ELPAÍS* : Ya lo anunció el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón después de su aciaga entrevista con Zapatero el miércoles: hay serias dificultades para pagar a los proveedores. Y añadió: "Las pequeñas y medianas empresas van a verse afectadas". Es cierto. Centenares de pymes sufren la morosidad del Ayuntamiento. Pequeñas empresas a las que, tras esas declaraciones, se les vino el mundo encima. Concretamente, a las que vienen organizando, tras ganar los concursos públicos, las actividades culturales de Madrid: cabalgatas, fiestas patronales, carnavales, animación infantil... Los retrasos en los pagos llegan en algunos casos a los nueve meses, cuando, según los contratos, deben cobrar a los 60 días de presentar la factura.
Y la deuda del sector, según la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE, que aglutina al 90% de las compañías de managers, representantes y productores del sector: 117 empresas en Madrid), alcanza los 10 millones de euros solo en la capital. Las compañías consultadas aseguran que están al borde de la quiebra, que se ven obligadas a prescindir de trabajadores y que no pueden pagar a sus proveedores, después de décadas trabajando con ellos.
La ampliación de los créditos y la hipoteca de sus propios bienes se han convertido en el recurso de emergencia para mantenerse a flote ante una situación que no tiene visos de mejorar en el corto plazo, cuando el Ayuntamiento ha recibido un no por respuesta de Zapatero. Lejos de los palacios de Cibeles y Moncloa, las consecuencias de estas deudas tienen nombre y apellidos.
"Esto es el mundo al revés. Nos hemos convertido en los bancos o las financieras del Ayuntamiento, y nosotros no tenemos capacidad económica para asumir tanta deuda. La prueba es que la gente está teniendo que hacer encaje de bolillos con los bancos para poder llegar a fin de mes y no puede siquiera pagar a sus proveedores", dice Emilio Santamaría, presidente de ARTE.
Cuando Santamaría habla de "la gente" se refiere a personas como Cristina de Santiago (ASI-KEM S.L.), Gloria Parra (Yeiyeba), Augusto Teruel (Teruel Producciones S.L.) o Fernando Navarro (Piruleta).
Gente que gestiona pequeñas empresas promotoras de eventos y que lleva décadas (35, 25, 20 años...) trabajando para el Ayuntamiento; organizando desde las fiestas de Moncloa-Aravaca a las de Arganzuela (contratación de artistas, orquestas, equipos técnicos, seguridad...) a la cabalgata de los Reyes de Usera (carrozas, vestuario, escenarios, actuaciones...), o las actividades y juegos para niños de la Cuesta de Moyano.
Este periódico ha hablado con nueve empresas del sector y ha constatado que las deudas son millonarias y que suelen ir acompañadas de entrevistas a la desesperada con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo, o con el tesorero, José María Polo.
Ambos se han convertido en una especie de servicio de urgencias económico del Consistorio, que trata de agilizar o dar cierta prioridad a los pagos más perentorios o que pueden tener consecuencias más catastróficas, como pérdidas de empleos o cierre de empresas.
Según la información que pudo contrastar ayer este periódico, cinco de las nueve empresas consultadas acumulan ya una deuda de 5.428.271,51 euros.
La falta de liquidez del Consistorio, que va pagando a trancas y barrancas, ha abocado a los propietarios de las compañías del sector sociocultural a constantes visitas a los bancos para conseguir ampliaciones de hipotecas o de líneas de crédito para subsistir y poder pagar tanto a sus trabajadores como a sus proveedores.
Los bancos son la tercera pata de esta crítica historia. Tanto el Ayuntamiento como los pequeños empresarios sufren la rigidez que impera en los últimos meses en las entidades financieras, que no aceptan anticipar facturas de más de tres o cuatro meses. Y si se tiene en cuenta que el Consistorio está pagando con un retraso de entre seis y nueve meses...
"Acabo de salir del Banco Popular y me han dicho que del Ayuntamiento no quieren saber nada, ahora voy a probar suerte en otros. Lo que antes era casi trabajar con un aval se ha convertido en una condena", dice Augusto Teruel, secretario general de ARTE y propietario de la empresa Teruel Producciones SL, con la que el Consistorio acumula una deuda de 747.517,75 euros por las actividades y espectáculos realizados en los distritos de Hortaleza, Villaverde, Moncloa y Usera desde el pasado mes de abril.
Teruel lleva 20 años trabajando en Madrid y asegura que, "aunque los retrasos se vienen produciendo desde el año pasado, nunca habían llegado a los niveles actuales, que no nos pueden decir ni cuándo cobraremos".
