Acusan a un edil de Redován de falsear la luz a viviendas ilegales

LAVERDAD/Alicante* : El caso de los permisos para dotar de acometida de luz a diversas viviendas no legales en Redován avanza en su camino judicial. El fiscal Anticorrupción ha remitido un informe al juzgado Nº4 por el que le informa de las actuaciones periciales que ha determinado y que culmina con la petición de que se tome declaración como imputado al concejal Joaquín Pozuelo, como principal actor en la causa. Asimismo quiere que declare como testigo la secretaria del Ayuntamiento y que éste remita copia del expediente administrativo en virtud del cual se procede a otorgar cédula de primera ocupación de una vivienda ubicada en el camino de la sierra.
El documento, fechado el pasado 17 de marzo, establece que Fiscalía ha recibido el oficio que se mando a Iberdrola con el objeto de que enviara la documentación que sirvió para que esa vivienda contase con el suministro eléctrico.

El fiscal recuerda que bajo el epígrafe de autorización del Ayuntamiento de Redován, se adjunta copia del informe de Joaquín Pozuelo, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, en el que afirma que el Consistorio acuerda conceder autorización para extender las redes necesarias para dotar de suministro a la edificación y contratarlo.
El fiscal Pablo José Romero además recuerda que pese al contenido de ese informe por parte de la Secretaría municipal se ha emitido certificación en la que indica que no consta expediente administrativo referido al otorgamiento para la extensión de las redes eléctricas.
El ministerio público destaca que del contenido de los escritos tanto de la funcionaria municipal como de la compañía eléctrica «se infiere que el contenido de la certificación contradice el de la autorización emitida por el concejal». Ante estos hechos el fiscal destaca que «existen suficientes indicios como para considerar la falsedad de la autorización concedida, hechos que podrían ser constitutivos de un delito de falsedad documental perpetrado por un funcionario o autoridad en el ejercicio de sus funciones».
El caso se abrió a principios del año pasado año gracias a la denuncia de un vecino que acusó al equipo de gobierno de un presunto trato de favor para dotar de luz eléctrica y cédulas de habitabilidad a diversas construcciones ilegales y el socio de gobierno de la socialista Leticia Bas quedó como único firmante de un documento que no pasó por el Registro municipal ya que no tenía certificado de salida.


* La Verdad - 29.03.11
Foto: El edil Pozuelo y la alcaldesa Bas, durante un Pleno - laverdad

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Costa da Morte.- La policía interroga a otros 11 empleados municipales por la Operación Orquesta

ELPAÍS/A Coruña* : Crece el número de personas en nómina de los Ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos implicadas en la Operación Orquesta, la trama de corrupción en la Costa da Morte que investiga el juez de Corcubión, Andrés Lago Louro. A iniciativa de este último, deberán declarar entre hoy y el jueves ante la policía judicial hasta 11 funcionarios y empleados municipales de estas tres localidades, cuyos alcaldes están en libertad provisional acusados de varios delitos contra la Administración pública como cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Al menos siete personas con puesto fijo o contratado en estos tres ayuntamientos de la Costa da Morte, que fueron intervenidos el pasado 31 de enero, deberán acudir a esa citación policial con abogado para declarar en calidad de imputados. Entre ellos, están los secretarios municipales de Cee y Fisterra (en este último caso también es interventor del Ayuntamiento) así como los arquitectos municipales de estas localidades y el de Mazaricos.

Como imputada y asistida por un letrado también deberá declarar la jefe de gabinete del alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, quien está acusado de seis delitos y eludió la prisión por esta trama tras pagar una fianza de 29.000 euros. Un policía municipal de Cee y una administrativa de este Ayuntamiento también declararán como imputados.

Otras cuatro personas en nómina en el Ayuntamiento de Cee fueron citadas por la policía judicial en calidad de testigos, como son la interventora, el arquitecto municipal, un técnico de empleo y una administrativa.La Operación Orquesta comenzó por casualidad a finales de 2009 a raíz de escuchas policiales en el marco de una investigación de una red de tráfico de drogas en la Costa da Morte. Al aparecer indicios de delitos relacionados con la corrupción en esas conversaciones, el juez de Corcubión abrió nuevas diligencias, aún bajo secreto sumarial y relacionadas con el supuesto cobro de comisiones y desvío de dinero público en contrataciones de obras y fiestas parroquiales.

El pasado 31 de enero intervino tres ayuntamientos y detuvo a 11 personas, acusadas de varios delitos, entre ellos seis cargos públicos que están en libertad provisional. Son los alcaldes de Cee, el independiente Ramón Vigo; de Fisterra, José Manuel Traba (PP); y de Mazaricos, José Manuel Santos (PP); así como dos tenientes de Fisterra y otro de Cee. A tres empresarios -Daniel Ogando, padre e hijo, constructores de Muxía que acapararon numerosos contratos de obras en Cee y Fisterra en 2009 y 2010; así como al representante de orquestas Jorge López Lago- también se les atribuyen los delitos de cohecho y tráfico de influencias por esta trama. La secretaria municipal de Mazaricos y un conserje que se encarga de las fiestas de A Fervenza en esta localidad también están acusados y en libertad provisional.

La novedad con las 11 citaciones cursadas ayer para declarar ante la policía judicial es que no se detuvo a nadie. Los primeros 11 imputados en esta trama, por contra, pasaron por los calabozos de la comisaría de A Coruña antes de ser puestos a disposición del juez. Todos ellos, incluidos los seis cargos públicos, tuvieron los teléfonos intervenidos antes de su detención. Esta nueva tanda de funcionarios o contratados municipales llamados a declarar está relacionada con la abundante documentación e incluso ordenadores que la Policía Nacional se incautó durante los registros en los Ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos hace ya casi dos meses.


* El País - 29.03.11
Foto: Cee (A Coruña), registro ayuntamiento (archivo) - lavoz

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Menorca.- Detienen a Llorenç Brondo, exalcalde de Ciutadella

DIARIODEMALLORCA* : El exalcalde de Ciutadella Llorenç Brondo y los extenientes de alcalde de Urbanismo Avel·lí Casasnovas y Turismo Gabriel Cardona han sido detenidos hoy en la operación "Xoriguer" que dirige la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en el área de turismo del consistorio menorquín en la legislatura 2003-07, cuando gobernaba el PP. La investigación que se desarrolla simultáneamente en Menorca y Mallorca arroja por el momento un saldo de cinco detenidos y cuatro imputados, con tres detenciones en Ciutadella y dos en Palma, según han informado a Efe fuentes de la investigación. Los detenidos en Menorca, que permanecen ingresados en los calabozos municipales a la espera de prestar declaración, son el exalcalde Brondo, Casasnovas y Cardona, hoy ex militantes del PP.

En Palma han sido detenidos el ingeniero D.A.F. y el exgerente de la fundación municipal Ciutadella Turisme (Citur) J.L., tras un registro practicado en las oficinas de la empresa Sab Tourism Environment & Tech Consultants SL, situada en la calle Joan Maragall.

En cuanto a la identidad de los cuatro imputados, que no ha sido facilitada, correspondería a funcionarios municipales implicados en las operaciones y contratos que ahora investiga la Fiscalía.

Todas las detenciones se han realizado por orden de la titular del Juzgado número 2 de Ciutadella que instruye las diligencias incoadas por Anticorrupción por las irregularidades en la gestión del área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella durante el periodo 2003-07, bajo el mandato del PP.

Una comisión judicial, encabezada por el fiscal Pedro Horrach, se ha desplazado a Menorca para registrar el Ayuntamiento de Ciutadella, donde ha intervenido documentación del ente público Ciutadella Turisme y de forma simultánea ha realizado las tres detenciones.

Llorenç Brondo, que fue alcalde de Ciutadella entre junio del 2003 y febrero del 2009; Gabriel Cardona, hoy concejal del Grupo Mixto tras abandonar el PP en agosto del 2008, y Avel·lí Casasnovas, exdiputado del Parlament balear y exconseller del Conseller de Menorca entre 1995 y 1999, expresidente del PP-Ciutadella y exteniente de alcalde de Urbanismo del 2003 al 2007, permanecen ingresados en los calabozos municipales a la espera de prestar declaración en sede judicial.

La Fiscalía investiga el presunto amaño de concursos públicos tras incoar diligencias por los delitos de malversación de fondos públicos y la falsificación de documentos públicos en la gestión de Citur, organismo creado por el PP durante el mandato del alcalde Brondo.

Estas diligencias fueron incoadas por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ciutadella tras haber recibido la Fiscalía Anticorrupción las conclusiones aprobadas el 14 de diciembre de 2009 por la comisión municipal, presidida por el concejal Juan Triay, que investigó la gestión del área de Turismo durante el mandato del anterior gobierno municipal del PP, entre 2003 y 2007.

La comisión Citur aprobó 51 conclusiones con irregularidades en el área municipal de Turismo, cuyo responsable fue el entonces teniente de alcalde Gabriel Cardona que hoy es concejal del grupo mixto.

El pleno del Ayuntamiento de Ciutadella acordó por unanimidad, el 11 de febrero de 2010, remitir a la Fiscalía Anticorrupción las conclusiones, avaladas por 101 documentos. El concejal Cardona se abstuvo en dicha decisión.

En julio de 2010, UPCM registró en los Juzgados de Ciutadella una querella en la que asumió los resultados de la comisión municipal de investigación.


* Diario de Mallorca - 29.03.11
Foto: Efectivos de la Guardia Civil, durante el registro en la empresa de Palma.- diariodemallorca

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El estigma de El Algarrobico

ELPAÍS/Almería* : Su gestión ha sido varias veces cuestionada por los tribunales. Su nombre va unido indefectiblemente al de El Algarrobico, símbolo de las tropelías urbanísticas de la costa española, y fue condenado por un delito electoral y luego indultado por el Gobierno. Cristóbal Fernández (PSOE) no se va, y repetirá como cabeza de lista a la alcaldía de Carboneras, Ayuntamiento que preside desde hace 28 años. En febrero dijo que lo dejaba, que había llegado el momento de la "renovación y de apostar por nuevas ideas y personas para continuar el proyecto socialista con nuevos bríos". Pero repite. Esos nuevos aires, sin embargo, sí afectan al resto de la lista, según aprobó este fin de semana la ejecutiva local del PSOE. La renovación parece forzosa.

