El Roto, el futuro es el chanchullo - 111207 elpais.com
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¡El futuro es el chanchullo!
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AI acusa a España de vulnerar el "derecho humano" a la vivienda
"Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán como sus condiciones de vida empeoran", ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante la presentación del informe.
Desalojos forzosos y sin protección legal
Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional y son considerados como graves violaciones de derechos humanos.
Según Esteban Beltrán, la privación del acceso a las personas a una vivienda digna así como a una sanidad pública universal son ejemplos de "violaciones de los derechos humanos" de igual calado que la falta de libertad o de expresión.
Según Amnistía, ni siquiera la Constitución española otorga a los derechos económicos, sociales y culturales, a excepción de la educación, las mismas garantías de protección que respecto a otros derechos. Estos derechos son considerados como principios rectores dependientes de leyes específicas, con el problema de que no están siendo recogidos por las legislaciones de las distintas administraciones.
En la presentación del informe se ha hablado también de los asentamientos de la Cañada Real Galiana, en Madrid, en donde supuestamente viven entre 25.000 y 40.000 personas, que podrían ser desalojadas de sus viviendas "sin ningún tipo de garantías", según ha advertido el abogado Javier Rubio, responsable legal de algunas de esas familias.
* 20 Minutos - 30.04.11
Foto: Madrid, vista Cañada Real - 20minutos
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Ibiza.- Vila podrá seguir construyendo sin tener la nueva depuradora
A partir de ahora, el Ayuntamiento deberá redactar un Plan Municipal de Mejora del Saneamiento y Drenaje para optimizar el funcionamiento de sus redes de alcantarillado, entre otras cuestiones impuestas por los órganos superiores.
* Diario de Ibiza - 30.04.11
Foto: Ibiza vila - Forbfruit (Wikipedia)
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Molina.- Manifestación en contra de la Gasolinera de Altorreal
Los investigadores midieron las concentraciones de contaminantes en tres gasolineras murcianas para establecer la distancia a la que las estaciones de servicio dejarían de tener influencia, y en los tres casos se han obtenido distancias de influencia máxima de 100 metros.
Por lo que los ciudadanos hacen hincapié en cuanto que la distancia de las viviendas existentes en los aledaños de la gasolinera de Altorreal es de 15 metros y menos de 400 metros de un colegio.
Por ello la Asociación No a la gasolinera de Altorreal con el respaldo de la Entidad Urbanística Altorreal tras la aprobación por mayoría en la Asamblea General Anual, manifiesta su rotunda oposición a la instalación de una gasolinera dentro de la urbanización y solicita al Ayuntamiento que retire la concesión más aún tras la controversia existente en la normativa urbanística aplicable a las gasolineras dentro del plan general de Molina de Segura.
Los vecinos de Altorreal independientemente de su ideología política piden una vez más al unísono al Alcalde Molina de Segura D.
Eduardo Contreras Linares que gobierne por el interés general y para los ciudadanos de molina, y en este caso particular por los ciudadanos de Altorreal que como ya le hemos hecho saber en Asamblea estamos totalmente en desacuerdo con su decisión política, siendo el único interés de los vecinos el evitar el perjuicio y el peligro que supondría la construcción de una gasolinera junto a las viviendas y colegio.
Queremos aclarar que los vecinos estamos buscando simplemente la defensa de los derechos de todos los habitantes de Altorreal, y no el interés particular tal y como esta mañana el edil ha manifestado en conversación acalorada públicamente con los ciudadanos en un encuentro casual.
¿Nos preguntamos si se han realizado los estudios pertinentes para solucionar los accesos a la gasolinera, a un centro comercial de 22.560 m2 y una urbanización en la que viven entorno a las 6.000 personas, antes de haber concedido las pertinentes licencias?
Agradecemos a todos los vecinos que hoy nos han dado su apoyo a la total oposición contra la instalación de una gasolinera, y animamos a todos a participar en las distintas actividades de la asociación.
* Teleprensa - 1.05.11
Foto: Molina de Segura (Murcia), manifestación contra gasolinera - teleprensa
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EL Puerto.- El Colegio de Arquitectos cuestiona distintos aspectos del Plan General
En su alegación, el Colegio de Arquitectos apuntaba que el documento de aprobación provisional 2 (ratificado por el Pleno Municipal en octubre de 2009) difiere notablemente de la aprobación primera (data de junio de 2006) y de la inicial (de 2003). Para esta institución se ha modificado el modelo urbano y territorial por lo que entiende que todo el procedimiento debería retrotraerse hasta sus inicios y comenzar un nuevo proceso de aprobación.
En cambio, en la contestación del Área de Urbanismo y la empresa redactora del ordenamiento, Territorio y Ciudad (que dirige el urbanista Manuel González Fustegueras), se hace una extensa argumentación de defensa del procedimiento seguido hasta ahora. Para empezar se apunta que es "cierto" que hay "modificaciones sustanciales en la ordenación estructural" entre los documentos de aprobación segunda y primera, llegándose a señalar que esto ha supuesto un "cambio en el modelo [de ciudad] inicialmente asumido". Sin embargo, rechaza que haya que iniciar todo el procedimiento puesto que, a su juicio, la normativa urbanística contempla que cuando se producen diferencias de este calibre lo que se debe hacer es volver a exponer públicamente la propuesta de planeamiento, tal y como se hizo. De hecho, la alegación presentada por el Colegio de Arquitectos fue una de las 500 que se hicieron al documento en 2010, aunque su contestación no se aprobó por el Pleno hasta el pasado mes. Por lo tanto, en la respuesta se indica: "La pretensión de retrotraer las actuaciones a la fase de avance en ningún caso encuentra apoyatura legal ni jurisprudencial". De hecho, se complementa esta afirmación con una serie de sentencias del Tribunal Supremo que lo respaldan y con otra aseveración: "Se ha cumplido escrupulosamente el procedimiento legalmente establecido".
En su alegación, el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz reclamaba que se "garantice la excelencia urbana" en los nuevos desarrollos previstos en la Costa Oeste (margen comprendida entre la Carretera de Fuentebravía y la Variante de Rota) y que se pormenorice la ordenación. En la respuesta, se acepta que puede ser "lógica" una posible "desconfianza" en los planes parciales que se aprueben a posteriori por si se pudiera dar una modificación del espíritu del ordenamiento general. Pero el equipo redactor insta a la institución, no con cierta ironía, a "no desfallecer" para que "este ejercicio de control y fiscalización ejercido por el Colegio de Arquitectos sobre la revisión del PGOU siga adelante en los procesos de información pública del planeamiento de desarrollo, que es donde debe contrastarse la concreción veraz de los principios de ordenación" expuestos en el documento de ordenación.
Desde el colectivo de arquitectos se solicitaba, además, que se mejore la conexión de las vías municipales y de la Carretera de El Portal con la A-4 (Variante de los Puertos). En cambio, como respuesta se le recuerda que en el diseño de la Carretera de El Portal (A-2002) el municipio no tiene competencias. Mientras tanto, se apunta que con la creación de una ronda periférica urbana, que se prevé que será la que marque los límites de crecimiento de la ciudad para los próximos años, se conseguirá mejorar la conexión con la autovía.
El Colegio planteaba que se incorporaran en el nuevo Plan General medidas para penalizar las actuaciones ilegales, cuestión que también se rechaza ya que se considera, por un lado, que las normas urbanísticas ya establecen los supuestos en los que se incurre en parcelación ilegal y, por otro, que "no es objeto de un plan general establecer medidas de restablecimiento de la legalidad" sino que "deben adoptarse por aplicación directa de la ley".
