotecas cuando se trata de inmuebles de su propiedad. Los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) reflejan una caída del crédito hipotecario del 3,06 % en marzo respecto al mismo periodo de 2010. Se trata del noveno mes consecutivo de descensos.
* Cotizalia - 23.05.11
Foto: istockphoto
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ELPAÍS/Madrid* : Los acampados en la Puerta del Sol no han querido valorar los resultados de las elecciones porque, simplemente, no les importa. Consideran que los partidos que se presentaban y, por tanto, los candidatos elegidos, no los representan. Ni siquiera han mencionado los sondeos a pie de urna, que auguraban una gran victoria para el PP y una noche negra para el PSOE, durante la última asamblea del día, que ha terminado a las diez de la noche. Con la llegada de los primeros resultados, el portavoz de turno ha dicho que no tiene "nada que valorar" porque los partidos que su "democracia" está en Acampada Sol. Durante estos días, una de las comisiones del movimiento 15-M asesoraba a los asistentes de cara a las votaciones y se animaba a ejercer voto nulo, se explicaba cómo hacerlo y sus diferencias con el voto en blanco.
Como único gesto tras la votación, han acordado guardar esta noche, a las 23.59, un minuto de silencio para demostrar la unidad del movimiento. A semejanza del grito mudo realizado el viernes por la noche, los participantes abrirán las manos "para abrazar" el mundo. Los organizadores de la concentración han explicado que con esta acción quieren mostrar "al mundo" que les "está mirando" la unidad de su movimiento. Lo que sí han decidido hoy es que el movimiento 15-M no desmantelará sus campamentos esta noche como estaba previsto. La asamblea ha decidido permanecer, de momento, una semana más con la protesta en demanda de una democracia real. El próximo sábado se votará en los barrios y el próximo domingo volverán a decidir su futuro.
La primera asamblea del día ha comenzado al mediodía en Sol. Todas las comisiones coincidían en continuar más allá de este domingo. Lo que había que votar, por tanto, era alguna de las tres opciones mayoritarias que estas habían planteado: continuar una semana como mínimo; permanecer hasta articular el movimiento y conseguir un cambio social real o hasta fijar unos objetivos concretos. Finalmente, la acampada se prolongará otros siete días más. La concentración ha decidido crear una nueva comisión, de permanencia, para velar porque la protesta no se destruya ni se disuelva en el caso de que la policía intentara desalojarlos.
El movimiento 15-M sigue exhibiendo su músculo durante la jornada electoral. Tras una jornada de reflexión marcada por actividades lúdicas y simbólicas en las zonas donde los manifestantes están concentrados desde el lunes, miles de personas en toda España siguen en las plazas para exigir “democracia real”. El 22-M se desarrolla bajo el síndrome del 15-M.
Aunque ayer los acampados de Barcelona ya decidieron continuar la concentración hasta mediados de junio, hoy los manifestantes del resto de ciudades de España habían pedido a Sol que antes de adoptar una decisión esperaran a lo que vote el resto. "La revolución tiene que ser de todos", les han recordado. Aunque la propuesta ha sido recibida con aplausos en el campamento de Madrid, los indignados del Kilómetro 0, no han querido aplazar su decisión.
En Valencia, los indignados de la Plaza del Ayuntamiento están invitando a acudir a las urnas con camisetas del movimiento 15-M bajo el lema: "Nuestros sueños no acaban en sus urnas. 15-M". A las 12 y a las 17 harán performances sobre los políticos.
Los políticos que ya han acudido a votar no han podido eludir las cuestiones sobre el efecto que el movimiento 15-M puede tener en los resultados electorales. El presidente del Gobierno ha pasado de puntillas y ha recalcado que los ciudadanos expresan el voto libre e individualmente y que "esta es la grandeza de la democracia". El líder de la oposición Mariano Rajoy no se ha referido directamente a las reivindicaciones de los concentrados pero sí ha puntualizado que "lo más importante que tiene una persona a la hora de decidir los asuntos generales que les afectan es el voto" porque es "donde el ciudadano da confianza y donde la quita".
El vicepresidente primero el Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, sí se ha referido expresamente al lema del movimiento Democracia real ya. Después de votar, el ministro del Interior ha reconocido que "la democracia, efectivamente, no es solo votar, pero sin votos no hay democracia". El ministro de Justicia, Francisco Caamaño ha depositado su voto esta mañana en el municipio coruñés de Padrón y ha expresado su respeto "como demócrata" por las concentraciones del movimiento 15-M durante la jornada electoral.