Actualmente, tres de los siete concejales socialistas de Carboneras están imputados por un presunto delito electoral por hechos que ocurrieron en las municipales de 2007. Como Rosario Fernández, hermana del regidor, primera teniente de alcalde y secretaria de la agrupación municipal socialista de esta localidad.

El alcalde está indultado después de que el Supremo le condenara con sentencia firme por otro delito electoral, también junto a su hermana. Ha sido ella quien le ha rogado que encabece la lista socialista después de que Ginés Navarro, elegido sustituto de Cristóbal Fernández, anunciara su retirada por motivos de salud. "Lleva toda su vida en la política y para él, el partido, está por encima de todo", argumenta Rosario Fernández.

Cristóbal Fernández decidió ampliar los límites del término municipal sobre suelo del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y dio licencia de construcción a Azata del Sol para construir en primera línea de playa un hotel en El Algarrobico, uno de los escasos rincones naturales sin ladrillo que pervivían en el Mediterráneo.

La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha expresado su deseo de derribar el hotel. Pero el caso podría eternizarse en los juzgados después de que el magistrado Jesús Rivera, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, declarara en 2008 nula la licencia municipal y su decisión fuera recurrida por la promotora y por el Ayuntamiento de Carboneras. El Supremo debe decidir si admite a trámite los recursos.

El caso de El Algarrobico es para Carboneras como el accidente nuclear en Palomares para Cuevas del Almanzora. La ciudadanía está harta de escuchar su nombre. Además, no todos lo consideran delito medioambiental.

Salvador Alarcón, candidato por el PP a la alcaldía, defiende su mantenimiento, aunque sí apoya que se depuren responsabilidades. El hotel, dice, puede ser un "foco de creación de empleo y dinamismo". Piensa que Carboneras es la Cenicienta de la costa y que incrementaría el turismo.

El hotel, para Salvador Hernández, candidato por GICAR (Grupo Independiente por Carboneras), ha "dañado" la imagen del pueblo. "El hotel no va a quitar el hambre", dice. Su partido procede del GIAL de Juan Megino y en las anteriores elecciones obtuvo más votos que el PP, aunque igual número de concejales. Pese a la integración de GIAL en el PP, ellos no lo han hecho porque no proceden de las filas populares. "Somos un grupo de jóvenes que nunca hemos pertenecido a ningún partido", y con clara vocación de "obtener mayoría suficiente para gobernar".


* El País - 29.03.11
Foto: Algarrobico ILEGAL por Greenpeace - A.Rodríguez (EFE)

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Industria presenta una fábrica en Melón que no tiene terrenos

ELPAÍS/Ourense* : El conselleiro de Industria, Javier Guerra, anunció la semana pasada que la factoría británica Xero invertirá 26 millones de euros -incluyendo ayudas públicas de hasta un 40%- para instalar una empresa de coches eléctricos en el municipio ourensano de Melón, gobernado por el baltarista Alberto Pardellas que, condenado en sentencia firme por prevaricación e inhabilitado para el cargo público, cede el testigo a su mujer en estas municipales. El conselleiro hizo el anuncio, suscribiendo un "acuerdo de intenciones" de la Xunta, a petición del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación. La institución provincial llevó a cabo las negociaciones con la firma británica. Pero tanto Baltar como el conselleiro obviaron el hecho de que la parcela en la que anunciaron que se instalará la empresa tiene dueño: es de cerca de 200 particulares. Los afectados desconocen que el Ayuntamiento tenga intención de expropiarles.

"Nadie nos ha comunicado nada, estamos muy sorprendidos", destacó un portavoz a este periódico tras señalar que, hace años, Pardellas habló de "expropiar para hacer el polígono industrial, pero todavía no inició ningún trámite".

Pese a ello, Guerra compareció la semana pasada en Ourense acompañado del presidente del Inorde y alcalde de Barbadás -el también baltarista José Manuel Freire Couto-, de Baltar y de directivos de la firma Xeros. "Vamos a situar a Ourense a la vanguardia en la revolución tecnológica" de la fabricación de vehículos, enfatizó Guerra para sorpresa de los propietarios de la parcela y de los vecinos de Melón que han impugnado el planeamiento urbanístico ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

"Debe de ser todo por las elecciones", sostienen algunos de los afectados convencidos de que la empresa no se instalará "al menos en Melón". La parcela que el conselleiro comprometió a la factoría británica es, de momento, "un monte" de 300.000 metros cuadrados anexo a las tres empresas (dos privadas: un taller de hierros y otro de hormigón y una nave municipal que Pardellas pretende convertir en centro multiusos). "Lo demás es todo de particulares".

El conselleiro de Industria comprometió sin embargo ante los directivos de Xeros ayudas para intereses incluidos en el plan Impulsa -entre 300 y 400.000 euros- y préstamos participativos de capital riesgo de Xes Galicia que podrían alcanzar los tres millones de euros. Guerra justificó el apoyo en aras de la "viabilidad del proyecto" y considerando que el futuro de la automoción pasa por "la ecomovilidad".

El alcalde reconoce que el terreno es de cientos de vecinos. "No podíamos pedir un crédito sin saber si se comprometía a venir alguna empresa", justifica Pardellas su gestión a la inversa.

Ahora, después de que el conselleiro de Industria y el presidente de la Diputación de Ourense comparecieran con los directivos de Xeros en un acto público asegura que es el momento de empezar las negociaciones con los propietarios. "Si llegamos a un acuerdo, bien y, si no, expropiaremos", explica Pardellas, aunque el conselleiro avanzó que los prototipos del modelo se construirán en mayo y que en junio se homologará el vehículo.

El regidor afirma que ya hay una valoración "adecuada" por una empresa "contratada por la Diputación" de las fincas que tiene que comprar el Ayuntamiento. "Tenemos todo en orden. Esta vez el proyecto va adelante porque ya aprobamos el plan de urbanismo", sostiene el alcalde tras recordar que "por culpa de la crisis que provocó Zapatero, todas las empresas que habían reservado suelo aquí dieron marcha atrás".

Pardellas no quiere ni oír hablar de que el planeamiento urbanístico -impugnado, entre otras denuncias por supuesto incumplimiento de los dictámenes de Patrimonio- puede ser declarado ilegal por el TSXG.


* El País - 29.03.11
Foto: Melon (Ourense) - enlapuestadelsol

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De cómo solo las "ratas" fueron testigos de dos asaltos a los Juzgados de Marbella

EL CONFIDENTE* : El edificio más mediático de España, el inmueble que alberga los juzgados de Marbella, ha sido asaltado dos veces en el mismo fin de semana. Tal vez si esta secuencia fuese una de las escenas de Torrente tendría más o menos gracia. Pero cuando los hechos se convierten en un atestado policial, donde se informa “que los individuos se han paseado por los despachos de los jueces como Pedro por su casa”, el asunto empieza a ser preocupante. En menos de 48 horas, los delincuentes han entrado y salido por las dependencias judiciales sin que hayan saltado las alarmas ni la Guardia Civil les haya visto, ni se haya oído nada en el exterior. Todo un misterio. A falta de que las investigaciones avancen, de momento no se sabe qué documentos judiciales pueden faltarle a los togados en sus diferentes despachos. O, lo que es peor, qué información se ha podido copiar de los ordenadores. La primera noche, los asaltantes reventaron dos máquinas de coca-cola; la segunda, encendieron una hoguera con papel y cojines. Como si fuera una falla, se pusieron a prender fuego a los almohadones sin que nadie desde fuera se diera cuenta de la 'nit del foc marbellí'. ¡Increíble pero cierto! Los delincuentes se despacharon bien a gusto.

Y, para disimular su tropelía, dejaron alimentos de las máquinas esparcidos por el suelo. Tal vez se compadecieron de los únicos testigos presentes de su desaguisado: los roedores que se encontraron a su paso.

El secretario general de Andalucía del Sindicato Profesional de Justicia ya había denunciado el “cutrerío” en el estado del edificio: sin pelos en la lengua afirmó que había “ratas de todos los tamaños y colores” que aparecen esparcidas “vivas o muertas”, causando malestar entre los trabajadores “que han llegado a encerrar un fin de semana entero a una rata sin saber qué hacer con ella”. Peor todavía fueron las denuncias del pasado verano cuando los trabajadores se quejaron por activa y pasiva de las plagas de cucarachas que suben y bajan las escaleras del edificio cuando llega el calor. Y es que a este edificio de Mayorazgo no le falta de ná. Eso sin hablar de Rocas, Muñozes, Pantojas y Zaldívares. Los más ancianos del lugar dicen que este edifico antes era una tienda de muebles y que, desde entonces, “es un edificio enfermo” porque allí hubo de "tó" en otros tiempos.

A la precariedad de las infraestructuras y la falta de personal de estos juzgados, lugar del que todos los jueces que llegan intentan cuanto antes salir pidiendo el traslado, se suman un sinfín de procedimientos judiciales como ‘Ballena Blanca’ o 'Malaya’ que han sumido a los empleados en el más absoluto de los caos. Marbella necesita al menos, dos juzgados más. El portavoz de IU Enrique Monterroso dice que en los cajones de la sede judicial hay más de once mil casos pendientes sin resolver. Ahora tal vez unos pocos menos con los papeles que se han quemado.

No es la primera vez que los juzgados de Marbella sufren un incidente de estas características. Como ya informó este periódico, en 2001 fueron sustraídos o borrados de ordenadores un total de 15 sumarios contra Jesús Gil, algunos informes que nunca volvieron a encontrarse. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha anunciado que se ha puesto en marcha una investigación para estudiar qué ha fallado en la seguridad de los juzgados de Marbella.