El nuevo Plan General prevé que el futuro cementerio se ubique en las inmediaciones de los polvorines de la Sierra de San Cristóbal (junto a la autovía). En cambio el Colegio de Arquitectos apuesta por las proximidades del tecnoparque Bahía de Cádiz (en la Carretera de Sanlúcar). Para Territorio y Ciudad, la Sierra es el lugar idóneo ya que "incorpora valor añadido a la Sierra" y permitiría la recuperación ambiental de una cantera.
* Diario de Cádiz - 1.05.11
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
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Gijón.- Cuatro años con final urbanístico
Lo que no será tan ordinario será su contenido. Podía esperarse que fuera una sesión de trámite, con los asuntos más o menos urgentes que debieran aprobarse. Pero no será así. El urbanismo, área que ha marcado en gran medida la vida municipal en estos cuatro años, marcará también el final de la etapa.
Y ese día, el 13 de mayo, a poco más de una semana de la cita con las urnas, los concejales aprobarán nada menos que el nuevo Plan General de Ordenación de Gijón. Los tribunales y su anulación del plan anterior, así como la prisa del equipo de gobierno por contar con un nuevo documento urbanístico han llevado hasta aquí, hasta apurar los plazos al máximo.
Portavoces y gobierno
Y, como hay Pleno, habrá aún al final junta de portavoces. Y, quizás, alguna comisión en las próximas semanas si finalmente la sesión plenaria debe incluir más puntos en el orden del día. Y habrá otras tres juntas de gobierno todavía, si no hay cambios, los días 3, 10 y 17 de mayo, cada martes, como siempre. La última celebrada incluyó bastantes trámites urbanísticos, algunos convenios con entidades como la Agencia Tributaria y el Principado de Asturias, las federaciones vecinales, la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui... Y dio el visto bueno a un proyecto que debe ahora ponerse en marcha: el centro de servicios a las empresas del polígono de Roces-Tremañes.
Alcaldía sigue firmando decretos y resoluciones. Hay ruedas de prensa. Presentaciones de certámenes y jornadas. Se sigue recibiendo en el Ayuntamiento a visitas relacionadas con la cooperación internacional. Los concejales asisten a numerosos actos. Por contra, se ha limitado, por no entrar en colisión con la ley electoral, la información sobre balances y otras cuestiones, ya que la normativa, más exigente que nunca, prohíbe de forma expresa, desde que se convocaron las elecciones y hasta la celebración de las mismas, «cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones». Eso impedirá, por ejemplo, sacar rédito (o al menos todo el que se hubiera intentado fuera de campaña) al final de las obras de El Molinón.
Mientras tanto, hay algunas licitaciones pendientes. Por ejemplo, hace sólo unos días finalizó el plazo de presentación de ofertas para hacerse con alguna de las plazas que tendrá el futuro aparcamiento subterráneo de Cimadevilla. Y acaba de terminar también el plazo para participar en el concurso del contrato para el control de la población de gaviotas y palomas en la ciudad. Y está abierto el de la licitación para suministrar el vestuario del equipo de salvamento. Y hasta muy poquito antes de las elecciones, hasta el 16 de mayo, se pueden presentar ofertas por las parcelas de la zona rural, propiedad del Ayuntamiento, que están a la venta.
Precampaña y despedidas
Es decir, que hay actividad municipal. Que se mezcla, claro está, con la precampaña. En el listado de contratos y expedientes en licitación se cuelan cosas como el suministro de las papeletas electorales, por ejemplo. El último Pleno celebrado fue para el sorteo de las mesas; es decir, para la designación de los presidentes y vocales. Los concejales participan ya en muchos más actos relacionados con sus respectivos partidos que con la actividad municipal.
Hay quien ya está, incluso, de 'semidespedida', porque algunos ediles no sólo dirán adiós a la Corporación, sino a la dedicación a la vida municipal. Por eso, en estos días, empiezan también las comidas y cenas de despedida.
* El Comercio - 1.05.11
Foto: La Corporación al completo, en el Pleno ordinario del mes de febrero - elcomercio
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C.Valenciana.- El mandato de las manos negras
-Intermediario: ¿Qué pisos quieres?
-Ripoll: "Dos de distinto ascensor, D. y E".
Este breve pasaje de una de una conversación, recogida en el sumario del caso Brugal, entre el empresario Rafael Gregori y el presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, es, quizás, el máximo exponente del grado de supuesta corrupción que ha incubado en las instituciones locales y provinciales valencianas en este mandato. Los jueces han destapado un sinfín de supuestas tramas corruptas integradas por cargos públicos y empresarios, cuyo nexo eran el urbanismo y las contratas, básicamente la basura. Los delitos más comunes son cohecho y tráfico de influencias. El poder que algunos protagonistas de las tramas se arrogaban era absoluto. En otro pasaje de las escuchas del caso Brugal, el promotor Enrique Ortiz se jactaba ante uno de sus empleados de ser "la única mano negra" en Alicante. La síntesis de estos escándalos, con entramados rayanos en la novela negra, es más de 30 Ayuntamientos en los juzgados, con la guinda de la Diputación de Alicante, y centenares de imputados, acusados o implicados, entre ellos unos 50 cargos públicos.
La primera trama que saltó a la palestra fue la supuestamente pergeñada por el exalcalde de Polop Juan Cano, del PP, presunto cerebro de un complot, urdido en un club de alterne, para asesinar a Alejandro Ponsoda, su antecesor en el cargo, en octubre de 2007. Tras dos años de pesquisas fueron arrestadas y encarceladas siete personas, incluido Cano, por su implicación en el crimen. La investigación mantuvo que el móvil del asesinato fue el urbanismo. Los agentes también aportaron al juzgado una serie de datos sobre una supuesta trama urbanística, igualmente liderada por Cano. Los acusados están en libertad con fianza y la trama urbanística, que el juez desglosó en una pieza separada, se reduce a una permuta de suelo, propiedad de Cano, con una promotora.
Al caso Polop le sucedió la trama de los 300 chalés ilegales en la huerta del municipio de Llíber. La investigación sostiene que el Ayuntamiento, entonces gobernado por José Más, del PP, concedía licencias ilegales a cambio de suculentas sumas, más de 2,5 millones de euros.
El urbanismo planea como primer móvil de otro escándalo que ha puesto en jaque a los dos alcaldes del PP en Alicante, el exregidor Luis Díaz Alperi y sucesora, Sonia Castedo. Ambos, junto a otras 19 personas, están acusados por el fiscal Anticorrupción de Alicante de supuesto trato de favor al promotor local Enrique Ortiz en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Esta causa, aún bajo secreto del sumario, es una de las piezas más destacadas del sumario del caso Brugal. El escándalo surgió en la recta final del trámite del PGOU, que el Gobierno local del PP comenzó hace 11 años. El documento sancionado por el Consistorio está a la espera del visto bueno del Consell.
Las contratas de las basuras han puesto bajo sospecha la gestión de Ripoll en la Diputación de Alicante. El juez sostiene que el dirigente popular entregó la contrata de la planta de la basura del plan Zonal de La Vega Baja a una UTE integrada por Ortiz y Cespa a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico, un millón de euros.
Otro Ayuntamiento sacudido por el caso Brugal ha sido el de Orihuela. La investigación mantiene que el Consistorio, presidido por Mónica Lorente, del PP, amañó la contrata de la basura para beneficiar al industrial Ángel Fenoll, hegemónico en este sector en La Vega Baja. Por estos hechos fueron arrestados y están imputados tres ediles del PP.
En la provincia de Valencia, el mayor escándalo trascendió en el verano de 2010. Emarsa, sociedad que gestionaba desde hacía décadas la depuradora de Pinedo, inicia un proceso de disolución dejando tras de sí un agujero económico que, según los socialistas, asciende a 16 millones. El escándalo ha alcanzado también a otros municipios como Zarra, Montroi y Olocau.
