PÚBLICO/Madrid* : El pelotazo urbanístico fraguado en 2004 por Martinsa con la compra de los suelos de la Unidad de Ejecución 124 de Arganda, el mismo pelotazo que, según el juez del caso Gürtel, proporcionó a Francisco Correa una comisión de 12,8 millones, fue posible gracias al ayuntamiento de ese municipio, en manos del PP. Pero aquel armazón urdido bajo apariencia de legalidad se habría derrumbado de no ser porque ni Esperanza Aguirre ni su Gobierno pusieron trabas a una operación sobre la que le habían alertado de antemano los dos dirigentes que entonces gobernaban las cuentas del PP: Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Ambos avisaron a finales de 2004 a la presidenta y líder regional del PP de que el concurso para la venta se había amañado a favor de Martinsa. Y de que aquel apaño no era gratis. Aguirre exhibió su incredulidad. Pero la adjudicación se llevó a cabo: y el 25 de noviembre ganó Martinsa. Hoy, la presidenta mantiene su silencio sobre si recibió o no aquel aviso cuya veracidad van confirmando el tiempo y la instrucción del caso Gürtel: tanto el ex alcalde de Arganda Ginés López, como el ex responsable de la sociedad municipal que organizó la venta, Benjamín Martín Vasco, permanecen imputados como presuntos receptores de sobornos. Martinsa siempre ha negado el pago de comisiones y cualquier irregularidad en la UE-124.
Plarquin inclinó la balanza
Pese a la alerta de Bárcenas y Lapuerta, no sólo no hubo obstáculos por parte de quienes rodeaban a Aguirre sino camino llano. De hecho, un informe de valoración elaborado por la empresa Plarquin, de la que había sido copropietario el entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto, inclinó la balanza de la venta de terrenos en favor de Martinsa. En octubre de 2006, Porto dimitió, aparentemente forzado por otro escándalo urbanístico.
Efectuada por debajo de la tasación encargada por el propio ayuntamiento, aquella venta de suelo le hizo perder no menos de 20 millones al erario público de Arganda. Preparado por la empresa Aguirre Newman, el informe de valoración económca cifraba el precio del suelo en 95,9 millones de euros. Pero el ayuntamiento los enajenó por 77 millones, de los que, además, sólo cobró de Martinsa 66 bajo promesa de recibir los otros 11 en obras. El compromiso de pago en especie, alerta la portavoz socialista en Arganda, Victoria Moreno, jamás llegó a cumplirse. La concejal recuerda cómo la existencia de la tasación de Aguirre Newman no afloró hasta que el PSOE interpuso un contencioso contra la venta de la UE-124. La demanda fue archivada.
Mientras el ayuntamiento sellaba un pésimo negocio, Martinsa hacía su agosto. La promotora recuperó la inversión en dos años y obtuvo su primera gran plusvalía. ¿Cómo? Vendiendo por 73 millones un tercio de los terrenos por cuya totalidad había pagado 66. Martinsa se desprendió de ese tercio del suelo tras el verano de 2006. Es decir, cuando el plan parcial que desarrollaba el área había cruzado ya todas las barreras administrativas. En realidad, superar los trámites le resultó fácil a aquel macroproyecto de 160.000 metros cuadrados diseñado inicialmente para 1.600 viviendas y donde el ayuntamiento terminó por autorizar 2.400. Cuando, en el otoño de 2005, el plan llegó a la Comunidad de Madrid, la misma Dirección General de Urbanismo que regía Enrique Porto emitió dictamen favorable. Y lo hizo sin demoras pese a que el proyecto de Martinsa incumplía la legislación del suelo en cuanto al número de aparcamientos proyectados.
En contra de lo habitual, el informe de Urbanismo sobre el plan de la UE-124 no lleva la firma de ningún técnico sino sólo la del subdirector general. Hubo un segundo informe, el de la subdirectora general de normativa y régimen jurídico. Y ese da por válida la cifra de una plaza de parking por cada cien metros edificables, en lugar de 1,5, que es lo que preceptúa la ley. Con su dictamen favorable, el equipo de Porto cerraba así el círculo abierto dos años antes, cuando la empresa de los socios del entonces director general calificó el proyecto de Martinsa como el más idóneo urbanísticamente y le garantizó así su victoria frente a las otras dos empresas que pujaban por los terrenos.
Sin devolución de expediente
El error de los aparcamientos pasó inadvertido hasta que el alcalde de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana, lo puso sobre la mesa en la Comisión de Urbanismo que, el 31 de enero de 2006, debía dar vía libre al plan. En lugar de devolver el expediente a Arganda, la comisión lo aprobó a condición de que se subsanase lo relativo al parking. El PSOE asegura que se sumó al visto bueno porque ignoraba lo que escondía la UE-124.
Con aquella aprobación condicionada, Martinsa ganó tiempo. Y pudo dar el pase de terrenos la venta de un tercio por el triple de lo que le había costado una vez que el pleno municipal de Arganda aprobó definitivamente el plan, el 5 de julio de 2006.
Seis años después del pelotazo, mientras los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) examinan con lupa el expediente de la UE-124 por orden del juez Pedreira, Aguirre mantiene su silencio sobre aquel aviso de Bárcenas y Lapuerta. El asunto de Arganda se limitó a predecir hace diez días se resolverá "próximamente". Pero los investigadores del caso no son tan optimistas. Porque falta confirmar quién pagó los 12,8 millones que Correa cobró en una cuenta de Suiza. Y falta, también, averiguar quiénes más recibieron comisiones ilegales.
* Público - 24.01.11
Foto: La Unidad de Ejecución 124 de Arganda continúa siendo un erial en espera de que se construyan las viviendas - público
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YAENCONTRE* : Pese a la dura recesión económica que vive España, el sector inmobiliario sigue sin ajustarse de verdad. Según las datos que maneja el Ministerio de Fomento, desde máximos -primer trimestre del 2008-, el precio de la vivienda ha caído un 13,1%. En el último año el descenso fue solamente del 3,5%. Estas caídas son mucho más moderadas que en otros países, que han vivido una crisis económica similar. En Irlanda, que vivió una burbuja del ladrillo similar a la de España, los precios han bajado ya un 36,7%. En Estados Unidos, el precio de la vivienda ha caído un 32,6% en 37 meses. Mientras que en el Reino Unido el ajuste ha sido del 22,6% y se ha producido en veinte meses. En opinión de José García Montalvo, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, "en aquellos países donde el precio de la vivienda no se ha ajustado demasiado, el inicio de viviendas ha caído en picado".
Esto es lo que sucedió el año pasado básicamente en España. De iniciar 865.000 unidades en el 2006 -año de máximos- se pasó a que el pasado ejercicio sólo se empezó la construcción de unas 100.000 viviendas.
Para Jaume Puig, director general de GVC Gaesco Gestión, "el punto de partida en España era mucho más desajustado y para colmo el ritmo del ajuste inmobiliario está resultando mucho más lento". En su opinión, esta realidad "tiene claras consecuencias en el consumo".
En EE.UU. y el Reino Unido, explica, "las caídas en en el precio de la viviendas se han producido de forma rápida y el consumo ha empezado a recuperarse también de forma acelerada". Por el contrario, las caídas lentas en España "están produciendo efectos perversos para el consumo". Es decir, añade, "se instala cierta apatía en la economía y la recuperación es más difícil".
Puig explica que en Japón el precio de la vivienda ha caído durante 18 años a ritmos del 4-5%. "Esto ha provocado -subraya- que una generación entera, los ciudadanos que ahora tienen entre 35 y 40 años, sean reacios a adquirir pisos porque han visto durante muchos años caídas en precios sucesivas a ritmos suaves". Varios expertos consultados coinciden en que la reactivación del sector inmobiliario será una clara muestra de que se sale de la crisis, puesto que el frenazo en la construcción de pisos ha influido en las altas tasas de paro.
* YaEncontré - La Vanguardia - 18.01.11
Foto: Vivienda, bloques - EFE
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MÁLAGAHOY* : El promotor y constructor granadino José Ávila Rojas se enfrentará a una petición fiscal de siete años de cárcel por un delito continuado de estafa en la venta de unos inmuebles en la localidad malagueña de Marbella. José Ávila tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados el próximo jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, según han indicado a Efe fuentes judiciales. El acusado proyectó la edificación de sótanos, aparcamientos y 73 viviendas en Marbella, según el escrito acusatorio del fiscal, al que ha tenido acceso Efe. El 28 de abril de 2003, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella le concedió licencia de obras al proyecto básico condicionado a cumplimentar determinadas deficiencias y a la obtención, previa a las obras de la licencia de tala y repoblación del arbolado.
Contra esta licencia la Junta de Andalucía interpuso recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, actualmente en curso.
El ministerio público mantiene que el acusado, persona que de hecho dirigía la sociedad, cuando se le denegó la licencia ya había vendido en virtud de contrato privado algunos apartamentos y había recibido en reserva dinero por otros.
Ávila Rojas "decidió continuar con la ejecución de las obras y venta de los inmuebles con intención de enriquecerse en perjuicio de los compradores, por lo que hizo ocultar a éstos la denegación de la licencia".
Además, el fiscal mantiene que llegó a afirmar "falsamente" en los contratos privados que el solar contaba con licencia de obras y simuló continuamente con la legalidad de su actuación pese a que los inmuebles vendidos no pueden ser legalmente ocupados.
Respecto a la responsabilidad civil, el fiscal ha pedido que se decreten nulos los contratos privados que firmó el constructor con los compradores y se les entregue las cantidades entregadas incrementadas en el interés legal.
* Málaga Hoy - 23.01.11
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)
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PÚBLICO/Madrid* : ¿Es lícito combatir la impunidad de un delito cometiendo otro? Cada desalojo okupa atrae a la opinión pública un viejo debate que la Constitución de 1978 creía resuelto. El artículo 47 de la Carta Magna deja claro que el Estado impedirá la "especulación" con el uso del suelo. La experiencia okupa de las últimas décadas otorga argumentos a los activistas frente a los propietarios. Público ha comprobado que el 50% de los edificios ocupados en Madrid en las últimas décadas permanece abandonado por sus dueños después de que un juez ordenara su desalojo. "Un propietario de un coche que no paga las multas, ni el seguro, denuncia que un individuo se ha colado en su vehículo. El juez le dará la razón y ordenará a la policía echar del coche al okupa, pero no preguntará por los incumplimientos del dueño". Con ese ejemplo explica el sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid Miguel Ángel Martínez la legitimidad de la denuncia okupa.
