ELPAÍS/Madrid* : El ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, y su equipo de Gobierno (otros 13 concejales), todos ellos del PP, pasarán entre hoy y el lunes por el Juzgado de Instrucción nº4 de la localidad para testificar como supuestos autores de un delito de prevaricación. Según consta en diversos informes, los 14 ediles incumplieron las normas básicas del planeamiento y se incrementó el número de viviendas permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, el documento que rige el urbanismo de un municipio), además de eliminar las viviendas públicas a que obligaba la Comunidad de Madrid. La supuesta prevaricación (que se produce al dictar una orden a sabiendas de que es injusta) la pudieron cometer en 2002 en los desarrollos de Fuente Cisneros, en la zona sur de la localidad.
Según varios informes jurídicos y urbanísticos presentados por el Ayuntamiento de Alcorcón, la modificación del plan parcial de esta zona consiente un aprovechamiento muy superior al permitido al PGOU: un 0,50 y un 0,79 metros cuadrados por metro cuadrado de parcela frente al 0,39 del Plan General. Esto supone que la zona tenga una gran densidad de viviendas -y de población-.
Otro punto en el que incumplieron supuestamente las normas urbanísticas es que desoyeron las reservas de suelo destinado a dotaciones públicas. "Esto supone un déficit en la primera parcela de 7.560 metros cuadrados para centros docentes públicos y 3.774 metros cuadrados de centros sociales de carácter público", según un informe firmado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento. A eso se unen otros 6.300 metros cuadrados de colegios y 2.089 para servicios sociales en la segunda parcela.
Uno de los mayores incumplimientos también se pudo dar con "la drástica reducción" de suelo destinado a viviendas públicas. Se intentó justificar este recorte con la calificación otorgada en otros tres desarrollos urbanísticos de la localidad, integrantes del barrio del Ensanche Sur. Pero una nueva Corporación, del PSOE, desestimó en marzo de 2003 su aprobación.
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece que el 50% del suelo urbanizable se debe destinar a viviendas protegidas, pero esta cifra se redujo en Fuente Cisneros al 11% y al 18%, lo que provocó que se dejaran de construir cerca de 400 viviendas sociales, según fuentes municipales.
Ante todas estas irregularidades, la asesoría jurídica del Consistorio cree que se tendría que dejar sin efecto la aprobación de los planes parciales de las parcelas PP-7 y PP-12, ambas en Fuente Cisneros, ya que resultan lesivas para el interés público. Los jurídicos municipales reconocen q ue sería muy costoso para el Ayuntamiento retrotraer la actuación. Supondría elevadas indemnizaciones que habría que pagar a los particulares que adquirieron sus viviendas (1.100 en este barrio) de forma legal y que las registraron tras obtener las licencias de edificación y de primera ocupación concedidas por el Consistorio.
Toda la documentación fue presentada a la Fiscalía de Madrid, que pidió la apertura de diligencias previas.
* El País - 10.12.10
Foto: Alcorcón (Madrid), ayuntamiento - pueblos-españa.org
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Ourense* : La Administración autónoma se ha saltado la Ley y ha reformado un bajo incluido en el complejo hospitalario ourensano (CHOU) sin solicitar la obligatoria licencia municipal y haciendo caso omiso de los apercibimientos del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno local decidió ayer abrir expediente sancionador al hospital por infracción urbanística después de que el pasado 9 de febrero la Concejalía de Urbanismo emitiera un decreto suspendiendo las obras ilegales y abriera expediente de reposición de la legalidad. Un mes después, el 10 de marzo, la inspección de obras constató que la reforma continuaba su curso sin la licencia, por lo que impuso ya entonces al complejo hospitalario una multa de 600 euros, al tiempo que requirió un proyecto técnico para su legalización, que nueve meses después no se ha realizado.
El director de Recursos Económicos del CHOU presentó fuera de plazo el recurso de reposición que, por este motivo y considerando que la Ley del Suelo de Galicia exige "la necesidad" de licencia urbanística, fue rechazado ayer por la junta de gobierno del Ayuntamiento.
El Gobierno municipal ha dado ahora tres meses a la dirección del hospital para que legalice las obras -un trámite y el pago de unos 600 euros-. En caso de que el CHOU persista en mantener la reforma sin licencia, el Ayuntamiento procedería a su demolición.
* El País - 11.12.10
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
.................................... Leer más...
ELCORREODEANDALUCÍA* : Más de una veintena de ciudades europeas tienen restricciones de tráfico en el Centro. El tráfico y la conservación de los centros históricos no casan en Europa desde hace mucho tiempo, así que Sevilla no está implantando nada nuevo con la regulación en el Centro. Es más, en muchas ciudades españolas ya se veta la entrada de los coches en los cascos antiguos, sean del color político que sean. Otra cuestión es si el transporte público de esas ciudades se puede comparar o no con el de Sevilla, con uno de los cascos históricos más grandes. En España se pueden encontrar ejemplos muy claros de cómo restringir el paso del vehículo para proteger el patrimonio. Oviedo y León son un botón de muestra. En el primer caso, los únicos coches que pueden acceder al corazón de la ciudad son los que tienen un garaje allí. Nada más. Y en Oviedo gobierna Gabino de Lorenzo, del Partido Popular. Su equipo asegura que la medida "revitalizó" el Centro.
Sin embargo, en Sevilla, los populares llevaron a los tribunales el plan para la regulación del tráfico en el casco histórico, pidiendo -sin éxito- su paralización.
Granada es el ejemplo andaluz y también está gobernada por el PP. Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento granadino se informa de que "los ciudadanos están concienciados".
Los barrios del Realejo, Albaicín Alto y Bajo, el Centro y Recogidas se controlan a través de un sistema de cámaras, mientras que en calles estrechas aún se mantienen algunas pilonas o bolardos. "Y la gente ya está acostumbrada, sobre todo porque el plan lleva en marcha 15 años, si bien las cámaras no se instalaron hasta hace seis", aseguran desde el Consistorio, cuyos responsables apuntan que la peatonalización se fue implantando "en paralelo" a la restricción del tráfico.
En Barcelona, zonas como el barrio Gótico está libre de coches, al igual que el Centro de Málaga, Córdoba, Vitoria, Valencia, Murcia, Santiago de Compostela...
En Madrid, algunos barrios tienen restricciones: hay tres Áreas de Prioridad Residencial (Embajadores, Letras y Cortes) y el propio Alberto Ruiz Gallardón anunció la pasada semana en una entrevista que restringirá el tráfico en el Centro si es reelegido. El alcalde del PP apuesta por "un uso restrictivo para los residentes y solamente ocasional para los no residentes".
Si miramos al resto de Europa, la peatonalización de los centros históricos es una moda. Por el momento, 19 ciudades (Toulouse, La Rochelle, Génova, Nantes, Stuttgart, Venecia, Bolonia, Zagreb, Winchester, Bristol, Bremen, Berlín...) llevan a cabo iniciativas Civitas, encaminadas a extender los espacios para el peatón, los ciclistas y el transporte público.
En Londres, desde 2003, se paga por circular por el Centro. En concreto, 8 libras (9,5 euros) si se abona la llamada congestion charge el mismo día y 10 (11,9 euros) si se paga al día siguiente. Además, Oslo, Bergen, Trodheim, Estocolmo y Singapur, por ejemplo, han copiado este impuesto por circular por el Centro.
En el caso londinense, todo lo que se recauda por la congestion charge se destina al transporte público. Algo que no copiará Sevilla. Todo lo que se recaude por las infracciones del Plan del Centro irá a la caja única del Ayuntamiento, según informó ayer el delegado de Movilidad, Francisco Fernández, quien defendió que el objetivo es recaudar cero, es decir, que nadie entre en el casco antiguo sin permiso.
En Roma, la circulación por el Centro está cerrada al tráfico no autorizado y en otras zonas se suele aplicar por las noches o los fines de semana; también está extendido el sistema de matrículas alternas. El control electrónico está implantado en una zona con 130.000 habitantes y los resultados son buenos: se redujo un 25% el tráfico y un 20% la contaminación. En el Centro histórico de Florencia, el tráfico de vehículos está prohibido a los no residentes de 7.00 a 19.00 horas.
