Unas 500 personas están imputadas en Balears por casos de corrupción

DIARIODEMALLORCA* : Se imaginan a todos los habitantes de Escorca (276 almas), multiplicados por dos e imputados en enrevesadas y millonarias causas judiciales, ese es el balance de los veinte principales casos de corrupción en las administraciones públicas y de tramas de evasión fiscal que tramitan los juzgados de Balears. Los quinientos encausados en unos sumarios de gran complejidad variarán a lo largo de este nuevo año. No será hasta la fase final de la instrucción, coincidiendo con la calificación provisional de las acusaciones, cuando se sepa la cifra exacta de encartados. Las veinte causas aún "vivas" sobre presuntas corruptelas en Ayuntamientos, Consells insulares, Govern y otras administraciones públicas, cometidas en las pasadas y la actual legislatura, son las siguientes: Bomsai; Inestur-Voltor; Palma Arena; Andratx; Can Domenge; Son Oms; Maquillaje; Ibatur; Peaje-Carreteras; Fundació Illes Balears-Torre de Sant Elm; Scala-Consorcio per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB); Bitel-2; Turismo Jove; Ibatur; Funeraria de Palma-EFM; Ayudas del Consell de Mallorca; Mar Blau-Puertos del Estado; Relámpago; Canteras del Govern e Eivissa Centre.

En el año 2010 se archivaron 2 sumarios y también se dictó el sobreseimiento para unos cuantos encausados en otros casos. Las causas archivadas fueron las del Plan Territorial de Mallorca y la última viva contra la ex alcaldesa socialista de Calvià Margarita Nájera, por un solar urbanizable comprado por su ex marido Manuel Barajas hace ya casi 10 años.

140 imputados en Andratx
El caso que, con diferencia, ha dado lugar al mayor número de imputados ha sido el de Andratx, la cada vez menos presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de dicha localidad. La también conocida como Operación Voramar se ha saldado nada menos que con unos 140 imputados, en las 77 piezas separadas abiertas para esclarecer un sinfín de corruptelas urbanísticas. Los principales encausados, algunos de ellos ya en prisión, son: el exalcalde de Andratx por el PP, Eugenio Hidalgo; el exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas, Jaume Massot, y el antiguo celador municipal de obras, Jaime Gibert.
El segundo sumario con más implicados es el bautizado como Operación Maquillaje, hijuela del caso Son Oms y que ya tiene 63 imputados. Las previsiones apuntan a que esta supuesta trama de desvíos millonarios de fondos públicos a empresas afines a UM y militantes de ese partido seguirá creciendo.
Los acusados de mayor relumbrón constituyeron en su día la cúpula de UM: María Antònia Munar; Miquel Nadal; Miquel Àngel Flaquer; Bartomeu Vicens; Josep Lliteres; Miquel Àngel Grimalt; etc. Junto a ellos son sospechosos un carrusel de testaferros, parientes y empresarios, entre ellos el esposo de Munar, Miguel Munar, y los primos de Nadal, Miquel Sard y su esposa.
La tercera causa más poblada es el Palma Arena, un presunto entramado de desvío de fondos y financiación irregular del PP a través de las obras y eventos del velódromo del mismo nombre. Ya casi nadie se acuerda de que el Palma Arena nació como Operación Espada, en honor a la mítica bicicleta de Induráin. Hoy, ronda el medio centenar de encausados. Su imputado más famoso, y más fotografiado, es el expresident del Govern Jaume Matas, quien comparte sumario con su esposa y su cuñado (extesorero del PP).



* Diario de Mallorca - 2.01.11
Foto: Baleares, fotos de Matas y Munar - elplural.com


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Madrid.- La Comunidad cierra por sorpresa un albergue juvenil

MADRIDIARIO* : El albergue juvenil de Santa María del Buen Aire, dependiente de la Dirección General de Juventud y ubicado en el municipio de San Lorenzo del Escorial, echa el cierre este viernes. Los doce trabajadores que han sido despedidos aún no se explican la fulminante decisión, mientras que el director del centro, funcionario regional, será reubicado en otro albergue. El albergue para jóvenes Santa María del Buen Aire dejará de funcionar este viernes, 31 de diciembre. Utilizado de manera habitual para acoger jornadas de convivencia o campamentos, está emplazado en un paraje natural envidiable, rodeado de amplias praderas y a espaldas del monasterio de El Escorial. Se reinauguró, tras una reforma, hace cinco años, en concreto el 27 de mayo de 2005.

Venía siendo utilizado con frecuencia por asociaciones que trabajan por la integración de jóvenes discapacitados como CEPRI -especializada en el tratamiento de personas con autismo- o APAMA -Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad de Alcobendas- por su "excelente emplazamiento libre de coches y baños y habitaciones adaptados", explica un trabajador de CEPRI.

Ahora, nadie se explica el por qué del cierre. Rosa Ariza, una cocinera que llevaba varios años prestando allí sus servicios, se enteró "hace menos de una semana" de su despido: "Estamos muy indignados porque no sabemos nada, nadie nos ha dado ninguna explicación". Igual que ella, otros once trabajadores de Gastronomía Las Murallas -empresa que tenía adjudicada la gestión del centro- se han quedado sin trabajo "de la noche a la mañana".

Muchas son las especulaciones sobre el cierre. La crisis o la intención de la Comunidad de privatizar el centro son algunas de las que más suenan entre los afectados. Sin embargo, desde la Consejería de Cultura y Deporte, organismo del que depende la Dirección General de Juventud y la red regional de albergues y refugios, se aseguró a este digital que la intención no es otra que la de "realizar un cierre temporal para estudiar la viabilidad y mejora de los servicios que venían prestándose en este albergue, puesto que en los últimos años ha experimentado una progresiva disminución en la ocupación y demanda".

Y es que, según datos facilitados por la Dirección General de Juventud, "en 2008 el porcentaje de ocupación fue del 45,53 por ciento, en 2009 del 44,35 por ciento y en 2010 la media de ocupación es del 40,23 por ciento". Estas cifras contrastan con la opinión de los trabajadores, quienes afirman que "el sitio está muy preparado y siempre estaba lleno de gente, no entendemos el por qué de la decisión, aunque es verdad que desde primavera ya no se aceptaban reservas para enero".

La Comunidad de Madrid quiere además hacer constar que dispone de otro albergue en San Lorenzo del Escorial: "Estas instalaciones podrían absorber la posible demanda que se presentara durante el cierre temporal".

José García, coordinador de CEPRI, por su parte lamentó la decisión porque "el sitio se había convertido en un albergue ideal para venir con chicos con discapacidad intelectual y, a diferencia de otros, éste estaba abierto todo el año a excepción de Nochebuena y Nochevieja". "Es una verdadera pena", concluyó.



* Madrididiario - 30.12.10
Foto: San Lorenzo del Escorial, albergue juvenil cerrado - madridiario

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Galiza non se Vende pide una huelga general urgente

LAOPINIÓN* : La plataforma 'Galiza non se vende', que aglutina a diferentes asociaciones, ha hecho público un manifiesto en el que reclama una "huelga general urgente" que sea continuada con más protestas, como paros, boicots y activismo, para lograr un "cambio de rumbo en las políticas sociales y económicas". En un comunicado, critica que "desde el Gobierno central y la Xunta se subvenciona, como siempre y sin contar con el pueblo" a los bancos, a las grandes empresas y a instituciones como la eclesiástica y la militar. Al mismo tiempo, ha reprochado, "se están recortando todos los gastos sociales". Además, la plataforma ha considerado que la Xunta desarrolla una legislación que se basa en "la desprotección del territorio" y "agrava la actual permisividad" en el urbanismo.

"Son normativas pensadas, ideadas y preparadas para entregar lo que es patrimonio de todas y todos a las manos del capital, con todas sus caras", ha denunciado y ha citado, entre otras normas, el Plan de Ordenación del Litoral, la modificación de la Ley del Suelo, la Ley de Montes, las Directrices de Ordenación del Territorio, el plan de acuicultura o el de gestión de residuos.

Asimismo, ha criticado que el decreto que regula el uso del gallego en la enseñanza "menosprecia" la lengua propia de Galicia y "toda" su cultura. "Este modelo es inviable; necesitamos otro modelo que ponga en el centro al medio ambiente, la cultura y las personas", ha reclamado el colectivo.



* La Opinión - 31.12.10
Foto: galiza_non_se_vende

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Marbella.- Un inmueble marcado porla polémica desde su adquisición en 1991

SUR* : La imagen del edificio de Urbanismo, al que durante mucho tiempo se conoció como 'el otro Ayuntamiento', está ligada por asociación a la figura de Juan Antonio Roca. Entrar en su día en el inmueble suponía adentrarse en los dominios del principal acusado del 'caso Malaya', los despachos desde donde el ex asesor municipal supuestamente manejaba a su antojo el urbanismo de Marbella. Sin embargo, antes de que Roca los convirtiera en su fortaleza, los dos locales comerciales que el Consistorio cederá a la Junta de Andalucía ya estaban marcados por la polémica. Tanto, que las operaciones llevadas a cabo para la adquisición del edificio derivaron en un procedimiento penal por los presuntos delitos de fraude, alzamiento de bienes y falsedad en documento oficial: el denominado 'caso Sermosa'. Según la Fiscalía Anticorrupción, la compra de los locales por parte de la Administración local presidida por Jesús Gil a una sociedad del propio alcalde supuso un perjuicio de más de 1'2 millones de euros -200 millones de pesetas- para las arcas municipales.

