Imágenes de la primera manifestación conjunta de asociaciones de vecinos, trabajadores municipales, organizaciones sociales, plataformas sociales y movimientos ciudadanos contra la política de Gallardón.
YouTube - vecinodelegazpi - 31.03.11
Madrid.- Vecinos y trabajadores juntos por una ciudad habitable y solidaria
Bruselas propone una norma para frenar los préstamos hipotecarios "irresponsables"
Para impedir que se repitan estos excesos, el Ejecutivo comunitario quiere que en el futuro las hipotecas se concedan "basándose en la capacidad del beneficiario de devolverlas y no en la posible subida futura de los precios de la vivienda", ha dicho la portavoz.
De hecho, la norma obliga al banco a evaluar la evaluar la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito, atendiendo a las circunstancias personales de éste y basándose en información suficiente. Asimismo, introduce la obligación de que el prestamista deniegue la concesión del crédito cuando los resultados de la evaluación de la solvencia sean negativos.
El objetivo es acabar con prácticas como las del mercado británico, donde el 45% de las hipotecas en 2006/2007 se concedían sin siquiera verificar los ingresos de los clientes. Además, las entidades deberán dar al consumidor toda la información sobre la hipoteca y advertirle de los riesgos si incumple el contrato de crédito.
Los bancos deberán avisar claramente de los peligros de contratar una hipoteca en una divisa extranjera si cae el valor de la moneda nacional. En la actualidad, más del 90% de las hipotecas en Letonia, Rumanía y Estonia se conceden en divisas extranjeras, y en Austria un 38% de los créditos pendientes están denominados también en otra moneda distinta del euro.
La directiva reconoce también en toda la UE por primera vez el derecho de los usuarios a reembolsar su hipoteca antes de la fecha de vencimiento del contrato en condiciones "no excesivamente onerosas". No obstante, se deja en manos de los Estados miembros fijar el nivel de penalización. Asimismo, los bancos deberán utilizar la definición prevista en la legislación de la UE sobre la tasa anual equivalente (TAE), para que resulte más fácil a los clientes comparar hipotecas.
Mercado único hipotecario
Además de acabar con los préstamos hipotecarios irresponsables, la nueva norma pretende crear un mercado único hipotecario que sea más eficaz y competitivo. Para ello, se creará un pasaporte europeo que permita a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro ofrecer sus servicios en toda la UE, como ya ocurre por ejemplo con los fondos de inversión.
Los intermediarios tendrán derecho además a acceder de forma no discriminatoria a las bases de datos sobre historial de crédito de sus clientes.
La norma debe ser negociada ahora por los Gobiernos de los Veintisiete y la Eurocámara.
* La Vanguardia - YaEncontré - EP. - 1.04.11
Foto: Bruselas, edificio Comisión europea - elcorreo
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El ladrillo y la política ahogan a la CAM
Es fácil criticar a toro pasado, pero estas declaraciones dejan pocas dudas sobre el problema de la maltrecha a la CAM: el ladrillo y su peor deriva, el suelo. Si a esta droga se añade la enorme injerencia política de Francisco Camps y de su antecesor en la presidencia de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que se valieron de gestores dóciles, el naufragio de la caja estaba servido. La CAM, al igual que Bancaja, financió la faraónica Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Ciudad de la Luz, de Alicante, que iba a ser un plató cinematográfico más grande que los de la Paramount, y el ruinoso parque temático de Terra Mítica. Además, prestó 780 millones a la Generalitat y está en los charcos de Polaris Word de Murcia, Martinsa y es uno de los principales financiadores de viviendas vacías de la ciudad fantasma de El Pocero en el erial de Seseña (Toledo).
Pero lo peor es que está entre los que más crédito promotor acumulan: admitió tener 11.000 millones, pero algunos estiman que estará cerca de los 16.000 millones, casi el 30% del total del crédito. Además, participa en 66 sociedades con promotores y constructores que son una caja de sorpresas porque pueden tener suelo a un precio imposible de recuperar. Estas sociedades, creadas por muchas más cajas y bancos, son uno de los agujeros negros del sector. En 2010 la CAM renegoció 2.100 millones en ladrillo para evitar que entraran en morosidad, cuya ratio oficial es del 8,7%. Las apuestas en el mercado son que se doblará en pocos meses.
En resumen, la entidad creció sin seguir el manual del buen gestor financiero: en poco más de tres años, entre 2003 y 2005, en lo mejor de la burbuja, duplicó el balance. En el caso de su eterno rival, Bancaja, tardó cuatro años. Como récord, no está mal.
Estas losas pesaron mucho en la frustrada formación del Banco Base, la alianza en la que estaba la CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura hasta el miércoles pasado. Los problemas de solvencia de los alicantinos, según sus exsocios, y su falta de agilidad para aceptar una salida pactada, propiciaron el fracaso. Tras perder el escudo del grupo, las vergüenzas de la CAM han quedado al descubierto cuando se ha visto obligada a pedir 2.800 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para alcanzar el 10% de capital mínimo exigido por el Gobierno.
Los expertos creen que esta enorme inyección de dinero provocará que el Estado controle la caja al hacerse con la mayoría (entre el 55% y el 75% de las acciones) del banco al que la CAM trasladará su negocio financiero. "La clave es saber en cuánto valoran los competidores a la entidad. Eso determinará su posible colocación", señala Joaquín Maudos, catedrático del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El sector no se cree que se pueda adjudicar sin que el FROB (es decir, todos los españoles) entregue un cheque a fondo perdido por más de 2.500 millones. El Santander es el mejor colocado, pero el BBVA y La Caixa también lo estudiarán.
Llegan momentos difíciles para López Abad, economista y máster por el IESE, que alcanzó su puesto después de que Zaplana fulminara a su antecesor, Juan Antonio Gisbert, considerado cercano a los socialistas, por oponerse a la fusión de Bancaja con la CAM. También son tiempos amargos para el presidente Modesto Crespo (Elche, 1943), empresario que inició su carrera con un concesionario de coches y llegó al puesto en 2009, bajo la tutela de Camps. Su antecesor, Vicente Sala, dejó el sillón tras cumplir 70 años. Previsiblemente en próximas semanas, el fondo de rescate sustituirá a los gestores por otros directivos bancarios prejubilados.
Ejecutivos de otras cajas, que piden el anonimato, explican que "todo esto no ha ocurrido por mala suerte. El problema de jugar a la política y a las finanzas es que cuando explota la entidad resulta muy cara de reconstruir y los pagamos entre todos".
Tampoco es casualidad que las tres entidades financieras valencianas atraviesen momentos difíciles. Además de los problemas de la CAM, calificada como bono basura por la agencia Fitch, Bancaja, incorporada a Bankia, fue la que reconoció tener más inmuebles adjudicados. Ahora Bankia, capitaneado por Caja Madrid, ha admitido ser el dueño de más suelo de toda España, incluidas las inmobiliarias. Por último, el Banco de Valencia, filial de Bancaja, ha sido considerado bono basura por Moody?s.
Pese a este panorama, la CAM rompió con los asturianos. Desde el Banco Base afirman que se frustró porque a última hora presentó unas cuentas que triplicaban el agujero, que llegaba a los 5.000 millones. Esa ruptura no fue una novedad para los alicantinos. Ya lo hicieron antes con Bancaja, Caja Murcia, BBK, y Caja Madrid. Los competidores comentan que la CAM no es consciente de su dura realidad cuando negocia. La mejor prueba es que el miércoles pasado, poco antes de pedir ayudas públicas, aprobó dar dividendos a sus cuotas participativas, que no se han hundido en Bolsa porque las sostiene su gestora "El acuerdo más completo era el de la BBK. Aportaba capital y equipo de gestión, mejor que el que tiene Cajastur. Quién sabe si ahora no lo volverá a intentar con las cajas vascas... Aquel acuerdo lo rompió Camps porque no quiso ceder la sede en Alicante ni bajar del 50% el capital del banco", dice un ejecutivo conocedor de la operación. El sarcasmo mayor lo protagonizó el presidente Camps, el miércoles pasado cuando declaró que "toda la culpa de lo que le ha ocurrido a la CAM la tiene el Banco de España". El supervisor se pasó un año avisando, pero sin forzar un acuerdo, por lo que será criticado en esta crisis. Pero sin duda Camps podrá ayudar al supervisor a detectar los agujeros de la entidad alicantina.
* El País - 3.04.11
Foto: Alicante, oficina bancaja - google
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Un paréntesis en la Costa de la Luz
Hay un ejemplo del cambio de ciclo en la decisión adoptada esta semana por la Junta de Andalucía sobre la playa de Mangueta, en Vejer. En un ejercicio de malabarismo administrativo, el Gobierno andaluz ha declarado "espacio protegido de interés territorial" el mismo tramo de costa que hace nueve meses declaró "área de oportunidad para el desarrollo turístico". Merece la pena conocer este caso.
Un grupo de empresas compró en 2004 la mayor parte de Mangueta, un tramo de alrededor de un kilómetro de costa, junto a El Palmar, "virgen" en el sentido amplio del concepto: sin construcciones -ni hoteles para pasar las vacaciones ni casas ilegales para lo mismo-, de difícil acceso a través de angostos carriles, poco visitada e incluso poco conocida frente a otros destinos de la Costa de la Luz. Una playa de las que quedan pocas.