Ya hay administraciones que están tomando medidas contra los especuladores. Es el caso de Euskadi, que en su anteproyecto de la ley de vivienda regula las casas desocupadas. Los ayuntamientos podrán exigir a los dueños de inmuebles deshabitados durante más de dos años un canon anual.
Precisamente ayer, en Barcelona, un grupo de activistas comunicó, aprovechando una manifestación contra los recortes sociales, que el martes pasado ocuparon la sede del antiguo Palau del Cinema, en la Via Laietana, propiedad del Grupo Balañá. El edificio llevaba abandonado desde hace años, esperando una reforma.
El conflicto se agita además cuando el acusado de especulación es el propio Estado. El Ayuntamiento de Madrid adquirió en 1991 un edificio en el número 20 de la calle Corredera Baja de San Pablo para su uso ciudadano, como espacio social o como vivienda pública. Durante 20 años se esforzó en desalojar a cada vecino. Este edificio fue puesto en venta por diez millones de euros. La crisis ha obligado a bajarlo a cinco. Ni rastro de la vieja intención de adquisición para los vecinos.
"Se trata de uso de dinero público para el disfrute económico de una empresa pública o privada", analiza Martínez. El colectivo Patio Maravillas entró por la puerta a este abandonado inmueble el pasado 5 de enero. "Queremos hacer un centro de investigación de lo público. Estamos sufriendo un expolio de la propiedad pública", explica Javier, uno de los activistas. Para llevar a cabo su proyecto, han contactado con ONG, asociaciones e incluso concejales.
El Patio Maravillas es la versión más social del movimiento okupa. Su objetivo es denunciar la especulación y reclamar más servicios ciudadanos. Hace justo un año fueron desalojados del abandonado edificio del número 8 de la calle del Acuerdo, propiedad de la inmobiliaria Grupo 2 Reunidos S. L., cuyo presidente es Leopoldo Arnaiz, diseñador del plan general de ordenación urbana de Boadilla del Monte, y citado en una denuncia del caso Gürtel.
El propietario de un edificio desalojado está imputado en el 'caso Malaya'
El edificio de Arnaiz seguía vacío hasta hace dos meses, cuando cedió temporalmente su espacio a una parroquia que se había quedado sin sitio en el vecino convento de las Comendadoras. Tras el desalojo, los activistas anticapitalistas del Patio Maravillas se mudaron a dos céntricos inmuebles del ayuntamiento también abandonados.
Uno de esos espacios donde los activistas desarrollan actividades vecinales está situado en el número 21 de la calle del Pez y es propiedad de la inmobiliaria Procasa Promociones y obras S.A. desde 2006, cuando fue comprado a los herederos del marques de Murrieta Julián de Olivares y Bruguera por 11 millones de euros. Hasta la llegada del Patio Maravillas, hace justo un año, Procasa asociada en negocios inmobliarios con el imputado de la Gürtel Jacobo Gordon mantenía la casa abandonada.
En las últimas dos décadas han trascendido a la opinión pública 12 desalojos en Madrid. Los estudiosos del movimiento, como el sociólogo Miguel Ángel Martínez, autor de Okupaciones, de viviendas y centros sociales. Autogestión , contracultura y conflictos urbanos (Virus), señalan que son "muchos más" los edificios ocupados aunque resultan "invisibles para el público".
Otro inmueble sobre el que pesan los años de inactividad es el antiguo Liceo Sorolla, en el número 22 de la calle de Alonso Castrillo, en el barrio de Tetúan, cerrado desde 1995. En dos décadas ha pasado por las manos de tres propietarios diferentes y ninguno ha conseguido dar una salida ciudadana al edificio. "Seguramente se haga algo de uso social aunque podrían hacerse viviendas", explica Amparo de Villa, portavoz de la propietaria: la inmobiliaria La Rebeldía 77 S. L. Esta empresa adquirió el edificio en 2008, casi una década después de que un colectivo okupa intentara hacer del antiguo colegio un centro social para el vecindario.
Un grupo activista anunció ayer la ocupación de un cine en Barcelona
Salvo para los vecinos, que reclaman su uso público, el caso del Liceo Sorolla permanece en el olvido. Otros edificios abandonados forman parte del paisaje del centro más turístico de la capital. Por la puerta de los cines Bogart, en la calle de Cedaceros, pasean decenas de diputados cada día camino de su despacho en el vecino Congreso de los Diputados. En 2006 fue ocupado durante una semana. Sus puertas siguen mostrando un muro de ladrillo tapado empapelado con publicidad. Su propietario es la empresa Inversiones Batuecas Torrego S. L., de Agustín Batuecas, consejero ejecutivo de ACS.
El cine Bogart cerró sus 388 metros cuadrados de instalaciones en 2001. Durante una semana de 2006 fue ocupado por el colectivo Rompamos el Silencio que pudo comprobar el lujo de su interior. "La escalera es de marmol-cerámico con barandilla de hierro forjado artísticamente, todo en armonía con el gran lujo que requiere el edificio", dice la descripción del edificio del Registro de la Propiedad.
Propietario imputado
Uno de los últimos desalojos en Madrid fue el del Palacio Social Okupado Malaya, en el número 49 de la calle Atocha. El caso fue sonado porque el propietario del edificio, Pedro Román Zurdo, ex teniente de alcalde de Marbella con Jesús Gil, está imputado en el caso Malaya. Su hija, María Pilar Román Martín, junto con Javier Pérez Villena, figuran como administradores de la empresa Atocha, 49. Los dos fueron detenidos también durante la operación Malaya. En marzo de 2008, el colectivo La Alarma ocupó esta finca, con diez apartamentos en tres plantas y dos patios interiores, tras 15 años de abandono. La aventura duró poco. Nueve meses después, un juez ordenó su desalojo y todavía permanece cerrada.
El Laboratorio II fue otro reducto okupa condenado al olvido. Este centro de Lavapiés, que colaboraba con entidades como SOS Racismo, Ecologistas en Acción y Sodepaz, era uno de los más activos de Madrid. En 2001, una juez ordenó desalojarlo, aunque 15 meses antes la misma magistrada había determinado que los jóvenes no cometían ningún delito por usar "un inmueble abandonado durante dos décadas". 400 ciudadanos se opusieron al cierre de esta finca, ocupada desde 1999. Hoy, el Labo II es una foto de otra época en la remodelada plaza de Cabestreros.
Recuperación social de edificios abandonados
Laboratorio II
Este edificio de 12 viviendas, en la plaza de Cabestreros, fue uno de los centros ‘okupas’ más activos de Madrid. Un juez ordenó desalojarlo en 2001 y sigue cerrado desde entonces . La finca llevaba 20 años vacía.
Rompamos el Silencio
Durante una semana de 2006, este colectivo habitó a modo de denuncia los 380 metros cuadrados abandonados del cine Bogart en la calle Cedaceros de Madrid.
Palacio Social Malaya
Propiedad de un imputado en el caso Malaya, esta finca de la calle Atocha acogió durante meses al colectivo ‘okupa’ La Alarma. Un juez los echó hace tres años. Sus más de 900 m2 permanecen sin uso.
Patio Maravillas
Desde el pasado 5 de enero, el colectivo ‘okupa’ trata de rehabilitar un céntrico edificio vacío del ayuntamiento en venta en Madrid para su uso social.
CSO La Pecera
Los ‘okupas’ desalojados del antiguo Liceo Sorolla enviaron una carta a la propiedad en la que aseguraban que no dañarían el edificio ni buscaban lucrarse.
* Público - 23.01.11
Foto: Okupación como denuncia inmobiliaria (esquema) - publico
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HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), y tres concejales de su equipo de Gobierno declararon ayer ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Ayamonte por un supuesto delito de prevaricación al otorgar una licencia de primera ocupación de viviendas de lujo ubicadas en una urbanización de El Rompido "sin que estuviesen finalizadas". Según informó a Europa Press José Luis Revilla, letrado del matrimonio denunciante, propietario de una de estas viviendas, en la vista celebrada este viernes, Millán, que declaró como imputado, se acogió a su derecho de no responder a ninguna de las preguntas formuladas y simplemente aseguró que "cuando otorgó las licencias, los informes eran favorables". Según los denunciantes, cuando se le entregó la vivienda, de un coste aproximado a los 600.000 euros, ésta "no estaba acabada y la urbanización tampoco, ya que aún había operarios trabajando en la zona".
El letrado informó que la constructora "iba a construir en un principio casi 200 viviendas y al final sólo ha entregado 80, quedándose en descampados las zonas verdes y de ocio, de las que iban a disfrutar en un principio".
Por su parte, el alcalde de Cartaya se negó a realizar cualquier tipo de declaración respecto al tema, ya que, según indicó, hablará cuando la jueza resuelva y se dicte la sentencia.
Juan Antonio Millán está imputado también, junto al teniente de alcalde, Miguel Novoa, por el caso Hiconsa sobre presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos situados junto al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral.
La denuncia fue interpuesta por la oposición al "existir claros indicios de delitos, tales como prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio".
Según los denunciantes, la construcción de viviendas en esos terrenos, que miden 21.000 metros cuadrados, comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que determinados aspectos del proyecto eran ilegales. En lo que se conoce como la valoración del diez por ciento de los aprovechamientos lucrativos, Hiconsa pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por el arquitecto denunciado, quien al parecer trabajaba al mismo tiempo para esa empresa y para el Ayuntamiento. Sin embargo una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estima en 4,4 millones de euros lo que debió pagar Hiconsa. En este sentido, la oposición pide que la investigación judicial aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones".