La causa judicial tiene su origen en la denuncia presentada en 1994 por la entonces edil socialista Isabel García Marcos, que en la actualidad comparte banquillo con Roca en el 'caso Malaya', aunque los hechos se remontan a 1991. Según Anticorrupción, en octubre de ese año Gil y el propietario de la mercantil Servicios Monetarios SA (Sermosa), Benigno Vázquez, acordaron enajenar los bienes de dicha sociedad para evitar que fueran embargados por los acreedores. Para ello, el Club Financiero Inmobiliario, empresa propiedad de Gil, compró a Sermosa dos inmuebles en Madrid y siete en Marbella -los dos locales de Urbanismo y cinco plazas de garaje- por 2.295.866 euros.
Nuevas escrituras
Dos meses después, el ex alcalde y Vázquez anularon la operación y firmaron unas nuevas escrituras por las que los inmuebles de Marbella se vendían a la empresa municipal Contratas 2000. Según el Ministerio Público, en la operación se fijó un «precio ficticio» de 3 millones de euros, «superior en más de 200 millones de pesetas al fijado para las mismas fincas dos meses antes». De esta forma, según la Fiscalía, los bienes de Madrid «pasaron a la propiedad de Gil sin que éste pagara cantidad alguna por ellos, pues el desembolso lo efectuó el Ayuntamiento de Marbella mediante el sobreprecio ficticio que se le impuso».
El fiscal solicitaba seis años de prisión para los tres acusados en el procedimiento: Gil, Vázquez y José Luis Jiménez, hombre de confianza del ex alcalde y que participó en la operación como gerente de Contratas 2000. El juicio por el 'caso Sermosa' dio comienzo en la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre de 2003, pero, tal y como habían solicitado los acusados en las cuestiones previas, la causa se remitió finalmente a la Audiencia Nacional al considerar el tribunal que los supuestos delitos tenían conexión con los hechos investigados en el 'caso Saqueo'.
Finalmente, en junio de 2009, fallecidos ya Jesús Gil y José Luis Jiménez, la Audiencia Nacional condenó a Benigno Vázquez a seis meses de arresto mayor por un delito de apropiación indebida.



* Sur - 31.12.10
Foto: El edificio de Urbanismo, registrado por la policía el 29 de marzo de 2006, día en que estalló la 'operación Malaya'.- sur

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Icomos acusa al PP de favorecer a los constructores

LAVOZDEASTURIAS* : A pesar de las críticas que recibe por parte del concejal de Urbanismo de Oviedo, el presidente del Comité Internacional de Icomos sobre Itinerarios Culturales, Víctor Fernández Salinas, acude a la ciudad para analizar la nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) y sus repercusiones sobre los edificios catalogados que ahora quedan desprotegidos. El asesor de la Unesco en España sobre aspectos de patrimonio es claro: “El conjunto histórico de Oviedo no es sólo patrimonio de la ciudad, lo es de todo Asturias”, comentaba en alusión a la decisión del PP de revocar la protección a 600 inmuebles. Una catalogación que daba la propia norma municipal. “Llama poderosamente la atención que un PGOU de 2005 se tenga que cambiar para permitir actuar en los inmuebles catalogados; es una deslegitimación de la propia norma”, sentenció. “Aquí lo que se está haciendo es fomentar la actividad del constructor a costa del patrimonio”.

El asesor de Icomos, profesor de Geografía en la Universidad de Sevilla, visitaba el casco antiguo de Oviedo y se fijaba en el edificio que será el primero de los afectados por la nueva norma municipal: San Isidoro 22, en la plaza del Paraguas. Este inmueble catalogado será derruido completamente para volver a ser reconstruido; eso sí, recreando la fachada. “Este tipo de actuaciones va en contra de la protección del patrimonio; lo que se hace es crear una ciudad de mentira”. Fernández Salinas señala que, desde Icomos, poco se puede hacer ya para salvar el edificio. Pero no se rinde. Una de las medidas que va a solicitar al director general de Patrimonio en Asturias, con el que se va a reunir el próximo mes de enero, es ampliar el ámbito que, en la actualidad, comprende el casco histórico, protegido por ser Bien de Interés de Cultural (BIC). El asesor de la Unesco considera que este ámbito de protección es muy reducido. “Aún así, hay edificios incluidos en el catálogo municipal que están dentro del área de protección y, que según la modificación del PGOU, pueden ser también derruidos”. El profesor recuerda que la Ley de Patrimonio prohíbe el derribo de inmuebles que estén dentro de un BIC, salvo que se encuentren en situación de ruina.

Fernández Salinas adelanta que Icomos redactará un informe que será remitido a la Consejería de Cultura, al Ministerio, a la Unesco y al propio ayuntamiento, alertando de los riesgos que conlleva la desprotección de los edificios. “El valor de los inmuebles, aunque no sean monumentales, se tiene que dar aquí mismo; tienen que ser los propios ovetenses quienes tienen que valorar lo que poseen”, añadió. “Nos gustaría hablar con el ayuntamiento, pero con cualquiera que no sea Mortera -el concejal de Urbanismo-. Este señor nos insulta y no tiene conocimientos sobre aspectos de patrimonio”, afirma. Y es que para Fernández Salinas, una persona como Mortera que “defiende el modelo del Fontán”, una plaza porticada que fue completamente derruida y reconstruida posteriormente, “no puede ser un interlocutor válido”.

Quiso también responder a las acusaciones de Alberto Mortera. “No, no tengo el carnet del PSOE”, comentaba. “Pero tampoco tengo el del PP, algo de lo que también nos acusa el Gobierno local de Sevilla por criticar la construcción de la torre de Cajasol”. Mortera acusaba, recientemente, a Fernández de tener “menos credibilidad que Paloma Sainz presentando el palacio de Justicia en El Vasco”. El responsable popular acusó al asesor de la Unesco de estar politizado; “todo el mundo sabe que se encuentra en las antípodas de las posturas del PP”. Y Mortera puso como ejemplo que, mientras Salinas se moviliza con cualquier movimiento que realiza el equipo de Gobierno del PP, “se pierden murales del siglo IX en San Miguel de Lillo sin que diga nada”, aludiendo a que no ataca al Principado.



* La Voz de Asturias - 2.01.11
Foto: Oviedo, ayuntamiento - wikipedia.org

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Todos al suelo

MONCHO ALPUENTE* : La noche del 24 de diciembre se hizo la luz en las cuatro torres de la Castellana, cuatro menhires erigidos a mayor gloria de la especulación inmobiliaria y monumento póstumo al Señor de los Ladrillos, supremo urbanizador de la Tierra Media (la que media entre dos terrenos previamente edificados), gran Mammón (deidad aramea de los bienes materiales), insaciable Moloch (dios de los fenicios, adicto a los sacrificios humanos). Cuatro torres entre paréntesis y en entredicho, torres de Babel milagrosamente culminadas cuando sus constructores empezaban a no entenderse y se mezclaban sus lenguas y sus cifras, soberbios pináculos que se elevaron sobre suelo común, patrimonio de todos los madrileños, suelo expoliado. La tierra para el que se la trabaja con herramientas financieras, con exenciones, subvenciones y recalificaciones. Las torres inclinadas de la plaza de Castilla fueron nuestras horcas caudinas bajo las que pasamos todos con la cerviz humillada, torres de KIO que nacieron de la estafa y fueron prontamente barridas del skyline de Madrid por la prepotencia de las cuatro torres: Espacio, Sacyr Vallehermoso, Torre de Cristal y Torre Caja Madrid.

Durante tres horas y media brillaron las cuatro luminarias, como cuatro cirios votivos de las Pascuas más infelices de las últimas décadas. No brillaron más por criterios medioambientales y de economía de costes pero sus luces alumbraron las nuevas tarifas eléctricas que llegarán con el Año Nuevo de nuestras desdichas.

A la deslumbrante ignición de las torres de la frontera norte se contraponía el persistente apagón de los primigenios rascacielos de la plaza de España, símbolos que fueron del desarrollismo franquista. El edificio España con reminiscencias imperiales y la esbelta Torre de Madrid cubren hoy de sombras la amplia explanada, huyen don Quijote y Sancho hacia la Casa de Campo para escapar del mercadillo instalado en sus dominios, la celebrada Gran Vía desemboca en este agujero negro que absorbe y diluye su energía. De Madrid al cielo, de Madrid el suelo, tierra de nadie con la que todos especulan. ¡Todos al suelo!, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha levantado la veda y ha suprimido el "impuesto revolucionario", así llamó la consejera del ramo a la cesión del 20% que las inmobiliarias y promotoras que construyen en Madrid hacían a la Comunidad para hospitales, carreteras, parques o viviendas públicas. Puro chantaje según las autoridades comunitarias, injusto peaje que obstaculizaba la libertad de los constructores, una ofensa grave a los principios fundamentales del post-neoliberalismo que pregona y predica con sus actos y sus pactos la presidenta Aguirre, cuyo lema habría pasado del clásico "Dejar hacer, dejar pasar" al "Pasemos de todo y que hagan lo que les dé la gana". En un artículo publicado el pasado domingo en estas páginas, el arquitecto Eduardo Mangada calificaba las recientes modificaciones de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid como perversas y retrógradas. Bajo el expresivo título de Incultos y sin vergüenza, Mangada denunciaba la ley de acompañamiento de los Presupuestos comunitarios, subterfugio y artimaña que el Gobierno regional ha utilizado para colar de matute, con auto-enmiendas y disposiciones transitorias nuevas y escandalosas restricciones de los intereses públicos para mayor provecho de los intereses privados. Incultos y sin vergüenzas, nuestros gobernantes han decidido "flexibilizar el procedimiento para la modificación de los usos asignados" a los suelos cedidos por las inmobiliarias y promotoras, que ya no tendrán que ser destinados obligatoriamente a servicios y equipamientos públicos. Como avisa Mangada: "Cuando la derecha utiliza los mantra, 'agilizar' y 'flexibilizar' para conquistar una mayor 'eficiencia' está anunciando un serio y prolongado programa de privatizaciones".