El único inversor del que se tuvo constancia en la operación fue Caixa Catalunya. Pagó algo menos de 30 millones de euros por el terreno y anunció que construiría un complejo turístico llamado Mangueta Golf, con 2.600 viviendas. Tal era su nivel de certeza de que aquel suelo rústico, suelo para sembrar en la fértil laguna de La Janda, sería urbanizable algún día.
En 2007, quedó constancia de que la gran caja catalana había acertado. El Ayuntamiento de Vejer, dirigido por Antonio Verdú (PSOE), incluyó el desarrollo urbanístico de Mangueta en el avance de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU): tres hoteles de 200 o 300 habitaciones, varias urbanizaciones y un campo de golf. Verdú abanderaba el consenso social para afrontar este proyecto. Vejer había quedado rezagado en la carrera turística de litoral y quería para su costa lo mismo que los vecinos: empleo y riqueza, o, al menos, la expectativa de ambos.
Así lo defendió ante la Junta. La Administración, en primera instancia, desoyó la petición y declaró la playa área protegida en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda. Consideraba que Mangueta debía aliviar la carga urbanística de este tramo del litoral. Tras las alegaciones de Vejer, cambió de opinión y admitió que el uso turístico de este espacio era de interés para la comarca, aunque blindando los primeros 500 metros de costa y eliminando el golf proyectado. Éste fue el documento aprobado por las comisiones responsables de la ordenación del territorio en Cádiz y en Andalucía.
Pero el giro, que incluía otros dos proyectos turísticos en Barbate (junto a La Breña y en el río Barbate), ha sido censurado en última instancia por el equipo de la consejera de Ordenación del Territorio, Josefina Cruz, que ha obligado a sus compañeros en Cádiz a rectificar los cambios introducidos en el planeamiento, excluir los tres proyectos y blindar Mangueta.
Ecologistas en Acción ha jugado un papel importante en este proceso, al igual que la cada vez más dura oposición social, sin matices ni consideraciones, a que se urbanice el litoral. La Junta ha justificado su decisión en el interés por dar "solidez jurídica" al POT, pero también ha esgrimido que La Janda no necesita ahora nuevos desarrollos cuando hay proyectos hoteleros de envergadura aprobados y pendientes de ejecución en El Palmar, en La Fontanilla -Conil-, y junto al faro de Trafalgar, en Barbate.
"A apenas dos kilómetros de Mangueta, en El Palmar, sin salir de Vejer, tenemos uno", han recordado esta semana fuentes de la Administración regional. Es el proyecto de Malcucaña, bautizado por los promotores como El Palmar Beach Eco-Resort: un apartahotel de lujo de 650 habitaciones junto a una playa excepcional, y en un paraje en el que existen más de un millar de casas ilegales. Así es El Palmar.
La iniciativa se gestó a principios de la última década de la mano de Riera Marsá. En 2007, la empresa mallorquina se retiró de Vejer sin financiación para hacer frente a 50 millones que requería el proyecto. Uno de sus principales acreedores, el grupo GTM, presidido por el sevillano Juan Muñoz Tamara, se hizo cargo del proyecto, y, desde entonces, busca socios hoteleros.
No hay prisas para construir el hotel de Malcucaña. En enero, Muñoz Tamara declaró que "las fechas de ejecución del plan son las mismas que las de la recuperación del país". En el paréntesis, la plataforma opositora Salvemos El Palmar ha aglutinado 55.000 seguidores en internet y ha consolidado una estructura organizativa mínima para presionar a la Administración, que reitera que este proyecto cuenta ya con todos los parabienes legales, que no hay vuelta atrás, salvo la que pueda dar el promotor.
La playa de La Fontanilla, en Conil, el primer gran hallazgo de los viajeros alemanes en la Costa de la Luz a mediados de los sesenta, también tiene planificado su futuro hotelero. Justo al norte del pueblo marinero es donde Hipotels inaugurará el 1 de junio su séptimo negocio en Cádiz. Hasta la Fuente del Gallo, aún quedan dos kilómetros de costa en los que el Plan General del pueblo (2003) habilita espacio para cuatro grandes hoteles más. Un pequeño Novo Sancti Petri, a expensas de inversores. Planes a largo plazo.
Más incierto es el futuro del plan para construir varios hoteles con hasta 600 habitaciones en la ensenada de Trafalgar, otro proyecto cuya génesis se remonta a principios de la última década. El Ayuntamiento de Barbate culminó en noviembre del año pasado la reclasificación de 300.000 metros cuadrados de terreno junto al faro, pero con una peculiaridad: el suelo es urbanizable pero no hay inversores dispuestos a construir los hoteles.
Las cadenas Hipotels y Robinson Club (Grupo TUI) salieron escaldadas por la sucesión de acontecimientos en los últimos años: la reducción de las posibilidades de edificación impuesta por la Junta; un enconado conflicto con la familia propietaria del suelo; y el cambio sustancial del mercado del ladrillo y en turismo. Esto no tiene nada que ver con lo que era.
* Diario de Cádiz - 3.04.11
Foto: Una muchacha observa la playa de Trafalgar desde las inmediaciones del faro, en una imagen de archivo. A la derecha, suelos hoteleros.- diariodecadiz
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Palma.- La batalla por el transporte público
Pero también hay otras voces que plantean peros: las infraestructuras se han desarrollado sin una adecuada planificación y en algunos casos a costa de un desembolso económico absolutamente desproporcionado para los beneficios sociales que se han obtenido. No hay que olvidar que el presupuesto de la Dirección General de Movilidad asciende a unos 120 millones de euros anuales, de los que 100 millones corresponden a SFM –en una etapa fuertemente inversora, se matiza–, mientras que los costes de la EMT suben hasta los 47 millones de euros, de los que 23 millones deben ser aportados por el Ayuntamiento para cubrir su déficit.
La lucha por una mayor implantación del transporte público en Mallorca no era fácil. Tanto el decano del Colegio de Arquitectos de Balears, Luis Corral, como la portavoz del grupo ecologista GOB, Margalida Ramis, recuerdan que el crecimiento urbanístico de las islas ha sido "extensivo y no intensivo", con una clara apuesta por las urbanizaciones dispersas y por limitar las alturas de los edificios a costa de una mayor ocupación de territorio.
Eso ha provocado que en lugar de enlazar grandes núcleos, las líneas de transporte interurbano tengan la compleja finalidad de conectar la gran urbe, como es Palma, con otras muchas de tamaño mucho más limitado y que generan una masa de usuarios potenciales relativamente reducida. Es decir, se tienen que dar muchas más vueltas para recoger a una cifra más baja de pasajeros, lo que eleva considerablemente los costes económicos.
¿Eso significa que hay que dejar de lado el transporte público para centrarse en el desarrollo de la red viaria y de favorecer el empleo del vehículo privado? La respuesta es un no unánime, al que además de Verger, Hila, Corral, y Ramis se suman el decano del colegio de Ingenieros de Caminos, Carlos Garau; la portavoz del PP y exconsellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer; el gerente de la Federación Empresarial de Transporte, Salvador Servera; y el vicerrector de Estudiantes y Campus, Cels García.
Pero sí se apunta que quizás las cosas no se han hecho tan bien como se debía. Por ejemplo, Mabel Cabrer se queda sola a la hora de defender las bondades de un metro de Palma de cuya ejecución ella fue la máxima responsable. La portavoz popular subraya que el potencial de crecimiento del transporte público es más alto en una zona urbana de elevada concentración de población, como es Palma, de ahí la apuesta por un sistema ágil y cómodo de desplazamiento, en una línea que en su opinión tiene amplias posibilidades en el futuro.
Pero Antoni Verger o José Hila cuestionan estas consideraciones para un suburbano que ha costado finalmente 350 millones de euros y que transporta 1,5 millones de pasajeros al año. En cualquier caso, Cabrer recuerda que su partido ha demostrado su apuesta en favor del transporte público en otros proyectos como la prolongación del ferrocarril hasta sa Pobla
Porque el primer reproche que hace el decano de los ingenieros de caminos es que se han puesto en marcha infraestructuras sin tener en cuenta una cierta proporción entre el coste económico y el beneficio social, pese a admitir que el transporte público siempre es deficitario. Y aunque destaca la rentabilidad social de la línea de tren Palma-Inca, no oculta sus dudas respecto a que el tramo Inca-Manacor alcance este mismo nivel. Algo similar plantéa con el futuro tranvía: el enlace entre la capital isleña y la Platja de Palma tiene buenas perspectivas, pero pone interrogantes respecto al ramal entre esta última zona y el aeropuerto. Porque recuerda que el transporte en autocar también es transporte público, solo que con un coste mucho más reducido, lo que lo convierte en una alternativa perfectamente válida. Y al mismo tiempo destaca su respaldo a iniciativas como la apuesta por la bicicleta promovida desde el Consistorio palmesano.
Para Luis Corral, la ventaja de la carretera es que "ya está ahí" y puede ser utilizada tanto para el transporte público como para el privado, frente a un ferrocarril con un coste muy superior aunque menos impactante para el medio ambiente. Y pese a reconocer que el público siempre será muy costoso por la estructura urbanística de Mallorca, no duda en apostar por él, sea del tipo que sea, y defiende el que se le dé preponderancia frente al vehículo privado. Con una apuesta añadida: la de favorecer sobre todo a los peatones en los núcleos urbanos, haciendo que sea más cómodo ir a pie que en coche.
