ELCORREO/Cantabria* : El número de edificaciones bajo sospecha en Castro se ha incrementado alarmantemente en los dos últimos años. El municipio acumula 630 viviendas y dos colegios con procedimientos jurídicos abiertos. Los ejemplos de actuaciones al margen de la ley abundan: promociones construidas sin licencia, edificios levantados sobre el cauce de un arroyo, en suelo rústico o público... Hasta urbanizaciones cimentadas encima de la autovía. La investigación de todas estas iniciativas comenzó en 2008 . En esta larga lista de obras ahora paralizadas, el juez detectó indicios de delito contra la ordenación del territorio y del patrimonio histórico, así como de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. También se detectó malversación de fondos públicos, falsedad documental, estafa y destrucción de pruebas.
Precisamente por esta última infracción ingresó en prisión el alcalde de Castro, Fernando Muguruza, en febrero de 2010, al encontrar el juzgado «sospechas de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de las competencias de urbanismo». Esta detención se enmarcó dentro de las diligencias abiertas en la zona de La Loma tras la denuncia del primer edil de la pedanía de Santullán, Julián Revuelta, por la presunta invasión de suelo rústico y viales públicos. A instancias de la Fiscalía Superior de Cantabria, un juez ordenó la paralización de las obras de 196 chalets y del colegio Menéndez Pelayo.
También fue llamada a declarar la plana mayor del Ayuntamiento de Castro y algunos de los concejales y varios técnicos municipales fueron inhabilitados. Falta de alumbrado, nula limpieza de las calles y mala instalación del cableado son algunas de las múltiples denuncias que los residentes de La Loma han presentado en reiteradas ocasiones. Los afectados poseen, incluso, un informe de Sanidad que advierte de la presencia de contaminación fecal y ausencia de desinfectante en el agua de sus casas,
Pedro Sainz, abogado de los vecinos de la zona, explica que la situación en La Loma es realmente «dramática». Casi 200 hogares incumplen la normativa urbanística vigente al no acometer los promotores sus obligaciones contractuales. «Estas familias están viviendo ilegalmente en sus casas. Tienen sus escrituras porque han formalizado sus contratos con el constructor y con el banco, pero no tienen licencia de primera ocupación, al estar las obras paralizadas». Sainz añade que ahora el problema lo tienen quienes han pagado porque «el promotor no quiere saber nada».
Goteo de procesos
Otro ejemplo del «caos» urbanístico se localiza en el centro de la ciudad, en los alrededores del polideportivo Pachi Torre y Santa Catalina. En febrero de 2009, el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la actuación urbanística del Ayuntamiento de Castro. Entre ellas, la modificación no autorizada del Plan General de Ordenación Urbana, consistente en la apertura de un vial general sobre suelo destinado a equipamientos públicos. Como consecuencia del estudio, el Juzgado de Instrucción número 2 ordenó a las promotoras Izarra, Urdicam, Promociones Cotolino y Castro Varduliex la paralización de 302 viviendas ante la sospecha de que estuviesen edificadas sobre el cauce de un arroyo.
A partir de ahí, el goteo de procesos judiciales es interminable. A primeros de septiembre, el juez ordenó a la empresa Proconor 2000 detener la construcción de 51 viviendas en la zona de Santa Catalina. Y hace cuatro meses, la empresa Azagra tuvo que abandonar -también por orden judicial- los trabajos de construcción de otros 81 pisos que se levantan a unos metros de la promoción de Proconor 2000, junto al colegio Santa Catalina, que igualmente se vio afectado por las medidas cautelares dictadas.
El magistrado que inició la causa alertó hace un mes en un auto de que las irregularidades urbanísticas que investiga podrían llevar al Ayuntamiento a la quiebra. Ha cifrado en 9,6 millones de euros el perjuicio causado al Consistorio sólo en el caso de La Loma. El auto subraya que la responsabilidad civil para compensar a los compradores de viviendas en esa zona podría superar los 30 millones de euros. Además, avisaba de que, si a esa cantidad se suman las indemnizaciones que podrían derivarse de otras causas abiertas, el gasto total «puede ocasionar la quiebra» del Consistorio.
* El Correo.com - 10.01.11
Foto: La plataforma 'Tolerancia cero contra la corrupción' se concentra habitualmente en los bajos del Ayuntamiento castreño.- elcorreo
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ELCORREOGALLEGO* : La planificación urbanística sigue siendo una asignatura pendiente en los municipios de Costa da Morte, especialmente en los de las comarcas de Terra de Soneira y Fisterra, donde tan sólo Zas cuenta, desde el año 2007, con Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). De los nueve concellos restantes, sólo Fisterra y Muxía aprobaron inicialmente el documento, si bien ninguno prosperó hasta la fecha. En el municipio fisterrano, la Corporación aprobó el plan en diciembre de 2007, pero los informes desfavorables de Patrimonio debido a la protección de Camino de Santiago siguen frenando la aprobación definitiva. El alcalde, José Manuel Traba, señaló que ahora el primer reto es aprobar el plan especial del casco histórico (PEPRI).
Muxía también llegó a aprobarlo a finales de la pasada legislatura, cuando gobernaba el PP, pero el plan no superó las exigencias de la Xunta. El nuevo ejecutivo local (PSOE) introdujo modificaciones, pero ahora se ha topado con el Plan de Ordenación do Litoral que, según Samuel Lago, edil de Urbanismo, "tal y como nos lo plantearon dejaría a Muxía sin posibilidad de crecimiento". El objetivo del gobierno local es preservar la zona costera exterior, como propone Urbanismo, "pero al menos deben permitirnos que la capital municipal pueda crecer por el área interior". Ahora están a la espera de una "solución" por parte de la Xunta.
Al otro lado de la ría, en Camariñas, el documento urbanístico también lleva atascado varios años, si bien el alcalde, Manuel Alon- so, confía en que antes de finales del próximo mes de enero, el pleno pueda aprobar inicialmente el PXOM. Antes deberán incorporar al documento los catorce cambios propuestos por la Consellería de Medio Ambiente. El regidor asegura que se trata de cuestiones fácilmente subsanables, pero desde la oposición, el portavoz del PP, Daniel Rego, dice que son correcciones de calado, y pide al gobierno local que "informe a los vecinos".
En otros municipios de la zona, como Vimianzo o Corcubión la ordenación urbanística "sigue en el cajón" por falta de consenso entre los distintos grupos políticos. En la pasada legislatura, el gobierno local encargó la elaboración de un documento pero la propuesta no convenció a la oposición, y desde entonces el planeamiento sigue parado.
En Corcubión, por su parte, el gobierno local (PSOE), que está en minoría, elaboró asimismo un documento que remitió directamente a la Xunta para que emitiese un informe acerca del mismo, pero la falta de apoyos desde la oposición (BNG y PP), mantiene frenada la planificación.
En Bergantiños todos los concellos disponen de un plan urbanístico, con la única excepción de Malpica, que se rige por unas normas subsidiarias del año 1995. No obstante, el Plan Xeral de Carballo, aprobado en 2003, podría quedar invalidado si el Tribunal Supremo no avala el recurso presentado por el Concello contra una sentencia que anuló el acuerdo plenario en el que fue aprobado en su día. Asimismo, el PXOM de Laxe tan sólo ha sido aprobado de forma parcial por parte de la Xunta, a expensas de que se modifique la planificación que afecta al casco urbano.
* El Correo Gallego - 10.01.11
Foto: Las normas urbanísticas que están vigentes en el municipio de Malpica datan del año 1995 - elcorreogallego
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ELPAÍS* : El juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha ordenado tasar el lujoso chalé que el líder de la trama, Francisco Correa, compró y amplió con dinero opaco y sin licencia previa en Punta Grossa (Ibiza), y que inscribió a nombre de una de sus sociedades, Osiris Patrimonial, para que nadie supiera que era suyo. Un informe policial fechado el pasado 15 de noviembre revela que faltan documentos clave en el expediente que los agentes reclamaron y les fueron remitidos por el Servicio de Costas y Litoral de la Consejería de M.A.de Baleares, para determinar de dónde salió el dinero y cómo es posible que se permitieran esas obras de ampliación en un lugar protegido de la isla y pese a las feroces denuncias de vecinos. Los investigadores sostienen que parte del dinero de las obras del chalé salió del empresario leonés dueño de la firma Teconsa e implicado en el caso, José Luis Ulibarri, amigo de Correa y beneficiario, entre otras obras, de parte del montaje escenográfico de la visita del Papa a Valencia en 2006, que la trama amañó con la Administración valenciana y por el que cosechó más de un millón de euros en comisiones.