Cristina de Santiago, de la empresa ASI-KEM SL, vive una situación similar: "Todavía me deben actividades de enero cuyas facturas han caducado en marzo. Yo ya estoy desesperada. Llevo 35 años trabajando aquí, tengo una reputación y un nombre. Nunca he vivido nada igual, no puedo pagar a mis proveedores, tengo 400 euros en la cuenta y no me llega ni para pagar la hipoteca que me pasan a mediados de mes. Vivo con mi madre, que tiene 80 años, he tenido que prescindir de dos de mis trabajadores, no puedo más".
Ella se entrevistó el pasado miércoles con el tesorero Polo que le ofreció la posibilidad de pagarle una de las facturas más bajitas: 6.161 euros "para ir tirando", de los 265.755,60 que le adeuda el Ayuntamiento.
Aparte de las empresas de espectáculos, están también las que se dedican a Equipamientos Culturales, asociadas en patronales como Educatia, por ejemplo, que reúne a 18 empresas en Madrid y suma 8.000 trabajadores, que nutren de actividades (pintura, teatro, bailes de salón, yoga...), a los centros culturales de la capital.
La semana pasada, uno de los representantes de esta patronal y director de una de las empresas con 700 trabajadores (que este mes han cobrado el día 10) se reunió con Bravo y le puso sobre la mesa las facturas de nueve de esas empresas por valor de ocho millones de euros. "Nos han pagado hace una semana la factura de abril (4.205.278,16 euros). Nos han prometido que nos pagarían en noviembre la correspondiente al mes de mayo y ya en enero la de junio, pero que si no se refinancia la deuda del Ayuntamiento podemos tardar en cobrar un año la siguiente".
La retahíla de impagos continúa: "Esta mañana he salido llorando del banco, tengo que hipotecar mi casa y me la tasan mucho más baja que hace ocho años. Y encima tengo que gastarme 6.000 euros en notarios", cuenta Fernando Navarro que, con sus ocho trabajadores, organiza actividades infantiles con su empresa Piruleta en los distritos de Retiro, Chamberí, Hortaleza y Usera, y que acumula una deuda de 190.000 euros desde mayo.
La situación es crítica y tiene más nombres y apellidos, aunque muchos de los empresarios de este sector no se atreven a salir en los papeles por miedo a sufrir más retrasos en los pagos o incluso represalias futuras en la adjudicación de nuevas actividades culturales. Llegado este punto, los responsables del Ayuntamiento se limitan a remitir a las últimas palabras del alcalde, hasta que el próximo jueves se presenten los nuevos presupuestos.
* El País - 19.11.10
Foto: Madrid, interior nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)
PÚBLICO* : Al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se le ha abierto un nuevo frente. Vecinos del barrio de Almanjáyar, una de las zonas más deprimidas de la capital granadina, denuncian que la Escuela de Magisterio que construye el prelado ha eliminado una vía peatonal de unos cinco metros de anchura y una franja destinada a jardín de las viviendas sociales colindantes. El vial, con entrada restringida para vehículos de emergencia, era el único acceso de bomberos a los tres bloques de la urbanización aledaña, en la que habitan unos cien vecinos. "Creen que la ignorancia anida en las viviendas sociales, pero se equivocan", afirma José González, uno de los afectados.
"El arzobispo se ha apropiado indebidamente de una zona de uso público que, según el plan de urbanismo, es una vía peatonal, y de un espacio que estaba destinado a jardín de las viviendas", explica. Según los vecinos, el muro que debía delimitar la parcela en la que se levanta la escuela debía guardar una distancia de unos nueve metros de sus casas. Pero está a un metro escaso.
La realidad, dicen, es que el solar en el que se construye la escuela tenía una superficie de 8.434 metros cuadrados, según el Registro de la Propiedad, y que el plan especial que ha permitido las obras asigna al solar 8.884 metros. Los vecinos han iniciado movilizaciones e insisten en que la superficie de los terrenos no ha aumentado milagrosamente. Los afectados no descartan llevar al arzobispo a los tribunales si no derriba el muro de hormigón que ocupa espacio público. De momento, han presentado una denuncia ante la Gerencia de Urbanismo.