Las concentraciones en toda España se están convirtiendo en un espacio lúdico. En Valencia los niños asumen el lenguaje del movimiento 15-M. Uno que tenía sed ha dicho: "Vamos a por agua, viva la revolución", informa Pablo Ferri. En la Plaza de Cataluña, en Barcelona, decenas de críos bailan en un espectáculo infantil. Antes ha habido chocolatada, informa Rebeca Carranco. En Madrid Inditex les ha ofrecido a los acampados conectarse a las tiendas del grupo más cercanas para abastecerse de electricidad. El movimiento no se ha pensado dos veces declinar la oferta del gigante textil, prefieren placas solares y generadores, han dicho.
* El País - 22.05.11
Foto: Madrid, indignados 15M en Sol - Reuters
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ELPAÍS/A Coruña* : El sol de primavera y el paisaje que ilumina explican bastante gráficamente el atractivo de un apartamento en primera línea de playa en Fisterra. Eso pensaron algunas promotoras a mediados de la década pasada para comenzar a sembrar A Langosteira de edificios destinados a veraneantes foráneos. También lo hizo el Ayuntamiento, que dio licencias a diestro y siniestro antes incluso de que el suelo donde se alzaban los inmuebles fuese edificable. Años después, con la burbuja inmobiliaria hecha añicos, lo que queda son pisos que permanecen vacíos todo el año; algunos con sentencias firmes que los declaran ilegales.
A pie de playa conviven edificaciones con todos los papeles en regla con otras que tienen una orden de derribo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Manuel Ortiz es uno de los dos vecinos que reside en un bloque legal. Todos los apartamentos de ese inmueble están vendidos, según dice, pero casi nadie los habita. "Uno de Alicante compró 14", asegura en el aparcamiento desierto de una urbanización en la que podrían vivir más de un centenar de personas si estuviera llena.
La especulación inmobiliaria llenó la recta da Anchoa de pisos, pero no de gente. "En este de enfrente", señala Ortiz uno de los pisos recientemente ilegalizados por el TSXG, "vienen de vez en cuando tres propietarios, uno de Madrid, uno de Santiago y el otro no estoy seguro". El resto, casi 80 viviendas a pie de playa permanece vacío, sea invierno o verano.
Son edificios relativamente discretos, de tres alturas como máximo, nada que ver con otras aberraciones urbanísticas que proliferan por el sur de la Península. El problema de las viviendas es que se construyeron sobre suelos urbanos no consolidados que carecían de servicios básicos. Seis sentencias del TSXG contra las que no caben recursos ratifican fallos anteriores contra 168 viviendas de cuatro promotoras distintas. El argumento jurídico común es que el Ayuntamiento de Fisterra, gobernado por José Manuel Traba, del PP, debió considerar las fincas en las que después se edificó como suelo urbano no consolidado, por lo que no se deberían haber levantado inmuebles.
Luis Lema, propietario de Ele-Tres, una de las promotoras con sentencias en contra, asegura que en cuanto se pongan las infraestructuras, los pisos volverán a ser legales y que por eso él no tendría reparos en venderlos si pudiera. "Pero con la campaña que están haciendo en contra es difícil, aunque haya una sentencia del Superior que diga que mis pisos son legales", asegura.
Los jueces firmantes de las seis sentencias repiten en sus escritos que aunque el Ayuntamiento proyectó después de las obras una depuradora de aguas residuales, esto no les da legalidad a los pisos. Según reza en los fallos, esa circunstancia "es irrelevante a efectos de enjuiciar la conformidad a derecho de la licencia litigiosa, pues su aprobación no tuvo lugar, según reconoce la parte apelante, hasta el año 2006, y por lo tanto con posterioridad a la concesión de la licencia".
Correspondería a la Xunta pedir la ejecución de la sentencia que abocaría al derribo de las construcciones. Pero según anunció poco después de conocerse el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, su Ejecutivo no tiene intención de hacerlo e interpreta que sería suficiente con dotar de servicios a las urbanizaciones para legalizarlas, tal y como ha hecho el Gobierno autónomo con un caso similar en Barreiros.
La tesis del promotor de Ele-Tres estaría justificada con esta explicación. Sin embargo, más allá de la seguridad jurídica que puedan tener los compradores de las viviendas, el problema de las inmobiliarias de la zona va más allá. Un trabajador de una de ellas -que tuvo que dejar el empleo por falta de actividad- explica que para saber hasta qué punto les afectan las sentencias, tendría que pasar la crisis. "El problema ahora es que no hay compradores. Pero ni en Fisterra ni en Cee ni en Mazaricos, donde también teníamos pisos por los que nadie se interesa desde hace más de un año", relata.