El juez también ha pedido que se investiguen las facturas de las obras y su procedencia. A la policía le resulta "extraño" que del expediente remitido por el Gobierno balear falten la escritura de compraventa del chalé y la licencia de la piscina, así como el proyecto técnico que redactó el arquitecto José Torres para intentar legalizar las obras una vez que ya estaban hechas. Según el informe policial, Torres tiene declarado y acreditado que remitió toda la documentación "al señor José María González Ortea, jefe del servicio de Costas y Litoral". Los agentes se pusieron en contacto con González el pasado 10 de noviembre para pedirle explicaciones por la falta de los papeles. Este les manifestó que desconocía "donde puede estar dicha documentación", y que todo lo que "ellos tenían en su poder" sobre ese expediente lo habían "aportado al expediente". Los agentes le preguntaron por qué el último trámite de ese expediente tenía fecha de marzo de 2009, y si nada se había movido desde entonces. El jefe de Costas, según la policía, les indicó que "efectivamente no hicieron más trámites porque no sabían cómo continuarlo al no poder comunicar el estado del expediente a ningún responsable del mismo". Añadió, además, que decidieron "dejarlo parado" al saber que "tenía relación con el caso Gürtel".
La policía dispone de un documento enviado por González sobre el chalé de Correa al Ayuntamiento balear de San Joan de Labritja en el que reconoce haber recibido del arquitecto toda la documentación, incluida la que ahora dice no hallar por ningún sitio. Precisamente, el pasado 26 de mayo, ya con el caso en plena efervescencia pública, ese Ayuntamiento denegó la licencia de obras al chalé de Correa alegando que faltaba esa documentación.
* El País - 10.01.11
Foto: Ibiza, punta Grossa, casa Correa - habitaclia
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LEVANTE/Alicante* : El juzgado de lo penal nº5 de Alicante ha condenado al ex alcalde de Petrel, José Antonio Hidalgo López --EUPV--, a una pena de seis meses de prisión por no ordenar la demolición de unas infracciones cometidas en unas viviendas construidas en 1998 que cumplían los retranqueos mínimos. El titular del Juzgado ha considerado que José Antonio Hidalgo López es autor de un delito de prevaricación urbanística por el que le ha condenado a seis meses de prisión y a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como a indemnizar con 6.276 euros al perjudicado por las obras no demolidas. Así mismo, el juez ha decidido absolver al que fuera arquitecto municipal en el momento de los hechos al prescribir los delitos de prevaricación urbanística de los que estaba acusado
Los hechos se remontan a julio de 1995 cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Petrel, presidida por el acusado, José Antonio Hidalgo López, concedió una licencia para construir 12 viviendas unifamiliares. El 30 de octubre de 1996, un vecino de las obras solicitó que el arquitecto municipal comprobara unas anomalías en la ejecución.
Así, el inspector municipal de obras constató el 14 de noviembre de 1996 que las obras no cumplían los retranqueos mínimos marcados en la licencia, que eran de 1,60 metros por el lado del edificio y de 80 centímetros por el lado de la pérgola.
El arquitecto municipal emitió dos informes en los que constataba que se había producido un incumplimiento en la distancia de retranqueo obligatoria de la edificación, que no era legalizable porque se había construido en un espacio libre de parcela.
En este sentido, José Antonio Hidalgo López, el 6 de mayo de 1997, dictó un decreto que resolvía suspender la obra e iniciar un expediente sancionador, y en el que indicaba que el órgano competente para resolver el expediente es el alcalde y el de la demolición es el Ayuntamiento y subsidiariamente el alcalde.
De este modo, el 20 de junio de 1997 el ex alcalde requirió al propietario de la obra que en un plazo de 15 días la demoliese y restaurara el orden urbanístico vulnerado, y le hizo saber que de no hacerlo de forma voluntaria, se procedería por la Administración municipal a la ejecución subsidiaria de este requerimiento, algo que no se hizo.
El juez considera que el acusado, "con pleno conocimiento del expediente infractor y con un arbitrario y consciente abandono de sus competencias en materia de disciplina urbanística, no realizó acción alguna tendente a la ejecución voluntaria o subsidiaria de la orden de demolición expresa y claramente impuesta".
El titular del Juzgado ha estimado, respecto a la medida de demolición, que el promotor no la realizó de forma voluntaria, y que "no se impusieron multas coercitivas como medio de ejecución forzosa y tampoco se procedió a la ejecución subsidiaria de la demolición", por lo que se dejó transcurrir "el plazo de cuatro años, en la más absoluta inactividad, hasta que prescribió la infracción" y se produjo la "legalización tácita de lo indebidamente construido", para lo que ya se había concedido licencia de primera ocupación "con la justificación jurídica de que esta licencia es un acto reglado".
La sentencia recoge que, durante la celebración del juicio, José Antonio Hidalgo López señaló en su defensa que firmaba "cientos de decretos mensuales" y que las competencias de urbanismo las delegó "en un concejal". Destacó además que, "en caso de proceder a una orden de derribo, no es competencia del alcalde" ejecutarla, sino que "tendría que ser un órgano superior, como es el Pleno de la Corporación", quien la lleve a cabo.
Sobre esto el juez ha indicado que el acusado era conocedor de que le correspondía a él ejecutar esa orden de demolición y que de forma "consciente" no hizo nada para que esta se llevara a cabo.
* Levante - 10.01.11
Foto: Petrer (Alicante) - wikipedia
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ELPAÍS/Pontevedra* : Residencial Marina Atlántica, la promotora del puerto deportivo de Cangas do Morrazo, en el ámbito de la conservera Massó Hermanos, para llevar a cabo ese proyecto compró "en pleno dominio y como cuerpo cierto" una finca de 16.992 metros cuadrados que era, y sigue siendo, de dominio público y, por tanto, intransferible. La escritura de compraventa ha sido conocida ahora, al hilo del procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Pontevedra por la obstrucción, el año pasado, de las obras de dicho puerto. La operación de compraventa de la citada finca estuvo precedida de otra extraordinariamente larga y compleja, vinculada a la crisis y liquidación en los años 90 de la conservera, que sometió el conjunto del solar que ocupaban sus instalaciones -incluida la finca de dominio público marítimo-terrestre- a sucesivas hipotecas para obtener liquidez.
Los embargos fueron acumulándose y los terrenos con las concesiones, subastados en diversos lotes, pasaron finalmente a dominio de los ex trabajadores de la conservera como compensación de la deuda salarial que tenían contraída.
Todos los inmuebles, con sus derechos y cargas, fueron adquiridos después a los ex trabajadores de Massó por Conservas y Frigoríficos del Morrazo, que anunciaba su propósito de desarrollar en ellos un proyecto industrial que daría continuidad al que Massó Hermanos había iniciado en los años 30 del siglo pasado. En 2003, sin embargo, Frigoríficos del Morrazo presentó un "proyecto básico de remodelación y adecuación ambiental de las instalaciones portuarias de la factoría Massó para usos náutico-recreativos", que la Autoridad Portuaria sometió a información pública el 31 de julio de 2004. El día anterior su consejo de administración ya había aprobado el cambio de titularidad de la concesión que ostentaba Frigoríficos del Morrazo a favor de Marina Atlántica.
El cambio de titularidad se registró ante el notario José Luis Prieto Fenech el 22 de octubre de 2004 en dos escrituras distintas. En la primera no es posible concluir la superficie total que Frigoríficos fue adquiriendo a los particulares; Marina Atlántica pagó por ellos unos 580.000 euros. En la otra escritura, por la compra de los 16.992 metros de superficie del dominio público marítimo-terrestre, que Frigoríficos había comprado a los ex trabajadores de Massó por 65 millones de pesetas (unos 391.000 euros), Marina Atlántica pagó 1.127.080 euros.
De esta segunda escritura no había constancia en la Autoridad Portuaria ni en el Ayuntamiento de Cangas, según se deriva de sus respectivas respuestas a las peticiones de que la aportaran para incorporarlas como prueba a los procedimientos judiciales abiertos. Esa opacidad ha contribuido a alentar las sospechas de que se estaba ocultando algo. Finalmente ambas escrituras han sido remitidas al juzgado por Marina Atlántica, tras reiterados requerimientos.
Frigoríficos del Morrazo, según la escritura de compraventa, "es dueña de la concesión administrativa" que describe, con la citada extensión de 16.992 metros en la zona marítimo-terrestre de Cangas; a término seguido, la escritura señala que ambas partes (Frigoríficos y Marina Atlántica) "tienen convenida la compraventa de la finca descrita", para concluir, en la primera de las cláusulas, que Marina Atlántica "compra y adquiere, en pleno dominio y como cuerpo cierto, la finca y la concesión descritas".
Fuentes de Marina Atlántica consultadas al respecto desmienten "categóricamente" que, pese a la literalidad señalada, la escritura registre una transmisión de los terrenos, que solo se refieren en el documento como el emplazamiento físico de la concesión que se transfiere. A mayor abundancia, señala la misma fuente, esa finca mantiene en el proyecto de puerto deportivo su uso público, ya que se le da un uso de paseo marítimo.
Fuentes de la cofradía de pescadores, opuesta a la construcción del puerto deportivo, subrayan sin embargo una serie de incongruencias que subrayarían "la chapuza administrativa y jurídica" que ha acompañado el desarrollo, hasta donde ha llegado, del proyecto de Marina Atlántica. Así, que el "pleno dominio" cabe aplicarlo a bienes raíces, como los suelos, pero no a una concesión administrativa, de la que se es meramente "titular" o "concesionario".