* El Confidencial - Opinión - 29.03.11

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Bruselas declara la guerra al coche en el centro de las ciudades

ELPAÍS* : La misma Comisión Europea que en 2000 se propuso convertir a la Unión Europea en 2010 en la primera economía del conocimiento del mundo se sacó ayer de la chistera un plan para acabar con los coches contaminantes en las ciudades hacia 2050. El proyecto ofrece como alternativa de transporte, entre otras, la bicicleta y el viejo coche de San Fernando. "Se trata de un documento visionario", dijo Siim Kallas, el comisario de Transporte al presentar su Libro blanco a 40 años vista con ideas para reducir en un 60% las emisiones procedentes del transporte. Enseguida se volvió realista: el documento, dijo, "no tiene valor legislativo". Lo que hizo Kallas fue dar la campanada con un paquete de ideas que tratan de sacar partido de la realidad de que cada vez habrá menos dinero público para hacer cosas, por lo que la financiación deberá proceder del bolsillo del ciudadano, a quien el plan de comisario hará pagar por el uso de las vías urbanas.

El modelo es Londres, cuyo peaje urbano se ha mostrado efectivo contra el uso del turismo en la ciudad.

El comisario se marca cuatro objetivos para mediados de siglo: acabar con los coches de gasolina y gasóleo en las ciudades; elevar hasta el 40% el uso de carburante para aviación con bajo contenido en carbono; reducir al menos en otro 40% las emisiones de los buques, y hacer que la mitad de los pasajeros y mercancías que usan la carretera empleen el ferrocarril y las vías navegables.

Como complemento, Kallas sugiere que los aeropuertos principales de cada país estén unidos a la red ferroviaria (idealmente de alta velocidad, que debería ser triplicada de aquí a 2030), lo mismo que los puertos de mar para dar salida rápida a las mercancías.

"La extendida opinión de que hay que moverse menos para combatir el cambio climático es sencillamente falsa", dice el comisario. "Podemos acabar con la dependencia del petróleo en el transporte sin sacrificar su eficiencia ni cuestionar la movilidad".

Según él, los coches que hoy conocemos serán empujados paulatinamente al basurero de la historia por coches híbridos y eléctricos, vehículos con motor de hidrógeno, un transporte público más eficiente y racional, la bicicleta y, en el caso extremo, por el simple ir andando de un sitio a otro.

"Gracias a estas medidas será posible reducir en un 60% las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte a mitad de siglo", pronostica Kallas. "Es un objetivo muy realista". El transporte es el sector más resistente al recorte de emisiones de CO2, ya que obtiene el 96% de sus necesidades de energía del petróleo. Las emisiones han subido. El objetivo propuesto por Bruselas de reducir las emisiones en 2050 entre un 80% y un 95% respecto a 1990 solo se puede conseguir con un cambio drástico del sistema de transporte (que mejoraría la contaminación y el ruido en las ciudades). El recorte de emisiones ataja la enorme dependencia del petróleo exterior.

La Comisión calcula que harán falta unos 1.500 millones de euros en 40 años para sacar adelante estos planes, dineros que, junto a los proyectos de inversión pública en infraestructuras, deberán salir de la colaboración entre el sector público y las autoridades. En un futuro no definido, Bruselas presentará la norma para peaje de turismos, emparentada con la vigente para camiones, con vistas a hacer realidad el principio de que quien contamina paga.

Aunque el plan no tenga carácter vinculante sí marca la tendencia para la industria. De ahí la irritación con la que recibió el documento la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, en sus siglas en inglés), que consideró "desafortunado" el "giro de 180 grados" propuesto por la Comisión. ACEA critica el objetivo de que en 2030 un 30% del transporte de mercancías de más de 300 kilómetros se realice por ferrocarril o barco. La patronal insiste en que el transporte por carretera es la solución más flexible y que Bruselas no debe elegir entre una y otra tecnología.

La Agencia Internacional de Energía ya pidió "una revolución en el transporte", que fue aplaudida por ecologistas y algunos sindicatos. CC OO presentó ayer un estudio según el cual el número de empleos en movilidad sostenible casi podría duplicarse en 2020 y alcanzar los 443.870 puestos de trabajo.

Menos crudo

- En 2010, la UE importó petróleo por valor de 210.000 millones de euros. España destinó 25.500 millones a la compra de crudo y derivados. El transporte cubre un 96% de sus necesidades de energía con combustible fósil.

- La Comisión planea reducir la dependencia y reducir las emisiones de CO2 del transporte un 60% en 2050.

- Para ello, propone que en 2050 no haya vehículos de combustión en las ciudades, solo híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y de hidrógeno.

- Se propone lograr que un 40% del combustible de los aviones sea de bajas emisiones (biocarburantes, procedentes de algas...).

- En 2030, un 30% del transporte por carretera deberá pasar al ferrocarril. En 2050, los viajes por carretera de más de 300 kilómetros deben ser la excepción.



* El País - 29-03-11
Foto: Atascos en la autopista AP-7 en Cataluña - EFE

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Los vecinos irán a tribunales ante "la presunta prevaricación urbanística" por la aprobación del PGO de Santa Cruz

CANARIASAHORA/Tenerife* : Unas 300 personas se manifiestan a las puertas del Ayuntamiento y despiden entre abucheos a los concejales. El abogado y portavoz de la Plataforma de Vecinos contrarios al Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, Felipe Campos, ha anunciado que este martes y después de la aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento del documento acudirá a los tribunales para denunciar "la presunta prevaricación ordinaria y urbanística" cometida con el sí de la Corporación al documento. Campos ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación que el pleno celebrado "es radicalmente nulo" ya que se celebró "a sabiendas de que no era legal". Recordó aquí que la cita requería un informe preceptivo del secretario del pleno en el que tiene que informar también del contenido del PGO. Precisó el letrado que Luis Prieto ha informado de que no abordaba esta cuestión.

De igual forma, el portavoz vecinal ha afirmado que con la sesión plenaria "se ha confirmado que Ciudadanos y PSC son cómplices porque no han planteado la recusación". "Cómplices del circo", recalcó para lamentar que el líder socialista local Julio Pérez diese la orden de que ningún militante acudiese a manifestarse a las puertas del Ayuntamiento.

Sobre la denuncia, especificó Campos que se ampliará la ya presentada ante la Fiscalía y se abrirá un nuevo contencioso "por las razones de recusación y nulidad". "Es palpable que no ha informado sobre el contenido. Es radicalmente nulo", repitió.

Aquí aclaró que aunque sí exista un informe sobre el contenido del PGO elaborado por la Gerencia de Urbanismo, el secretario debe asumirlo, "pero él se exonera de responsabilidades". "La ley quiere que quien informe sea el secretario municipal. Ni lo hizo ni lo asume y por tanto esta presunta prevaricación del secretario porque permite la celebración a sabiendas de que no hay informe sobre el contenido del plan".

Campos también anunció que el próximo 9 de abril se convocará una manifestación para rechazar la aprobación. "Que sepan que no vamos a permitir esto", insistió para tildar de "peleles" a los concejales del Consistorio, "con respeto a los peleles que no son tanto como estos".

"Prieto no tiene vergüenza", continuó para repetir que a su juicio existe una "presunta prevaricación ordinaria y urbanística por el contenido".

MANIFESTACIÓN

La sesión plenaria --que se prolongó durante tres horas-- donde se ha aprobado de forma provisional el PGO fue seguida por unos 300 vecinos en los momentos de máxima afluencia que protestaban contra el documento.

Los gritos de desaprobación fueron constantes y al término de la sesión los ediles fueron despedidos entre abucheos e increpaciones.



* Canarias Ahora - 28.03.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, manifa contra Plan General (archivo) - canariasaldia.com

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Medio Ambiente autoriza dos marinas porque el daño "ya se llevó a cabo"

ELPAÍS/Galicia* : En una semana, la Consellería de Medio Ambiente ha desbloqueado dos puertos deportivos en Boiro, situados a escasos 3 kilómetros en línea recta el uno del otro. El primero de ellos, en Escarabote, para dar cabida a 170 embarcaciones. El otro, en Cabo de Cruz, de 190 plazas, que se ampliarán a 400 en la segunda fase. En ambos casos, las resoluciones de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, fechadas el 3-9 de marzo pasado, eximen a los proyectos de someterse a evaluación de impacto ambiental. Y en ambos casos, por la misma razón: porque el daño ya está hecho. El caso más flagrante es el de Escarabote, que promueve el Club Náutico Deportivo Barraña. Consta de cuatro muelles flotantes apoyados en otro de reparto, y ocupa una superficie de 13.500 metros cuadrados. Conlleva la construcción de un edificio de servicios náuticos emplazado en una parcela adyacente de 3.718 metros cuadrados. Pero ocurre que el proyecto "está en su mayor parte ejecutado".

"Los mayores impactos que se derivarían del proyecto se asocian fundamentalmente con las actuaciones que ya se llevaron a cabo", relata la resolución de la consellería de Agustín Hernández, por lo que el procedimiento regulado de evaluación de impacto ambiental "no aportaría un gran beneficio o ventajas desde el punto de vista ambiental".

La otra marina, en el puerto de Cabo de Cruz, cuenta con un amplio respaldo social de la parroquia, que lleva años esperando que se concrete el proyecto, pero también con la contestación de los ecologistas. Para hacerlo posible, la Xunta se ha gastado 12 millones de euros en construir los diques de abrigo necesarios para cobijar una lámina de agua de 20.772 metros cuadrados. Con esa obra ya ejecutada, Medio Ambiente considera que tampoco en este caso es necesario someter el proyecto a evaluación de ambiental.

Los diques construidos son una prolongación del original y un contradique que cierra el espacio destinado al puerto deportivo, que la Xunta adjudicará la semana próxima al Club Náutico de Boiro. En total, los muelles suman una longitud de 1.453 metros de largo, de los que solo una pequeña dársena existía hasta hace dos años. Las actuaciones futuras incluyen otro relleno de 2.391 metros cuadrados, donde se localizará un edificio multiusos y un aparcamiento.

La consellería precisa que "recientemente se ejecutaron infraestructuras de defensa portuaria que incrementaron la superficie de lámina de agua", por lo que el puerto deportivo quedaría "integrado o enmarcado dentro de un espacio ya transformado", según explica la Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe. El informe destaca en sus conclusiones que las obras proyectadas "no implican la necesidad de mejorar las condiciones de abrigo de la zona", por lo que resuelve no someterlas a trámite de evaluación de impacto ambiental. "No se trata de construir un puerto deportivo, sino de unas instalaciones de atraque a construir dentro de un puerto ya existente", sostiene la resolución, firmada por el secretario general de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito.

