Anticorrupción pide imputar a la plana mayor del Govern valenciano

PÚBLICO* : La situación de Francisco Camps y su núcleo duro en la Generalitat y el PP valenciano se vio ayer agravada tras difundirse el escrito en que la Fiscalía Anticorrupción pide al Tribunal Superior valenciano (TSJCV) que investigue la presunta financiación ilegal del partido a través de la trama Gürtel, que a su vez recibió no menos de 14 millones en contratos, y de una batería de adjudicatarios públicos que, según la Policía y Hacienda, pagaron gastos electorales del PP por casi 900.000 euros en 2007 y 2008. La Fiscalía implica de forma expresa en delitos de corrupción penados con cárcel a nueve cargos del PP y, de forma tácita, al propio Camps. Ahora, el TSJCV debe decidir si asume o no la investigación tras dos años dando largas al asunto.

En su escrito al TSJCV, Anticorrupción apunta a Camps al conectar los contratos multimillonarios (14 millones) que recibieron las empresas ligadas a la red con los trajes que sus responsables regalaron al president. Y al subrayar que alguno de los contratos otorgados a Orange Market requirió la "preceptiva autorización por el Gabinete del presidente".

A Camps, Anticorrupción no le cita por su nombre. Sí lo hace con los otros nueve cargos conservadores cuya imputación reclama. Entre ellos se cuenta el vicepresidente Vicente Rambla, a quien atribuye dos delitos electorales por falsear las cuentas del PP valenciano. Y la actual presidenta de Les Corts valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez. A esta última, el Ministerio Público la considera presunta autora de un delito de prevaricación por los supuestos contratos amañados en favor de Orange Market para los stands de Fitur en 2005 y 2006.

La lista de cargos del PP implicados por la Fiscalía se completa con varios aforados ante el TSJCV y otros cargos: David Serra, vicesecretario general del PP valenciano; Yolanda García, tesorera del partido; Ricardo Costa, ex secretario general y hoy coordinador de Economía del PP en Les Corts; Cristina Ibáñez, administradora de las autonómicas de 2007; Pedro García Gimeno, ex director general de Canal 9; Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo; y Luis Bárcenas, extesorero estatal del PP y administrador de la campaña de las municipales en 2007. Ese año, y según informes policiales y de Hacienda, el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros.
Soborno y prevaricación

En total, Anticorrupción enumera seis delitos: dos electorales, en 2007 y 2008; contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación y cohecho. Los electorales, la prevaricación y el cohecho se atribuyen a los dirigentes políticos. El delito fiscal, a los seis miembros de la trama cuya imputación pide la Fiscalía, encabezados por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

Y los delitos de falsedad en documento mercantil (falsificación de facturas) se atribuyen a la red y a los empresarios que supuestamente pagaron a Orange Market deudas del PP. Fuentes cercanas a la Fiscalía precisaron no obstante que el escrito no es "exhaustivo" ni en cuanto a la relación de actos ilegales ni en la de presuntos autores. Un ejemplo: la Fiscalía solicita que se incorpore a la causa un anónimo recibido por el Tribunal Superior de Madrid y que implica a otro vicepresidente valenciano, Juan Cotino.
Hechos inseparables

Las alegaciones de la Fiscalía ante el TSJCV se cierran con dos párrafos que, de forma explícita, vinculan los regalos hechos por la trama con los contratos otorgados por la Generalitat. Anticorrupción reclama al tribunal valenciano que una en un solo sumario el caso de los trajes, por el que Camps está ya con un pie en el banquillo, con el de la financiación del PP y la adjudicación de contratos amañados a Orange Market. Si el TSJCV aceptase las tesis de la Fiscalía, el juicio de los trajes se demoraría, pero la acusación contra Camps y los otros tres destinatarios de ropa (Ricardo Costa, Rafael Betoret y el exvicepresidente Víctor Campos) subiría de grado. Y pasaría a ser de cohecho sin adjetivos. O sea, de soborno en toda regla.

"Unos y otros hechos -remarca el escrito en referencia a trajes y contratos- han de ser objeto de valoración conjunta para la correcta calificación de uno de los delitos contra la Administración Pública (cohecho)". En otras palabras, Anticorrupción remacha la idea, rechazada con uñas y dientes por el TSJCV, de que los trajes sólo fueron una pieza más en el engranaje corrupto y no un acto de generosidad espontánea por parte de Álvaro Pérez, gestor de Orange Market y "amiguito del alma" de Camps.

Que a Camps le amenazan delitos de mayor gravedad que el de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno y sólo castigado con multa, lo prueba lo ocurrido ayer tras difundirse el escrito de Anticorrupción. La agencia Europa Press lanzó a media mañana un despacho titulado así: "La Fiscalía excluye a Camps de delitos en sus alegaciones a la inhibición de la causa de financiación". El PP se aferró de inmediato al titular. Y Anticorrupción tuvo que pedir a la agencia que corrigiese la noticia, que pasó a tener el titular inverso: "Anticorrupción no excluye a Camps como inculpado en la causa de financiación ilegal".

La Fiscalía añade otro dato sobre la conexión entre los trajes y las adjudicaciones fraudulentas: el relativo a cómo el contrato que Canal 9 adjudicó a Teconsa para la cobertura de la visita papal a Valencia en 2006 se produjo cuando el canal autonómico tenía por director a Pedro García. Y "de acuerdo con la documentación intervenida, además, a Pedro García Gimeno le fueron regaladas distintas prendas de vestir adquiridas por los imputados en los mismos establecimientos en los que se compraron los entregados a los cuatro imputados" en el caso de los trajes. El contrato de Teconsa reportó a la red tres millones. Y, según la Policía, Pedro García se embolsó medio millón.
De Sedesa a Enrique Ortiz

La Fiscalía, que hace suyas las tesis esgrimidas en mayo de 2010 por el juez Antonio Pedreira cuando se inhibió en favor del tribunal valenciano, solicita la imputación de los responsables de las ocho empresas que abonaron facturas supuestamente falsas a Orange Market para camuflar gastos electorales del PP.

En esa lista de empresarios figuran los responsables de las siguientes sociedades: Sedesa, empresa entonces ligada a la familia del vicepresidente Juan Cotino; Enrique Ortiz e Hijos, Enrique Gimeno (Facsa), Lubasa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf.


* Público - 2.04.11
Foto: El Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el viernes en un acto. EFE

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La banca y el ladrillo andaluz fuerzan una nueva recalificación de un millón de metros cuadrados en la vega antequerana

ANTEQUERA HABITABLE* : La plataforma Antequera Habitable ha remitido un comunicado a 'EL OBSERVADOR' en el que muestra su completa oposición ante un nuevo intento de recalificar un millón de metros cuadrados de suelos agrícolas de la vega para construir otro polígono industrial, apenas cuatro meses después de haberse aprobado definitivamente el PGOU de este municipio malagueño. “¿A quien benefician estas recalificaciones del uso del suelo en la Vega, a MCapital ó al interés general?”, se pregunta Antequera Habitable después de que PP y PSOE hayan convenido apoyar una modificación planteada por una entidad de capital riesgo en la que participan los grandes actores del sector financiero y la construcción andaluces.

En el Consejo de Administración de MCapital, accesible en su página web, encontramos a presidentes y altos directivos de grandes entidades financieras, del sector de la construcción y de otros ámbitos con destacada presencia en Andalucía: Unicaja (Federico Terrón), Cajamar (Luis de la Maza), Cajasur (Ángel María Cañadilla), FCC (Blas Campos), Alei-Grupo Vera (Juan Maldonado Taifeller), Vallehermoso (Fernando Ruiz-Cabello), Famadesa (Manuel Gómez), Acciona (Roberto Cabrera) y Hotel Antequera Golf (Ramón Jiménez). Wikipedia define a las empresas de capital riesgo como “entidades financieras cuyo objeto principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no cotizadas. El objetivo es que con la ayuda del capital de riesgo, la empresa aumente su valor y una vez madurada la inversión, el capitalista se retire obteniendo un beneficio”.

EN el último pleno municipal de Antequera, los grupos de PSOE y PP dieron su apoyo a la solicitud planteada por la entidad de capital riesgo MCapital para realizar una modificación al PGOU del municipio, aprobado el pasado mes de noviembre. Se trata de recalificar un millón de metros cuadrados de la vega agrícola para construir un nuevo un polígono industrial presentado bajo el nombre de la Ciudad de Innovación Tecnológica Agroalimentaria (CITA). Izquierda Unida votó en contra de esta propuesta y el grupo independiente local PABA se abstuvo.

LA aprobación del inicio de este proceso de recalificación de suelos se produce después de que el Gobierno andaluz detuviese un proyecto similar que pretendía urbanizar cinco millones de metros cuadrados. En este caso la Junta solicitó a los promotores que demostrasen la compatibilidad de esta iniciativa con el Plan Especial de Protección Medio Físico, que cataloga la vega antequerana como paisaje agrario singular.

LA plataforma Antequera Habitable ha emitido un comunicado criticando lo sucedido. “Cuando tenemos una sobreoferta de suelo industrial, no solo en Antequera sino en casi todos los pueblos de la comarca, nuestro Ayuntamiento nos sigue proponiendo más de lo mismo. Nuestro municipio está viviendo una grave situación económica con miles de parados y cientos de familias sin ingresos que supone un enorme drama humano, nuestros responsables públicos reaccionan a este problema con mas recalificaciones de suelo para los de siempre”, denuncia.

POR eso, este colectivo ciudadano se hace las siguientes preguntas: “¿Necesita más suelo industrial Antequera cuando el Parque Logístico de Vera y el PEAN están vacíos? ¿A quién benefician estas recalificaciones del uso del suelo en la Vega, a MCapital o al interés general? Cuando en plena crisis la agricultura es el único sector que no despide empleados ni cierra empresas, ¿es acertado urbanizar las mejores tierras de regadío de la provincia de Málaga? ¿A quiénes sirven los partidos que votan las recalificaciones de suelo en la Vega de Antequera? Esta situación es indignante y los concejales votantes de esta recalificación, siguen poniendo los intereses especulativos por encima de los intereses de Antequera, tienen poca conciencia de la situación actual, y poco conocimiento de un recurso como la Vega con enormes posibilidades de actividad económica y empleo”.