Los empresarios del sector respaldan el desarrollo del transporte público, desde el momento que ayuda a descolapsar la red viaria y da una mayor agilidad a los servicios que prestan sus empresas, según apunta el gerente de la patronal isleña, Salvador Servera. Pero con una condición: evitar el exceso de oferta. Y se pone como ejemplo el caso de Palma, con un metro, más autobuses y un futuro tranvía, que se suman a una flota de taxis muy numerosa.
¿El incremento en el uso del transporte público es insuficiente? Para la portavoz del GOB, si éste no está creciendo más es porque las inversiones que se realizan para potenciarlo van acompañadas de otras para seguir aumentando la capacidad de la red viaria, y cita como caso el proyecto de Vía Conectora que quiere desarrollar el Consell de Mallorca. Y mientras no se "penalice" al coche particular –como en el caso del estacionamiento tarifado–, las inercias y las comodidades harán que los isleños se decanten mayoritariamente por éste, añade.
La propuesta de "penalizar" el vehículo privado no es bien acogida por el resto de personas consultadas. La opinión mayoritaria es que ambas fórmulas pueden convivir y complementarse. Pero tras años de fuerte crecimiento del asfalto, ahora la prioridad es otra.
Porque tanto Antoni Verger como José Hila subrayan el cambio de modelo que se ha puesto en marcha durante la actual legislatura. Y en su opinión, con resultados evidentes. El primero destaca muy especialmente los crecimientos que se han dado en las cifras de pasajeros de algunas rutas desde que se unificaron y rebajaron las tarifas, y desde que se aumentaron las frecuencias, como el 40% en la ruta Palma-Puigpunyent o el 38% del Palma-Llucmajor-Campos-Santanyí-Ses Salines. En conjunto, los usuarios del tren, metro y autobús interurbano han pasado de los 13,5 millones de 2007 a los 15,7 millones de 2010. Y en el caso de la EMT palmesana, la evolución ha ido de los 40,1 millones a los 43,1 millones en ese mismo periodo. Con un punto de referencia: en las demás empresas municipales españolas, la evolución ha sido a la baja de la mano de la crisis económica.
Según Hila, la EMT tiene potencial de crecimiento, solo que "de otra manera". Así, se señala que por primera vez se ha puesto en marcha una línea para comunicar el nuevo hospital de Son Espases que únicamente circula por la corona exterior de la vía de cintura.
Y si el transporte público es tan importante ¿por qué los partidos políticos no consiguen consensuar los proyectos a desarrollar? Según Mabel Cabrer, por la "demagogia de la izquierda" que ha "satanizado" una infraestructura como el metro.
* Diario de Mallorca - 3.04.11
Foto: Palma, atasco - ultimahora
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Sevilla se ve...nde
Sacyr ha iniciado la venta de locales y espacios expositivos de la “catedral urbana de Sevilla” (Monteseirín dixit). La web creada al efecto es http://www.espacio-metropol.com/html/contacto.html. Como buen vendedor, ponen a disposición del público un folleto comercial; y a falta de un actor o famoso artista, se han servido del actual alcalde para enseñarnos las características del producto. Viendo la frase “últimos días” en la oferta, cualquiera puede percatarse del falso término de Plaza Mayor dado al espacio situado sobre el mercado. Plaza Mayor es lo que pisamos en Madrid, un lugar de y para los madrileños y visitantes. Esto de Sevilla es un simple centro comercial para Sacyr. O menos, porque no nos podremos resguardar los días de lluvia y viento. Y a cinco metros de altura corre un fresco que no veas.
* Giralda Información - Opinión - 31.03.11
Foto: Sevilla, setas Plaza Encarnación, Metropol Parasol - elcorreoweb.es
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Anticorrupción pide imputar a la plana mayor del Govern valenciano
En su escrito al TSJCV, Anticorrupción apunta a Camps al conectar los contratos multimillonarios (14 millones) que recibieron las empresas ligadas a la red con los trajes que sus responsables regalaron al president. Y al subrayar que alguno de los contratos otorgados a Orange Market requirió la "preceptiva autorización por el Gabinete del presidente".
A Camps, Anticorrupción no le cita por su nombre. Sí lo hace con los otros nueve cargos conservadores cuya imputación reclama. Entre ellos se cuenta el vicepresidente Vicente Rambla, a quien atribuye dos delitos electorales por falsear las cuentas del PP valenciano. Y la actual presidenta de Les Corts valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez. A esta última, el Ministerio Público la considera presunta autora de un delito de prevaricación por los supuestos contratos amañados en favor de Orange Market para los stands de Fitur en 2005 y 2006.
La lista de cargos del PP implicados por la Fiscalía se completa con varios aforados ante el TSJCV y otros cargos: David Serra, vicesecretario general del PP valenciano; Yolanda García, tesorera del partido; Ricardo Costa, ex secretario general y hoy coordinador de Economía del PP en Les Corts; Cristina Ibáñez, administradora de las autonómicas de 2007; Pedro García Gimeno, ex director general de Canal 9; Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo; y Luis Bárcenas, extesorero estatal del PP y administrador de la campaña de las municipales en 2007. Ese año, y según informes policiales y de Hacienda, el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros.
Soborno y prevaricación
En total, Anticorrupción enumera seis delitos: dos electorales, en 2007 y 2008; contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación y cohecho. Los electorales, la prevaricación y el cohecho se atribuyen a los dirigentes políticos. El delito fiscal, a los seis miembros de la trama cuya imputación pide la Fiscalía, encabezados por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Y los delitos de falsedad en documento mercantil (falsificación de facturas) se atribuyen a la red y a los empresarios que supuestamente pagaron a Orange Market deudas del PP. Fuentes cercanas a la Fiscalía precisaron no obstante que el escrito no es "exhaustivo" ni en cuanto a la relación de actos ilegales ni en la de presuntos autores. Un ejemplo: la Fiscalía solicita que se incorpore a la causa un anónimo recibido por el Tribunal Superior de Madrid y que implica a otro vicepresidente valenciano, Juan Cotino.
Hechos inseparables
Las alegaciones de la Fiscalía ante el TSJCV se cierran con dos párrafos que, de forma explícita, vinculan los regalos hechos por la trama con los contratos otorgados por la Generalitat. Anticorrupción reclama al tribunal valenciano que una en un solo sumario el caso de los trajes, por el que Camps está ya con un pie en el banquillo, con el de la financiación del PP y la adjudicación de contratos amañados a Orange Market. Si el TSJCV aceptase las tesis de la Fiscalía, el juicio de los trajes se demoraría, pero la acusación contra Camps y los otros tres destinatarios de ropa (Ricardo Costa, Rafael Betoret y el exvicepresidente Víctor Campos) subiría de grado. Y pasaría a ser de cohecho sin adjetivos. O sea, de soborno en toda regla.
"Unos y otros hechos -remarca el escrito en referencia a trajes y contratos- han de ser objeto de valoración conjunta para la correcta calificación de uno de los delitos contra la Administración Pública (cohecho)". En otras palabras, Anticorrupción remacha la idea, rechazada con uñas y dientes por el TSJCV, de que los trajes sólo fueron una pieza más en el engranaje corrupto y no un acto de generosidad espontánea por parte de Álvaro Pérez, gestor de Orange Market y "amiguito del alma" de Camps.
Que a Camps le amenazan delitos de mayor gravedad que el de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno y sólo castigado con multa, lo prueba lo ocurrido ayer tras difundirse el escrito de Anticorrupción. La agencia Europa Press lanzó a media mañana un despacho titulado así: "La Fiscalía excluye a Camps de delitos en sus alegaciones a la inhibición de la causa de financiación". El PP se aferró de inmediato al titular. Y Anticorrupción tuvo que pedir a la agencia que corrigiese la noticia, que pasó a tener el titular inverso: "Anticorrupción no excluye a Camps como inculpado en la causa de financiación ilegal".
La Fiscalía añade otro dato sobre la conexión entre los trajes y las adjudicaciones fraudulentas: el relativo a cómo el contrato que Canal 9 adjudicó a Teconsa para la cobertura de la visita papal a Valencia en 2006 se produjo cuando el canal autonómico tenía por director a Pedro García. Y "de acuerdo con la documentación intervenida, además, a Pedro García Gimeno le fueron regaladas distintas prendas de vestir adquiridas por los imputados en los mismos establecimientos en los que se compraron los entregados a los cuatro imputados" en el caso de los trajes. El contrato de Teconsa reportó a la red tres millones. Y, según la Policía, Pedro García se embolsó medio millón.
De Sedesa a Enrique Ortiz
La Fiscalía, que hace suyas las tesis esgrimidas en mayo de 2010 por el juez Antonio Pedreira cuando se inhibió en favor del tribunal valenciano, solicita la imputación de los responsables de las ocho empresas que abonaron facturas supuestamente falsas a Orange Market para camuflar gastos electorales del PP.
En esa lista de empresarios figuran los responsables de las siguientes sociedades: Sedesa, empresa entonces ligada a la familia del vicepresidente Juan Cotino; Enrique Ortiz e Hijos, Enrique Gimeno (Facsa), Lubasa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf.