Quienes ya tienen en propiedad viviendas con sentencia en contra están "preocupados", según señala la administradora de uno de los bloques antes de decidir que prefiere no conceder entrevistas. Algunos de los compradores son "gente mayor que decidió invertir ahí sus ahorros para tener una residencia donde pasar su jubilación", explica Felipe Estévez, gerente del hotel Playa Langosteira, un negocio que está justo enfrente de algunas de las viviendas ilegalizadas. Cuenta que algunos de los clientes que habitualmente pasaban los veranos en su establecimiento decidieron adquirir un apartamento y gastar alrededor de 120.000 euros, que eran los precios que se solían manejar por la zona.
La venta de estos pisos, sobre todo como segunda vivienda a residentes fuera de Galicia, encareció el suelo de todo el municipio y muchos de los jóvenes que querían emanciparse vieron cómo las cosas se les ponían más difíciles en una zona donde no tenían este problema.
Ramón Inso, un hombre que lleva años viviendo junto a la playa en una casita legal, explica cómo los bloques "surgieron de un momento a otro", pero que nunca llegaron acompañados de residentes que los ocupasen. "Apenas viene gente", relata junto a un edificio a medio hacer en primera línea de playa que puede quedarse años como una estructura fantasma en mitad de un paisaje idílico.
* El País - 22.05.11
Foto: Fisterra (A Coruña), viviendas en construcción - laopinión
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LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Fuentes de Ayódar por carecer de agua para abastecer a las 153 viviendas programadas en este municipio de 1.051 vecinos. El fallo se basa en el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que no ha cambiado su postura pese a que la web municipal asegura que el plan volverá a la conselleria tras la emisión del informe favorable de la CHJ. La sentencia es firme, ya que la Comisión Territorial de Urbanismo y la Dirección General de Ordenación del Territorio que aprobaron el PGOU en septiembre de 2008 y enero de 2009 no han presentado recurso de casación alguno. Por ello, el planeamiento urbanístico deberá reelaborarse desde cero.
El fallo de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valencia de 4 de febrero es contundente al afirmar que el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) es preceptivo y vinculante y debe tenerse en cuenta al tramitar el PGOU. Y ese informe, remitido el 22 de septiembre de 2008 al ayuntamiento, como solicitante, es desfavorable a la aprobación del nuevo Plan.
El órgano rector de cuenca apunta que el consistorio de Fuentes de Ayódar asegura que las nuevas viviendas planeadas tendrán asegurado el suministro de agua sin aportar datos concretos. Aduce la CHJ, y recoge en el fallo el TSJ, que el ayuntamiento se abastece de un fuente situada en un municipio vecino, pero "no tiene derechos de aprovechamiento".
Sin garantías de suministro
Asimismo, no concreta el volumen de agua del que dispone, "ni el que se consume con el planeamiento urbano vigente", apostilla el fallo, y tampoco el "previsible con el planeamiento futuro". De ahí que entiende el tribunal que "no existiendo informe alguno del ayuntamiento ni de la administración demandada (Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo) ni elemento de juicio que justifique la disponibilidad de agua para acometer el nuevo planeamiento, la sala alcanza la convicción de que la no justificación de recursos hídricos suficientes" para las nuevas viviendas es motivo para declarar nulo el PGOU.
El consistorio, gobernado por el popular Jorge Lucena, ha colgado en su web una nota explicativa de la resolución del TSJ. Achaca al recurso presentado por el abogado del Estado la paralización del PGOU. "El recurso ha motivado que el documento del plan, provisionalmente aprobado, vuelva a la conselleria para una nueva aprobación definitiva tras la emisión de informe favorable de la Confederación como organismo dependiente de Medio Ambiente.
El representante del Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión Territorial de Urbanismo, como queda recogido en un acta del 23 de septiembre de 2008 "vota en conta de la propuesta de aprobación del instrumento urbanístico, solicitando que este voto particular conste en el acta de la sesión".
La nota del consistorio en su web apunta que el PGOU fue recurrido por la Abogacía del Estado "por entender que el informe de la CHJ sobre suficiencia de agua para el suministro de la población no era favorable, teniendo en cuenta que en su aprobación inicial votó favorablemente". "Dicho informe, pese a haber sido solicitado algunos años antes por el ayuntamiento, fue presentado verbalmente en la Comisión Territorial", añade.