* El Observador - Opinión - 1.04.11
Foto: Antequera (Málaga), tierras cultivo Vega para recalificar - antequerahabitable


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Barakaldo.- «Han jugado con el dinero de familias trabajadoras»

ELCORREO/Vizcaya* : La mayoría son parejas de jóvenes baracaldeses que deseaban quedarse en su pueblo y gozar de una vivienda amplia y con terreno, sin necesidad de salir de la segunda ciudad más grande de Vizcaya. El proyecto «prometía», pero se ha convertido en «un calvario» y «una fuente importante de frustración». Un total de 30 familias intentan en la actualidad rescindir «como sea» sus contratos con la firma inmobiliaria Bruesa y recuperar las cantidades que adelantaron a cuenta por la compra de sus pisos en Basatxu, la zona más alta del barrio de Cruces, después de que la constructora haya suspendido pagos y se encuentre en una situación económica crítica. Los afectados han pagado una media de 60.000 euros, aunque en algunos casos «la cifra asciende hasta los 90.000»

Los primeros compradores deberían estar viviendo en sus hogares desde el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, los edificios son todavía hoy un inhabitable esqueleto de hormigón armado repleto de humedades. No hay actividad en la urbanización 'El Mirador de Basatxu' desde el pasado verano. Las labores de edificación de 48 inmuebles permanecen paralizadas. Otros 180 sólo existen en el plano. Hasta la caseta de obra «ha sido desmantelada».
En pisos de alquiler
«Nos sentimos todos muy mal», asegura el joven Rober Tejedor. Su casa, que debería estrenar en septiembre del próximo año, ni siquiera se ha empezado a levantar. «Nos han ido dando falsas esperanzas, soltando evasivas o diciendo que no había problema y que podían sacar esto adelante. No me equivoco si afirmo que nos sentimos totalmente defraudados: es un engaño en toda regla», denuncia. «Mi caso no es tan dramático, porque vivo con mis padres, pero hay muchas parejas que han vendido su piso y que se han tenido que ir de alquiler. Nadie sabe lo mal que lo están pasando por algo en lo que no tienen culpa alguna. Han jugado con la economía de 30 familias trabajadoras en plena crisis», añade.
Pese a que las máquinas hace tiempo que dejaron de trabajar, Bruesa continúa vendiendo pisos en la zona, tal y como comprobó este diario el pasado miércoles. «Espero que no haya ningún comprador despistado, porque se va a meter en un lío», advierte el joven. «Creo que hay mala fe en todo esto», añade.
Tejedor tiene claro que la solución al problema está ahora en manos del Ayuntamiento. «Ellos pueden resolver el contrato con Bruesa por incumplimiento y forzar a que nos devuelvan el dinero entregado», argumenta. «Hemos abierto contactos con los representantes municipales y les hemos pedido que nos ayuden porque muchos somos vecinos de este pueblo y los que no lo son, habían apostado por Barakaldo». El Consistorio, por ahora, ha iniciado los trámites para enajenar la parcela y dársela a otro promotor con la intención de que acabe los trabajos y resolver el conflicto.


* El Correo - 1.04.11
Foto: Afectados por la paralización de la promoción de 'El Mirador de Basatxu' se acercaron ayer hasta el esqueleto actual de sus viviendas.- elcorreo

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«En la Región de Murcia hay cierta tolerancia hacia la corrupción»

LAVERDAD/Entrevista* : Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid y uno de los expertos más reputados de España sobre corrupción política. Varios libros y estudios sobre este asunto llevan su firma. Miembro del comité de dirección español de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, el pasado viernes ofreció una conferencia en Murcia en el acto de presentación del Pacto por la Transparencia y el Bueno Gobierno promovido por un grupo de ciudadanos para la Región de Murcia. En esta entrevista habla sobre las causas de la corrupción y algunos de los casos más sonados, de la desafección creciente entre ciudadanos y políticos y de las posibles soluciones.
- ¿Hay riesgo de una 'berlusconización' de la política española?
- El concepto de 'berlusconización' es poco científico, pero se refiere a una sociedad con muy poca confianza en la clase política y las instituciones y con bastante desconfianza entre la gente, donde se piensa que todos los políticos son iguales y que todo da igual con tal de que den respuesta a las necesidades inmediatas. En una sociedad así, si controlas bien los medios de comunicación, si consigues más o menos controlar la judicatura y si tienes un Parlamento que te aprueba las leyes que tú quieres, al final la gente no sabe bien lo que vota, no se entera de nada y se produce un deterioro de la democracia terrible.

- Pero en España no estamos tan mal.
- No, pero existe ese riesgo, sobre todo cuando ves que puede haber un político corrupto al cual le van a votar. Cuando le preguntas a la gente por qué le vota, la respuesta es muy berlusconiana: 'todos son iguales, qué más da, si éste nos da algo...' Todo esto genera un grave deterioro.
- Hay ejemplos de candidatos implicados en supuestos casos de corrupción que se presentan a las elecciones y ganan. No parece una cuestión que los ciudadanos penalicen. ¿Por qué?
- En general, la corrupción en muchísimos países, no sólo aquí, no se penalizada mucho cuando se dan determinadas condiciones, sobre todo cuando hay una idea de que toda la clase política es semejante. Otro elemento es que la gente, a la hora de configurar su voto, cuenta con muchas variables, no solo la deshonestidad, como son las propuestas educativas, sanitarias o, como puede ocurrir aquí, la propuesta del agua. Hay muchos factores por los que se decide el voto y la corrupción es uno más. También influye si hay alternativas creíbles o no. Si no las hay, no hay salida.
- ¿Hay alguna fórmula rápida e infalible de que el urbanismo deje de ser el principal foco de corrupción política?
- Ahora hay una: la crisis económica, que ha bajado enormemente las posibilidades de corrupción en este ámbito. Es importante reducir el monopolio en la toma de decisiones en el ámbito urbanístico, que le da al alcalde un poder inmenso de dar riqueza a unos y no a otros sólo con firmar un convenio urbanístico. También hay que reducir la discrecionalidad, hay que reglarlo más. Hay muchas normas, pero habría que cerrar más las posibilidades. Además está el hecho de que sean los promotores privados los que desarrollan toda la labor, cuando en otros países es el gobierno el que expropia y desarrolla lo que estima adecuado y luego contrata la ejecución. Es un sistema que, cuando había tanto dinero, reunía todas las condiciones: monopolio y discrecionalidad en la toma de decisiones y muy poco control por parte de la Autonomía y el Estado. Era un cóctel explosivo. Por tanto, para acabar con esta situación habría que reducir el monopolio, que las decisiones no sean exclusivas del alcalde; reducir la discrecionalidad dando más trasparencia y participación ciudadana, e introducir un mayor control de los gobiernos autónomos y del nacional.
- ¿Es mucho lo que se ha reducido la corrupción en España desde el comienzo de la crisis económica?
- Sí, los casos de corrupción de urbanística sí. Ahora empiezan a salir otros casos, aunque también son antiguos, sobre contratos de suministros y servicios. En los municipios españoles hay muy poco control, y las posibilidades de que haya habido políticos deshonestos y que no nos hayamos dado cuenta hasta que ha habido una apuesta por la investigación era grande. La Guardia Civil, la Política y la Fiscalía están haciendo una labor excelente.
- ¿Aprecia diferencias entre el PP y el PSOE en la forma de abordar los casos de corrupción en sus filas?
- En mi opinión, el PP no ha abordado muy bien los casos de Fabra y Camps. El problema del PP es que, con todo esto, está haciendo una especie de llamada que dice: 'no os preocupéis que cuando yo gobierne aquí no va a pasar nada'. Espero no les dé por la berlusconización. El PSOE en teoría tiene una postura más rígida, pero en la práctica comete errores imperdonables, como negar la comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía por los ERE o apoyar al consejero de Educación en Asturias. El PSOE no acaba de dar respuesta y ser coherente con aquello que promueve. Los resultados para el PSOE no van a ser tan positivos como podrían serlo porque no es capaz de ser coherente con lo que propone.
- En la permisividad de la sociedad hacia la corrupción, ¿qué influye más, el nivel de educación o el nivel de renta?
- La clave es la educación cívica. Le pregunté a un alcalde sueco una vez si nunca tuvo tentaciones de corromperse, y me contestó que no, pero que si las hubiera tenido habría dicho que no. ¿Por qué?, le dije, por honestidad. La verdad, no tanto por eso, me contestó, sino por el horror de que me pillaran, quedaría como un apestado en mi pueblo, en mi familia. Nuestra sociedad esto no lo admite. Aquí, por el contrario, tuvimos un alcalde, creo que era en El Ejido, que cuando salió de la cárcel fue recibido con cohetes.
- En Murcia también hemos visto algún caso parecido.
- Esa es la diferencia. Frente al modelo sueco, que tendría que irse del pueblo y hasta su familia le retiraría el saludo, aquí sabe que va a conservar cierto apoyo social, que la ciudadanía no lo va a condenar.
- Y eso, según usted, se resuelve con educación.
- Con educación cívica. A lo mejor saber más matemáticas no te ayuda en esto, pero si educar en valores cívicos y democráticos a los niños, que sepan los terribles daños que genera la corrupción a un país. Según un estudio del Banco Mundial, el factor más importante para impedir el crecimiento en África es la corrupción. De cada cien dólares de ayuda que se mandan, a muchos países sólo llegan cinco. Y nuestros países no podrán seguir avanzando y generando desarrollo, en el caso de España es algo evidente, si no reducen la corrupción. Un elemento clave para la inversión extranjera es la honestidad y transparencia de los gobiernos.
- Se podría decir que hay un componente cultural en la permisividad de la sociedad española hacia la corrupción. Aquí la picaresca ha dado lugar a un género literario, y el fraude a la Seguridad Social y la economía sumergida es algo común.
- Por supuesto. Esa idea de fondo de que todo el mundo es así, por lo que yo no voy a hacer lo contrario. Esto genera otro problema y es que, dado que yo soy así e intento defraudar lo que puedo, me interesa que los políticos no sean muy honestos ni muy exigentes en el cumplimiento de las normas.
- ¿Son los casos de corrupción la principal razón del distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos o hay otros motivos?
- No sólo. En España históricamente ha habido una desconfianza muy fuerte hacia los políticos, la política y las instituciones, y la corrupción lo que ha hace es fortalecer esa desconfianza. Una parte importante de los españoles cree que los políticos son corruptos, creo que es el 82%...
- ¿En España?
- Sí. Según el último Eurobarómetro, el 91% cree que la corrupción es un problema importante en el Gobierno nacional y un 90% piensa que ocurre lo mismo en el gobiernos autónomos y municipales. Hay datos terribles de la imagen que tenemos de nuestros políticos.
- ¿Y aprecia algún indicio de remordimiento o enmienda en los políticos ante esta situación?
- Hay políticos honestos y que están haciendo las cosas bien. Hay ayuntamientos que están haciendo las cosas bien. El problema de fondo es si los partidos se toman el problema de la corrupción y la transparencia en serio. No me he dedicado a fondo a leer los programas electorales, pero he visto por encima que el del PSOE habla de transparencia y dice que ningún político imputado iría en las listas. En el PP no he visto algo parecido, lo cual no indica que a este partido le guste la corrupción. A raíz del caso Gürtel, el PP debe decidir si cuando llegue al Gobierno lo va a tapar o bien afrontará seriamente la renovación ética.
- ¿Qué posición ocupa la Región de Murcia dentro del mapa de la corrupción en España?
- Murcia es una de las regiones donde más casos ha habido y la idea de que en Murcia hay una cierta tolerancia a la corrupción y de que hay muchos casos está ahí. Aquí hay mucho más dinero para la corrupción por el desarrollo urbanístico, ese ha sido un factor clave.
- Los largos mandatos, sostenidos por mayorías absolutas incontestables, ¿tienen consecuencias en la práctica política y en las instituciones?
- Sí. En principio, el poder tiende a corromperse y cuanto mayor sea el poder, más posibilidades de corrupción hay. De ahí la importancia de los controles. Un elemento clave para que un político deje de actuar de forma corrupta es que vea que actuando así pierde el gobierno. Una variable que explica que en un país haya corrupción es que la oposición es muy débil. Cuando la oposición es muy débil y el gobierno muy fuerte, hay más posibilidades de corrupción.
- ¿Sería partidario de limitar la duración de los mandatos por ley?
- Sería bueno limitar los mandatos de las personas, y no sólo en las autonomías, en los ayuntamientos y en el Estado, sino también en los partidos. El problema empieza en el propio partido, donde hay gente que controla zonas de la organización durante años y años, gane o pierda, y se aprovecha de las listas cerradas y bloqueadas. ¿Cuál es la razón para entrar en una lista electoral? Por lealtad política. Es difícil que entre gente de fuera. Tenemos una clase política cada vez más profesionalizada y como no hay límites, hacen lo que pueden por seguir viviendo de esto. Hay algunos que después de veinte años en la política no tienen otra salida.
- ¿Le ve posibilidades de éxito al Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno promovido en la Región de Murcia? A mí me cuesta creer que tenga aceptación no en la sociedad, pero sí en los políticos que deben aplicarlo.
- Ojalá que tenga éxito en la sociedad, porque es importante que la ciudadanía tenga conciencia de que hay otra forma de hacer política y que eso lo tenga en cuenta al decidir su voto. Luego está la labor de insistir, insistir e insistir y no dejarse vencer por la melancolía. En Italia, la sociedad civil está un poco adormecida, pero hay un colectivo que sigue luchando y logra reunir a más de 100.000 personas en la calle.
- ¿Hay algún país en el que se estén aplicando las medidas que propone este pacto?
- Sí. Casi todos los países de Europa son más transparentes que España, que es el único, creo que junto con Luxemburgo, Grecia y Malta, que no tiene una ley de acceso a la información. Los escandinavos son sorprendentes en materia de transparencia: del primer ministro se sabe lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta. En Estados Unidos todo el mundo conoce la agenda de Obama, aunque no con antelación para evitar atentados. En otros países se conocen los 'lobbies' que existen y con quien se reúnen. Aquí en España no están regulados los 'lobbies' ni la transparencia de las agendas de los gobernantes.
- Si tuviera que elegir una medida solo, ¿cuál sería la más importante y urgente a aplicar para que los políticos e instituciones recuperen parte del crédito perdido?
- Recuperaría algo de crédito con una ley de acceso a la información. Hay otras medidas que tienen más impacto, pero que tanto efecto, como publicar las declaraciones de la renta en Internet. A saber lo que declara cada uno a Hacienda... Sería importante crear una agencia de anticorrupción que se encargara de promover estas políticas y tuviera independencia para investigar todas esas declaraciones de bienes, que están reguladas para la galería porque se meten en un cajón y nadie las investiga.