* Público - 2.04.11
Foto: El Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el viernes en un acto. EFE
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La banca y el ladrillo andaluz fuerzan una nueva recalificación de un millón de metros cuadrados en la vega antequerana
En el Consejo de Administración de MCapital, accesible en su página web, encontramos a presidentes y altos directivos de grandes entidades financieras, del sector de la construcción y de otros ámbitos con destacada presencia en Andalucía: Unicaja (Federico Terrón), Cajamar (Luis de la Maza), Cajasur (Ángel María Cañadilla), FCC (Blas Campos), Alei-Grupo Vera (Juan Maldonado Taifeller), Vallehermoso (Fernando Ruiz-Cabello), Famadesa (Manuel Gómez), Acciona (Roberto Cabrera) y Hotel Antequera Golf (Ramón Jiménez). Wikipedia define a las empresas de capital riesgo como “entidades financieras cuyo objeto principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no cotizadas. El objetivo es que con la ayuda del capital de riesgo, la empresa aumente su valor y una vez madurada la inversión, el capitalista se retire obteniendo un beneficio”.
EN el último pleno municipal de Antequera, los grupos de PSOE y PP dieron su apoyo a la solicitud planteada por la entidad de capital riesgo MCapital para realizar una modificación al PGOU del municipio, aprobado el pasado mes de noviembre. Se trata de recalificar un millón de metros cuadrados de la vega agrícola para construir un nuevo un polígono industrial presentado bajo el nombre de la Ciudad de Innovación Tecnológica Agroalimentaria (CITA). Izquierda Unida votó en contra de esta propuesta y el grupo independiente local PABA se abstuvo.
LA aprobación del inicio de este proceso de recalificación de suelos se produce después de que el Gobierno andaluz detuviese un proyecto similar que pretendía urbanizar cinco millones de metros cuadrados. En este caso la Junta solicitó a los promotores que demostrasen la compatibilidad de esta iniciativa con el Plan Especial de Protección Medio Físico, que cataloga la vega antequerana como paisaje agrario singular.
LA plataforma Antequera Habitable ha emitido un comunicado criticando lo sucedido. “Cuando tenemos una sobreoferta de suelo industrial, no solo en Antequera sino en casi todos los pueblos de la comarca, nuestro Ayuntamiento nos sigue proponiendo más de lo mismo. Nuestro municipio está viviendo una grave situación económica con miles de parados y cientos de familias sin ingresos que supone un enorme drama humano, nuestros responsables públicos reaccionan a este problema con mas recalificaciones de suelo para los de siempre”, denuncia.
POR eso, este colectivo ciudadano se hace las siguientes preguntas: “¿Necesita más suelo industrial Antequera cuando el Parque Logístico de Vera y el PEAN están vacíos? ¿A quién benefician estas recalificaciones del uso del suelo en la Vega, a MCapital o al interés general? Cuando en plena crisis la agricultura es el único sector que no despide empleados ni cierra empresas, ¿es acertado urbanizar las mejores tierras de regadío de la provincia de Málaga? ¿A quiénes sirven los partidos que votan las recalificaciones de suelo en la Vega de Antequera? Esta situación es indignante y los concejales votantes de esta recalificación, siguen poniendo los intereses especulativos por encima de los intereses de Antequera, tienen poca conciencia de la situación actual, y poco conocimiento de un recurso como la Vega con enormes posibilidades de actividad económica y empleo”.
* El Observador - Opinión - 1.04.11
Foto: Antequera (Málaga), tierras cultivo Vega para recalificar - antequerahabitable
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Barakaldo.- «Han jugado con el dinero de familias trabajadoras»
Los primeros compradores deberían estar viviendo en sus hogares desde el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, los edificios son todavía hoy un inhabitable esqueleto de hormigón armado repleto de humedades. No hay actividad en la urbanización 'El Mirador de Basatxu' desde el pasado verano. Las labores de edificación de 48 inmuebles permanecen paralizadas. Otros 180 sólo existen en el plano. Hasta la caseta de obra «ha sido desmantelada».
En pisos de alquiler
«Nos sentimos todos muy mal», asegura el joven Rober Tejedor. Su casa, que debería estrenar en septiembre del próximo año, ni siquiera se ha empezado a levantar. «Nos han ido dando falsas esperanzas, soltando evasivas o diciendo que no había problema y que podían sacar esto adelante. No me equivoco si afirmo que nos sentimos totalmente defraudados: es un engaño en toda regla», denuncia. «Mi caso no es tan dramático, porque vivo con mis padres, pero hay muchas parejas que han vendido su piso y que se han tenido que ir de alquiler. Nadie sabe lo mal que lo están pasando por algo en lo que no tienen culpa alguna. Han jugado con la economía de 30 familias trabajadoras en plena crisis», añade.
Pese a que las máquinas hace tiempo que dejaron de trabajar, Bruesa continúa vendiendo pisos en la zona, tal y como comprobó este diario el pasado miércoles. «Espero que no haya ningún comprador despistado, porque se va a meter en un lío», advierte el joven. «Creo que hay mala fe en todo esto», añade.
Tejedor tiene claro que la solución al problema está ahora en manos del Ayuntamiento. «Ellos pueden resolver el contrato con Bruesa por incumplimiento y forzar a que nos devuelvan el dinero entregado», argumenta. «Hemos abierto contactos con los representantes municipales y les hemos pedido que nos ayuden porque muchos somos vecinos de este pueblo y los que no lo son, habían apostado por Barakaldo». El Consistorio, por ahora, ha iniciado los trámites para enajenar la parcela y dársela a otro promotor con la intención de que acabe los trabajos y resolver el conflicto.
* El Correo - 1.04.11
Foto: Afectados por la paralización de la promoción de 'El Mirador de Basatxu' se acercaron ayer hasta el esqueleto actual de sus viviendas.- elcorreo
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«En la Región de Murcia hay cierta tolerancia hacia la corrupción»
LAVERDAD/Entrevista* : Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid y uno de los expertos más reputados de España sobre corrupción política. Varios libros y estudios sobre este asunto llevan su firma. Miembro del comité de dirección español de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, el pasado viernes ofreció una conferencia en Murcia en el acto de presentación del Pacto por la Transparencia y el Bueno Gobierno promovido por un grupo de ciudadanos para la Región de Murcia. En esta entrevista habla sobre las causas de la corrupción y algunos de los casos más sonados, de la desafección creciente entre ciudadanos y políticos y de las posibles soluciones.
- ¿Hay riesgo de una 'berlusconización' de la política española?
- El concepto de 'berlusconización' es poco científico, pero se refiere a una sociedad con muy poca confianza en la clase política y las instituciones y con bastante desconfianza entre la gente, donde se piensa que todos los políticos son iguales y que todo da igual con tal de que den respuesta a las necesidades inmediatas. En una sociedad así, si controlas bien los medios de comunicación, si consigues más o menos controlar la judicatura y si tienes un Parlamento que te aprueba las leyes que tú quieres, al final la gente no sabe bien lo que vota, no se entera de nada y se produce un deterioro de la democracia terrible.
- Pero en España no estamos tan mal.
- No, pero existe ese riesgo, sobre todo cuando ves que puede haber un político corrupto al cual le van a votar. Cuando le preguntas a la gente por qué le vota, la respuesta es muy berlusconiana: 'todos son iguales, qué más da, si éste nos da algo...' Todo esto genera un grave deterioro.
- Hay ejemplos de candidatos implicados en supuestos casos de corrupción que se presentan a las elecciones y ganan. No parece una cuestión que los ciudadanos penalicen. ¿Por qué?
- En general, la corrupción en muchísimos países, no sólo aquí, no se penalizada mucho cuando se dan determinadas condiciones, sobre todo cuando hay una idea de que toda la clase política es semejante. Otro elemento es que la gente, a la hora de configurar su voto, cuenta con muchas variables, no solo la deshonestidad, como son las propuestas educativas, sanitarias o, como puede ocurrir aquí, la propuesta del agua. Hay muchos factores por los que se decide el voto y la corrupción es uno más. También influye si hay alternativas creíbles o no. Si no las hay, no hay salida.
- ¿Hay alguna fórmula rápida e infalible de que el urbanismo deje de ser el principal foco de corrupción política?
- Ahora hay una: la crisis económica, que ha bajado enormemente las posibilidades de corrupción en este ámbito. Es importante reducir el monopolio en la toma de decisiones en el ámbito urbanístico, que le da al alcalde un poder inmenso de dar riqueza a unos y no a otros sólo con firmar un convenio urbanístico. También hay que reducir la discrecionalidad, hay que reglarlo más. Hay muchas normas, pero habría que cerrar más las posibilidades. Además está el hecho de que sean los promotores privados los que desarrollan toda la labor, cuando en otros países es el gobierno el que expropia y desarrolla lo que estima adecuado y luego contrata la ejecución. Es un sistema que, cuando había tanto dinero, reunía todas las condiciones: monopolio y discrecionalidad en la toma de decisiones y muy poco control por parte de la Autonomía y el Estado. Era un cóctel explosivo. Por tanto, para acabar con esta situación habría que reducir el monopolio, que las decisiones no sean exclusivas del alcalde; reducir la discrecionalidad dando más trasparencia y participación ciudadana, e introducir un mayor control de los gobiernos autónomos y del nacional.
- ¿Es mucho lo que se ha reducido la corrupción en España desde el comienzo de la crisis económica?
- Sí, los casos de corrupción de urbanística sí. Ahora empiezan a salir otros casos, aunque también son antiguos, sobre contratos de suministros y servicios. En los municipios españoles hay muy poco control, y las posibilidades de que haya habido políticos deshonestos y que no nos hayamos dado cuenta hasta que ha habido una apuesta por la investigación era grande. La Guardia Civil, la Política y la Fiscalía están haciendo una labor excelente.
- ¿Aprecia diferencias entre el PP y el PSOE en la forma de abordar los casos de corrupción en sus filas?