De capital público y con un consejo de administración formado por alcaldes y concejales del área metropolitana de Valencia, la gestión de Emarsa está bajo sospecha desde el verano de 2010 en que comenzó su proceso de disolución. Los socialistas, que son minoría en el consejo, pusieron al descubierto una gestión plagada de irregularidades, despilfarro y presuntas estafas. Directivos que cobraban más que el presidente del Gobierno español, empresas que se embolsaron hasta 15 millones de euros por trabajos que la oposición sospecha que no se realizaron, contratos blindados a una empresa de lodos, y pagos a una empresa de azafatas, al frente de la cual estaba la mujer de uno de los directivos. Y en el capítulo de implicaciones políticas destaca la vinculación de varios directivos de Emarsa con el PP, partido al que pertenece el expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, Enrique Crespo.
El Ayuntamiento de Valencia también ha tenido su particular escándalo, el de Los Jardines de Monforte. El caso se ha saldado con la imputación por presunta prevaricación del concejal delegado de Urbanismo de la capital, Jorge Bellver. El edil desoyó la orden de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat y autorizó un aparcamiento sin el informe del organismo autonómico. Las empresas que ganaron el concurso del aparcamiento fueron Secopsa y Enrique Ortiz. Bellver ha sido ascendido en la lista municipal e incluido por primera vez en la candidatura autonómica del partido.
LISTADO DE LOS ESCÁNDALOS MUNICIPALES DE MAYOR ENVERGADURA
- Caso Polop. Fue la primera trama, con tintes de novela negra, que saltó a la palestra. La policía arrestó a siete personas, entre ellas el exalcalde Juan Cano, del PP, como inductor del asesinato de su predecesor, Alejandro Ponsoda. El móvil, según la investigación, fue el urbanismo. El juzgado abrió una pieza separada para investigar la trama urbanística.
- PGOU de Alicante. El sumario del caso Brugal incluye una pieza separada que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El fiscal acusa al promotor y los dos alcaldes del PP, el exregidor Luis Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, de cohecho y tráfico de influencias. El nuevo PGOU está pendiente de la aprobación del Consell.
- Planta de basura de La Vega Baja. Es la pieza principal del caso Brugal e investiga un supuesto soborno al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por parte de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll por la contrata de la planta de basura de La Vega Baja.
- Contrata de basura de Orihuela. Tercera pata de caso Brugal. Indaga el supuesto amaño de la contrata de la basura del municipio de Orihuela para adjudicarla al empresario Ángel Fenoll. Por estos hechos fueron arrestados y están imputados tres ediles del PP.
- Caso Emarsa. Escándalo que afecta a la firma Emarsa, encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia). El juzgado investiga trabajos no realizados por 15 millones de euros.
- Jardines de Monforte. El juez ha imputado al concejal del PP de Valencia Jorge Bellver por autorizar un aparcamiento en los Jardines de Monforte sin permiso de Patrimonio. La obra fue adjudicada a Ortiz. El edil opta a la reelección y ha sido incluido en la lista autonómica del PP.
- Instituciones afectadas e implicados.
Las supuestas tramas corruptas afectan a unos 30 Ayuntamientos, con la guinda de la Diputación de Alicante. Hay centenares de imputados, acusados o implicados, entre ellos unos 50 cargos públicos.
* El País - 30.04.11
Foto: Alicante, registro policial en Diputación - diarioinformacion.com
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Llanes.- La cruz del urbanismo
Esta situación obliga a aplicar leyes generales, estatales y regionales en el concejo, hasta que se redacte un nuevo planeamiento. Y deja al Ayuntamiento prácticamente sin competencias urbanísticas: será la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) la que tenga en sus manos la mayor parte de las decisiones en esta materia.
El recurso de Avall contra el PGOU llanisco fue aún más allá que el de Andecha Astur, dado que además de la aprobación definitiva del planeamiento el colectivo vecinal recurrió la aprobación del texto definitivo. El TSJA ya dio la razón a Avall en 2008 y anuló explícitamente el PGOU, así como todos los planes parciales y todos los crecimientos en los núcleos que se transformaron de rurales a urbanos, como Barru o Poo, e incluso los crecimientos de los núcleos que ya eran urbanos, pero que los hicieron crecer sin justificar debidamente.
El TSJA, en un severo varapalo al Ayuntamiento y al Principado, criticó entonces con dureza que se hubieran incorporado al planeamiento planes parciales ya anulados junto al plan urbanístico anterior (el de 1992) una vez finalizado el período de información pública, lo que impidió a los ciudadanos emitir opiniones sobre los mismos. Entre las actuaciones urbanísticas que se incorporaron ilegalmente al PGOU están las de La Talá, La Huertona y el polígono industrial de Posada.
Pero los recursos de Avall y Andecha Astur no son los únicos: ha habido también varias anulaciones parciales. Así, un particular recurrió la recalificación de suelos aprobada por el Ayuntamiento -y bendecida por el Principado- en la localidad de Buelna. También en este caso los jueces dieron la razón al recurrente y anularon la ampliación del núcleo rural de Buelna, al no haber justificado debidamente el equipo redactor la recalificación de terrenos. También anularon los tribunales de justicia la ampliación del núcleo urbano de Niembru, lo que ha provocado la orden de derribo de un chalé en construcción, así como el plan parcial de La Talá, una de las «perlas» del modelo urbanístico elegido hace dos décadas por las autoridades locales, con el que se pretendían levantar unas 500 viviendas en el extremo occidental de la villa de Llanes.
La delicada situación urbanística del municipio llevó al Principado a anunciar unas normas provisionales para el concejo, que iban a ser redactadas en tres meses, para presentarlas justo antes de las elecciones del 22 de mayo. La propuesta fue cuestionada por todos los expertos en la materia consultados por este periódico, al considerar inaplicable la normativa elegida por el Principado en el caso de Llanes. Finalmente, el ejecutivo regional dio marcha atrás y anunció que en el concejo se aplicarán las normas estatales y regionales vigentes.
* LNE - 28.04.11
Foto: Llanes (Asturias), vista general - elcomercio
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Gondomar otorga una treintena de licencias al margen de la secretaria
Urgal reiteró ayer que no tiene "ningún miedo a la Fiscalía", que ha requerido al Ayuntamiento el expediente correspondiente a la primera licencia concedida sin la supervisión de la secretaria y la técnica de Urbanismo. "No estoy haciendo ninguna barbaridad, sino todo lo contrario. Las licencias tienen informes favorables del arquitecto municipal y del abogado privado contratado por el Ayuntamiento" para suplir las tareas de las mencionadas funcionarias, desde que fueron apartadas de los expedientes urbanísticos el pasado febrero.
Para el regidor, la concesión de licencias en estas circunstancias es un acto de valentía. "A veces hay que echarle valor a la vida por el bien común. Para mí sería mucho más fácil dejarlo estar y no conceder permisos, pero es que con cada licencia colocamos a dos o tres albañiles y damos de comer a sus familias", recalcó Urgal.
La sombra de Carlos Silva
Cuando se le pregunta sobre el precedente del exalcalde popular Carlos Silva, inhabilitado por prevaricación, también por la concesión de licencias con el Plan Xeral anulado, Urgal recuerda que "Silva fue juzgado inicialmente por 300 permisos y finalmente condenado por solo uno". Tampoco teme que las licencias sean anuladas en el futuro, porque en el proceso de Silva solo fue suprimida una de ellas, precisamente la que lo inhabilitó.