Manuel Calvo, consultor medioambiental, asegura que no hay ejemplo de "liberación" de coches en un Centro histórico que no haya tenido éxito. "Y no hay que hablar en negativo, porque no es un cierre, sino una liberación del espacio para el peatón", puntualiza. A su juicio, en Sevilla, sería un acierto que lo que se recaudase se destinase a Tussam.
* El Correo de Andalucía - 10.12.10
Foto: Granada es una de las ciudades en las que sólo los residentes y autorizados pueden circular por el Centro. - El Correo
.................................... Leer más...
EPA* : Uno de cada dos latinoamericanos considera que la corrupción ha arreciado en los últimos tres años en su país a causa de la crisis financiera mundial, según el Barómetro Global de la Corrupción 2010, publicado hoy por la ONG Transparencia Internacional (TI). Suramérica destaca no obstante como una de las regiones donde menos ciudadanos consideran que estos delitos han aumentado desde 2008, junto a la región Asia-Pacífico y las repúblicas ex soviéticas, apunta esta encuesta mundial. Además, un 37 por ciento de los encuestados en América Latina manifiesta que la corrupción no ha cambiado y un 11 por ciento advierte una disminución. En comparación, el promedio global de las personas que creen que la corrupción se ha incrementado en sus respectivas naciones se sitúa en el 56 por ciento, y en Europa y Norteamérica un 73 por ciento y un 67 por ciento, respectivamente, considera que este tipo de delitos económicos ha repuntado.
"La crisis financiera continúa afectando a la opinión de la gente sobre la corrupción, especialmente en Europa y en Norteamérica", aseguró la presidenta de TI, Huguette Labelle, en un comunicado.
Los países latinoamericanos donde más se ha extendido la corrupción en los últimos años a ojos de su ciudadanía son Venezuela, donde un 86 por ciento responden que ha aumentado, Perú (79 por ciento), México (75), Brasil (64) y Argentina (62).
Las naciones sudamericanas mejor situadas en este estudio son Bolivia, donde un 46 por ciento apuntan que la corrupción ha crecido, El Salvador (48 por ciento), Chile (53) y Colombia (56).
En el ámbito internacional, los países en los que sus ciudadanos perciben que la corrupción más ha empeorado son Senegal (88 por ciento), Rumanía (87), Venezuela (86), Papúa Nueva Guinea (85), Portugal (83), Perú (79) y Pakistán e Irak (77).
En el extremo contrario, las naciones y territorios que más han avanzado hacia la transparencia, según sus propios ciudadanos e independientemente de su posición de partida, son Georgia (donde un 78 por ciento considera que ha caído la corrupción), Palestina (59 por ciento), Fiji y Sierra Leona (53) y Kenia (48).
En España, un 73 por ciento de los encuestados considera que la corrupción se ha extendido en este período, frente al 24 por ciento que mantiene que sigue constante y el escaso 3 por ciento que cree que se ha reducido.
Este estudio, distinto al Índice de Percepción de la Corrupción que también publica con carácter anual TI, no clasifica a los países en un ránking único, sino que tiene un enfoque temático y que en esta edición se centra en la percepción ciudadana sobre la transparencia de las instituciones públicas.
La ONG alemana tacha de "triste" que a nivel global ocho de cada diez encuestados consideren que los partidos políticos son "corruptos" o "extremadamente corruptos", seguidos en falta de transparencia por el funcionariado y los órganos legislativos nacionales.
En el conjunto de América Latina, las instituciones percibidas como más corruptas son los partidos, con un 4,0 sobre un máximo de cinco puntos, el sistema judicial (3,8), el parlamento y los funcionarios (3,7), el sector privado (3,5) y la policía (3,3).
No obstante, destaca que la fuerte percepción de corrupción que pesa sobre los partidos políticos en El Salvador (4,4), la justicia peruana (4,4), la policía venezolana (4,4) y la policía y los políticos mexicanos (4,4).
Además, un 32 por ciento de los latinoamericanos encuestados considera que la acción gubernamental contra la corrupción es "inefectiva" -frente al 50 por ciento a nivel global- y un 40 por ciento la califica de "efectiva".
No obstante, siete de cada diez encuestados a nivel mundial aseguran que denunciarían un caso de corrupción, un porcentaje que se reduce al 50 por ciento en el caso de ser víctimas personales de un delito económico de este tipo.
"El mensaje de este Barómetro de 2010 es que la corrupción es insidiosa. Hace a la gente perder la fe. La buena noticia es que la gente está dispuesta a actuar", aseguró Labelle.
Para poner coto a la corrupción, la presidenta de TI apostó por mejorar la protección de los ciudadanos que se atreven a denunciar, por implicar a la población y por ampliar la información a la que puede acceder la ciudadanía.
Asimismo, Labelle abogó por que los gobiernos de todo el mundo "muestren su resolución y se esfuercen por restaurar el buen gobierno y la confianza" de sus ciudadanos en las instituciones públicas.
TI destacó que este Barómetro Global de la Corrupción es el mayor en cobertura de los realizados por la organización hasta la fecha, al incluir las respuestas de más de 91.000 personas de 86 países (8.500 encuestados de nueve países latinoamericanos).
Juan Palop
* European Press Photo - EFE - 9.12.10
Foto: México, proyecto urbanización en reserva golfo California - greenpeace.org
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Madrid* : Los ciudadanos tienen derecho a criticar a su alcalde por escrito. Sobre todo si se trata de un asunto relacionado con la gestión municipal que afecte a los vecinos. Esta es la conclusión que se desprende de una novedosa y reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula otras dos de la Audiencia Provincial y del Juzgado de lo Penal nº25 de Madrid. En ambas se condenaba a Félix Martín Badiola, propietario del restaurante Félix El Segoviano, de Navacerrada, a una multa de 3.000 euros "por injurias graves" con publicidad contra el alcalde de su ciudad, Pablo Guerrero (PP). El Constitucional revoca las condenas y ampara a Martín, que colgó en 2002 en las paredes de su establecimiento opiniones sobre la gestión urbanística de Guerrero. El regidor desoyó una y otra vez sus denuncias y permitió a otro vecino levantar un edificio junto a su establecimiento, con exceso de altura, y colocar el tejado de tal forma que cuando llueve el agua cae sobre su local con el consiguiente perjuicio.
Martín, que está pendiente de que una juez de Colmenar ejecute por fin el derribo del citado tejado ordenado hace años por la Audiencia de Madrid, estaba muy enfadado con la inacción del alcalde. Por eso exhibió varios mensajes escritos en los que aseguraba que el alcalde "se burla de la justicia", destacaba que había concedido "licencias urbanísticas irregulares" y criticaba que el regidor hubiese colocado "a un amigo" de recaudador municipal. El alto tribunal certifica que la condena a Martín vulnera el derecho a la libertad de expresión y difusión libre de pensamientos que tiene todo ciudadano, y, más aún, si la crítica recae sobre un cargo público. Considera también que las opiniones de Martín se enmarcan en el ámbito del juicio de valor y forman parte del derecho fundamental de expresión.Desde que fue condenado, Martín (conocido en Navacerrada como Félix El Segoviano) ha tenido que ir pagando al alcalde 100 euros cada mes. Ya le había entregado cerca de 3.000 euros. El alcalde, con quien este periódico intentó ayer hablar sin éxito, tendrá ahora que devolverle todo el dinero.
El Constitucional es taxativo en su resolución al afirmar, no ya solo el derecho de crítica de los ciudadanos respecto de sus cargos electos, sino la obligación que tienen estos de aceptarla y más aun cuando en esa censura no subyacen términos vejatorios ni la crítica es "gratuita".
Los magistrados destacan que se equivocó la Audiencia al ratificar la condena impuesta a Martín por el Juzgado de lo Penal 25 de Madrid, puesto que no ponderó adecuadamente en este asunto la preeminencia del derecho a la libertad de expresión. También enmienda la plana al juez de lo penal, que "incumplió" su obligación de dar prevalencia a un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresión. "El juez penal ha de atenerse a esta amplitud de la protección constitucional para no correr el riesgo de hacer del Derecho Penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que resulta indeseable en un Estado democrático". Las opiniones contra cargos electos solo están limitadas por la ausencia de expresiones vejatorias e impertinentes, que en este caso no se produjeron.