LAOPINIÓN/Málaga* : El juez que instruye el caso 'Goldfinger' ha impuesto una fianza de más de 60 millones de euros por responsabilidad civil a los principales imputados en la causa, entre ellos el actor Sean Connery, su mujer y los principales socios del bufete de abogados que llevan la representación legal del actor. El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella (Málaga) da a los procesados un plazo de 10 días para hacer frente a esta fianza y ordena el embargo de propiedades si no pudieran responder. Además, en caso de declararse alguno insolvente, ordena a la Policía Judicial y a la Agencia Tributaria que investigue si ha podido haber operaciones de los acusados para ocultar su patrimonio desde abril del pasado año.
A través de un auto, el instructor indica que los imputados, entre ellos el ex alcalde Julián Muñoz o el ex asesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, deben responder de forma conjunta y solidaria de esta fianza atendiendo a las diferentes operaciones urbanísticas que supuestamente se realizaron teniendo como origen la propiedad que el actor tenía en Marbella, según informó la cadena SER.
El actor escocés fue citado a declarar como imputado ante el juez instructor el pasado día 15 de octubre, aunque no compareció, tras presentar un escrito, que se hacía extensible tanto a él como a su mujer, en el que se alegaban motivos de salud y de edad, argumentando que es una persona mayor; así como que no había tenido tiempo para organizar el viaje. La declaración podría tomarse a través de una comisión rogatoria.
En este procedimiento judicial se investigan operaciones inmobiliarias y la presunta participación en ellas de sociedades que supuestamente estarían vinculadas a la pareja. Las diligencias tienen su origen en la investigación de varios convenios urbanísticos, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara en 2006 una querella al analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio de Marbella.
Así, inicialmente se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde accidental, con la sociedad Malibú S.A. y con By the Sea, sobre los que se sustenta el complejo denominado Malibú. El Tribunal de Cuentas estimó un perjuicio para el Consistorio por estos convenios de 2,7 millones de euros.
Tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a varias operaciones en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados de Marbella, que, según los investigadores, "representa los intereses económicos" del actor escocés y su mujer en Marbella.
En este sentido, en un informe de la Agencia Tributaria, al que tuvo acceso Europa Press, se señala que este bufete habría representado dichos intereses primero, durante los años 90, con relación al chalé de su propiedad --Malibú S.A.-- y "más adelante mediante la prestación de sus servicios a la promotora By the Sea". En esta segunda fase, añade el informe, la participación del matrimonio en dicha sociedad "queda velada por el entramado societario organizado".
"Debido a la pantalla interpuesta por el despacho, así como por la composición del accionariado, compuesto por sociedades radicadas en paraísos fiscales, hacen imposible conocer los beneficiarios últimos de la operación", dicen los investigadores, quienes añaden como hipótesis la posibilidad de que el bufete "actúe como verdadero factor de los Connery en el negocio de la promoción objeto de estudio".
La Agencia Tributaria cifró en 53 millones de euros los beneficios de la explotación de la promoción Malibú, con 72 apartamentos de lujo situados en primera línea de playa, en cuyo desarrollo hay "indicios suficientes que hacen pensar en la comisión de diversos ilícitos penales", algunos ya investigados con anterioridad y otros nuevos como cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, según el informe.
Una conclusión de los funcionarios de la AEAT y de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional es que "parte de los beneficios", incluyendo los importes de una posible defraudación que se investiga, "son transferidos al exterior", sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total de "más de 37 millones de euros". Sobre el último país, se dice que está en la 'lista gris' de paraísos fiscales.
LAVERDAD/Murcia* : El Juzgado de Instrucción nº5 de Lorca, que instruye diligencias por la querella presentada por el PSOE contra el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, investiga la legalidad de siete convenios urbanísticos en el municipio. En muchos de estos convenios, los promotores se comprometieron a compensar al Ayuntamiento con la realización de obra pública, y en algunos casos también a abonar cantidades en metálico, mientras que el Consistorio prometió a su vez a los empresarios que si sus proyectos no eran recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) les compensaría convenientemente.
Así, según la documentación de que dispone este periódico, el Ayuntamiento firmó un convenio con JJ Serrano, Construcción y Gestión de Obra, por el que esta firma construiría el edificio de oficinas municipales y el Ayuntamiento, a su vez, se comprometía a entregarle 175.000 euros si el proyecto urbanístico no salía adelante. Del mismo modo firmó un convenio con Diego Francisco M.O., por el que éste pagaría 306.252 euros, de los que 153.126 los abonaría mediante la reforma del edificio de la tercera edad; también en este caso el Consistorio asegura que devolverá el dinero si el proyecto se enquista.