Además, la concesión administrativa que Frigoríficos del Morrazo vende a Marina Atlántica es la que previamente había comprado a los ex trabajadores de Massó, dedicada a fines industriales pesqueros y que, en el momento de esa primera compra, ya había caducado por falta de uso: sindicatos y Administraciones fabricaron en su momento la componenda para permitir a los ex trabajadores de Massó percibir parte de los salarios que se les adeudaba, pero "¿cómo puede una concesión administrativa caducada valer más de un millón de euros?", preguntan desde la cofradía de pescadores, para concluir que ese precio que pagó Marina Atlántica "solo puede referirse a los terrenos".
En consecuencia, según la cofradía de pescadores, la escritura sería "nula de pleno derecho" y motivo suficiente para anular los expedientes derivados de su reconocimiento.
Parcela incluida en un convenio urbanístico
Residencial Marina Atlántica obtuvo la concesión administrativa para la construcción y explotación del puerto deportivo en O Salgueirón, la finca antes ocupada por el complejo conservero de Massó Hermanos, en marzo de 2005. El proyecto se complementa, junto con esa variable para la lámina de agua, con el desarrollo en tierra de un conjunto residencial y terciario diseñado por el arquitecto Norman Foster. Pero no acaba de salir de la incertidumbre.
El proyecto náutico está pendiente del fallo del Tribunal Supremo, al que recurrieron la cofradía de pescadores y el Foro Social de Cangas por considerar que la tramitación del cambio de usos de la concesión -de industrial pesquera a náutico recreativa- incumple requisitos normativos imprescindibles, tanto de competencia de la Autoridad Portuaria (inexistencia de Plan de Utilización de los Espacios Portuarios) como municipal, en su variante urbanística.
A su vez, el proyecto de urbanización residencial y terciaria en tierra ha sido llevado a un limbo poco menos que inextricable, máxime con la sucesión de disposiciones autonómicas que afectan a la ordenación del litoral. Inicialmente, en el anterior mandato municipal, dio cuerpo a un convenio urbanístico aprobado por Frigoríficos del Morrazo y el Ayuntamiento y luego asumido por Marina Atlántica, que adelantó al Ayuntamiento más de un millón de euros para la construcción de una piscina municipal que no ha llegado a materializarse. La eficacia de este convenio estaba supeditada a la aprobación de un plan general de urbanismo que finalmente fue retirado. El nuevo plan general duerme en los cajones municipales y ni siquiera ha pasado la fase de aprobación inicial.
Frigoríficos del Morrazo incluyó los 16.992 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en el convenio urbanístico, lo que reforzaría la tesis de la cofradía de pescadores de que los consideraba privados. Un informe de la Dirección General de Costas sobre el particular, en 2005, reforzó esa tesis al observar que tales terrenos de dominio público "deberán quedar excluidos" del polígono incluido en el convenio.
* El País - 10.01.11
Foto: Cangas (Pontevedra), protesta contra puerto Massó - elpais
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SUR* : La abogada del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Raquel Escobar, ha asegurado que si bien ella dependía orgánicamente del alcalde Jesús Gil, "mi jefe directo se puede decir que era el señor Roca, porque era el que ejercía de gerente de Urbanismo", afirmación en la que ha coincidido con María Castañón, colaboradora del principal acusado de la corrupcién en la empresa municipal, Planeamientos 2000, que ha declarado también como testigo esta mañana. La asesora ha dicho que cuando fue contratada por el Ayuntamiento no se elaboraban informes jurídicos en materia de licencias. "El alcalde (Gil) lo había exigido; por eso solo se aportaba un informe técnico y con carácter general el informe jurídico elaborado por el letrado José Luis Sierra, que es el que se tenía en cuenta para otorgar las licencias".
En los turnos de declaraciones, abrió la sesión María Castañón, abogada de la empresa municipal Planeamientos 2000, cuyo testimonio ha supuesto el primer jarro de agua fría para el principal acusado del 'caso Malaya'. La empleada de Juan Antonio Roca ha responsabilizado directamente al presunto cerebro de la corrupción de ser "el que negociaba los convenios y de dirigir personalmente el urbanismo de Marbella".
María Castañón ha asegurado que en el despacho de Roca, en la sede de Planeamientos 2000, se celebraban unas reuniones previas, "pre-reuniones, las llamábamos, en las que se citaba a los concejales; allí se debatían los asuntos que iban a ir en el orden del día de las comisiones de gobierno". También era allí, según Castañón, "donde se firmaban los convenios por parte de Julián Muñoz", entonces alcalde accidental, que previamente "habían sido negociados por Roca con los promotores, que acudían a las oficinas de la empresa".
La colaboradora de Roca, que se encargaba de redactar las convenios que éste le ordenaba, ha explicado que la mecánica del convenio era la siguiente: "Roca me daba en un papel la calificación urbanística, los aprovechamientos que adquiría el particular, el precio y la forma de pago". Asimismo, ha recalcado que ella "no incorporaba a los datos del convenio una tasación previa, porque ésta no era determinante". En este sentido, ha asegurado de forma clara que "la tasación formaba parte de la negociación, y por eso los datos de la tasación se incorporaban más tarde, tras la firma del convenio. Las tasaciones coincidían con lo pactado por Roca".
Al convenio se le añadía un informe de los servicios de urbanismo, que con carácter general había diseñado el abogado José Luis Sierra para el urbanismo marbellí, por el que se pactaban las licencias en base a la revisión del Plan de Ordenación Urbana de 1998, aunque el plan vigente era el de 1986.
Sobre el convenio Crucero Banús, la abogada ha contradicho la declaración de Roca, quien a finales del pasado mes de diciembre responsabilizó a Jesús Gil de la negociación del mismo. María Castañón dijo que fue "Roca quien lo negoció con Pedro Román; él me dio los datos del acuerdo delante del propio Román" y que fue "muy rápido, en unos dos días".
Preguntada por la relación de Jesús Gil y Roca, Castañón ha dicho que era "muy estrecha", aunque "al alcalde lo veíamos muy pocas veces", dejando así claro que era el ex asesor quien, con carácter general, llevaba el peso del urbanismo y las negociaciones urbanísticas.
"Cuando Gil se involucraba en un convenio llamaba veinte veces y los acababa redactando. Por la confianza que tenía en él, el alcalde daba siempre por bueno lo que hacía Roca", ha afirmado la abogada.
Ha añadido que normalmente, en los acuerdos urbanísticos, los aprovechamientos se repartían al 50% entre los promotores y el Ayuntamiento, pero que en este convenio en concreto, el particular solo se hizo cargo del 25%. "Solo hay otro caso igual que yo recuerde, el de la casa de Sean Connery, que tampoco está con el 50% de los aprovechamientos".
* Sur - 10.01.11
Foto: Marbella, imputada María Castañón - sur
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ELPAÍS/Madrid* : El despacho del juez Antonio Pedreira, donde se investiga la mayor trama de corrupción política destapada en España desde el advenimiento de la democracia, apenas ocupa 40 metros cuadrados. Y, además, es compartido. Junto a Pedreira, en esa apretujada estancia, trabajan también sus colegas de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro. Impresiona ver los montones de diligencias y tomos del caso Gürtel que flanquean la mesa del juez, que se elevan desde el suelo porque no hay espacio ni armarios donde colocar la cascada de diligencias que el asunto genera a diario desde hace muchos meses. "No hay intimidad y tampoco se puede hablar a solas con el juez; sus colegas están al lado y todo se oye", describen fuentes de la investigación que despachan a menudo con Pedreira.
Con más de 60 imputados en Madrid -sin contar los de Valencia y Castilla y León, que aún siguen bajo la lupa de Pedreira a la espera de que adquieran firmeza los autos de inhibición dictados a favor de los tribunales superiores correspondientes-, el caso Gürtel es el mayor latrocinio de dinero público de la reciente historia de España. El juez tiene impuestas fianzas que se acercan a los 200 millones de euros. Nunca hasta ahora habían aflorado tantos aforados y con pruebas tan sólidas contra ellos por haber robado tanto dinero de las arcas públicas.
Pero no es solo una cuestión de intimidad y de exiguo espacio lo que hoy traba el caso. Hay muy pocas manos para una causa que acumula ya más de 100.000 folios. Después de que el juez Baltasar Garzón, instructor inicial del caso, elevase al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los 17.000 primeros folios que había instruido, el secretario de la Sala, Francisco de Asís González, exigió más medios para afrontar la avalancha de documentos que, como ha sucedido, se avecinaba. Por escrito y a través del presidente de la Sala, Francisco Vieira, González dio la voz de alarma. Aparte de medios tecnológicos, reclamó a la Consejería de Justicia del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre más funcionarios; al Ministerio de Justicia, dos secretarios más aparte de él; y al Consejo General del Poder Judicial, la asignación de un juez de apoyo. Francisco Granados, consejero de Justicia, reforzó la plantilla con varios funcionarios extraídos de la bolsa de trabajo. Pero son interinos, con contratos renovables mensualmente y sin experiencia en tramitación de causas judiciales. Y menos aún en un asunto tan complejo como este, con una veintena de comisiones rogatorias en diferentes rincones del planeta en busca de los millones evadidos, y reos en manos de algunos de los mejores abogados del país.