El concejal de Urbanismo se expresa en similares términos. Alfonso De Lis manifiesta su deseo de que la Fiscalía aclare el asunto e incluso ha ordenado a su departamento que remita toda la documentación requerida para asegurarse de que "recibe todo el expediente". El edil también se declara sereno. "Ojalá todos mis problemas fueran este", subraya. Su objetivo, insiste, es dinamizar la economía gondomareña y la concesión de licencias supone "que al menos dos constructoras no echen a la calle a sus trabajadores y que varios negocios inicien su actividad".
* Faro de Vigo - 30.04.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
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El presidente de la Audiencia critica el ritmo «insostenible» del juicio del 'caso Malaya'
Arroyo recordó que las previsiones eran que el macrojuicio sobre la trama de corrupción en Marbella que terminara a finales de este año, sin embargo la vista todavía no ha llegado a su ecuador. No obstante se mostró confiado en que se pueda acelerar en los próximos meses, aunque reconoció que su ritmo no depende de él sino que lo marca el tribunal, los abogados y el fiscal.
En ese sentido, el presidente de la Audiencia dijo que la única manera de avanzar más rápido es «acelerar los interrogatorios y concentrarse en las pruebas que sean importantes, desechando las que ya son innecesarias, además de una mayor coordinación entre la Fiscalía Anticorrupción y los abogados».
Para que la Sección Primera de la Audiencia pudiera celebrar 'Malaya' fue necesario desplazar magistrados de otras secciones y de la provincia. Arroyo aseguró que esta medida estaba prevista para un plazo «razonable» de un año y «tenemos desatendidas otras necesidades con el fin de que 'Malaya' funcione a pleno rendimiento».
Pese a estas desatenciones que está provocando la envergadura de 'Malaya', Arroyo Fiestas asegura que las medidas «se mantendrán», pero lo deseable sería que el procedimiento «se activara un poco más de lo que está».
Tras recordar que además de 'Malaya', la Audiencia de Málaga ha celebrado en paralelo otros macroprocesos, como el 'caso Minutas', y 'Ballena Blanca', además de estar preparada ya para otros como el del 'caso Troya' (en septiembre) y 'Nilo' (en noviembre), alabó el «esfuerzo realizado por magistrados, secretarios, fiscales y funcionarios» que han intervenido en ellos.
«Muchos no creían que esto pudiera ver la luz y sin embargo el esfuerzo, la ilusión, el optimismo y un alto grado de organización lo han hecho posible», destacó.
Edificios dignos
Francisco Arroyo se refirió ayer a los juzgados de la Costa del Sol, especialmente Marbella, para los que reclamó edificios judiciales «dignos y representativos de las funciones que realizan». Se refirió a la crisis y a que en esta coyuntura económica la industria que «más prospera es la turística», por lo que subrayó la necesidad de «atender en condiciones a los ciudadanos extranjeros que nos visitan». A su juicio, los juzgados de Marbella, a pesar de «la profesionalidad de las personas que trabajan en ellos», no reúnen las condiciones para dar la imagen de un país de la Unión Europea.
«Cuando llega un extranjero que no conoce esos profesionales y ve ese edificio, sinceramente, su nivel de confianza en los tribunales españoles se queda bajo cero», aseguró Arroyo, quien dijo que esta es la impresión que le han traslado los representantes del cuerpo consular de Málaga. «Ellos son los primeros que me han hecho ver cuál es la imagen que tienen la Justicia para los ciudadanos extranjeros. Cuando llegan allí se sienten inseguros y asombrados con un edificio con estanterías desvencijadas, paredes sucias y papeles por los suelos, más propio del Tercer Mundo, que de un país de la Unión Europea».
Para el presidente de la Audiencia es necesario que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía abandonen posturas partidistas y «aúnen posturas» para construir una edificación judicial «digna». En ese sentido, destacó el compromiso de la nueva delegada del Gobierno andaluz, Remedios Martel, para poner en marcha un proyecto de edificio judicial.
* Sur - 29.04.11
Foto: Marbella, sumario caso Malaya - malagahoy.es
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Centenares de manifestantes critican la privatización de suelo escolar en Valencia
Un puñado de pancartas mostraba el sentir de la reunión. "Ensenyament públic i de qualitat; No als barracons, escola ja; No a la requalificació" o "Per l'escola en valencià" eran los lemas de algunas. Los manifestantes recibieron el apoyo del concejal socialista Juan Soto y del escritor Alfons Cervera, vecino del barrio. Se juntaron en la vieja plaza de la Iglesia, donde Campanar apenas rebasa las dos alturas, se comieron la mona de Pascua y salieron al ritmo de la música de una pequeña orquesta.
Esta protesta abunda en las críticas vertidas por la comunidad educativa desde el principio de la legislatura. En Valencia y los pueblos de la provincia faltan escuelas públicas. En Campanar, los tres colegios públicos del distrito no dan abasto, lo mismo que ocurre en Russafa, Malilla o Patraix. En los pueblos pasa lo mismo. En Montserrat, el Ayuntamiento prometió un nuevo centro para el año que viene y a estas alturas ni siquiera están licitadas las obras. En Náquera sucede otro tanto.
Un representante de la Plataforma per l'Ensenyament, convocante de la marcha de ayer, comentó que van a tratar de coordinarse "con otros barrios de cara al próximo acto. La semana que viene", señaló, "hablaremos con todos los agentes educativos posibles para lanzar nuestra próxima acción, en 15 o 20 días". Justo antes de las elecciones del 22 de mayo.
* El País - 29.04.11
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org
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Argentina.- El país no tiene estrategia contra el cambio climático
CLARÍN* : Lo asegura un estudio realizado por la Fundación Ambiente y Naturaleza, la UBA y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Faltan leyes y las que existen no se aplican. El cambio climático ya está afectando a la población y a los ecosistemas, con el retroceso de los glaciares, la reemergencia de enfermedades como el dengue o la mayor frecuencia de inundaciones, pero la Argentina sigue sin estar bien preparada para enfrentarlo o para al menos minimizar el impacto que se sufrirá. Lo afirma un informe de la organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que contó con apoyo para su elaboración de instituciones académicas: el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, las facultades de Derecho, de Arquitectura y Urbanismo, y la Maestría de Gestión Ambiental Metropolitana, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En el informe, que puede leerse en Internet ( www.farn.org.ar ) se advierte el estado de situación de los principales problemas ambientales relacionados con el cambio climático. “Lo que tenemos es un diagnóstico de la situación, pero no queremos quedarnos en la queja, sino que presentamos propuestas concretas para movilizar estos problemas que nos afectan a todos y a las futuras generaciones de argentinos”, dijo a Clarín María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la FARN y especialista en derecho ambiental.
En el trabajo, se subraya que si bien el Congreso sancionó las leyes como las de preservación de los glaciares y sus áreas cercanas y la ley de bosques, aún no se están implementando en todo el territorio nacional.
En el caso de los glaciares, que en su mayoría están en retroceso según múltiples estudios científicos, hubo demoras en la reglamentación de la norma que fue sancionada en setiembre del año pasado. Recién en marzo, el Gobierno dispuso que el Conicet inicie el relevamiento de las zonas de glaciares y periglaciares. “Pero aún no definió las zonas prioritarias donde hay actividades humanas que pueden estar afectando a los glaciares, como la minería, ni tampoco empezó con las auditorías”, comentó Di Paola. Desde Greenpeace Argentina y más de 40 organizaciones ambientalistas se alertó el martes pasado que la empresa multinacional Barrick Gold y el gobierno de San Juan han presentado amparos judiciales para que no se aplique la ley de glaciares en esa provincia.