Esperanza Aguirre nos quita el suelo que pisamos, nos agiliza y nos flexibiliza, utilizando su mayoría absoluta para aplastar nuestros derechos y libertades que terminan donde empiezan los suyos y los de los suyos, por donde pisan sus caballos no volverá a crecer la hierba pública, los prados comunales en los que hoy pacen sus vacas sagradas. Una vez agilizado y flexibilizado, cautivo y desarmado, desmantelado y privatizado el patrimonio común, Esperanza Aguirre podrá dimitir en paz y dejar a sus sucesores la administración del corralito restante, la educación y la sanidad públicas volverán a ser, como antes patrimonio de la Beneficencia.

* El País - Opinión - 29.12.10

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Barcelona.- Un error retrasa año y medio la entrega de 22 pisos protegidos en el Carmel

ELPAÍS* : Son 22 viviendas protegidas nuevas, están en el barrio del Carmel y llevan un año y medio esperando a sus dueños. Pese a su aspecto inmaculado, son inhabitables porque no tienen electricidad. Los malentendidos entre Fecsa-Endesa y la promotora han impedido hasta la fecha instalar la estación transformadora que debe conectar el inmueble a la red. "No entiendo cómo se puede tardar 18 meses en poner luz en un edificio", se queja Ana Guelbenzu, una de las vecinas afectadas. La eléctrica afirma que no puede instalar la estación porque le falta el contrato de cesión de un local que debe otorgarle la Fundación Larcovi para el Desarrollo, la promotora. Esta, en cambio, dice que este trámite ya está hecho desde hace muchos meses. Uno y otro se cruzan acusaciones ante la mirada atónita de los propietarios, indignados porque, además de soportar el retraso, perderán miles de euros en desgravaciones fiscales.

Si no escrituran la vivienda mañana, algo ya imposible, sufrirán la entrada en vigor de la nueva Ley de Economía Sostenible, que acaba con los beneficios fiscales por la compra de la vivienda habitual para aquellos que ganen más de 24.000 euros brutos al año.

Ana ha adelantado 6.420 euros por la reserva del piso y otros 18.773 euros por la compraventa, una suma que sí podrá desgravar. Pero nada más, tampoco los 100.000 euros que, mediante hipoteca, le quedan por pagar. "Habría podido desgravar durante 25 años si no fuera por la mala gestión de esta gente. Ahora ya no hay nada que hacer", lamenta.

Según el contrato de compraventa, la promotora tiene la obligación de entregar los pisos tres meses después de la calificación definitiva, resolución que el edificio aún no tiene justamente porque la falta de luz.

"Soy el primero que quiere entregar los pisos, pero lo único que puedo hacer es esperar a que Endesa construya la estación. Es desesperante. Ojalá no la necesitáramos", explica el promotor, Francisco Campos. La eléctrica responde que no pueden "colocar el transformador por falta de documentación".

"Me siento de todo menos protegida", asegura Ana, traductora de 31 años que ha dejado de llamar al Ayuntamiento de Barcelona para reclamar "por desgaste mental". Ana participó en el sorteo de 592 pisos de protección oficial destinados a la venta que el Ayuntamiento de Barcelona sorteó en febrero de 2007, dentro del Plan de Vivienda 2004-2010. En julio de ese año supo que era una de las afortunadas y escogió la promoción del número 160 de la calle de Dante, en el barrio del Carmel, situado en la colina del mismo nombre del distrito de Horta-Guinardó. "Me gusta la zona y había vivido cerca, en Vallcarca", explica.

Es un edificio de 24 viviendas construidas por la Fundación Larcovi (una sociedad sin ánimo de lucro que se nutre del 0,7% de los beneficios de empresa Larcovi), que se ocupa de construir viviendas sostenibles para sectores con pocos recursos. En el bloque hay 18 viviendas destinadas a jóvenes (hasta los 35 años) y seis a realojados del barrio (el plan de reforma del Carmel prevé el derribo de 720 viviendas en mal estado). Los pisos del bloque tienen 63 metros cuadrados y cuestan 125.969 euros.

En abril de 2008, la mujer recibió una carta del Instituto Municipal de Urbanismo en la que se le informaba de que la promotora no había podido iniciar la construcción del edificio porque Fecsa-Endesa debía retirar del terreno una de sus estaciones transformadoras. Tres meses después le comunicaron que las obras ya habían empezado. Un año más tarde eligió el piso, el cuarto primera, y firmó la compraventa. La promotora afirmó que en junio entregaría las viviendas, pero en septiembre todos los vecinos seguían sin llaves. Les anunciaron que podrían instalarse en diciembre. "Dejé el piso de alquiler en el que vivía y me instalé en casa de mi novio. En noviembre, como todavía no me habían dicho nada llamé a la promotora pero nadie contestó el teléfono durante semanas", recuerda.

Hasta junio de 2010 no pudo contactar con la constructora, con oficina en Madrid. No le dieron una fecha concreta. "Al fin tuve una respuesta del Ayuntamiento, que había esquivado el caso hasta entonces. Dijeron que el problema era que faltaba por construir una estación transformadora", explica.

El resto de viviendas de protección oficial del sorteo de 2007, que están repartidas entre el 22@ y la zona Fórum, han sido entregadas a sus propietarios, según afirma el Ayuntamiento.



* El País - 30.12.10
Foto: Barcelona, barrio del Carmel - R.Cugat, elperiodico.com

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Sta. Cruz.- Urbanismo, obligada a pagar más de dos millones en intereses a Dragados

ELDÍA/Tenerife* : La Gerencia Municipal de Urbanismo celebró a mediodía de ayer una sesión extraordinaria y urgente de su consejo rector para dar salida antes de que finalice el año a 29 expedientes administrativos que habían quedado pendientes de aprobación. Entre ellos, los de seis ejecuciones de sentencia dictadas por juzgados de lo contencioso-administrativo solicitando a la Gerencia que abone a la empresa constructora Dragados los intereses de demora por el retraso en el pago de certificaciones de obras ya ejecutadas y que formaban parte de varios proyectos. El importe total del pago de las certificaciones de obras ejecutadas y los consiguientes intereses de demora asciende a más de dos millones de euros. Las obras con parte de sus certificaciones impagadas corresponden a los proyectos "Acciones puntuales en barrios 2003", "Reparación y restitución de infraestructuras dañadas por el temporal del 31 de marzo de 2002", "Campo de tiro, gimnasio y vestuarios en la Unidad Especial de la Policía Local" y "Piscina cubierta de Añaza".

Estas seis ejecuciones de sentencia contaron con la abstención de los ediles del PSC, José Ángel Martín y Marián Franquet, quienes criticaron que las citadas obras disponían de presupuesto cuando salieron a licitación pero que "por la mala praxis de la administración" no se pudieron pagar en tiempo y forma. Por ello, la empresa concesionaria acudió a la vía judicial, que le ha dado la razón en los seis procesos. Además, Martín recriminó que no sólo se paguen los intereses de demora sino también los intereses legales "castigando a los ciudadanos a pagar una obra dos veces más cara por no haber pagado puntualmente".

Por otro lado, el consejo rector aprobó (con el voto negativo del PSC) tres expedientes de reconocimiento de la obligación por la prestación de servicios de asistencia sanitaria, seguridad de las dependencias y limpieza ya que al finalizar la vigencia de los contratos suscritos con las tres empresas que realizaban los citados servicios, así como sus respectivas prórrogas, la Gerencia se vio condicionada a reconocer la obligación de pago para que las empresas adjudicatarias siguieran prestando los servicios.

Así, la Gerencia reconoció la obligación de abonar los servicios prestados de enero a septiembre en el caso de la asistencia sanitaria (unos 38.000 euros), de febrero a julio en el caso de la seguridad (63.000 euros), y de febrero a abril en el caso de la limpieza (50.000 euros). El PSC tachó de "negligente" la actitud de Urbanismo por no prever la necesidad de sacar a concurso en tiempo y forma los contratos de servicios básicos.


* El Día Tenerife- 31.12.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org

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Anticorrupción actuará contra el ex alcalde de La Línea en el caso Roseworld

DIARIODECÁDIZ* : La fiscal anticorrupción de la provincia de Cádiz, Virginia Alonso, actuará en sala en el juicio del llamado caso Roseworld, que dará comienzo el próximo 13 de enero. Y es que fue la Fiscalía Anticorrupción la que efectuó las calificaciones en esta causa penal, en la que están procesados el ex alcalde Juan Carlos Juárez (PP) y los concejales también del Partido Popular Juan Montero, Francisco Muñiz y María Cruz Atienza, así como el ex coordinador de Urbanismo y Hacienda, Carlos Ruiz Calama, entre otros. La fiscal anticorrupción acusó a los miembros de la mesa de contratación de recibir dos millones por la venta de cuatro parcelas municipales a la empresa Roseworld "en compensación por el trato de favor recibido" en esta operación, en la que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, adjudicó en 2005, en una subasta pública, cuatro terrenos de suelo propiedad del Ayuntamiento a una empresa que carecían en ese momento de cualquier actividad mercantil: Roseworld. Un informe policial vinculó a esta compañía con el concejal de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama.