* El País - 9.12.10
Foto: Félix Martín Badiola, en su restaurante Félix El Segoviano, de Navacerrada, en el que colgó sus opiniones sobre el alcalde.- elpais
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Alicante* : La instrucción del sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) avanza. Ayer, el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Alicante, Gordiano Casas, interrogó a una funcionaria de la Delegación de Hacienda, que ha sido imputada en una de las 20 piezas separadas del sumario general por supuesta revelación de secretos fiscales. El beneficiario de los datos que habría filtrado esta funcionaria sería el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de trama corrupta, según la investigación. La empleada de Hacienda, con la categoría de auxiliar, negó la acusación ante el juez. No obstante, la fiscalía, según fuentes oficiales, aseguró que la causa sigue abierta y que ampliará la lista de imputados por estos hechos. Esas fuentes declinaron revelar quiénes serán los nuevos acusados, aunque descartaron que se trate de otros funcionarios de la Agencia Tributaria de Alicante.
"La responsabilidad de Hacienda en estos hechos se limita a la funcionaria imputada", señalaron. Esas fuentes no precisaron si la empleada recibió supuestamente alguna contrapartida por facilitar datos secretos al cabecilla de la trama.
De esta forma, los nuevos imputados en esta causa serían los intermediarios de los que se valió Fenoll para conseguir información privilegiada, según los informes policiales y el escrito inicial del fiscal Anticorrupción. Entre esos intermediarios, la policía incluye al asesor fiscal Jorge Sanz y al empresario de la automoción Rafael Gregori. El primero está considerado por la investigación como "el falsificador de empresas" tapadera de la trama, y el segundo, como el intermediario clave de los negocios de la supuesta red corrupta.
Las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación del caso Brugal recogen conversaciones entre la funcionaria de Hacienda y el asesor Jorge Sanz. Los informes policiales también recogen vídeos de encuentros mantenidos entre ambos fuera del ámbito de la Delegación de Hacienda. Otro informe policial, también recogido en el sumario, relata que un empleado de Gregori falleció en un accidente de tráfico cuando supuestamente se dirigía a sobornar a funcionarios de Hacienda. La policía halló en el interior del coche de la víctima un sobre con 17.000 euros que presuntamente le había entregado Fenoll para "gratificar" a los funcionarios de Hacienda. En esa operación también actuaba como intermediario Jorge Sanz.
La funcionaria, según manifestó ayer su abogado, Rafael Mira, negó al juez todas las acusaciones. El letrado señaló que la funcionaria se negó a contestar a las preguntas del juez y del fiscal porque ya ha "presentado un escrito solicitando la nulidad de las escuchas" y porque creen "que el delito ha prescrito", explicó. El letrado hizo hincapié en que su cliente no podía tener acceso a información privilegiada "por su categoría laboral, la más baja de la cadena". La acusada, a través de su abogado, admitió conocer al asesor Jorge Sanz, "pero como otros asesores que recalan en el departamento de discrepancias de rentas donde desempeña su función en los últimos 20 años, sin que se le haya abierto ningún expediente sancionador", puntualizó.
La fiscalía también anunció que se opondrá a la petición de prescripción y nulidad solicitada por la defensa de la funcionaria.
Por otro lado, el magistrado Carlos San Martín, que dirige la investigación principal del caso Brugal, entregó ayer a las partes el DVD reconstruido con las diligencias sobre las que ha levantado el secreto. El juez remitió ese material hace un mes, aunque a los pocos días ordenó su devolución. El DVD contenía diligencias aún secretas, entre ellas las relacionadas con la pieza que investiga trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el planeamiento de Alicante.
* El País - 11.12.10
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com
.................................... Leer más...
LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía ha enviado un escrito al juzgado de Instrucción nº4 de Vélez Málaga en el que interesa la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de Benamocarra José Díaz García (PSOE) y cinco antiguos concejales del equipo de gobierno por un supuesto delito de prevaricación urbanística cometido en la concesión de 53 licencias de obra en otros tantos expedientes. La acusación pública pide tres años de prisión y 15 de inhabilitación para el ex regidor, mientras que solicita idéntica pena de prohibición para cargo público en el caso de los ex concejales, aunque, eso sí, exige para ellos que se les imponga un castigo de dos años de cárcel. Los ex ediles acusados son los siguientes: Antonio Miguel Zamora Fernández, Eduardo Gutiérrez Fernández, José Chica Fernández, José Ocón Ocón y Daniel Gordo Fernández.
Todos ellos formaban parte, junto a José Díaz, de la comisión de gobierno que otorgó las licencias para la realización de distintas obras, ya se trate de viviendas unifamiliares contrarias a planeamiento, o de aumentos de edificabilidad, reparaciones de techos, demoliciones de viviendas o edificación de almacenes, casas de aperos u obras de cerramiento y techado, la realización de una balsa –en este caso no había proyecto que garantizase una ejecución segura– o hacer un simple cuarto de baño en el patio.
Unanimidad
Según consta en la calificación, los acusados, mayores de edad y sin antecedentes penales, «y como miembros de las sucesivas comisiones de gobierno del Ayuntamiento de Benamocarra entre 1997 y 2003, han votado favorablemente, o acordado mediante decreto, la concesión de licencias de obra contrarias a las normas urbanísticas vigentes, a sabiendas de su injusticia».
En los 53 expedientes a los que hace referencia el ministerio fiscal, los miembros de la comisión de gobierno concedieron las licencias «por unanimidad», eludiendo seguir las instrucciones que incluyeron en sus informes el arquitecto técnico municipal y el secretario de la corporación, quienes, en todos los casos analizados por la Fiscalía, se opusieron a la concesión de los distintos permisos.
En uno de los expedientes, un habitante de la localidad pide licencia de construcción de una vivienda unifamiliar (plantas baja y primera) el 13 de abril de 1998. Ésta le fue concedida, el 12 de mayo, por unanimidad de la comisión de gobierno, «pese al informe jurídico desfavorable del secretario municipal y el del arquitecto técnico». ¿Por qué no se le otorgó? «Por sobrepasar la edificabilidad máxima, ejecutar una planta más y no cumplir la normativa sismorresistente», explica el acusador público.
Expedientes
En algunos casos, las peticiones de permisos de obra no cuentan ni siquiera con proyecto técnico. Otro vecino reclama, el 3 de marzo de 1999, licencia para la construcción de una casa de aperos y piscina, que se le concede por unanimidad y con informes desfavorables, «aun cuando adolece de proyecto técnico de profesional competente». Otro solicita, el 5 de mayo de 1999, permiso para levantar una vivienda con bajo y tres plantas. Se le da luz verde a la licencia, aun cuando hay informes técnicos y jurídicos desfavorables y no tiene proyecto técnico, ni estudio de seguridad, supera la altura máxima permitida y ocupa la vía pública sin haber solicitado permuta.
Uno de los solicitantes sobrepasó, indica el ministerio público, la edificabilidad permitida en más de 200 metros cuadrados.
El ex regidor socialista, que dirigió el pueblo desde 1989 hasta 2003, también es acusado por la presunta concesión de ocho licencias de obra con el objetivo de edificar otras tantas viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, según el fiscal, hechos que se han unido a este proceso pese a ser objeto de otra investigación.
* La Opinión Málaga - 10.12.10
Foto: Benamocarra (Málaga) - juntadeandalucia.es
.................................... Leer más...
HOY/Cáceres* : La alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, ha sido citada a declarar como imputada en el caso de presunta corrupción que instruye el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de la capital del Jerte. La primera edil placentina tendrá que declarar el próximo día 14 de enero. Elia María Blanco se convierte así en la séptima imputada en la investigación judicial que se abrió a principios del pasado octubre con la declaración del interventor del Ayuntamiento, Roberto del Olmo. Después le siguieron en su paso por la Casa del Deán, sede de los juzgados placentinos, los concejales Blas Raimundo, Enrique Tornero y Francisco Barbancho, así como el constructor José Antonio Romero Vega, al que se han adjudicado todas las obras que conforman la investigación: la pista de motocross y autocross, el aparcamiento de las huertas de la Isla, la reforma de la cubierta de la piscina climatizada y el mantenimiento de la Ciudad Deportiva.