“Se oponen a la ley para que no los auditen y no se evalúe si están dañando a los glaciares cercanos. La misma empresa ya afectó glaciares del lado chileno y fue multada”, recordó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
En cuanto a la ley de bosques, el informe de FARN advierte que aún continúan los desmontes ilegales. La Secretaría de Ambiente de la Nación acordó días atrás con las provincias la distribución de los fondos para controlar mejor los desmontes y compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación. Sin embargo, “los fondos asignados para poner en marcha la ley de bosques son menores a la cantidad que fijó la norma”, resaltó Diego Moreno, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. “El cumplimiento de la ley de bosques es crucial porque reducirá la deforestación, que es una de las fuentes de emisión de gases de invernadero, que conducen al cambio climático”, agregó.
Hay otros obstáculos en el cumplimiento de normas. Leyes como la de residuos industriales, la de gestión de aguas, la de residuos domiciliares y la de quema de pastizales no han sido reglamentadas, según se indica en el informe de FARN. Faltan también crear más áreas protegidas para preservar la diversidad de especies y ecosistemas y fortalecer las existentes.
Con respecto a la energía –que se usa en viviendas, industrias, y transporte, entre otros rubros– aún no se vislumbra un cambio que abandone la dependencia de la quema de combustible fósil (carbón, petróleo y gas natural). “Sabemos que el Gobierno elaboró un plan energético que llega hasta el 2030 e incluye decisiones sobre la controvertida energía nuclear, pero lo mantiene oculto. No brinda acceso a la información ni da participación a la ciudadanía en el plan”, sostuvo Di Paola. El informe revela también que falta una mayor planificación de la gestión de los ríos y sus cuencas, y que para enfrentar el colapso de la merluza en el mar argentino, se necesita planificación y transparencia del Gobierno y del sector privado.
* Nuestro Mar - Clarín - 23.04.11
Marbella.- La 'notitia criminis' llegó del juzgado
El testigo relató de forma detallada el inicio de la investigación del 'caso Malaya': «El juez Miguel Ángel Torres nos citó a una reunión en su despacho, por lo especial de la investigación. Era sábado. Nos pidió especial sigilo por la complejidad del asunto y nos dio en mano el mandamiento de investigación en el que iba adjunta la declaración de Jorge González, en la que éste hablaba del poder de Roca en el Ayuntamiento». El mando policial agregó que Miguel Ángel Torres les puso al tanto de que había sido el redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, que finalmente no fue validado, que había muchos concejales imputados en delitos urbanísticos y que el sentido de sus votos en las comisiones de gobierno dependía de lo que se indicara desde la oficina de planeamiento que dirigía Roca, al que se le adjudicaba ya en aquel entonces un importante patrimonio.
Sospechas de cohecho
Rocío Amigo cuestionó al policía por qué se investigó por cohecho a Juan Antonio Roca cuando, según dijo, de la declaración de Jorge González se desprendían solo imputaciones por delitos contra la ordenación del territorio (urbanístico), prevaricación y tráfico de influencias. El testigo respondió que los investigadores llegaron a esa conclusión a partir de una serie de elementos.
«Roca no ocupaba cargo electo, ni era funcionario y controlaba el urbanismo de Marbella de forma absoluta y exhaustiva como si fuera el alcalde. Además tenía procedimientos judiciales abiertos, de hecho estaba en libertad bajo fianza por un delito grave como la malversación de caudales públicos ('caso Saqueo I')», dijo el policía. Añadió que «el juez nos informó de las imputaciones contra los concejales y de que algunos de éstos habían dicho que votaban lo que decía Roca, por lo que éste estaba usurpando la voluntad popular, lo cual es una cuestión de extrema gravedad, al menos para nosotros, no sé si para usted», apostilló el policía.
El resto de las preguntas de la abogada del principal imputado al agente se centraron deslegitimar las intervenciones telefónicas y los registros practicados durante la operación policial. El inspector en todo momento subrayó las «dificultades» para investigar a Roca, que disponía de un servicio de contra vigilancia como, a su juicio, se demostró más tarde con un informe, conocido como 'dossier Bernard', hallado durante el registro del trastero de su casa en el que figuraban datos privados de periodistas, promotores, abogados, como José María del Nido, así como de Julián Muñoz y otros ediles que se aliaron con él antes de la moción de censura de 2003.
* SUR - 27.04.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy
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Benaocaz.- La Fiscalía manda al juzgado la denuncia de las viviendas del Parral
Para los ecologistas el hecho «más grave» es que esta parcela era de propiedad municipal y estaba destina a la construcción de vivienda protegida. Razones que aseguran que no evitaron que Reyes la vendiera a Procicu S. L, para la construcción de viviendas de renta libre. Estas razones llevaron a la organización proteccionista a presentar la denuncia por considerar que se trataba de una resolución «injusta y, además, contraria a la legislación vigente».
A pesar de pedir responsabilidades a Reyes, Ecologistas en Acción entiende que puede haber también responsabilidades penales por parte de otros políticos que «a sabiendas de que se estaba construyendo este bloque ilegal, no actuaron». La organización recuerda que en enero de 2008 presentaron sendas denuncias -cuando el bloque estaba todavía en construcción- ante el director del parque natural -Miguel Ángel Maneiro-, la delegada de la Consejería de Obras Públicas -por entonces Silvia López, actual delegada de Medio Ambiente-, y el entonces presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Antonio Perales. «Ninguno de estos responsables públicos hizo nada, permitiendo la terminación de las obras», critican.
Satisfacción
La organización proteccionista, que muestra su satisfacción por la actuación de la Fiscalía, entiende que los responsables públicos mencionados pudieran haber incurrido sendos delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, prevaricación urbanística, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y fraude especial cometido por autoridad abusando de su cargo.
El alcalde popular Juan María Mangana (PP) dictó un Decreto suspendiendo los efectos de la licencia de obras, anulación que fue ratificada por sentencia de 6 de octubre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera número 1. No obstante recuerdan que «el edificio sigue en pie y el Ayuntamiento de Benaocaz, otra vez presidido por un alcalde socialista -Manuel Cabrera-, no ha emprendido acción alguna para restaurar la legalidad urbanística, reponer el terreno a su estado anterior y reclamar la titularidad pública de estos terrenos por haber sido la venta manifiestamente ilegal».
* La Voz Digital - 29.04.11
Foto: El edificio de la ladera Parral, que ha generado la denuncia de Ecologistas en Acción. :: LA VOZ
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Vall d´Uixó.- Los vecinos amplían la querella de Monte Zamora a los técnicos de urbanismo
Primeras declaraciones. Cabe recordar que recientemente por los juzgados de Nules han pasado a prestar declaración ante el juez instructor diversos políticos valleros. Comparecieron como imputados tras una querella presentada por dos vecinas de la Vall d´Uixó, con propiedades sin construcción en la zona denominada Monte Zamora. Éstas consideran irregulares las «viviendas que se han construido en una zona urbana no programada».
Por ello, el juzgado número 4 de Nules llamó a declarar como imputados a los ex alcaldes Vicent Aparici y Josep Tur (PP y PSPV), así como a la actual alcaldesa Isabel Bonig.
También pasaron por los juzgados los exconcejales de urbanismo Alfonso López, Enrique Segarra, Olimpia Aznar, al igual que el actual, Óscar Clavell. También pasó el concejal popular José Villalba y una técnica municipal. Tras las declaraciones de todos ellos, ahora las denunciantes piensan bajar un escalón en su querella e «incluir al personal de la concejalía que pudiera haber tramitado los expedientes sobre aquellas construcciones».