Los diques de abrigo que ahora evitan que el puerto deportivo se someta a evaluación ambiental fueron objeto de contestación de los ecologistas durante su construcción, en 2009. Según Ignacio Jorganes, portavoz de Verdegaia, la organización ecologista que lideró las protestas, esta actuación no contó con más respaldo que un estudio ambiental "improvisado" y "poco riguroso". "El informe analizó la realidad socioeconómica de la zona sobre la base de sólo 15 encuestas, una parte de las cuales se hicieron entre empresas de hostelería y entidades bancarias", denuncia Verdegaia. Los ecologistas acusaron a la Xunta, entonces presidida por el socialista Emilio Pérez Touriño, de "enterrar el marisco bajo un kilómetro de escollera y contraescollera que ocupará 60.000 metros cuadrados del banco marisquero de Curvera".

Para realizar los informes sobre la evaluación ambiental, la consellería consultó a tres entidades, dos de ellas de la propia Xunta y la tercera, la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). Solo los organismos autonómicos avalaron, aunque con matices, el proyecto. La SGHN, en cambio, emitió sendos informes en los que alertó del triple peligro de ambos puertos deportivos. "Son obras que afectan al marisqueo, muy importante en la comarca, están en zonas de invernada de aves acuáticas y, por último, afectan a la dinámica de las mareas", relata el presidente de la sociedad, Serafín González, que censura la política "de hechos consumados" de la Xunta. Sus alegaciones fueron desechadas. "Se está desvirtuando el trámite de evaluación de impacto ambiental", lamenta.



* El País - 28.03.11
Foto: Boiro (A Coruña), puerto Escarabote autorizado - flickr

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Los jueces piden una reforma de la ley hipotecaria para que la casa salde la deuda

LEVANTE/Valencia* : La casa debe saldar la deuda hipotecaria con el banco. Esta es la premisa sobre la que parte la asociación valenciana Jueces para la Democracia para abogar por una reforma del Código Civil al que consideran "injusto". En estos términos se expresa desde la asociación su portavoz Joaquín Bosch, quien sostiene que "los bancos no pueden pretender seguir obteniendo beneficios a costa de un endeudamiento de por vida de sus clientes, como sucede en muchos casos". Los jueces progresistas sostienen que los bancos deben asumir sus responsabilidades sobre la crisis económica y financiera por la que atraviesa el país. Y sostienen que la dación de la vivienda como pago de la hipoteca debe ser considerado como un pago "justo", independientemente de cómo puedan llegar a fluctuar las tasaciones y los valores de las viviendas en el mercado en situación de bonanza o de crisis. Ya que, según exponen, "el banco aceptó una tasación y en función a ella, concedió una hipoteca. Por lo tanto, esa hipoteca vale lo que vale la vivienda. No hay por qué pagar más y endeudar al máximo a una familia que ya ha perdido su hogar", sostiene Bosch.

Sin embargo, los magistrados no ponen ahí el freno. "También habría que considerar que el nuevo texto legal, ya reformado, tuviera un carácter retroactivo. Para conseguir compensar a los ciudadanos que ya se encuentran en una situación desesperada", sostiene.

Una interpretación flexible
La ley hipotecaria española es flexible. En opinión de los magistrados, el Código Civil español no habla de la dación en pago como modo extintivo de las obligaciones, aunque da por supuesta la institución en los artículos 1.521 y 1.636, al tratar de los retractos, y en algunas otras disposiciones. Esto significa que se recoge la figura de la dación en pago como método de saldar la hipoteca pero defiende que el banco pueda perseguir y embargar bienes y cuentas hasta que quede totalmente liquidado el préstamo hipotecario si en la subasta de la vivienda el precio que se ha pagado por ella no ha conseguido saldar, en totalidad, la deuda contraída con el banco. "Una situación muy injusta para el hipotecado" subraya el magistrado Bosch.
Así la ley, los tribunales pueden dar la razón o no, y los bancos alegan actuar amparados por la ley que les permite el cobro de la totalidad del préstamo y sus intereses. Sin embargo, la condición social y la sensibilidad hacia una situación de crisis hace que los magistrados emitan últimas sentencias favorables hacia los afectados. En enero, la Audiencia de Navarra dictó, contra todo pronóstico, una sentencia en la que consideró devolver al banco un piso hipotecado como cancelación de una hipoteca. El juez argumentó que la causa de la crisis económica viene dada por "la mala gestión del sistema financiero y las hipotecas basura". Esa sentencia fue el inicio de un debate que ya ha llegado al Congreso. En febrero, los grupos parlamentarios de PSOE y PP confirmaron en el Pleno su rechazo a tramitar una proposición de ley de ERC, IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria. Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un compromiso establecido con Joan Ridao (ERC) accedió esta pasada semana a que el Congreso estudie la dación del piso a cambio de saldar la deuda hipotecaria con el banco al completo. Esta nueva actitud del Gobierno sorprendió hasta a la propia ministra de Economía, Elena Salgado, quien ya se ha adelantado a advertir que este tipo de medida supondría un peligro para el sistema financiero español.

Adicae recabará apoyo para cambiar la ley

El debate sobre si es conveniente o no modificar la actual legislación sobre hipotecas ha llegado también al último eslabón, el de los usuarios. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha celebrado este fin de semana una jornada con el único objetivo de reclamar cambios en la ley hipotecaria. Durante el evento se habló de la necesidad de una reforma en el sistema para acabar con los "innumerables abusos", como las cláusulas suelo, que hace que haya hipotecas que tengan un tipo mínimo limitado independientemente del euribor. Un extremo que ha sido también duramente atacado por las asociaciones de consumidores.
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, indica que las más de un cuarto de millón de ejecuciones hipotecarias desde 2007 y el clamor social "creciente" contra los abusos en las hipotecas "hacen imprescindible un debate serio para lograr una regulación justa y razonable".
Por esta razón, Pardos critica la actitud "cerril" de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y de las entidades financieras, que se oponen a los cambios en virtud de sus intereses "mezquinos". La Asociación anunció que instalará cuarenta mesas informativas en veintiocho provincias de quince comunidades autónomas para recabar el apoyo de los ciudadanos a una reforma de la actual regulación hipotecaria.
En la Comunitat Valenciana, en los últimos cuatro años, más de 50.000 personas han perdido su piso por no poder hacer frente al crédito hipotecario.



* Levante - 28.03.11
Foto: Hipotecas, montaje fotos - 20minutos.es

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Carmela Silva firmó licencias cuando ya no era concejala de Urbanismo de Vigo

LAVOZDEGALICIA* : La senadora viguesa Carmela Silva fue concejala no electa en Vigo antes de convertirse en la portavoz del PSOE en el Senado en el 2008. Tras su éxito electoral, el alcalde la cesó de su cargo municipal con fecha 31 de marzo para que se incorporara al Senado. Sin embargo, unos meses después, Caballero se enmendó a sí mismo y modificó la fecha de cese adelantándola al 8 de marzo «xurdindo efectos económicos e administrativos» mediante un decreto desconocido hasta ahora. Esta decisión deja en el aire la gestión realizada durante esos 23 días de marzo, en los que Silva Rego continuó con su puesto de concejala de Urbanismo, cargo este último que le permite la concesión directa de licencias urbanísticas. Un simple vistazo a las actas de las reuniones semanales de la Gerencia de Urbanismo permite comprobar cómo en cada una de ellas figuraban más de treinta licencias.

Además, siguió asistiendo con normalidad a las juntas de gobierno local y al pleno mensual del Concello.

La decisión de anticipar la fecha oficial del abandono de la corporación puede estar relacionada con las incompatibilidades establecidas en la Cámara alta. Cualquier concejal o alcalde puede mantener su puesto municipal mientras ejerce como senador, pero no parece ocurrir lo mismo con los concejales no electos. De hecho, el dictamen de la Comisión de Incompatibilidades del Senado de noviembre incluye la lista de un centenar de senadores que no incurrían en causa alguna de incompatibilidad, relación en la que no figura Carmela Silva.

Unos meses después, cuando el alcalde había adelantado al 8 de marzo su cese como concejala de Urbanismo, dicha comisión publicó un tercer dictamen con los 16 últimos senadores pendientes en el que ya figura Carmela Silva. Para entonces, la senadora ya había reingresado en las arcas municipales la parte proporcional de su sueldo de marzo del 2008.

Este periódico contactó ayer con Carmela Silva, quien aseguró ignorar cualquier cambio de fecha en su cese. «No tengo ni idea, pero estoy tranquila pues todo sería explicable», afirmó.


* la Voz de Galicia - 25.03.11
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)

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Debate: otro urbanismo es posible

LAVERDAD/Murcia* : ¿Es compatible la explotación del suelo con el respeto al medio ambiente? La educación en las escuelas, la transparencia y la ordenación del territorio con una visión más allá de lo local se hacen imprescindibles para no repetir «errores». El urbanismo debe crecer de forma ordenada. Pero no sólo en el ámbito local, sino desde una concepción global que permita optimizar e integrar los recursos naturales de todo un territorio, de toda una comunidad, incluso de todo un país. Esa fue una de las ideas principales que predominó durante la nueva edición del Foro LV, que en esta ocasión giró en torno a dos conceptos que, aunque puedan parecer antagónicos por los «errores cometidos en el pasado», deben ser inseparables para no caer dos veces -o tres- en la misma piedra. Urbanismo y medio ambiente.