Supuestamente en todas estas obras se fraccionaron los pagos para evitar sacarlas a concurso y así adjudicarlas directamente a Romero Vega, histórico militante socialista. Tras el constructor el juez elevó a seis los imputados, llamando a declarar al secretario del Ayuntamiento, Antonio Santibáñez. La ronda de declaraciones llegó en principio a su fin el pasado viernes, día 3 de diciembre, con el arquitecto y la aparejadora con más años de servicio.
Los dos técnicos acudieron en calidad de testigos y aseguraron ambos que desconocían las obras investigadas porque no participaron en ninguna de ellas.
Todos los que han declarado hasta ahora, imputados y testigos, han dejado claro ante el juez que quien estaba al frente del Ayuntamiento de Plasencia en las adjudicaciones de las obras investigadas era la alcaldesa Elia María Blanco, a excepción del aparcamiento de la Isla. Fue el alcalde en funciones, el concejal de Hacienda Francisco Barbancho, el que firmó el decreto de adjudicación de esta obra.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 firmó la providencia por medio de la que cita a la alcaldesa el pasado día 3, el mismo en el que declararon los dos técnicos municipales como testigos. La comparecencia de la alcaldesa era esperada por algunos de los implicados en este proceso judicial al entender que es la primera edil placentina la que ha firmado la mayoría de las órdenes de pago al constructor, la última persona en realidad que interviene en el proceso de adjudicación.
Todos los imputados que hasta la fecha han declarado ante el juez han dejado constancia de que Elia María Blanco era la alcaldesa cuando se llevaron a cabo las supuestas adjudicaciones irregulares, porque se evitó el concurso público fraccionando su coste. De ello, también presuntamente, dejó constancia al menos en algunas de esas adjudicaciones el interventor en las observaciones que realizó alertando de ese fraccionamiento, según declaró el pasado octubre ante el juez.
Es más. Roberto del Olmo, según ha podido saber este periódico, dijo al magistrado que tanto los concejales de Obras, Deportes y Hacienda -los tres imputados- como la alcaldesa tenían conocimiento del fraccionamiento merced a las observaciones efectuadas por él. Y que, además, habló directamente del asunto con Enrique Tornero, Francisco Barbancho y Elia María Blanco.
Consecuencias políticas
En cualquier caso, la imputación de la alcaldesa, como la de los demás, sólo persigue en un periodo de instrucción ofrecer a la persona las máximas garantías de defensa, permitiendo con esta calificación que acuda al juzgado en compañía de un abogado.
Será una vez culmine la instrucción, cuando el juez determine si archiva el caso o, por el contrario, abre juicio oral y en este segundo supuesto si mantiene o no la calificación a los imputados y testigos hasta la fecha. Pero más allá de las consecuencias jurídicas que pueda tener la imputación de la alcaldesa, puede que sí las tenga políticas. El PSOE de Plasencia debe elegir a su candidato a las próximas elecciones municipales de 2011 entre los días 7 y 27 de enero. Son unas fechas, por tanto, en las que la que podría ser la candidata oficial, la actual alcaldesa Elia María Blanco, deberá acudir a declarar al juzgado como imputada en el caso de presunta corrupción.
* Hoy - 9.12.10
Foto: Plasencia (Cáceres), ayuntamiento - hoy.es
.................................... Leer más...
IDEAL* : El dicho popular dice que el que no tiene cabeza, tiene pies, porque le cuesta a uno volver sobre sus propios pasos para concluir lo que ha olvidado en el camino. Y eso es, precisamente, lo que le ha pasado al Ayuntamiento de Almería que, en su alegría por haber conseguido ya el suelo necesario para que Costas siga ampliando el paseo marítimo, y en su urgencia por remitirle la relación de las parcelas afectadas sobre las que puede actuar, ha olvidado enviar al departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino el documento de transmisión de la titularidad. Un requisito, han informado a IDEAL fuentes ministeriales, 'sine qua non' para el inicio de los trámites para llevar a cabo la primera fase de la actuación, que se desarrollará en el futuro hasta el delta del río Andarax.
Fue el pasado 11 de noviembre cuando el concejal de Urbanismo de la capital, Juan Megino, escrituraba la última propiedad necesaria para ejecutar la primera fase de prolongación del paseo marítimo y, acto seguido, mandaba tanto a la Subdelegación del Gobierno en Almería como a la Dirección General de Costas el certificado, firmado por el edil, de la propiedad -datos sobre las fincas registrales incluidos- de todos los terrenos necesarios para las obras. «Hoy mismo se ha remitido certificación ante Costas comunicando que el Ayuntamiento ya es titular de la totalidad de las fincas contempladas en el proyecto, por lo que la Administración estatal tiene vía libre para ejecutar el proyecto de prolongación», explicaban desde la gerencia de Urbanismo, al tiempo que informaban de la suma de más de 4,8 millones de euros que ha costado a las arcas municipales la adquisición de las 11 propiedades vinculadas al proyecto.
Secretario por concejal
Sin embargo, declaran desde Costas, lo que necesitan para iniciar el expediente no es la firma del concejal sino «un certificado del secretario del Ayuntamiento» ratificando la cesión del suelo o, de lo contrario, el departamento gubernamental no podrá darse por enterado de la disponibilidad de los terrenos para actuar.
La Dirección General de Costas ha remitido ya, de hecho, al Ayuntamiento de Almería el correspondiente escrito informándole del defecto de forma y recordándole la necesidad de solventar la información que se le ha requerido a la mayor brevedad, con el objetivo de no demorar esta incidencia más de lo estrictamente necesario.
Y es que, ya al día siguiente de cursar el edil de Urbanismo su escrito y de declarar públicamente sentirse «muy satisfecho» por la «finalización de un trabajo complejo» en el que se han empleado muchos meses de negociaciones pero que «finalmente está dando sus frutos», con la confianza en la «buena predisposición de Costas para agilizar la contratación de los trabajos», desde el departamento gubernamental reiteraron su compromiso de ampliar el paseo marítimo, aunque sin dar fechas concretas.
Ésa fue, de hecho, la promesa realizada el pasado mes de enero por la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Alicia Paz Antolín, durante el encuentro que mantuvo en Madrid con el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, y el propio concejal de Urbanismo.
El proceso administrativo, recordaban entonces a IDEAL, «ya se ha iniciado», aunque el proyecto debe pasar ahora a los servicios de intervención para poder liberar los pagos necesarios. Un trámite que se prolongará durante un tiempo indefinido todavía. No obstante, incidían desde la Subdelegación en que los plazos no son siempre los esperados.
Y, de hecho, los representantes municipales tampoco han cumplido con el compromiso realizado ante Antolín de que los terrenos estarían liberados un mes después de celebrarse el encuentro entre las dos partes en Madrid puesto que no ha sido hasta noviembre que el Ayuntamiento de Almería ha concluido el proceso expropiatorio de parte del proyecto para extender el paseo marítimo hasta el delta del río Andarax.
* Ideal - 9.12.10
Foto: Propiedades adquiridas por el Ayuntamiento para la ampliación del paseo marítimo.- ideal
.................................... Leer más...
LAVILLADEPASTRANA/Guadalajara* : El Ayuntamiento torea al juzgado. Esto es lo que parece deducirse a tenor de lo que sigue: Copia del oficio dirigido por el Juzgado de Instrucción Nº3 al Ayuntamiento de Pastrana con fecha 26 de abril de 2010: "En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia (D.P. 400/2010) me dirijo a Vd a fin de requerirle de que remita a este Juzgado testimonio del procedimiento de infracción urbanística iniciado a instancia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, debido a la construcción de varios chalets adosados por parte de la sociedad SOCOMFA en la zona de las Heras del Albaicín, dicho procedimiento se dirige contra la promotora y los técnicos de la obra. Firmado el Secretario
La cuestión subsiguiente, sabido que el ayuntamiento no ha contestado, es ¿por qué? Un ejemplo más del cumplimiento del Ayuntamiento con las Instituciones. Y la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla la Mancha, como zorra por rastrojo, intentando que el Alcalde les conteste por el tema de las devoluciones de contribuciones del Corral de Moriros cobradas de más a unos cien vecinos. Hay quien se pasa por la entrepierna sus obligaciones Institucionales, parece.
Pulsa para acceder al documento de solicitud (2010-12-02)
* la Villa de Pastrana - 10.12.10
Foto: Pastrana (Guadalajara) - spain.info
.................................... Leer más...