Por otra parte, hasta el 13 de mayo está en exposición pública la modificación número 23 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Vall, que propone la regularización de las 25 viviendas construidas en dicho Monte Zamora, modificación en la que no están de acuerdo las denunciantes, que también son propietarias, y que están estudiando alegar pues consideran que hay un «agravio comparativo» entre las personas que han construido y las que «no lo hemos hecho, cumpliendo la Ley». Además, las denunciantes consideran que «siempre que se ha intentado normalizar la zona nunca se ha tenido en cuenta el desarrollo completo de toda el Área 5».
La semana pasada, el juzgado número 4 de Nules dio por finalizada la ronda de declaraciones de los alcaldes, concejales y ex ediles valleros. Y lo hizo poco después de oir el testimonio de la actual alcaldesa, Isabel Bonig. Todos ellos afectados por una presunta prevaricación urbanística en el Monte Zamora.
El juez citó a declarar el pasado mes de enero a Bonig y a sus antecesores Josep Tur y Vicent Aparici, por un supuesto delito al permitir unas obras que se tendrían que haber paralizado. La actual alcaldesa, que no quiso aclarar el sentido de sus declaraciones ante el juez, si que dejó claro su «total tranquilidad»..
* Levante - 26.04.11
Foto: La Vall d'Uixó (Castellón) - uv.es
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Madrid.- Las 13 "tonterías" de Aguirre
Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que la presidenta se limitó a preguntar al exdiputado popular sobre los negocios y este le aseguró que no había nada irregular. López Viejo repitió en la lista popular y fue designado consejero de Deportes hasta que estalló el Gürtel. El sumario del caso ha revelado que López Viejo cambió el nombre de las empresas a las que les adjudicaba contratos de forma irregular a raíz de aquello. Aguirre también fue informada sobre supuestas irregularidades en Boadilla, epicentro de la trama. Un concejal independiente del municipio remitió una carta advirtiendo de operaciones irregulares; varios funcionarios de Boadilla también remitieron otra misivia alertando de actuaciones irregulares en el Ayuntamiento. Pero Aguirre hizo oídos sordos y confirmó en 2007 a Arturo González Panero como alcalde. Ahora la presidenta incluye a 13 imputados en sus listas. Son los siguientes:
1. Íñigo Henríquez de Luna. Imputado por el caso Bécara, una ramificación del Guateque, el caso de concesión irregular de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. Henríquez de Luna es concejal en Madrid y ocupa un puesto destacado en la lista de Aguirre a la Asamblea regional. El juez del caso Guateque lo imputó tras recibir una denuncia de los propietarios de uno de los pisos del edificio donde el concejal autorizó la instalación de una tienda de decoración Bécara. El concejal del PP alegó que se trataba de una venganza de la familia por haberles cerrado un despacho profesional.
2. Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas (110.080 habitantes). Imputado por un delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida a los funcionarios. El juez que instruye el caso observó indicios de delito tras una denuncia presentada por el PSOE, que alertaba de una operación de la Empresa Municipal de Vivienda de Alcobendas, por la que recompró dos fincas valoradas en 12 millones de euros por el doble de su valor.
3 y 4. Juan Ignacio Fernández Rubio, candidato del PP en Las Rozas (88.000 habitantes) y viceconsejero de Empleo de Madrid. Hasta hace un par de años fue alcalde de Guadarrama (15.000 vecinos), donde fue imputado por haber convertido un antiguo molino de piedra situado en terreno protegido en un restaurante de lujo, en el que tenía intereses. Por el mismo asunto también está imputado Miguel Rodríguez Bonilla, que repite en las listas del Ayuntamiento de Guadarrama. Era la mano derecha de Fernández Rubio cuando autorizaron el restaurante, donde también tenía intereses.
5. Raúl Pérez Vaquero. Candidato del PP en Coslada (91.218 habitantes). Imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos, ha evitado la cárcel tras pagar una fianza de 22.000 euros. Está procesado por no ejecutar una sentencia contra el jefe de policía de Coslada, Ginés Jiménez, que protagonizó el caso Bloque, de supuesta corrupción policial en el municipio.
6 y 7. Miriam Rabaneda. La candidata del PP y exalcaldesa de Pinto (42.445 habitantes) está imputada por un delito de prevaricación. Durante el breve periodo en el que estuvo al frente del Ayuntamiento -entre las elecciones de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2008, cuando se produjo una moción de censura-, ella y su hermana Tamara Rabaneda, exconcejal de Hacienda, que también está en la lista, autorizaron varios pagos que luego fueron reprobados por dudosa legalidad por los técnicos municipales.
8. Luis Partida. El alcalde de Villanueva de la Cañada (17.271 habitantes), que repetirá como candidato a la alcaldía, está imputado por el caso Porto, que acabó con la carrera política del anterior director de Urbanismo, Enrique Porto. Partida está acusado de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, por el desbloqueo del sector de Los Pocillos de su municipio, donde Porto tenía terrenos que luego revendió con notables plusvalías.
9, 10 y 11. Clara Torres Ruiz. Sobre la alcaldesa de Torres de la Alameda (7.896 habitantes) pesa una imputación por malversación de fondos públicos, al haber aprobado en el pleno subidas de sueldo a los trabajadores municipales supuestamente irregulares, ya que no existía partida presupuestaria ni consignación económica. Varios meses después, la decisión contó con un informe negativo de la Intervención Municipal. También están imputados los concejales del PP Ramón Polo y Manuel Tello, que también repiten en la lista.
12. Pilar Algovia Aparicio. El Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez citó a la alcaldesa de Colmenar de Oreja (8.397 habitantes) y al arquitecto municipal el pasado 18 de abril como imputados con letrado. La regidora está acusada por un delito urbanístico denunciado por Ecologistas en Acción, que supuso otorgar licencia para la construcción de una vivienda en zona verde.
13. Ana María Pinos. Alcaldesa de Belmonte del Tajo (1.488 habitantes), está imputada por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio por instalar una caseta de construcción en una zona protegida.
* El País - 28.04.11
Foto: Madrid, presentacion Gurtel en Presidencia Comunidad (archivo) - publico.es
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Paterna.- Detenidas 39 personas por una estafa inmobiliaria de cinco millones
Los cabecillas de la trama captaban a personas de clase social media-baja con nulo poder adquisitivo a los que pagaban entre 100 y 3.000 euros, y confeccionaban documentación falsa a su nombre (nóminas, declaraciones de IRPF...) para obtener hipotecas de forma fraudulenta. La trama pagaba las primeras cuotas para enmascarar la estafa como una hipoteca impagada más, producto de la crisis. En unos casos las viviendas procedían de obras nuevas, cuyos promotores también estaban implicados.
* El País - 27.04.11
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es
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Oviedo y Elche son las ciudades más limpias de España y Badajoz y Jerez, las más sucias
Se advierte también una "clara" mejoría en la gestión de los residuos, "en parte -considera OCU- porque los vecinos colaboran de forma activa", y se insiste en que a un mayor presupuesto municipal para la limpieza viaria y la gestión de las basuras no tiene por qué corresponder un mayor grado de satisfacción de los vecinos.
Es el caso de Madrid, donde el grado de satisfacción por ambos servicios municipales no alcanza en ningún caso el 50 %. Y un dato curioso de la capital: en 2009 ningún madrileño fue multado por no recoger de la calle los excrementos de su perro, según la OCU. Lo mismo ocurrió en Valencia, a pesar de que ambas ciudades disponen de ordenanzas que castigan esa falta de civismo. Elche y La Coruña, por el contrario, fueron las que más sancionaron por ello.