- En mi opinión, el PP no ha abordado muy bien los casos de Fabra y Camps. El problema del PP es que, con todo esto, está haciendo una especie de llamada que dice: 'no os preocupéis que cuando yo gobierne aquí no va a pasar nada'. Espero no les dé por la berlusconización. El PSOE en teoría tiene una postura más rígida, pero en la práctica comete errores imperdonables, como negar la comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía por los ERE o apoyar al consejero de Educación en Asturias. El PSOE no acaba de dar respuesta y ser coherente con aquello que promueve. Los resultados para el PSOE no van a ser tan positivos como podrían serlo porque no es capaz de ser coherente con lo que propone.
- En la permisividad de la sociedad hacia la corrupción, ¿qué influye más, el nivel de educación o el nivel de renta?
- La clave es la educación cívica. Le pregunté a un alcalde sueco una vez si nunca tuvo tentaciones de corromperse, y me contestó que no, pero que si las hubiera tenido habría dicho que no. ¿Por qué?, le dije, por honestidad. La verdad, no tanto por eso, me contestó, sino por el horror de que me pillaran, quedaría como un apestado en mi pueblo, en mi familia. Nuestra sociedad esto no lo admite. Aquí, por el contrario, tuvimos un alcalde, creo que era en El Ejido, que cuando salió de la cárcel fue recibido con cohetes.
- En Murcia también hemos visto algún caso parecido.
- Esa es la diferencia. Frente al modelo sueco, que tendría que irse del pueblo y hasta su familia le retiraría el saludo, aquí sabe que va a conservar cierto apoyo social, que la ciudadanía no lo va a condenar.
- Y eso, según usted, se resuelve con educación.
- Con educación cívica. A lo mejor saber más matemáticas no te ayuda en esto, pero si educar en valores cívicos y democráticos a los niños, que sepan los terribles daños que genera la corrupción a un país. Según un estudio del Banco Mundial, el factor más importante para impedir el crecimiento en África es la corrupción. De cada cien dólares de ayuda que se mandan, a muchos países sólo llegan cinco. Y nuestros países no podrán seguir avanzando y generando desarrollo, en el caso de España es algo evidente, si no reducen la corrupción. Un elemento clave para la inversión extranjera es la honestidad y transparencia de los gobiernos.
- Se podría decir que hay un componente cultural en la permisividad de la sociedad española hacia la corrupción. Aquí la picaresca ha dado lugar a un género literario, y el fraude a la Seguridad Social y la economía sumergida es algo común.
- Por supuesto. Esa idea de fondo de que todo el mundo es así, por lo que yo no voy a hacer lo contrario. Esto genera otro problema y es que, dado que yo soy así e intento defraudar lo que puedo, me interesa que los políticos no sean muy honestos ni muy exigentes en el cumplimiento de las normas.
- ¿Son los casos de corrupción la principal razón del distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos o hay otros motivos?
- No sólo. En España históricamente ha habido una desconfianza muy fuerte hacia los políticos, la política y las instituciones, y la corrupción lo que ha hace es fortalecer esa desconfianza. Una parte importante de los españoles cree que los políticos son corruptos, creo que es el 82%...
- ¿En España?
- Sí. Según el último Eurobarómetro, el 91% cree que la corrupción es un problema importante en el Gobierno nacional y un 90% piensa que ocurre lo mismo en el gobiernos autónomos y municipales. Hay datos terribles de la imagen que tenemos de nuestros políticos.
- ¿Y aprecia algún indicio de remordimiento o enmienda en los políticos ante esta situación?
- Hay políticos honestos y que están haciendo las cosas bien. Hay ayuntamientos que están haciendo las cosas bien. El problema de fondo es si los partidos se toman el problema de la corrupción y la transparencia en serio. No me he dedicado a fondo a leer los programas electorales, pero he visto por encima que el del PSOE habla de transparencia y dice que ningún político imputado iría en las listas. En el PP no he visto algo parecido, lo cual no indica que a este partido le guste la corrupción. A raíz del caso Gürtel, el PP debe decidir si cuando llegue al Gobierno lo va a tapar o bien afrontará seriamente la renovación ética.
- ¿Qué posición ocupa la Región de Murcia dentro del mapa de la corrupción en España?
- Murcia es una de las regiones donde más casos ha habido y la idea de que en Murcia hay una cierta tolerancia a la corrupción y de que hay muchos casos está ahí. Aquí hay mucho más dinero para la corrupción por el desarrollo urbanístico, ese ha sido un factor clave.
- Los largos mandatos, sostenidos por mayorías absolutas incontestables, ¿tienen consecuencias en la práctica política y en las instituciones?
- Sí. En principio, el poder tiende a corromperse y cuanto mayor sea el poder, más posibilidades de corrupción hay. De ahí la importancia de los controles. Un elemento clave para que un político deje de actuar de forma corrupta es que vea que actuando así pierde el gobierno. Una variable que explica que en un país haya corrupción es que la oposición es muy débil. Cuando la oposición es muy débil y el gobierno muy fuerte, hay más posibilidades de corrupción.
- ¿Sería partidario de limitar la duración de los mandatos por ley?
- Sería bueno limitar los mandatos de las personas, y no sólo en las autonomías, en los ayuntamientos y en el Estado, sino también en los partidos. El problema empieza en el propio partido, donde hay gente que controla zonas de la organización durante años y años, gane o pierda, y se aprovecha de las listas cerradas y bloqueadas. ¿Cuál es la razón para entrar en una lista electoral? Por lealtad política. Es difícil que entre gente de fuera. Tenemos una clase política cada vez más profesionalizada y como no hay límites, hacen lo que pueden por seguir viviendo de esto. Hay algunos que después de veinte años en la política no tienen otra salida.
- ¿Le ve posibilidades de éxito al Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno promovido en la Región de Murcia? A mí me cuesta creer que tenga aceptación no en la sociedad, pero sí en los políticos que deben aplicarlo.
- Ojalá que tenga éxito en la sociedad, porque es importante que la ciudadanía tenga conciencia de que hay otra forma de hacer política y que eso lo tenga en cuenta al decidir su voto. Luego está la labor de insistir, insistir e insistir y no dejarse vencer por la melancolía. En Italia, la sociedad civil está un poco adormecida, pero hay un colectivo que sigue luchando y logra reunir a más de 100.000 personas en la calle.
- ¿Hay algún país en el que se estén aplicando las medidas que propone este pacto?
- Sí. Casi todos los países de Europa son más transparentes que España, que es el único, creo que junto con Luxemburgo, Grecia y Malta, que no tiene una ley de acceso a la información. Los escandinavos son sorprendentes en materia de transparencia: del primer ministro se sabe lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta. En Estados Unidos todo el mundo conoce la agenda de Obama, aunque no con antelación para evitar atentados. En otros países se conocen los 'lobbies' que existen y con quien se reúnen. Aquí en España no están regulados los 'lobbies' ni la transparencia de las agendas de los gobernantes.
- Si tuviera que elegir una medida solo, ¿cuál sería la más importante y urgente a aplicar para que los políticos e instituciones recuperen parte del crédito perdido?
- Recuperaría algo de crédito con una ley de acceso a la información. Hay otras medidas que tienen más impacto, pero que tanto efecto, como publicar las declaraciones de la renta en Internet. A saber lo que declara cada uno a Hacienda... Sería importante crear una agencia de anticorrupción que se encargara de promover estas políticas y tuviera independencia para investigar todas esas declaraciones de bienes, que están reguladas para la galería porque se meten en un cajón y nadie las investiga.
* La Verdad - 3.04.11
Navarra.- Urbanismo en el valle de Egüés
Si no defiende los intereses del Ayuntamiento, ¿qué intereses defiende? ¿Por qué ninguno de los aludidos ha contestado a las gravísimas acusaciones que hacía el señor Víctor Latorre Val, en el artículo publicado en prensa el 22 de marzo titulado Las claves ocultas del caso Egüés?
Mientras nos hacemos estas preguntas, el Ayuntamiento de Egüés ha aprobado un nuevo plan urbanístico que posibilita la construcción de 30.000 nuevas viviendas, lo que supone un brutal impacto ambiental y social.
Este nuevo plan no responde, a nuestro entender, ni a la demanda ni a los intereses de los vecinos del valle, cuyas demandas actuales de servicios y viales no se cubren a día de hoy, y favorece que se repitan situaciones como la que padecemos actualmente.
Todo esto nos lleva a hacernos nuevas preguntas:
¿Por qué el Ayuntamiento del valle de Egüés abre la puerta de par en par a la especulación, recalificando miles y miles de metros si no hay demanda ni necesidades que lo justifiquen?
Si no obedece a las necesidades y las demandas de los habitantes del valle, ¿a qué necesidades y demandas obedece? ¿A las de particulares y sociedades relacionadas con el mundo inmobiliario y de la construcción?
Mucho nos tememos que todas estas preguntas tardarán en obtener respuestas, si es que algún día lo hacen.
Mientras tanto, la plataforma Salvemos Eguesibar Zain Dezagun, formada en oposición al nuevo plan, y de la que formamos parte, ha convocado una manifestación para reclamar la paralización del nuevo plan urbanístico, actualmente pendiente de aprobación definitiva por parte del departamento de Vivienda y Ordenación del territorio, que se realizará mañana día 1 de abril en Sarriguren, a las 18.00 horas, saliendo del inicio de la avenida Reino de Navarra, junto al colegio de Maristas, y finalizando junto al edificio del nuevo Ayuntamiento del Valle de Egüés.