* Huelva Información - 22.01.11
Foto: Entrada principal a la urbanización de lujo Villas del Rompido, objeto de la denuncia.- huelvainformacion
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ELPAÍS* : Propietarios de terrenos en el extrarradio de Alicante denuncian que el Ayuntamiento, presidido por la popular Sonia Castedo, varió la calificación de su suelo de protegido a rústico tras negarse a vender a un particular. Este tipo de operaciones especulativas (acaparar suelo protegido para transferir luego la edificación a zonas urbanizables de la ciudad) centra una de las líneas de investigación de la pieza separada del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del consistorio al empresario Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. El comprador que aspiraba a hacerse con el terreno de esos propietarios fue, según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, José Fermín Doménech Martínez, gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) entre 2003 y 2006. Las operaciones que el sumario del caso Brugal indaga en ese terreno están relacionadas con compras de suelo en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el paraje protegido de Agua Amarga, en las que están implicados el promotor Ortiz y directivos de Bancaja y la CAM.
No obstante, esa pieza del sumario permanece aún bajo secreto sumarial, y sólo han trascendido, por error del juzgado, las diligencias relativas a las operaciones supuestamente orquestadas por Ortiz.
Los denunciantes (cinco propietarios) poseen unos 700.000 metros cuadrados de suelo rústico, en la partida de Bacarot, en las inmediaciones del polígono de las Atalayas y Pla de La Vallonga. En el primer avance para la revisión del PGOU de Alicante esa área se calificó como paraje natural.
Los propietarios aseguran que en el verano de 2008 representantes de la firma Mallaeta Urbana se dirigieron a ellos para comprarles el suelo. Tras varias reuniones, uno de los dueños accedió a vender su parte. El precio de compra pactado era de 11 euros por metro cuadrado, el contrato de compra-venta también estipulaba una entrega del monto global de la operación del 10% a la firma de la escritura.
Los representantes de Mallaeta Urbana presentaron un primer contrato de compraventa a ese propietario para firmar el 6 de noviembre de 2008. El comprador era José Fermín Doménech Martínez, en nombre de la mercantil Spencer Asesorament, SLU. Una semana más tarde, en concreto el 14 de ese mismo mes, presentaron otro contrato, en el que el comprador seguía siendo el ex gerente del IVVSA, pero en este caso en nombre de la empresa Mediterranean Patrimonio de Levante, S L. Esta empresa y la primera tienen su domicilio social en la misma dirección de Massanassa (Valencia).La operación de compra no prosperó, porque el propietario exigió elevar del 10% al 20% la entrega a la firma del contrato. Al mes de frustrarse esa operación, el Ayuntamiento eliminó de PGOU esa zona como parque natural, que volvió a ser suelo rústico. En contrapartida, otorgó dicha calificación a otra área contigua, el paraje de la sierra de Fontcalent.
Los propietarios de las Atalayas presentaron una alegación en mayo de 2005 exigiendo una explicación por el cambio de calificación de suelo. El Consistorio no les contestó. Sí respondió, en cambio, a las alegaciones del grupo municipal socialista tras la aprobación provisional del PGOU. El PSPV preguntó por los cambios operados y por las discrepancias entre los planos y la memoria del planeamiento en casos como el parque natural de Fontcalent y el equipo de gobierno contestó en junio de 2009: "Las alegaciones de Fontcalent, y la reducción del suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada con respecto al documento inicialmente expuesto al público provocaron que se excluyeran los suelos de protección de Atalayas y los de Pla de la Vallonga, además parte de estos suelos ya son de propiedad pública, hecho que garantiza aún más su protección y la innecesariedad de ser obtenidos".
La lista de parques naturales del futuro PGOU de Alicante ha variado desde 2008. La memoria justificativa del planeamiento aprobado inicialmente en octubre de 2008 preveía 12 parques naturales, entre ellos La Vallonga y Las Atalayas. En abril de 2009, sin embargo, se borraron de la lista los dos parques citados y se dejó en 10 las zonas protegidas. En ninguno de los dos documentos aparecía la consideración de parque natural para Fontcalent, que se incluyó en el texto aprobado en mayo de 2010.
El ex gerente, que impulsó desde el IVVSA el llamado Manhattan de Cullera, antes fue asesor y secretario de la agrupación de interés urbanístico de los propietarios del suelo afectado por el plan en la localidad de la Ribera Baixa. Según fuentes socialistas, Doménech trabajó para la agrupación de propietarios de La Vega entre 1998 y 2000. Tres años después, este abogado fue nombrado responsable del IVVSA por el ex consejero de Territorio, Rafael Blasco. A finales de 2003, el Ayuntamiento de Cullera, del PP, firmó un acuerdo con el IVVSA para planificar y redactar ese plan (35 rascacielos junto al mar).
* El País - 23.01.11
Foto: Terrenos próximos al polígono industrial de Las Atalayas, en el término municipal de Alicante.- elpais
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JAUME ASENS Y GERARDO PISARELLO* : En las últimas semanas, el Gobierno ha vuelto a pronunciarse contra la dación en pago en materia hipotecaria. Esta medida, hace tiempo reclamada por diferentes organizaciones sociales y partidos, permitiría a las familias con hipotecas impagables saldar su deuda una vez que entregan la vivienda a las entidades financieras. La obcecación resulta inexplicable tratándose de una propuesta de mínimos ya reconocida en países como Alemania, Francia o Estados Unidos. En todo caso, refleja bien el enorme poder de las entidades financieras y la falta de predisposición política para poner freno a la cultura especulativa que ha conducido a la situación actual. La ministra Elena Salgado sostiene que este tipo de medidas pondría en riesgo el sistema financiero y que las familias deberían haber sido más prudentes a la hora de solicitar créditos. A estas alturas, sin embargo, el argumento no es de recibo. En un Estado que había hecho muy poco por garantizar vivienda de alquiler asequible, el endeudamiento fue para muchas familias la única forma de acceder a un hogar. Ante la débil capacidad de ahorro de los sectores más vulnerables, las entidades financieras facilitaron créditos que podían superar el valor de los pisos.
En muchos casos, la valoración de dichas viviendas corrió a cargo de agencias de tasación estrechamente ligadas a bancos y cajas. La promoción de avales cruzados, entre personas desconocidas, y la ocultación de información respecto de la posible depreciación de las viviendas también fueron hechos frecuentes. En un contexto así, atribuir toda la responsabilidad a las familias hipotecadas es inaceptable. Entre otras razones, porque con ello se absuelve no sólo a los agentes privados involucrados sino también a sus supuestos controladores públicos, comenzando por el Ministerio de Economía y Hacienda y por el propio Banco de España.
Un Gobierno consciente de la cuota de responsabilidad pública en lo ocurrido no debería dudar en colocar el derecho a la vivienda de los potenciales desalojados por encima de los beneficios de la banca. En la práctica, en cambio, ni la moratoria ICO ni el resto de ayudas previstas por los poderes públicos han sido un remedio al sobreendeudamiento. Es más, mientras los desahucios han crecido de manera exponencial, los privilegios de las entidades financieras no han hecho sino consolidarse. Cuando la subasta de inmuebles queda desierta –que es lo que sucede últimamente–, las entidades bancarias pueden adjudicárselos por el 50% del valor de tasación. Una vez que los adquieren, pueden dedicarse a perseguir a las personas desalojadas por la totalidad de la deuda y poner el piso en venta de inmediato a precios de mercado.
En un escenario así, la dación en pago debería ser vista como la justa consagración del derecho a comenzar de cero. Como una pequeña pieza, en realidad, de un programa más amplio orientado a proteger a las personas de los
desalojos por razones económicas y a hacer del acceso seguro a una vivienda un auténtico derecho. Las asociaciones vecinales que, en diferentes ciudades, se solidarizan con familias deshauciadas e intentan bloquear los desahucios están señalando una urgencia: evitar que quienes han perdido su trabajo se queden, además, en la calle. Pero con su acción directa están indicando también la necesidad de otras políticas públicas. Políticas que promuevan moratorias eficaces, una refinanciación asequible de las deudas e incluso su condonación, sobre todo cuando las familias ya hayan sido deshauciadas o cuando la mala fe de las entidades financieras sea probada.
De cara al futuro, estas políticas deberían trazar un “nunca más” respecto de las prácticas especulativas promovidas por las entidades bancarias y por sus supervisores públicos. Ello exige, por ejemplo, que los créditos para compra de vivienda no comprometan en ningún caso más del 25% o del 30% de los ingresos personales o familiares. O que las hipotecas no puedan pagarse durante más de 20 años. Pero requiere, de modo muy especial, la adopción de medidas contundentes de regulación pública del mercado con un objetivo preciso: erradicar los ejercicios antisociales y antiambientales de la libertad de empresa y del derecho de propiedad que han conducido a la emergencia habitacional actual.
¿Qué impide, en efecto, una actuación más decidida sobre el stock de vivienda construida y no vendida, forzando su movilización hacia el alquiler social? ¿Por qué no hacer valer los derechos de adquisición preferente de los poderes públicos en los procesos de ejecución de vivienda? ¿Por qué no se plantea la fijación de precios máximos de alquiler por zonas, como en Austria o Alemania? ¿Por qué no se penaliza de forma severa el mantenimiento injustificado de viviendas vacías? ¿Para cuándo una depuración y democratización del sistema financiero y crediticio, en lugar de esta cerrazón privatizadora que aboca a la repetición más temprana o más tardía de la catástrofe? Son estas cuestiones, más que la funambulesca retórica que pide “calmar a los mercados”, las que pueden conducir a una reactivación sostenible de la economía, capaz de garantizar a todos el derecho a una vivienda y a una calidad de vida dignas.
* Jaume Asens y Gerardo Pisarello son juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2950/vivienda-y-cultura-especulativa
* Rebelión - 22.01.11
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LEVANTE* : Algo olía mal en la depuradora de Pinedo. Años de sobrecostes, gastos escandalosos y hasta facturas hinchadas habían ocasionado un déficit en las cuentas de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) de más de 15 millones de euros. La situación era insostenible y se acercaba la Asamblea que debía aprobar las Cuentas Generales del 2009 y que descubrirían el pastel. A 20 días de este encuentro en que todo iba a salir a la luz, el gerente negoció a la baja un nuevo contrato con la firma que llevaba el mantenimiento de las estaciones del bombeo del colector Oeste, Gea Manuel. Esta empresa, que es propiedad de los cuñados del alcalde de Moncada y vicepresidente primero de la Diputación por el PP, Juan José Medina, aceptó misteriosamente rebajarse sus emolumentos a casi la mitad de lo que había percibido desde 2005. En concreto, las horas de trabajo pasó de cobrarlas a 22 euros a hacerlo a 12, y por realizar las mismas tareas.
