ELMUNDO/Reportaje* : ¿Qué es la corrupción? El juez Miguel Ángel Torres, que destapó el mayor caso de corrupción en España, el 'caso Malaya', lo describió en una conferencia en abril de 2009 así: "La corrupción consiste simplemente en subvenir el orden público a favor de las necesidades privadas (...) Nadie está ajeno a la corrupción, políticos responsables de las fuerzas de seguridad del Estado, jueves, fiscales, famosos en general (...) La corrupción supone sin más la deslegitimación del sistema democrático. Es uno de los mayores cáncer de la democracia y puede dar lugar a la aparición de líderes populistas y a mayor corrupción. Una de las mejores formas de combatirla es con más democracia y más transparencia". Lo deja muy claro. Y es que si hay algo que haya marcado la política en España en los últimos años esa ha sido la temida corrupción. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan la sorprendente cifra de más de 800 imputados entre políticos, de todos los partidos, funcionarios o empresarios.
Las elecciones municipales y autonómicas que se celebran el próximo 22 de mayo vienen acompañadas, por tanto, de una lacra difícil de extinguir. En los últimos cinco años hasta la Fiscalía General del Estado han llegado 730 causas de las que 131 pertenecen a casos de cohecho, 6 de malversación, 48 de prevaricación, 32 de tráfico de influencias y 31 de blanqueo de capitales, según el Informe sobre Democracia en España 2010 de la Fundación Alternativas.
Pero ¿cuánto dinero ha viajado en el maletín de la corrupción? Tres mil millones de euros. Una cifra más que considerable que representa sólo el valor de los bienes intervenidos durante estas operaciones. Detrás del cohecho, la malversación o el blanqueo, la cuenta se hace infinita. Y los que parecen que más tajada sacan son los propios representantes políticos de los españoles.
Según el Informe Global 2008 sobre la corrupción en España realizado por la Agencia de Transparencia Internacional (TI), los partidos políticos son señalados como la institución más corrupta en todas las partes del mundo. Ocho de cada 10 personas consideran a las formaciones como corruptas o extremadamente corruptas. Lo que hace que España se sitúe en el puesto número 30 de 178 países en cuanto a corrupción en el año 2010.
"Dado que los altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas, los compromisos de los gobiernos con la lucha contra la corrupción, con la transparencia y con la rendición de cuentas deben manifestarse a través de sus actos", asegura Huguette Labelle, presidenta de TI.
Todo ello tal vez explique los sorprendentes resultados de tres de los barómetros del CIS de 2009. La corrupción se colocó aquel año entre los problemas considerados como más importantes por los españoles, junto con los problemas económicos y el paro. Algo que no ocurría desde marzo de 1996.
Es decir, durante 13 años la corrupción nunca había sido incluida como problema por más del 3% de los encuestados. Sin embargo, casos como 'Gürtel', 'Palma Arena', 'Malaya' o 'Pretoria' han hecho que para más de un 10% de los españoles la corrupción sea el problema más importante de nuestra sociedad.
El fin del 'boom' inmobiliario, el urbanismo excesivo, y la falta de controles de los Ayuntamientos, provoca que junto a la autonomía de los gobiernos locales sea imposible controlar la corrupción.
La mayoría de los implicados se encuentran en las filas del PP, con más del 50%, y del PSOE, un 35%, aunque también los hay de otros partidos como CiU, CC, UM o el PAR.
Pero, ¿cómo está ahora la corrupción en España? ¿Qué casos están siendo juzgados y cuáles investigados? ¿Quiénes están implicados? ¿Cómo afecta la corrupción en unas elecciones? Las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla, Baleares y Valencia son las que más pesquisas policiales concentran. Además, medio centenar de Ayuntamiento están siendo investigados por este tipo de delitos, pero ¿cuáles son?
Andalucía
La comunidad con más imputados, pese al tirón del caso Gürtel, sigue siendo Andalucía, ya que la investigación que destapó la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella -'Caso Malaya'- y que, por primera vez en la democracia española, supuso la disolución de un Ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.
Pero, además del caso de corrupción más famoso y con más famosos involucrados, Andalucía tiene abiertas otras operaciones que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan a al menos siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Se trata de casos como el de los consistorios de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.
A estos hay que sumar el escándalo de los ERE por el que, según ex altos cargos de la Junta de Andalucía (PSOE) existía un 'fondo de reptiles' mediante el cual falsos prejubilados, su mayoría vinculados directamente o través de familiares con cargos del PSOE, recibieron dinero de este fondo para recibir prejubilaciones muchas de ellas falsas.
Gürtel
Sin duda, el caso que más expectación ha causado en estos últimos años es el conocido como caso 'Gürtel', liderado presuntamente por el empresario Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El bigotes', y que suma un total de 64 imputados.
De momento, la trama ha costado el cargo a Ricardo Costa, ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana y mano derecha de Francisco Camps, aunque finalmente va en las listas del PP valenciano; ha puesto en duda la transparencia del presidente valenciano y ha provocado un terremoto en el PP de Madrid.
El senador del PP, Luis Bárcenas, también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto con el diputado nacional Rafael Merino. Otros de los caídos han sido tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, y tres alcaldes de algunos de los municipios afectados -Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas-.
Sin embargo, en Madrid siguen abiertas otras operaciones como el caso 'Guateque', que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales y que cuenta con un centenar de imputados.
Baleares
Las islas Baleares también se han convertido en protagonistas de la corrupción con numerosos casos que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas (PP) o la presidenta del Parlamento Autonómico, María Antonia Munar (UM). En total hay 70 imputados.
La imputación de Matas está relacionada con el conocido como caso 'Palma Arena' que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está involucrada en el caso 'Domenge'. Las islas tienen abiertos, por otro lado, otros procesos como el de 'Son Oms', relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el caso' Scala', sobre la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.
Comunidad valenciana
Aparte del caso 'Gürtel' que ha llenado páginas y páginas de periódicos, en la Comunidad Valenciana, otro de los casos más llamativos es el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante) (Independiente), Zarra (Valencia) (PSPV-PSOE) y Bigastro (Alicante) (PSOE).
Además, hay que sumar el conocido como 'caso Brugal' en Alicante cuyas investigaciones se remontan a mayo de 2007, cuando se detuvo al empresario oriolano Ángel Fenoll y a otras cinco personas, por una supuesta trama de sobornos en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en Orihuela.
Los nuevos actores de la trama son el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll; varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela; y el empresario alicantino, Enrique Ortíz.
Canarias
Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los más destacados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.
Uno de los más polémicos es conocido como la 'trama eólica', pero también han salido a la luz procesos como el caso 'Faycán', que afecta al municipio de Telde (PP), o los relacionados con las localidades de Santa Brígida (PP), Yaiza (PNL), Arona (CC), Mogán (PP), Arrecife (PIL y PSOE), La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.
Murcia
Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo a la localidad de Totana, que destapó una trama de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción.
Otras localidades murcianas también están siendo investigadas como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas.
Cataluña
La última trama de corrupción desarticulada corresponde a Cataluña, en particular el denominado caso 'Pretoria' en el municipio de Santa Coloma de Gramenet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentran el alcalde, Bartomeu Muñoz (PSC). En este caso están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU en la época de Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.
A este hay que sumarle la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundación Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.
El 'caso Pretoria' también ha desatado innumerables críticas. La trama de corrupción urbanística salpica diversos ayuntamientos de la provincia de Barcelona y ex altos cargos del gobierno de CiU en Cataluña.
Galicia
El municipio lucense de Castro Rei también se ha visto afectado por la corrupción. Aquí fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño (PSdeG), y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En la Comunidad gallega también han sido detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por corrupción urbanística. Además, el fiscal ha solicitado dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, (PP) por un supuesto trato de favor a sus empresas desde el Ayuntamiento.
Aragón
El principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa (PAR) fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.
Cantabria
El caso más destacados afecta a las localidad de Castro Urdiales. En él existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal como el alcalde Fernando Muguruza (PRC) y su antecesor, el actual concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera (PSOE).
* El Mundo - 26.04.11
Foto: C.Valenciana, Camps y Fabra, imputados por corrupción
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ELPAÍS/A Coruña* : Familiares directos de alcaldes del PP que gobernaban en la Costa da Morte durante los años posteriores al vertido del Prestige supieron ver antes que nadie las oportunidades del ladrillo en un paraje idílico que los medios de comunicación habían expuesto al mundo. Al tiempo que sus parientes amparaban desde las alcaldías un despegue urbanístico sin precedentes en la zona, fundaron promotoras inmobiliarias para edificar urbanizaciones a pie de playa, con las que seducir a veraneantes foráneos. Seis sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaban de declarar ilegales otras tantas promociones inmobiliarias en Fisterra, máximo exponente de la fiebre urbanística en la Costa da Morte donde las edificaciones se incrementaron un 444% después de 2002. Cuatro de las urbanizaciones ilegalizadas que deberían ser derribadas si la Xunta solicitase la ejecución de la sentencia y prosiguiese el pleito iniciado por el bipartito -algo que según anunció ayer el Gobierno gallego no va a hacer- pertenecen a sociedades participadas por sobrinos del entonces regidor de Muxía y ahora portavoz municipal y candidato popular, Alberto Blanco, como Miguel Pose y Manuel Muiño Pose. De esa empresa era socio también cuando se levantaron los edificios, Daniel Domínguez, hijo del por entonces alcalde de Cee, Antonio Domínguez.
Lo que los jueces acaban de determinar es que las fincas donde el regidor del PP de Fisterra, de entonces y de ahora, José Manuel Traba, permitió levantar 168 pisos, carecían de servicios básicos cuando se aprobaron las licencias y que, por tanto, debían haber sido calificadas como suelo urbano no consolidado, y por tanto vedadas a las grúas.