LAVOZDEGALICIA* : Incapacidad. Edificaciones como el Teatro Principal de Tui languidecen en el abandono más absoluto, a pesar de su interés arquitectónico y constructivo. La Administración insta sin éxito al mantenimiento de los edificios singulares. Poca incidencia. El patrimonio arqueológico sufre incluso la acción de la propia Administración en sus proyectos de infraestructuras. Una explotación de kiwi arrasó este año en Oia un petroglifo, pero la Fiscalía archivó el caso. En aras de la seguridad. La vivienda más antigua de Betanzos se demolió por supuesta peligrosidad, pese a ser un bien protegido. Cientos de casas de los cascos antiguos caen en Galicia sin conocerse qué pueden albergar en su interior.
Amenaza al Camino. Un millón de metros cuadrados destinados a un polígono industrial amenazan en O Pino la integridad del Camino. El caso está en los tribunales, pero otras agresiones rebajan el nivel de la ruta jacobea en Galicia.
Un atentado contra el patrimonio artístico y cultural acaba de costarle la inhabilitación al alcalde de Melón. A 75 metros del monasterio de Santa María, el esqueleto de un pabellón de deportes evidencia la falta de sensibilidad que aún sufre Galicia respecto a la conservación de sus bienes artísticos, que, como en el caso del regidor condenado, se suele justificar alegando desconocimiento respecto a la importancia de los elementos agredidos.
El urbanismo y la construcción son los principales enemigos de la perviviencia de esos bienes, motivando más denuncias que los robos o la venta ilegal de arte. La Administración gallega registra cada semana seis denuncias por atentados contra el patrimonio artístico, aunque son muchos más los casos que no llegan a trascender.
En el último año la Xunta tramitó 324 denuncias por daños en el patrimonio artístico y cultural, 94 de ellas motivadas por desperfectos originados en bienes inventariados y con algún grado de protección; otras 94 en alguna de las cinco rutas del Camino de Santiago; 83 más en yacimientos arqueológicos; 36 en elementos etnográficos como cruceiros, hórreos o espacios de interés, mientras que otras 17 se produjeron por causas diversas, como el robo de piezas, circunstancia esta que solo motivó tres denuncias.
Bienes de interés
Arquitectos especializados en conservación advierten de que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los técnicos, promotores y constructores, y que acaban motivando muchos de los destrozos, es el desconocimiento de posibles bienes de interés en zonas en las que se inician nuevas edificaciones.
Los expertos reclaman por ello la urgente publicación de un catálogo, como los existentes en otras comunidades, en el que se incluya todo el patrimonio arquitectónico y en el que se reflejen incluso elementos del interior de los inmuebles de zonas de interés.
Las escasas oficinas municipales de conservación existentes en Galicia dan cuenta, según sus técnicos, del hallazgo de elementos destacables como escaleras singulares, artesonados, puertas y otros objetos notables que van desapareciendo por desconocimiento de quien otorga licencias de derribo o rehabilitación.
Consultas abiertas
Dicho catálogo es considerado una herramienta vital para el futuro del patrimonio artístico, y aunque la Xunta cuenta con un germen de esa publicación, todavía no está disponible de forma abierta para quien quiera consultarla.
Ayuntamientos y empresas pueden acceder a ella, pero la Administración autonómica reconoce que aún no cuenta con la especificidad y grado de contraste necesarios para mostrarse a todo el público y convertirse en una guía perfecta para proteger el patrimonio.
La dejadez y la especulación son otros de los grandes males que preocupan a los expertos en patrimonio, que apuntan a las escasas herramientas que la Administración local dispone para evitar que los propietarios dejen caer edificios singulares ubicados en espacios de demanda urbanística. Las multas de baja entidad y lo proceloso de los expedientes disciplinarios acaban por no frenar las agresiones al patrimonio.
* La Voz de Galicia - 9.12.10
Foto: La estructura de un pabellón de deportes, permitida por el Concello y paralizada por la Xunta, devalúa el entorno del monasterio de Santa María, en Melón - lavozdegalicia
.................................... Leer más...
GRANADAHOY* : Ecologistas en Acción pide al Ministerio Público que investigue si se trata de un presunto delito contra el Patrimonio Histórico cometido por la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento de la capital. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada dio licencia hace años a la promotora Teconsgra para que llevase a cabo la demolición de un bloque ubicado entre las calles Málaga y Silencio de la capital, en pleno centro, para la construcción de un edificio de apartamentos y locales comerciales. Como es pertinente, la Dirección General de Bienes Culturales autorizó una excavación arqueológica preventiva que terminó el 3 de abril de 2009 que, para sorpresa de los técnicos, sacó a la luz la línea principal de una muralla defensiva "que atraviesa el solara de oeste a norte, la muralla barbacana y una tercera línea defensiva perpendicular a ambos muros de la medina medieval zirí del siglo XI".
El informe llevado a cabo recomendaba proteger lo encontrado y conservarlo, ya que los restos estaban "muy afectados por la humedad". A día de hoy, esos restos no está protegidos o lo están deficientemente, por lo que Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito contra el patrimonio histórico del que considera responsables, entre otros, a la Delegación Provincial de Cultura y al Ayuntamiento de Granada.
En concreto, según el texto de la denuncia, el 21 de julio de 2009, la Delegación de Cultura resuelve que se proteja la estructura "hasta que se tomen las medidas de conservación y consolidación, con geotextil y grava en la parte superior de la muralla como en las zonas más degradadas y que la excavación sea techada para impedir que la lluvia pueda afectar los restos arqueológicos". Además, se propone su puesta en valor "dada la importancia que tiene recuperar parte del trazado de la ciudad medieval". De dicha resolución se informó "al jefe de Servicios de Bienes Culturales al promotor de las obras, al arqueólogo director de la excavación, al Ayuntamiento de Granada y a la Dirección General de Bienes Culturales".
Cinco meses después, el colectivo ecologista advierte a Cultura que la excavación no está techada y que las lluvias podrían afectar los restos. La respuesta de la Delegación, ya en febrero de este año, es que se ha determinado que "la cubierta con lona podría ser perjudicial para su secado y decide que quede sin cubierta, aunque protegido con geotextil y un mortero de cal". Además, Cultura apercibió al promotor de la obra para que estableciera las medidas oportunas de protección "de forma urgente".
El 30 de septiembre de este año, Ecologistas en Acción remitió sendos escritos a Cultura y al Ayuntamiento porque "la lona que protege la excavación está hecha jirones y los restos podrían verse afectados de nuevo por la lluvia".
Según la denuncia, se ha incumplido tanto la primera resolución de Cultura como las medidas de urgencia dictadas meses depués. Además, los restos murarios "están expuestos a las lluvias" a pesar de todo y "todo parece indicar que las secuencia de hechos se van a repetir", con precipitaciones cuantiosas como la del pasado domingo. Cabe destacar también que la muralla de la medina está protegida en su totalidad como Bien de Interés Cultural (BIC) y que la Ley de Patrimonio Histórico prevé un perímetro de protección de 50 metros.
Por todo ello, Ecologistas en Acción solicita al fiscal que abra diligencias informativas para que investigue los hechos denunciados y los autores de los mismos. El colectivo pide que, en concreto, se profundice en la actuación del promotor de la obra, el arqueólogo director de la excavación, la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Granada y la Dirección General de Bienes Culturales, por si lo relatado en la denuncia pudiera considerarse un delito contra el patrimonio histórico español.
* Granada Hoy - 8.12.10
Foto: Estado de los restos aparecidos en el centro de la ciudad.- granadahoy
.................................... Leer más...
ELMUNDO* : Los ciudadanos españoles perciben un alto grado de corrupción en los partidos políticos, que resulta el sector peor valorado de la sociedad según el Barómetro Global de la Corrupción 2010. Asimismo, un 73% cree que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, la misma media que Europa. El informe, publicado hoy por la ONG Transparencia Internacional, destaca que la percepción que tienen los ciudadanos sobre la corrupción de los partidos políticos es de 4,4 sobre una puntuación que va desde el nada corrupto, que se sitúa en 1, hasta el muy corrupto, que llega al 5. La percepción de los partidos políticos españoles coincide con la media europea que se sitúa también en 4,4 puntos. Tanto la valoración española como europea de los partidos ha empeorado considerablemente respecto al anterior Barómetro Global de la Corrupción, ya que en aquel informe la percepción de corrupción de los partidos españoles se situaba en 3,6.