Gea Manuel entró en 1996 de la mano del concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Vicente Jurado, según reconoció la propia empresa a este periódico. En 2005 firmaron un contrato, rubricado por el ahora imputado por estafa Esteban Cuesta, por "la realización de todos los trabajos de mantenimiento del alumbrado de las estaciones de bombeo del colector Oeste". Cada hora trabajada la cobraban a 22 euros, una cantidad más que generosa. Cinco años después y a días de que todo saltara por los aires decidieron pactar con el gerente 10 euros menos por hora trabajada, lo que reduciría con creces los 1,6 millones que facturaron durante sus años de vinculación con la empresa pública ahora liquidada.
Tras estallar el escándalo y hacerse públicas todo tipo de irregularidades en la gestión de la depuradora se decidió liquidar Emarsa y ceder su gestión en el mes de agosto a una UTE liderada por Aguas de Valencia. La nueva concesionaria eliminó a todas las subcontratas, entre las que se encontraba la de los cuñados del alcalde de Moncada. Llama la atención que estos trabajos de mantenimiento los están realizando en estos momentos los propios trabajadores de la depuradora, con lo que están ahorrando a la planta hasta 600.000 euros al año, si nos atenemos a la facturación de Gea Manuel en 2009, el ejercicio donde se le fue la mano a los gestores de Emarsa.
Esta renegociación del contrato denota la preocupación por cerrar una herida que ya había afectado a la arteria principal la empresa pública. Y es que la crisis económica fue quien hizo estallar la burbuja de Emarsa. Mientras hubo agua que depurar y una Generalitat que pagaba puntual y generosamente, el derroche perpetrado por la dirección de Emarsa no se notó. Las cuentas cuadraban. Nadie preguntaba. Con las penurias económicas agudizadas en 2009 y 2010, los valencianos consumen menos agua y los polígonos vierten menos al Colector Oeste. Los ingresos de Emarsa caen dramáticamente, tanto como los metros cúbicos de agua sin depurar, mientras los gastos sin justificar están en pleno apogeo. Aparece el déficit de 15 millones de euros y llegan los nervios que entre otras cosas motivan la renegociación de contratos como el de Gea Manuel que debían haber salido a contrato público. A partir de ahí todo es conocido. Sueldos millonarios, facturas inverosímiles y cobros por trabajos no realizados. El fin de una empresa que podía haber sido rentable.
* Levante - 20.01.11
Foto: Valencia, Diputación - newslacostera.com
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ELPAÍS* : El juez Juli Solaz, cuestionado por su parsimonia en la investigación del saqueo del Palau de la Música, ha tomado una última resolución sobre el caso antes de marcharse a la Audiencia de Barcelona: ha abierto una investigación separada para aclarar si hubo financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la institución. Aunque ve "indicios de delito" por el presunto cobro de comisiones ilegales, Solaz ha decidido no imputar al ex tesorero del partido Daniel Osácar ni al actual secretario de Inmigración, Àngel Colom, como solicitaba la fiscalía. El juez ha acabado haciendo lo que, tras un cambio de criterio que ha irritado a la oposición, planteó el Consorcio del Palau de la Música: que, en caso de abrirse una pieza separada, el juez no imputara a ningún cargo de CDC. El consorcio está integrado por el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que tiene mayoría y esta semana envió al juez, de forma unilateral, dos escritos.
En el primero pedía que se diera carpetazo a la investigación. En el segundo solicitaba que, al menos, no hubiera nuevas imputaciones.
En su auto, el juez critica los vaivenes del consorcio, que bajo el tripartito siguió la estela de la fiscalía y ahora, con el Gobierno de CiU, se ha desmarcado de ella. Su posición "cambiante y particularmente confusa" sitúa al órgano rector del Palau en una "completa desorientación" que, a su juicio, "en nada facilita la investigación". El juez recuerda que la fundación y el Orfeó se opusieron a la investigación de algunos hechos -pese a ser perjudicados por el expolio-, lo que "obedece a motivos ajenos al ámbito judicial".
La nueva investigación se centrará en aclarar si CDC recibía pagos de la empresa Ferrovial en una trama en la que el Palau de Fèlix Millet y Jordi Montull, sus saqueadores confesos, actuó como intermediario. El juez cree que existen indicios de delito basándose en un informe de la Agencia Tributaria, que cifra en 5,9 millones de euros el dinero que fue a parar a las arcas del partido nacionalista en concepto de comisiones ilegales. Estos pagos se derivan de la adjudicación de obras públicas de envergadura, como la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. Según la fiscalía, Ferrovial aparentaba destinarlos a fines culturales.
En la trama de financiación irregular supuestamente participó "únicamente un núcleo reducido" de los imputados hasta ahora por el desfalco, por lo que el juez pide a la fiscalía que especifique quiénes son. Solaz añade que podría haber "terceras personas", pero no concreta nombres y no se pronuncia sobre las imputaciones que pide la fiscalía.
El juez acepta la petición fiscal "de forma parcial", ya que la pretensión de investigar todas las salidas de dinero en efectivo supondría "vaciar de contenido la causa principal", en la que se analiza el desvío de fondos de Millet y Montull. Antes de abandonar el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Solaz subraya que las pesquisas sobre el saqueo están "prácticamente concluidas" y confía en que la pieza separada "agilizará" la investigación.El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, compareció a mediodía y celebró la decisión del juez Solaz de abrir una pieza separada para investigar la presunta financiación irregular de Convergència. La Generalitat quiere que "se llegue al fondo de la cuestión", dijo, y "conocer con toda profundidad y amplitud los hechos cuestionados por la fiscalía". "Somos los primeros interesados, por razones obvias, por filosofía y por transparencia", añadió. Homs, en cualquier caso, pidió que "se dejen de lado" los prejuicios de "algunos responsables políticos" y "se priorice la presunción de inocencia y el Estado de derecho". Homs también defendió los servicios jurídicos de la Generalitat y dijo que "no han variado su postura" desde el pasado mes de octubre, aunque obvió las modificaciones que se han producido en los escritos que el consorcio envió al juez.
Desde la oposición, el diputado del Partit dels Socialistes (PSC) Joan Ferran instó al presidente, Artur Mas, a que "no dé excusas" y aclare la presunta financiación irregular de Convergència. Ferran corresponsabilizó al consejero de Cultura y ex militante del PSC Ferran Mascarell de las decisiones de la Generalitat en el consorcio del Palau. En un tono más conciliador, el jefe de las filas socialistas en el Parlament, Joaquim Nadal, celebró la decisión del juez y llamó a todos los partidos a "dejar que la justicia trabaje tranquila", una petición velada de que los grupos no pidan comparecencias en el Parlament de miembros del Gobierno.
Iniciativa per Catalunya sí pidió la comparecencia en la Cámara del consejero de Cultura, Ferran Mascarell, para que dé explicaciones sobre las decisiones del consorcio. El PP señaló que la decisión de Solaz "deja en evidencia" al Gobierno de CiU, y ERC la consideró "una bofetada y un correctivo" al Gobierno.
* El País - 22.01.11
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
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SALVAR EL PALMAR/Cádiz* : La casualidad ha querido que se hayan superado esas 100.000 firmas justo al mismo tiempo que en Fitur, el Promotor del macrohotel, en compañía del Alcalde de Vejer, confiesen que siguen buscando a un socio hotelero que les acompañe en la “aventura”, y aprovechen para descalificar el movimiento de oposición al macrohotel en las redes sociales, como un “ruido” sin importancia. ¡Que falta de respeto, señores! Así desprecian a más de 100.000 personas de carne y hueso. Cien mil hombres y mujeres, con sus nombres y sus apellidos y su DNI, que no se esconden, que dan sus datos, y que están respaldando con sus firmas su total oposición al macrocomplejo hotelero en la Playa de El Palmar. Es muy posible que el Alcalde y el Promotor muestren esa insultante insensibilidad ante el compromiso solidario de miles de ciudadanos, porque en el estado actual de las cosas, ellos ya nada pierden. Ellos ya han dado el pelotazo con la recalificación de los terrenos y la vía libre para construir “133 habitaciones y 144 villas”.
Se las trae al pairo las redes sociales, o las plataformas ciudadanas. Ellos ya han hecho su negocio, ya van a tener sus bolsillos llenos... sólo les falta el paso final: que aparezca un inversor hotelero para explotar el supuesto hotel.
Por eso andan por Fitur un poco desesperados, a la “caza y captura”. No paran de buscar a ese socio hotelero que les permita forrarse. Y como no hay forma de que aparezca, se amparan en la crisis para justificar el parón del proyecto. Y de paso, siguen despreciando nuestro movimiento ciudadano.
Pero en ese desprecio se desvela EL GRAN TEMOR QUE NOS TIENEN. Ellos saben que al hipotético inversor hotelero que pueda surgir, y que en definitiva es el que va a explotar el apartohotel como negocio turístico, sí que le puede preocupar ¡y mucho! que el proyecto hotelero que le venden el Sr. Promotor y el Sr. Alcalde, tenga la frontal oposición de un poderoso movimiento ciudadano, que ya ha recogido más de 100.000 firmas REALES en contra de la construcción de ese hotel.
La Plataforma Salvar el Palmar, desde luego, no se va a quedar parada. Y si aparece ese inversor hotelero, nos encargaremos de que éste sepa desde el primer día, que enfrente tiene a miles y miles de personas movilizadas. ¿Que grupo hotelero con dos dedos de frente va a querer hacerse cargo de un complejo turístico que es rechazado frontalmente por los turistas, visitantes y admiradores que ya tiene la zona?
¡Ah! Y sobre el nombre de la criatura: “El Palmar Beach Eco-Resort”, así quieren llamarlo. Vamos a pasar por alto esa tendencia hortera a colocar el inglés a todo, con intención de sofisticarlo. Para gustos, colores. Lo que clama al cielo es lo de “Eco”. Pero Señor Alcalde, señor Promotor, ¿No lo vendieron hace un año como el más grande complejo hotelero de la costa de la Luz? ¡Ah! ¿Qué aparecieron de repente esos ecologistas tan molestos oponiéndose al proyecto? Bueno, pues no hay problema, le añadimos “Eco” al nombre, y resuelto! ¡A verdes y a sostenibles no les gana nadie!