Ahora mismo hay un único secretario en la sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior. Jamás había tenido tanto trabajo. No solo se encarga de dar fe y cursar las comunicaciones que dicta Pedreira, sino que también lleva las causas de los otros tres jueces de la Sala y el archivo del tribunal. Para colmo, ahora tendrá que expurgar los 100.000 folios y remitir al Tribunal Supremo la documentación sobre las escuchas que dictó Garzón en la cárcel entre los principales acusados y sus abogados.
Al Supremo le fue enviada toda la causa, pero el instructor, Alberto Jorge Barreiro, ha pedido que se le facilite ya depurada. Conclusión: el secretario, que está para todo, no da abasto. 20 meses después de llegar el caso al TSJM, el Ministerio de Justicia no ha ampliado el número de secretarios. Y ni visos de que lo haga. Tampoco el Poder Judicial ha accedido a otorgar un juez de apoyo a Pedreira, alegando que legalmente no era posible.
"Hay que dotar a los tribunales de muchos más medios para la lucha contra tramas tan dañinas como esta para la sociedad, y lanzar un mensaje de que el corrupto que la hace, la paga rápidamente", subraya Ángel Galindo, abogado de José Luis Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción puso al descubierto los millonarios sobornos a altos cargos del PP que pagó la trama a cambio de contratas de obras o de actos públicos inflados de precio.
En esta carestía de medios, técnicos y humanos, es muy posible que las decenas de miles de folios del sumario abandonen en dos o tres meses la sede del TSJM para recalar en uno de los juzgados de la plaza de Castilla. ¿Por qué? El caso Gürtel tuvo que abandonarlo Garzón en cuanto vio que entre los imputados había tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y hasta el mismísimo presidente de Valencia, Francisco Camps. Las causas contra aforados autonómicos solo pueden instruirlas los jueces de los tribunales superiores. Es previsible que el ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo y los diputados Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco no vayan en las listas del PP de las elecciones de mayo y pierdan así su fuero. En ese momento, Pedreira se inhibirá y remitirá el asunto a un juzgado normal de Madrid. No volverá a la Audiencia Nacional, donde empezó con Garzón, ya que los aforados de otras comunidades, Valencia y Castilla y León, para entonces ya estarán previsiblemente en manos de sus respectivos tribunales superiores. Así, la investigación ya no sería supraprovincial, aunque no faltan expertos en derecho que postulan la vuelta del sumario al ex despacho de Garzón.
Pero la opinión más arraigada es que acabará en los juzgados de Madrid. Cuando llegue estará prácticamente instruido, con un auto de transformación de procedimiento abreviado por delante y concreción judicial de hechos a sus autores, y posiblemente también con una decena menos de imputados. El juicio se celebraría así en la Audiencia de Madrid. Pero todo ello si le da tiempo a la exigua plantilla judicial que, con sus penurias, tramita hoy la mayor trama de corrupción de la democracia; esto es, un juez, medio secretario y funcionarios interinos sin apenas experiencia.
* El País - 10.01.11
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa - elpais
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LAVERDAD* : Meses después, medio año en algún caso, de que se declarasen competentes sobre las investigaciones que les tocaron por reparto, los jueces de Alicante que investigan causas derivadas de la 'Operación Brugal' siguen sin recibir la documentación completa por parte de su homólogo de Orihuela Carlos San Martín. Según fuentes judiciales consultadas por este diario, esa circunstancia está provocando que no hayan podido practicar demasiadas diligencias. El único magistrado que ha iniciado las pesquisas es Gordiano Casas, titular del Juzgado de Instrucción 1. Ya ha tomado declaración como imputada a una funcionaria de la Agencia Estatal Tributaria (AET) acusada de un delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente al empresario Ángel Fenoll a través de un intermediario que era objeto de una inspección.
Mientras tanto, Manrique Tejada, instructor de la causa más voluminosa e importante de cuantas han sido derivadas a la capital de la provincia, la que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, no dispone todavía de las transcripciones de las escuchas telefónicas practicadas por la Policía. Ha recibido los CD con esas conversaciones, pero no su traslado al papel.
Los principales implicados en estas diligencias son el constructor Enrique Ortiz, la ex concejal de Urbanismo Sonia Castedo, actual alcaldesa, y su predecesor, Luis Díaz Alperi.
El juez Tejada comisionó a la Policía para que reclamara las facturas de un viaje en jet privado a Creta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo pagar Ortiz al ahora diputado autonómico.
Mientras espera el resultado de esa indagación, proliferan los movimientos de colectivos y ciudadanos para tratar de personarse en la causa. EU ya lo hizo por el cauce oficial y aguarda una respuesta. Por su parte, José Luis Valdés, dirigente de Vecinos por Alicante (VA), ha acudido a la Fiscalía con una denuncia basada en informaciones de prensa, según explican las fuentes judiciales antes mencionadas. Valdés fue uno de los personajes más activos en la acusación contra Díaz Alperi en el marco del 'caso Mercalicante' y el 'caso aparcamientos'.
Otra de las investigaciones que continúa paralizada por la falta de documentación es la de la Fundación Hércules. El fiscal anticorrupción, Felipe Briones, sostiene que dirigentes de esta entidad presionaron a empresarios para que les financiaran a cambio de obras públicas adjudicadas por la Diputación de Alicante.
Esa rama del 'caso Brugal' está en el Juzgado de Instrucción 4 y tiene entre sus principales protagonistas al diputado provincial y director gerente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Mazón.
* La Verdad - 9.01.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
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ELMUNDO/Salamanca* : El hasta ahora alcalde de la localidad salmantina de La Alberca, Santiago Martín, ha prsentado la dimisión al estar imputado en un proceso judicial por prevaricación en dos procesos urbanísticos, que autorizó pese a no tener el visto bueno del arquitecto municipal. El edil está acusado de conceder licencias de Primera Ocupación, a Lorenzo Simón, para que pudieran entrar a vivir seis familias, sin tener un informe del ex arquitecto, que se negó a hacerlo y de conceder Licencia de Obras a Eusebio Griñón, por tener informe desfavorable del ex arquitecto, pero sí un informe favorable de la Comisión de Patrimonio, que es vinculante y que está por encima del arquitecto.
El exalcalde ha enviado una carta a los vecinos de la localidad comunicándole la decisión y explicando los motivos que le han llevado a tomarla.
Por su parte, el PP de Salamanca, partido al que estaba afiliado, confirmó la renuncia de Santiago Martín, al tiempo que califica la decisión de la "más acertada para poder garantizar la transparencia municipal".
Santiago Martín, que solicitó su baja cautelar y temporal como militante del Partido Popular el pasado 15 de diciembre, ya anunció en esa fecha su intención de poner en marcha todos los trámites necesarios para formalizar su dimisión como alcalde de La Alberca.
El Partido Popular de Salamanca apela a que se eviten los juicios mediáticos y reitera su máximo respeto a la Administración de Justicia, al tiempo que confía plenamente en la inocencia de Santiago Martín.
* El Mundo - 7.01.11
Foto: La Alberca (Salamanca), plaza - turismoporespana.com
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LAVOZDEGALICIA* : Es la segunda vez en cuatro años que se inunda la misma zona del casco urbano de Cangas. Y ha ocurrido a pesar de que, tras lo sucedido en el 2006, se realizaron obras de canalización de pluviales en la avenida de Ourense y se amplió el puente por el que el río Bouzós atraviesa la calle Atranco. El río fue canalizado hace más de treinta años. Ahora pasa por debajo de los edificios de la calle Noria. Cuando sube el caudal, los tubos no son capaces de absorber todo el agua, provocando el desbordamiento. La avenida de Ourense, además, recibe el agua de un pequeño regato que, cuando llueve en abundancia, inunda las fincas situadas detrás de las llamadas casas baratas de Rodeira. Los registros del colector construido hace cuatro años no son capaces de meter toda el agua en la canalización.
Obras en el corredor
Las obras del corredor de O Morrazo, inaugurado en el 2005, también parecen determinantes a la hora de buscar las principales causas de las inundaciones. El movimiento de tierras ha hecho desaparecer numerosos riachuelos y ha aumentado el caudal del Bouzón, por lo que sus probabilidades de desbordarse aumentan en los inviernos más crudos.
Ayer, el municipio empezó a recobrar la normalidad tras la caótica jornada del pasado viernes. En muchos garajes y viviendas, los propietarios continuaban achicando el agua que les causó desperfectos.