Animamos a todos los vecinos del valle a acudir a la manifestación y mostrar su rechazo al nuevo plan ubanístico.
* Carlos Abaurrea García, Xabier Ziritza Erbiti, Juan Rangel Veras, Jorje Camino, Alberto Mendilazo Anaut, Ramón Contreras López.
Presidente del Concejo de Ardanaz, Presidente del Concejo de Badostáin, Presidente del Concejo de Egüés, Presidente del Concejo de Elía, Presidente del Concejo de Ibiriku y vocal del Concejo de Olatz, respectivamente
* Noticias de Navarra - Opinión - 31.03.11
Foto: Egüés (Navarra) - todopueblos
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Aire limpio para las ciudades
JOAN OLMOS* : Resulta irritante la campaña política vivida a raíz de la crisis atmosférica que se produjo hace unas semanas por unas condiciones meteorológicas poco favorables a la dispersión de los contaminantes en las grandes aglomeraciones urbanas. Las autoridades municipales y sanitarias se enzarzaron en una batalla absurda para tratar de ocultar o relativizar, según los casos, una realidad irrefutable: la contaminación, con altibajos, existe y resulta inevitable para los habitantes de las ciudades. El origen, las características y las consecuencias para la salud de dicha contaminación son bien conocidos por los técnicos de todo el mundo y en particular por los epidemiólogos. Estamos pues ante un grave problema de salud pública que en momentos críticos bien merecería la declaración de alerta sanitaria por parte de las autoridades gubernativas. Y subsidiariamente, sería deseable la intervención automática de la administración de Justicia. Más irritación produce el hecho de que los Gobiernos locales de las mayores áreas urbanas dieran por sentado, desde el principio de la crisis, que no pensaban aplicar ninguna medida restrictiva sobre la principal fuente de emisiones nocivas, eso es, el tráfico motorizado. Aducir razones económicas que no se justifican, les sitúa en el mismo lado que aquellos que han tratado de boicotear la nueva ley contra el tabaquismo con el argumento de que perjudica a la economía del sector hostelero.
Ahora, sin embargo, la crisis petrolera sí ha llevado al Gobierno a tomar medidas precipitadas que, en conjunto, resultan poco convincentes. Recordemos que el transporte de personas y mercancías consume el 60% del petróleo en el mundo. Especialmente discutida ha sido la de reducir la velocidad en autopistas. Y ello, en parte, porque solo se han escuchado, amplificadas, las voces de los lobbies que suelen aparecer siempre en estos casos. No han podido resultar más desafortunadas las declaraciones del piloto Fernando Alonso ironizando sobre el peligro que supone dormirse al volante si se circula durante un tiempo a 110.
Nuevamente, la improvisación y la falta de coraje político impiden afrontar de raíz un grave problema que en muchas ciudades europeas viene abordándose por la única vía de reducir el tráfico en las áreas urbanas. Cierto es que esas políticas urbanísticas no se improvisan, ya que implican crear condiciones favorables para caminar, ir en bici o usar el transporte colectivo. Son medidas que, coherentemente ensambladas, han sido aplicadas indistintamente por Gobiernos conservadores y de izquierdas en muchas ciudades europeas, incluidas algunas españolas, y han conseguido una amplia aceptación social, creando una nueva cultura de la movilidad. En cualquier caso, se trata de medidas mucho más sencillas y menos costosas que las que han conducido al modelo "todo por el automóvil".
Pero también es cierto que a corto plazo se puede empezar por forzar el cambio de hábitos, por ejemplo, para aquellos que ahora mismo realizan trayectos cortos en automóvil, que son fácilmente trasvasables a medios más ecológicos, o para los que utilizan los centros como atajos.
La ciudad de Valencia ofrece, desde hace ya unos cuantos años, una interesante experiencia durante las fiestas falleras, con la práctica supresión del tráfico privado durante los días previos al de San José, en un perímetro que va más allá del centro histórico. Cierto es que se trata de una situación excepcional, con disminución de la actividad laboral, aunque se aumentan durante esas fechas los servicios de transporte colectivo en unas condiciones alteradas por la entrada masiva de visitantes y turistas. Curiosamente, durante el resto del año, la excepcionalidad consiste en todo lo contrario, pues somos un ejemplo -casi único ya en nuestro entorno europeo- de cómo las Administraciones públicas, de uno y otro signo, de ámbito local o estatal, vienen estimulando el acceso de vehículos al centro de la ciudad.
Los Estados Unidos celebraron a finales de 2010 los 40 años de la ley del Aire Limpio (Clean Air Act, 1970) una pieza histórica de la legislación, que ha generado importantes beneficios ambientales y de salud pública en aquel país. Aunque el objetivo fundamental de la ley era la reducción de las emisiones contaminantes de la industria, sucesivas enmiendas llevaron de una u otra forma a la reducción del tráfico. (Recordemos de paso que allí las velocidades máximas en autopistas siempre han sido inferiores a las españolas). En esta línea, la Agencia Federal de Protección Medioambiental ha anunciado recientemente un plan para regular las emisiones contaminantes de las plantas de energía y refinerías de petróleo, tras el fracaso en el Congreso de una ley sobre cambio climático.
Insistamos una vez más, la adopción de medidas planificadas -no improvisadas- sobre la movilidad de nuestras ciudades no traerá más que ventajas en todos los órdenes: en la reducción de las emisiones, en la dependencia energética, en la competitividad de nuestras empresas, en definitiva, en el saneamiento económico. Pero sobre todo, en la salud y en el bienestar de los ciudadanos. ¿A qué esperamos?
* Joan Olmos es ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia.
* El País - Opinión - 31.03.11
Asociaciones de vecinos piden un código ético en los ayuntamientos y políticas participativas
Otras medidas planteadas por las asociaciones de vecinos van encaminadas a fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta, en detrimento de las automóviles, a elaborar un plan general de rentas mínimas y programas de inserción y atención social y a llevar a cabo campañas que favorezcan la cooperación descentralizada.
También proponen poner en marcha de consejos interasociativos, promover la corresponsabilidad de los ciudadanos en la formulación de políticas de seguridad, trabajar hacia la descentralización autonómica y municipal y fomentar la participación de las entidades vecinales sociales y de defensa de los consumidores.
Asimismo, el documento recoge otras propuestas como llevar a cabo referéndums municipales y consejos de participación y establecer una ventanilla única de atención a los ciudadanos y acceso por Internet, así como poner en marcha políticas activas de empleo, establecer un plan de choque contra el fracaso escolar y elaborar un plan de acción integral contra la marginalidad.
En materia de suelo, la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Usuarios de la Comunitat Valenciana considera que "deben darse las suficientes competencias y recursos municipales para la recuperación de la ciudad existente y romper así los esquemas desarrollistas que atentan claramente contra la sostenibilidad urbana".
Al respecto, el presidente de CAVE-COVA ha criticado el carácter "instrumental" que han hecho algunos ayuntamientos del urbanismo. En este sentido, ha criticado la "corrupción" que ha existido, así como que ha sido utilizado por determinados consistorios como "instrumento de autofinaciación".
Entre otras medidas, también piden la puesta en marcha de campañas que favorezcan el consumo racional y leyes que prioricen la elección de proyectos de utilización de energías no contaminantes en la construcción de viviendas y en las rehabilitaciones.
CAMPAÑA PARA FRENAR EL INCREMENTO DE LA LUZ
Por otra parte, Juan Antonio Caballero ha destacado que están "satisfechos" por la campaña sobre energía eléctrica que CAVE-COVA ha llevado a cabo con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y que ha conseguido, "de momento, parar el incremento de la luz previsto".
Asimismo, ha informado de otra campaña a nivel nacional que ya ha comenzado en Catalunya y Madrid, y que pronto llegarán en Valencia, que consiste en la recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular que pida la modificación de leyes que, en determinados casos, la vivienda pueda saldar el préstamo hipotecario.
* QUÉ - EP. - 31.03.11
Foto: Valencia, protesta vecinos Cabanyal (archivo) - levante-emv.com
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Madrid.- En las entrañas del Dragón
Una pregunta difícil de responder, teniendo en cuenta que la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, propietaria del inmueble, inició de inmediato los trámites para que se produjera la orden judicial de desalojo. Desde entonces, esa orden —por cuyo estado ha preguntado este digital al Consistorio en repetidas ocasiones sin haber obtenido respuesta— ha podido llegar en cualquier momento. Pero no lo ha hecho.
Entretanto, por el ESOA El Dragón han ido desfilando decenas de jóvenes y de proyectos. Los que había en 2009 ya no están; ahora hay otros. Se han producido disensiones y momentos difíciles e incluso, cuentan, el edificio estuvo a punto de ser abandonado otra vez a su suerte, municipal o no, por discrepancias en la asamblea que toma las decisiones por unanimidad. Pero el Dragón sobrevivió y ahora cuenta con todo tipo de instalaciones para disfrute de los vecinos.