Desde 1995 hasta 2011 la satisfacción global de los españoles en cuanto a la limpieza de sus ciudades pasó de 53 puntos a 58, de un total de 100, una mejora "claramente insuficiente" para la OCU, que llama la atención sobre el hecho de que hasta 16 hayan visto empeorar sus resultados. Entre ellas, Sevilla, Palma de Mallorca, Badajoz y Santa Cruz de Tenerife.
Oviedo obtiene una puntuación de 85 puntos, frente a los 30 de Badajoz, una nota muy similar a la obtenida por Jerez, Sevilla, Jaén, Alcalá de Henares, Teruel y Málaga. Se presume de limpieza en Elche, Bilbao, Pamplona, Getxo y San Sebastián. La capital del Principado de Asturias gasta en limpieza viaria 49,6 euros al año por vecino, dispone de una papelera por cada 51, un empleado de la limpieza por cada 1.120 y un medio mecánico por cada 2.575 habitantes.
Madrid gasta 122,9 euros al año por vecino y Barcelona 97,3, pese a lo cual sus habitantes no se encuentran entre los más satisfechos por la limpieza de calles y plazas. El presupuesto medio del total nacional se sitúa en 52,51 euros. OCU insiste en que "la satisfacción con la limpieza viaria no está relacionada con el mayor o menor presupuesto que anualmente se dedica a este tipo de labores". Lo más eficaz, opina el 84,3 % de los ciudadanos encuestados, es concienciar a la gente.
La gestión municipal de los residuos es valorada en el estudio de la OCU con 57 puntos sobre 100, frente a los 45 de 1995, mejoría que a juicio de la organización "ha venido de la mano de la implantación de la recogida selectiva de residuos".
Más del 80 % recicla
Más del 80% de los encuestados confesó que siempre o casi siempre separa en casa el papel, el vidrio y los envases. El porcentaje baja al 70 % con las pilas, al 64 % con los medicamentos, al 46 % con los restos de aceites domésticos y al 35 % en el caso de los de pintura.
Oviedo encabeza también el ránking de ciudades cuyos vecinos valoran la gestión de los residuos, seguida por Pamplona, Bilbao, Elche, Logroño y Getxo, y Badajoz, el de las menos valoradas, entre las que figuran también Jaén, Las Palmas, Sevilla, Jerez, Santa Cruz de Tenerife y Huelva.
Entre las carencias que observa el informe, la más llamativa es "la casi inexistente implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica". Tan sólo se realiza en las capitales catalanas, en Pamplona, Burgos, Valladolid, Vitoria y Bilbao, si bien en la capital vizcaína todavía se está experimentando con ello.
El 47 % de los encuestados consideró cara o muy cara la tasa que los ayuntamientos cobran por la recogida de basuras, que se sitúa en una media anual de 78,9 euros. En Gerona se cobra la más alta: 142,35. Madrid, que impuso esta tasa hace dos años y cobra una media de 102 euros por vivienda, y Palma de Mallorca, con 119,02, son las dos ciudades con unos vecinos más críticos con este impuesto.
* 20 Minutos - EFE - 28.04.11
Foto: Basuras - 20minutos
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La papeleta de la corrupción
Las elecciones municipales y autonómicas que se celebran el próximo 22 de mayo vienen acompañadas, por tanto, de una lacra difícil de extinguir. En los últimos cinco años hasta la Fiscalía General del Estado han llegado 730 causas de las que 131 pertenecen a casos de cohecho, 6 de malversación, 48 de prevaricación, 32 de tráfico de influencias y 31 de blanqueo de capitales, según el Informe sobre Democracia en España 2010 de la Fundación Alternativas.
Pero ¿cuánto dinero ha viajado en el maletín de la corrupción? Tres mil millones de euros. Una cifra más que considerable que representa sólo el valor de los bienes intervenidos durante estas operaciones. Detrás del cohecho, la malversación o el blanqueo, la cuenta se hace infinita. Y los que parecen que más tajada sacan son los propios representantes políticos de los españoles.
Según el Informe Global 2008 sobre la corrupción en España realizado por la Agencia de Transparencia Internacional (TI), los partidos políticos son señalados como la institución más corrupta en todas las partes del mundo. Ocho de cada 10 personas consideran a las formaciones como corruptas o extremadamente corruptas. Lo que hace que España se sitúe en el puesto número 30 de 178 países en cuanto a corrupción en el año 2010.
"Dado que los altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas, los compromisos de los gobiernos con la lucha contra la corrupción, con la transparencia y con la rendición de cuentas deben manifestarse a través de sus actos", asegura Huguette Labelle, presidenta de TI.
Todo ello tal vez explique los sorprendentes resultados de tres de los barómetros del CIS de 2009. La corrupción se colocó aquel año entre los problemas considerados como más importantes por los españoles, junto con los problemas económicos y el paro. Algo que no ocurría desde marzo de 1996.
Es decir, durante 13 años la corrupción nunca había sido incluida como problema por más del 3% de los encuestados. Sin embargo, casos como 'Gürtel', 'Palma Arena', 'Malaya' o 'Pretoria' han hecho que para más de un 10% de los españoles la corrupción sea el problema más importante de nuestra sociedad.
El fin del 'boom' inmobiliario, el urbanismo excesivo, y la falta de controles de los Ayuntamientos, provoca que junto a la autonomía de los gobiernos locales sea imposible controlar la corrupción.
La mayoría de los implicados se encuentran en las filas del PP, con más del 50%, y del PSOE, un 35%, aunque también los hay de otros partidos como CiU, CC, UM o el PAR.
Pero, ¿cómo está ahora la corrupción en España? ¿Qué casos están siendo juzgados y cuáles investigados? ¿Quiénes están implicados? ¿Cómo afecta la corrupción en unas elecciones? Las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla, Baleares y Valencia son las que más pesquisas policiales concentran. Además, medio centenar de Ayuntamiento están siendo investigados por este tipo de delitos, pero ¿cuáles son?
Andalucía
La comunidad con más imputados, pese al tirón del caso Gürtel, sigue siendo Andalucía, ya que la investigación que destapó la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella -'Caso Malaya'- y que, por primera vez en la democracia española, supuso la disolución de un Ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.
Pero, además del caso de corrupción más famoso y con más famosos involucrados, Andalucía tiene abiertas otras operaciones que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan a al menos siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Se trata de casos como el de los consistorios de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.
A estos hay que sumar el escándalo de los ERE por el que, según ex altos cargos de la Junta de Andalucía (PSOE) existía un 'fondo de reptiles' mediante el cual falsos prejubilados, su mayoría vinculados directamente o través de familiares con cargos del PSOE, recibieron dinero de este fondo para recibir prejubilaciones muchas de ellas falsas.
Gürtel
Sin duda, el caso que más expectación ha causado en estos últimos años es el conocido como caso 'Gürtel', liderado presuntamente por el empresario Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El bigotes', y que suma un total de 64 imputados.
De momento, la trama ha costado el cargo a Ricardo Costa, ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana y mano derecha de Francisco Camps, aunque finalmente va en las listas del PP valenciano; ha puesto en duda la transparencia del presidente valenciano y ha provocado un terremoto en el PP de Madrid.
El senador del PP, Luis Bárcenas, también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto con el diputado nacional Rafael Merino. Otros de los caídos han sido tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, y tres alcaldes de algunos de los municipios afectados -Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas-.
Sin embargo, en Madrid siguen abiertas otras operaciones como el caso 'Guateque', que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales y que cuenta con un centenar de imputados.
Baleares
Las islas Baleares también se han convertido en protagonistas de la corrupción con numerosos casos que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas (PP) o la presidenta del Parlamento Autonómico, María Antonia Munar (UM). En total hay 70 imputados.