* La Verdad - 3.04.11


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Navarra.- Urbanismo en el valle de Egüés

CARLOS ABAURREA, XABIER ZIRITZA Y OTROS* : Como presidentes y vocales de los concejos de Ardanaz, Badostáin, Egüés, Elía, Ibiriku y Olatz, asistimos perplejos a las consecuencias para todos los vecinos del valle de Egués derivadas de la última sentencia relacionada con el caso Galipienzo. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Egüés, es decir, todos los vecinos del mismo, tengamos que pagar casi 7.000.000 de euros a la empresa Apartamentos Gorraiz por una licencia que concedió el señor Galipienzo, por aquel entonces alcalde del Ayuntamiento de Egüés, y al mismo tiempo asesor de la propia empresa, juzgado y condenado por aquellos hechos? ¿Va a cobrar el señor Galipienzo parte de ese dinero como exasesor de la empresa? ¿Cómo es posible que el actual alcalde, José Anastasio Andia, por aquel entonces concejal de Urbanismo, rehuya cualquier responsabilidad? ¿Por qué hasta la propia jueza en su sentencia se extraña de la estrategia seguida por la defensa del Ayuntamiento porque no parece defender los intereses del mismo?

Si no defiende los intereses del Ayuntamiento, ¿qué intereses defiende? ¿Por qué ninguno de los aludidos ha contestado a las gravísimas acusaciones que hacía el señor Víctor Latorre Val, en el artículo publicado en prensa el 22 de marzo titulado Las claves ocultas del caso Egüés?

Mientras nos hacemos estas preguntas, el Ayuntamiento de Egüés ha aprobado un nuevo plan urbanístico que posibilita la construcción de 30.000 nuevas viviendas, lo que supone un brutal impacto ambiental y social.

Este nuevo plan no responde, a nuestro entender, ni a la demanda ni a los intereses de los vecinos del valle, cuyas demandas actuales de servicios y viales no se cubren a día de hoy, y favorece que se repitan situaciones como la que padecemos actualmente.

Todo esto nos lleva a hacernos nuevas preguntas:

¿Por qué el Ayuntamiento del valle de Egüés abre la puerta de par en par a la especulación, recalificando miles y miles de metros si no hay demanda ni necesidades que lo justifiquen?

Si no obedece a las necesidades y las demandas de los habitantes del valle, ¿a qué necesidades y demandas obedece? ¿A las de particulares y sociedades relacionadas con el mundo inmobiliario y de la construcción?

Mucho nos tememos que todas estas preguntas tardarán en obtener respuestas, si es que algún día lo hacen.

Mientras tanto, la plataforma Salvemos Eguesibar Zain Dezagun, formada en oposición al nuevo plan, y de la que formamos parte, ha convocado una manifestación para reclamar la paralización del nuevo plan urbanístico, actualmente pendiente de aprobación definitiva por parte del departamento de Vivienda y Ordenación del territorio, que se realizará mañana día 1 de abril en Sarriguren, a las 18.00 horas, saliendo del inicio de la avenida Reino de Navarra, junto al colegio de Maristas, y finalizando junto al edificio del nuevo Ayuntamiento del Valle de Egüés.

Animamos a todos los vecinos del valle a acudir a la manifestación y mostrar su rechazo al nuevo plan ubanístico.


* Carlos Abaurrea García, Xabier Ziritza Erbiti, Juan Rangel Veras, Jorje Camino, Alberto Mendilazo Anaut, Ramón Contreras López.
Presidente del Concejo de Ardanaz, Presidente del Concejo de Badostáin, Presidente del Concejo de Egüés, Presidente del Concejo de Elía, Presidente del Concejo de Ibiriku y vocal del Concejo de Olatz, respectivamente

* Noticias de Navarra - Opinión - 31.03.11
Foto: Egüés (Navarra) - todopueblos

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Aire limpio para las ciudades

JOAN OLMOS* : Resulta irritante la campaña política vivida a raíz de la crisis atmosférica que se produjo hace unas semanas por unas condiciones meteorológicas poco favorables a la dispersión de los contaminantes en las grandes aglomeraciones urbanas. Las autoridades municipales y sanitarias se enzarzaron en una batalla absurda para tratar de ocultar o relativizar, según los casos, una realidad irrefutable: la contaminación, con altibajos, existe y resulta inevitable para los habitantes de las ciudades. El origen, las características y las consecuencias para la salud de dicha contaminación son bien conocidos por los técnicos de todo el mundo y en particular por los epidemiólogos. Estamos pues ante un grave problema de salud pública que en momentos críticos bien merecería la declaración de alerta sanitaria por parte de las autoridades gubernativas. Y subsidiariamente, sería deseable la intervención automática de la administración de Justicia. Más irritación produce el hecho de que los Gobiernos locales de las mayores áreas urbanas dieran por sentado, desde el principio de la crisis, que no pensaban aplicar ninguna medida restrictiva sobre la principal fuente de emisiones nocivas, eso es, el tráfico motorizado. Aducir razones económicas que no se justifican, les sitúa en el mismo lado que aquellos que han tratado de boicotear la nueva ley contra el tabaquismo con el argumento de que perjudica a la economía del sector hostelero.

Ahora, sin embargo, la crisis petrolera sí ha llevado al Gobierno a tomar medidas precipitadas que, en conjunto, resultan poco convincentes. Recordemos que el transporte de personas y mercancías consume el 60% del petróleo en el mundo. Especialmente discutida ha sido la de reducir la velocidad en autopistas. Y ello, en parte, porque solo se han escuchado, amplificadas, las voces de los lobbies que suelen aparecer siempre en estos casos. No han podido resultar más desafortunadas las declaraciones del piloto Fernando Alonso ironizando sobre el peligro que supone dormirse al volante si se circula durante un tiempo a 110.

Nuevamente, la improvisación y la falta de coraje político impiden afrontar de raíz un grave problema que en muchas ciudades europeas viene abordándose por la única vía de reducir el tráfico en las áreas urbanas. Cierto es que esas políticas urbanísticas no se improvisan, ya que implican crear condiciones favorables para caminar, ir en bici o usar el transporte colectivo. Son medidas que, coherentemente ensambladas, han sido aplicadas indistintamente por Gobiernos conservadores y de izquierdas en muchas ciudades europeas, incluidas algunas españolas, y han conseguido una amplia aceptación social, creando una nueva cultura de la movilidad. En cualquier caso, se trata de medidas mucho más sencillas y menos costosas que las que han conducido al modelo "todo por el automóvil".

Pero también es cierto que a corto plazo se puede empezar por forzar el cambio de hábitos, por ejemplo, para aquellos que ahora mismo realizan trayectos cortos en automóvil, que son fácilmente trasvasables a medios más ecológicos, o para los que utilizan los centros como atajos.

La ciudad de Valencia ofrece, desde hace ya unos cuantos años, una interesante experiencia durante las fiestas falleras, con la práctica supresión del tráfico privado durante los días previos al de San José, en un perímetro que va más allá del centro histórico. Cierto es que se trata de una situación excepcional, con disminución de la actividad laboral, aunque se aumentan durante esas fechas los servicios de transporte colectivo en unas condiciones alteradas por la entrada masiva de visitantes y turistas. Curiosamente, durante el resto del año, la excepcionalidad consiste en todo lo contrario, pues somos un ejemplo -casi único ya en nuestro entorno europeo- de cómo las Administraciones públicas, de uno y otro signo, de ámbito local o estatal, vienen estimulando el acceso de vehículos al centro de la ciudad.

Los Estados Unidos celebraron a finales de 2010 los 40 años de la ley del Aire Limpio (Clean Air Act, 1970) una pieza histórica de la legislación, que ha generado importantes beneficios ambientales y de salud pública en aquel país. Aunque el objetivo fundamental de la ley era la reducción de las emisiones contaminantes de la industria, sucesivas enmiendas llevaron de una u otra forma a la reducción del tráfico. (Recordemos de paso que allí las velocidades máximas en autopistas siempre han sido inferiores a las españolas). En esta línea, la Agencia Federal de Protección Medioambiental ha anunciado recientemente un plan para regular las emisiones contaminantes de las plantas de energía y refinerías de petróleo, tras el fracaso en el Congreso de una ley sobre cambio climático.