Tras éstos, los sectores peor valorados en lo que respecta a corrupción, se sitúan el Parlamento y el Poder Político, las empresas y el sector privado, los funcionarios públicos y los organismos religiosos, todos ellos con un 3,5.
Por el contrario, el sistema educativo, con un 2,6; el Ejército, con un 2,7 y las ONG, con un 2,8 son los sectores mejor valorados, según se desprende del informe.
Peor en época de crisis
El estudio, que contiene información de 86 países y territorios y que analiza 11 sectores, destaca que seis de cada diez personas en todo el mundo afirma que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, y una de cada cuatro asegura haber pagado sobornos en el último año.
Las consecuencias de la crisis financiera continúan afectando la opinión de las personas sobre la corrupción, en particular en Europa y América del Norte, donde el 73% y el 67% de las personas, respectivamente, creen que ésta ha aumentado en los últimos tres años, algo que se constata también en la sociedad española, cuya percepción se establece en la media europea (73%).
A pesar de estos datos "desalentadores", según el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, "siete de cada diez personas estarían dispuestas a denunciar hechos de corrupción".
En cualquier caso, el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, Antonio Garrigues Walker, ha destacado que "nadie cree que la corrupción empeora de manera decisiva sólo en época de crisis" y ha puntualizado que se ha puesto de relieve que los "ciudadanos no creen en los líderes, ya sean políticos, económicos o eclesiásticos", por lo que éstos "están cada vez peor valorados".
A juicio de Garrigues Walker, el sistema judicial español "es lento y no tiene capacidad de reacción" por lo que si se dilatan los procesos de lucha contra la corrupción, ésta se "complica de manera especial".
El 80% tilda a los partidos de corruptos o muy corruptos
Por su parte, el director general de la Fundación Ortega y Gasset, Jesús Sánchez Lambás, ha indicado que al "fracasar" tanto el Estado como el Mercado, las "instituciones que sacan la cabeza son las ONG y la Eduación".
Para Sánchez Lambas los datos sobre la corrupción son "sobrecogedores" y ha asegurado que la corrupción es la que "genera pobreza y desigualdades sociales, así como conflictos de proyección internacional".
Según los datos globales del Informe, de cada diez personas, ocho sostienen que los partidos políticos son corruptos o sumamente corruptos y la mitad de las personas entrevistadas creen que las medidas tomadas por su gobierno para contrarrestar la corrupción son ineficaces".
Además, siete de cada diez personas, asegura que estaría dispuesta a denunciar los hechos de corrupción de los que han sido testigos. Esta proporción se reduce a la mitad cuando se pregunta qué actitud adoptarían si fueran ellos las víctimas.
* El Mundo - EFE - 10.12.10
Foto: Corrupción en el mundo, barómetro 2010 - transparencyinternational
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Málaga entiende que las demoliciones de viviendas construidas ilegalmente deben ser decididas en el ámbito administrativo y no por los tribunales penales, ni siquiera en los casos en los que estos condenen a sus responsables. En una reciente sentencia la Sección Primera de la audiencia malagueña ratifica las penas de prisión y la multa que le fueron impuestas por un juzgado de lo Penal a un constructor que levantó una vivienda sin licencia en suelo no urbanizable en Mijas. Sin embargo, la sala revoca la parte de la condena que ordenaba la demolición y aduce que "no es aconsejable" que el futuro de la edificación obedezca a una decisión judicial. La sala estima que el futuro de la casa ilegal debe ser abordado en la normativa de ordenación urbanística que adopte el municipio y junto a otras muchas viviendas en la misma situación en el entorno, algunas de las cuales han sido legalizadas.
De acuerdo con esta doctrina, la conducta ilegal debe ser castigada si se prueba el dolo -voluntad deliberada de delinquir-, pero lo construido ilegalmente puede permanecer siempre que se den determinadas circunstancias. Esta jurisprudencia da amparo a administraciones como la Junta, que sostienen que la revisión de las ilegalidades urbanísticas debe realizarse desde la ordenación territorial. Es decir, los nuevos planes urbanísticos decidirán qué construcciones irregulares son legalizables o no.
Esta filosofía está detrás de los dos planes de normalización más complejos acometidos hasta ahora, en Chiclana y Marbella, y marca la directriz con la que la administración autonómica pretende dar solución al cúmulo de centenares de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable de carácter rústico.
El 28 de junio pasado, el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga condenó a Belisario Gutiérrez a seis meses de prisión, multa de 2.190 euros (12 meses a razón de seis euros diarios) y a demoler directamente o a su costa la casa de 164 metros cuadrados construida sin ningún tipo de licencia al considerarlo autor de un delito contra la ordenación del territorio.
Para adoptar la resolución, el juez consideró, entre otros aspectos, que el condenado no atendió sucesivos requerimientos administrativos y judiciales de paralizar las obras como un decreto del alcalde de 25 de mayo de 2006 y un auto judicial de febrero de 2007.. El condenado recurrió ante la Audiencia Provincial, que el pasado 9 de octubre sentenció mantener la prisión y multa, pero revocó la orden de demolición.
La sala considera "más aconsejable dejar que sea en el ámbito administrativo en donde, en su caso, se resuelva sobre la demolición de la vivienda, en coherencia con las normas urbanísticas que puedan adoptarse en un futuro por el municipio, ante todo teniendo en cuenta, que tal como ha señalado el recurrente, existen en las zonas numerosas viviendas, algunas de ellas sometidas a expedientes sancionadores y otras que han sido legalizadas".
La vivienda, de 164 metros cuadrados dentro de una parcela de casi 3.000 metros cuadrados se encuentra en el diseminado rural de La Alquería, uno de las numerosas urbanizaciones ilegales de Mijas, cuyo ayuntamiento llegó a estimar en unas 4.000 el número de casas irregulares en suelo no urbanizable.
El condenado en este caso llegó a aducir que el Ayuntamiento en septiembre de 2006 le concedió una placa de diseminado y le dio de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con lo que cabría entender que la construcción quedaba legalizada.
En Mijas se llaga a dar la paradoja de que el Ayuntamiento impone multas coercitivas a los propietarios de viviendas supuestamente ilegales a los que a su vez cobra el impuesto por la propiedad.
* El País - 9.12.10
Foto: Mijas (Málaga), derribo vivienda ilegal - laopiniondemalaga.es
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : En diciembre se acaba el plazo para que Litoral del Este, sociedad del Valencia CF, cumpla con el convenio suscrito en 2005 con el Ayuntamiento de Riba-roja para ejecutar el PAI (Programa de Actuación Integrada) de Porxinos, donde está proyectada la nueva ciudad deportiva del club y más de 2.600 casas. La delicada situación económica del club y la necesidad de acabar su nuevo estadio en la avenida de las Cortes Valencianas, han convertido el PAI de Porxinos en un asunto de segundo orden. Pero los plazos del convenio urbanístico corren ajenos a todo ello y la sociedad Litoral del Este, agente urbanizador del sector Masía de Porxinos, ha instado la reparcelación forzosa del PAI. Su publicación ayer en el DOCV abrió el plazo de información pública, que durará un mes. Durante este periodo, los interesados podrán presentar sus alegaciones. Según la Ley Urbanística Valenciana (LUV), los propietarios de los terrenos están obligados a exhibir los títulos de propiedad y especificar cualquier otra circunstancia.
El Valencia CF, que preside Manuel Llorente, no tiene prisa porque el proyecto vea la luz, ya que en su día ya vendió la propiedad de sus terrenos a la constructora Nozar -y esta luego al BBVA-. Pero el gobierno local de Riba-roja necesita que se cumplan los términos del acuerdo. El gobierno local, en manos del PP, niega que se haya ejercido presión alguna sobre el agente urbanizador, pero la oposición socialista insiste en que si Litoral del Este no cumple los plazos estipulados, el Consistorio puede perder los cerca de 5,5 millones de euros en que se valoraron en su día los terrenos que le correspondían al ayuntamiento en concepto del 10% de aprovechamientos urbanísticos. El sector de Porxinos supuso la reclasificación de 1,6 millones de metros cuadrados de suelo rústico del municipio valenciano.