La imputación de Matas está relacionada con el conocido como caso 'Palma Arena' que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está involucrada en el caso 'Domenge'. Las islas tienen abiertos, por otro lado, otros procesos como el de 'Son Oms', relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el caso' Scala', sobre la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.
Comunidad valenciana
Aparte del caso 'Gürtel' que ha llenado páginas y páginas de periódicos, en la Comunidad Valenciana, otro de los casos más llamativos es el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante) (Independiente), Zarra (Valencia) (PSPV-PSOE) y Bigastro (Alicante) (PSOE).
Además, hay que sumar el conocido como 'caso Brugal' en Alicante cuyas investigaciones se remontan a mayo de 2007, cuando se detuvo al empresario oriolano Ángel Fenoll y a otras cinco personas, por una supuesta trama de sobornos en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en Orihuela.
Los nuevos actores de la trama son el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll; varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela; y el empresario alicantino, Enrique Ortíz.
Canarias
Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los más destacados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.
Uno de los más polémicos es conocido como la 'trama eólica', pero también han salido a la luz procesos como el caso 'Faycán', que afecta al municipio de Telde (PP), o los relacionados con las localidades de Santa Brígida (PP), Yaiza (PNL), Arona (CC), Mogán (PP), Arrecife (PIL y PSOE), La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.
Murcia
Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo a la localidad de Totana, que destapó una trama de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción.
Otras localidades murcianas también están siendo investigadas como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas.
Cataluña
La última trama de corrupción desarticulada corresponde a Cataluña, en particular el denominado caso 'Pretoria' en el municipio de Santa Coloma de Gramenet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentran el alcalde, Bartomeu Muñoz (PSC). En este caso están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU en la época de Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.
A este hay que sumarle la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundación Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.
El 'caso Pretoria' también ha desatado innumerables críticas. La trama de corrupción urbanística salpica diversos ayuntamientos de la provincia de Barcelona y ex altos cargos del gobierno de CiU en Cataluña.
Galicia
El municipio lucense de Castro Rei también se ha visto afectado por la corrupción. Aquí fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño (PSdeG), y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En la Comunidad gallega también han sido detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por corrupción urbanística. Además, el fiscal ha solicitado dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, (PP) por un supuesto trato de favor a sus empresas desde el Ayuntamiento.
Aragón
El principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa (PAR) fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.
Cantabria
El caso más destacados afecta a las localidad de Castro Urdiales. En él existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal como el alcalde Fernando Muguruza (PRC) y su antecesor, el actual concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera (PSOE).
* El Mundo - 26.04.11
Foto: C.Valenciana, Camps y Fabra, imputados por corrupción
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La Xunta avala en Fisterra viviendas ilegales de promotoras vinculadas
Lo que los jueces acaban de determinar es que las fincas donde el regidor del PP de Fisterra, de entonces y de ahora, José Manuel Traba, permitió levantar 168 pisos, carecían de servicios básicos cuando se aprobaron las licencias y que, por tanto, debían haber sido calificadas como suelo urbano no consolidado, y por tanto vedadas a las grúas.
En lugar de seguir esa instrucción, Traba y su Gobierno decidieron primero conceder las licencias y después hacer caso omiso en 2006 cuando el Ayuntamiento fue requerido por la anterior Xunta para que frenase las obras. El bipartito acudió a los tribunales y los jueces le han dado la razón, cinco años después. Cuatro de las seis promociones ilegalizadas pertenecen al entramado de inmobiliarias que integraban los familiares de los exalcaldes populares de Muxía y Cee. Dos corresponden a Campoalsa, SL, una firma constituida en 2005 y que salió de fusionar la constructora de Ramón Campos Trillo -un promotor de la Costa da Morte bien relacionado con el PP que mantiene distintas sociedades con familiares de cargos populares- con la firma Poalsa Inmobiliaria, creada en 2004 por dos sobrinos del entonces alcalde de Muxía y en la que también tenía participaciones el hijo del exregidor de Cee. Esta última firma es la propietaria de otras dos urbanizaciones ilegalizadas.
Todas las construcciones que declara ilegales el Tribunal Superior se ubican en la recta da Anchoa, en los bordes de la carretera general de entrada al pueblo, a pocos metros de la playa. Los tribunales todavía deben pronunciarse sobre otros dos centenares de pisos que el Gobierno de Fisterra autorizó en ese mismo emplazamiento y que también fueron impugnados por la Xunta de Emilio Pérez Touriño. Un tercio de ellos pertenecen a estas dos inmobiliaras vinculadas al PP.
El crecimiento desaforado del ladrillo llevó al regidor de Fisterra a admitir en 2006 que en el pueblo no quedaba un solo metro urbanizable por vender. Traba entonaba entonces el discurso de que las normas subsidiarias -anteriores a 1997, fecha de la modificación de la ley del suelo- se habían quedado obsoletas para responder a la espectacular demanda de suelo que registraba el municipio. Entretanto seguía dando permisos para edificar. Cuando recibió la notificación de la Xunta para que revisase de oficio todas las licencias con la amenaza de que, si no lo hacía, acabarían en los tribunales, el regidor despejó el problema con el argumento de que los técnicos del Gobierno gallego habían realizado mal las mediciones.
Ayer el alcalde, en declaraciones a Radio Nordés de la Cadena SER, redujo el problema a la tardanza en ejecutar el saneamiento que precisan las nuevas promociones. Obvió que seis sentencias certifican que los edificios son ilegales.
La Xunta evita demoler los edificios
Al igual que sucedió en Barreiros, el Gobierno de Feijóo ha decidido amparar las ilegalidades urbanísticas que promotoras vinculadas al PP cometieron estos últimos años en Fisterra. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que preside Agustín Hernández admitió ayer a este periódico que las distintas sentencias certifican que las licencias para levantar 168 pisos en Fisterra "están mal otorgadas porque no se ha acreditado la suficiencia de servicios". El mismo portavoz oficial de la consellería asegura que el tribunal "no ordena demoler". "Por tanto, la consellería no instará la demolición si el Ayuntamiento acredita que se han solventado los problemas que llevaron a la anulación de esas licencias".
Lo que anuncia el Gobierno gallego es que no va a pedir la ejecución de la sentencia que conllevaría el derribo de las urbanizaciones ilegales. Los seis fallos de los jueces certifican claramente que el suelo sobre el que se asentaron los edificios tenía la clasificación de urbano no consolidado, que nunca se debió construir ahí y que la adaptación de los servicios a posteriorio "es irrelevante" de cara a legalizar las obras.
La decisión del Ayuntamiento de Fisterra que ahora refrenda el Gobierno gallego permitirá a las promotoras implicadas ahorrarse el dinero equivalente al 10% de la edificabilidad (seis bloques con 168 viviendas) que tienen la obligación de ceder para uso público al Ayuntamiento. Pese a que el Ejecutivo de Feijoó ha decidido mirar para otro lado y desiste de seguir hasta el final en el pleito iniciado por el bipartito (con el consiguiente gasto para la Administración) hasta instar el derribo de los inmuebles, la situación de ilegalidad de los edificios no cambia puesto que cualquier regularización debería pasar por aprobar una nueva licencia.
También, el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba, aseguró ayer que no contempla la demolición de las urbanizaciones ilegales. El regidor también pasa por alto los fallos del Tribunal Superior de Xustiza que le acusan de dar licencias ilegales y rebajó el problema a unas deficiencias de saneamiento "subsanables".
Traba no aclaró ayer si la construcción de las infraestructuras básicas como el saneamiento que debieron asumir las constructoras serán pagadas por fondos públicos o si exigirá a las inmobiliarias el dinero para sufragar las obras.
* El País - 27.04.11
Foto: Fisterra (A Coruña), concejal_Obras detenido (archivo) - elpais
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