En lugar de seguir esa instrucción, Traba y su Gobierno decidieron primero conceder las licencias y después hacer caso omiso en 2006 cuando el Ayuntamiento fue requerido por la anterior Xunta para que frenase las obras. El bipartito acudió a los tribunales y los jueces le han dado la razón, cinco años después. Cuatro de las seis promociones ilegalizadas pertenecen al entramado de inmobiliarias que integraban los familiares de los exalcaldes populares de Muxía y Cee. Dos corresponden a Campoalsa, SL, una firma constituida en 2005 y que salió de fusionar la constructora de Ramón Campos Trillo -un promotor de la Costa da Morte bien relacionado con el PP que mantiene distintas sociedades con familiares de cargos populares- con la firma Poalsa Inmobiliaria, creada en 2004 por dos sobrinos del entonces alcalde de Muxía y en la que también tenía participaciones el hijo del exregidor de Cee. Esta última firma es la propietaria de otras dos urbanizaciones ilegalizadas.
Todas las construcciones que declara ilegales el Tribunal Superior se ubican en la recta da Anchoa, en los bordes de la carretera general de entrada al pueblo, a pocos metros de la playa. Los tribunales todavía deben pronunciarse sobre otros dos centenares de pisos que el Gobierno de Fisterra autorizó en ese mismo emplazamiento y que también fueron impugnados por la Xunta de Emilio Pérez Touriño. Un tercio de ellos pertenecen a estas dos inmobiliaras vinculadas al PP.
El crecimiento desaforado del ladrillo llevó al regidor de Fisterra a admitir en 2006 que en el pueblo no quedaba un solo metro urbanizable por vender. Traba entonaba entonces el discurso de que las normas subsidiarias -anteriores a 1997, fecha de la modificación de la ley del suelo- se habían quedado obsoletas para responder a la espectacular demanda de suelo que registraba el municipio. Entretanto seguía dando permisos para edificar. Cuando recibió la notificación de la Xunta para que revisase de oficio todas las licencias con la amenaza de que, si no lo hacía, acabarían en los tribunales, el regidor despejó el problema con el argumento de que los técnicos del Gobierno gallego habían realizado mal las mediciones.
Ayer el alcalde, en declaraciones a Radio Nordés de la Cadena SER, redujo el problema a la tardanza en ejecutar el saneamiento que precisan las nuevas promociones. Obvió que seis sentencias certifican que los edificios son ilegales.
La Xunta evita demoler los edificios
Al igual que sucedió en Barreiros, el Gobierno de Feijóo ha decidido amparar las ilegalidades urbanísticas que promotoras vinculadas al PP cometieron estos últimos años en Fisterra. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que preside Agustín Hernández admitió ayer a este periódico que las distintas sentencias certifican que las licencias para levantar 168 pisos en Fisterra "están mal otorgadas porque no se ha acreditado la suficiencia de servicios". El mismo portavoz oficial de la consellería asegura que el tribunal "no ordena demoler". "Por tanto, la consellería no instará la demolición si el Ayuntamiento acredita que se han solventado los problemas que llevaron a la anulación de esas licencias".
Lo que anuncia el Gobierno gallego es que no va a pedir la ejecución de la sentencia que conllevaría el derribo de las urbanizaciones ilegales. Los seis fallos de los jueces certifican claramente que el suelo sobre el que se asentaron los edificios tenía la clasificación de urbano no consolidado, que nunca se debió construir ahí y que la adaptación de los servicios a posteriorio "es irrelevante" de cara a legalizar las obras.
La decisión del Ayuntamiento de Fisterra que ahora refrenda el Gobierno gallego permitirá a las promotoras implicadas ahorrarse el dinero equivalente al 10% de la edificabilidad (seis bloques con 168 viviendas) que tienen la obligación de ceder para uso público al Ayuntamiento. Pese a que el Ejecutivo de Feijoó ha decidido mirar para otro lado y desiste de seguir hasta el final en el pleito iniciado por el bipartito (con el consiguiente gasto para la Administración) hasta instar el derribo de los inmuebles, la situación de ilegalidad de los edificios no cambia puesto que cualquier regularización debería pasar por aprobar una nueva licencia.
También, el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba, aseguró ayer que no contempla la demolición de las urbanizaciones ilegales. El regidor también pasa por alto los fallos del Tribunal Superior de Xustiza que le acusan de dar licencias ilegales y rebajó el problema a unas deficiencias de saneamiento "subsanables".
Traba no aclaró ayer si la construcción de las infraestructuras básicas como el saneamiento que debieron asumir las constructoras serán pagadas por fondos públicos o si exigirá a las inmobiliarias el dinero para sufragar las obras.
* El País - 27.04.11
Foto: Fisterra (A Coruña), concejal_Obras detenido (archivo) - elpais
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ELPAÍS/Valencia* : Amnistía Internacional considera la situación del barrio de El Cabanyal, en Valencia, uno de los ejemplos de violación de derechos en su último informe sobre España, presentado ayer. En el barrio marinero, señaló Rubén Martínez Dalmau, miembro de la organización y profesor de Derecho Constitucional, se ha producido "una degradación urbana provocada por las Administraciones, seguida de derribos y de desalojos forzosos". Y para llevar a cabo algunos de esos desalojos, siguió, hubo una serie de cargas policiales caracterizadas por la "brutalidad". El informe de Amnistía Internacional, titulado Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España, describe la situación que desde hace años vive el barrio, cuyo conjunto urbano se encuentra amenazado por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez que pretende el Ayuntamiento de Valencia. "Varias asociaciones de vecinos y la Plataforma Salvem el Cabanyal han denunciado el deterioro provocado en su entorno, reivindicando el carácter cultural e histórico de dicho barrio y el derecho a la vivienda en su integridad, lo que en su opinión debiera implicar su conservación y rehabilitación, no su destrucción", señala Amnistía.
"Los vecinos del barrio han intentado sin éxito que las autoridades locales y autonómicas tengan en cuenta los derechos que les asisten en la defensa del barrio. La reanudación de los derribos y la carga policial contra quienes se oponían a estos se produjeron en circunstancias en las que incluso existían actuaciones judiciales en curso", recuerda el informe.
Marià Ferrer, vecino del barrio y afectado por la prolongación de Blasco Ibáñez, participó en el acto, celebrado en la sede valenciana de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), para contar su propio caso. El tipo de arquitectura de pocas alturas de El Cabanyal y las relaciones sociales que dicha trama urbana contribuyó a suscitar, afirmó, representan lo contrario al estilo de vida derivado de la burbuja inmobiliaria que ha estallado con la crisis. Ferrer responsabilizó a las Administraciones local y autonómica de la "degradación de la convivencia" que ha padecido el barrio, y que habría seguido un esquema clásico "que figura en cualquier libro de geografía urbana". La venta de drogas, citó como ejemplo, se producía hace años en una esquina del barrio, mientras que hoy alcanza la calle del Progreso y ronda la de José Benlliure, en el corazón de El Cabanyal.
El informe recoge otros casos concretos que Amnistía considera violación de derechos sociales, económicos y culturales: los desalojos en la Cañada Real de Madrid; las 270.000 ejecuciones hipotecarias que se han iniciado desde que empezó la crisis, la falta de cobertura sanitaria de ciertos colectivos...
Martínez Dalmau destacó que, pese a que esa clase de derechos sociales y económicos (como el de la vivienda digna) se encuentran recogidos en la Constitución, a diferencia de los derechos fundamentales, no resultan directamente exigibles ante los tribunales. Ello a pesar, agregó, de que su aplicación también podría ser directa a través de los tratados internacionales firmados por España, que así lo establecen.
* El País - 28.04.11
Foto: Valencia, contraste barrio del Cabanyal - EFE
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DIARIOVASCO* : «¿Qué es un 'swap'?», preguntó el juez. La respuesta de la entidad financiera figura en el informe pericial que presentó durante la vista: «En la línea con las mejores prácticas de valoración de este tipo de instrumentos -indicó-, para poder estimar los pagos futuros asociados al comportamiento del activo subyacente, se asume como hipótesis de su evolución un proceso estocástico browniano geométrico compuesto por un factor determinista y otro aleatorio». ¿Han entendido algo? El cliente que había pleiteado contra la entidad financiera por haberle colocado un 'swap', tampoco; y la Administración de Justicia, otro tanto. Los tribunales del País Vasco han dado ya la razón, al menos, a medio centenar de particulares y de pequeñas empresas que habían demandado a varios bancos y cajas de ahorro por haberles vendido ese producto financiero como si fuera un 'seguro' que se incorporaba a la hipoteca de un piso o a una línea de descuento de una empresa, en teoría para cubrirse contra subidas de los tipos de interés; en realidad, no les aclararon que la situación era distinta si bajaban.
A la postre, se trataba de una operación de alto riesgo, conocida también como 'click', permuta financiera, etc., con la cual no sólo no se protegieron, sino que han acabado pagando más dinero, aparte del préstamo. Y sin poder hacer nada, ya que los costes de cancelación eran onerosos.
En el conjunto de España, las anulaciones judiciales de los 'swap' -con la obligación de devolver el dinero cobrado además del crédito-, ya se cuentan por varios cientos (unas doscientas sentencias aparecen en la web de afectados 'www.asuapedefin.com). Fue la Audiencia de Álava la primera que confirmó en Euskadi una condena de este tipo en 2009, a raíz de una demanda civil presentada por la asociación Ausbanc. Pero ya son varios los juzgados vascos de Primera Instancia y también la Audiencia de Vizcaya los que han puesto en el punto de mira esos productos, difíciles de explicar en los juicios incluso para las entidades que los habían vendido. Traducido a un lenguaje sencillo, los litigios consisten en que, bien un particular que quería contratar o renovar una hipoteca de interés variable, bien una pequeña empresa que tenía un préstamo, crédito o línea de descuento en análogas condiciones, fueron animados a apostar, sin tener conciencia de ello, a que el euribor subiría por encima de un nivel, y hasta un determinando punto, en cuyo caso el banco se comprometía a pagarles una suma.