El debate se mantuvo vivo desde el primer momento en un desayuno en el que Juan Hernández, presidente de los promotores inmobiliarios, destapó el tarro de las esencias con un recorrido por las causas que han propiciado los «desequilibrios» en el sector. Acto seguido, el profesor de Ecología de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Esteve, quiso dejar claro que en la Región «se ha malgastado el recurso, que es el territorio. Desde el año 1990 al 2000, el tejido urbano creció un 61,9%, mientras que la media española fue del 29,5%». El presidente de los constructores, Fulgencio Belando, aseguró que esos datos son «relativos, porque en la Región ha habido un aumento poblacional muy importante. Arrancamos desde muy abajo y todavía estamos por debajo de muchas comunidades y de la media española en número de viviendas por habitante. Este sector es muy importante para la Región. Tenemos una industria turística, de sol y de servicios que podemos aprovechar muy bien, de forma ordenada».
María Pérez Zulueta, vicedecana del Colegio de Arquitectos de la Región, aclaró que las posibilidades que ofrecen el sol y el turismo «no quiere decir que tengamos que hacer un urbanismo disperso y acelerado. En los últimos años no se ha tenido planificación. Deberíamos tender a un urbanismo más compacto. Si ahora tenemos algún resort que no acaba de funcionar y ya están hechos, podemos buscar soluciones para vertebrar e integrar esas construcciones con núcleos urbanos como Murcia o Cartagena».
Por su parte, el director general de Vivienda de la Comunidad, Antonio Navarro, siguió la senda abierta por Belando y destacó que la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado en la Región es inferior a la media española (114 por 143) y del Arco Mediterráneo y apoyó el modelo de «ciudad compacta» y las políticas de «rehabilitación». Navarro admitió que se ha podido cometer algún «error puntual, aunque no debemos demonizar ni desechar los complejos turísticos desconcentrados con los niveles de calidad adecuados», y se declaró un «convencido» de la ordenación del territorio.
Antonio Martínez, catedrático de Derecho Administrativo de la UMU, aportó durante la mañana su «visión erudita» y quiso dejar claro, de entrada, que la Administración «deja mucho que desear», además de que «Murcia ha postergado todo desarrollo ecológico en favor de un desarrollismo incontrolado regional. El diagnóstico es grave porque el urbanismo se ha primado sobre el medio ambiente, que es capital. La Comunidad ha sido un desastre en cuanto a protección. No lo digo yo, lo dicen informes, sentencias...» Además, Martínez propuso la creación de una consejería de Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma. «Nosotros -intervino Juan Hernández- también tenemos un informe que ha contado con biólogos y ecologistas, y que confirma que ha habido un exceso de construcción, como en toda España, pero que también habla de descoordinación en la ordenación del territorio. No es que se hayan construido demasiados resorts. En este momento hay 19 campos de golf operativos en la Región, 1.600 hectáreas de regadíos construidos sobre suelo antropizado. Hay biólogos que dicen que incluso se ha aumentado la biodiversidad de la zona. Pero esto, culturalmente, lo tiene que asumir el ciudadano porque es el ciudadano el que quería viviendas adosadas fuera de las ciudades. Además, el extranjero busca una oferta turística alejada de la ciudad».
Retomó la palabra el catedrático de Derecho Administrativo para señalar que «el desarrollismo urbanístico se ha cargado maravillas de la naturaleza como La Manga; eso se carga el turismo de calidad», y destacó que es necesario hacer un planeamiento regional teniendo en cuenta «el entorno» y especialmente «las condiciones ecológicas. Murcia no ha tenido talento para hacer un plan regional de ordenación que armonice todos los elementos». Sin embargo, Antonio Navarro dio la réplica y aclaró que la Región tiene tres directrices y planes de ordenación territorial aprobados aunque muchas veces se producen «conflictos con los planes de los municipios».
Para María Pérez Zulueta, «la palabra urbanismo lleva implícita que debe ser flexible, estratégico, sostenible -por razonable- e integrador», e incidió en la idea de potenciar las «vías de movilidad, como el tranvía o el tren rápido para que los ciudadanos no tengan que utilizar el coche para todo». Además, Pérez se mostró firme a la hora de dar un 'toque de atención' a la administración para que «cuente con los profesionales del urbanismo, a veces muy politizado» y se mostró crítica con el «maremágnum de normativas medioambientales que muchas veces no permite estructurar y desarrollar con agilidad. La normativa es necesaria, pero debe ser flexible, y el urbanismo debe ser equilibrado».
Marina de Cope, a la palestra
Por primera vez, el proyecto de Marina de Cope se dejó ver en la mesa del Foro LV. Lo sacó a la palestra el profesor Miguel Ángel Esteve después de matizar que las directrices del litoral que tiene la Región de Murcia «no suponen una ordenación efectiva. Si se construyeran todas las casas que permiten esas directrices a lo largo de la costa, se podrían levantar un millón cien mil viviendas. Un turismo sostenible supone que cada persona tenga nueve metros cuadrados de playa. En el Mar Menor hay 0,75 metros cuadrados. ¿Queremos copiar a Castellón? ¿Queremos ser Marina D'or? ¿Dónde están todos cuando se desprotege Marina de Cope?»
Para Belando, «la ley ambiental de la Región de Murcia es de las más estrictas de España y los procesos para obtener el visto bueno a la hora de acometer una obra o implantar una fábrica hacen perder años. Es necesario aligerar esos procesos». Una necesidad que compartió el director general de Vivienda, Antonio Navarro. Juan Hernández, por su parte, dejó claro que «no percibimos el medio ambiente como un problema. El problema son las cargas administrativas y la burocracia. Queremos normas claras que den seguridad jurídica. Además, el urbanismo no es sólo para la vivienda. El urbanismo es también para el desarrollo industrial, para el transporte, para otras actividades económicas y hay retrasos».
Otra de las ideas principales surgidas en torno al desayuno en el edificio de 'La Verdad' la aportó Antonio Martínez, que dijo ser necesario «un foro de representantes del desarrollo urbanístico y de discusión que no esté dirigido por la administración. Un foro que puede estar sustentado en Internet para que los planes de ordenación puedan estar creados desde la conciencia colectiva».
Los convenios urbanísticos y su impacto ambiental también salieron a relucir en esta edición del Foro LV. Antonio Navarro, que dijo que la transparencia, la agilidad y la ordenación del territorio son «fundamentales», aseguró que «no creo en los convenios para negociar la clasificación de suelo, aunque sean un instrumento legal», mientras que el presidente de los promotores dijo que «la transparencia en los planes de ordenación es básica», y añadió que ha habido «ocultismo con el exceso de firma de convenios urbanísticos» tras lo que dejó claro que «estamos en contra de la utilización masiva de esta fórmula para la recalificación de suelo». Asimismo, propuso que los alcaldes de los municipios tengan la obligación al principio de la legislatura de aprobar el plan de ordenación en un plazo de tiempo relativamente corto, porque si son incapaces de sacar eso adelante, son incapaces de vertebrar su territorio. Suelen utilizar 10 o 15 años y luego eso propicia que personas determinadas se aprovechen de la situación para sacar tajada de forma deshonesta».
Una apuesta diferente
El profesor Esteve incidió en que se han desprotegido zonas muy ricas para generar negocio y que «partimos de un urbanismo muy desordenado y espacios consumidos. Tenemos un pecado original importante. Por ejemplo, el 80% del territorio de La Manga está destruido. Esto es así. Pero, no obstante, hay posibilidades de hacer proyectos muy bonitos como en Portmán, con un motor estrictamente ambiental, con un desarrollo turístico de calidad, sin consumo de paisaje, no expansivo. Una atmósfera pesquera-minera con una oferta alternativa. Esa es una actuación de interés regional, pero Marina de Cope se lleva toda la atención. Yo propondría una moratoria de los proyectos o planes que supongan crecimientos de población del 10 al 30%». Juan Hernández apoyó parte de la visión de Miguel Ángel Esteve y dijo que «nosotros no queremos muros de hormigón en la costa ni masificar la Región con viviendas pequeñas. Queremos buscar esas alternativas», pero también señaló que los resorts que se han hecho en la Región «son defendibles. Está demostrado que el turista de golf genera un 225% más de beneficios que el turista tradicional». Parece que el presente está anclado en el resort, pero otro urbanismo es posible. ¿Llegará?


* La Verdad - 27.03.11
Foto: Los participantes en el 'Foro LV', durante su encuentro en 'La Verdad - laverdad

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Afectados por la hipoteca: por qué luchamos

JOSÉ COY* : Con esta crisis están saliendo a la luz una de sus consecuencias, los embargos y desahucios. Somos más de 362.000 familias (en torno a 1.300.000 personas) las que estamos en procedimiento judicial con la amenaza de embargo. Pero lo peor es que con la actual ley hipotecaria, una parte muy importante de las victimas de la crisis, pueden quedar con una cadena-condena perpetua. Porque una vez que se subasta la vivienda, la entidad bancaria se puede quedar por ley con el 50% del valor de tasación actual, quedando el resto de deuda más los intereses diarios pendientes de cobro, por lo que la familia afectada se convierte en una diana, objeto de persecución por la entidad bancaria de por vida. Con esta situación se está condenando a la exclusión y precariedad social, así como a la economía sumergida o informal a decenas de miles de familias trabajadoras. Frente a esta situación, planteamos que se modifique la ley hipotecaria en torno a la regulación de la Dación en Pago, esto significa que con el embargo de la vivienda se libere la deuda, lo que permitiría el derecho a comenzar de nuevo, libre de deuda. La Dación en Pago es algo que ya se practica de forma importante en diversos procedimientos, pero es la entidad bancaria la que tiene la última palabra. Lo que exigimos desde el movimiento de afectados por la hipoteca es que se regule por ley.

El Gobierno y el Parlamento, con los votos del PP y PSOE, ya se han pronunciado en contra de esta regulación, porque según dicen perjudica a los bancos. La ministra Salgado dice que la Dación en Pago rompería la estabilidad de los bancos, pero ¿y la estabilidad de las familias y personas?

Con todo, en las últimas semanas han salido a la luz pública dos sentencias en Navarra y Cataluña que indican que no ha lugar a que el banco reclame el resto de deuda y que con la vivienda ya se tiene que dar por cobrada ésta.

También pedimos una moratoria real para las personas paradas y no como sucede actualmente, que esa moratoria que planteó el gobierno de Zapatero significa un aplazamiento del problema, ya que los bancos ofrecen esa moratoria de dos años, pero una vez que pasa este tiempo la deuda es mayor, ya que cobran intereses por ese aplazamiento. Por tanto no es una solución, es un empeoramiento del problema.

En todo caso, el hecho de que este problema social cada vez sea mas mediático es un indicador de que podemos estar en la antesala de un nuevo movimiento social de víctimas de la crisis, que hoy por hoy es aún muy embrionario. Pero hay datos para afirmar que va a ir creciendo, como una fantástica bola de nieve.

De momento es en Cataluña y Murcia donde se ha creado un espacio de lucha en torno a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca ( PAH) pero muy pronto se van a crear mas plataformas en diversas comunidades autónomas.