Insistamos una vez más, la adopción de medidas planificadas -no improvisadas- sobre la movilidad de nuestras ciudades no traerá más que ventajas en todos los órdenes: en la reducción de las emisiones, en la dependencia energética, en la competitividad de nuestras empresas, en definitiva, en el saneamiento económico. Pero sobre todo, en la salud y en el bienestar de los ciudadanos. ¿A qué esperamos?


* Joan Olmos es ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia.

* El País - Opinión - 31.03.11

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Asociaciones de vecinos piden un código ético en los ayuntamientos y políticas participativas

QUÉ/Valencia* : La Confederación de Asociaciones de Vecinos y Usuarios de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) ha elaborado un documento con 35 propuestas para los municipios, como crear un código ético público entre los partidos políticos y llevar a cabo políticas participativas en las que los vecinos tengan un papel protagonista. El presidente de CAVE-COVA, Juan Antonio Caballero, ha destacado que la "base" de las propuestas es la misma que la del documento que elaboraron en 2007 y ha destacado que harán llegar estas medidas a los partidos políticos que concurrirán en las próximas elecciones municipales del 22 de mayo, para que "quienes quieran, las incorporen" a sus programas. El documento recoge también otras propuestas como impulsar un programa general de eliminación de barreras "que impiden disfrutar a de las ciudades a diversos sectores de la población" y crear espacios en los municipios para los animales de compañía que permitan "disfrutar" a sus dueños y disminuyan "las molestias para el resto".

Otras medidas planteadas por las asociaciones de vecinos van encaminadas a fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta, en detrimento de las automóviles, a elaborar un plan general de rentas mínimas y programas de inserción y atención social y a llevar a cabo campañas que favorezcan la cooperación descentralizada.

También proponen poner en marcha de consejos interasociativos, promover la corresponsabilidad de los ciudadanos en la formulación de políticas de seguridad, trabajar hacia la descentralización autonómica y municipal y fomentar la participación de las entidades vecinales sociales y de defensa de los consumidores.

Asimismo, el documento recoge otras propuestas como llevar a cabo referéndums municipales y consejos de participación y establecer una ventanilla única de atención a los ciudadanos y acceso por Internet, así como poner en marcha políticas activas de empleo, establecer un plan de choque contra el fracaso escolar y elaborar un plan de acción integral contra la marginalidad.

En materia de suelo, la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Usuarios de la Comunitat Valenciana considera que "deben darse las suficientes competencias y recursos municipales para la recuperación de la ciudad existente y romper así los esquemas desarrollistas que atentan claramente contra la sostenibilidad urbana".

Al respecto, el presidente de CAVE-COVA ha criticado el carácter "instrumental" que han hecho algunos ayuntamientos del urbanismo. En este sentido, ha criticado la "corrupción" que ha existido, así como que ha sido utilizado por determinados consistorios como "instrumento de autofinaciación".

Entre otras medidas, también piden la puesta en marcha de campañas que favorezcan el consumo racional y leyes que prioricen la elección de proyectos de utilización de energías no contaminantes en la construcción de viviendas y en las rehabilitaciones.

CAMPAÑA PARA FRENAR EL INCREMENTO DE LA LUZ

Por otra parte, Juan Antonio Caballero ha destacado que están "satisfechos" por la campaña sobre energía eléctrica que CAVE-COVA ha llevado a cabo con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y que ha conseguido, "de momento, parar el incremento de la luz previsto".

Asimismo, ha informado de otra campaña a nivel nacional que ya ha comenzado en Catalunya y Madrid, y que pronto llegarán en Valencia, que consiste en la recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular que pida la modificación de leyes que, en determinados casos, la vivienda pueda saldar el préstamo hipotecario.



* QUÉ - EP. - 31.03.11
Foto: Valencia, protesta vecinos Cabanyal (archivo) - levante-emv.com

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Madrid.- En las entrañas del Dragón

MADRIDIARIO* : ¿Se acuerda de los okupas del cementerio? Madridiario ha vuelto, dos años y medio después de la okupación, al ESOA (Espacio Social Okupado Autogestionado) El Dragón. En octubre de 2009, un grupo de jóvenes de Ciudad Lineal decidió montárselo por su cuenta, culturalmente hablando, en la mismísima puerta principal del cementerio de La Almudena. La polvareda que levantó la 'toma' de tan singular edificio desapareció con la misma rapidez con la que había surgido. Los policías se marcharon, los periodistas se dispersaron y los okupas se okuparon del nuevo Dragón de La Elipa, entonces aún en pañales, que reclamaba más y mejor atención que su malogrado compañero del otro lado del barrio. La incógnita, como en toda aventura que se comienza, consistía en saber si los mil y un proyectos planificados llegarían a buen puerto.

Una pregunta difícil de responder, teniendo en cuenta que la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, propietaria del inmueble, inició de inmediato los trámites para que se produjera la orden judicial de desalojo. Desde entonces, esa orden —por cuyo estado ha preguntado este digital al Consistorio en repetidas ocasiones sin haber obtenido respuesta— ha podido llegar en cualquier momento. Pero no lo ha hecho.

Entretanto, por el ESOA El Dragón han ido desfilando decenas de jóvenes y de proyectos. Los que había en 2009 ya no están; ahora hay otros. Se han producido disensiones y momentos difíciles e incluso, cuentan, el edificio estuvo a punto de ser abandonado otra vez a su suerte, municipal o no, por discrepancias en la asamblea que toma las decisiones por unanimidad. Pero el Dragón sobrevivió y ahora cuenta con todo tipo de instalaciones para disfrute de los vecinos.

'Stop motion', café y libros
Hay una cafetería, una biblioteca con cientos de libros aún a medio catalogar, un taller de informática donde se recicla hasta la impresora más vieja y se enseña a reparar el material, otro de 'stop motion' y hasta un gimnasio para practicar danza oriental o boxeo. Los grupos de música hacen cola para utilizar los locales de ensayo y esperan a que termine de montarse el estudio de grabación para poder grabar sus maquetas. Los talleres de fotografía y de jardinería están en camino y mientras tanto prosiguen los cineforum de los viernes. La cafetería se abre cuando se puede: un grupo se ocupa de hacerlo dos jueves al mes, a la espera de voluntarios que puedan y quieran encargarse de ella los otros dos. Y, siempre previo permiso de la asamblea, se puede montar un 'singstar' multitudinario, una conferencia o un campeonato de futbolín en los espacios destinados a ello.

Pero, como dicen algunos miembros de la asamblea, "esto no es la Tabacalera". Además de que en este caso el edificio no ha sido cedido por nadie, y por tanto el 'Dragón' se siente más libre, este es, aseguran, un proyecto 'de barrio'. Aquí todos se conocen y, aunque cualquiera puede presentarse y proponer su proyecto, unos saben de otros, "no como en otros sitios más grandes".

Esa es la sensación que transmiten también al visitante que se acerca a las puertas del cementerio, aunque también aquí hay unas normas. "Mínimas, pero las hay", insisten. Y es que, cuentan, todavía hay quien llega y pide una litrona, así, sin más, convencido de que una casa okupa es un lugar donde se celebran botellones a cubierto.

Pero quien haya conocido el edificio en octubre de 2009 y haya vuelto recientemente solo tiene que pararse un momento para darse cuenta en todas las horas de trabajo que guardan sus paredes. En los enseres recogidos de la basura para darles una segunda oportunidad. En las asambleas interminables para garantizar la democracia en cada decisión, que rara vez duran menos de tres horas. Y en el voluntarismo de quien ha pintado sin ser pintor o instalado un inodoro sin ser fontanero, con mejores o peores resultados.

En El Dragón nada es perfecto, pero, como recuerdan con una sonrisa, "funciona"... hasta que les echen. Saben que, en el colectivo okupa, nada es eterno. "Si eso ocurre, después de todas las horas que he echado aquí, será como si me hubieran robado un pedazo de mi vida", reflexiona uno de los habituales. Pero su compañlero se apresura a recordar que el Dragón no es un edificio, ni siquiera sus miembros, sino un proyecto. "Si eso ocurre, el Dragón desplegará las alas y anidará en otro sitio". En La Elipa... o donde sea.



* Madridiario - 1.04.11
Foto: Madrid, espacio social okupado autogestionado de El Dragón - CGN-KR

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La fiscalía imputa a doce personas por la trama de corrupción en Ciutadella

DIARIODEMALLORCA* : Tras tres maratonianas jornadas de registros e interrogatorios en Ciutadella, la fiscalía anticorrupción de Balears ha imputado a doce personas en el sumario por presunta corrupción en torno a la fundación pública municipal Ciutadella Turisme (CITUR). Entre la noche del miércoles y anoche comparecieron ante la juez menorquina encargada del caso 4 detenidos, mientras que los dos arrestados en Palma quedaron en libertad sin pasar por el juzgado de guardia de esta localidad. Entre los doce imputados se hallan el exalcalde del PP de Ciutadella Llorenç Brondo; los extenientes de alcalde de Turismo, Gabriel Cardona; y de Urbanismo, Avel.li Casasnovas; la actual regidora del grupo mixto Antònia Salord; cinco funcionarios municipales; el empresario Daniel Mercadal; y dos antiguos técnicos del consistorio, Daniel A.F., ingeniero, y Javier L.L., exgerente del Plan de Dinamización Turística de Ciutadella.

Estos últimos fueron arrestados por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Palma el martes por la mañana.

Goteo de libertades

Los imputados fueron puestos en libertad a medida que se completaban sus largos interrogatorios. Cuatro de los encausados pasaron a disposición de la juez de primera instancia e instrucción de Ciutadella, que en la noche del miércoles decretó la libertad de Brondo y del empresario Manuel Mercadal.
El miércoles también se tomó declaración, en calidad de imputada, a la concejal del Antonia Salord, quien fue dada de baja de Unió Menorquina tras conocerse su imputación.
Los últimos en comparecer ante la juez fueron Casasnovas y Cardona, que se acogieron a su derecho a no declarar en las dependencias de la Guardia Civil. Ambos encausados llegaron a los juzgados de Ciutadella a primeras horas de la tarde y fueron interrogados a lo largo de varias horas.

Amañar concursos

Los imputados están acusados de prevaricación, malversación de caudales, fraude a la Administración, falsedades documentales y otros delitos relacionados con contratos millonarios adjudicados por Citur a una serie de empresas.
La causa en la que se investiga el caso Xoriguer está declarada bajo secreto sumarial, pero está relacionada con una querella interpuesta por Ciutadella de Menorca (UPCM) en contra del exalcalde, Llorenç Brondo, el ex concejal de Turismo, Gabriel Cardona, y el ex presidente del Consorcio Pla Mirall, Avel.lí Casasnovas, todos antiguos militantes del PP. En la querella se relata que se sirvieron de empresas falsas para dar apariencia de legalidad a varios concursos del CITUR que fueron presuntamente amañados con la connivencia de los concejales.
La fiscalía anticorrupción ha comprobado tambiñen la veracidad de las conclusiones aprobadas el 14 de diciembre de 2009 por la comisión municipal, presidida por el concejal Juan Triay, que investigó la gestión del área de Turismo durante el mandato del anterior gobierno municipal del PP, entre 2003 y 2007. Esa comisión detectó decenas de anomalías.