Con esa contrapartida, los clientes creían haberse asegurado una cobertura para la hipoteca o el préstamo frente a los aumentos del precio del dinero, pero muchos no caían en la cuenta de que si los tipos bajaban por debajo de cierto límite, entonces serían ellos los que deberían abonar una suma adicional, además del importe de la operación crediticia. Y ese montante añadido se calcularía a través de unas fórmulas ininteligibles para un profano. Estas ofertas aparecieron en la mayoría de bancos y cajas de ahorro -pero no en las cajas vascas- desde mediados de la pasada década, tanto antes como después de la crisis de las hipotecas 'subprime' en 2007. En algunos casos, sobre todo a partir de 2008, solían ser la única posibilidad de obtener un préstamo o de renovarlo, y se planteaban a los clientes cuando la tendencia del precio del dinero ya no era a subir, como había ocurrido en 2006, sino a bajar. Los perjuicios no tardaron en aparecer cuando el Euribor viró a la baja y los afectados descubrieron las consecuencias de lo que habían firmado.
Derivados financieros
Los 'swaps' -se calcula que se han formalizado tres millones de en España- son derivados financieros y se llaman así porque equivalen a cruzar una apuesta sobre algo: a que el tipo de interés subirá o bajará, a que una moneda se depreciará o no, a que un crédito será fallido a no... Esa fórmula ha permitido a inversores profesionales y a empresas de gran tamaño alcanzar cierto de grado de cobertura en sus operaciones. En ocasiones esos productos se revenden en los mercados secundarios en paquetes complejos, opacos y desregulados, una práctica a la que se achaca el descarrilamiento financiero internacional de 2008. Warren Buffet, el inversor más rico del mundo, aseguró que no quería saber nada de esas operaciones porque no las entendía.
«Pero en el País Vasco se han vendido 'swaps' incluso a alguna persona que no sabe leer ni escribir», asegura un abogado bilbaíno que representa legalmente a ciudadanos que se consideran engañados por los bancos y que afirman haber sufrido perjuicios a causa de ello. Marisa Gracia, delegada de Ausbanc en el País Vasco, asegura tener «unas 300 demandas sólo en esta comunidad autónoma», a las que habría que añadir los casos que llevan otros bufetes. El perfil de los demandantes de Ausbanc no es, precisamente, el del cliente que asume un alto riesgo, una circunstancia que las entidades financieras han estado siempre obligadas a verificar, aunque ahora lo hacen en virtud de una regulación europea recogida en la legislación española. Esos clientes damnificados son parejas corrientes con la hipoteca de un piso, pequeños empresarios, un ganadero, un fabricante de quesos, un zapatero... Y no faltan profesionales versados en cuestiones legales, como abogados y hasta un miembro de la carrera judicial.
Actualmente, los jueces están dando la razón a la mayor parte de los ciudadanos que han presentado demandas contra los 'swaps' y que han pedido la anulación de esos contratos. Ahora bien, para ganar el caso hay que demostrar que se ha producido el 'vicio de consentimiento' recogido en el Código Civil; es decir, hay que dejar claro que a alguien le han vendido una cosa sin que supiera que se trataba de otra; y, además, sin haber tenido la posibilidad de enterarse, ya sea porque no le han informado de todo, ya porque le han hablado de manera equívoca o incomprensible ('el proceso estocástico browniano geométrico', por ejemplo).
No obstante, una sentencia de la Sala Primera de la Audiencia de Álava y que anula un 'swap', va un poco más allá y aprecia la existencia de dolo en un procedimiento; eso significa que, según el tribunal, ha existido un engaño urdido por la entidad financiera. «En definitiva -reza la resolución-, el ofrecimiento de un producto con una finalidad diferente a la real, ocultando las consecuencias negativas que supone para el cliente suscribirlo, y el ofrecimiento de una ampliación del crédito para vencer su natural prudencia, son constitutivas de la maquinación o insidia de las que habla el artículo 1.269 del Código Civil, porque nunca hubiera contratado sin la insistencia del banco, sin el convencimiento de que era una especie de seguro, y sin la oferta de ampliar el crédito que previamente ya disponía».
En principio, las resoluciones sobre los 'swaps' sólo se pueden recurrir al Tribunal Supremo (TS) si la reclamación excede los 250.000 euros. No obstante, el TS ha admitido un recurso contra una sentencia de la Audiencia de Asturias, en el que se considera como la cuantía en juego todo el préstamo.
* Diario Vasco - 26.04.11
Foto: Muchos damnificados son parejas que contrataron una hipoteca para pagar el piso - diariovasco
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ELPAÍS* : Nada de lo que ocurría en Marbella (Málaga) escapaba al entorno del ex asesor de Urbanismo y máximo imputado del caso Malaya, Juan Antonio Roca. Dos de los agentes que participaron en la investigación del caso relataron ayer al tribunal que el juez instructor, Miguel Ángel Torres, les pidió el máximo sigilo y que, aún así, a los dos días de comenzar la investigación sus agentes fueron detectados. Los dos policías declararon como testigos en el segundo bloque del juicio, centrado en examinar los delitos de blanqueo de capitales. Un comisario, responsable de la sección de blanqueo de capitales de Málaga durante la investigación, relató que el entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, "consultó las matrículas" de algunos de los vehículos que estaban realizando labores de vigilancia y después de saber que eran policías les preguntó si estaban investigando algo. "Me parece que se le contestó que estábamos en una investigación de tráfico de drogas", mantuvo.
"Me hicieron retirar el dispositivo", continuó uno de los dos investigadores que llevaron el peso del caso. "A partir de entonces tocó guardar cautela y más cautela", añadió. Ese cuidado arrancó en la propia comisaría provincial, donde sólo seis agentes tenían una visión global del asunto. "Nunca hablábamos de los investigados por sus nombres, cuando íbamos a citas concretas cambiábamos de vehículos". Tampoco acudían a "fuentes locales" de investigación, como al Registro de la Propiedad, y se limitaron a hacer consultas de información en Internet.
Las defensas pidieron al tribunal que este investigador declarara en solitario y no junto al otro inspector que también ha participado activamente en la investigación, como había solicitado el fiscal Anticorrupción.
Solo pudo hablar el primero, que respondió durante dos horas a las preguntas del Ministerio Público. El agente habló de la forma en la que se hicieron las intervenciones telefónicas, los registros y la custodia de la documentación, aspectos en los que las defensas ven fallos.
El policía insistió en que tenía una "comunicación directa y diaria" con el instructor y habló del reparto de tareas con los agentes de Madrid. "Ellos se encargaban del blanqueo, nosotros de los cohechos (...) Era una separación más policial que real", dijo. También aseguró que en la contabilidad hallada en la sede de la sociedad Maras Asesores, clave para determinar la red de cohechos, se podía apreciar que "para el señor Roca el Ayuntamiento era una empresa más".
* El País - 26.04.11
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo - sur
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20MINUTOS* : El 'ladrillo' acumula más de la mitad de los créditos morosos del sector financiero, por delante del comercio, con el 12,5% del total, o la industria, con el 12,3%. Así lo asegura un informe sobre morosidad financiera de Detectys (una de las mayores corporaciones de detectives privados de Europa) a partir de informes de deudas superiores a los 6.000 euros en el primer trimestre de 2011. Concretamente, el 45,4% de estos créditos dudosos se corresponden con el sector de la construcción, mientras que otro 5,7% está depositado en actividades inmobiliarios. Estos datos contrastan con los de otros sectores como el de los profesionales (4,7%), la hostelería (4,4%) o la información y las comunicaciones (2,1%). El informe señala también que el 65,5% de la morosidad se corresponde con particulares, mientras que las empresas y los autónomos son responsables del 34,5% del total de estos créditos.
Otra de las conclusiones que arroja el estudio es que más del 25% de la morosidad familiar corresponde a extranjeros, aunque sólo el 0,65% de los deudores está fuera de España. En el apartado de los medios de vida, el 39,9% de los morosos está en paro, mientas que el 26,7% trabaja por cuenta ajena y el 7,5% son pesionistas jubilados. Sólo un 1,1% son funcionarios.
Sólo el 13,6% son insolventes
En cuanto a las empresas morosas, un 63,7% sigue activa y un 32,8% está inactiva, mientras que el 2% se encuentra en concurso de acreedores, un 0,8% no es solvente y el 0,7% está en liquidación.
Por otro lado, el informe señala que en el 13,6% de los casos, el deudor es insolvente y en el 26,4% existen posibilidades de solvencia. Por su parte, el 58,5% no tiene problemas, está libre de cargas o tiene ingresos susceptibles de embargo.
Ahora bien, en casi el 40% de los casos el domicilio en el que la entidad trata de contactar con el cliente es incorrecto, lo que hace inútiles sus esfuerzos en la etapa de cobro amistoso y el 7% de ellos permanecen ilocalizables después de la investigación.
* 20 Minutos - EP. - 25.04.11
Foto: Bloques en construcción - diariomallorca
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LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha solicitado este martes para la Fiscalía de Málaga más medios personales, en concreto personal auxiliar; y materiales, sobre todo técnicos; aunque ha incidido en las necesidades "urgentes" de los fiscales Anticorrupción, que en su opinión realizan una labor "admirable y muy rigurosa". García Calderón, que ha acudido a una inspección ordinaria de la Fiscalía malagueña, ha indicado que las tareas de los fiscales Anticorrupción están "avaladas por el trabajo desarrollado durante años, junto a funcionarios policiales, de Hacienda o de Inspección urbanística", aunque ha apuntado que "necesitan contar con medios suficientes a nivel telemático, espacios y personal técnico cualificado". "Sólo su capacidad de trabajo y su esfuerzo están permitiendo que sostengamos las peticiones en los juicios orales, porque creo que necesitan urgentemente un apoyo que vamos a pedir a distintos organismos", ha indicado el fiscal andaluz, entre los que ha citado la Junta de Andalucía, "en lo que respecta a las necesidades personales y materiales".