POR FAVOR, HAY QUE SEGUIR FIRMANDO.
SI TODAVÍA NO LO HABEIS HECHO, ENTRAD EN LA PAGINA DE PELP! (WWW.SALVARELPALMAR.ES) Y DEJAD VUESTRA FIRMA. NO OLVIDÉIS MOVERLO ENTRE VUESTRAS REDES DE CONTACTOS Y AMIGOS.
* Salvar el Palmar - 21.01.11
Foto: Vejer (Cádiz), protesta Salvar el Palmar (archivo) - salvarelparmal
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LEVANTE/Alicante* : Xàbia fue el primer municipio de la C. Valenciana que consiguió que el Consell aplicara la medida extraordinaria de suspender parcialmente su obsoleto PGOU de 1990. Esa suspensión está vigente desde el 26 de enero de 2007. El decreto del Gobierno valenciano deja claro que estará en vigor hasta que se apruebe un nuevo Plan General y "como máximo por el periodo de cuatro años". Así pues, la suspensión de planeamiento agota sus días. El próximo miércoles cumplirá cuatro años y el actual gobierno local (Bloc-Centristes, PP y CpJ) no tiene a punto el nuevo Plan General. El pasado mes de julio aprobó y envió a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda el documento consultivo, que no es más que un primer avance de PGOU.
Al caducar la suspensión del planeamiento, Xàbia volverá al urbanismo de hace 20 años. Sectores que está previsto desclasificar como el del Saladar recuperarán la desfasada calificación de suelo urbanizable no programado.
Pero es evidente que el gobierno local acudirá a la conselleria para que prorrogue la medida excepcional de la suspensión de licencias.
Nueva Jávea, que está en la oposición junto al PSPV, denunció ayer que "la inoperancia e incompetencia" del Bloc-Centristes y el PP no pueden tener como consecuencia que una situación extraordinaria se prolongue sine die. El portavoz de Nueva Jávea Paco Catalá ya avanzó ayer que su partido se opondrá a que se amplíe la paralización de permisos de obra. Catalá dijo que no se puede ahogar todavía más al sector de la construcción. Durante estos últimos años, sostuvo el edil, los constructores no han podido ni siquiera ejecutar pequeñas obras o reformas. Aseguró que hay amplia jurisprudencia contraria a que se prorrogue una situación "lesiva" para la economía local.
* Levante - 21.01.11
Foto: Xàbia (Alicante), vista - informacion
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FUERTEVENTURALIMPIA* : El centro de ocio BAKU lo construyó la empresa JOCA S.A. en una parcela de uso dotacional de 159.000 m2 en la urbanización Corralejo Playa, en cuyo proyecto figuraba un presupuesto para su ejecución de unos 18 millones de euros. Dicha empresa, suscribió un contrato con el entonces alcalde de La Oliva Domingo González, para su explotación durante 50 años, con la condición de que una vez transcurrido ese tiempo dichas obras pasarían a ser propiedad municipal, teniendo que pagar además un cánon al Ayuntamiento de 3.000€ mensuales, a partir de su apertura. Cualquiera con un mínimo conocimiento de obras podrá observar que para llevar a cabo las mismas no necesitaba de un presupuesto tan elevado, ya que todo consistía en movimiento de tierras (la mayoría provenientes de la piconera de Domingo González) además de fontanería y obras menores como piscinas y algunos locales comerciales sin ninguna complejidad técnica, y que el verdadero interés estaba centrado en la hipoteca a suscribir por el importe figurado de la totalidad de las mismas para utilizar ese capital en otras inversiones urbanísticas.
Una vez finalizada la obra fue inaugurada en marzo de 2.007, con licencia de apertura concedida por Claudina Morales con el apoyo del resto de formaciones políticas (PP y PSOE). La apertura se efectuó bajo concesión administrativa a la empresa Ocio Park Corralejo S.A., perteneciente al grupo constructor Tindaya que suscribió una hipoteca con una entidad bancaria poniendo como aval las obras ejecutadas por el importe que figuraba en el proyecto, 18 millones de euros, que en nada coincidía con lo que en realidad costó.
La operación especulativa tramada por los promotores de este proyecto ha trasladado el problema hacia el Ayuntamiento de La Oliva, puesto que la empresa concesionaria ha dejado de pagar la hipoteca que suscribió con la entidad bancaria y, a su vez, ha dejado de abonar los 3.000 € que debería hacerle efectivo al Ayuntamiento de La Oliva, con lo cual la actual corporación se encuentra en una encrucijada al no poder actuar contra los concesionarios para recuperar su propiedad ya que la misma se encuentra hipotecada.
* FuerteVentura Limpia - 10.01.11
Foto: La Oliva (Fuerteventura), centro Baku - fuerteventuralimpia
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PÁGINA 12* : Fue la más feroz, eficiente e influyente crítica del planeamiento urbano en Estados Unidos, la creadora de un nuevo paradigma. Y era una mujer diminuta, amable, bastante idealista, estupenda escritora y universitaria con curso incompleto. Jane Jacobs introdujo en la crítica a las ciudades algo que faltaba hacía rato: el sentido común de los que viven en esas ciudades y son sus dueños. Y le bastó apenas un libro, La muerte y la vida de las grandes ciudades, para dejar como pajarones a los que siguen diciendo que los que no son arquitectos tienen que aceptar y callarse las modas de los profesionales. De un plumazo, de un librazo, Jacobs demostró qué presumido y vacío es ese slogan. Este año se cumplen cincuenta de la publicación de su primera y más famosa obra, algo que será festejado en todas las latitudes donde se piensan las ciudades.
Jacobs nació en 1916 en la ciudad minera de Scranton, en Pennsylvania, hija de un médico con una buena y próspera práctica en ese lugar de accidentes y huelgas duras. Pero la joven Butzner se aburría y apenas terminó la secundaria se tomó el tren a la gran ciudad: Nueva York se ganaba una vecina que daría que hablar.
Era la Gran Depresión y la joven Jane no tenía más que trabajos ocasionales, boyando entre el periodismo free-lance y la taquigrafía por horas. En esos años de monedero flaco se acostumbró a caminar y caminar, pasando los días libres usando y observando la ciudad, tratando de entender por qué algunas zonas funcionaban y otras no. A la vez hacía cursos sueltos de sociología y de física, su otro gran amor, en la Universidad de Columbia.
Durante la guerra pasan dos cosas que formarían su carrera. Una es que comenzó a trabajar regularmente en la prestigiosa revista Architectural Forum, donde gradualmente se especializó en urbanismo. La otra es que conoció al arquitecto Robert Jacobs, se casó y se mudó a Greenwich Village, que todavía no era un barrio bohemio y mantenía la mezcla de clases sociales, de fábricas pequeñas, talleres y residencias, que caracterizaba a la mitad inferior de la isla de Manhattan.
La segunda cosa que pasó fue que el gobierno de Nueva York descubrió el planeamiento urbano moderno en la persona de Robert Moses, el asesor del mítico intendente Fiorello La Guardia. Moses se las arregló para destruir buena parte de la escala del viejo Nueva York, construyendo torres, autopistas y túneles con fondos federales. Para los ’50, con sus hijos pequeños y ya afirmada como crítica de temas urbanos, Jacobs peleaba con Moses a cara cerrada y en términos cada vez más amplios. Es en ese momento en que comienza a trabajar en su libro, publicado en 1961.
La definición de la obra es tajante y está en el primer párrafo del primer capítulo: “Este libro es un ataque al actual planeamiento y reconstrucción urbanos. Es también, y principalmente, un intento de presentar nuevos principios de planeamiento y renovación, diferentes y hasta opuestos a los que se enseñan hoy en todas partes, de las escuelas de arquitectura a los suplementos dominicales y las revistas femeninas. Mi ataque no se basa en detalles sobre métodos de renovación o en bizantinismos sobre modas en diseño. Es, en realidad, un ataque a los principios y objetivos que han formado el planeamiento y la renovación ortodoxos de la modernidad”.
La verdadera polémica y lo que hizo de La muerte y la vida de las grandes ciudades un clásico y un texto básico es su profundo ataque a la teorización rampante. Jacobs observa la ciudad real, viendo qué funciona y qué no, y por qué. Su punto de vista es el de la vereda, el del usuario, el que vive y trabaja en el tejido urbano, el que cría niños y usa los parques, el que va trabajar y considera esa criatura original llamada ciudad su hogar y ecología naturales. Esta ciudad tiene un nivel de realismo material y es una ciudad que debe ser respetado. Jacobs no tiene demasiado uso para el esteticismo de la City Beautiful, pero lo considera parte de la ciudad por su énfasis en los parques, en el ornamento público y la calidad de los edificios. La pelea empieza con los racionalismos diversos y en particular con las teorías que consideran superior el suburbio, el barrio parque y la baja densidad. Y la pelea se agrava con el adorado Le Corbusier, a quien Jacobs considera frescamente un desubicado, y con el planeamiento moderno de autopistas y torres aisladas de su entorno.
En contraposición a renders y ciudades radiantes, Jacobs arranca desde la vereda, literalmente. El primer capítulo de su libro se titula “La particular naturaleza de las ciudades” y tiene tres secciones dedicadas a los usos de las veredas: seguridad, contacto y la asimilación de los chicos. Lo que plantea la autora es que un barrio funcionando debidamente, con la debida mezcla de usos y personas, es capaz de contener y proteger a quienes pasan por allí, sean vecinos o ajenos. Esto se explica con ejemplos muy concretos de accidentes y problemas atendidos por vecinos, de esquinas que dan miedo y esquinas donde se espera el colectivo en paz. También se habla en los mismos términos de chicos jugando en la vereda y siendo “educados” por la comunidad, y de la vereda como espacio de contacto social entre desconocidos y personas muy diferentes, que agudamente es definida como la función más importante de las ciudades.