* Diario de Mallorca - 1.04.11
Foto: Ciutadella (Menorca), vista - balear

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Expertos abogan por un urbanismo que sirva para dignificar los barrios menos favorecidos

NOTICIASDEÁLAVA* : Construir la ciudad del siglo XXI no es sencillo y Vitoria bien lo sabe. Si el jueves el alcalde entonó el mea culpa por los errores de construcción cometidos en Salburua y Zabalgana al malgastar tanto suelo, ayer la clave del foro de urbanismo estuvo en cómo dignificar los barrios más desfavorecidos de una urbe. Un reto que el Ayuntamiento tendrá que afrontar a corto plazo reinventándose nuevos distritos donde ahora se levantan viejos edificios y aprovechando al máximo los escasos espacios libres que quedan en el corazón de la ciudad. Los expertos reunidos ayer en el Palacio Europa coinciden en reivindicar el urbanismo y la arquitectura de calidad como fórmula para dignificar los barrios menos favorecidos.

Un claro ejemplo de esta filosofía está en la ciudad colombiana de Medellín: tras 30 años de desigualdad, violencia y corrupción, consecuencia del narcotráfico, en cuatro años se eliminaron guetos, se conectaron unos barrios con otros evitando el aislamiento de los distritos por miedo y se levantaron bellos edificios en las zonas más humildes. El resultado: una ciudad del siglo XXI. Así lo resumió ayer Sergio Fajardo, ex alcalde y uno de los artífices de este exitoso proyecto convertido en un modelo a seguir.

tiempos difíciles Además de lo importante que el urbanismo puede ser para dignificar los barrios marginales de las ciudades, los expertos apuntan otro elemento clave: la cohesión social o lo que es lo mismo, el bien común por encima del interés personal. En este sentido, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, señaló a Vitoria como una ciudad modelo de convivencia y sostenibilidad ambiental.

Pero no todo fueron halagos. Jáuregui auguró tiempos muy difíciles para las ciudades -no sólo para Gasteiz- y una reducción muy grande del gasto público si se quiere salir de la crisis. "No podemos endeudar a nuestros hijos y nietos con cantidades que algún día no podamos pagar", advirtió. De ahí que uno de los retos para la buena gobernanza de las ciudades esté en lograr su cohesión social gestionando de forma óptima el espacio público. Así, Laura Petrella, directora de asentamientos humanos en Kenia, destacó los beneficios sociales que proporciona el urbanismo ecológico.

El catedrático de Ciencia Política de la Autónoma de Barcelona Joan Subirats defendió la diversidad como factor clave para el desarrollo de las ciudades. Y el investigador de Ikerbasque Daniel Innerarity resumió a la perfección la idea que todos sus compañeros quisieron transmitir al afirmar que una ciudad inteligente no es aquella en la que la gente es inteligente sino la que responde a criterios de sostenibilidad, cohesión social y sabe anticiparse a los retos del futuro.

Las jornadas de urbanismo concluirán hoy con una visita de los ponentes al centro de interpretación de la naturaleza Ataria después de las ponencias.



* Noticias de Álava - 1.04.11
Foto: Viviendas de Zaramaga, uno de los barrios para los que el Ayuntamiento tiene planes de reconstrucción.- DNA

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Marbella.- El tribunal de Ballena Blanca descalifica la instrucción y dicta una sentencia leve

SUR/Málaga* : Una condena para cinco de los 19 acusados y otra para la instrucción. La macrocausa de 'Ballena Blanca', abierta hace 6 años como la mayor operación contra el blanqueo de capitales y que supuso una inédita conmoción mediática y social en Marbella, ha terminado en una sentencia condenatoria que apenas alcanza al principal acusado, el abogado Fernando del Valle, y a otras cuatro personas que blanquearon a través del despacho del primero un total de 1,6 millones de euros obtenidos a través de actividades delictivas. Una cantidad muy alejada de los 250 millones a los que la policía aludió en el momento de la operación. La sentencia establece una pena de seis años de prisión para el letrado, hallado culpable de un delito continuado de blanqueo y otro contra la Hacienda Pública. Deberá pagar además multas por un millón y medio de euros por el primer delito y de un millón por el segundo, además de indemnizar a Hacienda con 342.000 euros.

La sentencia establece el decomiso de 70.000 euros intervenidos a Del Valle en su vivienda y en su despacho. El abogado anunció ayer tras conocer la sentencia su intención de recurrir.
Los otros condenados son un narcotraficante francés, una amiga de éste, un finlandés condenado por delitos económicos en Suecia y su mujer.
Del Valle, a quien se acusaba de haber organizado una trama que permitió blanquear fondos procedentes de 13 tramas delictivas, solo ha sido condenado por su relación con una de ellas. En el resto, el tribunal considera que no consta que Del Valle tuviese conocimiento de que los fondos hubiesen sido obtenidos mediante la comisión de delitos. En algunos casos, tampoco considera probado la propia procedencia ilícita del dinero.
La sentencia supone un durísimo varapalo contra la instrucción de la causa. La mayor parte de los 524 folios dados a conocer ayer por el tribunal están salpicados de duras críticas a la labor del juez instructor, el fiscal y la unidad policial que llevó adelante la investigación. Es más, el ponente reconoce que la causa estuvo a punto de ser anulada por las numerosas deficiencias que presentaba.
Una de las decisiones adoptadas por el tribunal es la de anular las escuchas telefónicas, por entender que en el momento de solicitarlas al juez instructor la policía no había agotado aún otros medios de investigación. No obstante, la crítica más contundente a la instrucción se refiere al tratamiento dado a la documentación intervenida en los diferentes registros. «Las características de la investigación, dominada por la iniciativa policial, han llevado al Juzgado a descuidar tanto la custodia de la referida documentación como su organización con vistas a la posterior celebración del juicio oral».
En ese sentido, recuerda que los documentos venían unidos por anillos de plástico (bridas) cuya utilización fue muy criticada, ya que si bien el sistema no deja que se añadan folios, sí permite que se arranquen sin que queda constancia alguna.
La sentencia señala también que faltaba la digitalización de varios tomos, de los autos principales y de abundante documentación, lo que supuso «un problema de gran calado jurídico que a punto estuvo de dar lugar a la devolución de la causa al juzgado de instrucción».
Para el tribunal, el sistema seguido por la policía y el juez instructor, Miguel Ángel Torres, condujo a crear tal grado de confusión que varias bridas no se incorporaron al procedimiento, sino que fueron consideradas parte del 'caso Malaya', que se instruía en el mismo juzgado.
En relación con la documentación bancaria utilizada en la causa, la sentencia recuerda que los agentes trabajaron con información remitida por las entidades de manera telemática que nunca fue impresa. Según el tribunal, en algunos de los casos en los que finalmente fue posible disponer de los documentos en papel se revelaron «relevantes diferencias» entre esos datos y los incluidos en los informes policiales.
«Confianza desmedida»

La condena también arremete contra el fiscal, a quien acusa de haber actuado con una «confianza desmedida» en el contenido de los informes policiales, que según el tribunal no contaban con el suficiente respaldo documental.
A pesar de estas deficiencias, el tribunal considera probado que el despacho de Del Valle, especializado en inversiones inmobiliarias por personas extranjeras, utilizaba como sistema la creación de sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada en España. En muchos casos, estas sociedades estaban participadas por los inversores a través de otras sociedades que se constituían en el estado norteamericano de Delaware, cuya legislación permite que los dueños de la inversión no figuren en la escritura. El despacho de Del Valle contaba con una cartera de estas sociedades dispuestas para ser utilizadas por sus clientes, que se garantizaban de esa manera el anonimato.
Según el tribunal, el fiscal «ha pretendido criminalizar» este sistema, actitud que reprueba al considerar que la utilización de sociedades constituidas en Delaware «no constituye por sí misma delito alguno», y que por lo tanto no puede ser enjuiciada en términos generales. Es más, en la sentencia se argumenta que la adquisición de propiedades por medio de sociedades patrimoniales «era y es algo común en una zona tan conocida como la Costa del Sol».
En este sentido, la sentencia considera que uno de los aspectos más descuidados por la acusación fue el relacionado con el posible conocimiento que Fernando del Valle podía tener de las actividades ilícitas de las personas a las que les facilitaba las inversiones inmobiliarias a través de este sistema. De hecho, la única operación por la que se lo condena es la realizada por el francés Sophiane Hambli. En este caso, Del Valle no pudo argumentar que ignoraba que trataba con un delincuente. Su cliente ordenaba las operaciones desde la cárcel francesa donde cumplía condena por tráfico de drogas.



* SUR - HÉCTOR BARBOTTA - 1.04.11
Foto: Del Valle atiende la consulta de otro letrado antes de la lectura de la sentencia - Sur

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El ´urbanismo salvaje´ y los peajes Otrosidigo

CELSO FERREIRO/A Coruña* : Tarantino, nuestro Alcalde, e inconcluso candidato, viene desparramando generosamente publicidad subliminal en su afán de desarmar a sus adversarios. Con tufillo propagandístico interesado, se prodiga en entrevistas "alfombra", a la medida, que no son otra cosa que ofertas electorales para tapar su inoperancia. De nuevo ha querido servirse del ilustre arquitecto Busquets, autor del Plan General, como reclamo de un seminario, sobre estrategias de la ciudad, pero no contaba con el rigor académico del esclarecido urbanista. "En La Coruña -señaló- se ha practicado un urbanismo salvaje" en los últimos años. Sus exponentes, recordemos, están a la vista: Agrá del Orzán, Monte Alto, Matadero, Montiño, La Gaiteira, Buenavista, Los Castros, etc., vestigios del "reinado" de Vázquez, cuyo principal escudero fue el actual regidor Javier Losada. Que ahora nadie en el Ayuntamiento, integrado por los mismos y que aspiran a repetir, quieran asumir sus responsabilidades de la desfeita, corrobora que el régimen ha entrado en su fase terminal.

Nuestro Alcalde y sus conmilitones, en el tema urbanístico, principalmente, han perdido la excusa de la ignorancia. Hace pocos años, la Asociación de Promotores y Constructores de España(APCE) visitó el Ayuntamiento coruñés. Pidió que se eviten "tramites administrativos" que encarece el precio final de la vivienda y suprimir "peajes". La regeneración urbanística, según el arquitecto Busquets, exige la estación intermodal, tema que será como un cromo electoral de carácter virtual, dado su previsto retraso. No bastará que nos distraigan con el concurso de proyectos; hace falta su licitación, y presupuesto adjudicado. Antes, urge renovar las estructuras del Urbanismo coruñés -auditoría mediante- para salir de la devastación salvaje a la que nos hemos referido. El ciudadano tiene la palabra. Si no despierta se repetirá el pacto PSG-BNG, amarrado como comprobamos a una sectaria complacencia que ha abandonado la democracia por la acaparadora utopía nacionalista.