Ha manifestado que "no sería descabellado una unidad policial propia, adscrita a Policía Judicial" y ha afirmado que "podemos instar el que puedan contar con apoyo de la Agencia Tributaria". En este sentido, ha explicado que el modelo de la Fiscalía Anticorrupción cuenta con adscripciones permanentes "y podríamos buscar una solución parecida, sobre todo personas que conozcan la contratación pública y la cuestión fiscal".
García Calderón ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción "es también contra el crimen organizado", materia en la que ha dicho "habría mucho trabajo que desarrollar". Además, ha asegurado que se vincula a otros servicios de la Fiscalía, como el de la Cooperación Jurídica Internacional, que, en su opinión es también "completamente deficitario" en cuanto a medios materiales y personales.
Ha asegurado que "no es cierto" que las grandes operaciones en la Costa del Sol ya hayan pasado, sino que "se pueden estar gestando". Cuestionado por la sentencia del caso 'Ballena Blanca', ha dicho no compartir las críticas a la Fiscalía y a la instrucción y ha indicado que la labor del fiscal Anticorrupción fue "suficientemente rigurosa" y "existían elementos sobrados para permitir la validez de las escuchas", confiando en que "prospere" el recurso anunciado y "pueda modificarse el criterio de la Audiencia Provincial".
MÁLAGA
García Calderón ha calificado la Fiscalía malagueña en general de "muy compleja" y con una carga de trabajo "verdaderamente notable", por lo que ha señalado que "el problema fundamental es la falta de personal auxiliar". "Sería muy urgente contar con un apoyo de funcionarios al servicio del ministerio público", ha indicado el fiscal superior.
Ha reconocido que esta carencia "la hemos puesto de manifiesto hasta la saciedad, pero lo hemos podido constatar in situ sobre todo con la puesta en marcha de servicios como el de ejecutorias". Así, ha indicado que los funcionarios "soportan una carga de trabajo muy elevada y necesitan contar con apoyo técnico que no tienen", ya que "las aplicaciones informáticas no están actualizadas en el caso de Andalucía, lo que perjudica el trabajo cotidiano de los fiscales".
ANDALUCÍA
A escala regional, ha reiterado que las cuantificaciones "han sido absolutamente respetuosas con la situación de escasez presupuestaria y en absoluto es una petición desmedida, descabellada o que no tenga en cuenta las condiciones actuales", recordando que siendo consejera de Justicia Evangelina Naranjo "hicimos una petición de 50 funcionarios en Andalucía", de los que "quizás se han creado seis plazas por la puesta en marcha de la sección de Fuengirola (Málaga)".
"No estamos hablando de cantidades en absoluto inasumibles, sino muy reales y que tienen en cuenta la situación que padecemos", ha insistido García Calderón, quien ha apuntado que en todas las secretarías "puede hacer falta un número no muy elevado de funcionarios", por lo que "como mucho" serían necesarias unas 50 personas a nivel regional, necesidades "que nos parecen razonables y atendibles".
El fiscal Superior de Andalucía ha manifestado que la Fiscalía cuenta con algunos refuerzos de funcionarios, lo que, a su entender, "demuestra la necesidad de la creación de estas plazas" y, aunque ha señalado que "se ha avanzado mucho", ha indicado que "desgraciadamente tenemos que seguir indicando que nuestras necesidades personales y materiales son numerosas".
* La Opinión Málaga - EP. - 26.04.11
Foto: Málaga, ciudad justicia - dimalaga
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LAVOZDEGALICIA* : El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº1 de Lugo ha anulado la licencia de edificación de las polémicas torres de O Garañón, en las cuestas del Parque de Rosalía de Castro, en Lugo, al resolver un recurso interpuesto por la Xunta de Galicia en 2008. Fue la propia delegada municipal de Urbanismo, María Novo, la que informó de la sentencia en una rueda de prensa convocada de urgencia.
Según la resolución judicial, la «licencia está mal otorgada porque carece del informe de Cultura», explicó la responsable municipal.
Novo aclaró que el Gobierno local no había pedido «informe de Patrimonio», porque solicitar dicho trámite significaba la aplicación de «normativa subsidiaria de suelo rústico» al ámbito urbano.
Sin embargo, precisó la delegada de Urbanismo, «en una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de noviembre de 2010 se hace una nueva interpretación de la normativa», que obliga en este caso al Ayuntamiento de Lugo a solicitar el preceptivo informe de patrimonio.
Por ello, en vista de esa nueva interpretación de la norma, María Novo también confirmó que el Ayuntamiento de Lugo esperará a que la sentencia sea firme para aplicarla, porque no tiene pensado presentar recurso.
* La Voz de Galicia - 26.04.11
Foto: Lugo, polémicas torres O Garañón - lavozdegalicia
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EXPANSIÓN* : El 73% de los arquitectos españoles se plantea abandonar el país en busca de trabajo, mientras que un 18% ya ha emprendido una nueva andadura profesional fuera de España, según un estudio sobre el sector del Sindicato de Arquitectos (SArq). El informe indica que las condiciones económicas españolas constituyen el principal detonante de esta "fuga de talento" dentro del sector para el 48% de los encuestados, y señala que el 66% no se plantea siquiera un límite de tiempo para regresar a España. Para el secretario general de la organización, Ignacio Bisbal, esta marcha de profesionales de la arquitectura y el urbanismo supone una "devaluación" de la profesión y su prestigio.
Y es que el 44% de los encuestados ve en su salida del país una oportunidad de conseguir unas condiciones laborales mejores, frente a un 24% que opta por marcharse ante el fuerte desempleo del sector y un 20% que desea mejorar en su desarrollo profesional. Sólo un 1% se marcharía para aprender un nuevo idioma.
No obstante, el miedo a abandonar España y no encontrar trabajo fuera hace que el 69% afirme que sólo se iría de tener trabajo seguro en el país de destino, y únicamente un 31% se atrevería a marcharse y buscar empleo una vez allí.
El destino es Alemania
Por países, el 25% de los encuestados acudiría a Alemania a buscar trabajo, seguido de Reino Unido (22%), Francia (11%) y Estados Unidos (10%). Al parecer, la oferta del gobierno germano de contratar a más de 100.000 jóvenes cualificados ha calado hondo entre los profesionales españoles.
Así, un 44% aprovecharía la propuesta de la canciller alemana Angela Merkel para intentar conseguir empleo, frente a un 36% que afirma no interesarse por esta opción. No obstante, el 44% reconoce que el idioma sería una barrera, aunque un 14% asegura haber comenzado ya a estudiar otra lengua con el fin de encontrar empleo en otro país.
* Expansión - Agencias - 25.04.11
Foto: Paro en España - democracy.org
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ELPAÍS* : El empleo en la construcción se ha reducido un 42% en cuatro años, pero las cifras de víctimas siguen altas. La crisis convierte los tajos en trampas. Cada tres días una persona muere en su puesto de trabajo. En 2010 fallecieron 92 empleados. Las cifras apenas se han reducido pese al descenso de la construcción y el aumento del paro. La gran mayoría de los accidentes puede evitarse. Se llamaba Javier Sánchez Elgueta. Era un trabajador autónomo. El 4 de marzo cayó desde más de 20 metros de altura cuando remataba la construcción de una nave. El inspector, un hombre con gabardina y pelo revuelto, echó un vistazo a la grúa que se había desplomado un rato antes y bramó: "La seguridad en este lugar es un desastre". En ese momento, un empleado de la funeraria recogió las pertenencias del muerto: una chaqueta y las llaves de un coche. También un móvil de última generación que no paraba de sonar. Sánchez Elgueta fue la decimotercera víctima mortal de los accidentes laborales en este año. Hasta ayer han fallecido 30 personas. El empleo en la construcción se ha desplomado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria (un 42%, 271.375 contratos en 2007 frente a los 159.625 en 2011), pero las cifras de muertos no han caído al mismo ritmo.
El panorama es desolador: andamios mal montados, zanjas que se desploman en obras ilegales. Un drama acompañado del drástico recorte que han aplicado muchas empresas en medidas de seguridad y la recogida furtiva de trabajadores sin contrato al amanecer. El resultado es que un trabajador muere en la región cada tres días y, cada dos, un par sufre un accidente grave.
A media mañana de un día entre semana, un coche cruza el puesto de control que vigila el acceso a Los Molinos, el mayor desarrollo urbanístico que se levanta en la región, con 6.000 viviendas a medio hacer en Getafe. A cada rato un avión sobrevuela la maraña de grúas dispersas por toda la planicie. Del vehículo baja una curiosa pareja, un cordobés de 23 años llamado Ernesto y un hombre de 64 conocido como Juanino. Son técnicos en prevención de riesgos laborales de UGT, una especie de vigías que visitan a diario obras dando tirones de oreja a empresarios y trabajadores, convencidos de que todos los accidentes se pueden evitar.
Juanino otea el horizonte y frunce el ceño cuando ve a un chico de mono azul trepar por el exterior de un andamio. "¡Qué haces, hombre, qué haces!", le increpa. El trabajador, sorprendido, le responde ya desde lo alto: "Ya, ya lo sé. Es que no hay otra forma de hacerlo". Y pide disculpas. Justo en esa obra murió un hombre hace 15 días. La visita continúa. Juanino es el más enérgico en esta mañana de cielo encapotado. "Ponte el arnés, hombre"; "ese casco"; "hijo mío, te da un mareo y te has matado. Sujétate por Dios". Ernesto, al volante, reflexiona: "Llevo tres años en esto y no he visto ni una sola obra que cumpla todos los requisitos". Peones que se pasean sin sujeción por precipicios, hombres sin casco, cables sueltos junto a charcos y bidones de gasolina.