Lo mismo se aplica a los parques, a los monoblocks, a las avenidas comerciales: razones concretas para éxitos o fracasos concretos. Jacobs hasta explica, con tanta caminata, por qué las cuadras cortas son mejores que las largas, cómo es suicida destruir el patrimonio edificado y cuánto daño hacen los autos a los barrios. El centro exacto de su utopía urbana es la diversidad, de usos y de gentes, y asumir que la función principal de una ciudad es crear contactos. Uno de sus capítulos más brillantes e influyentes es el que estudia los monobloques construidos por Moses como solución para los problemas sociales. Moses masacró barrios enteros de Nueva York, cuadras y cuadras de edificios pequeños y en mal estado donde se vivía mal y se exhibían las patologías de la vida urbana. El reemplazo fueron hectáreas de césped con bloques de departamentos aislados en sus plazas, con centros urbanos en los grandes patios internos formados por cuatro o más bloques. El resultado fue una patología urbana aún mayor, por la pérdida de todo sentido de comunidad. Los habitantes de estos edificios se vieron físicamente separados de sus vecinos, en un diseño que hacía que los transeúntes literalmente cruzaran la calle y caminaran por el otro borde, el que mantenía la normalidad de edificios variados, comercios y la línea municipal continua. Harlem quedó marcada por décadas por estos experimentos en ingeniería social.
Leída en la Argentina medio siglo después, la obra de Jacobs es un arsenal de ideas y de explicaciones contra la presunción de los teóricos y de los vagonetas en función. La pena es que su obra sea casi inaccesible entre nosotros: su libro mayor se editó en España en 1967 y se reeditó en 1973, y su segunda obra sobre urbanismo, La economía de las ciudades, se editó en 1971 por única vez. Las copias son casi inhallables y la que existe en la biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos no se consulta desde los ‘90. Jacobs vive en castellano en Internet y en los apuntes de ciertos profesores que les dan a sus estudiantes una salida a la ortodoxia. Lo curioso del asunto es que cada vez que se hace una audiencia pública y los vecinos explican su oposición a la última genialidad municipal, los argumentos parecen salidos de las páginas de Jacobs...
Jane Jacobs murió en Canadá en 2006, diminuta y con noventa años. Hay un premio que lleva su nombre y no es para arquitectos ni urbanistas: se lo dan sus seguidores a algún civil que haga algo por su comunidad y su barrio. Entre los ganadores figuró un almacenero que se dedicó a limpiar su esquina de vendedores de droga para que los chicos pudieran jugar ahí otra vez.
* Página 12 - Sergio Kiernan - 15.01.11
Foto:
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SERGIO AGUAYO/México* : Urge ser integral en la guerra contra el crimen organizado. El Gobierno federal podría, por ejemplo, controlar por medio del Infonavit y el Fovisste el urbanismo salvaje, uno de los nutrientes del crimen organizado. En las guerras modernas el poder de fuego es sólo una de las variables. En el ya famoso diálogo entre Julio Scherer García e Ismael "El Mayo" Zambada publicado en Proceso, éste último lanza la pregunta: "El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos?". Responde con un fatalismo interesado pero realista: "el narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción" que, añado, interactúa con una cultura de la violencia que se desborda horrorizándonos. ¿De dónde sale tanto odio, tanto impulso destructivo? Para responder estas preguntas sirven los académicos y una importante dependencia federal, cuya identidad se revela al final del texto, comisionó en 2009 estudios en varias ciudades para tener un "primer acercamiento a los posibles factores" que detonan la "violencia social y de género", porque si las "violencias son construcciones sociales, económicas y culturales", en la medida en la que se les conozca será "posible realizar intervenciones para prevenirlas".
De esos estudios rescato las principales conclusiones de los trabajos sobre Aguascalientes, Guadalajara y Ciudad Juárez coordinados por Greta Papadimitrou, Guadalupe Rodríguez Gómez y Laurencio Barraza respectivamente,para consultar los trabajos ir a www.sergioaguayo.org.
El urbanismo mexicano reproduce las reglas del capitalismo de compadres: el sector privado impone la distribución geográfica y la modalidad de los nuevos asentamientos porque hay una privatización formal e informal de la tierra, de la vivienda y de la política urbanística. El Estado, o lo que queda de él, es un alcahuete al que sólo interesan el dinero que recibe por cambiar el uso de suelo o recibir obras incompletas o maltrechas.
El desorden se facilita por la rotación permanente de gobiernos locales (no hay reelección), por la degradación ética de todos los partidos y por la miopía de la autoridad federal.
Ejemplo: en la última década, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, ha entregado más de tres millones de créditos y en sus documentos presume de "sustentabilidad", de "construcción de tejido social" y de "respeto al medioambiente". Es una retórica vacía de contenido porque las investigaciones aquí citadas muestran un panorama diferente.
En nuestras ciudades hay dispersión urbana que reproduce la segregación económica y social, ciudades-dormitorio donde no se convive y espacios públicos despersonalizados, descuidados o abandonados. Tierra de nadie en la cual es notoria la escasa presencia de las instituciones del Estado. La alternancia no ha construido el capital social que hace funcionar la democracia; ha hecho jirones el que existía.
El desarrollo económico, cuando lo hay, tampoco ha resuelto las diferencias; las ha acentuado. En suma, salvo contadas excepciones, las ciudades mexicanas no se disfrutan, se sufren.
Los vacíos se han llenado con nuevos actores sociales, entre ellos el crimen organizado. Su presencia es mayor donde tenían presencia, Guadalajara y Juárez, y donde hay dinamismo económico y nudos de comunicación. Ciudad Juárez es un caso paradigmático. Ahí llegaron las maquiladoras en los sesenta, pero el auge de empleos sólo deterioró el tejido social.
El PAN ganó la gubernatura en 1992 pero la alternancia sirvió de poco. Una de las investigadoras, Delia Brenda Acosta Beltrán incluso sostiene que la "desigualdad urbana" ha sido un mayor detonante de la delincuencia que la pobreza.
Hugo Almada escribe, por su parte, sobre las viviendas abandonadas en Ciudad Juárez, una realidad generada por la "facilidad para la obtención de créditos y la sobre-producción de vivienda de interés social" con materiales de ínfima calidad y sin infraestructura. El resultado es que "unidades enteras de estas viviendas parecen hoy pueblos fantasmas".
Las investigaciones realizadas por INCIDE Social fueron auspiciadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación cuyo titular, Francisco Blake Mora, es el secretario ejecutivo del Gabinete de seguridad que debería ordenar ya al Infonavit y al Fovissste que impongan condiciones más estrictas a los "desarrolladores". Ignorarlo es perpetuar el urbanismo suicida.
La miscelánea
Murió el multifacético Ario Garza Mercado de El Colegio de México. Como maestro nos enseñó la metodología de la investigación, como bibliotecario sentó cátedra y como ser humano fue excepcional. Tomo prestados algunos adjetivos de un texto de Heshmatallah Khorramzadeh: Ario fue riguroso y disciplinado, tierno y apasionado, pícaro y alburero. Difícil olvidarlo.
* Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: Sergio Aguayo Quezada
* Periódico Noroeste - Opinión - 20.01.11
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ELPAÍS/Valencia* : A las 2.30 de ayer un hombre se acercó a la casa de la alcaldesa socialista de Turís, vertió dos botellas de gasolina en la puerta principal y le prendió fuego. En su interior dormían Pilar Blasco, que gobierna el municipio desde 2003, su marido y sus tres hijos. La mujer se despertó al oír ruido y dio la voz de alarma. El fuego fue sofocado rápidamente y el presunto agresor fue detenido en cuestión de dos minutos, gracias a que el retén de la policía local se encuentra a pocos metros de la casa. Lo de presunto puede parecer, en este caso, un formalismo: un agente le vio salir corriendo del lugar y las cámaras instaladas en el exterior de la comisaría grabaron su acción con todo detalle, según explicó la alcaldesa. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. La hipótesis más consistente apunta al urbanismo como causa del ataque.
Turís (Ribera Alta) se encuentra a 40 kilómetros de Valencia, tiene 6.500 habitantes y ha experimentado un gran crecimiento en la última década generando numerosos conflictos. La línea se ve reforzada por el hecho de que la secretaria municipal, Victoria Amat, sufrió un ataque similar la víspera de Nochebuena. El fuego afectó en aquel caso al jardín de la casa (carbonizó un ciprés) y fue provocado con pastillas para barbacoa.
El detenido es un hombre en la treintena, alto y corpulento, conocido en Turís por su falta de equilibrio mental, afición por las drogas e historial pendenciero, según relatan fuentes municipales. La alcaldesa asegura, sin embargo, que en los últimos tiempos no había causado problemas en el municipio y que no tenía cuentas pendientes ni con ella ni con el Ayuntamiento. Fuentes de la investigación barajaron la teoría de que el hombre hubiera actuado por encargo.
El miedo era ayer palpable en el Consistorio de la población de la Ribera Alta, y resultaba especialmente intenso en el caso de la secretaria. "Tengo tres hijos y estas cosas asustan. Lo único que quiero es que se aclare y vivir en paz", afirmó. Más entera, la alcaldesa añadía: "Me han preguntado por los daños, pero los daños no me preocupan. Si la policía no llega a tiempo para apagar el fuego, allí morimos". Mientras Pilar Blasco llamaba a la policía su marido apagó, con una alfombra, el fuego que se había colado en el comedor siguiendo el reguero de gasolina."La suerte", siguió Blasco, "es que no llegó a prender las cortinas que hay al lado de la puerta, porque si no, hubiese sido muy difícil de controlar". El fuego tampoco llegó a coger lo suficiente en el exterior, y pudo ser sofocado con un extintor.
El ataque a la secretaria tampoco resultó muy profesional. Y ayudó a que no se propagase, cuenta Amat, el hecho de que tuviera lugar en una noche muy húmeda. Después de encender las pastillas, el o los responsables empotraron el coche contra el montículo de arena de una obra, aunque lograron volver a arrancarlo y escapar. Amat y su familia no descubrieron lo ocurrido hasta la mañana siguiente.
Los conflictos derivados del crecimiento urbanístico se apuntan como causa probable por fuentes de la investigación. Y la tensión que han generado la podía confirmar ayer cualquiera de los vecinos que acudía al mercado al aire libre instalado frente al Ayuntamiento en una fría y soleada mañana de enero.