Por ello ha pedido para Juárez, Montero, Muñiz, Atienza y Calama cuatro años de prisión por delitos de prevaricación y cohecho, así como una multa de 500.000 euros a cada uno de ellos, y una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante ocho años y seis meses.

Para el administrador de Abuztúa Inversiones, que luego compró esos terrenos, solicitó una multa de 25 millones de euros por blanqueo de capitales.

El juicio oral por este caso comenzará en la Audiencia Provincial el próximo 13 de enero. Los procesados están llamados a declarar los días 13, 18, 19 y 20 de enero. Unos días después lo harán los testigos y las conclusiones serán en febrero.

Juárez se sentará además en el banquillo de los acusados junto al concejal Manuel Aguilera en marzo por otra causa: se trata del juicio de los contratos realizados en el Ayuntamiento en 1999.



* Diario de Cádiz - 30.12.10
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com

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En Cudillero la CUOTA hace la cama a los promotores inmobiliarios

ASTURIASVERDE* : La Coordinadora Ecoloxista y SOS Cuideiru recurrirán en los tribunales el acuerdo por unanimidad de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la revisión parcial de Villademar - Cudillero. Las organizaciones denuncian que “La Cuota una vez más ha actuado como colaborador necesario para facilitar una salida favorable al promotor inmobiliario”. La Cuota una vez más ha actuado como colaborador necesario para facilitar una salida favorable al promotor inmobiliario Anjoca para el convenio que habían firmado con el Ayuntamiento de Cudillero para construir una urbanización en Villademar. La ampliación del número máximo de viviendas fijadas en la ficha urbanística de las Normas Subsidiarias de Cudillero correspondiente al suelo urbanizable de Villademar, era de 132 y en el año 2006 se modificó a favor de Anjoca y pasó a ser un máximo de 240 viviendas. Ahora gracias al milagro de la Cuota pasa a 700.

Eran 108.629 m2 de suelo Urbanizable y ahora son 122.406, por tanto se incremento en 13.777 m2 que provienen de una recalificación de suelo que era NO urbanizable pendiente de calificación. Ahora la superficie total de la urbanización con una edificabilidad del 0.4 m2/m2, permite construir 48.962 metros cuadrados de vivienda. Calculando sobre viviendas de 70 metros cuadrados se podrían hacer 699 viviendas, lo que demuestra la colaboración una vez más del Principado con los intermediarios urbanísticos para que se hagan más ricos. Encima les permiten construir hasta en 4 alturas para que el impacto paisajístico en un núcleo rural sea aún más duro.

Este proyecto obedece al desarrollo del Convenio Urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Cudillero y ANJOCA el 24 de de mayo de 2005. Este grupo inmobiliario, con anterioridad al acuerdo, era dueño de 135.016 m2 de fincas situadas a la izquierda de la carretera al puerto de Cudillero. Estos terrenos carecían de valor o interés inmobiliario, pues estaban en la franja de 500 m de Suelo No Urbanizable de Costas protegido por el POLA. Conviene recordar que este convenio formó parte de la operación urbanística por la que se aprobó la construcción del nuevo campo de fútbol, ya ejecutado, y una zona deportiva en esa margen izquierda de la carretera, todo lo cual fue denunciado, no por la naturaleza de las obras en si, sino por ser utilizado como excusa precisamente para esta operación urbanística a la que ahora aludimos, y cuyos hechos demuestran por desgracia lo acertado de nuestras previsiones.

Cuando se aprobó inicialmente el proyecto en Pleno del Ayuntamiento de Cudillero (2 de marzo de 2006), tanto el Alcalde como el portavoz del PSOE hicieron encaje de bolillos intentando justificar su supuesto interés social en la demanda que se ofrecería para los jóvenes y la tercera edad (adviértase que se tratan de viviendas libres exclusivamente), según consta en Acta. No podemos olvidar que más de la mitad de las viviendas del municipio son segundas residencias, con lo cual no hay falta alguna de viviendas, este complejo que se comercializó con el nombre de Cudillero Ciudad Jardín no se parece a la vivienda tasada que piden los jóvenes para poder llegar a comprarlas.

El ámbito de la Revisión Parcial afecta a los terrenos situados al sureste de la carretera CU-3, actualmente clasificados como suelo urbanizable, más una parcela situada al sureste del mismo, calificada como Núcleo Rural y terrenos situados al noroeste de la carretera, actualmente clasificados como suelo no urbanizable, pendiente de calificación.

Los terrenos situados al sureste de la carretera CU-3 actualmente clasificados como suelo urbanizable alteran sus parámetros modificando la tipología edificatoria y eliminando la densidad máxima con una edificabilidad igual a la prevista en las NNSS. Los terrenos situados al noroeste de la carretera CU-3, se reclasifican, asignándoles la calificación zona verde pública con la particularidad que dejan de ser No Urbanizables y computan para aumentar la edificabilidad del resto, Anjoca se encuentra con el Principado le incrementa 13.777 m2.

Hay que recordar que la zona residencial prevista se ubica en el entorno inmediato de la Turbera de las Dueñas, declarada Monumento Natural por Decreto 99/2002, de 25 de julio, y designada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) dentro del Paisaje Protegido de la Costa Occidental, además es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

En el Art. 5 de la declaración, quedan prohibidas las actividades, obras, actuaciones o procesos que son claramente lesivos y por tanto incompatibles con la preservación del Monumento, citando entre otras las siguientes:
- 6. La construcción de edificaciones u otras infraestructuras permanentes que transformen el entorno paisajístico del Monumento.
- 11. La ejecución de cualquier obra que altere el equilibrio hídrico del Monumento.

Este acuerdo por unanimidad de la Cuota permitiendo este pelotazo en Villademar entra en clara contradicción con el acuerdo de CUOTA de 3 de febrero de 2006, por el que se deniega la aprobación definitiva de adaptación de suelo no urbanizable genérico en Cudillero, en el Anexo 4: "Reclasificación de determinadas zonas como suelo urbanizable residencial, considera que “con carácter general la incorporación de desarrollos urbanísticos con usos, intensidades y ordenaciones propias de suelos urbanos, colindantes con núcleos rurales y desligados de las tramas urbanas existentes, son inadecuados atendiendo a las características del entorno en el que se implantan”.

* Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y SOS Cuideiru

* Asturias Verde - 23.12.10
Foto: Zona afectada - Foto Coordinadora Ecoloxista

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Coín regulará 2.000 viviendas en diseminados rurales

LAOPINIÓN/Málaga* : El Ayuntamiento de Coín iniciará a partir de enero un plan especial de regularización de viviendas en diseminados rurales, cuyos propietarios pueden ya iniciar los trámites. El próximo mes de enero el pleno votará el plan especial para la regularización del diseminado que permitirá realizar modificaciones de elementos y afrontar la situación real de las viviendas de los diseminados rurales, como Valdeperales, La Charca, Huertas Viejas o El Ejido. Esta decisión supone la elaboración de un censo en el que se prevé que figuren cerca de 2.000 viviendas, lo que posibilitará la prestación de servicios en las zonas de diseminado y la consolidación de las urbanizaciones blandas que legalicen la situación de la mayor parte de estas construcciones.

«Aunque la mayoría de las casas tienen carriles acondicionados al tráfico y agua de la red municipal, con esta regularización se podrá solucionar además el servicio de conducción de aguas residuales», según el alcalde, Gabriel Clavijo.
El plan permitirá que haya un marco normativo para las viviendas del campo, una vez que se cuantifiquen y se analice cada caso. «También habrá excepciones como que quedarán fuera de la regularización aquellas viviendas construidas en zonas de especial protección medioambiental, conforme a la ley de 1997», aclaró Clavijo.



* La Opinión Málaga - 29.12.10
Foto: Coín (Málaga), edificaciones ilegales - malagahoy.es

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De urbanismo e intereses públicos

JOSÉ IBARROLA/Cantabria* : La firma que debe demoler 144 casas ilegales en Cantabria denuncia amenazas»; «los vecinos [...] en una junta, decidieron que cada uno enviaría una carta 'informativa' a las empresas»; «yo me dirigí a ellos para contarles cuál era la situación y preguntarles si querían ser los verdugos de cien familias inocentes, pero nunca hubo amenazas»; «estamos muy pendientes porque no queremos que nos pillen a traición. La mayoría vivimos fuera y tenemos en [...] nuestra segunda residencia, pero el día que lleguen las excavadoras estaremos defendiendo nuestras casas. Tendrán que pasar por encima». Las transcritas son, apenas, una somera pincelada. Las referencias periodísticas a los problemas suscitados con ocasión de la ejecución de sentencias (firmes) que declaran la ilegalidad de planes y licencias urbanísticos pueblan la prensa, nacional y regional, de los últimos años.

2. El anverso del momento presente del urbanismo: la 'corrupción urbanística'. El reverso: la situación de las personas afectadas por la ejecución de sentencias firmes de derribo.
3. Los usos del suelo son una determinación del plan (general de ordenación urbana; normas subsidiarias de planeamiento, en su caso), que, elaborado por el municipio, es aprobado definitivamente por la Comunidad Autónoma.