* La Voz de Galicia - 9.01.11
Foto: Cangas (Pontevedra) - farodevigo.es
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LAOPINIÓN* : Alfonso X El Sabio dejó escrito en sus Siete Partidas que los mares y sus riberas eran propiedad de todas las personas de la Tierra. Lástima que el monarca no indagara en la propiedad de los teatros romanos, objeto de asombrosa pugna estos días entre el Ayuntamiento y la Junta. No se crean que a ninguno de los dos contendientes les importa un pimiento el Teatro Romano de Málaga o las Termas de Caracalla. El motivo central es mucho más mundano: se acercan las elecciones y hay que ahondar en la profunda brecha que para desgracia de los administrados, separa a estas dos administraciones, que en ocasiones parecen dirigidas, con callada tenacidad, por Harpo Marx. Volver a azuzar el fantasma de la hidra sevillana, de eso se trata y bien que lo está consiguiendo nuestro alcalde en estos momentos de grave crisis en los que lo último que Málaga necesita es una discusión bizantina.
La imagen de profundo subdesarrollo político que proyecta este rifirrafe bien merecía que el gobierno central rescatara la gestión del Teatro Romano para evitar disputas de cartón piedra.
Si las cosas se ponen más casposas aún, devolvamos el Teatro Romano de Málaga a los herederos del imperio que lo hizo posible y atengámonos a las consecuencias: Nos guste o no, el heredero de la inmortal Roma es ese Jesús Gil milanés llamado Silvio Berlusconi.
El ilustre cavaliere, gran amante de la cultura, seguro que proyectaría para el milenario espacio escénico grandes planes, y quién sabe si no le tendría reservado algún plató de Tele5 en el que sus contertulios pudieran poner, cómo no, el grito en el cielo.
En cualquier caso, el concluir que el Teatro Romano es del Ayuntamiento de Málaga porque en los años 40 el Consistorio cedió esos terrenos al Estado para la Casa de la Cultura, felizmente demolida, es de una altura intelectual preocupante, incluso si se trata de un problema ficticio a cinco meses de las elecciones.
El Teatro Romano no pertenece a la Junta, pertenece al Gobierno central desde los tiempos, por cierto, de José María Aznar (del Gobierno central son la gran mayoría de los teatros romanos de España), así que no sería mucho pedir que en estas piedras milenarias recién restauradas se volvieran a escuchar las comedias de Plauto y no vodeviles vacíos y aburridos.
La próxima vez que uno de los dos bandos quiera meter cizaña en lugar de trabajar, mejor será que se busque excusas más creíbles. Hay veces en que incluso Berlusconi parece una alternativa sólida para los problemas de Málaga. Empezamos bien el año.
Sin leche ni habas
No todo son penas, el año se despidió con el arrivederci a una idea lunática que por su naturaleza era de germinación fácil en Málaga. La Autoridad Portuaria ha cerrado las puertas al colmado de lujo que se iba a perpetrar en el Puerto. Los jamones cinco jotas, el yogur griego, el aceite de oliva virgen extra y las habitas se marchan por donde han venido. Es el turno de algo más serio.
* La Opinión Málaga - 7.01.11
Foto: Málaga, teatro romano - sobremalaga
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ELPAÍS/Alicante* : La titular del juzgado de instrucción nº2 de La Vila Joiosa ha aceptado investigar la vida privada del testigo protegido al que la Guardia Civil otorgó credibilidad en 2009, cuando se presentó a declarar voluntariamente casi dos años después del crimen del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda. Según el testigo, una reunión en el reservado del club Mesalina de Benidorm el verano de 2007, en la que participaron el ex alcalde, Juan Cano, un empresario del calzado de Polop, el dueño y el gerente del lupanar, además de una pareja sin identificar, ideó el plan para acabar con la vida del entonces alcalde, Alejandro Ponsoda, y concluyó con la contratación de tres sicarios, dos de ellos de nacionalidad checa para matarlo. La juez ha decidido indagar en la vida de un testigo que declaró haber ejercido de mercenario en algunas colonias portuguesas de África y que tiene antecedentes policiales en España.
Así que ha aceptado las pruebas documentales solicitadas por Francisco González, el abogado del dueño del Mesalina. González pide que se le libre un mandamiento al Servei Valencià de Salut para que aporte el historial médico psicológico y psiquiátrico del testigo protegido para aclarar si alguna vez ha estado sometido a tratamiento. Y un exhorto a los decanatos de Benidorm y Dénia para obtener una relación de las causas en las que haya intervenido durante los últimos cinco años al objeto de indagar si ha tenido trato de favor en otros asuntos, como sospecha este letrado, que llegó a pedir su pase de la condición de testigo a la de imputado, por cuanto considera que "si fuese verdad su declaración, nunca llegó a denunciar lo que se tramó en un lupanar y colaboró con los detenidos al ofrecerles pistoleros". Ambos documentos han sido tramitados ya por el juzgado.
Hasta cuatro testigos de las defensas de los detenidos coinciden en que el testigo comenzó a trabajar en el Mesalina a mitad de 2008, como confirma también una sentencia del juzgado de lo social que condenó a la empresa a pagarle por despido improcedente desde julio de ese año. Estas declaraciones contradicen la que provocó las detenciones, según la cual el testigo estaba trabajando de portero del club en el verano de 2007 cuando le ofrecieron llevar a cabo el macabro plan que para matar a Ponsoda
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que investigó el caso llegó a la conclusión seis meses después del fallecimiento de Ponsoda de que Cano podía ser el autor intelectual del crimen para asegurarse el control del urbanismo, en pleno desarrollo de 10 sectores en siete millones de metros cuadrados, y en proceso de reclasificación de otros dos millones de metros de suelo no urbanizable en la partida de Matet, aunque hasta un año después no tuvo noticias del supuesto portero del Mesalina.
La UCO descubrió tantas posibles irregularidades urbanísticas que a partir de la primavera de 2008 abandonó casi por completo la investigación de la vida privada de Ponsoda. Pero desde hace meses la investigación se centra en su vida privada. Ponsoda estaba tratándose en Valencia dos enfermedades de transmisión sexual, una de ellas contraída en 1994. Sus visitas a la capital valenciana llegaron a ser de hasta cuatro días, según confirmó la policía en los primeros meses de investigación. Allí mantuvo relaciones sexuales con masajistas con los que contactaba a través de anuncios de periódicos, y se alojaba en una pensión de ambiente homosexual del barrio de Russafa. También investigaron una sauna de Benidorm a la que el ex alcalde acudió el mismo día que fue tiroteado, pero ahora todos estos rastros se han difuminado, y complican más la investigación.
* El País - 9.01.11
Foto: Polop (Alicante) - virtualtourist.com
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JOAN RIERA/Mallorca* : La cúpula del partido se muestra ansiosa por sumar votos. Los sufragios dan los escaños que conducen al poder. El poder guarda la llave del dinero público. Y con los fondos de todos... ya se sabe. Pero en el origen de esta versión política del cuento de la lechera están las papeletas de la jornada electoral. Por eso anda el partido en busca de nuevos nichos de votantes. Es entonces cuando una mente preclara se acuerda de los inmigrantes. "Han llegado a Mallorca en masa, si son nuestros hermanos sudamericanos tienen facilidades para obtener la doble nacionalidad, los argentinos son casi 25.000 ¿Cómo podemos llegar a ellos? Busquemos a sus líderes ¿Cómo hacemos que trabajen para nosotros? Vamos a ofrecerles un contrato pagado con dinero público". Es posible que usted deduzca que estamos hablando de una de las líneas de investigación del caso Maquillaje. La investigación ya ha finiquitado la carrera política de los grandes gurús de Unió Mallorquina y amenaza la propia superveniencia del partido tras las elecciones del 22 de mayo. Sin embargo, si se le ha pasado por alto algún detalle de la descripción es probable que haya creído que estamos hablando de 1998, cuando el Govern de Jaume Matas ideó la Operación Mapau para fomentar el voto de los argentinos hacia el PP ¿Cómo lo hizo? Ofreciendo contratos del Govern a los líderes de las comunidades de descendientes de Balears en Argentina. Unos miles de kilómetros son la tenue diferencia entre ambos casos.
Otra historia. La empresa adjudicataria de una importante obra pública decide ser generosa con quien le ha otorgado el premio. Tiene un remanente de dinero opaco al fisco y, por experiencia, conoce los procedimientos para hacerlo llegar a su destinatario. Puede ser el partido. Los gastos electorales son muy elevados. Si hay que ganar elecciones conviene contar con medios abundantes: merchandising con el logo del partido, tribunas, sistemas de megafonía y escenografías atractivas para los mítines, gente que ensobre papeletas... Es posible que el concesionario satisfecho no necesite demostrar su gratitud a toda la organización, quizás sea suficiente con entregar la dádiva a las personas que han resultado decisivas en el proceso de selección. Alternativa esta que supondrá un ahorro en el dispendio.
Esta descripción también puede dar pie a confusión ¿Estamos hablando del caso del Túnel de Sóller o del Palma Arena? ¿Estamos ante el empresario que pagó al menos 50 millones de las antiguas pesetas (300.000 euros) a cambio de explotar un agujero en la Serra de Tramuntana? ¿O tal vez nos encontramos en el barullo inmenso del Palma Arena, con pistas de ciclismo inservibles pagadas dos veces, marcadores electrónicos a precio de diamantes y maquetas de un teatro de la Ópera a 1,2 millones. Ahora la diferencia no se contabiliza en kilómetros de distancia, sino en euros. Un solo fleco multiplica por cuatro los importes juzgados y prescritos en el Túnel de Sóller.