* Levante - 23.05.11
Foto: La CHJ asegura que Fuentes de Ayódar carece de agua para abastecer nuevas viviendas. Levante-EMV
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ELPAÍS/Reportaje* : Río de Janeiro ha entrado de lleno en la contrarreloj para acoger la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. Más seguridad en las calles, ampliación y modernización de su red de transportes, trazado de nuevas vías que descongestionen y redistribuyan el denso tráfico, construcción y renovación de instalaciones deportivas, más y mejores hoteles... todo ello es rigurosamente necesario en una ciudad cuyas infraestructuras y servicios han brillado en las últimas décadas por su deficiencia. Pero las mejoras están llegando a la capital más turística de Brasil acompañadas de polémicas que incluyen presuntas violaciones de derechos humanos, según la ONU y Amnistía Internacional. El caso más emblemático es el de la favela de Metrô, en las inmediaciones del legendario estadio de Maracaná, que albergará las ceremonias estelares de los eventos deportivos. Durante estos días, palas mecánicas y obreros enviados por la alcaldía de Río se afanan en la demolición de este asentamiento irregular con más de 30 años de historia. La intención de las autoridades es echar abajo la favela, urbanizar sus terrenos y reinstalar a sus 700 familias en complejos de viviendas sociales, en algunos casos recién construidos a tan solo algunos cientos de metros de la antigua ubicación. A priori no debería existir espacio para la crítica puesto que las personas desalojadas obtienen en compensación una vivienda nueva en un complejo correctamente urbanizado. El problema es que hasta ahora solo la mitad de las familias afectadas han sido realojadas, mientras el resto vive un compás de espera angustiante.
Metrô es hoy una suerte de barrio fantasma, una escenografía más propia de un terremoto o bombardeo. Hay callejuelas por las que solo se puede transitar sorteando montañas de escombros. Muchas casas han sido demolidas o se mantienen milagrosamente en pie a la espera de la ofensiva final de los tractores. Por momentos, el olor a excrementos y basura acumulada se hace insoportable. Las lluvias y el agua estancada han traído plagas de insectos que amenazan con convertir el lugar en un foco de dengue, y los nidos de ratas se multiplican con el paso de los días. Los vecinos cuentan que al caer la noche los adictos al crack se amparan en la oscuridad (también han cortado la luz en buena parte del barrio) para drogarse en las ruinas abandonadas o directamente roban todo lo que pueden en las viviendas que aún se mantienen erguidas en medio de un mar de escombros y cascotes. La anarquía se ha instalado en un barrio ya de por sí muy deprimido.
Tanto Naciones Unidas como la ONG Amnistía Internacional dieron la voz de alarma en las últimas semanas. Según la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Raquel Rotnik, es preocupante "la falta de transparencia, de consulta, de diálogo, de negociación justa, de participación de las comunidades afectadas en los desalojos realizados o previstos en el marco de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos".
A esta denuncia se sumó poco después la de Amnistía Internacional, que en su informe de 2011 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo le dedica un durísimo párrafo al desalojo de Metrô: "Los residentes (...) fueron amenazados reiteradamente de desalojo. Sin que mediara ninguna información, consulta o negociación, los trabajadores municipales señalaron con pintura de aerosol las casas que se iban a derribar. Dijeron a los residentes que serían trasladados a unos complejos de viviendas en Cosmos, a unos 60 kilómetros, en las afueras de Río de Janeiro, o a alojamientos temporales, y que no se les iba a dar ninguna compensación", asegura la ONG.
Efectivamente, las pintadas existen en muchas de las puertas de las viviendas que aún siguen en pie. "Están actuando sin ningún respeto. Llegaron aquí como si la casa fuese suya, sin pedir permiso ni explicar nada. Con un aerosol pintaron en mi puerta las iniciales SMH [en portugués, siglas de Secretaría Municipal de Habitaçao] y el número 95", lamenta Eomar Freitas, propietario de un inmueble de tres plantas que sobrevive estoicamente rodeado de montañas de cascotes. "Ya no vivimos como personas, sino como ratas", repite como un mantra este desempleado que habita desde hace 18 años en la comunidad de Metrô.