En la comunidad murciana la PAH se creó en junio a propuesta del Foro social, Consumur-Facua y asamblea de personas paradas. Y cuenta con el apoyo de diversas entidades sociales y vecinales, entre las que se encuentra el Foro Ciudadano.

Tenemos varias líneas de actuaciones y en torno a 180 casos de familias afectadas. Una cifra que va creciendo semana a semana. Porque la plataforma se está convirtiendo en una herramienta muy útil para defender nuestros derechos e intereses.

Pero lo más destacado son las concentraciones y la paralización, hasta el momento, de siete desahucios, mediante la presencia de piquete ciudadano y de activistas de la PAH.

Somos conscientes de que, pese a la satisfacción satisfacción por el trabajo realizado en un corto espacio de tiempo, no es suficiente, ya que nos encontramos que a muchas víctimas de la crisis y las hipotecas les cuesta mucho salir a la luz pública y reconocer que tiene un problema.

Este dato coincide con una encuesta realizada en Cataluña, que indica que hay un porcentaje muy alto de personas que ni siquiera le comunican a su entorno más cercano su precaria situación por vergüenza, ya que en la cultura dominante ser pobre es una «bajeza». Es fundamental convertir este problema individual en un problema colectivo, ser capaces de colectivizar las situaciones de crisis, frente a la individualización de un problema que es social.

Las víctimas de la crisis somos inocentes, no la hemos creado y de ahí que pidamos a todos los movimientos ciudadanos de nuestra tierra que incorporen a su agenda la lucha contra la precariedad, la pobreza extrema y la exclusión social. La cifra conocida recientemente de que 400.000 murcianos y murcianas estamos por debajo del umbral de la pobreza, no es solo un dato estadístico, es una realidad que debería alarmar a los diferentes gobiernos.

En nuestra tierra murcianica hay demasiados hogares –más allá de lo socialmente soportable– en los que la supervivencia diaria es un calvario, que se tiene que hacer visible.

Hay miles de trabajadores y trabajadoras en la Región que ya no tienen esperanza de encontrar un trabajo estable, son los mayores de 45 años. Pero los jóvenes también lo tienen difícil, ya que el desempleo se esta cebando en ellos.

La precariedad y la exclusión social no tienen edades, como nos lo han recordado la ciudadanía en Portugal recientemente. Hace falta que las experiencias de lucha de nuestros vecinos portugueses o del norte de Africa se extienda en todos los lugares.

Eso pasará sin duda antes o después, porque no hay nada más peligroso para los poderosos que la existencia de segmentos cada vez mayores de la población sin futuro ni esperanza. La historia nos dice que cuando no hay futuro y las situaciones de injusticia se generalizan, no queda mas solución para la ciudadanía que levantarse. Tiempo al tiempo.

Los bancos no pueden salir de rositas de esta crisis y además imponer unas recetas que consisten únicamente en recortar derechos conseguidos en décadas de lucha social y además perseguir de por vida a personas que pierden su vivienda. La cadena perpetua no existía en nuestro país hasta que llegó la crisis y con esta los desahucios, la miseria y los embargos.

Hace unos días una persona amiga me regaló el libro del guerrillero de la resistencia francesa contra los nazis,titulado ¡Indignaos¡ Pues eso, los afectados por las hipotecas estamos indignados. De ahí a rebelarnos contra los bancos solo hay un paso, en ello estamos. Vamos a extender desde Cataluña y Murcia las plataformas de afectados por las hipotecas por todos los territorios del país. Sí, se puede.


* José Coy. Miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y del Foro Social
www.forociudadano.org
Fuente: http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/03/26/afectados-hipoteca-luchamos/311559.html

* Rebelión - 28.03.11


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La investigación urbanística del 'caso Polop' se estanca en el juzgado

ELPAÍS/Alicante* : El caso Polop se ha convertido en un episodio único de la historia valenciana. Todos los detenidos bajo la acusación de urdir el crimen del exalcalde de la localidad, Alejandro Ponsoda, tiroteado en octubre de 2007, están en libertad y la investigación ha derivando hacia la vida privada del que fuera regidor. A ello se une que la investigación de la supuesta corrupción urbanística -que justificó siete detenciones y la presunta orden de matar a Ponsoda, según concluyó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- se ha estancado en el juzgado tras declarar los tres imputados y otros tantos testigos sin que pueda derivarse con claridad responsabilidad alguna.

"No hay otro caso igual en España, jamás un acusado de la autoría material de un asesinato había salido de la cárcel sin acabar de cumplir la prisión condicional y sin fianza", explica uno de los abogados del caso. De un asesinato justificado por la UCO en el interés de Juan Cano, sucesor de Ponsoda, por controlar el urbanismo de Polop, se ha pasado a una simple investigación por la compraventa de tres parcelas cuando Cano ni siquiera era concejal y al seguimiento del presunto enriquecimiento ilícito del ingeniero José Vicente Martí, cuyo supuesto delito podría haber prescrito, como alegó su abogado y sospechan fuentes del caso.

Sin embargo, cuando Ponsoda fue asesinado en el Ayuntamiento de Polop había anidado la corrupción a diferentes niveles, con actuaciones supuestamente delictivas que están por investigar en el juzgado. "No parece que la juez esté por archivar el caso, pero de momento no hay material probatorio suficiente para acusar a Cano, y lo que hasta ahora se ha visto difícilmente justificaría el asesinato de un alcalde", afirma tajante un abogado vinculado a la instrucción de la causa urbanística.En la causa por la corrupción urbanística de Polop que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 3 de La Vila Joiosa siguen imputados tras prestar declaración Juan Cano y un ex concejal, Jaime Narbó, ambos por tráfico de influencias, además del ingeniero del consistorio entre 1999 y 2006, José Vicente Martí, acusado de negociaciones prohibidas a funcionarios. Del primer asunto solo existe la acusación verbal de Juan Andrés Llorens, edil de Urbanismo entre 2003 y 2007, negada por otro testigo. Y el supuesto delito cometido por Martí podría incluso haber prescrito.

Circunstancias que poco tienen que ver con la contundente conclusión a la que había llegado la Guardia Civil en febrero de 2008: el móvil del crimen podía ser urbanístico por el interés de Cano en controlar el desarrollo del plan general urbano. La policía descubrió otros tentáculos de supuesta corrupción que desde entonces están por investigar, como es el caso del Plan de Reforma Interior (PRI) Rotonda.

En casa de Ponsoda se encontró abundante documentación de este sector de suelo, "cuando se tiene conocimiento de que el alcalde no se implicaba directamente" en estos asuntos, concluyó la Guardia Civil. En este plan se produjeron operaciones sospechosas, como que se multiplicara por cuatro el precio de una parcela en ventas sucesivas un mes antes de que el Ayuntamiento aprobara el proyecto de urbanización. Gisela de Mingo, la representante legal del urbanizador Brick and Tile, declaró a la Guardia Civil que recibió llamadas anónimas advirtiendo de que "pegarían un tiro al concejal de Urbanismo, Juan Andrés Llorens" si se aprobaba el proyecto de reparcelación. Unas amenazas que no denunció.

Otro caso a investigar es el Programa de Actuación Urbanística (PAU) Matet. La empresa Bahía Activos presentó en julio de 2005 el plan parcial de mejora y anexo de homologación de un suelo rústico que había comprado entre 2003 y 2004 por 3,35 millones de euros. Llegó al pleno para su aprobación, pero quedó finalmente sobre la mesa ante las dudas legales que generaba. Román Zurutuza, otro propietario de suelo rústico en la misma partida, presentó un convenio para urbanizar 700.000 metros más antes de que Cano dejara de ser concejal en 2003. De las conversaciones grabadas a Cano, la Guardia Civil descubrió citas, comidas y hasta una reunión en el Ayuntamiento con estos empresarios.

Otro tentáculo se refiere a las mercantiles de varios concejales. Tres ediles y hasta el secretario del Ayuntamiento tenían cargos en mercantiles relacionadas con el urbanismo. Los resultados de la solicitud de información tributaria de 35 personas físicas y jurídicas están incorporados a la causa urbanística, pero la investigación de los ingresos en las cuentas de las sociedades de Cano (Inversiones Puig Campana, SL y Cano Berenguer, SL) finaliza con una lacónica frase: "No se ha podido concluir la procedencia del dinero".

También hay en la investigación un apartado de infracciones urbanísticas. El concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007 aportó a la Policía la lista de las sanciones propuestas por infracciones urbanísticas, entre las que había una de 175.000 euros, otras de 71.600 euros con una orden de demolición y siete más por encima de 30.000 euros. Pero cuando se cometió el asesinato de Ponsoda en octubre de 2007, ninguna había sido comunicada a los infractores.

Además, en junio de 2006 desapareció el Libro de Resoluciones de la Concejalía de Urbanismo con los datos desde 1996 hasta enero de 2003. Justo las que corresponden al periodo de Cano al frente del urbanismo local.

También hay grabaciones. Antes de la confección de la lista electoral del PP de Polop en 2003, el entonces presidente de la Diputación de Alicante, Julio de España, convocó al alcalde Ponsoda y sus concejales a una reunión para decirles que debían excluir a Cano y Joaquín Montiel porque había tenido conocimiento de unas grabaciones en las que ambos aparecían pidiendo dinero a un empresario a cambio de una licencia. Sin embargo, ni el empresario, ni la dirección provincial del PP ni los regidores populares presentaron denuncia alguna.

Por otro lado, Llorens contrató varias veces con el Ayuntamiento siendo regidor. La empresa Expertia Asesores, SL, de la que Llorens era administrador solidario, recibió un contrato menor de 11.878 euros. Fue descubierto, pero devolvió el dinero cobrado y continuó de edil. También aseguró a través de su correduría varios coches municipales, a los niños de un colegio y hasta un grupo electrógeno del Ayuntamiento.

Siendo edil de Hacienda modificó el contrato de la basura con FCC, que pasó de cobrar 4.000 a 30.000 euros mensuales "por hacer exactamente lo mismo". Luego la empresa estuvo un año sin cobrar. Cuando Ponsoda fue asesinado, Polop debía a FCC 420.733,53 euros.