4. La intervención autonómica en la aprobación del plan se concibe, y así se viene aplicando, en términos de control de legalidad, de suerte que solo cuando el plan elaborado por el municipio afecta a 'intereses supramunicipales' la Comunidad Autónoma se ve impelida a introducir las oportunas correcciones (¿de mera legalidad o también de oportunidad, vale decir de conveniencia?)
5. Esta 'autorestricción' de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias en materia de urbanismo se asienta en un presupuesto más o menos implícito: el urbanismo, el diseño de la ciudad, es el paradigma de la autonomía municipal, de modo que cualquier modificación de las determinaciones del plan elaborado por el municipio sólo puede ampararse en razones de legalidad y, a lo sumo, en la preservación de los sedicentes 'intereses supramunicipales'.
6. Más: -el urbanismo, como la ordenación del territorio (de la que aquél no es sino un componente) es, constitucional y estatutariamente, competencia autonómica, de suerte que la autonomía municipal [artículo 25.2 d) de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 y doctrina del Tribunal Constitucional al respecto] queda a resguardo con la preservación de un «ámbito de decisión -y ejecución» propio (que, en todo caso, no diluya, en una suerte de burla o fraude, el 'contenido esencial' de dicho ámbito de actuación autónoma);
-el territorio es, en resumidas cuentas, único, de modo que, en términos puramente dialécticos, ¿cómo no puede ser de interés supramunicipal -autonómico y, aún, nacional, vale decir estatal- la concreta determinación de los usos (la edificación, sin duda, es el más relevante por visible) que se pretende localizar en el territorio?
7. La reacción frente a la patología en la aplicación del plan por el municipio:
-cualquier persona -más allá, obviamente, de los propios afectados o interesados- puede, mediante el ejercicio de la acción pública, impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las oportunas decisiones municipales, así como la Comunidad Autónoma a través del cauce previsto en el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local;
-mas, en la eventualidad de un plan no aprobado (definitivamente) por la Comunidad Autónoma, las impugnaciones de esta, amén de por la vía antecitada, podrían en su caso hacerse valer a través de la del artículo 66 de la Ley de Bases de Régimen Local («actos o acuerdos de las entidades locales que menoscaben competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia de dichas entidades»), cuya sustantividad estriba, precisamente, en el privilegiado régimen de suspensión previsto en el segundo párrafo de dicho precepto.
8. Ejecución de sentencias (firmes) que ordenan el restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada: -la ejecución en sus propios términos (derribos incluidos) es una inexcusable exigencia constitucional y legal (artículos 24.1 y 118.1 de la Constitución y 103.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998);
-una eventual modificación del plan para 'legalizar' lo indebidamente construido sería 'nula de pleno derecho' (artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; con carácter ilustrativo, Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2001 -caso: Fortí de la Reina-);
-difícilmente podría argüirse la 'mposibilidad material' como causa para obtener un pronunciamiento judicial que declarara la no ejecución (artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa);
-la 'imposibilidad legal' de ejecución derivaría de una eventual 'reordenación normativa', esto es, del dictado de una ley autonómica que, en la ponderación de los diferentes intereses implicados, se decantara por la primacía de los anudados a la no ejecución; más una ley que, como la recientemente aprobada por el Parlamento de Cantabria, pudiera erigirse en óbice a la ejecución en sus propios términos de las sentencias que ordenan el restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, habría de pasar por el tamiz de la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia 73/2000 -caso: presa de Itoiz-), de suerte que, suscitada en el incidente de ejecución la 'imposibilidad legal' de llevar a puro y debido efecto lo declarado en sentencia firme, sería en última instancia el Tribunal Constitucional, de promoverse por el órgano judicial la oportuna cuestión de inconstitucionalidad, el llamado a pronunciarse sobre la compatibilidad de la ley en cuestión con el mandato constitucional;
-la eventual expropiación de 'los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración' (artículo 105.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en tanto que cauce para alcanzar el designio de no ejecución, requeriría de la consideración, como 'causa de utilidad pública o interés social', por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la ejecución (debida, por principio) como circunstancia a la que se anuda un «peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos». ¿Es plausible una conclusión de este tenor? Más aún: supuesta, motivación adecuada mediante, la bondad de una declaración de este cariz, ¿qué derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración constituirían el objeto o bien expropiado, habida cuenta de que en la mayoría de estos casos la sentencia firme de que se trata ha sido dictada en el seno de un proceso iniciado mediante el ejercicio de la acción pública?; a mayor abundamiento, ¿cómo se cuantificaría el justiprecio, elemento esencial en toda expropiación, en estos supuestos?.
9. Desaparecido el mecanismo que contemplaba el artículo 228 de la Ley del Suelo de 1956, que, justamente, permitía la inejecución de sentencias de derribo (la no ejecución en sus propios términos de una sentencia firme sólo es posible hoy en los términos, ciertamente angostos, pormenorizados en el punto anterior), una defensa de la legalidad urbanística que no condujera a las situaciones traumáticas que son habituales en este ámbito habría de articularse (supuesto que en el curso del oportuno proceso judicial no se haya decretado la medida cautelar que, al amparo de los artículos 129 y 130 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, paralice la construcción en tanto no recaiga un pronunciamiento firme sobre la legalidad de la actuación urbanística pretendida) a través de un mecanismo preventivo reforzado, del tipo del que hoy contempla, como exigencia del Derecho comunitario europeo, la legislación de contratos del sector público, que dispone la suspensión de la adjudicación definitiva de un contrato en tanto se sustancia y dirime la oportuna impugnación . Un mecanismo que, en el caso del urbanismo, reclamaría en su favor una justificación más que razonable, dada la índole de las actuaciones en que se materializa la ejecución de planes urbanísticos.
y 10. Cierto que una generalización por ley del tipo de medidas preventivas a que se alude en el punto anterior abocaría derechamente a una (casi segura) paralización de la actividad administrativa en tanto no hubiera recaído (¿cuándo?) un pronunciamiento judicial firme que avalara la legalidad de cuantas decisiones administrativas se hubiesen impugnado en vía contencioso-administrativa. Pero esto, naturalmente, es otra (¿seguro?) historia.

* JUAN MANUEL ALEGRE ÁVILA  ::  JOSÉ IBARROLA | CATEDRATICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DE CANTABRIA


* El Diario Montañés - 2.01.11


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Marbella.- Un reguero de ilegalidades urbanísticas con un nogal americano como coartada

SUR* : El PGOU de 1986, entonces vigente, sólo permitía la construcción de siete adosados y dos viviendas unifamiliares en el suelo en el que se levanta la promoción Jardines del Príncipe, en las inmediaciones del Palacio de Congresos de Marbella. Sin embargo, el complejo residencial incluye 81 inmuebles repartidos en dos edificios de seis alturas -cuatro plantas, más ático y sobreático- y ocupó en su construcción zonas verdes y áreas de viales públicos. La creación y consolidación de Jardines del Príncipe ha dejado un reguero de irregularidades urbanísticas, denunciadas por los vecinos afectados por la promoción, que incluyen la utilización de un nogal americano como coartada para aumentar la edificabilidad. La licencia de obras fue concedida en julio de 1999 por el Gobierno municipal del ex alcalde Jesús Gil, ya fallecido, y autorizaba a la constructora a levantar un sólo bloque de viviendas.

El permiso se modificó posteriormente con la excusa de preservar el citado nogal, al tratarse de un árbol de singular valor, aunque la asociación Ecologistas en Acción advirtió que la estrategia escondía un aumento de alturas y densidades y facultaba además a la promotora para construir dos edificios. De hecho, el árbol resultó dañado por las obras.

Los vecinos del entorno, a los que la promoción inmobiliaria ha causado un grave perjuicio al quitarle vistas e intimidad, se unieron en una plataforma y presentaron denuncias por la concesión de la licencia ante el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Fiscalía. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulando el permiso llegó en 2005, cuando la construcción del complejo ya era un hecho.

Precinto ficticio
La resolución judicial no impidió además que las irregularidades prosiguieran. La sentencia ordenaba el precinto del inmueble, pero el gobierno de la entonces alcaldesa Marisol Yagüe no ejecutó el mandato hasta un año después y solo de cara a la galería, dado que las obras continuaron en el interior hasta que la comisión gestora cumplió en 2006 la orden judicial. «No comprendemos que un PGOU posterior ignore una sentencia», asegura Alejandro Dogan, uno de los integrantes del colectivo vecinal, que se constituyó en asociación para personarse en el procedimiento judicial y solicitar la ejecución de la sentencia. Según Dogan, los vecinos confían en que los tribunales resuelvan a su favor y se proceda a la demolición del edificio.



* Sur - 29.12.10
Foto: La promoción Jardines del Príncipe, en el entorno del Palacio de Congresos - sur

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México.- En el país, cada año se urbanizan 16 mil hectáreas

VANGUARDIA/CiudadMéxico* : En el país se urbanizan al año alrededor de 16 mil hectáreas, lo que equivale incorporar a diario 50 hectáreas como mancha urbana debido a la falta de planeación y la corrupción, aunque el problema principal es la incapacidad del Estado, consideró el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Soto Alva. El coordinador de la licenciatura en urbanismo de la Facultad de Arquitectura (FA) explicó que el parque vehicular de la ciudad de México tiene tasa de crecimiento de 8 por ciento anual, pese a que no se cuenta con la infraestructura vial suficiente. Según estudios recientes de la licenciatura en urbanismo, sólo hay 11 calles que estructuran la circulación en la ciudad de México, pues son las vías con mayor tránsito, en términos de actividad económica y movilidad.

En un comunicado, la UNAM manifestó que en los países en vías de desarrollo, el fenómeno urbano llegó a partir de la segunda mitad del siglo XX, en forma acelerada y violenta. La Organización de las Naciones Unidas estipula que en los territorios subdesarrollados, la mancha urbana se expande todo el tiempo sin planeación.