'Stop motion', café y libros
Hay una cafetería, una biblioteca con cientos de libros aún a medio catalogar, un taller de informática donde se recicla hasta la impresora más vieja y se enseña a reparar el material, otro de 'stop motion' y hasta un gimnasio para practicar danza oriental o boxeo. Los grupos de música hacen cola para utilizar los locales de ensayo y esperan a que termine de montarse el estudio de grabación para poder grabar sus maquetas. Los talleres de fotografía y de jardinería están en camino y mientras tanto prosiguen los cineforum de los viernes. La cafetería se abre cuando se puede: un grupo se ocupa de hacerlo dos jueves al mes, a la espera de voluntarios que puedan y quieran encargarse de ella los otros dos. Y, siempre previo permiso de la asamblea, se puede montar un 'singstar' multitudinario, una conferencia o un campeonato de futbolín en los espacios destinados a ello.
Pero, como dicen algunos miembros de la asamblea, "esto no es la Tabacalera". Además de que en este caso el edificio no ha sido cedido por nadie, y por tanto el 'Dragón' se siente más libre, este es, aseguran, un proyecto 'de barrio'. Aquí todos se conocen y, aunque cualquiera puede presentarse y proponer su proyecto, unos saben de otros, "no como en otros sitios más grandes".
Esa es la sensación que transmiten también al visitante que se acerca a las puertas del cementerio, aunque también aquí hay unas normas. "Mínimas, pero las hay", insisten. Y es que, cuentan, todavía hay quien llega y pide una litrona, así, sin más, convencido de que una casa okupa es un lugar donde se celebran botellones a cubierto.
Pero quien haya conocido el edificio en octubre de 2009 y haya vuelto recientemente solo tiene que pararse un momento para darse cuenta en todas las horas de trabajo que guardan sus paredes. En los enseres recogidos de la basura para darles una segunda oportunidad. En las asambleas interminables para garantizar la democracia en cada decisión, que rara vez duran menos de tres horas. Y en el voluntarismo de quien ha pintado sin ser pintor o instalado un inodoro sin ser fontanero, con mejores o peores resultados.
En El Dragón nada es perfecto, pero, como recuerdan con una sonrisa, "funciona"... hasta que les echen. Saben que, en el colectivo okupa, nada es eterno. "Si eso ocurre, después de todas las horas que he echado aquí, será como si me hubieran robado un pedazo de mi vida", reflexiona uno de los habituales. Pero su compañlero se apresura a recordar que el Dragón no es un edificio, ni siquiera sus miembros, sino un proyecto. "Si eso ocurre, el Dragón desplegará las alas y anidará en otro sitio". En La Elipa... o donde sea.
* Madridiario - 1.04.11
Foto: Madrid, espacio social okupado autogestionado de El Dragón - CGN-KR .................................... Leer más...
La fiscalía imputa a doce personas por la trama de corrupción en Ciutadella
Estos últimos fueron arrestados por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Palma el martes por la mañana.
Goteo de libertades
Los imputados fueron puestos en libertad a medida que se completaban sus largos interrogatorios. Cuatro de los encausados pasaron a disposición de la juez de primera instancia e instrucción de Ciutadella, que en la noche del miércoles decretó la libertad de Brondo y del empresario Manuel Mercadal.
El miércoles también se tomó declaración, en calidad de imputada, a la concejal del Antonia Salord, quien fue dada de baja de Unió Menorquina tras conocerse su imputación.
Los últimos en comparecer ante la juez fueron Casasnovas y Cardona, que se acogieron a su derecho a no declarar en las dependencias de la Guardia Civil. Ambos encausados llegaron a los juzgados de Ciutadella a primeras horas de la tarde y fueron interrogados a lo largo de varias horas.
Amañar concursos
Los imputados están acusados de prevaricación, malversación de caudales, fraude a la Administración, falsedades documentales y otros delitos relacionados con contratos millonarios adjudicados por Citur a una serie de empresas.
La causa en la que se investiga el caso Xoriguer está declarada bajo secreto sumarial, pero está relacionada con una querella interpuesta por Ciutadella de Menorca (UPCM) en contra del exalcalde, Llorenç Brondo, el ex concejal de Turismo, Gabriel Cardona, y el ex presidente del Consorcio Pla Mirall, Avel.lí Casasnovas, todos antiguos militantes del PP. En la querella se relata que se sirvieron de empresas falsas para dar apariencia de legalidad a varios concursos del CITUR que fueron presuntamente amañados con la connivencia de los concejales.
La fiscalía anticorrupción ha comprobado tambiñen la veracidad de las conclusiones aprobadas el 14 de diciembre de 2009 por la comisión municipal, presidida por el concejal Juan Triay, que investigó la gestión del área de Turismo durante el mandato del anterior gobierno municipal del PP, entre 2003 y 2007. Esa comisión detectó decenas de anomalías.
* Diario de Mallorca - 1.04.11
Foto: Ciutadella (Menorca), vista - balear
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Expertos abogan por un urbanismo que sirva para dignificar los barrios menos favorecidos
Un claro ejemplo de esta filosofía está en la ciudad colombiana de Medellín: tras 30 años de desigualdad, violencia y corrupción, consecuencia del narcotráfico, en cuatro años se eliminaron guetos, se conectaron unos barrios con otros evitando el aislamiento de los distritos por miedo y se levantaron bellos edificios en las zonas más humildes. El resultado: una ciudad del siglo XXI. Así lo resumió ayer Sergio Fajardo, ex alcalde y uno de los artífices de este exitoso proyecto convertido en un modelo a seguir.
tiempos difíciles Además de lo importante que el urbanismo puede ser para dignificar los barrios marginales de las ciudades, los expertos apuntan otro elemento clave: la cohesión social o lo que es lo mismo, el bien común por encima del interés personal. En este sentido, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, señaló a Vitoria como una ciudad modelo de convivencia y sostenibilidad ambiental.
Pero no todo fueron halagos. Jáuregui auguró tiempos muy difíciles para las ciudades -no sólo para Gasteiz- y una reducción muy grande del gasto público si se quiere salir de la crisis. "No podemos endeudar a nuestros hijos y nietos con cantidades que algún día no podamos pagar", advirtió. De ahí que uno de los retos para la buena gobernanza de las ciudades esté en lograr su cohesión social gestionando de forma óptima el espacio público. Así, Laura Petrella, directora de asentamientos humanos en Kenia, destacó los beneficios sociales que proporciona el urbanismo ecológico.
El catedrático de Ciencia Política de la Autónoma de Barcelona Joan Subirats defendió la diversidad como factor clave para el desarrollo de las ciudades. Y el investigador de Ikerbasque Daniel Innerarity resumió a la perfección la idea que todos sus compañeros quisieron transmitir al afirmar que una ciudad inteligente no es aquella en la que la gente es inteligente sino la que responde a criterios de sostenibilidad, cohesión social y sabe anticiparse a los retos del futuro.
Las jornadas de urbanismo concluirán hoy con una visita de los ponentes al centro de interpretación de la naturaleza Ataria después de las ponencias.
* Noticias de Álava - 1.04.11
Foto: Viviendas de Zaramaga, uno de los barrios para los que el Ayuntamiento tiene planes de reconstrucción.- DNA
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Marbella.- El tribunal de Ballena Blanca descalifica la instrucción y dicta una sentencia leve
La sentencia establece el decomiso de 70.000 euros intervenidos a Del Valle en su vivienda y en su despacho. El abogado anunció ayer tras conocer la sentencia su intención de recurrir.
Los otros condenados son un narcotraficante francés, una amiga de éste, un finlandés condenado por delitos económicos en Suecia y su mujer.
Del Valle, a quien se acusaba de haber organizado una trama que permitió blanquear fondos procedentes de 13 tramas delictivas, solo ha sido condenado por su relación con una de ellas. En el resto, el tribunal considera que no consta que Del Valle tuviese conocimiento de que los fondos hubiesen sido obtenidos mediante la comisión de delitos. En algunos casos, tampoco considera probado la propia procedencia ilícita del dinero.
La sentencia supone un durísimo varapalo contra la instrucción de la causa. La mayor parte de los 524 folios dados a conocer ayer por el tribunal están salpicados de duras críticas a la labor del juez instructor, el fiscal y la unidad policial que llevó adelante la investigación. Es más, el ponente reconoce que la causa estuvo a punto de ser anulada por las numerosas deficiencias que presentaba.
Una de las decisiones adoptadas por el tribunal es la de anular las escuchas telefónicas, por entender que en el momento de solicitarlas al juez instructor la policía no había agotado aún otros medios de investigación. No obstante, la crítica más contundente a la instrucción se refiere al tratamiento dado a la documentación intervenida en los diferentes registros. «Las características de la investigación, dominada por la iniciativa policial, han llevado al Juzgado a descuidar tanto la custodia de la referida documentación como su organización con vistas a la posterior celebración del juicio oral».
En ese sentido, recuerda que los documentos venían unidos por anillos de plástico (bridas) cuya utilización fue muy criticada, ya que si bien el sistema no deja que se añadan folios, sí permite que se arranquen sin que queda constancia alguna.
La sentencia señala también que faltaba la digitalización de varios tomos, de los autos principales y de abundante documentación, lo que supuso «un problema de gran calado jurídico que a punto estuvo de dar lugar a la devolución de la causa al juzgado de instrucción».
Para el tribunal, el sistema seguido por la policía y el juez instructor, Miguel Ángel Torres, condujo a crear tal grado de confusión que varias bridas no se incorporaron al procedimiento, sino que fueron consideradas parte del 'caso Malaya', que se instruía en el mismo juzgado.
En relación con la documentación bancaria utilizada en la causa, la sentencia recuerda que los agentes trabajaron con información remitida por las entidades de manera telemática que nunca fue impresa. Según el tribunal, en algunos de los casos en los que finalmente fue posible disponer de los documentos en papel se revelaron «relevantes diferencias» entre esos datos y los incluidos en los informes policiales.