Algo comienza a moverse en el urbanismo municipal de La Coruña. A la anunciada marcha de su responsable política, la señora Taboadela, se une, al parecer, la del Director Técnico Sr. Cerezalaes, presto a hacer las maletas con destino Vigo.


* La Opinión A Coruña - Opinión - 30.03.11


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Madrid - Miles de personas se manifiestan en contra de las "políticas de saqueo" de Gallardón

QUÉ* : Miles de personas se han manifestado este jueves contra las "políticas de saqueo" del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, explotando un globo como "símbolo de la rabia contenida", según ha informado a Europa Press el portavoz vecinal Pedro Casas. La manifestación, que ha comenzado en la Plaza de Callao, ha discurrido por la Puerta del Sol y la Carrera de San Jerónimo hasta finalizar en la Plaza de Cibeles y ha sido organizada por asociaciones de vecinos, trabajadores municipales y otras asociaciones sociales. A la manifestación han asistido entre otros grupos de trabajadores, bomberos, de recogida de basura, policía municipal, de medio ambiente, asociaciones de vecinos de 11 distritos de Madrid, grupos de ecologistas, la plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, sindicatos (CC.OO., UGT, USO, CGT), además del sindicato de la Policía Municipal, entre otros, según ha señalado el portavoz.

Cada uno de estos grupos llevaban pancartas significativas con lemas como 'Barrios por a democracia', o 'No hay pan para tanto chorizo', entre otros.

Varios portavoces de los diferentes colectivos convocantes de la iniciativa han explicado que su objetivo es que la sociedad madrileña "reaccione" contra lo que ellos consideran la "soberbia" del Ejecutivo local en su trato tanto con los ciudadanos como con los empleados municipales.

Y es que tras ocho años de reivindicaciones por separado, ahora una veintena de grupos diversos han decidido hacer un frente común contra la "política autoritaria" del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

Los portavoces vecinales Pedro Casas y Jesús María Pérez, el portavoz de Ecologistas en Acción Juan García, el bombero municipal José Luis Fernández, el policía Javier Pavar y el técnico de polideportivo Jerónimo Torres han puesto este martes voz y explicación a la convocatoria.

En definitiva, se trata de instar a la sociedad madrileña a que "reaccione" ante los "agravios" que causa el Consistorio y que han llevado a una situación que los convocantes definen de "catastrófica" en el plano económico y financiero, y de "colapso" de unos servicios sociales ya de por sí "insuficientes" para cubrir la demanda.

"Queremos mostrar que no tenemos intereses contrarios aunque la Administración lo haga ver. Si los trabajadores municipales consiguen mejoras, eso también repercute positivamente en el buen servicio a los ciudadanos", ha señalado Casas. Es por ello que en esta convocatoria se ha decidido no convocar ni a la FRAVM ni a los sindicatos.

RECHAZO A TODA LA GESTIÓN

Así, los manifestantes han protestado por la gestión en conjunto realizada por Gallardón. En el plano medioambiental, han considerado que es "insostenible" la situación del aire en Madrid, y han criticado también otras decisiones que han llevado, por ejemplo, a que los árboles se sequen al poco de ser plantados.

Además, consideran que el alcalde ha "hipotecado por decenios" las arcas municipales con sus gastos "megalómanos", que han llevado al "colapso financiero", aplacado únicamente gracias a que "las grandes empresas lo tapan" haciéndose cargo de unos retrasos en el pago de los cánones que se acumulan desde hace ya más de un año.

El déficit acumulado en el último ejercicio es otro de los puntos de la gestión municipal que critican, así como que se invierta en proyectos como el del Palacio de Cibeles mientras los distritos tienen un "déficit" de unos 700 equipamientos públicos, según sus cálculos.

También consideran un "auténtico despropósito, especialmente en época de crisis," que se hagan infraestructuras y equipamientos como la Caja Mágica o el nuevo Puente de Perrault en el río que luego comportan grandes gastos de mantenimiento, mientras se están privatizando servicios públicos y subastando viviendas de la EMVS, entre otros asuntos.

"Gallardón tiene mucha protección. En condiciones normales no podría haber durado en ese cargo", interpretan las asociaciones, que también critican que el Consistorio no aplique las sentencias judiciales en su contra que han dictado diferentes tribunales en asuntos tan variados como la Tasa de Vados, la ordenanza de Licencias, los parquímetros o la misma M-30.

Por todo ello, los vecinos y asociaciones civiles reivindican, entre otras cosas, una "descentralización" tanto de recursos económicos y competencias, como política, con la creación de 'ayuntamientos de distrito' al estilo de los que existen en París o Bruselas, para que los pocos recursos que reciben las Juntas no los gasten los "procónsules del César imperial" de forma "insostenible".

TRABAJADORES MUNICIPALES

Desde el punto de vista de los trabajadores municipales, bomberos, policías, agentes de movilidad y otros empleados de servicios públicos, limpieza, jardinería, escuelas infantiles o conserjes también se quejan de la falta de personal y medios y de las privatizaciones de muchos ámbitos de la administración.

Unas decisiones que son "más caras y no de mejor calidad" que cuando el servicio se presta de forma pública, y que además han afectado a "más ámbitos de los que la gente conoce", como por ejemplo el Registro, el Padrón, el Teatro Español, el 010, las cabalgatas, y hasta los ordenanzas, según han enumerado.

Y eso, además, "incluyendo en los pliegos de condiciones cláusulas por las que el Consistorio compensa a las adjudicatarias si sufren pérdidas o si no llegan a un tanto por ciento de beneficios", han asegurado, apostillando a renglón seguido que las privatizaciones también han sido la causa de la amortización de 1.300 puestos públicos.

"Hace falta que la gente reaccione. Aunque en las crisis suene bien atacar a los funcionarios, en esta Administración se usa la soberbia de forma general para tratar con los trabajadores, pero también con los vecinos. Somos maltratados por Gallardón y su política, que está dando pie a una élite paralela de altos cargos que crea un gasto enorme. El Ayuntamiento antes funcionaba sin estos asesores nombrados a dedo", ha reclamado Pallar.


* Qué - EP. - 31.03.11
Foto: Madrid, cartel manifa contra políticas Gallardón 31Mar11

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Funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja deberán declarar como imputados

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el sobreseimiento acordado por un juzgado de Aranjuez de una denuncia interpuesta por ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* por la construcción de una vivienda en zona verde en Colmenar de Oreja. En el Auto judicial, la Audiencia Provincial, insta al juzgado a reabrir la causa, investigar la posible responsabilidad de autoridades y funcionarios municipales, así como a tomarles declaración como imputados. Ecologistas en Acción lamenta el desinterés y desconocimiento sobre delitos urbanísticos que muestran numerosos juzgados madrileños, obligando a pronunciarse en vía de recurso a la Audiencia Provincial, con el gasto y demora que conlleva.

En el año 2007, Ecologistas en Acción, comprobó la existencia de numerosas ilegalidades urbanísticas en la urbanización Balcón del Tajo Oeste, en el municipio de Colmenar de Oreja. Estos hechos fueron denunciados ante la alcaldesa de la localidad, Dña. Pilar Algovia Aparicio, resaltando el uso inadecuado que se estaba dando a numerosas zonas verdes en la urbanización (construcciones, almacenamiento de materiales, vertidos, etc). En concreto en agosto de 2007 se puso en su conocimiento que en la calle Cedena se estaba construyendo una vivienda de dos plantas ocupando parte de una zona verde. A pesar de ello, el Ayuntamiento, concedió licencia de construcción en octubre de ese mismo año sin tomar medida alguna contra los hechos denunciados.

Ante la pasividad y la aparente connivencia municipal con la irregularidad denunciada, Ecologistas en Acción, denunció los hechos ante los juzgados de Aranjuez que ordenaron la paralización de la obra. Sin embargo finalmente se acabó archivando la causa.

Ecologistas en Acción recurrió el archivo ante la Audiencia Provincial quien, en enero de 2010, revocó el archivo e instó al juzgado a investigar la posible responsabilidad de autoridades y funcionarios municipales al conceder licencias contrarias a las normas urbanísticas. Por ello, el juzgado tomó declaración como testigos a la Alcaldesa de Colmenar de Oreja, al arquitecto municipal y al arquitecto del proyecto, tras lo cual, en mayo de 2010, volvió a archivar la causa sin dar la oportunidad a la acusación de estar presentes en esas declaraciones.

Ecologistas en Acción volvió a recurrir el nuevo archivo, en junio y en septiembre de 2010. Ahora, mediante auto de fecha 10 de marzo de 2011, la Audiencia Provincial, revoca nuevamente el archivo de la causa e insta, una vez más, al juzgado a investigar la responsabilidad de autoridades y funcionarios municipales en la concesión de licencias. Para ello, indica que los posibles responsables municipales deberán ser llamados a declarar en calidad de imputados para que puedan estar asistidos de letrado y sean informados de los derechos que les asisten.

Ecologistas en Acción valora muy positivamente la reapertura de la causa pero lamenta el desinterés y el desconocimiento, en materia de urbanismo, del que adolecen muchos jueces, impidiéndoles juzgar adecuadamente las denuncias por delitos urbanísticos y obligando a pronunciarse en vía de recurso a la Audiencia Provincial, con el gasto y demora que conlleva.


* Ecologistas en Acción Madrid - 31.03.11
Foto: Colmenar de Oreja (Madrid) - cosasdemadrid.es

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Marbella.- Del Valle buscó facilitar el anonimato, pero no ocultar beneficios ilícitos

SUR/Málaga* : El abogado Fernando del Valle, principal acusado en la operación contra el blanqueo 'Ballena Blanca', ha sido condenado esta mañana a un total de seis años de prisión. Según la sentencia, Del Valle ha sido condenado a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado de capitales y otros tres años por un delito contra la Hacienda Pública. El abogado tendrá que pagar una multa de 1,5 millones de euros el delito de blanqueo más un millón por el delito contra la Hacienda Pública. Además tendrá que indeminizar a la Haciendo Pública con casi 343.000 euros. Del Valle ha sido absuelto del resto de delitos de los que había sido acusado. El Tribunal encargado del caso 'Ballena Blanca' considera en su sentencia que el principal acusado, Fernando del Valle, utilizaba un sistema para facilitar inversiones, a través de sociedades creadas en España y participadas por otras de Delaware, que facilitaba que los clientes podían "asegurarse su anonimato", pero dice que "no consta" que, a parte de determinadas operaciones, hubiese puesto este sistema "al servicio de individuos relacionados con el crimen organizado con la finalidad de ocultar ganancias de actividades ilícitas".