* Vanguardia - 27.12.10
Foto: La mancha urbana se expande sin planeación - Vanguardia

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Jueces y fiscales se acusan del error que causó la prescripción de los 4 delitos fiscales de Fabra

LEVANTE/Castelló* : Jueces y fiscales se acusaron ayer mutuamente del error judicial que ha dado al traste con siete años de investigación y de diligencias del caso Fabra. Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) asumen ahora la responsabilidad de que ninguna de las partes en el proceso se haya planteado paralizar el plazo de prescripción de al menos cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se acusa al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. La Agencia Tributaria denunció por escrito el supuesto fraude cometido por el mandatario del PP en el año 1999, lo que según ellos interrumpió la prescripción, pero nadie se preocupó de formalizar las restantes denuncias por los delitos contra la Hacienda Pública detectados entre los años 2000 y 2003. Y este defecto de forma provocó, a juicio de la Audiencia, la indefensión de Fabra. Fuentes autorizadas del CGPJ aseguraron ayer que "es el fiscal quien impulsa la investigación y no corresponde a los jueces poner denuncias para paralizar la prescripción".

Las mismas fuentes insisten en que el máximo organismo de gobierno de los jueces españoles no tiene competencias para llevar a cabo un acto de interposición, como una denuncia o una querella, que evite la prescripción de los delitos. "Nosotros no vamos a abrir ninguna investigación para saber lo que ha pasado. Habría que preguntarle a la Fiscalía", asegura el portavoz del Consejo.

Tras recabar la versión del CGPJ, Levante-EMV se puso en contacto con la Fiscalía General del Estado, quien a través de uno de sus portavoces confirmó que "desde aquí no hay intención de abrir ninguna investigación ni de buscar responsabilidades".
Las fuentes de la Fiscalía recordaron que en este tipo de casos, cuando se comete algún tipo de deficiencia judicial, "todos quieren escurrir el bulto", y añadieron que "el fiscal ha hecho su trabajo y todo lo que nos queda es recurrir ante el Supremo el auto de la Audiencia Provincial de Castelló".
A pesar de que el tribunal castellonense ha dado un duro varapalo a la instrucción del caso Fabra, la Fiscalía Anticorrupción sigue manteniendo la misma tesis. "Nosotros creemos que la decisión de la Audiencia no es correcta, ella sabrá por qué toma esa decisión". Desde que estalló el caso Fabra, a finales del año 2003, el fiscal Anticorrupción siempre ha defendido la misma posición sobre la caducidad de los delitos contra Hacienda. "Consideramos que con la denuncia por el fraude del año 99 basta para interrumpir la prescripción de todos los delitos de años posteriores. Y eso fue lo que hicimos", insisten las fuentes de la FGE. El fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luis Pastor, ya ha interpuesto el escrito que anuncia la presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. "Lo hemos hecho antes de los cinco días que establece la ley para que no corra el plazo", añade el portavoz.
Por otra parte, desde el Ministerio de Justicia se asegura que "no podemos hacer nada porque el ministerio no toca asuntos judiciales", añade una portavoz.

La causa queda parada durante un año

La causa de Carlos Fabra quedará paralizada por completo durante un año, según ha admitido la UCE -personada como acusación particular en el proceso-, hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión sobre el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
De cualquier manera, un año más se celebrarán unas elecciones sin que se aclare en los juzgados si el presidente de la diputación es culpable o inocente. La próxima primavera se celebran comicios locales y aunque Fabra ha anunciado que no se presentará como candidato, la ciudadanía irá a votar, como desde hace 7 años, bajo la sombra de la corrupción, un tiempo en el que hasta nueve jueces y cuatro fiscales han pasado por el Juzgado de Nules, favoreciendo la dilación del proceso.



* Levante - 30.12.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com

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El cambio de la Ley de Suelo permite a Aguirre vender la Ciudad de la Justicia

ELPAÍS/Madrid* : Era la Ciudad de la Justicia y ha acabado de ciudad fantasma. La falta de fondos y el cálculo a la baja de los costes llevaron al destierro a este macroproyecto del Gobierno regional de Esperanza Aguirre cuando tenía en pie solo uno de los 15 majestuosos edificios dibujados sobre plano. Pero un año después de entrar en vía muerta ha encontrado una nueva salida. La modificación de la Ley de Suelo, que la Comunidad ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos recién aprobada, le permite vender esos terrenos situados en Valdebebas, junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, La Moraleja y la T-4 del aeropuerto Madrid-Barajas. La parcela ocupa unos 202.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 300.000, el equivalente a 300 campos de fútbol. El suelo proviene de las cesiones del 20% de terrenos para redes supramunicipales (parques, vivienda pública, equipamientos...) que los propietarios de terreno debían entregar a la Comunidad de Madrid por ley.

Los cambios introducidos en la Ley de Suelo y aprobados en el último pleno del año permiten al Ejecutivo de Aguirre comerciar con esos terrenos. La clave está en una coletilla del artículo 91.3 que convierte los terrenos cedidos para redes supramunicipales en "bienes patrimoniales", es decir, vendibles.

Otro cambio, el del artículo 67.1, permite a la Comunidad de Madrid aplicarse una excepción en el tormentoso proceso de cambiar planes urbanísticos. Es decir, que la nueva Ley de Suelo ha abierto todo un abanico de posibilidades. El Gobierno regional puede recalificar los terrenos mediante una tramitación interna para la que solo necesita su propio visto bueno y vender el nuevo suelo con nuevos usos a quien quiera comprarlo.El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, admitió ayer a EL PAÍS que la nueva normativa permite al Gobierno regional vender los terrenos de la Ciudad de la Justicia, aunque aseguró que el Gobierno regional "no se ha planteado" hacerlo hasta la fecha. Para el cambio de la Ley de Suelo, la Comunidad de Madrid aprovechó la Ley de Acompañamiento de los presupuestos que permite incluir modificaciones normativas evitando el debate y la tramitación.

La modificación fue criticada por alcaldes de los grandes municipios (las cesiones de terreno provienen de propietarios privados y también de Ayuntamientos) que tildaron de "robo" la posibilidad de que la Comunidad de Madrid negocie con sus cesiones y cambie la planificación urbanística que prevé que una red supramunicipal se destine a servicios públicos y no a otro tipo de construcciones. La oposición (PSOE e IU) amenazó con llevar el cambio de normativa hasta el Tribunal Constitucional para frenarlo. El Ejecutivo de Aguirre, que defendía que las modificaciones reactivarían el mercado inmobiliario, añadió una enmienda posterior en la que renunciaba a futuras cesiones de suelo.

La idea de la Ciudad de la Justicia, barajada desde 1996, ha cambiado de ubicación durante los últimos 15 años hasta quedar desterrada. Alberto Ruiz-Gallardón, antecesor de Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, anunció primero que la llevaría a las cocheras de Metro de plaza de Castilla. Después mudó el proyecto a los antiguos cuarteles de Campamento y acabó ubicándolo en el marco de la Operación Chamartín.

Fue la presidenta Aguirre quien aprobó finalmente llevarlo a la parcela de Valdebebas en 2004, cuando se comprometió a que el primer edificio estaría en funcionamiento para 2007. El gran proyecto judicial incluía 15 inmuebles circulares para los trabajadores de la judicatura, unas 5.000 personas. El concurso de ideas costó un millón de euros con la previsión de atraer a arquitectos de renombre, como Norman Foster o Zaha Hadid. El cálculo era sufragar su construcción con la venta de 23 locales e inmuebles judiciales dispersos por la ciudad, como los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el distrito de Centro, o los juzgados de la plaza de Castilla.

En enero de 2007 se colocó la primera piedra en un acto que costó 1,4 milones de euros sufragados por las empresas encargadas de la urbanización de la parcela. El vídeo promocional supuso más de 900.000 euros. Era un audiovisual en tres dimensiones de una hora de duración, que fue presentado en ferias y congresos de todo el mundo para promocionar el proyecto. Quedó paralizado hace un año cuando ya estaba construido el edificio previsto para el Instituto de Medicina Legal. El arquitecto que lo ideó, Alejandro Zaera-Polo, renunció a la autoría de su edificio a mitad de construcción al considerar que el presupuesto era insuficiente y que iba a suponer una edificación "de muy baja calidad".
El proyecto que cayó en el olvido

- La Ciudad de la Justicia comenzó a gestarse en 1996. La ubicación del proyecto bailó entre distintos terrenos, como las cocheras de Metro de plaza de Castilla o las inmediaciones de la estación de Chamartín.

- En 2004 se decidió su ubicación actual en Valdebebas. Y en enero de 2007 se colocó la primera piedra en una ceremonia que costó 1,4 millones de euros.

- En 2008 desertó un arquitecto del proyecto por "presupuesto insuficiente". Hace un año quedó aparcado por falta de fondos.



* El País - 30.12.10
Foto: Madrid, maqueta Ciudad Justicia - publiarq

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El fiscal pide que 'El paloma' no pueda edificar en 12 años por el 'caso Ávila'

LAVERDAD* : El promotor inmobiliario Paco Gómez, más conocido por ser el presidente del Fútbol Club Cartagena, se sentará en el banquillo de los acusados como presunto impulsor de una trama de corrupción municipal en Las Navas del Marqués (Ávila) que tenía como objetivo allanarle el camino para construir una macrourbanización de 1.500 viviendas y un campo de golf en unos terrenos protegidos. El fiscal jefe abulense, Juan Miguel Gómez, ha solicitado para Gómez, alias 'El paloma', una pena de doce años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión (aunque también tiene negocios en el vino) por un delito continuado de prevaricación genérica. El juez instructor ya ha trasladado el caso a la Audiencia Provincial para fijar el juicio oral, y le ha impuesto una fianza de 6.000 euros.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, como administrador de Residencial Aguas Nuevas S.A. Gómez cometió una infracción penal al empujar al alcalde del municipio, Gerardo Pérez, y el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Vega, a saltarse la ley con el impulso de un doble proceso en que se valieron de su condición simultánea e irregular de servidores públicos y directivos de una sociedad inmobiliaria, Montes de las Navas S. A.