"Nuestra lucha consiste en conseguir que la alcaldía urbanice la comunidad para que nadie tenga que marcharse, pero nos han dicho que esto es imposible. Nunca nadie nos ha mostrado el proyecto de lo que se pretende hacer en estos terrenos, pero sabemos que la FIFA (Federación Internacional de Fútbol) y el COI (Comité Olímpico Internacional) han exigido que esta comunidad desaparezca de las inmediaciones del Maracaná. Se trata de una limpieza", relata amargamente Francicleide da Costa Souza, presidenta de la Asociación de Vecinos de Metrô. "El proceso de desalojo que se está siguiendo es claramente ilegal y atenta contra las normas internacionales", opina Patrik Wilcken, de Amnistía Internacional.
En la alcaldía de Río, sin embargo, rechazan este extremo. "Todas las acciones de reasentamiento de familias se están desarrollando con profundo respeto, diálogo y con bastante información", explica a EL PAÍS el secretario de Vivienda, Jorge Bittar. "Esta comunidad se encuentra en medio de la calle, en un lugar totalmente impropio. Ya hemos trasladado a la mitad de las familias y esperamos reubicar al resto en menos de un mes, aunque está claro que es difícil hacer una tortilla sin romper huevos", concede el responsable de una de las carteras más espinosas del Ayuntamiento carioca.
Más de 340 familias ya han sido reubicadas en viviendas de protección oficial, la mayoría a poca distancia de Metrô. Otras 340 se niegan a abandonar sus viviendas sin antes recibir las llaves de otro piso donde instalarse. "A algunos vecinos, en lugar de otra vivienda, les ofrecieron compensaciones económicas que oscilan entre los 8.000 y los 12.000 reales (entre 3.500 y 5.200 euros) para que abandonaran sus casas", denuncia Wilcken.
Aunque los vecinos de Metrô afirman desconocerlos, los planes de la alcaldía para esta zona incluyen un paseo ajardinado, dos conjuntos de talleres mecánicos y restaurantes, y un gran centro cultural y de formación en las proximidades. Todo ello contribuirá a revalorizar y dar lustre a un barrio que hoy vive en evidente decadencia, pero que dentro de tres años se convertirá en el epicentro informativo del planeta. El objetivo parece legítimo. No tanto los medios para alcanzarlo.
* El País - FRANCHO BARÓN 19.05.11
Foto: Favelas demolidas en Río de Janeiro, el pasado día 5, como parte de las obras de infraestructuras para el Mundial 2014- RICARDO MORAES (REUTERS)
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LAURA BALLESTER/Valencia* : Urbanismo y ordenación del territorio. La legislatura que ahora acaba comenzó con la Ley Urbanística Valenciana sentada en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia Europeo. Y ahí sigue. La demora en la resolución judicial ha retrasado los intentos por clarificar la ingente normativa valenciana que, unida a la crisis, ha provocado, sin buscarla, una moratoria urbanística.
La Ley Urbanística Valenciana (LUV) aprobada el 22 de diciembre de 2005 y en vigor desde el 1 de febrero de 2006 se sentó en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia Europeo en los primeros compases de la actual legislatura. Y ahí sigue. La Comisión Europea presentó formalmente la denuncia contra la LUV el 28 de agosto de 2008 (un año después de anunciarla), pero también a su antecesora, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), y contra el mastodóntico Rogtu (Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), porque considera que todos incumplen las directivas de adjudicación de los contratos públicos de obras y servicios. En este largo proceso, sólo el informe de la abogacía europea (una especie de fiscal que ejerce la acusación público) dio un respiro a las tesis de la Generalitat, al considerar que la LUV cumple las directivas europeas.
Pero el retraso de la sentencia también ha demorado cualquier intento por podar la maraña legislativa del urbanismo valenciano. A mediados de 2008, el entonces conseller responsable del Urbanismo, José Ramón García Antón, recurrió a tres pesos pesados del derecho administrativo para intentar arreglar el desbarajuste legislativo urbanístico. José María Baño León, Rafael Gómez-Ferrer Morant y Luciano Parejo debían adaptar la legislación valenciana a las directivas europeas, para evitar la condena del Tribunal de Justicia Europeo, pero también a dos normativas estatales de obligado cumplimiento aprobadas después del paquete legislativo valenciano: la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica (abril de 2006) y la Ley del Suelo (mayo de 2007).
El balance elaborado por los tres expertos sobre la legislación urbanísticas valencianas fue demoledor. "Las leyes urbanísticas valencianas han adquirido tal grado de complejidad que resultan difícilmente manejables para los sujetos públicos y privados; se ha producido una quiebra del modelo urbanístico valenciano; los instrumentos de compensación diseñados en la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) no han funcionado eficazmente (...) porque no desincentivan la incorporación de nuevos suelos a la urbanización".