El Consistorio tiene abiertos 250 expedientes por infracción urbanística, aseguró el abogado municipal Enrique Torres. En muchos casos quizá puedan cerrarse con una multa pero en otros, indicó, pueden implicar la demolición de las casas levantadas, por ejemplo, sobre suelo no urbanizable. Esa ha sido, sin duda, una fuente de malestar. Complicada por el hecho de que la aparejadora municipal está siendo investigada por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación, según confirman desde instancias judiciales.
¿El motivo? Las infracciones urbanísticas prescriben al cabo de cuatro años. Según fuentes municipales, la aparejadora supuestamente dio por cumplido ese plazo en el caso de algunos expedientes cuando era falso: fotografías aéreas tomadas solo dos años antes mostraban que los chalés ni siquiera se habían empezado a construir.
No es la única disputa urbanística. Al ex concejal de Urbanismo, Rafael Corell, de un partido independiente que daba mayoría al PSPV en el Ayuntamiento, le fueron retiradas las competencias por la alcaldía después de que le llovieran quejas y denuncias por haber dado el visto bueno a edificios recién construidos cuando en realidad les faltaban requisitos legales básicos, lo que llevó a la compañía eléctrica a denegarles la conexión. Decenas de vecinos llevan años viviendo en esas condiciones precarias en pisos por los que pagaron 140.00 euros. Las reclamaciones se dirigen también hacia el constructor, el promotor e incluso un notario.
* El País - 22.01.11
Foto: Turis (Valencia) - mispueblos
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IDEAL/Granada* : La Fiscalía pide 10 años de cárcel y 14 de inhabilitación para el exalcalde de Gójar y diputado provincial Francisco Javier Maldonado (PP) por la presunta concesión ilegal de tres casetas de aperos, la modificación de un informe técnico para darle cabida legal y la alteración del PGOU. El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ya ha ordenado la apertura de juicio oral por esta causa, en la que también está imputado el actual alcalde de Gójar, el socialista Pedro Clavero, para quien la Fiscalía ha pedido un año de cárcel y ocho de inhabilitación por la presunta autoría de un delito contra la ordenación del territorio, imputación que ha recurrido, según ha informado en rueda de prensa. El ex alcalde está acusado de un delito contra la ordenación del territorio y dos de falsificación (uno en documento público y otro en documento oficial).
La Fiscalía pide penas que oscilan entre uno y cuatro años y medio de cárcel para el resto de los acusados: la secretaria municipal, un secretario habilitado por el Ayuntamiento en aquella época, el arquitecto municipal, la concejal de Urbanismo, el primer teniente de alcalde y dos ediles de la corporación que asistieron a la comisión informativa en la que se resolvió por unanimidad a favor de la concesión de las licencias (entre ellos el actual alcalde).
Según el Ministerio Público, los acusados acordaron conceder la licencia de las tres casetas de aperos pese a que no tenían la superficie mínima exigida en el PGOU para poder construir.
Lo hicieron además con informes desfavorables del técnico municipal y prescindiendo del informe jurídico preceptivo "a efectos de evitar que éste incidiese negativamente en la ilegalidad manifiesta", según la Fiscalía, que atribuye al ex alcalde un delito de falsificación en documento público porque supuestamente modificó el sentido del informe del técnico municipal que decía que no podían otorgarse las licencias por incumplir los requisitos del PGOU.
Falseamiento del PGOU
El otro delito de falsificación de documento oficial que le atribuye se deriva de la supuesta alteración y falseamiento del PGOU, dado que se publicó un plan de ordenación urbana que no se correspondía con el aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo para dar cobertura legal a las licencias otorgadas, según el fiscal.
El Ministerio Público también pide la nulidad de la norma aprobada y de las licencias autorizadas, así como la demolición de las obras que se hayan llevado a cabo en virtud de dichas licencias.
La petición de la Fiscalía y la apertura de juicio oral han sido dadas hoy a conocer en rueda de prensa por el actual alcalde -también imputado-, Pedro Clavero (PSOE), que ha dicho que el caso se originó tras una denuncia telefónica de la entonces concejal de Urbanismo, también acusada, que finalmente no se ratificó en ella.
La Fiscalía actuó de oficio y denunció a todos los miembros del anterior equipo de gobierno, según Clavero, que dice que él se limitó "a acudir como concejal de la oposición a la comisión informativa" pero "en ningún caso" participó de la decisión.
La secretaria de Política Municipal del PSOE, Elvira Ramón, ha llamado al PP a la práctica de una política "limpia y clara".
* Ideal - EFE - 21.01.11
Foto: Gójar (Granada) - andalucia.org
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LAREGIÓN/Galicia* : Una mala planificación urbanística y un excesivo desarrollismo son las causas de las inundaciones que con cierta asiduidad se producen en Galicia, según Concepción Gil, decana del Colegio de Ingenieros Técnicos y Obras Públicas de la comunidad autónoma. García, en declaraciones a los medios de comunicación, tomó como referencias el desbordamiento del Umia a su paso por Caldas, Ribadumia y Cambados, o las inundaciones en el casco urbano de Vilagarcía cuando coinciden la pleamar y las fuertes precipitaciones. Esta experta consideró que en episodios como los provocados por las últimas lluvias torrenciales en Galicia 'influyen varias circunstancias, pero sobre todo una mala planificación urbanística, así como un desarrollo excesivo', de modo que 'no se prevén las grandes avenidas que se producen cada 25 o 30 años'.
PLANIFICACIÓN
Según la opinión de la decana del Colegio de Ingenieros Técnicos y Obras Públicas de la comunidad gallega, al planificar el urbanismo 'hay que tener una visión histórica del paso del agua por determinados sitios', y sin embargo 'hoy se están poniendo demasiadas puertas al campo'.
García hizo hincapié en que las inundaciones 'se pueden evitar' con actuaciones que 'son caras' y recomendó a los ayuntamientos que contraten a ingenieros del mismo modo que cuentan con arquitectos municipales, con el objeto de realizar planeamientos específicos que eviten episodios como los de las riadas de los últimos días en las localidades referidas, que a la postre generan más daños y salen más caros que si se hubieran realzado acondicionamientos de las zonas afectadas.
* La Región - 18.01.11
Foto: Vilagarcía (Pontevedra), inundaciones - lavozdegalicia
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MUCHOCASTRO/Cantabria* : La semana pasada hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la que se anula el plan parcial del SUNP-7 en Mioño. Esta sentencia se une a un rosario de anulaciones judiciales que sumadas a las diligencias penales abiertas por diferentes asuntos urbanísticos han colocado al Ayuntamiento en una situación de crisis de difícil alcance, con repercusiones políticas obvias habida cuenta de la cantidad de políticos y técnicos afectados, y que, muy probablemente tengan consecuencias económicas de tal envergadura que dejen hipotecado nuestro Ayuntamiento durante muchos años.
El SUNP-7 entre La Loma y Mioño: Urbanismo especulativo
Paradigma de urbanismo estúpido es el SUNP-7. Se trata de un desarrollo urbanístico sobre una zona que se sitúa entre La Loma y Mioño, en lo que era un eucaliptal de considerable pendiente que desciende hasta la antigua vía del ferrocarril, entre el campo de fútbol de Mioño y el mesón el Túnel; son 75.000 m2 de superficie en los que se prevé construir 176 viviendas en gran medida construidas sobre pendientes que superan los 50º.
El plan parcial fue aprobado por el Ayuntamiento por unanimidad de todos los grupos políticos a pesar de las serias reticencias de la Comisión Regional de Urbanismo, y muy a pesar de que ese plan parcial, tal y como sucede también con las viviendas construidas en La Loma, no tiene garantizado el suministro de agua, que se emplaza a la construcción de un depósito de agua sobre la falda del monte Cueto, en un suelo protegido que en estricta aplicación de la ley no puede albergar ese tipo de edificaciones. Para mayor vergüenza diremos que el Ayuntamiento es quien debe costear el acceso, la urbanización y edificación del depósito, y la conexión con la red general del suministro, en Chinchapapa: estamos hablando de más de un millón de euros a costa de nuestras maltratadas arcas municipales. Urbanismo especulativo que tiene que ser costeado por todos los ciudadanos.
Cuando se aprobó el Plan General en junio del 97, esta zona estaba calificada como Suelo No Urbanizable, es decir, sobre la misma no se podía edificar. Oscuros intereses propiciaron que muy pocos años después se reclasificara, a pesar de las reticencias de la Comisión Regional de Urbanismo que finalmente cedió y se plegó a la insistencia de una sociedad promotora de Santander, Mipla de Inversiones S. L., aprobando la modificación del Plan General y reclasificando esta zona como Suelo Urbanizable No Programado el 30 de marzo de 2004. Esta clasificación de “No Programado” de acuerdo con la ley del Suelo de Cantabria es equiparable al “suelo residual”, es decir, que no tiene prioridad para su desarrollo, y más concretamente y a tenor del la propia ley en este tipo de suelos “pueden desarrollarse aquellos destinados a uso residencial una vez agotado mayoritariamente el suelo urbanizable delimitado”. Resulta sorprendente y sospechoso que, a una velocidad rara en los trámites urbanísticos, el Ayuntamiento aprobara inicialmente el plan parcial el 23 de junio de ese mismo año, estafando las propias previsiones de la ley pues ni la zona resultaba prioritaria para las necesidades de desarrollo de la ciudad, ni se habían agotado las posibilidades del suelo urbanizable que por aquel entonces tenía más de un millón de m2 por desarrollar en el municipio. Una vez más se demuestra que el Ayuntamiento ha estado plegado a intereses meramente especulativos.
Desclasificación de los suelos urbanizables de La Loma.