Jardineros de Puerto Lumbreras SA ejecutaría, en virtud de otro convenio, algunas obras públicas como la ampliación del polideportivo, un gimnasio o un SPA, por importe de 600.000 euros, que le serían reintegrados por el municipio de no salir adelante su proyecto.
Lo mismo con New Enma S.L. (3,4 millones de euros de compensación, en parte abonados con la ampliación del colegio Purísima Concepción); con ValLumbreras S.L. (3,4 millones); Reverte Inversiones SL (174.000 euros), y Proyectos y Construcciones Pevasa SL (1,5 millones).
Apunta el fiscal en un informe que, como señalaron los querellantes, con esa forma de actuación «se comprometen gravemente los recursos financieros del Ayuntamiento, al asumir en determinados convenios la restitución de determinadas cantidades (hasta más de 6,2 millones), unas invertidas en obras públicas adjudicadas directamente, y otras recibidas sin ningún destino concreto».
El alcalde de Puerto Lumbreras ha manifestado al respecto que todos los convenios respetaron escrupulosamente la legalidad y que el ex alcalde socialista José Cerrillo «hizo exactamente lo mismo en el 99% de los convenios que firmó».
YAENCONTRÉ* : Antes de que el feroz tigre celta se convirtiera en un ordinario gatito doméstico, el precio por metro cuadrado en la Grafton Street de Dublín llegó a ser superior al de la Bond Street de Londres, los Campos Elíseos de París, la Quinta Avenida de Nueva York y Rodeo Drive de Los Ángeles.Semejante sobrevaloración de los bienes inmobiliarios trae a la memoria la enorme burbuja que se formó en Japón a finales de los años 80, cuando el valor inmobiliario del palacio Imperial de Tokio subió hasta superar el valor de todas las propiedades inmobiliarias de California, octava potencia económica. Ahora los irlandeses han entrado definitivamente en la historia mundial de la especulación por la que se adentraron primero los holandeses en el siglo XVII cuando se desató una manía compradora en torno a los bulbos de tulipán hasta el punto que un bulbo llegó a tener tanto valor como una granja.
Los irlandeses, ebrios por el valor artificialmente alto de sus propiedades y el crédito fácil a intereses ridículos, no sólo urbanizaron su propio país sino que casi parecía tonto aquel que no compraba aparcamientos en Sofía, chalets en las pistas de esquí rumanas o pisos en Praga y Budapest. La propiedad inmobiliaria parecía un valor tan seguro como el oro.
"Era rara la semana en que no te llamaban cuatro o cinco veces del banco para ofrecerte dinero", dice Mary Fitzpatrick, gerente de unos grandes almacenes de la capital.
Hoy, con el país aferrándose a duras penas a su soberanía económica y resistiéndose con uñas y dientes a un rescate de las instituciones internacionales que parece inevitable, esa locura adquisitiva -junto con la imprudencia de los bancos- es vista como la causa principal de la humillación internacional de la orgullosa Irlanda. Vista desde el aire, la isla esmeralda es una sucesión de solares y edificios a medio construir. Hay un cuarto de millón de viviendas vacías o sin terminar, la mitad casas adosadas y chalets de vacaciones.
Los precios de casas y oficinas han descendido por término medio un 35% en los tres últimos años, aunque depende mucho de las regiones, y en algunas el porcentaje se eleva al 60%. Esa caída tiene un efecto multiplicador, porque se refleja en los activos de los bancos que concedieron las hipotecas con las propiedades como garantía, ya que en caso de impago tan sólo recuperarán una parte del valor nominal. Con un paro del 12,5% (30% entre los jóvenes) y la perspectiva de un recorte de hasta el 20% de empleos en el sector público, el número de insolvencias sólo puede aumentar. El severísimo plan de austeridad -que la UE quiere radicalizar todavía más- ha reducido el consumo y sumergido al país en una segunda recesión. La posible subida del impuesto sobre los beneficios empresariales (ahora del 12,5%) como condición al rescate reduciría las inversiones extranjeras (las empresas norteamericanas utilizan Irlanda como una especie de paraíso fiscal respetable, una irregularidad que Alemania quiere corregir). El panorama es negrísimo, se mire por donde se mire.
El sector de la construcción constituye un 14% de la riqueza del país, un porcentaje superior al de España, y hasta hace poco empleaba a una tercera parte de la fuerza laboral, incluidos cientos de miles de inmigrantes polacos y de Europa del Este que en buena parte han regresado a sus países de origen. Desde el 2000 se construyeron cada año 75.000 nuevas unidades comerciales o residenciales, sobre todo en el área metropolitana de Dublín (que tiene la renta per cápita y los sueldos más altos) y en zonas de vacaciones.