Tala de pinos

Pérez (presidente del consejo de administración) y De la Vega (director general) consiguieron la recalificación urbanística de los terrenos en el Ayuntamiento y con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; y, de forma paralela, bajo un supuesto «interés municipal» lograron una permuta de terreno municipal por otro de su empresa pantalla, que a su vez se los vendió a Gómez.
En concreto, en 2002 el constructor de Jacarilla (Alicante) pagó 9,95 millones de euros por 192 hectáreas protegidas, entre otras cosas, por la presencia de especies en peligro de extinción como la cigüeña negra y el águila imperial.
Según el fiscal, las operaciones tuvieron «una apariencia de legalidad», como un concurso público, pero estuvieron viciadas por resoluciones arbitrarias y un afán especulativo. Por eso, ha solicitado para el alcalde y el secretario doce años de inhabilitación especial para sus empleos y cargos públicos. La recalificación fue anulada en marzo de 2010 por el Tribunal Supremo, dentro de una batalla judicial iniciada por varios colectivos ecologistas y sindicales y que ha motivado la división del caso en cuatro piezas. La más polémica, ya archivada, fue la posible responsabilidad penal del promotor en la tala, en 2006, de unos 3.000 árboles en un pinar donde quería edificar. Sin embargo, no pudo determinarse si el promotor tomó la decisión después de una sentencia judicial contraria a la recalificación.

«Duermo muy tranquilo»

En todo caso, Gómez manifestó ayer a 'La Verdad' que está muy tranquilo respecto a su situación judicial y profesional, si bien afirmó no enfrentarse a ningún juicio ni haber tenido que pagar ninguna fianza.
«Yo duermo tranquilo todas las noches y lo seguiré haciendo. No hay ningún problema», aseguró, y subrayó que este caso no afectará a su continuidad al frente del FC Cartagena ni al futuro del club.


* La Verdad - 31.12.10
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com

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Málaga.- Una chapuza por estrenar

MÁLAGAHOY* : Conseguir una vivienda de protección oficial no siempre es una buena noticia. En los tiempos que corren cualquier ayuda es buena para hacer frente a una hipoteca, pero en Campanillas más de un centenar de vecinos se han encontrado con una chapuza por estrenar más que con una casa, según denuncian. La mayoría ya tienen las llaves y han empezado a habitarla, pero por ahora se han estrellado con numerosos problemas en forma de desperfectos: filtraciones y goteras, principalmente. Según ha podido comprobar este periódico, no se trata de simples deficiencias, sino de carencias estructurales en los inmuebles que, como dicen las propias víctimas, "hacen imposible habitarlos". La promoción afectada se encuentra en la zona conocida como Hacienda Segovia del barrio de Campanillas. Son los edificios Alcázar, que suman 119 viviendas protegidas plurifamiliares en régimen especial, algunas aún sin entregar, y han supuesto una inversión de unos 8 millones de euros.

La empresa promotora es Hexa VPO y las viviendas fueron comercializadas por Dolmen Consulting Inmobiliario, tal y como anuncian en su página web (www.dolmen.es). La metodología del sorteo fue aprobada por la Junta de Andalucía. En total había 10.565 solicitantes para 116 viviendas y hubo otro sorteo especial reservado para personas discapacitadas con capacidad reducida permanente donde se sortearon tres viviendas entre 16 solicitantes. El precio promedio de venta fue de 77.612,44 euros (sin IVA). Vecinos aseguran que la Junta ya les ha abonado la ayuda prometida, pero ahora quieren que alguien les arregle los problemas de sus casas.

"La promotora no responde, pero el inmueble fue subvencionado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento aprobó la licencia de primera ocupación y a la vista está que no está en condiciones de ser habitado. Algo también tendrán que decir", afirma uno de los afectados, Alberto Gálvez. Este hombre es uno de los vecinos que acudieron al sorteo por la vía de las personas discapacitadas, pues su mujer necesita de una silla de ruedas para desplazarse. En este caso, a los problemas comunes, denuncia deficiencias "graves" de accesibilidad. "Durante la obra estuve pendiente e incluso facilité a la promotora las leyes y normativa sobre discapacidad, pero no han tenido nada en cuenta", lamenta.

El inventario de desperfectos es innumerable, tanto en zonas exteriores como interiores. Las últimas lluvias han inundado los aparcamientos, que no evacuan correctamente el agua por mala instalación de los desagües, y en numerosas viviendas tienen problemas de humedad. Los edificios están diseñados para albergar un ascensor, en caso de que los vecinos decidan realizar la inversión, pero el hueco previsto ha sido ocupado por el sistema de ventilación del inmueble. Los trasteros no se pueden utilizar porque tienen problemas de filtraciones y las cubiertas presentan deficiencias que ha provocado humedades por todos sitios. "Hemos consultado a especialistas y nos aseguran que se han utilizado materiales inapropiados para el aislamiento y se han cometido muchas irregularidades", añade Gálvez. Los vecinos se han unido para canalizar las quejas de forma conjunta pero por ahora sólo encuentran el silencio por respuesta. Este periódico intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con algún representante de Dolmen.



* Málaga Hoy - 28.12.10
Foto: La promoción luce el 'sello' de la Junta de Andalucía y ya está en el callejero municipal.- malagahoy

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Lo que contamina un tren de alta velocidad

ECOLAB* : Si para desplazarse entre los puntos A y B, un viajero se sube a un tren de alta velocidad, ¿cuánto habrá contaminado comparado con otro que haga el mismo recorrido en coche, en autobús, en avión o en ferrocarril convencional? Ahora que España se ha convertido en el país europeo con más kilómetros de líneas de alta velocidad, se vuelve a discutir sobre el impacto de este sistema de transporte con trenes que se mueven a más de 200 kilómetros por hora. ¿Es tan eficiente la alta velocidad española como se pregona? Lo cierto es que no existe una única respuesta a la pregunta de partida. Depende mucho de cada caso. Si el viajero se desplaza de Madrid a Barcelona, sí puede haber escogido la opción más eficiente subiéndose a un AVE: se supone que habrá emitido cuatro veces menos CO2 que otro que haya volado en avión, tres veces menos que el haya ido en coche y algo menos que el que fuera en tren convencional o en autobús. Pero si se trata de ir de Madrid a Alicante, puede que hubiese contaminado menos si se hubiera subido a un tren convencional.

O así lo asegura un estudio de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), publicado de forma reciente en la revista Transportation Research Record, que analiza diez corredores españoles con alta velocidad. ¿Su conclusión?: en siete de los casos el pasajero que emite menos CO2 es el que viaja en AVE y en los otros tres ganaría el del tren convencional.

Está claro que cuánto más rápido pase el paisaje por la ventana del tren más aumentará el consumo de energía. Sin embargo, como explica Alberto García Álvarez, investigador de la FFE y autor del estudio anterior, existen otros factores propios de la alta velocidad en España que reducen a la vez el gasto de energía (y la generación de emisiones de CO2). Uno de ellos es la distancia a recorrer. Cuando se usan datos reales para comparar los distintos modos de transporte se constata que los puntos A y B no están siempre separados por los mismos kilómetros, pues la ruta puede ser más o menos directa. Entre Barcelona y Madrid, por ejemplo, hay 612 kilómetros si uno va por carretera, pero 528 si se coge un avión. En ferrocarril, la distancia será de 707 km en un tren convencional o de 627 en el de alta velocidad.

Como destaca el estudio publicado en Transportation Research Record, en España la distancia media de las líneas de AVE es un 12% más corta que los mismos trayectos del tren convencional. Esto es bueno para reducir el consumo de energía, aunque el construir líneas más directas ha supuesto también un importante impacto ambiental (en movimiento de tierras y en gasto de energía) que no es tenido en cuenta en este tipo de comparativas, siendo este uno de los puntos más criticados por detractores ambientales de la alta velocidad.

Otras teóricas ventajas en eficiencia para los trenes de alta velocidad son que realizan menos paradas, que siguen una velocidad más homogénea, que tienen un diseño más aerodinámico, que suelen contar con una maquinaria más avanzada, que al ser más corto el viaje gastan menos en servicios auxiliares (calefacción, aire acondicionado…), que pueden usar el freno regenerativo para devolver energía a la red eléctrica(1)… “Esto es así ahora en España, pero si un país tiene trenes convencionales más modernos, con trayectos más directos y cortos (porque tienen una orografía menos complicada que la nuestra), el resultado puede ser distinto, hay que estudiar cada caso”, asegura García Álvarez, que investiga desde hace 16 años la eficiencia de estas máquinas.

Cuando lo que se compara son los trenes eléctricos (ya sea los de alta velocidad o la mayoría de los convencionales) con los otros modos de transporte, entonces uno de los factores más determinantes es la procedencia de la electricidad utilizada. Como ocurre con el coche eléctrico, el que contamine más o menos dependerá de cómo se genere la electricidad en el país (con energías renovables, con centrales de gas, carbón, nucleares…).