«Confianza desmedida»
La condena también arremete contra el fiscal, a quien acusa de haber actuado con una «confianza desmedida» en el contenido de los informes policiales, que según el tribunal no contaban con el suficiente respaldo documental.
A pesar de estas deficiencias, el tribunal considera probado que el despacho de Del Valle, especializado en inversiones inmobiliarias por personas extranjeras, utilizaba como sistema la creación de sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada en España. En muchos casos, estas sociedades estaban participadas por los inversores a través de otras sociedades que se constituían en el estado norteamericano de Delaware, cuya legislación permite que los dueños de la inversión no figuren en la escritura. El despacho de Del Valle contaba con una cartera de estas sociedades dispuestas para ser utilizadas por sus clientes, que se garantizaban de esa manera el anonimato.
Según el tribunal, el fiscal «ha pretendido criminalizar» este sistema, actitud que reprueba al considerar que la utilización de sociedades constituidas en Delaware «no constituye por sí misma delito alguno», y que por lo tanto no puede ser enjuiciada en términos generales. Es más, en la sentencia se argumenta que la adquisición de propiedades por medio de sociedades patrimoniales «era y es algo común en una zona tan conocida como la Costa del Sol».
En este sentido, la sentencia considera que uno de los aspectos más descuidados por la acusación fue el relacionado con el posible conocimiento que Fernando del Valle podía tener de las actividades ilícitas de las personas a las que les facilitaba las inversiones inmobiliarias a través de este sistema. De hecho, la única operación por la que se lo condena es la realizada por el francés Sophiane Hambli. En este caso, Del Valle no pudo argumentar que ignoraba que trataba con un delincuente. Su cliente ordenaba las operaciones desde la cárcel francesa donde cumplía condena por tráfico de drogas.
* SUR - HÉCTOR BARBOTTA - 1.04.11
Foto: Del Valle atiende la consulta de otro letrado antes de la lectura de la sentencia - Sur
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El ´urbanismo salvaje´ y los peajes Otrosidigo
CELSO FERREIRO/A Coruña* : Tarantino, nuestro Alcalde, e inconcluso candidato, viene desparramando generosamente publicidad subliminal en su afán de desarmar a sus adversarios. Con tufillo propagandístico interesado, se prodiga en entrevistas "alfombra", a la medida, que no son otra cosa que ofertas electorales para tapar su inoperancia. De nuevo ha querido servirse del ilustre arquitecto Busquets, autor del Plan General, como reclamo de un seminario, sobre estrategias de la ciudad, pero no contaba con el rigor académico del esclarecido urbanista. "En La Coruña -señaló- se ha practicado un urbanismo salvaje" en los últimos años. Sus exponentes, recordemos, están a la vista: Agrá del Orzán, Monte Alto, Matadero, Montiño, La Gaiteira, Buenavista, Los Castros, etc., vestigios del "reinado" de Vázquez, cuyo principal escudero fue el actual regidor Javier Losada. Que ahora nadie en el Ayuntamiento, integrado por los mismos y que aspiran a repetir, quieran asumir sus responsabilidades de la desfeita, corrobora que el régimen ha entrado en su fase terminal.
Nuestro Alcalde y sus conmilitones, en el tema urbanístico, principalmente, han perdido la excusa de la ignorancia. Hace pocos años, la Asociación de Promotores y Constructores de España(APCE) visitó el Ayuntamiento coruñés. Pidió que se eviten "tramites administrativos" que encarece el precio final de la vivienda y suprimir "peajes". La regeneración urbanística, según el arquitecto Busquets, exige la estación intermodal, tema que será como un cromo electoral de carácter virtual, dado su previsto retraso. No bastará que nos distraigan con el concurso de proyectos; hace falta su licitación, y presupuesto adjudicado. Antes, urge renovar las estructuras del Urbanismo coruñés -auditoría mediante- para salir de la devastación salvaje a la que nos hemos referido. El ciudadano tiene la palabra. Si no despierta se repetirá el pacto PSG-BNG, amarrado como comprobamos a una sectaria complacencia que ha abandonado la democracia por la acaparadora utopía nacionalista.
Algo comienza a moverse en el urbanismo municipal de La Coruña. A la anunciada marcha de su responsable política, la señora Taboadela, se une, al parecer, la del Director Técnico Sr. Cerezalaes, presto a hacer las maletas con destino Vigo.
* La Opinión A Coruña - Opinión - 30.03.11
Madrid - Miles de personas se manifiestan en contra de las "políticas de saqueo" de Gallardón
Cada uno de estos grupos llevaban pancartas significativas con lemas como 'Barrios por a democracia', o 'No hay pan para tanto chorizo', entre otros.
Varios portavoces de los diferentes colectivos convocantes de la iniciativa han explicado que su objetivo es que la sociedad madrileña "reaccione" contra lo que ellos consideran la "soberbia" del Ejecutivo local en su trato tanto con los ciudadanos como con los empleados municipales.
Y es que tras ocho años de reivindicaciones por separado, ahora una veintena de grupos diversos han decidido hacer un frente común contra la "política autoritaria" del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
Los portavoces vecinales Pedro Casas y Jesús María Pérez, el portavoz de Ecologistas en Acción Juan García, el bombero municipal José Luis Fernández, el policía Javier Pavar y el técnico de polideportivo Jerónimo Torres han puesto este martes voz y explicación a la convocatoria.
En definitiva, se trata de instar a la sociedad madrileña a que "reaccione" ante los "agravios" que causa el Consistorio y que han llevado a una situación que los convocantes definen de "catastrófica" en el plano económico y financiero, y de "colapso" de unos servicios sociales ya de por sí "insuficientes" para cubrir la demanda.
"Queremos mostrar que no tenemos intereses contrarios aunque la Administración lo haga ver. Si los trabajadores municipales consiguen mejoras, eso también repercute positivamente en el buen servicio a los ciudadanos", ha señalado Casas. Es por ello que en esta convocatoria se ha decidido no convocar ni a la FRAVM ni a los sindicatos.
RECHAZO A TODA LA GESTIÓN
Así, los manifestantes han protestado por la gestión en conjunto realizada por Gallardón. En el plano medioambiental, han considerado que es "insostenible" la situación del aire en Madrid, y han criticado también otras decisiones que han llevado, por ejemplo, a que los árboles se sequen al poco de ser plantados.
Además, consideran que el alcalde ha "hipotecado por decenios" las arcas municipales con sus gastos "megalómanos", que han llevado al "colapso financiero", aplacado únicamente gracias a que "las grandes empresas lo tapan" haciéndose cargo de unos retrasos en el pago de los cánones que se acumulan desde hace ya más de un año.
El déficit acumulado en el último ejercicio es otro de los puntos de la gestión municipal que critican, así como que se invierta en proyectos como el del Palacio de Cibeles mientras los distritos tienen un "déficit" de unos 700 equipamientos públicos, según sus cálculos.
También consideran un "auténtico despropósito, especialmente en época de crisis," que se hagan infraestructuras y equipamientos como la Caja Mágica o el nuevo Puente de Perrault en el río que luego comportan grandes gastos de mantenimiento, mientras se están privatizando servicios públicos y subastando viviendas de la EMVS, entre otros asuntos.
"Gallardón tiene mucha protección. En condiciones normales no podría haber durado en ese cargo", interpretan las asociaciones, que también critican que el Consistorio no aplique las sentencias judiciales en su contra que han dictado diferentes tribunales en asuntos tan variados como la Tasa de Vados, la ordenanza de Licencias, los parquímetros o la misma M-30.
Por todo ello, los vecinos y asociaciones civiles reivindican, entre otras cosas, una "descentralización" tanto de recursos económicos y competencias, como política, con la creación de 'ayuntamientos de distrito' al estilo de los que existen en París o Bruselas, para que los pocos recursos que reciben las Juntas no los gasten los "procónsules del César imperial" de forma "insostenible".
TRABAJADORES MUNICIPALES
Desde el punto de vista de los trabajadores municipales, bomberos, policías, agentes de movilidad y otros empleados de servicios públicos, limpieza, jardinería, escuelas infantiles o conserjes también se quejan de la falta de personal y medios y de las privatizaciones de muchos ámbitos de la administración.
Unas decisiones que son "más caras y no de mejor calidad" que cuando el servicio se presta de forma pública, y que además han afectado a "más ámbitos de los que la gente conoce", como por ejemplo el Registro, el Padrón, el Teatro Español, el 010, las cabalgatas, y hasta los ordenanzas, según han enumerado.
Y eso, además, "incluyendo en los pliegos de condiciones cláusulas por las que el Consistorio compensa a las adjudicatarias si sufren pérdidas o si no llegan a un tanto por ciento de beneficios", han asegurado, apostillando a renglón seguido que las privatizaciones también han sido la causa de la amortización de 1.300 puestos públicos.
"Hace falta que la gente reaccione. Aunque en las crisis suene bien atacar a los funcionarios, en esta Administración se usa la soberbia de forma general para tratar con los trabajadores, pero también con los vecinos. Somos maltratados por Gallardón y su política, que está dando pie a una élite paralela de altos cargos que crea un gasto enorme. El Ayuntamiento antes funcionaba sin estos asesores nombrados a dedo", ha reclamado Pallar.
* Qué - EP. - 31.03.11
Foto: Madrid, cartel manifa contra políticas Gallardón 31Mar11
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