En la actualidad el Ayuntamiento ha encargado la revisión del Plan General de Ordenación y ya hay una propuesta encima de la mesa. El PSOE se ha limitado a dar a conocer esta propuesta a través de su página web, pero por lo general los partidos políticos, cuando de urbanismo se trata, hacen mutis por el foro. La propuesta del Plan General resulta preocupante, en cuanto que se reincide en los errores más o menos intencionados que ha padecido el crecimiento urbanístico de los últimos años. Es una cuestión que iremos desgranando, y lo tenemos que hacer desde Otro Castro Es Posible con el empeño de que este sea debate para las próximas elecciones municipales. Los ciudadanos queremos saber cual es la propuesta de desarrollo urbanístico que se plantea desde las diferentes opciones políticas. Estamos convencidos de que otro urbanismo es posible; un urbanismo a escala de los ciudadanos y que se apoye en las cualidades del territorio; un urbanismo en el que prevalezca el interés público frente a la especulación; un urbanismo en el que se priorice la protección del medio ambiente.
Concretamente en el caso de La Loma, pedimos que se desclasifiquen los suelos programados que injustificadamente proceden de operaciones de reclasificación y que han metido a este municipio en un problema muy serio. Nos estamos refiriendo al SUNP-7, al SUNP-4, y al SUNP-12, todos ubicados entre la Loma y Santullán. En el caso del SUNP-12 existe además la presunción de sospecha de comisión de delitos de prevaricación urbanística según se desprende de las diligencias penales que instruye el juzgado de Castro Urdiales. Independientemente de los resultados de lo que aún está pendiente de juicio, lo que si sabemos ya es que una ciudad no debe desarrollarse por efecto de la especulación urbanística, o dicho de otra forma, del enriquecimiento de unos pocos a costa de hipotecar el futuro de la ciudad.
La desclasificación es una figura incómoda para los políticos, y a decir verdad, poco habitual en la práctica administrativa cuando de ello se deriva la pérdida de plusvalía, es decir, de suelo urbanizable a suelo no urbanizable. La práctica habitual, ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones, ha sido justamente la contraria, de suelo no urbanizable a suelo urbanizable, tal y como ha sucedido en la Loma. Ha sido la jurisprudencia quien ha definido la viabilidad jurídica de la desclasificación. Sobre esta cuestión se litiga si al propietario o promotor le corresponden una indemnización por ver perdida su expectativa de construir. Las fuentes consultadas nos dicen que sólo cabría indemnización en el caso de que el propietario o promotor hubiera cumplido con los deberes urbanísticos, entre ellos costear la urbanización. Esto sólo se ha producido en parte en el SUNP-12, pero sobre este plan parcial pesa como ya hemos dicho diligencias penales que avisan de una tramitación fraudulenta.
Por lo tanto, no habría ningún impedimento para que el Ayuntamiento, vía plan general, actuara por la vía de la desclasificación; sólo es cuestión de voluntad política, seguida de la necesaria claridad para saber cual es el modelo de municipio en el que queremos vivir.
Voluntad política, eso es justamente lo que estamos echando en falta.
* ASOCIACIÓN CIUDADANA OTRO CASTRO ES POSIBLE
* Mucho Castro - 21.01.11
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KAOSENLARED* : El déficit de vivienda popular en Venezuela es gigantesco. Faltan casi 2 millones de casas entre los sectores sociales más debiles de la nacion. Se trata de un agudo problema que no se ha resuelto en los diez años del gobierno del Presidente Chávez, no obstante repetidos compromisos y anuncios gubernamentales. Para empeorar, la actual emergencia invernal ha complicado las cosas en este ámbito de la vida popular. Son miles de familias colocadas en situación de desprotección e interperie, viviendo en refugios improvisados, carpas, ranchos y tugurios callejeros, carentes de condiciones minimas de urbanismo. En los últimos dos meses el Presidente Chávez ha establecido compromisos públicos para resover este grave asunto. Ha fijado la apropiacion de mas 2000 millones de dolares provenientes de un crédito Chino y otros recursos fiscales para construir aceleradamente millones de unidades habitacionales en condiciones de dignidad y equidad para los más pobres del pais.
En su mensaje reciente del pasado sábado a la Asamblea Nacional se fijo como meta entregar 350 mil viviendas en los próximos 24 meses (2011-2012) y el Ministro Farruco, arquitecto encargado en la Presidencia del tema de Vivienda y el desarrollo urbanistico de Caracas para obtener su reconstrucción, ha dicho que en 5 meses estaran listas casi 30 mil viviendas en Caracas.
Agreguese la acción oficial contra la especulación y el atraco descarado de cientos de empresas constructoras que acumulan millones de bolivares con planes de casas y apartamentos que no entregan, despues de años de espera, porque la ausencia de una severa legislación en la materia propicia el mas descarado fraude en las promesas de compraventa, modificadas caprichosamente por los constructores para reajustar de mánera subita y astronómica los precios inicialmente pactados con las familias que canalizan con enormes sacrificios ahorros para adquirir sus viviendas.
Sin quitarle la importancia debida a esta acción gubernamental, ella se torna irreleventa en la solucion global del problema de vivienda descrito, dada la espesa maraña burocrática que todo lo desvia y la incontenible corrupción de los interventores que terminan apropiandose de las casas y apartamentos para repartirlos entre sus redes familiares y clientelares, omitiendo criterios de equidad, transparencia, justicia y solidaridad, frecuentemente invocados en la retorica dominante. Es francamente deplorable la ausencia de mecanismos de control social efectivos que permitan la correcta ejecución de las estrategias presidenciales para prevenir el cáncer de la depredación y la apropiación privada de los bienes públicos que deben ser focalizados para el servicio de los más necesitados, las familias obreras, campesinas y populares venezolanas.
Como el tiempo pasa y las soluciones anunciadas no llegan con la celeridad requerida, las miles de familias destechadas se estan organizando de manera espontanea en los principales centros urbanos del país para implementar esquemas eficaces de urbanismo y vivienda. Los primeros dias del mes de enero del 2011 estan mostrando una amplia movilización popular de los Sin Techo, invadiendo terrenos ociosos y ocupando viviendas y edificios desocupados porque sus dueños, verdaderos terratenientes urbanos, estan esperando el mejor momento para realizar jugosos negocios de venta en complicidad con la burocracia publica. El caso de la ciudad de Valencia ilustra esta situación, pues su muy socialista y chavista (PSUV) alcalde, E. Parra, ha movilizado la Guardia Nacional y los organismos represivos para perseguir y encarcelar las familias que se han movilizado en lucha por su vivienda.
Los Sin Techo es una subjetividad revolucionaria que se agrega al movimiento popular venezolano, que debe ser considerada en la lucha de quienes honestamente se han planteado el objetivo de transformar de manera radical la estructura oligarquica dominante en la nacion.
Los planes y compromisos del Presidente Chávez en materia de vivienda van a fracasar si se dejan en manos de la ineficiente y corrupta burocracia de los ministerios correspondientes, a la cual solo le interesa hacer negocios y amasar inmensas fortunas por cuenta de las necesidades de millones de venezolanos.
Las soluciones de vivienda llegaran de la mano con la más amplia participación de los movimientos de viviendistas y de los Sin Techo. Estos movimientos deben intervenir sin controles burocraticos y sin limitaciones politiqueras para garantizar que los recursos y dineros canalizados para este fin se apliquen honesta y correctamente en la compra de tierras, en la adopcion de los urbanismos complementarios (acueducto, alcantarillado, redes electricas, redes telefonicas, recoleccion de basuras, centos comunales, deportivos, educativos de salud, etc), en el pago de los diseños, en la compra de materiales de construcción, en el pago de salarios y jornales y en la cancelacion de los impuestos correspondientes.
Lo cierto es que este problema del déficit habitacional no da espera y se requieren ya las soluciones. No bastan los simples discursos oficiales. Los bien intencionados compromisos del Presidente Chávez requieren de una titánica voluntad política que supere los obstáculos de las burocracias corruptas e ineficientes.
* Kaos en la Red - Horacio Benítez - 17.01.11
Foto: Venezuela, protesta de los 'sin techo' - kaosenlared
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REGINA GALARZA, AURORA SADA Y PILAR MALÓN* : Durante los últimos años se han ido constituyendo a lo largo y ancho del Estado asociaciones de ciudadanos que luchan contra la especulación urbanística y contra la corrupción, asociaciones que han utilizado el nombre no se vende y que se han agrupado en torno a la Coordinadora Estatal en Defensa del Territorio. Los telediarios nos han hecho asociar el problema con el Mediterráneo pero, desgraciadamente, Navarra no es diferente. Por eso queremos gritar que Navarra tampoco se vende. No se vende a los especuladores inmobiliarios que, acostumbrados a beneficios estrambóticos, pasan por encima de lo que haga falta con tal de conservarlos. Y no se vende a los políticos que por intereses difícilmente confesables les tienden puentes de plata para que puedan asaltar el patrimonio de sus ciudadanos y vecinos. Y que para ello desconocen la legislación por ellos mismos aprobada (ver, por ejemplo, la ETN y los POT en cuanto al patrimonio natural y cultural). En Olite, Urdiain, Estella y en tantos pueblos de Navarra estamos asistiendo, todavía hoy, al intento del mantenimiento a toda costa de un modelo de urbanismo desarrollista, absolutamente insostenible, que atropella los derechos fundamentales de los vecinos y piensa sólo en el beneficio a corto plazo de unos pocos.
Y lo hace, a menudo, utilizando un mecanismo legal que ha sido pervertido y elevado a la categoría de norma general cuando la ley lo prevé con carácter subsidiario. Nos referimos al sistema de cooperación. ¡Qué mejor forma de obtener el dinero necesario para pagar las obras de urbanización que obligar a los propietarios a costearlas!
Ahora que ninguna entidad financiera proporciona fondos para acometer proyectos innecesarios y que no hay dinero público que destinar a esos menesteres, se reparte la factura entre quienes tienen la inmensa suerte de que sus tierras se recalifican de rústicas a urbanizables y a quienes se obliga a urbanizar (haya o no demanda de vivienda) ¡Todo, claro, pensando únicamente en el bien común! Pues bien, no. No lo vamos a consentir. También en Navarra sabemos organizarnos y luchar por unos derechos que el propio Parlamento Europeo ha instado a defender. Y lo haremos sea quien sea quien gobierne en las distintas instituciones locales. Y llegando tan lejos como haga falta llegar.
* Regina Galarza Galarza (Urdiáin), Aurora Sada (Olite) y Mª Pilar Malón Azpilicueta (Estella)
* Noticias de Navarra - Opinión - 10.01.11
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