La siguiente parada de los técnicos es una obra en estructura. Todavía se ven las varillas de ferralla. "Este es el peor momento, el más peligroso. Todo está lleno de agujeros", dice Juanino y señala con el dedo las escaleras del forjado que deberían sobresalir un metro. Casi ninguna lo hace.
Por un camino de tierra un chico a los mandos de un toro con palés de ladrillo que cubren todo el cristal delantero conduce sin ver nada. Saca medio cuerpo del vehículo. Juanino le increpa con los brazos abiertos. El tipo pide perdón. En caso de que los técnicos vean alguna negligencia tienen el deber de comentárselo al capataz de obra. El encargado suele enmendar a los infractores, que en realidad están poniendo en peligro su propia vida, pero si no lo hace, los miembros del sindicato informan a la Inspección de Trabajo.
Una inspectora de este departamento que prefiere no desvelar su nombre destaca que las obras pequeñas son en las que se registran más muertes, quizá preocupadas menos por la seguridad y al estar menos expuestas a los controles. Unos 100 inspectores rastrean la región. En Los Molinos, donde mandan las grandes constructoras, hay muchos controles pero aun así han muerto tres trabajadores desde que se comenzó a levantar el barrio.
Las empresas invierten entre el 1% y el 2% del presupuesto en seguridad. La inspectora añade: "Es cierto que siempre que se recorta es de seguridad, no solo las empresas, las contratas suelen ir a la oferta más baja, que a veces ni siquiera es legal".
Rosa María Robledano, secretaria de Salud Laboral de UGT, aboga por tener "tolerancia cero" con los incumplidores, a los que pide que les caiga todo el peso de la ley. "En Madrid no ha ido ningún empresario ni ningún capataz a la cárcel. Y hace falta que se publique el nombre de las empresas que no cumplen y que exponen a sus trabajadores a la muerte", afirma Robledano. En otras comunidades como Cataluña o Castilla y León sí se hace. Los sindicatos piden que la Comunidad de Madrid se presente como acusación en casos en los que se ha visto delito o se sospecha que el riesgo de que este se produzca es evidente.
El coche de los técnicos se hace a un lado. Baja Juanino. Un carpintero aupado a una azotea, aparentemente sin arnés, da golpes a una estructura con el cuerpo en suspensión. El sindicalista le grita desde abajo, y muchos de los que se emplean dejan lo que están haciendo y observan a Juanino con curiosidad. El carpintero, deprisa, desciende por las escaleras hasta toparse con el técnico.
-De verdad que iba enganchado pero desde aquí no lo ves.
-No me cuentes historias, no soy tonto...
-Lo que tenéis que hacer es pasaros por aquí a última hora y veréis cómo trabajamos horas de más. Y si te quejas, te dicen que ahí tienes la puerta. Los sindicalistas estáis escondidos, coño.
-Pues denuncia y así podemos inspeccionar la obra.
-Claro, y me echan a la calle. Hay casi cinco millones de parados, no está la cosa para jugársela...
La discusión, después de cinco minutos, no avanza. Ernesto, el más joven, sabe lo que es firmar un contrato y al mismo tiempo rubricar la baja, para que pueda ser despedido cuando la empresa lo considere. "Eso me mueve a pasar días visitando obras. No quiero que mueran obreros ni que trabajen en malas condiciones".
Terminada la disputa, la pareja se dirige a un edificio casi terminado. Una bandera de España está colocada en lo alto. Significa que los obreros han cubierto agua, como se llama a dar por acabada la estructura, sin muertos ni accidentes graves. "Espero que algún día todas las construcciones puedan poner una en lo alto", zanja Juanino. Se sube después al coche y se va con la misión de seguir salvando vidas.
Las cifras
- Entre 2007 y 2010 hubo 473 fallecidos en sus puestos de trabajo y casi 506.000 accidentes.
- Los sectores con más siniestralidad son Construcción (87.216) y Servicios (277.470), según estimaciones de UGT con datos oficiales.
- El porcentaje de víctimas bajó en estos cuatro años, pero menos que el nivel de ocupación.
* El País - Reportaje - 25.04.11
Foto: El 15 de marzo, dos obreros murieron en Alcorcón tras precipitarse del andamio que montaban en el patio de un bloque de pisos. Cayeron desde un sexto piso. Uno de ellos aparece cubierto por una sábana en la imagen.- elpais
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JESÚS VILLAR* : Se estima que la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades y en 2050 esta cifra aumentará hasta los dos tercios. La gente de las ciudades vive más años y con más frecuencia vive sola. Estas tendencias presentan nuevos retos sociales, económicos y ambientales que requieren soluciones innovadoras y que no se están teniendo en cuenta por muchas autoridades locales y agentes sociales que dirigen e intervienen en los grandes municipios. En un reciente informe patrocinado por Philips titulado Ciudades más habitables, se aportan soluciones para potenciar el bienestar y la salud de los habitantes de las ciudades a través de ideas y acciones innovadoras. La conclusión es que ha llegado la hora de que las organizaciones políticas, empresariales y sociales sean dirigidas por líderes innovadores. Para Charles Leadbeater, uno de los mayores expertos mundiales en innovación, las compañías e instituciones que tendrán éxito en el futuro serán aquellas que combinen propuestas sistemáticas y eficientes en sus procesos con la capacidad y el talento de construir una relación con sus clientes o ciudadanos. Que cojan apuntes nuestros candidatos a regir próximamente nuestros municipios. En las mejores ciudades del mundo, sus regidores y servidores públicos han conseguido crear en sus comunidades que los ciudadanos sientan una afinidad personal y poderosa con el municipio. Esta relación e interacción personal, y no los partidos políticos, se ha convertido en la primera fuente de creación de valor en la economía actual.
En palabras de Leadbeater, las instituciones y las empresas que logran esta combinación entre la interacción personal y colectiva tienden a lograr un modelo que sirve más para "arrastrar" que para "presionar", atrayendo más gente y recursos que por la vía tradicional. Es esta capacidad de inspirar un sentido de participación lo que las diferencia del resto. Sus ciudadanos contribuyen con sus ideas creando un valor que va más allá de lo que puede lograrse por las relaciones y formas de dirigir del pasado. Por eso es más probable que estas ideas innovadoras las lleven a cabo los candidatos y regidores más jóvenes, independientemente de sus ideas políticas, siempre y cuando tengan la actitud y la preparación adecuada. Que cojan apuntes nuestros candidatos a regir próximamente nuestros municipios.
Las autoridades locales deben ser más transparentes y ceder más poder a sus ciudadanos. Las soluciones para hacer una ciudad más habitable deben ser discutidas y participadas para conocer lo que les importa más a la gente y a sus comunidades. El informe sobre cómo conseguir que nuestras ciudades sean más habitables se ha basado en las respuestas de 31.000 personas de 23 países. Según estas respuestas, los tres factores más importantes que hacen que una ciudad sea un lugar más atractivo para vivir y trabajar son: 1) el coste de la vida y el mercado de trabajo, 2) el transporte público, las conexiones por carreteras y los aparcamientos, y 3) la seguridad. Según la opinión de más de 500 profesionales de urbanismo del mundo, las autoridades locales y el diseño de la mayoría de las ciudades actuales no han sabido responder a las necesidades de sus ciudadanos jóvenes y ancianos. Pocos aspectos son tan importantes para los ciudadanos como el transporte. Para el 61 % de los entrevistados, la primera cosa que los ciudadanos cambiarían si estuvieran a cargo de la ciudad sería la organización del transporte público y el estado de las carreteras, seguido del entorno ambiental. Que cojan apuntes nuestros candidatos a regir próximamente nuestros municipios.
Los núcleos urbanos más importantes del mundo son centros dinámicos de creación de bienestar, innovación y de esfuerzos artísticos y científicos. Los urbanistas y alcaldes deber ser más creativos en su visión a medio y largo plazo aportando los elementos y recursos que hacen que una ciudad sea más habitable para sus ciudadanos. Para aquellas ciudades que aspiran a ser más habitables y atractivas tienen que explorar ideas que se lleven a la práctica lo antes posible para estimular el crecimiento y la competitividad global. Eso incluye todo, desde la calidad del transporte, el civismo, la educación y la salud hasta tener más espacios verdes y más atracciones culturales y de ocio. Pero de nada vale que una ciudad tenga teatros y salas de conciertos si la mayoría de los ciudadanos no puede permitirse el precio de las entradas, aparte del aparcamiento o la niñera. Sin nada de esto, ni te presentes a ser modelo de capital cultural de tu comunidad autónoma, del país o de Europa. Que cojan apuntes nuestros candidatos a regir próximamente nuestros municipios. Buen día y hasta luego.
* La Provincia - Opinión - 24.04.11
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MÁLAGAHOY* : El maletín que contenía la parte más explosiva del caso Malaya, que guardaba documentación que acabó provocando la detención de decenas de empresarios y políticos de Marbella, estuvo tres meses en dependencias policiales antes de que los investigadores descubrieran el polvorín que encerraba. El entonces jefe del grupo del grupo tercero de blanqueo de capitales de la Udyco de Málaga reconoció ayer durante el juicio por este asunto que la carpeta de piel marrón permaneció intacta desde que fue intervenida al supuesto contable de Juan A.Roca, a finales de marzo de 2006 hasta junio de ese año. Las montañas de documentación y soportes informáticos decomisados durante los registros practicados en las viviendas y oficinas de los primeros detenidos en la operación Malaya absorbieron la capacidad de trabajo de los seis agentes del grupo de blanqueo, apoyados por inspectores de la Agencia Tributaria. En aquel maremágnum el maletín marrón de la marca Balenciaga pasó desapercibido. Incluso, su propietario fue inicialmente imputado sólo como posible cooperador en el blanqueo de capitales que se atribuye a Juan A.Roca.