En el momento de la firma del convenio, el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, acordó, en lugar de recibir las parcelas de suelo, el cobro en metálico de los derechos, continúan los socialistas.
"El convenio es una especie de contrato. Ahí se fijan todas las condiciones. Por tanto, si ahora caduca y no se han cumplido los términos del acuerdo, ambas partes pueden perder sus derechos", explica un experto en urbanismo.
El Ayuntamiento de Riba-roja aprobó en agosto de 2007 con los votos del PP la modificación del PAI. Los votos a favor de los diez ediles del PP fueron suficientes; PSPV y EU votaron en contra.
Durante la tramitación del proyecto, la Consejería de Medio Ambiente ordenó modificar 14 aspectos del plan. Entre ellos, destaca la reserva de 400.000 metros cuadrados que hubo que restar sobre el total de 1.659.621 para destinarlos a zona protegida. El Valencia CF, además, deberá ceder a la Generalitat la misma cantidad de metros que se declaran urbanizables, un total de 1,2 millones, en suelo forestal incluido en el Parque Metropolitano de Valencia. De este modo, la macrourbanización proyectada será menos dañina, según Medio Ambiente.
* El País - 8.12.10
Foto: Valencia, proyecto nuevo Mestalla - kaosenlared.net
.................................... Leer más...
ELMUNDO* : La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha afirmado que el Ejecutivo regional eliminará la obligación de que los promotores de vivienda tengan que ceder el 20% del suelo que van a urbanizar a la Administración, como ocurría hasta ahora. Durante la sesión del pleno de la Asamblea de Madrid, Mariño ha manifestado que esta medida, que llegará mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara, supondrá el fin del "impuesto revolucionario" que soportaban los promotores de viviendas y ha afirmado que se traducirá en un abaratamiento del precio del suelo de un 17%. Fuentes del Ejecutivo regional han explicado que con esta medida quieren "generar más actividad económica" y han destacado que ya hay suficiente suelo para construir vivienda protegida con lo establecido en la Ley de 2001.
Mariño ha anunciado esta enmienda al responder al diputado socialista Antonio Fernández Gordillo, que ha denunciado que el Gobierno regional "va a modificar la Ley del Suelo por un procedimiento excepcional, desvirtuando el fin de las cesiones de este suelo público para hacer caja".
A su juicio, esta situación "puede abrir la puerta a un fantástico 'carajal' con litigios de todo tipo sobre estos suelos", por lo que ha manifestado que espera que el Gobierno regional "recupere el sentido común y retire esta enmienda".
Mariño ha respondido a Fernández Gordillo que lo que se pretende con esa modificación es "eliminar las cesiones de redes supramunicipales, ese impuesto que se le ponía a las viviendas" y "clarificar la naturaleza jurídica de los bienes que no estaba clara en la actual Ley del Suelo".
Suelos que seguirán siendo públicos
La consejera también ha aclarado que "los suelos van a seguir siendo públicos", y ha contraatacado aludiendo a tres alcaldes socialistas del sur de la región. "Cree el ladrón que todos son de su condición. Quizás piensa que nosotros pretendemos hacer como el alcalde de Leganés, que ha dicho que si tiene que vender todos el suelo para hacer su programa, lo hará. Nosotros, en cambio, no lo pretendemos", ha dicho.
Mariño también ha criticado que el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Manuel Robles, se haya posicionado en contra de esta medida cuando el 24 de septiembre decidió que un bien demanial de servicio público se convirtiera en bien patrimonial para hacer viviendas públicas.
Por último, ha denunciado la "ignorancia supina" del alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, por decir que los terrenos cedidos dejarán de ser públicos. "Pero, ¿de dónde se sacan semejantes majaderías?", se ha preguntado.
Por último, la consejera de Ordenación del Territorio ha subrayado que en diversas sentencias, el Tribunal Supremo ha manifestado que la dotación pública y el suelo de dominio público no tienen por qué ir asociados.
* El Mundo - 9.12.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
.................................... Leer más...
MÁLAGAHOY* : La Audiencia de Málaga ha condenado a una pena de cuatro años de prisión y una multa de 15.000 euros al ex encargado de control y vigilancia de zonas rurales de la localidad malagueña de Cártama por un delito continuado de cohecho por pedir dinero a vecinos para impedir sanciones, paralizaciones o por ocultar expedientes urbanísticos. Asimismo, en la sentencia, a la que tuvo acceso EuropaPress, se condena a otro acusado a un año de cárcel por un delito de cohecho, al considerarse que abonó al primer procesado 9.000 euros, cantidad que se le impone como multa; mientras que se absuelve al tercer acusado, un traductor, que ya fue declarado inocente por el jurado popular. Así, se declara probado en la resolución que el que fuera en 2004 encargado de la patrulla verde solicitó en cinco ocasiones a vecinos distintas cantidades de dinero, que oscilaron entre los 6.000 y los 18.000 euros, diciéndoles que intermediaría para regularizar construcciones, desaparición de expedientes o evitar precintos o multas.
En una de estas ocasiones, contactó con uno de los acusados al que pidió primero 9.000 euros y luego 6.000 a cambio de paralización de los expedientes, abonando éste la primera cantidad solicitada "a sabiendas de que dicha suma no era para el Ayuntamiento", sino que era para el procesado, por lo que ha sido condenado, al considerar que lo hizo "para ahorrarse el pago de la multa impuesta".
Los jurados tuvieron en cuenta para su veredicto de culpabilidad del principal acusado las declaraciones de los procesados, de los testigos presenciales de los hechos y de la documentación que está en la causa; aunque no consideraron probado cinco hechos por los que se le acusaba, ya que las declaraciones no estaban corroboradas por otras pruebas o había contradicciones.
En la sentencia se precisa que el principal procesado "abusó de su condición de encargado de la patrulla verde y se dedicó a pedir cantidades de dinero a varios vecinos, propietarios de parcelas, ofreciéndoles a cambio lograr la paralización, ocultación o desaparición de los expedientes iniciados por el Ayuntamiento por construcciones ilegales".
Asimismo, el Tribunal entiende que éste "hizo uso de su cargo con desprecio total a la función pública que tenía encomendada, con deterioro de la eficacia del servicio público que debía atender y del prestigio y confianza de la sociedad en esa función y en los funcionarios que la desempeñan", con lo que "vulneró el bien jurídico".
En este punto, se incide en que en lugar de un correcto desempeño de su función "su conducta se encaminó a obtener un lucro ilícito ofreciendo a cambio la realización de actos manifiestamente antijurídicos, perseguibles penalmente, con plena conciencia de la ilicitud".
* Málaga Hoy - EP. 9.12.10
Foto: Cártama (Málaga) - malagapueblos.com
.................................... Leer más...
DCLM/Guadalajara : La Asociación Defensa de los Recursos Naturales Castilla-La Mancha (Adclam) ha pedido a la Fiscalía de Guadalajara que investigue si el alcalde de Almoguera, Luis Padrino, ha podido cometer los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación por no ejecutar la obra de un Centro de Desarrollo Local que fue adjudicada por la Diputación. En el escrito de acusación, facilitado a Efe, la asociación ecologista detalla que el 16 de enero de 2007 la Junta de Gobierno de la Diputación adjudicó la construcción del citado centro, dotado con un presupuesto de 150.000 euros.
Sin embargo, según relatan los ecologistas en su escrito, el 27 de febrero de 2009, la Junta de Gobierno de la institución provincial liquidó el contrato de obras de dicho centro por la misma cantidad sin que éste se hubiera construido.
A juicio de esta asociación, el alcalde de Almoguera, que fue expulsado del PSOE en 2007, utilizó el dinero destinado a la construcción de esta infraestructura en acometer unas obras en el Ayuntamiento "que nada tienen que ver con la adjudicación realizada y que no alcanzan la cuantía de la subvención.
Por ello, Adclam ha pedido a la Fiscalía de Guadalajara que haga una inspección en el Ayuntamiento de Almoguera para ver que ha pasado con este dinero y con el centro adjudicado.
El escrito remitido a la Fiscalía, que lleva fecha del día 22 de este mes, sugiere que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación administrativa y también pudiera ser constitutivo de un delito de fraude de subvenciones.