Los asuntos que hoy se dilucidan en los tribunales demuestran que nada aprendimos del pasado. Que los mallorquines no hemos sabido poner coto a los desmanes. Que los políticos que salieron impunes de la corrupción del pasado no sirvieron de escarmiento para las nuevas hornadas. Tampoco lo esperábamos. La corrupción se repite desde los comienzos de la Historia. En España hay casos célebres como el de Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, capaz de llegar al asesinato. O especuladores urbanísticos como el Duque de Lerma, en tiempos de Felipe III, o la propia reina regente María Cristina, en el XIX. Algunos de los casos más célebres de corrupción en el siglo pasado se relacionan con Mallorca. El del ´estraperlo´ durante la II República tiene su origen en una ruleta trucada en el hotel Formentor. El de la Barcelona Traction, durante el franquismo, gravita en torno a la figura de Juan March.
Corrupción siempre la habrá y se reproducirá de forma periódica. El hecho diferencial de Balears es que los ciclos se han acortado hasta el punto de que las arcas públicas no se han repuesto del anterior saqueo cuando ya comienza el siguiente. Los casos Túnel de Sóller y Palma Arena están separados por una década. La distancia entre el caso Mapau y el tinglado de Maquillaje apenas supera un lustro. Este ritmo de latrocinio no lo soporta ni la más boyante de las economías.
* Diario de Mallorca - 9.01.10
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LAOPINIÓN* : Ni una, ni dos, ni tres. Hasta 16 modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizó la concejalía de Urbanismo a lo largo de 2004, teniendo como protagonistas a tres de los casi cuarenta imputados que suman ya los casos Barraca y Umbra, dos presuntas tramas de corrupción urbanística que investigan los juzgados de Murcia. Se trata de Joaquín Peñalver, ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, presunto cerebro del Barraca; Jesús Zafra, arquitecto, socio de la mujer de Peñalver, Sandra de la Puente, (imputada en el Barraca) y también acusado en el caso Barraca; y Renato del Noce, ingeniero de Caminos, socio de Sandra de la Puente e imputado en el caso Umbra (fue detenido en la operación que la Guardia Civil desplegó en Murcia el pasado 5 de octubre, que llevó al registro de la Gerencia de Urbanismo y al arresto del ex director de la Gerencia Alberto Guerra y del abogado Higinio Pérez Mateos).
Joaquín Peñalver participó en las 16 modificaciones en su calidad de jefe de Planeamiento de Urbanismo, realizando los pertinentes informes técnicos que sirvieron de base para hacer los importantes cambios de planeamiento. Esas modificaciones, a las que ha tenido acceso este periódico, permitieron a un grupo de empresarios conseguir aumentar la edificabilidad de terrenos en la zona sur del municipio (desde Carrasco y hasta Sucina) adscribiéndole suelo forestal a esas parcelas, que después cedían al Ayuntamiento, administración que les permitía construir más viviendas de las autorizadas en un principio y hasta edificios de varias plantas a pie de monte.
Dieciséis modificaciones
De esas 16 modificaciones que se tramitaron en el 2004 mientras Peñalver fue jefe de Planeamiento, Jesús Zafra participó como arquitecto en ocho de ellas, cinco de las cuales realizó junto a Renato de Noce, implicado en el caso Umbra en el que se investigan los convenios firmados en la zona norte y la presunta falsificación de facturas de la remodelación del Casino de Murcia.
Además, una sociedad vinculada a Jesús Zafra actuó en cinco de las modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación en representación de distintas empresas promotoras y de construcción.
Las modificaciones del Plan en las que participaron los tres imputados en los casos Barraca y Umbra se realizaron en las pedanías de Baños y Mendigo, Gea y Truyols, Jerónimo y Avileses, Sucina, Sangonera la Verde y Los Martínez del Puerto. Más de 22 millones de metros cuadrados se vieron afectados por estos cambios en el PGOU, de los que casi 13 millones corresponden a suelo urbanizable y otros once millones a suelo forestal, que gozaba de la máxima protección en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que tardó en redactarse más de un lustro y que entró en vigor en 2001.
* La Opinión - 8.01.11
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
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ELPAÍS/Sevilla* : "Las obras realizadas contravienen lo autorizado en la licencia de obras, se han realizado en un suelo de especial protección y son incompatibles con el planeamiento urbanístico vigente (...) Este suelo es inedificable". El decreto de la arquitecta municipal María del Villar Garcés sobre las obras que ejecutó el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Manuel Morilla (PP), en su cortijo, refleja con contundencia cómo el regidor vulneró la ley al ampliar la superficie construida en 255 metros cuadrados. Los trabajos incluían una "construcción secundaria anexa a la piscina" y un torreón que no debieron levantarse, según la técnica. La ampliación suponía una infracción grave según establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pero el expediente sancionador fue archivado porque el delito prescribe a los cuatro años: fue supuestamente cometido en 2004, y el expediente se abrió en abril de 2010.
La Fiscalía de Medio Ambiente ya señaló el delito urbanístico por parte de Morilla y su esposa, Ana Fernández, el pasado julio, pero coincidió en la prescripción del delito.
Sin embargo, el expediente administrativo para restablecer la legalidad urbanística, prosigue. Al estar el caserío en suelo no urbanizable de especial protección, la obligación de devolver el terreno a su estado original no prescribe. La esposa del regidor solicitó el permiso de obras en 2004 por solo 45.800 euros para la gran reforma que supuso construir 255 metros cuadrados de nueva planta. Fernández ignoró el año pasado el plazo para presentar un proyecto de legalización de la construcción. Ahora acaba de presentar sus alegaciones. Este expediente, instruido por la arquitecta y la secretaria Ascensión Serrano y que debe resolverse antes del 19 de febrero, determinará si Morilla está obligado a demoler sus nuevas construcciones o por el contrario será legalizada con una indemnización económica. La última palabra depende del hijo del alcalde y concejal de Urbanismo, Francisco Manuel Morilla, y el alcalde en funciones, Alfonso Angulo.
El Seprona de la Guardia Civil denunció al regidor por enterrar junto a un arroyo los escombros que generaron las obras. Las placas de cemento y los restos de obra estaban cubiertos por tierra vegetal. La Consejería de Medio Ambiente evalúa el daño que los escombros causaron a un arroyo como cauce público.
La formación AMA-Morón ha remitido toda la información a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para que actúe y restablezca el orden jurídico perturbado. "Es imprescindible que la Fiscalía Anticorrupción investigue la financiación de las obras ilegales del cortijo", denuncia Isidoro Albarreal, portavoz de esta formación. Morilla, ex apoderado del torero Jesulín de Ubrique, se limitó a responder: "No sé nada de la construcción de mi casa. Yo de eso no entiendo".
La polémica reforma del cortijo Zafra
- La esposa del alcalde de Morón, Manuel Morilla, solicita una licencia de obras para reformar el cortijo Zafra con un presupuesto de 45.872 euros en marzo de 2004.
- El expediente para restaurar la legalidad urbanística aclarará si debe demolerse la construcción o legalizarse mediante indemnización. La arquitecta subraya los 255 m2 nuevos en un suelo "no urbanizable de protección especial", contrarios a la ley.
* El País - 8.01.11
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
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LEVANTE/Valencia : La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento ha obligado al Ayuntamiento de Paterna a corregir un plan urbanístico de más de 2.300 viviendas para que se rebajaran las alturas de algunos de los futuros edificios en distintas zonas del sector Pla del Retor, al "no cumplir las servidumbres aeronáuticas aplicables el ámbito de actuación" por la cercanía del aeropuerto de Manises. Para lograr el visto bueno de Aviación Civil, el Plan Parcial de los antiguos terrenos militares, situados entre Lloma Llarga-Valterna, la autovía CV-365 y la Ciudad Deportiva Viña del Andaluz, ha modificado las alturas de los 22 bloques de edificación para "respetar las servidumbres aeronáuticas".
Con carácter general se establece una altura máxima de 21 plantas para los edificios situados en el vial perimetral al este del sector, mientras que en las zonas norte y sur los bloques quedan con un máximo de 12 y 14 alturas, respectivamente, con lo que estas fincas tendrán nueve y siete plantas menos. Mientras que en la zona terciaria se reduce el número de plantas de 10 a 9. Por tanto, lo que se hizo fue redistribuir la edificabilidad total del Plan Parcial entre las diferentes manzanas.
Se ha añadido en las Normas Urbanísticas del programa un artículo específico sobre las servidumbres del aeropuerto de Manises, donde se incluye la "necesidad de obtener resolución favorable" en el trámite de autorización de cualquier construcción o estructura en el ámbito del sector, con tal de no perjudicar las operaciones de los vuelos en el aeródromo. En el documento que se aprobó definitivamente en 2010 se hace constar que se trata de alturas máximas, por lo que la altura real de los 22 edificios que se construyan podrá ser menor.