Sin ese maletín, Malaya no sería el mayor caso de corrupción político urbanística investigada hasta ahora en España y no habría 95 personas sentadas en el banquillo. El día que se abrió se destapó la caja de los truenos en Marbella. La Policía descubrió lo que considera que es la contabilidad B de Juan Antonio Roca. En definitiva, emergió la principal prueba contra los acusados. Fuera de ese maletín sólo quedan las conversaciones telefónicas intervenidas a los sospechosos y algunos documentos indiciarios del mecanismo de extorsión que se les atribuye. El ex jefe del grupo tercero de Blanqueo explicó ayer a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que se encontraron una serie de anotaciones que, en realidad, eran los "libros de caja" de Juan Antonio Roca "con los ingresos y salidas" que experimentaban sus empresas desde 2004 hasta la fecha de su detención, el 29 de marzo de 2006.
Tanto es así que la contabilidad de los dos primeros ejercicios figuraba en un soporte informático, mientras que los movimientos relativos a los meses de enero y febrero de 2006 se hallaron impresos y los referidos a marzo de 2006 manuscritos. La Policía cree que no les dio tiempo a transcribir esos apuntes contables al ordenador. Esa contabilidad reflejaban aportaciones económicas que se vinculan con empresarios con intereses inmobiliarios en Marbella o aspirantes a adjudicaciones municipales, los ingresos de efectivo, imposiciones y devoluciones de préstamos intrasocietarios y una serie de salidas. En este último capítulo aparece el Ayuntamiento de Marbella "como una empresa más", según el mando policial que dirigió el caso Malaya hasta su inexplicada salida del grupo de investigación para incorporarse a una comisaría de distrito.
Es decir, en la aparente contabilidad opaca de Juan Antonio Roca figuraban una serie de salidas de dinero relativas a compromisos con proveedores y otros gastos de explotación y ahí es donde a efectos contables Roca presumiblemente encuadra los supuestos pagos a los concejales.
En esta documentación es donde la Policía halló las iniciales que seguidamente relacionó con los nombres de las personas que formaban en aquellas fechas el equipo de gobierno de Marbella y que pudieron ser receptoras de sobres y de los empresarios con intereses en el municipio que aparecían como aportantes. No obstante, Juan Antonio Roca, hasta ahora, nunca ha reconocido esa contabilidad como propia, mientras que Salvador Gardoqui ha admitido que efectivamente fue quien pasó a una hoja de cálculo los números y apuntes que le dictaba el otrora poderoso asesor de urbanismo de Marbella, pero que en realidad nunca supo a qué se refería porque se limitaba a copiar lo que le decía. Una tarea menor por la que, según dijo, no facturó ni un céntimo.
* Málaga Hoy - 27.04.11
Foto: Juan Antonio Roca, custodiado por la Policía, en el banquillo junto a otros procesados a finales de marzo de este año.- malagahoy
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CINCODÍAS* : El 76% del patrimonio de los españoles está en ladrillo, y los depósitos son el principal destino de la riqueza financiera de las familias. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, animaba la pasada semana a los ciudadanos a procurar a sus descendientes una herencia diferente a la vivienda. España necesita "lograr que las familias crean que lo mejor para sus hijos no es dejarles un piso", decía en unas jornadas organizadas por el IESE. Las palabras de Campa contradicen, no obstante, la política tributaria y social instaurada en el país desde la democracia, principal acicate de la inversión en ladrillo de los particulares. Según el planteamiento de Campa, el cambio del modelo económico español exige que la vivienda pierda terreno frente a otras alternativas de ahorro e inversión, más líquidas y productivas. Con un parque de viviendas cercano a los 27 millones de casas y algo más de 17 millones de familias registradas por la EPA, España es uno de los países con mayor riqueza de los hogares concentrada en el inmobiliario. De hecho, ésta representa un valor del 530% sobre el PIB, frente al aproximadamente 600% que supone el patrimonio total de las familias.
Pero, ¿qué ocurre con el dinero que no está en el ladrillo? ¿Cómo distribuyen los españoles ese capital?
Atendiendo a la disección por productos de los activos financieros, puede observarse que los españoles optan por los vehículos de inversión y ahorro más conservadores. Casi la mitad de la riqueza de las familias no asociada al inmobiliario (859.913 millones de euros de 1,7 billones) corresponde a efectivo y depósitos, según la información del Banco de España. De esta cantidad, un 53% son depósitos a plazo o estructurados, mientras que el 35% son depósitos transferibles, es decir que pueden ser movilizados o convertibles en efectivo ipso facto sin restricciones o grandes penalizaciones.
A continuación, se sitúan las acciones en empresas cotizadas o no, así como otras participaciones por ejemplo en sociedades de responsabilidad limitada, en cooperativas, etc. También aquí se engloban las aportaciones en fondos de inversión, así como las cuotas participativas que emiten las cajas de ahorros. En conjunto, la cuantía absorbida por esta categoría asciende a 520.678 millones de euros, de los que la inversión en Bolsa alcanza un 20%.
El tercer puesto del ranking lo ocupan las reservas técnicas en seguros, en la que los españoles tienen alojados algo más de 268.600 millones de euros. Dentro de éstos, los seguros de vida -habitualmente asociados a la contratación de una hipoteca- son los de mayor consistencia. De cerca le siguen los fondos de pensiones y más marginales resultan los relacionados con primas y siniestros, que apenas superan el 11%.
Cerrando la clasificación, y con poca diferencia entre sí, están los valores distintos de acciones y las cuentas pendientes de cobro, que representan poco más del 3%, cada uno. Los primeros hacen referencia a aquellos instrumentos financieros al portador, normalmente negociables, pero que no confieren derechos de propiedad sobre la institución que los emite, los derivados y las permutas de los tipos de interés. Por otra parte, las cuentas pendientes de cobro recogen los créditos concedidos a los hogares por sociedades no financieras -por ejemplo, los grandes almacenes- cuando éstas financian la venta de un bien o servicio, así como los derechos que se producen por desfases temporales entre el momento de la operación y la fecha del pago correspondiente.
De cada 100 euros de patrimonio...
Dejando aparte la deuda generada por los activos, cada familia española tiene de media 329.223 euros de patrimonio inmobiliario y 104.275 euros de riqueza financiera -50.500 euros serían efectivo y depósitos; casi 30.700, acciones y participaciones, y 15.800 euros, seguros-. Es decir, por cada euro de riqueza inmobiliaria, los hogares poseen 30 céntimos de financiera.
En términos prácticos, esto significa que de 100 euros de patrimonio familiar, 76 corresponden a bienes residenciales y solamente 24 euros a otros productos: casi 12 euros, a efectivo y depósitos; poco más de 7 euros, a acciones y participaciones, y cerca de 4 euros, a seguros. Estos cálculos evidencian ese desequilibrio en la cartera de ahorro e inversión de los españoles que tanto disgusta al secretario de Estado de Economía.
Menos inversión productiva
El mapa de reparto del dinero no ha variado demasiado en la última década, según se extrae del histórico del Banco de España. Las familias no han cambiado su pauta de ahorro en años, y depósitos, acciones en empresas y seguros han configurado, por este orden, las preferencias. Eso sí, cabe algún matiz significativo.
Comparando las estadísticas de 2002 y las de 2010, se observa que el capital destinado a la adquisición de acciones y participaciones ha caído en favor de los depósitos. Es decir, la crisis ha vuelto a los españoles aún más reacios al riesgo. Así, del 36% que representaban los derechos de propiedad en sociedades en 2002 se ha pasado al 29% actual. Por el contrario, las cuentas bancarias que suponían un 42% del total de activos financieros superan ahora el 48%. La apuesta segura de estos productos, en detrimento de la inversión que incentiva la actividad empresarial, pone trabas al tan codiciado cambio de modelo productivo.
Otra nota destacada es el estancamiento de la inversión en Bolsa. Pese a que algunos análisis evidencian que en un periodo medio-largo la renta variable es una de las fórmulas de ahorro más rentable, los españoles no acaban de entrar en el mercado. Durante los últimos diez años su peso ha caído. En 2002, el importe en acciones cotizadas representaba un 7,27% del total de activos financieros. Al cierre del cuarto trimestre de 2010, era más de un punto inferior, del 5,95%.
Llama la atención, asimismo, todo el dinero al que los españoles no dan utilidad: 93.000 millones de euros -algo menos del que los particulares tienen en Bolsa- son líquido y cuentas corrientes, y como tal, no reportan ningún beneficio a los propietarios más allá del estar ahí.
Evolución cronológica de la deducción en vivienda
- El incentivo a la inversión en vivienda está presente en el Impuesto sobre el IRPF desde 1978, cuando se introdujo una deducción del 15%.
- En 1987 llegó el primer cambio: el tipo aplicado sobre los inmuebles de nueva construcción ascendía hasta el 17%. Duró poco y solo un año después la legislación lo recortaba hasta el 10%.
- El ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga eliminó a principios de los noventa la deducción por vivienda distinta a la habitual.
- Durante 1998 se establecieron los tipos incrementados, es decir, la deducción pasaba a ser del 25% aplicable a la mitad de la base de deducción durante los dos primeros años después de la compra y del 20%, a partir del segundo año.
- En 2006 se produce una nueva modificación y se fija una deducción del 15%.
- La última revisión es de este mismo año. A partir de 2011, las rentas inferiores a 17.100 euros podrán deducirse un 15%. Para las rentas inferiores a 24.000 euros cabe el mismo porcentaje pero cayendo según el nivel de ingresos. Por encima de este umbral, desaparece el incentivo fiscal asociado a la adquisición de vivienda.