Según se declara probado en la resolución, el despacho en Marbella se había especializado en inversiones en inmuebles por parte de personas no españolas y uno de los sistemas utilizado era el de la creación de sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada en España, que estarían participadas por los inversores, bien directamente, bien por medio de otra sociedad extranjera, por lo general, constituida en el estado norteamericano de Delaware.
Se precisa que la legislación de dicho estado "permite que los últimos beneficiarios y dueños de la inversión no aparezcan en la escritura o título constitutivo" y se añade que los clientes que aceptaban este sistema "podía asegurarse su anonimato, ya que la inversión formalmente procedía de una sociedad norteamericana". La investigación reveló que Del Valle tenía participación en 194 sociedades extranjeras.
De éstas, 143 eran en Delaware y 39 de territorios considerados paraísos fiscales --de ellas 25 de Gibraltar, tres en la Isla de Man, tres en Panamá y dos en Islas Vírgenes Británicas--. No obstante, "no consta" para el Tribunal que el letrado, con la colaboración de sus empleadas, Estela Herrera y Beatriz Segurado, acusadas también en esta causa, hubiese puesto en marcha este sistema de inversión "como medio para eludir el cumplimiento de obligaciones fiscales".
Tampoco consta, según se declara probado, que el sistema "lo hubiese puesto al servicio de individuos relacionados con el crimen organizado o que hubiesen delinquido con la finalidad de ocultar ganancias procedentes de actividades ilícitas", más que en las operaciones que se detallan, ni que "representándose la posibilidad de que los fondos a invertir fueran el producto de actividades delictivas de algunos de sus clientes hubiese consentido en proporcionarle su asesoramiento y ayuda".

Los indicios de delito

No obstante, la Sala sí ve delito en dos de las conexiones que fueron investigadas. En concreto, en el caso del acusado Sophian Hambli, que ya había sido condenado en Francia por narcotráfico, se indica que éste "para la inversión de los fondos obtenidos mediante el tráfico de drogas", se sirvió del despacho de Del Valle, que ha sido condenado por delito continuado de blanqueo y otro contra la Hacienda Pública, el cual, "conociendo la procedencia del dinero, aceptó el encargo".
Se estima que la cantidad canalizada por Hambli a través del bufete fue de 835.081,32 euros, condenando también a María Dolores León, que mantuvo una relación con éste y que, según se declara probado en la resolución, entregó dinero que la acusada sabía procedía "de las actividades ilícitas a las que se dedicaba Hambli", al que había ido a visitar en prisión.
En el caso del matrimonio Voutilainen, condenado él en 1998 por delito fiscal, la sentencia señala que con la intención de transformar una sociedad suiza, titular de varios inmuebles, en otra española, este acusado y su esposa fueron en 1995 al despacho de Del Valle, "quien no consta tuviese conocimiento de los hechos que motivarían la condena de aquél". "La cantidad blanqueada en este caso se estima en 765.744,25 euros", se añade.
En estos dos casos, la Sala estima que "estamos ante un efectivo delito antecedente y no ante una mera sospecha, como ocurre en la mayoría de los supuestos que se examinan en esta causa". De hecho, en otra de las conexiones se indica que no hay constancia de que hubiese imputación, mientras que en otros casos se señala que no la hay de que los fondos usados fuesen ilícitos o de que Del Valle supiera de las actividades.

Falsedad

Sobre los delitos de falsedad por los que se acusaba también a Del Valle, por la confección y presentación del impuesto de sociedades, haciendo constar datos de una empresa concreta o de él o sus empleadas, que luego se corregían, para el Tribunal "no consta que esta conducta hubiese tenido por finalidad introducir de propósito datos falsos en las bases de datos de la Agencia Tributaria", destacando "la imposibilidad de establecer cuál podría ser la ventaja", sin poderse afirmar que se pretendiera la ocultación.
Los dos notarios acusados han sido absueltos al considerar la Sala que no está acreditado que "estuviesen al tanto de la supuesta intención de Fernando del Valle de ocultar al titular de los fondos por medio del empleo de sociedades de Delaware o de jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales" y se añade que no se ha probado que "hubiesen llegado a tener oportunidad de conocer la posibilidad de que el dinero invertido y/o los bienes aportados en el acto de constitución pudiese provenir de actividades ilícitas".
Asimismo, se apunta a que "en ningún caso se estima probado que los notarios hubiesen incumplido la obligación de comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) establecida con arreglo a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales vigente en cada momento".

La instrucción

La Sala estima la cuestión previa presentada sobre las escuchas y declara nulas las autorizaciones de las intervenciones telefónicas, al considerar por unanimidad "que cuando fue solicitada la autorización no se habían agotado otros medios de investigación". No obstante, se precisa que por el carácter "meramente complementario" de éstas, "ningún efecto ha de tener dicha declaración sobre las pruebas que directa o indirectamente pudiesen derivar de las intervenciones pues, sencillamente no las hay".
Sí se hace mención en la sentencia a la "dificultad" para localizar informes y documentación bancaria y se apunta a que como consecuencia de esta situación "los interrogatorios de los testigos o testigos-peritos por parte del ministerio fiscal han puesto en evidencia la fragilidad de muchas de las opiniones y/o conclusiones expuestas en los informes policiales".
"Rara vez pudieron ser constatadas documentalmente por medio de la exhibición de los correspondientes soportes habiéndose limitado aquellos a asentir a las preguntas del representante del ministerio público", se indica en la resolución, en la que se pone como ejemplo la intervención de un funcionario de la Agencia Tributaria, quien en su primera declaración "lejos de atenerse a la aportación de los datos que pudiesen apoyar las conclusiones policiales, no dejó de dar su propia opinión basada en documentos que en ningún momento le fueron exhibidos".
Asimismo, la Sala se refiere a la documentación y señala que "las características de la investigación, dominada por la iniciativa policial, han llevado al juzgado --Instrucción número 5 de Marbella-- a descuidar tanto la custodia de la referida documentación como su organización con vistas a la posterior celebración del juicio oral, a cuya preparación está orientado por ley", por lo que, añade, en el inicio del juicio "este Tribunal hubo de adoptar medidas propias de la instrucción para subsanar un grave defecto".
En este sentido, se señala que el sistema de bridas "seguido por la Policía y por el juzgado condujo a crear un grado tal de confusión que varias bridas no se incorporaron efectivamente a este procedimiento sino que fueron consideradas parte de la causa conocida como caso 'Malaya' y remitidas al Tribunal que debía enjuiciarla". También se hace mención del "defectuoso conocimiento del contenido de los discos".
En su fallo, la Sala ha declarado nulas las escuchas telefónicas relativas a dos números, y ha desestimado el resto de cuestiones previas planteadas por las defensas de los 19 acusados. De los 19 acusados, solo cinco de ellos han resultado condenados, con penas que van de uno a tres años de cárcel. Esto cinco procesados que han sido condenados por el tribunal suman diecisiete años de cárcel -que equivale a la pena que había pedido el fiscal para el presunto cerebro de la trama-, y multas por importe total de 6,88 millones de euros. Para estas penas cabe recurso de casación. Entre los 14 absueltos, están los dos notarios acusados.

Los condenados

Además de Del Valle, han sido condenados Sophiane Hambli (tres años y tres meses de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales), María Dolores León (un año por blanqueo), Aimo Veikko Voutilanen y María Leena Voutilainen (ambos a tres años y tres meses de cárcel por delitos continuados de blanqueo).
Hambli fue detenido en marzo de 2009 en Marbella cuando tenía en vigor dos órdenes de detención por su presunta implicación en este caso y en el denominado "Hidalgo", también contra el blanqueo de dinero. Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por Francia, donde fue condenado en rebeldía a una pena de 18 años de prisión por tráfico de estupefacientes. Tras ser extraditado a Francia en 2002, consiguió fugarse de la prisión de Metz un año después tras amenazar con una pistola simulada a los funcionarios que lo custodiaban.
Contra esta sentencia, que ha sido leída hoy ante abogados, acusados y medios de comunicación, cabe un recurso de casación, posibilidad que el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, estudiará en los próximos días, según ha manifestado a los periodistas.

Un año de juicio

El juicio por 'Ballena Blanca' comenzó el 15 de marzo de 2010. Según la Fiscalía Anticorrupción, el letrado creó una red de estructuras societarias "para ocultar su verdadero patrimonio" y diseñó un "entramado internacional de empresas para eludir a la Hacienda". La acusación sostuvo que su bufete se especializó en dar a los clientes cobertura para garantizarles el anonimato de sus inversiones.
Asimismo, el ministerio público mantuvo que a lo largo de la investigación se puso de manifiesto la existencia de un determinado número de clientes del despacho marbellí que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos", los cuales estarían relacionados presuntamente "con grupos criminales organizados o que han cometido delitos graves".
La Fiscalía Anticorrupción, en sus conclusiones definitivas, elevó a 17 años de prisión la petición de pena para el letrado, al que acusó de delitos de falsedad de carácter continuado, de blanqueo de capitales, de falso testimonio y delitos contra la Hacienda Pública, introduciendo en éstos un tipo agravado por utilización de sociedades. Según la Fiscalía, Del Valle, diseñó un entramado internacional de sociedades con conexiones en Turquía, Finlandia, Argelia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos y el propio imputado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
La operación "Ballena Blanca" se destapó en 2005 con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades, entre ellas varios notarios y abogados, por su presunta implicación en una red que supuestamente blanqueó en Marbella 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.

Acusado Condena Delito

Fernando del Valle 3 años, 3 meses y 1 día, inhabilitación para el ejercicio del derecho pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.503.146,37€ por el primer delito; prisión de 3 años, igual accesoria y multa de 1.096.912,70€ por el segundo Blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública
Sophiane H. 3 años, 3 meses y 1 día de prisión, igual accesoria y multa de 1.503.146,37€ con 6 meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago Delito continuado de blanqueo de capitales
María Dolores L. 1 año de prisión, igual accesoria y multa de 30.000€ con 1 mes de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago Delito de blanqueo de capitales
Aimo Veikko V. 3 años, 3 meses y 1 día de prisión, igual accesoria y multa de 1.378.339,65€ con 6 meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago Delito continuado de blanqueo de capitales
María Leena V. 3 años, 3 meses y 1 día de prisión, igual accesoria y multa de 1.378.339,65€ con 6 meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago Delito continuado de blanqueo de capitales
Harvey J.L. Absuelto
Karen L. Absuelto
Alvaro E. R. Absuelto
Amelia B.M. Absuelto
Paul Antoine Leon C. Absuelto
Othan S. Absuelto
Yolanda V. M. Absuelto
Ghali L. Absuelto
Beatriz S. Absuelto
Estela H. Absuelto
Sonia María R. Absuelto
Aki. J. Kurjala Absuelto
German P. Absuelto
Irina G. Absuelto


* Sur - 31.03.11
Foto: Del Valle, a la salida de los juzgados.- SUR

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El Gobierno vasco asume 5 millones de pérdidas por las «extrañas» compras de Zubiaurre

ELCORREO* : El Gobierno vasco ha decidido asumir ya en su contabilidad una pérdida de 5 millones de euros –832 millones de las antiguas pesetas–, como consecuencia de algunas «extrañas» operaciones inmobiliarias que realizó el exdirector de Sprilur, Antton Zubiaurre, sobre el que pesan al menos dos investigaciones judiciales abiertas. Sprilur, la sociedad pública de la Administración vasca dedicada a la gestión de suelo industrial, tiene en su inventario tres terrenos –uno de ellos en la localidad vizcaína de Santurtzi y otros dos en un municipio aún no desvelado de Guipúzcoa– adquiridos bajo el mandato de Zubiaurre, con calificación de rústicos y en los que no hay proyecto alguno de recalificación. Esto es, sirven para cultivar puerros –actividad no contemplada aún en el objeto social de la sociedad que depende del Departamento de Industria–, pero no para edificar talleres o almacenes.