Los tres catedráticos pusieron el dedo en la llaga en su análisis, que se mutiló en el dossier facilitada a los medios de comunicación, aunque Levante-EMV pudo contarlo. "La práctica seguida desde 1994 ha reforzado la tendencia a la transformación urbanística de una parte no despreciable del territorio, al calor del movimiento de fuerte generación de riqueza e inversiones privadas, que ha minusvalorado la condición estratégica del territorio como recurso no renovable".
Una tendencia que fue a peor con la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) de 2004. "Los instrumentos de compensación diseñados en la LOT, como las cuotas de sostenibilidad o la cesión de terrenos para constituir o ampliar espacios naturales protegidos, no han funcionado eficazmente como mecanismos de freno del proceso de reclasificación y urbanización". Los expertos consideraban que "la razón esencial de su ineficacia es que no desincentiva la incorporación de nuevos suelos a la urbanización; simplemente complican ese proceso de transformación urbanística, sin que hayan ganancias reales ambientales". Y concluían: "El urbanismo expansivo ha llegado a su fin".
Las propuestas de los tres expertos para mejorar la legislación valenciana pasaban por reducir la iniciativa a los promotores, limitar el crecimiento urbanístico e incluso planteaba la caducidad de los PAI (programas de actuación integrada) si no se ejecutaban a los dos años de su aprobación. Pero casi todas han quedado guardadas en un cajón. La LUV se reformará cuando el Tribunal de Justicia de Europeo dicte sentencia, a favor o en contra de la legislación valenciana. Desde el departamento que dirige el vicepresidente Juan Cotino (tras el inesperado fallecimiento de José Ramón García Antón en agosto de 2009) simplemente se aprobó un decreto ley "para agilizar los trámites urbanísticos" que se limitaba a eliminar trabas en las declaraciones de interés comunitario (iniciativas urbanísticas en suelo no urbanizable) y a suprimir la figura del concierto previo al plan general. El tan esperado texto refundido de las leyes urbanísticas valencianas (un único texto legal que la LUV obligaba a tener aprobado en 2007 y que nunca se ha acometido) se ha aparcado hasta que el Tribunal de Justicia Europeo dicte sentencia.
En medio de esta incertidumbre jurídica (por el retraso en la sentencia europea pero también por las contradicciones internas entre las leyes valencianas) la administración urbanística aún digiere la avalancha de planes urbanísticos, un total de 556, que se presentaron antes de que entrara en vigor la LUV, según admitía la Conselleria de Urbanismo en 2009. Desde 2006 hasta 2009, esta cifra se redujo a 158. Aunque mucho más exhaustivo fue el análisis realizado por el catedrático de Geografía, Eugenio Burriel, a partir de datos oficiales de los propios ayuntamientos: 52 municipios de la Comunitat Valenciana de menos de 50.000 habitantes habían aprobado antes de 2009 conciertos previos o planes generales en los que preveían construir 718.069 viviendas.
La Estrategia Territorial ha sido la única buena noticia urbanística
El único documento de gestión que ha salido adelante durante la legislatura ha sido la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), en vigor desde enero de 2011. Aunque recibida con uñas y dientes por los promotores y algunos ayuntamientos, los expertos en urbanismo y responsables de la ordenación del territorio han agradecido la aprobación de este documento que, por primera vez en la historia de la democracia valenciana, marca claramente las reglas del juego del crecimiento urbanístico valenciano para las próximas tres décadas. La Estrategia Territorial define cómo, cuánto y dónde pueden crecer municipios y cómo ordenar el territorio desde la perspectiva local pero también con una óptica supramunicipal. Se critica, no obstante, que la Estrategia no aclara qué hacer con toda la gestión urbanística aprobada durante los últimos años (su aplicación no tiene carácter retroactivo), aunque el verdadero alcance de su aplicación se verá cuando algunos municipios quieran ampliar aún más su crecimiento y, el suelo consolidado o planificado, les impida crecer de manera desaforada como en algunos casos se consentía hasta ahora. Es la única buena noticia en la gestión urbanística de la legislatura. El Plan de la Huerta se ha quedado en el tintero, así como el denostado Plan del Litoral que tantas ampollas levantó en 2006.
* Levante - Opinión - 22.05.11
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