* Levante - 8.01.11
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es
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ELPAÍS/Vigo* : El 2010 fue otro año horrible para la promoción inmobiliaria. En Galicia, comunidad teóricamente menos afectada que otras zonas españolas, los cálculos más optimistas estiman que hay 20.000 viviendas nuevas sin vender sobre un parque total que debe superar con creces el único censo oficial que existe, realizado en 1991 por el Instituto Nacional de Estadística, de 1.137.000 hogares. De las grandes constructoras, únicamente Martinsa-Fadesa tiene en cartera un volumen apreciable de pisos vacíos. Son 1.370, casi todos en la urbanización Costa Miño Golf del municipio coruñés. La nueva caja de ahorros tiene a la venta otros 346 inmuebles de los que se ha tenido que hacer cargo, la mayoría en pago de préstamos fallidos solicitados por promotores.
Según datos del Informe Ardán que publica la Zona Franca de Vigo, durante el auge inmobiliario al menos 268 empresas constructoras incrementaron sus ingresos a un ritmo medio del 56% anual entre los años 2000 y 2006. Cuando la burbuja estalló, casi todas frenaron en seco sus números. "Llevo mucho tiempo en esto, pero nunca había visto tantas ventas sobre plano como por aquel entonces", recuerda Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin). De aquellos polvos llegaron pronto los lodos. Según los cálculos de la Aproin, siete de cada diez viviendas de uso turístico y residencial no encuentran ahora ninguna salida en el mercado. En las ciudades los promotores dicen no apreciar grandes stocks, aunque un repaso por las webs inmobiliarias muestra ofertas importantes, como la de una empresa que construye seis edificios en pleno centro de A Coruña, o la torre que acaba de terminar Sacyr muy cerca del centro de Vigo. El paisaje de grúas paradas de A Mariña lucense o los carteles de venta de urbanizaciones enteras en Sanxenxo son la cara más visible de la sobreoferta. El caso más paradigmático quizá sea el de la localidad de Salvaterra, donde el desarrollo de la Plisan, que se anunció como el mayor polígono industrial de Galicia, desató a principios de la década la bulimia del ladrillo, lo que de paso llenó las arcas municipales. Ocho años después, tras la anulación del plan sectorial que daba vida al parque y mientras los políticos buscan soluciones rápidas al problema, muchos pequeños constructores y algunos especuladores que compraron para revender han acabado pagando el pato.
"En el área turístico-residencial los ciclos remiten a gráficas con dientes de sierra", dice Garrido, "tarde o temprano esas promociones, incluidas las de la costa lucense, se terminarán y se venderán".
El sector sigue en pie de guerra contra la ley del suelo estatal, que obliga a las comunidades a reservar un mínimo del 30% de viviendas protegidas (en municipios como Vigo el ayuntamiento lo ha elevado al 40%). Aunque también hay dificultades para sacarlas al mercado. La Xunta se ha marcado, en el Plan de Vivenda 2009-2012, el objetivo de que 50.000 personas accedan a un piso de protección, para lo que es imprescindible inscribirse en el registro de demandantes. "Pero el registro no funciona. De los apuntados pocos compran. Muchos creían que las condiciones eran mejores, a otros no les dan crédito los bancos y algunos incluso pensaban que las viviendas se regalaban", resumen los promotores. Los mayores desarrollos de protección oficial en Galicia se encuentran ahora en el Polígono de Navia (Vigo), el Ofimático (A Coruña), Valdecorvos en Pontevedra y Narón.
En cuanto a la vivienda libre, de promoción privada y sin precio tasado, los empresarios quieren impulsar 5.000 ventas anuales dando garantías a personas que, pese a tener capacidad económica, no se atreven a comprar una casa por miedo a perder el empleo. Para conseguirlo le han presentado a la Xunta un Plan de Reactivación pidiendo ayudas a la financiación, rebajas de impuestos, beneficios en la rehabilitación y "racionalidad" a la hora de planificar leyes.
Promesas incumplidas
Al Partido Popular no le gusta el registro de demandantes, obligatorio para quienes quieran acceder a un piso de protección oficial. Lo dice el propio programa electoral que aupó a Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta. Su compromiso era sustituir ese trámite por un "registro de viviendas" en el que el promotor pondría a disposición pública una serie de inmuebles a un precio por debajo de un máximo -que fijaría anualmente la Xunta-.
Según los planes del PP, los empresarios tendrían que comprometerse a mantener las ofertas durante al menos un año con posibilidad de prórrogas. La Administración se limitaría a informar de las casas disponibles y la gestión sería a cargo de los promotores, Según la propuesta de campaña, eso abriría la puerta al despegue de las ventas, "de modo que se podrán comprar en unas condiciones muy ventajosas, similares a las que se aplican para las viviendas protegidas".
El plan, del que no se sabe nada, era un calco del puesto en marcha por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y que ha sido un rotundo fracaso. Aguirre anunció a bombo y platillo un acuerdo con entidades financieras y constructores para dar salida a 25.000 pisos vacíos. Al final, apenas un 5% aceptaron las condiciones y las ventas reales fueron anecdóticas. Por descontado, tampoco consiguió su principal objetivo, que era forzar la bajada de los precios hasta un 20%.
* El País - 7.01.11
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
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CANARIAS7* : El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria proyecta una cierta sensación de indefensión en cuanto se abre un plano de la ciudad. Los litigios por el suelo parecen aflorar sin solución de continuidad y, lo que es peor, sin capacidad de reacción. Cuando no hay que tirar la biblioteca general del Estado, surge una familia reclamando 170 millones de euros por la desembocadura de El Rincón o dos torres de quince plantas de altura proyectan una sombra de inquietud sobre el futuro de Ciudad Alta. La herencia se ha convertido en un arma arrojadiza y en un lastre. El Partido Socialista la enarbola en cuanto le estalla uno de estos regalos bomba que dejó activados los gobiernos de José Manuel Soria. Según el concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento, Néstor Hernández, «el Plan General que dejó el Partido Popular en el año 2000 puede suponer a la ciudad 232,81 millones de euros».
Esta cifra es una estimación ajustada. Lógicamente, no habrá que pagarla de golpe, pero dimensiona a las claras la precariedad en la que se encuentran las arcas municipales frente a las consecuencias de la gestión de corporaciones anteriores.
La herencia vuelve a pesar como una losa y la hacienda pública apenas le queda margen para respirar. En estos tres últimos años de mandato se han pagado ya por sentencias relativas al suelo unos 37 millones de euros. Y a fines de octubre, Néstor Hernández anunciaba que este año habría que hacer frente a 42 millones de euros, a los que se sumaría una cifra similar en 2012.
Cardona. Es en este escenario donde el Partido Popular anuncia la elección de Juan José Cardona como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. En el Ayuntamiento ya lo esperan con los guantes enfundados porque él fue protagonista de algunos de los episodios más controvertidos de la ordenación urbanística de la ciudad, no en vano fue el que rubricó el Plan Especial que permitió la operación del Canódromo. Y no se descarta que en plena campaña electoral el candidato del PP sea llamado por el juez para tomarle declaración respecto a este caso, que aún sigue vivo en las instancias judiciales. De hecho, en el seno del PP hay opiniones calladas por el riesgo de los daños que su candidatura podría sufrir en caso de que este pleito se reavive en el palacio de justicia.
El del Canódromo ha sido sin duda la operación que más ha marcado el devenir de la gestión urbanística de los últimos años. Fue una actuación que ha sido condenada ya por los tribunales hasta en cuatro ocasiones y que está a la espera del dictamen del Tribunal Supremo y del juzgado de Instrucción a nivel autonómico. Ha sido también el origen de la primera comisión de investigación en el Ayuntamiento capitalino, que concluyó con la condena del «urbanismo fallido» de José Manuel Soria, caracterizado por una apuesta por la permuta frente a la enajenación mediante subasta, que conducía a que las plusvalías de las operaciones se las llevara el operador privado.
Aunque el origen de muchos de los litigios no llevara la firma de Juan José Cardona, su presencia sí se hizo notar como concejal de Urbanismo al impulsar el Plan General del año 2000, que llevó, entre otros asuntos, al callejón sin salida de Pavía.
En todo caso, desde el grupo municipal popular la lectura es bien distinta. En diferentes ocasiones, sus concejales han asegurado que todos los cálculos del grupo de gobierno son «capítulos de infundadas reclamaciones y sentencias que llevan pregonando todo el mandato sin que se ajuste un ápice a la realidad».
En octubre, y en reacción a la reclamación de 170 millones de euros por los terrenos de El Rincón, el Partido Popular señalaba: «Es como si este gobierno le pusiera todas las noches una velita a Santa Rita pidiendo que llegue una reclamación al Ayuntamiento para poder meterse con el PP».
Sin embargo, hay realidades que escapan al debate político. La lista de causas pendientes en los tribunales de justicia amenaza con ensombrecer el futuro de una ciudad ya de por sí asfixiada por la crisis.