* Cinco Días - Mamen Ponce de León - 20.04.11
Foto: Vivienda Digna, manifa ladrillo y presos (archivo)
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LASPROVINCIAS/Alicante* : La investigación de la Guardia Civil sobre el crimen de Alejandro Ponsoda sigue deparando sorpresas. Primero fue la apertura de una nueva causa relacionada con una supuesta trama urbanística en Polop, por la que están imputados uno de los presuntos inductores del asesinato, Juan Cano, que sucedió a Ponsoda como alcalde, el ingeniero José Vicente Martí y el exedil Jaime Narbó. Ahora, la magistrada María Antonia Raedo, titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 2 de La Vila, ha ordenado abrir otro procedimiento por un delito de cohecho contra el propio Cano y quien fuera su mano derecha en el Ayuntamiento y el PP local, Joaquín Montiel. Así se desprende de una providencia dictada por la juez instructora el pasado 8 de octubre a la que ha tenido acceso este diario. En ella, Raedo incorpora a la causa un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO), el grupo de élite de la Benemérita que continúa al frente de las pesquisas. Los agentes han obtenido una conversación grabada que apunta a que los todavía concejales podrían haber exigido dinero a un constructor a cambio de algún trato de favor desde sus respectivos cargos públicos. El CD con esa grabación ha sido incluido ya en las diligencias previas 2793/2007, las del crimen, aunque Raedo ha ordenado que se deduzca testimonio de la misma como paso previo a incoar un procedimiento distinto por soborno.
Esa providencia fue recurrida por el abogado de Juan Cano, Carlos Ruiz Manero, y la de Robert Franek, uno de los dos presuntos sicarios checos acusados de liquidar a Ponsoda. Ambos letrados sostenían que la UCO estaba actuando de forma irregular al realizar indagaciones sin mandato expreso de la juez.
Sin embargo, la Audiencia, en un auto fechado el pasado 5 de abril y publicado también por este periódico, avala ese proceder, aunque no se pronuncia sobre la validez de la grabación incorporada al sumario. «La resolución judicial trata de incorporar al proceso el resultado de la investigación policial, que es donde debe estar, para proceder a la oportuna contradicción», precisan los magistrados de la Sección Primera.
En la providencia recurrida no se hace mención alguna al contenido de la conversación. Raedo se limita a ordenar su incorporación a la causa y a requerir a los investigadores que aporten la «transcripción» de la misma para «la oportuna adveración por la secretaria del juzgado», previo paso a «deducir testimonio por la posible existencia de un delito de cohecho presuntamente cometido por Juan Cano y Joaquín Montiel».
Fuentes jurídicas consultadas por este diario confirmaron que la grabación es la misma a la que se hace referencia al principio del sumario y que dejaron fuera del Ayuntamiento a ambos regidores en las elecciones municipales de 2003.
El exconcejal Juan Andrés Llorens, enfrentado a Cano, a quien sucedió en la Concejalía de Urbanismo durante la legislatura 2003-2007, declaró a la Guardia Civil que fue el entonces presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, Julio de España, quien tomó la decisión de apartarles.
Según su versión, el dirigente popular convocó a una reunión a Ponsoda, él mismo y otros tres concejales para pedirles que sacaran de la lista del PP para las municipales a Cano y Ximo Montiel. «Nos dijo que si no lo hacíamos, se presentarían otras listas. Todos protestamos porque no sabíamos qué pasaba. La explicación que nos dieron es que estaban afectados por una trama urbanística y que habían sido grabados mientras pedían dinero a un constructor».
Esa grabación no ha visto la luz hasta ahora. La dirección provincial del PP decidió echar tierra sobre este asunto ante la proximidad de los comicios. «Nos dijeron que no querían dar publicidad a las cintas debido a que afectaban a las próximas elecciones», relató Llorens a los agentes.
Los representantes del PP de Polop llamaron a Cano y Montiel para que diesen su versión de los hechos, «pero se negaron rotundamente, dando a entender la veracidad de los hechos», prosigue el testigo. «Negociamos la salida de estas personas y se les posicionó en los puestos 10 y 11, en los que realmente no tenían posibilidad de salir elegidos».
Este presunto delito de cohecho podría haber ya prescrito. La misma sombra de prescripción planea también sobre otra de las causas judiciales abiertas a raíz del crimen por una supuesta trama urbanística.
* Las Provincias - 25.04.11
Foto: Polop (Alicante) - flickr.com
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ELPAÍS/Guipúzcoa* : Las autoridades medioambientales no se encuentran nada conformes con el proyecto de construir un puerto exterior adosado al monte Jaizkibel, como pretende la Autoridad Portuaria de Pasaia. El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado un documento de alegaciones muy crítico con esta infraestructura. Los reparos que plantea a la futura dársena cobran especial relevancia al ser Medio Ambiente quien, en última instancia, debe aceptar la ejecución de dicha infraestructura o impedirla, como hizo recientemente al denegar la ampliación del puerto de Tarifa. El informe ministerial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye que el puerto exterior altera "significativa e irreversiblemente" los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC, un ecosistema protegido) de Jaizkibel y Ulía y que la operación resulta "insostenible" desde el punto de vista económico. Y avisa de que, si se libera el puerto interior, estos terrenos "no pueden patrimonializarse, ni incorporarse a un proceso urbanizador".
Como colofón, el informe del departamento que encabeza Rosa Aguilar considera conveniente profundizar en la llamada "Alternativa 2": mantener el puerto actual, crear la plataforma logística Lezo-Gaintxurizketa y regenerar el área de La Herrera. Apuesta por esta solución porque "permite mantener inalteradas las condiciones del litoral exterior, incide favorablemente en la regeneración de la bahía y propicia alcanzar un volumen de tráfico compatible con el desarrollo de la actividad portuaria".
Medio Ambiente deja claro que "el tráfico portuario no parece justificar en modo alguno la operación" de construir un puerto exterior. Basa esta afirmación valiéndose precisamente de las previsiones que realiza el Puerto de Pasaia. Expresa su extrañeza por la pretensión de invertir 765 millones de euros en la dársena exterior para lograr "un incremento inferior a los dos millones de toneladas anuales". Con el puerto actual y una plataforma logística, en 2030 se moverían 7,6 millones de toneladas, mientras que con el puerto exterior, 9,39 millones de toneladas.
Ante el propósito de la central térmica a la futura dársena, el ministerio advierte de que la Ley de Costas fija que "no puede haber rellenos para usos no portuarios" y que quedan denegadas las actividades energéticas, industriales y similares, "para cuya ubicación pueden existir alternativas fuera del relleno propuesto".
Los principales reproches contenidos en el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar van dirigidos a los impactos que ocasiona la solución elegida por Pasaia. "La alternativa seleccionada altera significativa e irreversiblemente la naturalidad de la Zona de Especial Conservación (ZEC)" que forman los LIC Jaizkibel y Ulía "al introducir un elemento discordante, totalmente artificial, en la franja litoral: el denominado puerto exterior". Afecta a los valores "más relevantes" del entorno: "paisaje, geomorfología y biodiversidad marina, dinámica y procesos litorales, sedimentos del fondo marino, vegetación y fauna marinas, entre otros".
El informe critica que no se hayan tenido en cuenta las afecciones ambientales, ni la viabilidad técnica y económica de los accesos al puerto por carretera y ferrocarril mediante sendos túneles. Y echa en falta concreción sobre los dragados precisos para construir la infraestructura.
El ministerio aconseja "verificar" que el plan director no afecta a especies y hábitats protegidos por la legislación, y recuerda que la zona donde se pretende construir el puerto exterior "se incluye en el PSSA" (Áreas marítimas particularmente sensibles) de la OMI (Organización Marítima Internacional) de las Naciones Unidas, que califica el litoral del Jaizkibel como "un área que requiere una especial protección por sus valores ecológicos, socioeconómicos o científicos y que es especialmente vulnerable a las actividades marítimas".
En su parte final, el documento concluye que el análisis económico financiero que el propio Puerto de Pasaia ha incluido en su plan director de infraestructuras "pone de manifiesto la insostenibilidad, sin aportaciones externas, de la operación", incluso contabilizando los ingresos procedentes del negocio que generaría la regasificadora prevista. Es crítico porque Pasaia no ha contemplado siquiera el coste de las medidas preventivas y correctoras, ni de los accesos viarios a la dársena exterior.
Este informe se suma al entregado por la Dirección de Biodiversidad del Gobierno vasco, también muy crítico con el puerto exterior, y que, entre otras consideraciones negativas, subraya que la futura dársena afecta a elementos "clave" del ecosistema, por lo que su construcción en las faldas del Jaizkibel solo podría justificarse alegando raznes relacionadas con "la salud humana y la seguridad pública", siempre "previa consulta a la Comisión Europea".
La regeneración de la bahía es incompleta
Todos los informes de las autoridades medioambientales vienen a decir lo mismo. Coinciden en que la Autoridad Portuaria de Pasaia deja en un segundo plano la regeneración integral de la bahía y da prevalencia a su principal pretensión: construir el puerto exterior. Así lo expresa también el Ministerio de Medio Ambiente. Cuestiona a la dirección del puerto por dedicar tantos detalles a plasmar las nuevas instalaciones y, en cambio, ofrece un listado insuficiente de medidas para corregir los destrozos ambientales que provocaría el puerto exterior. Tampoco entiende las razones por las cuales no se han incluido las medidas correctoras en la bahía.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa llega a enumerar hasta un total de siete soluciones para mejorar el entorno portuario, las zonas que se encuentran más próximas a los vecinos. La primera tarea consistiría en "recuperar los espacios terrestres del frente litoral de la bahía", con la "apertura al público y al tránsito peatonal de toda la ribera marítimo-terrestre de la bahía". También propone la "recuperación ambiental de la lámina de agua", mediante la retirada de rellenos, recuperación de fondos y regeneración de playas y marismas. En tercer lugar, plantea recuperar el entorno de la zona portuaria, como los tramos finales de la ría de Oiartzun o la regata de Molinao.
El ministerio dedica especial atención a que "no consta mención alguna" en el Informe de Sostenibilidad de Pasaia sobre la zona de transición entre el acabado del relleno de la nueva dársena y el LIC del Jaizkibel.