La misma asociación acusó el pasado viernes a Luis Padrino de cambiar una parcela municipal urbana situada a la entrada del pueblo a través de una permuta por una finca rústica propiedad del cuñado del alcalde.
* Diario de Castilla La Mancha - EFE - 24.11.10
Foto: Almoguera (Guadalajara) - lacronica.net
.................................... Leer más...
NOTICIASDENAVARRA* : Bajo un intenso aguacero, alrededor de 300 personas se concentraron delante del Ayuntamiento de Urdiain en contra del Plan Municipal aprobado inicialmente el pasado mes de mayo. Pedían la retirada de este ordenamiento urbanístico y la redacción de uno nuevo "consensuado por todos los vecinos de Urdiain" según indicaron. También señalaron que han recogido más de 500 firmas con este objetivo. A juicio de los vecinos, el plan incurre fundamentalmente en cuatro desajustes: demográfico, temporal, espacial y social. "Este Ayuntamiento prevé que Urdiain pase de 704 a 1.580 habitantes" señalaron. En este sentido observaron que en 1900 había 734 habitantes y en 2010 son 704. "Teniendo en cuenta las características de la actual población, con una tasa muy elevada de envejecimiento, baja en nupcialidad y nacimientos, no se espera un cambio demográfico significativo. Hasta en la misma memoria del plan urbanístico se dice, que a día de hoy, en muy difícil justificar la necesidad de construcción de una sola vivienda nueva"señalaron.
De igual modo, consideran que el plan llega tarde. "Se ha gestado durante los últimos ocho años y la situación actual nada tiene que ver con la burbuja urbanística, la fiebre del ladrillo y la especulación. No se adecua a la crisis económica que nos azota y ya no volveremos a los escenarios anteriores"afirmaron. Al respecto, indicaron que "Urdiain cuenta con 229 casas, de las cuales 60 están vacías y varias de ellas son propiedad municipal. En las anteriores Normas Subsidiarias, de 1990, se preveía la construcción de 138 nuevas viviendas de las que solo se han construido 40".
Por otro lado, consideran desproporcionada la previsión de 319 viviendas en 131.000 metros cuadrados. "Se contemplan viviendas adosadas, frías, sin personalidad; viviendas extrapoladas de cualquier extrarradio urbano tipo Buztintxuri, sin tener en cuenta la singularidad de Urdiian, con un casco urbano que es apreciado por su trazado irregular, creando cálidos espacios de encuentro que le dan encanto y es motivo para que nos visiten tantos turistas".
Otra crítica de los vecinos al plan es la "falta de participación ciudadana", señalando que supieron de su aprobación por la prensa. También censuraron que el modo de ejecución es de cooperación, promovido por el Ayuntamiento a cargo de los propietarios. "Según cálculos estimativos, el coste sería de unos 100 eruos por metro cuadrado. ¿Qué banco nos prestará la cantidad que necesitamos? ¿La ruina como a los vecinos de Olite? se preguntaron.
Asimismo, negaron "las acusaciones de juego sucio y de alarmar con datos falsos. Hemos leído toda la documentación y la hemos traducido a un lenguaje coloquial, fácil de ser entendido por los mayores que son nuestros padres o abuelos. Se firma lo que se firma y luego no vale el ya veremos" observaron.
* Noticias de Navarra - 22.11.10
Foto: Momento de la concentración vecinal contra el Plan Municipal al mediodía en Urdiain - noticiasdenavarra
.................................... Leer más...
ElCONFIDENCIAL/Marbella* : La declaración del cerebro de la red de corrupción marbellí investigada en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, abrirá, después de mes y medio, la vista oral del macroproceso que se paralizó el pasado 26 de octubre tras la exposición de las cuestiones previas. La reanudación del juicio el próximo día 13 sería una noticia menor de no ser porque Roca ha pactado presuntamente con la fiscalía “ofrecer información” a cambio de una reducción de pena y de que se “suavicen” las acusaciones en la causa de su esposa, Rosa Jimeno, y su hija, María Roca. Algunos letrados de la defensa hablan ya de “la bomba de Roca del 13-D”. Si todo sale según lo pactado, la pena de 30 años de cárcel y 810 millones de euros de multa que solicita el fiscal se reducirá casi a la mitad. No es la primera vez que el ex asesor de urbanismo utiliza esta estrategia para rebajar en lo posible su condena.
En el proceso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que juzga la causa del caso Urquía, Roca pactó con la Fiscalía y confesó que pagó 73.800 euros al juez de instrucción de Marbella Francisco de Urquía a cambio de favores judiciales.
Revelaciones decisivas para el proceso
El magistrado José Godino entrará con el pie derecho a la sala de la Ciudad de la Justicia de Málaga el próximo 13-D. En realidad, no sabe lo que le espera. Tras el anuncio del nuevo acuerdo son muchos los que han empezado a temblar. ¿Quiénes son los que más temen que Roca cante? Desde los asientos de los juzgados se hacen apuestas. Las revelaciones del presunto jefe de la trama pueden ser decisivas para el proceso.
Si, finalmente, mantiene el acuerdo que ha cerrado con la Fiscalía, Roca aceptará en la vista las investigaciones policiales, hasta ahora criticadas unánimemente por las defensas, y se responsabilizará de los informes que Udyco y Udef realizaron sobre “sus agendas, notas personales y documentos manuscritos, donde se recogía toda una serie de pagos y cobros a empresarios y políticos”. Dentro del elenco de los que temen las palabras de Roca está la persona que se esconde tras las siglas J.A.G. Según ha podido saber El Confidencial, este hombre, presuntamente una figura de importancia en Interior, mantuvo dos reuniones con la alcaldesa Marisol Yagüe antes de que estallase el caso Malaya: una en el restaurante Cipriano de Marbella y otra en La Pesquera, ubicado en la Casa de Campo de Madrid. Ambos encuentros fueron organizados por Roca, quien ahora debe decidir si desvela las conversaciones que tuvieron lugar durante los mismos.
Dentro de estos pactos cerrados con el ministerio publico no se descarta que Roca “recite en voz alta el nombre de un número de empresarios que de momento no han sido citados en el proceso judicial”. Muchos se preguntan si entre ellos estará Judas Bistock, el verdadero padre de la moción de censura que defenestró al equipo municipal de Julián Muñoz en Marbella. Nadie entiende cómo este empresario nunca ha sido citado, ni siquiera para declarar en el proceso de instrucción de la causa.
El día del cante
Todo está preparado para que el lunes 13 Roca reanude la causa. Para que el caso no se demore en el tiempo, el tribunal ha hecho un desglose de las actuaciones por bloques. El primero será el referido a la operación Crucero Banús, en el que se analizan los delitos de blanqueo y fraude fiscal que pudieron cometerse entre 2001 y 2002 en un negocio inmobiliario en las proximidades de Puerto Banús.
Según se explica en el pliego de acusaciones de la Fiscalía, Pedro Román, primer teniente de alcalde de Marbella tras la llegada de Gil al Ayuntamiento, se puso de acuerdo con Juan Antonio Roca, el abogado Juan Hoffmann y el comisario de Policía Florencio San Agapito, para comprar una parcela, calificada inicialmente como suelo comercial. Roca es una pieza clave en esta operación. El fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero dictamina que la función del presunto cerebro de Malaya consistía en promover la recalificación de la finca, aumentar su edificabilidad y conseguir que el Ayuntamiento le cediera parte de sus aprovechamientos.
Con esta presumible intención los cuatro procesados constituyeron en Suiza la sociedad Lispag, participada al 62,5% por Pedro Román. Roca y San Agapito poseían un 15% cada uno y Juan Hoffmann el 7,5% restante. El 16 de octubre de 2001, Lispag compró Yambali, la entidad propietaria del solar. Desembolsó 4 millones que se pagaron en Suiza, aunque el fiscal sostiene que hicieron constar en la escritura como precio de venta únicamente 841.416 euros. Ese mismo día, el Ayuntamiento firmó un convenio con Hoffman gracias al cual el techo edificable del terreno pasó de 532 metros a 11.406, "con un perjuicio para las arcas municipales de casi 5 millones de euros".
* El Confidencial - 9.12.10
Foto: Marbella, Roca saliendo furgón Guardia Civil - telecinco.es
.................................... Leer más...