* Canarias 7 - 8.01.11
Foto: Las Palmas, torres Canódromo - Q.Curbelo, canariasahora.es
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LAOPINIÓN/Málaga* : La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha asegurado este viernes que no sabía el trabajo concreto que realizaba para el Ayuntamiento marbellí el letrado y presidente del Sevilla, José María del Nido, acusado en el caso 'Minutas', y ha explicado que en ese momento era concejala "rasa". "Mi trabajo eran los barrios y tratar de arreglar cosas. Hasta el año 2003, no empecé a darme cuenta de que había papeles en el Ayuntamiento", ha declarado. Yagüe, que ha comparecido como testigo en el juicio que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga sobre las presuntas irregularidades en los encargos realizados por el Consistorio marbellí al letrado, ha afirmado que sólo coincidió una vez en una reunión con Del Nido. Sin embargo, ha insistido en que no sabe lo que desempeñaba, y sólo cree recordar que el trabajo que hacía era relacionado con el Tribunal de Cuentas.
"Apuro me da de que no tengo ni idea", ha apostillado sobre la contratación y la labor de Del Nido y ha precisado que ella "tan sólo" era concejal de Participación Ciudadana y su cargo en ese momento "no era relevante". "Quién me iba a decir a mí que se iba a contratar a Del Nido o a quien fuera, qué quiere que le diga, que explicaciones las mínimas, pues ya se lo estoy diciendo", respondió, a preguntas del fiscal Anticorrupción.
A este respecto, Yagüe, acusada en el caso 'Malaya' contra la presunta trama de corrupción en Marbella, ha especificado, en su declaración como testigo, que con Gil como alcalde "no se hacía nada sin que él lo supiera" y ha manifestado que éste regía el Ayuntamiento de Marbella desde el Club Financiero, por lo que ha asegurado que lo vio "muy pocas veces" en el Consistorio, tan sólo para algunos plenos.
Sobre las sociedades municipales de Marbella, la ex regidora ha añadido que "incluso ahora" desconoce el objeto social y su control financiero, aunque fue presidenta de una de ellas. "Entonces es que no tengo memoria, pero de verdad que no lo sé", ha dicho sobre estas entidades Yagüe, quien ha indicado que está en tratamiento y ha repetido en numerosas ocasiones la expresión "no tengo ni idea" para referirse a su etapa como edil.
En cambio, de cuando fue alcaldesa, a partir de la moción de censura a Julián Muñoz, sobre la que ha dicho que se hizo porque "había malestar" en el equipo de gobierno, sí ha señalado que "lo que se tuviera que hacer legalmente se hacía, eso lo tengo claro", a lo que ha añadido que "lo que he hecho ha sido inmaculado y transparente con lo que me han dicho personas como el secretario y el interventor y he intentado corregir lo que estuviera mal".
El poder de Gil
Por su parte, la ex edil Isabel García Marcos, entonces concejala del grupo socialista en la oposición, ha asegurado que Gil hacía "uso y abuso de un poder absoluto" y que no iba al Ayuntamiento, sino que "tenía mando a distancia". No obstante, ha precisado que "su poder se notaba, no hacía falta que fuera" y que éste "no aceptaba ningún tipo de indicación ni nada".
"Jesús Gil no daba la posibilidad de participar en nada y el querer ejercer cualquier funcionario las funciones de la manera que fuera si era contraria a Gil no había nada que hacer", ha indicado, al tiempo que ha afirmado que Del Nido fue a partir de 2003 "el sustituto" del que hasta ese momento había sido el asesor jurídico del Ayuntamiento y hombre de "máxima confianza" de Gil, José Luis Sierra.
"Relación cordial" entre Muñoz y Del Nido
García Marcos ha asegurado que el también ex regidor Julián Muñoz decía "que quería más independencia de Gil", aunque para encabezar la lista "tenía que decir 'sí, buana'". Ha manifestado que había una relación "cordial" entre Muñoz y el presidente del Sevilla y ha dicho que el entonces secretario municipal, Leopoldo Barrantes, también acusado en este caso, no dificultó la labor de oposición a pesar "de las circunstancias difíciles".
Respecto a la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. García Marcos, acusada también en el caso 'Malaya', ha señalado que fue "una batalla campal para saber qué estaba ocurriendo" por la falta de información de la oposición y ha explicado que ese tipo de encargos para hacer alegaciones se hacían a asesores externos "con lo que teníamos menos posibilidad de enterarnos", aunque afectaba "a la cuenta general".
Asimismo, ha explicado que no había control previo en las sociedades, cuya existencia "siempre estuvo poco justificada". Al respecto, la que fuera edil del PSOE, expulsada de este partido tras haber entrado en el equipo de gobierno con Yagüe como alcaldesa, ha indicado que cuando se denunció el mal funcionamiento de estas entidades "no hubo resultados a otros niveles, con lo que creo que se actuaba en la creencia de que era impunidad o de que era correcto todo".
* La Opinión Málaga - 7.01.11
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
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ELPAÍS* : La de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela es la historia de un doble desfase, arquitectónico y presupuestario. Las previsiones de la Xunta de Galicia, establecidas en 1999, con Fraga en el poder, consignaron un complejo cultural de 60.000 metros cuadrados, un coste de 108,2 millones de euros y 12 trimestres de obras. Once años más tarde, la Ciudad de la Cultura, diseñada por el arquitecto estadounidense Peter Eisenman, ocupa 148.000 metros cuadrados en las faldas del monte Gaiás, ha consumido casi 400 millones de euros de los presupuestos autonómicos y ha generado interminables polémicas entre los partidos políticos. Los Príncipes de Asturias viajan este martes a Galicia para oficiar la ceremonia inaugural de unas instalaciones inconclusas: en realidad, solo la Biblioteca de Galicia y el Archivo comenzarán a funcionar con regularidad. El museo de historia y patrimonio de la comunidad, un centro de artes escénicas y el controvertido Centro de Arte Internacional deberán esperar.
"La de Eisenman era una idea buenísima", hace memoria el arquitecto catalán José Llinas Carmona, "pero sufrió muchas modificaciones con el tiempo". Llinas Carmona formó parte del jurado del concurso que en agosto de 1999 otorgó por mayoría absoluta a Eisenman, teórico y apóstol de la deconstrucción, la responsabilidad de levantar, según exigía el plan sectorial redactado por el Gobierno autónomo, "un complejo edificatorio de uso predominantemente cultural" en una colina a las afueras de Santiago de Compostela.
De aquel tribunal, compuesto por prestigiosos profesionales y pensadores del hecho arquitectónico, además de por cargos políticos de la Xunta de Manuel Fraga, solo trascendió el voto contrario del profesor de Austin Wilfried Wang. En la comisión parlamentaria creada después de que la coalición entre socialistas y nacionalistas del BNG asumiese el Gobierno, Wang llegó a hablar del "miedo a Fraga" que sentía el jurado y que por ello escogieron el proyecto de Eisenman. "Solo había que comparar planos para darse cuenta de que era demasiado grande", declaró entonces.
Luis Fernández Galiano, también en el grupo de expertos que tomó la decisión, recuerda las objeciones de Wang. "Fue el único que advirtió que el coste de la obra podría dispararse", señala, "a Wang le gustan las formas prismáticas, siempre más baratas de construir que las formas redondeadas, es cierto... y también es cierto que el proyecto se hipertrofió", añade Galiano, "porque la propietaria, la Administración, lo hizo crecer y fue aumentando elementos".
Pero el arquitecto con oficina en Madrid defiende la silueta curva, inspirada en una concha de vieira, que domina la línea del cielo oriental de la capital gallega. "Era un proyecto topográfico, que se adaptaba muy bien a la colina", considera. Y no olvida que a finales del siglo pasado la economía occidental podía permitirse financiar obras de semejante envergadura. El ejemplo del Guggenheim bilbaíno y sus efectos resultaba demasiado atractivo. A la construcción de la Ciudad de la Cultura había optado el star system de la arquitectura mundial: Rem Koolhas, Jean Nouvel, Ricardo Bofill o Dominique Perrault. "Era otro momento en el mundo", admite. Pero Fernández Galiano insiste en la necesidad de "grandes consensos políticos para este tipo de obras" y cree que "dentro de 50 años se sentirán orgullosos de haberla construido".
Andrés Fernández Albalat, fundador del Colexio de Arquitectos de Galicia, representó la cuota gallega en aquel tribunal. Y asegura que también se opuso a refrendar los planes de Eisenman, pese a que únicamente se supo de la postura de Wilfried Wang. "La evolución que sufrió la obra es una consecuencia directa del proyecto de Peter Eisenman; el presupuesto se ha disparado y eso no es de recibo en arquitectura", afirma.
La Ciudad de la Cultura, cuya dirección de obra corre a cargo del arquitecto Andrés Perea, cuanta, para 2011, con menos de 34 millones de euros. La Xunta de Galicia busca fórmulas para que el capital privado ayude a sostener la infraestructura.
* El País - 8.01.11
Foto: Panorámica de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, con la biblioteca y el archivo de Galicia, situada en el monte Gaiás.- elpais
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