El consejo de administración de Sprilur ha decidido esta semana asumir, sin más dilación, el impacto económico que tienen unas operaciones calificadas como «ruinosas». Por ello, ha decidido realizar una «provisión» en su cuenta de resultados de 2010 por un importe de 5 millones de euros. La cifra supone en torno al 85% del precio que se pagó por los terrenos, ya que la adquisición se hizo con tasaciones propias de terrenos industriales y no con calificación rústica. La provisión es una operación contable que, en la práctica, supone reconocer como pérdidas una cantidades que se consideran ya irrecuperables. Y ello porque Sprilur estima que no hay opciones de recalificar esos terrenos –los municipios en los que están jamás habían considerado esta posibilidad– y que, por lo tanto, no podrá darles un valor que justifique el precio de adquisición. Menos aún la posibilidad de obtener alguna plusvalía sobre ellos.

Rebajar el valor

De los cinco millones de euros que ahora se anotan como pérdidas, 1,9 millones corresponden a la adquisición de dos terrenos en Guipúzcoa. Desde la Administración vasca no se han facilitado detalles sobre los mismos ya que, apuntan, aún se está analizando la situación. El Gobierno quiere comprobar si en algún momento se estudiaron recalificaciones para esas zonas que, aunque fracasadas, hicieron pensar a los directivos de Sprilur que la promoción de un parque industrial en ellos era posible.
Los 3,1 millones de euros de pérdidas restantes corresponden a una operación que ya motivó el pasado mes de julio la presentación de una denuncia del grupo Spri ante la Ertzaintza, debido a las sospechas de que se trató de una operación «irregular». El terreno, de aproximadamente 100.000 metros cuadrados, fue adquirido en 2007, un año antes de que Zubiaurre abandonase la dirección de Sprilur argumentando «problemas de salud». Está situado en las faldas del monte Serantes, en las inmediaciones de una zona residencial conocida como ‘La Pólvora’. Cuando el nuevo equipo de Industria se hizo cargo de la gestión del grupo Spri, después de asumir el PSE la responsabilidad de formar Gobierno, realizó una revisión de los terrenos que Sprilur tenía en cartera y sobre los que se podía actuar a corto y medio plazo para promocionar parques industriales.

Irregularidades

Pero en torno al terreno de Santurtzi, todo fueron sorpresas. La calificación del suelo era la de rústico; el Ayuntamiento de Santurtzi aseguró que jamás habían existido planes para su recalificación, además de considerarlo «poco factible». Por si fuera poco, los técnicos de Sprilur llegaron a la conclusión de que el precio pagado por ese terreno, 3,54 millones de euros, podía calificarse como «desorbitado», ya que se situaba entre seis y siete veces por encima de las transacciones conocidas en esa misma zona. Por si fuera poco, la pendiente del terreno es importante lo que, según los especialistas, dificultaría su urbanización como parque industrial o, en su caso, supondría un coste extraordinario.
La investigación sobre las presuntas irregularidades en torno a este terreno está en manos de un juzgado de Bilbao. Una parte del importe de la transacción fue pagada por la Spri con un talón al portador, por importe de 460.000 euros. La investigación judicial ha permitido saber que fue cobrado por la sociedad Avalancha Proyectos, por la intermediación en la compra del terreno.
Por otra parte, Zubiaurre tiene pendiente otra investigación judicial por un supuesto espionaje en los ordenadores del grupo Spri, descubierto el pasado mes de junio por los directivos de la sociedad, asunto que provocó un enorme revuelo en el Departamento de Industria, que incluso llegó a encargar un barrido de todo el edificio que ocupan las sociedades públicas del Gobierno en la capital vizcaína.


* El Correo - 31.03.11
Foto: Antton Zubiaurre, en su etapa comodirector general de Sprilur - elcorreo

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Castellón.- Pasen y vean... el aeropuerto sin aviones

PÚBLICO* : 6.500 usuarios de Facebook confirman su asistencia a una rave en las instalaciones. Carlos Fabra ya ha culminado su plan de visitas a su última gran obra: un aeropuerto sin aviones y sin permiso de navegación. "Se puede pasear por las pistas, lo que no se podría hacer si despegaran aeronaves", reconoció el presidente de la Diputación de Castellón el día de inauguración. A través de la página web del Aeroport Catello ya se han abierto las listas a las que los interesados pueden apuntarse. Como gran estreno, y de forma excepcional, podrán pisarse las pistas del aeropuerto menos transitado del mundo el lunes 4 de abril, de 10 a 14 horas. A partir de ese día se han establecido los martes, jueves, sábados y domingos, también de 10 a 14 horas, como días de visitas. Los miércoles se descansa.

"Podrá recorrer la terminal de pasajeros o llegar hasta la pista si prefiere hacerlo en una visita guiada" de hasta 8 personas, avisa el formulario. Los interesados tienen que facilitar sus datos y, en caso de que se quiera realizar una visita guiada para un grupo superior, deberá ponerse en contacto con el personal de Aerocas para concretar el mejor día.

Los que a buen seguro deberán reservar día son los casi 6.500 usuarios de Facebook que, hasta el momento, han confirmado su asistencia en la página de la "Gran fiesta rave inaugural y pública del aeropuerto de Castellón".

"Aprovechemos la oportunidad que nos brindan Fabra y Camps para pasar una alegre jornada festiva en las instalaciones que tan amablemente nos ceden. Podemos hacer fiestas, barbacoas, discomoviles, empinar el catxirulo o menjarnos la mona", animan los organizadores, que piden a los que tengan equipos de música "que los traigan", a los que sean "batuqueros" que "se vengan a animar". "Skaters, ciclistas, familias, domingueros, raveros... todos son bienvenidos tenemos una aeropuerto para disfrutar...".

La página está ilustrada con una imagen retocada de Fabra y Camps en la que aparecen con antifaces de fiesta y gorros de azafatas.


* Público - 31.03.11
Foto: Castellón, aeropuerto vacío - aerocas

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Las sentencias de «Ballena Blanca» y «Malaya» tardarán varios años en ser ejecutadas

LAOPINIÓN/Málaga* : Los jueces tienen el mandato constitucional de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, es decir, ejecutar la sentencia, pero ese trámite es tan complejo y requiere de tal minuciosidad por quien lo realiza que su concreción es incierta en la mayoría de los casos. Fuentes judiciales consultadas consideran que la ejecución «es la gran asignatura pendiente de la Justicia»; «si se ejecuta tarde un fallo, de qué sirve la tutela judicial efectiva». Las sentencias de los macrocasos «Ballena Blanca» y «Malaya», una vez que el Tribunal Supremo las declare firmes, podrían tardar años en ser una realidad. En las cinco secciones penales de la Audiencia Provincial hay poco más de 2.200 sentencias sin ejecutar, según los cálculos del sindicato SPJ-USO, que habla de 20.000 en los catorce juzgados de lo Penal. En cada órgano hay dos o tres funcionarios gestionando la ejecución de fallos, pero su trabajo es tan inabarcable y requiere de tanta atención que muchos de ellos reconocen estar desbordados.

Este sindicato cree que un macrocaso puede tardar en torno a un lustro en ejecutarse, al igual que STAJ: «Entre cinco y diez años mínimo, igual que ocurre con «Intelhorce», que tiene aún flecos sueltos».

Un ejemplo de la laboriosidad que requiere esta tarea es la sentencia del caso relativo a incineraciones irregulares, conocido popularmente como «Parcemasa». Este fallo fue declarado firme en diciembre de 2007; el Supremo absolvió a seis de los ocho encausados, pero también se declaró exentas de culpabilidad a dos aseguradoras, lo que ha propiciado que algunos de los afectados no hayan percibido aún sus indemnizaciones.

Los funcionarios de la Sección Primera sudaron tinta para buscar la forma de que éstos accedieran a sus merecidas retribuciones.

Ejecutar una sentencia no es sólo mandar al autor a prisión, sino, por ejemplo, localizar los bienes muebles e inmuebles de un condenado para que la víctima pueda cobrar la indemnización y el encausado haga frente a la multa. En cualquier caso, la insolvencia de los acusados es la tónica habitual: casi ninguna víctima percibe lo que le corresponde, según reconocen las fuentes consultadas por este periódico.

Es el ejecutor quien debe requerir a los procesados para que paguen, y el que coordina, con la supervisión del juez, todos los trámites iniciales para ver si se le suspende la condena a un procesado: si es condenado a menos de dos años de cárcel, no tiene antecedentes y ha pagado la responsabilidad civil –o es insolvente–, queda a discreción del juez su ingreso en la cárcel. Muchas veces no entra.

«Es un cachondeo: primero piden la suspensión del fallo teniendo en cuenta que no tienen antecedentes; si se les deniega, alegan que es inferior a dos años la pena impuesta; después piden la sustitución por multa, y así hasta el indulto parcial y total, llegando a alegar la prescripción de la pena», apunta otra fuente consultada.
«Y ahora, con los delitos de tráfico los juzgados de lo Penal ejecutan lo que les llega de los órganos de instrucción», aclara.

Hasta diez años
En «Ballena Blanca» y «Malaya», «la ejecución puede tardar años». Diez incluso. No sólo porque ha de instarse la entrada en prisión de los condenados, sino porque en la trama de corrupción se están levantando muchos embargos y para que respondan al pago de las responsabilidades pecuniarias habrá que buscarles nuevas propiedades y embargar algunas nóminas. «Se tardará años en ejecutar Malaya», dicen las fuentes consultadas, que proponen la creación de secciones especializadas en ejecución para hacer que se cumplan ambos fallos, algo que se quedará sólo en la buena intención de quien lo dice.

Los bienes hay que tasarlos, subastarlos, notificar el auto de adjudicación: «Es un mundo. No se puede comparar esto con una sentencia de tráfico. Si no pagan multa, hay que requerirlos, buscarles bienes, nóminas, etcétera, tasarlos, subastarlos y adjudicarlos. Es un procedimiento entero», dice con sorna otro de los consultados.

Otra fuente se queja de que en las ejecutorias se unen los aspectos penal y civil, lo que requiere una gran minuciosidad por parte de quien actúa. «Lo peor es cuando te dejan la indemnización a determinar durante la ejecución de sentencia». Eso supone un gran quebradero de cabeza para el tramitador o el gestor que tiene que manejar el fallo.

«Yo suelo tardar entre dos semanas y un mes en incoar la ejecutoria, pero con los macrocasos y los cada vez más presentes delitos económicos esto se ha complicado mucho», explica.


* La Opinión Málaga - 28.03.11
Foto: Imagen de un juzgado de lo Penal de la capital, en la que se puede observar el volumen de trabajo que soportan los funcionarios - laopinión

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