Si volvemos al viajero del principio y utilizamos los cálculos del investigador de la FFE, las diferencias que salen son importantes. Un pasajero de avión(2) que vuele de Madrid a Sevilla puede emitir 61 kilos de CO2 y, de Madrid a Barcelona, 70 kilos (lo que incluye ya casi 4 kilos del viaje en coche al aeropuerto). Un viajero que coja un coche(3) para ir hasta Sevilla generaría unos 54 kilos y, si es a Barcelona, unos 63. Otro que utilizara un autobús(4) habría contribuido a emitir al llegar a Sevilla unos 13,9 kilos y, en el caso de Barcelona, unos 14,5.

Del mismo modo, el viajero que se hubiese desplazado hasta Sevilla en un tren convencional(5) habría emitido 12,7 kilos de CO2 y el que hubiese comprado billete a Barcelona 17,1 kilos (lo que incluye cerca de 1 kilo del trayecto hasta la estación). Mientras que el que hubiese optado por el AVE(6) habría dejado, siempre según las estimaciones de García Álvarez, unos 9,4 kilos hasta Sevilla y 13,8 hasta Barcelona (lo que lleva también añadido el coche o el taxi hasta la estación).

Claro que todos estos cálculos hacen referencia a un solo viajero, distribuyéndose el impacto del conjunto de la máquina entre todos los pasajeros. Esto hace que en la comparativa resulte determinante la estimación de la gente que va dentro del coche y del autobús, de las plazas ocupadas entre las 170 contabilizadas en el avión o de los viajeros sentados en los 351-367 asientos de un AVE. De hecho, el tren de alta velocidad en su conjunto habría emitido 2.247 kilos de CO2 hasta Sevilla y 3.222 kilos hasta Barcelona. Esto es más que los 2.180 y 2.398 kilos, respectivamente, del convencional (que suele ser más pequeño y que contaba con 282 y 228 plazas en el estudio). Y menos que los 7.402 y 7.377 kilos del avión. Aunque el AVE tiene más plazas y puede llevar a más gente, su eficiencia depende realmente de los sitios que vayan ocupados.

Según el trabajo de García Álvarez, un coche en el que viajen cinco personas puede llegar a igualar las emisiones del tren de alta velocidad, del convencional o del autobús cuando éstos tienen una ocupación muy baja (aunque los trenes o el autobús regular van a salir de todas formas). Sin embargo, el avión, aunque vuele lleno, no llega a igualar las emisiones de trenes de alta velocidad, convencionales y autobuses, ni siquiera cuando éstos vayan sólo con el 20% de sus asientos ocupados.

Con todo, lo que puede ser más eficiente en términos de pasajeros, no significa tampoco que vaya a producir un ahorro del consumo de energía en valores absolutos del transporte. Puede haber menos emisiones por viajero en los trenes y a la vez seguir aumentando las emisiones totales del transporte en España. ¿Merece la pena invertir en la alta velocidad en lugar de mejorar el ferrocarril convencional y apostar aún más en energías renovables para reducir las emisiones del sistema eléctrico?

El investigador de la FFE cree que sí, pues considera que la clave está justamente en la velocidad. Según incide, las diferencias entre el tren de alta velocidad y el convencional, o incluso entre el autobús, son pequeñas, pero sí se pueden producir reducciones importantes si salen menos coches a las carreteras o si despegan menos aviones. “Si queremos quitar viajeros al coche y al avión, los trenes tienen que ser más rápidos, en los trayectos largos hay que conseguir bajar de la cuota de las tres horas para ser competitivos”.

De momento, esto se confirma en el corredor ferroviario en el que hace más tiempo que circulan trenes de alta velocidad en el país: en el trayecto Madrid-Sevilla, el AVE tiene una cuota de mercado del 86% frente al 14% del avión (aunque se constata que en verano las diferencias se reducen). Sin embargo, en la línea Madrid-Barcelona todavía el avión mantiene el 51% de la cuota de mercado, frente al 49% del tren de alta velocidad (según los datos de septiembre de 2010).

La geógrafa Carmen Bellet, profesora de la Universidad de Lleida que estudia las consecuencias socioeconómicas del AVE en el territorio, está de acuerdo en que la velocidad es un factor determinante para conseguir más viajeros. Sin embargo, también incide en que la cultura ferroviaria de España es inferior al de otros países como Alemania, Francia, Holanda… “Esto tiene que ver con políticas históricas, quizá si hubiera existido un servicio más eficiente del tren convencional no hablaríamos tanto de la alta velocidad”, comenta Bellet, que llama la atención sobre la necesidad de llevar a cabo una política ferroviaria más amplia y de conectar las estaciones de AVE con transporte público, no sólo con las ciudades en las que para, sino con un territorio más amplio.

(1) En los trenes convencionales (que usan corriente continua, en lugar de alterna como el AVE) la energía del freno regenerativo sólo se puede devolver a la red ferroviaria, por lo que únicamente se aprovecha si hay otro tren detrás.
(2) Para las estimaciones de los aviones se ha considerado un mix de 15% de aviones antiguos (MD80) y un 95% de aviones nuevos más eficientes (A320). También se ha considera un factor de ocupación (cociciente entre los viajeros.kilómetro y las plazas.kilómetro) del 0,75.
(3) Para las estimaciones de los coches se han utilizado vehículos modernos de distintos segmentos a la venta a finales de 2007. Como los datos homologados no tienen en cuenta el consumo de energía para los servicios auxiliares (calefacción, aire acondicionado…) se ha sumado una cantidad fija de 0,4 l/100 en el caso del ciclo interurbano y 0,8 l/100 en el del ciclo urbano. El factor de ocupación del vehículo usado es de 0,30.
(4) Para las estimaciones de los autobuses el factor de ocupación empleado ha sido de 0,55 en el viaje a Sevilla y de 0,59 en el de Barcelona.
(5) Para las estimaciones del tren convencional se ha aplicado el consumo por tonelada kilómetro deducido de las tarifas aplicadas por Adif en 2007 para la facturación del coste de energía de los operadores. Para deducir las emisiones de la electricidad empleada se han utilizado datos del mix de generación de 2006 (emisiones de 337 gramos de CO2/kWh). El factor de ocupación usado ha sido de 0,64.
(6) Para las estimaciones del tren de alta velocidad se han utilizado datos de las series 100 y 103 (Madrid-Sevilla) y de las series 102 y 103 (Madrid-Barcelona). El factor de ocupación usado ha sido de 0,70.


* El País - Blog - 28.12.10
Foto: AVE - elpais

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Palma.- Anticorrupción registra por segunda vez la sede de la Autoritat Portuària

DIARIODEMALLORCA* : Una comisión judicial visitó ayer, por segunda vez en este mes, la sede central de la Autoritat Portuària de Balears (APB), investigada dentro del llamado caso Mar Blau por un presunto trato de favor, cobro de sobornos, estafa y otros delitos relacionados con dos importantes concesiones públicas en los puertos de Maó e Eivissa. La fiscalía anticorrupción y el juzgado de instrucción 8 de Palma coordinaron el registro de ayer, que, policialmente, fue definida como "un fleco" de la operación desatada el pasado 15 del actual. El caso se inició en 2008. Una de las piezas separadas del sumario se encuentra bajo secreto para tratar de garantizar el éxito de las pesquisas. En esa pieza se han producido los registros e interrogatorios efectuados en este mes. Mar Blau ha salpicado a Francesc Triay, actual presidente de la APB, y a su número dos, Ángel Matías, director de la entidad dependiente del Estado central. Otros encausados son: Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE y propietario entre 2006 y 2008 del Grupo Marsans; gestores y jefes de empresas del citado holding, como Trapsa Yates, adjudicatarias en la última década de codiciados y lucrativos servicios en los principales puertos de Balears; y Joan Verger, presidente de la ATB en la pasada legislatura y ex presidente del Consell de Mallorca.

Varias comisiones judiciales registraron el día 15 la sede central de la Autoritat Portuària en Palma, situada en el Moll Vell; así como locales de la empresa Trapsa Yates en Mallorca y Maó. También se visitó el domicilio particular de uno de los encartados y ubicado en Santa María. En este registro se habrían localizado algunos documentos importantes.
En las pesquisas están colaborando el Grupo de Delitos Económicos de la Policía, la fiscalía anticorrupción y la Agencia Tributaria. El primer registro en la APB se centró en algunos expedientes concretos y duró más de 12 horas. Aparentemente, los expedientes que fueron revisados concienzudamente durante ese tiempo no contenían irregularidades.
Ayer agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Policía y una secretaria del juzgado de guardia regresaron al edificio de la APB para cotejar otros datos en los mismos expedientes. El día 15, por falta de tiempo, se dejó precintado el despacho de un alto funcionario integrante de las comisiones técnicas que evaluaron las ofertas de los dos concursos. Esta dependencia fue revisada ayer.
Los investigadores están rastreando también el patrimonio de los principales encartados. Se sospecha que la presunta trama podía haber movido importantes cantidades de dinero negro u opaco a Hacienda.
Ayer la visita duró mucho menos tiempo que el día 15. La comisión judicial abandonó el Moll Vell pasadas las dos de la tarde. En el registro también participó el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que investiga los hechos junto a sus compañeros Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán.
Antes de Navidad prestaron declaración ante los investigadores cerca de diez imputados.
Tanto Triay, como su predecesor en el cargo, Joan Verger, defendieron la limpieza de los concursos para explotar unos valiosos amarres en el Club Marítimo de Maó y en Ibiza Nueva (puerto de Eivissa).



* Diario de Mallorca - 30.12.10
Foto: La comisión judicial abandona la Autoritat Portuària con una caja - diariomallorca

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