Otro punto del caso se refiere a una permuta. En 2004 Llorens quiso permutar un terreno contiguo al Ayuntamiento para un aparcamiento, que finalmente compró la mercantil de Benidorm TZ Promoin Levantinas, SL. En 2006 lo ofreció en permuta al consistorio a cambio de cuatro parcelas municipales que los técnicos tasaron en un millón, muy por encima de su valor. "El principal interesado y promotor de la permuta de terrenos resultó ser Juan Andrés Llorens", según la Guardia Civil.


* El País - 28.03.11
Foto: Polop (Alicante) - flickr.com

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Aragón.- Los vecinos quieren "ciudades con una movilidad sostenible"

ALTOARAGÓN* : En la asamblea anual celebrada el sábado en Zaragoza, la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVAragón), aprobó "casi por unanimidad" trece resoluciones entre las que destacan las que hacen referencia a la defensa de la Sanidad Pública, la petición de cierre de la central nuclear de Garoña, y el rechazo de la Ley Sinde. Así mismo, la asamblea se manifestó a favor del "reconocimiento institucional del movimiento vecinal aragonés; por la pronta construcción de los hospitales de Alcañiz y Teruel; por unas infraestructuras al servicio de los intereses vecinales en Aragón, y por unas ciudades con una movilidad sostenible y un tráfico pacificado".

Reclaman, además, "un urbanismo racional y la vertebración del territorio aragonés", defienden la agricultura y ganadería, en especial ecológica, se manifiestan por "la preservación de las Cajas de ahorros como instituciones financieras de carácter social", denuncian la "antisocial" subida en las tarifas de la luz, y se pronuncian contra "los desahucios por impago de las hipotecas" y por la "defensa de las pensiones públicas".

En la asamblea participaron unos 50 vecinos y vecinas en representación de las tres Federaciones aragonesas: Osca XXI de Huesca, FABZ de Zaragoza y San Fernando de Teruel, así como asociaciones procedentes de Senegüé, Sorripas, Ejea de los Caballeros, Villanueva de Gállego, Pinsoro y Alcañiz.

Miguel Ángel Mallén, presidente de CAVAragón, valoró el desarrollo de la asamblea, ya que durante la jornada "se han cumplido todos los objetivos previstos. Se han aprobado las cuentas y el informe de gestión del año 2010, así como el plan de trabajo y presupuestos para el 2011; se ha decidido por unanimidad la entrada de CAVAragón en la cooperativa de servicios financieros, Coop57 Aragón, entidad con criterios éticos y al servicio de los colectivos sociales aragoneses; se han compartido experiencias prácticas de participación vecinal como las "vecinales" de El Cajicar (en Senegüé y Sorripas) y los procesos de participación ciudadana en Alcañiz (para alcanzar su propio Plan de Participación y el Plan de Infancia y Juventud)", han informado desde CAVAragón.

PONENCIA DE NOEMÍ NEGREDO

A partir de la ponencia de Noemí Negredo, la asamblea debatió sobre modelos autonómicos de participación ciudadana.

"Una vez más -han explicado desde la Confederación vecinal aragonesa-, las vecinas y vecinos de Aragón han coincidido en demandar más procesos participativos que acerquen a los ciudadanos a las administraciones públicas, la formación para utilizar herramientas que permitan una intervención "de tú a tú" en las distintas instituciones y órganos disponibles y, en definitiva, trazar las sendas hacia una democracia más madura y desarrollada".


* Diario Alto Aragón - 28.03.11
Foto: Imagen de la mesa que dirigió la asamblea, con la oscense Carmen García a la izquierda - altoaragon

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Inauguración 'punto guarro' - Forges



Forges, Viñeta inauguración punto guarro - elpais - 20110325

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Ferrol se convierte en la primera urbe que expropia edificios ruinosos

ELPAÍS/A Coruña : El Ayuntamiento de Ferrol se dispone a expropiar aquellos solares abandonados y ruinosos que afean el casco histórico de la ciudad "hasta las últimas consecuencias". Un paseo por los barrios de A Magdalena y Ferrol Vello descubre en pocos pasos decenas de edificios en ruinas, inmuebles deshabitados consumidos por la carcoma o viviendas a medio rehabilitar. Para demostrar que la batalla contra la dejadez urbanística es inminente y decidida, la corporación ferrolana aprobó por unanimidad el Registro Municipal de Solares y Edificaciones, una herramienta administrativa que agiliza los procesos expropiatorios y persigue a los titulares que abandonen terrenos y edificios a su suerte.

La nueva ordenanza del gobierno socialista, un documento de diez páginas, se aprobó en el pleno del pasado 24 de febrero, tras casi tres años atascada en los despachos, y contó con el inusitado respaldo de PP, Izquierda Unida, BNG e Independientes por Ferrol. Los cuatro grupos en la oposición sumaron así sus votos al PSdeG del alcalde, Vicente Irisarri, en minoría, para blindar el centro urbano contra la especulación y el abandono.

Contener la ruina, favorecer la regeneración urbanística y obligar al propietario a cuidar de su patrimonio es el triple objetivo de este reglamento, que reemplaza a una antigua ley de ordenación urbana de 1956, y equipara a Ferrol con otras grandes ciudades gallegas que ya cuentan desde hace años con un reglamento similar. Sin embargo, ningún otro municipio de la comunidad autónoma ha aplicado la norma hasta sus últimas consecuencias.

Desde el gobierno ferrolano garantizan que la voluntad política es "actuar para evitar que se especule con el suelo". Como ejemplo, señalan una parcela que lleva décadas bajo un manto de maleza en un lateral de la céntrica plaza de Amboage, o un edificio a medio terminar en la calle de la Iglesia. Es más que probable que los primeros expedientes expropiatorios revisen con lupa el estado y la titularidad de estas parcelas. En la teoría, el reglamento favorece las expropiaciones si se comprueba que su dueño, aun teniendo posibilidades económicas, ha incumplido reiteradamente su obligación legal de cuidar su patrimonio."No se trata de ponerle a nadie una soga al cuello, pero sí de apremiar a los propietarios que tienen recursos para que se apliquen", asegura el concejal ferrolano de Urbanismo, Ángel Mato. Explica que su departamento analizará "con mucho detalle" las circunstancias de la propiedad, "porque habrá casos de todo tipo, e incluso personas sin recursos ni posibilidades de hacerse cargo".

"La expropiación será la última consecuencia, pero estamos decididos a dar pasos en esa dirección y ejecutarla si es preciso en casos extremos y concretos", apunta Mato, consciente de que esos procesos se pueden atascar varios años en la vía judicial.

El texto de la ordenanza describe el libro de solares y edificios como un "mecanismo rápido y eficaz", que obliga a edificar o reconstruir a fin de evitar una situación "perjudicial para el interés público, y en algunos casos, con fines altamente especulativos". Pauta la edificación o rehabilitación forzosa cuando "se incumpla el deber urbanístico" en los plazos establecidos para intervenir en solares desiertos, casas abandonadas, construcciones paralizadas o edificaciones ilegales, y excluye a los edificios públicos.

De acuerdo con el reglamento, los propietarios disponen de un plazo de dos años para edificar a partir de la declaración de ruina o de la notificación formal que les obliga a rehabilitar. Cumplido ese tiempo, hay otros seis meses para el cruce de las resoluciones que preceden al proceso expropiatorio. Desde ahí, el Ayuntamiento de Ferrol podrá decretar la edificación o rehabilitación forzosa directamente o por medio de un particular que denomina "agente edificador".

Este periodo de dos años y medio puede acortarse si hay riesgo de ruina inminente o en función de la importancia del inmueble a proteger. Si el municipio no edifica antes de 18 meses, el propietario sancionado también puede solicitar que se revierta el proceso y recuperar así su vivienda o solar.

La necesidad de reforzar las competencias del Ayuntamiento en materia urbanística se constató en abril del 2008. Un edificio deshabitado y ruinoso situado en la calle Magdalena, justo enfrente del consistorio, se desplomó a media tarde sobre la vía pública y sepultó un coche bajo un aluvión de piedras y cascotes.

Este primer derrumbe hizo saltar las alarmas vecinales sobre el mal estado de conservación de los edificios. En Ferrol, se da la circunstancia excepcional de que tres personas, dos de ellas conocidos promotores urbanísticos, poseen más de 240 inmuebles en el municipio, prácticamente el 20% de las viviendas históricas, algunos de los siglos XVIII y XIX.

En los cuatro últimos meses se han producido otros dos desplomes parciales de cierta importancia en las calles Cataluña y Real, y el último desprendimiento de cascotes se registró el pasado viernes en un edificio de la calle Lugo.

Urbanismo apura el final del mandato para poner en marcha otra herramienta paralela y complementaria a la ordenanza de solares, el Patrimonio Municipal del Suelo. Se trata de un censo de las propiedades urbanísticas del ayuntamiento, desligado del censo municipal ordinario, que permitirá acelerar la tramitación de los expedientes de sanción y contempla la posibilidad de permutas, explica Ángel Mato, que confía en presentar este inventario en pocas semanas.

El reglamento de las Inspecciones Técnicas en los Edificios y un convenio con el Colegio de Arquitectos de Galicia para supervisar el estado de los inmuebles más antiguos, completan el paquete de medidas puesto en marcha en los últimos meses para atajar la ruina urbanística que consume buena parte del patrimonio de la ciudad.


* El País - 27.03.11
Foto: Ferrol (A Coruña), agonía barrio antiguo - lavozdegalicia.es

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La concejala Porras adjudicó 28 contratos para parques infantiles a una directiva del PP de Málaga

LAOPINIÓN* : En sólo dos años, 2008 y 2009, la concejala Teresa Porras, como responsable del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga, adjudicó 28 contratos directos para instalación y suministro de parques infantiles en la capital a dos empresas vinculadas a la militante del PP Virginia Vallejo Castro, que es miembro de la dirección del PP de Campanillas, y a su socio Jorge Peláez Pelaez, lo que supuso un gasto total de 245.000 euros. Porras, según avanzó ayer la Cadena Ser, adjudicó los contratos a través de dos empresas, Jopeva y Roro Park, cuyos socios en ambos casos eran Jorge Peláez y Virginia Vallejo. La primera de ellas, Jopeva, se ubica en la capital, en la barriada de La Fresneda de Campanillas, mientras que Roro Park tiene su domicilio social en Torrox-Costa.