En este mismo apartado, Medio Ambiente amonesta a la Autoridad Portuaria por incluir en sus planes la posibilidad de utilizar arena de algunas playas para hacer el relleno de la futura infraestructura. "De producirse la ampliación, debe plantearse de manera que no se utilice la arena como material de relleno, sino que sea extraída y depositada, bien en tierra o en mar, para su posterior reutilización en la regeneración de playas o para las medidas correctoras o compensatorias que se determinen", asegura el ministerio en esta parte el informe.
Las cinco soluciones planteadas
- "Alternativa 0". También denominada "No intervención". Se mantiene la configuración operativa del puerto actual y se construye una plataforma logística portuaria en el corredor logístico Lezo-Gaintxurizketa.
- "Alternativa 1". Colaboración con otros puertos. Se desvían los tráficos de chatarra y productos siderúrgicos a instalaciones cercanas (Bilbao o Bayona), al tiempo que se complementa con una plataforma logística (puerto seco) en el corredor Lezo-Gaintxurizketa.
- "Alternativa 2". El puerto actual se mantiene y se crea una infraestructura logística en la zona de Lezo-Gaintxurizketa. La Herrera se desafecta del ámbito portuari0 y se regenera tanto ambiental como urbanísticamente.
- "Alternativa 3". Nuevo puerto con una superficie terestre de 172 hectáreas en el litoral del Jaizkibel y al que se trasladan todos los tráficos comerciales actuales.
- "Alternativa 4".Configuración optimizada del nuevo puerto con una superficie terrestre establecida en 100 hectáreas. Recibe toda la actividad portuaria de las actuales instalaciones.
* El País - 26.04.11
Foto: Pasaia - wikipedia
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ÁVILADIGITAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila, ante la “patente” y “palpable” vulneración del procedimiento. Igualmente, se confirma la orden de desmantelar las instalaciones y obras realizadas, devolviendo la zona al estado original y se apunta al alcalde de la localidad, José Martín Llorente, como “autor material de la ilegalidad”. Para Juan Carlos Atienza, coordinador del Área de Conservación de la organización ecologista SEO / BirdLife, “ahora toca conseguir la restauración del pinar” y “exigir responsabilidades a los culpables de este atropello”, pues este caso “tiene que servir de ejemplo para todos los promotores que piensen que pueden enriquecerse a costa de la destrucción de zonas de alto valor ambiental”.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio de Villanueva de Gómez, contra la sentencia del Contencioso-Administrativo de Ávila de julio de 2010, de manera que se revoca la sentencia sólo en el punto 4 del fallo, referido a la modificación puntual número 4 de las Normas Subsidiarias Municipales que aprobó la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila el 29 de marzo de 2001. El resto del fallo se mantiene.
Así, la sentencia del TSJ, contra la que no cabe recurso y que está fechada el pasado 15 de abril, señala que el Ayuntamiento de Villanueva de Gómez “omitió completamente los trámites y procedimientos propios para poder aprobar” el proyecto de obras, de manera que “no es suficiente con localizar en el planeamiento los sistemas generales”, sino que “resulta imprescindible, además, aprobar un planeamiento más específico que desarrolle, de forma detallada y pormenorizada, la ordenación contenida en los planes generales”.
Y añade: “en suelo urbanizable, la actividad de ejecución exige siempre la aprobación de un plan parcial”, a lo que hay que sumar la consideración de que “el Proyecto de Sistemas Generales de Infraestructuras vulnera las Normas Subsidiarias de Villanueva de Gómez”, ya que se desarrolló “sin respetar el trazado de los viales definidos de forma estructural y esquemática en la modificación número 4”.
“La importancia y envergadura de los cambios introducidos en la modificación, así como en la enorme superficie afectada, supone que debía haberse tramitado una revisión de las normas urbanísticas, y no una simple modificación, tal y como declara la sentencia” que ahora ha ratificado el TSJ, cuyo fallo, al igual que la sentencia del Contencioso Administrativo, considera también acreditado que dicha modificación número 4 planteó “un desarrollo intensivo urbanístico con pequeñas islas de bosque”, lo que “suponía un cambio radical en la ordenación”.
Quedó, igualmente, acreditada la “realidad fáctica de importantes valores ambientales, naturales y ecológicos en las 412,4 hectáreas de pinos de la ribera del río Adaja”, de manera que “los importantes cambios de parámetros del uso del suelo que introdujo la modificación número 4 no sólo no se justificaron en la documentación del plan, ni se basaban en el interés general, sino que eran incompatibles con la riqueza natural y rústica de la zona, y con la normativa urbanística y de protección del medio ambiente vigente en el año 2001 para proteger dichos valores, por lo que hubiese procedido reclasificar el suelo en la modificación o en la revisión de las normas urbanísticas como suelo no urbanizable de protección natural”.
Así, en este supuesto, “la vulneración del procedimiento, la causa de nulidad, es tan patente y palpable que evidentemente concurre”, al igual que “lo evidencia” el hecho de que el expediente administrativo “sólo lo constituye una mera publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de difusión provincial, abriendo un periodo de información pública, a efecto de alegaciones, por plazo de 15 días, y dictando posteriormente el alcalde, previo informe de la Diputación Provincial, la correspondiente resolución, que es precisamente la objeto de revisión en este procedimiento”.
“El procedimiento que se debió seguir es el de aprobación de los planes de desarrollo urbanístico previstos en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”, por lo que “la causa de nulidad es total y absoluta, faltando todo el trámite procedimental establecido”, por lo que “la declaración de nulidad es estimable”.
Concesiones de agua
Tras conocer el fallo del TSJ de Castilla y León, según ha recordado SEO / BirdLife, aún falta conocer el pronunciamiento de este tribunal sobre las concesiones de agua a los promotores y el resultado del procedimiento penal en el que se encuentran imputados tanto el alcalde como el promotor.
Así, hasta la fecha, se han llevado a cabo las obras de los viales que han supuesto la tala de “miles” de árboles y el asfaltado de las calles, aunque la sentencia, que ya es firma, anula la posibilidad de construir 7.500 viviendas y tres campos de golf que se proyectaban para este espacio y que “supondría la destrucción de gran parte de la superficie forestal de esta zona tan valiosa”.
* Ávila Digital - 25.04.11
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), pinos talados - HENAR SASTRE (nortecastilla.es)
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ELPAÍS/Alicante* : La política urbanística de La Vila Joiosa que llevó a cabo el PP ha recibido un nuevo revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha ratificado la sentencia del juzgado Contencioso-administrativo por la que retira la condición de agente urbanizador del sector L'Almisserà de La Vila Joiosa a la mercantil Los Almendros de Alicante, S A. Este proyecto pretendía construir un campo de golf y 1.600 viviendas en más de un millón de metros cuadrados de suelo en los términos municipales de La Vila Joiosa y Finestrat. El plan fue tramitado fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Vila, aunque la parte de Finestrat era urbanizable, y sin justificación de la existencia de recursos hídricos. Entre los propietarios de Los Almendros de Alicante, S A, figuró la mujer de Eduardo Zaplana, Rosa Barceló, y en su consejo de administración el entonces senador Miguel Barceló, suegro del expresidente Zaplana.
Pero no fue esta la única polémica que generó esta reclasificación de suelo. El entonces alcalde de La Vila, José Miguel Llorca, del PP, condenado por ejercer de médico sin tener la titulación, decidió vender el año 2000 una finca de 665.000 metros cuadrados propiedad de la Fundación Aragonés, que él mismo presidía, a Los Almendros a un precio de 4,2 euros el metro (luego incrementado a 5,4 euros por la consejería de Hacienda), muy inferior al que la mercantil pagó a otros propietarios de un suelo que llegó a pagarse 30 veces más caro. La fundación fue creada en 1997 tras el fallecimiento sin descendientes de Pedro y Antonia Aragonés Urrios al objeto de construir un asilo para desfavorecidos, pero el suelo que atesoraba acabó en una finalidad especulativa, a pesar de que atesora un yacimiento íbero y una mezquita del siglo XII.
A pesar de todo ello, el TSJ ha apartado a Los Almendros del proyecto por una razón aparentemente menor: la mercantil no tenía en su momento la calificación adecuada para obtener la condición de agente urbanizador, según exige la legislación estatal para la contratación pública.
El alto tribunal considera ahora que "la clasificación era una condición necesaria para ser agente urbanizador y consiguientemente también lo es para todos aquellos que los sucedan como cesionarios en tal condición jurídica" y, de esta manera, da la razón al recurrente e impone el pago de las costas del proceso judicial a la empresa.
El concejal vilero de Iniciativa Independiente Pedro Lloret fue quien llevó en su día este asunto al juzgado, va más allá en su interpretación: "La situación parece todavía más complicada ya que Los Almendros ha resultado ser ilegal para su cometido como agente urbanizador, lo que puede dar lugar a que todas sus actuaciones sean invalidadas".
Lloret también se ha sumado a las denuncias que en su día formuló Ecologistas en Acción y considera que debe protegerse "el valor ecológico, paisajístico, medioambiental y de biodiversidad de la zona a toda costa. Si lo que se pretende bajo la excusa de construir campos de golf es llenar el monte de ladrillos. Trataremos de impedirlo con los medios legales a nuestro alcance".
L'Almisserà
- Los Almendros pretendía construir un campo de golf y 1.600 viviendas entre La Vila y Finestrat al margen del PGOU.
- Entre los propietarios de la mercantil figuraba la esposa de Eduardo Zaplana y en el consejo de administración su suegro, el senador Miguel Barceló.
- El ex alcalde de La Vila, José Miguel Llorca vendió una finca a Los Almendros a un precio muy inferior al que pagó a otros propietarios de suelo, que llegaron a cobrar 30 veces más caro.
- El TSJ aparta a la mercantil por no tener la calificación adecuada para ser agente urbanizador, según la legislación.
* El País - 25.04.11
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es
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