Gracias a los 28 contratos adjudicados estas dos empresas han construido diversos parques infantiles como los de las barriadas de Sixto, Dos Hermanas, en las calles José Iturbi, Espacio, o en Carril del Pato. Los diversos contratos, según las facturas presentadas, oscilan entre los 10.000 y los 49.000 euros.

Según las facturas consultadas, las dos empresas están vinculadas, ya que uno de los socios, Jorge Luis Peláez, aparece tanto en los contratos adjudicados a Roro Park como a Jopeva. Las factura presentadas van en su mayoría a nombre de Jorge Peláez. Los contratos eran adjudicados indistintamente a Jorge Peláez o a Virginia Vallejo, según las órdenes de compras firmadas por la concejala.

A su vez, los pagos autorizados por la intervención municipal iban también indistintamente a nombre de Virgina Vallejo o de Jorge Peláez.

Virginia Vallejo es secretaria de la dirección local del PP de Campanillas, ha sido interventora en las elecciones europeas de 2009 a cargo del PP en Campanillas y a su vez fue vocal suplente del grupo popular en las juntas del distrito en el 2002.

Teresa Porras ha protagonizado un caso similar al adjudicar al menos 25 contratos a dedo a la empresa Ideacua Arte Urbano en los últimos cinco años, algunos de los cuales suman 448.448 euros.

Se trata de trabajos de esculturas y ornamentos urbanos, como las letras escultóricas que anuncian las playas de La Misericordia o La Malagueta o las jardineras que adornan la calle Larios. Entre los trabajos está la contratación de estructura de sombra para la Feria de 2005, por importe de 94.648 euros; las letras para las playas de la Malagueta y La Misericordia por 41.713 y 56.480 euros, respectivamente; la estructura de sombra de la Plaza de la Constitución en 2006 por valor de 79.730 euros, y las estructuras ornamentales del Carnaval de 2007 por importe de 29.000 euros. Cuando IU le pidió explicaciones en el pleno, Porras afirmó que realizó dichas contrataciones a la misma empresa porque le gustaban a ella.


* la Opinión Málaga - 26.03.11
Foto: Parque infantil en Campanillas.- laopinion

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Nuevo récord histórico de ejecuciones hipotecarias en 2010: cerca de 100.000

ELMUNDO* : Las ejecuciones hipotecarias continúan aflorando con fuerza y batiendo récords. A pesar de que su número 'sólo' creció un 0,32% en 2010 con respecto a 2009, éste vuelve a situarse próximo a los 100.000. En concreto, se produjeron en total 93.622 procesos el pasado ejercicio, casi cuatro veces más de las que se registraban al inicio de la crisis, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde 2007, la justicia española ha ejecutado 271.570 hipotecas: 25.943 en 2007, el primer año de la crisis, 58.686 en 2008 y 93.319 en 2009, a las que se suman las del año pasado. Las demandas de ejecución, que solicitan sobre todo las entidades financieras, y que afectan tanto a particulares como a empresas, por impago de hipotecas permiten que la entidad financiera u otro acreedor subaste el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses.

No obstante, el CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces, ha avisado en repetidas ocasiones que las estadísticas no dan la "idea real" de todos los inmuebles que se están ejecutando en los juzgados. La única petición puede conllevar la subasta de varios bienes, de modo que "puede ser todavía más alarmante el incremento detectado".

Durante 2010, el incremento de las ejecuciones hipotecarias se ralentizó trimestre a trimestre. Entre enero y marzo se registraron 27.561 ejecuciones, con un incremento interanual del 17,7%, mientras que en el segundo trimestre se produjeron 24.533 de estos procesos, un 3,4%.

En el tercer trimestre, los expedientes volvieron a moderarse hasta los 19.358 procedimientos, con un crecimiento del 0,6%. Si bien, ya en el cuarto trimestre, se produjo un descenso del 17,8%, hasta las 26.941 ejecuciones.

A pesar de esta moderación, las cifras revelan que, aunque España comienza a dar sus primeros en la senda de la recuperación, las altas cifras de desempleo siguen dificultando el pago de muchas hipotecas, lo que lleva a las entidades financieras a ejecutarlas.

12 comunidades 'respiran'

Por otro lado, al contrario de lo ocurrido en 2008 y 2009, el número de ejecuciones hipotecarias en 2010 no ha aumentado en todas las comunidades autónomas. En 12 se ha reducido. Así, el número de solicitudes subió en Andalucía (0,8%), Cataluña (0,3%), Valencia (11,1%), Extremadura (32,3%) y Murcia (8,3%).

En el lado opuesto, se redujo en Aragón (-14,2%), Asturias (-13,9%), Baleares (-13,9%), Canarias (13,2%), Cantabria (-6,8%), Castilla y León (-0,7%), Castilla-La Mancha (-0,8%), Galicia (-5,4%), Madrid (-3,6%), Navarra (-8%), País Vasco (-7,5%) y La Rioja (-10,5%).

Por otro lado, los embargos descendieron en 2010, pasando de los 176.211 a los 145.955 expedientes, un 17,1% menos. Sólo en el cuarto trimestre, los embargos se redujeron en un 30,5%, con un total de 32.580 expedientes.


* El Mundo - 25.03.11
Foto: Un empleado de Caixa Cataluña comercializan pisos embargados o ejecutados - elmundo



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La manifestación contra la corrupción reúne en Valencia a miles de personas

ELPAÍS* : El lema Contra la corrupción y por la transparencia ha reunido esta tarde en Valencia a miles depersonas en una marcha de protesta por el centro de la ciudad. Los organizadores, la plataforma Col.lectiu contra la Corrupció, ha cifrado en 60.000 los asistentes, que se han manifestado en rechazo de la situación política en la Comunidad Valenciana, con un presidente, Francisco Camps, y varios ex altos cargos del PP imputados por supuesto cohecho pasivo impropio en relación con los regalos de la trama Gürtel. Durante la marcha, que ha comenzado pasadas las 18.00, los participantes han mostrado pancartas con lemas como No a la corrupción, Camps dimisión o carteles con muñecos recortados en forma de chorizo con las figuras del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; Alvaro Pérez El Bigotes; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el coordinador de Economía en las Cortes, Ricardo Costa, y el propio jefe del Consell.

Asimismo, un estandarte al frente de la marcha mostraba un lazo negro en señal de duelo por las víctimas de la corrupción. También se han escuchado eslóganes como "Camps dimisión", "Te quiero un huevo, quiero un traje nuevo", "No nos mires, a ti también te roban" o "El president a Picassent".

Al inicio de la protesta se ha registrado un incidente, cuando un pequeño grupo de una decena de personas ha enarbolado pancartas contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha provocado las protestas de los asistentes, que les han acusado de "provocar".

Entre los manifestantes se encontraban dirigentes políticos socialistas, como el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, acompañado de la secretaria provincial del partido en Valencia, Carmen Martínez, o el portavoz socialista en la cámara autonómica, Ángel Luna. Asimismo, también han estado presentes en la marcha el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, y las diputadas del grupo Mònica Oltra y Mireia Mollà.

La portavoz del colectivo organizador, Reyes Matamales, ha señalado que su organización denunciará la corrupción "sea del partido que sea", aunque ha admitido que en este caso "es del PP y de Camps". "Queremos unas instituciones transparentes y que el PP dé explicaciones a los ciudadanos y a la oposición de la -presunta-financiación ilegal y de dónde están nuestros impuestos", ha agregado.

Alarte ha indicado ante los medios que, independientemente del número de ciudadanos congregados hoy en Valencia, está seguro de que "en sus casas hay miles"de valencianos que "tampoco les gusta lo que ven". Por ello, ha pedido que las instituciones "vuelvan a funcionar bajo criterios de honestidad y honradez". Por su parte, Enric Morera ha señalado que el objetivo de la marcha es "pedir la regeneración democrática" de las instituciones valencianas, por lo que, ha insistido, "los partidos no deberían llevar en sus listas imputados y tránsfugas".

La manifestación, convocada a las 18.00 horas en la plaza de San Agustín de Valencia, se ha dirigido hasta el Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la calle de San Vicente, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, desde donde la marcha ha girado hacia la calle de las Barcas para desembocar en el Parterre y en la plaza de Alfonso el Magnánimo, sede del máximo órgano judicial de la región, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto titulado No a la corrupción. Camps dimisión.

Fuentes policiales han confirmado que mientras la cabecera de la marcha se situaba frente al TSJCV, la cola de la misma permanecía todavía en la calle de las Barcas, aunque no han precisado cifras.

El manifiesto, con referencias al caso Gürtel, proclama la "defensa de la democracia" en la Comunidad Valenciana y advierte de que está "acosada por el cáncer de la corrupción y el abuso de poder". En este sentido, insiste en que la corrupción, "lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido, con los sucesivos gobiernos del PP, en una práctica sistemática". Tambiéndenuncia la supuesta "connivencia de la Generalitat con la mayor trama de corrupción conocida en la era democrática" de España. Esta situación, han lamentado los organizadores, está "colapsando la vida pública, los recursos financieros y el patrimonio natural y cultural" de la Comunidad y "amenaza" el futuro.

El PP valenciano intentó parar la protesta en los juzgado, donde denunció que tenía "fines delictivos" y el único propósito de "injuriar" a Camps. Por ello, solicitó la suspensión cautelar de la manifestación, lo que el juzgado desestimó por considerar que era "urgente", dado que la convocatoria circulaba desde febrero en las redes sociales.

En un comunicado emitiro hoy, el vicesecretario de Organización del Partido Popular valenciano Valenciana, David Serra, ha asegurado que la manifestación ha sido "catalanista e independentista, y en contra de la Comunidad Valenciana". Serra ha criticado que el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, y los partidos de la oposición se hayan "querido exhibir con orgullo al lado de aquellos que siempre están en contra de esta tierra, de sus ciudadanos y de sus intereses".

A su juicio, la oposición demuestra una vez más que "no están preparados para velar por los intereses de los valencianos", ya que para ellos "lo más importante es la salir en la foto abanderando una campaña de insultos e injurias para hacerse de notar".


* El País - 26.03.11
Foto: Asistentes a la manifestación contra la corrupción durante la marcha por el centro de Valencia - elpais

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