"Desde la entrada del euro, conforme el empleo y los ingresos aumentaron, el valor de la propiedad inmobiliaria empezó a subir - explica el economista Gareth O´Riordan-.Se construyó másy ello generó todavía más trabajo en un efecto multiplicador. Se elevó el valor de los activos y garantías subsidiarias de las instituciones de crédito, y la percepción de riesgo disminuyó proporcionalmente. Se construyó todavía más, debido a todos esos factores y a incentivos fiscales del gobierno para alimentar la demanda doméstica y conceder favores a empresarios amigos. Dado que el mercado irlandés es relativamente pequeño, el precio de pisos y oficinas se hinchó artificialmente por lo menos un 25%, a pesar de que en algunas localidades no existían infraestructuras de transporte y servicios públicos. Con rendimientos de por lo menos el 4% en las viviendas para alquilar, el país entero especuló y especuló.
LEVANTE/Valencia* : La Fiscalía de Delitos Económicos de Valencia ha denunciado ante el juzgado de Llíria a José Javier Cervera Soria, alcalde de Loriguilla (PP), por un posible delito contra la Administración Pública. El Ministerio Público pide que se abran diligencias de investigación penal contra el edil popular porque considera que adjudicó obras del consistorio a empresas en las que participaba junto a miembros de su familia. Según el escrito de denuncia al que ha tenido acceso Levante-EMV, el fiscal, que investigaba el caso desde hace seis meses, habría detectado por parte del alcalde "un trato de favor a esas empresas (firmas que participaba junto a sus familiares) en la adjudicación de obra pública".
Además, el Ministerio Público afirma que de las pruebas recabadas "resulta la apariencia" de que el edil "ha intervenido en actividades económicas que eran incompatibles con las de su cargo de alcalde y/o ha intervenido en negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o autoridades".
Según explica el fiscal Anticorrupción en la denuncia remitida al juzgado de Llíria, José Javier Cervera Soria "a partir de 2003 mientras era Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Loriguilla, tenía participación en la titularidad y gestión de un grupo de empresas formado por Vialcer SL, Rocersa SL, Javevat SL, Fervialia SL y Grupo Empresarial Fervialia SL". Estas firmas las comparte con sus dos hermanas.
La denuncia recoge que, una de estas firmas, concretamente Fervialia SL, intervino desde 2005 en la licitación de 10 obras promovidas por el Ayuntamiento de Loriguilla y la sociedad municipal Lorisum SL. De estas diez ofertas públicas a las que se presentó resultó adjudicataria de cuatro. Además, el fiscal constata en su denuncia que estas contrataciones "han tenido lugar a través de Mesas de Contratación en las que no participaron los concejales de la oposición".
Por ello asegura que estos hechos pueden ser constitutivos de "un delito contra la Administración Pública tipificado en los artículos 439, 441 y 442 del Código Penal". Concretamente ve una posible negociación y actividad prohibida a los funcionarios públicos y un supuesto abuso en el ejercicio de su función. Estos delitos comportan una inhabilitación de cargo público de hasta cuatro años y una multa de seis a doce meses.
Por otra parte, el fiscal anticorrupción pide al juez de Llíria que cite a declarar al alcalde y solicita estar presente en las diligencias que tome a José Javier Cervera Soria.
Delfín en el PP de Camp de Túria
José Javier Cervera Soria es alcalde de Loriguilla por el Partido Popular desde 2003. La primera vez que se presentó consiguió una mayoría absoluta que revalidó en 2007. De hecho, el PP tiene seis concejales en este municipio por tres de la oposición (dos Unió Valenciana y uno el PSPV). Cervera Soria, uno de los jóvenes delfines del PP en el Camp de Túria, es próximo al alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, y al de Vilamarxant, el también diputado en las Corts Vicente Betoret.
Este ingeniero técnico en Obras Públicas de 39 años es también vicesecretario comarcal del PP del Camp de Túria desde 2006, presidente del consorcio de residuos Valencia Interior desde 2007 y miembro del Comité Ejecutivo Provincial de Valencia del PPCV desde 2008.
Según ha podido saber este periódico, las diferentes empresas que cita la fiscalía en las que él y sus dos hermanas participan han realizado cierta cantidad de obras por otros municipios de la comarca. Un ejemplo es Riba-roja, donde han construido varios edificios en calles tan conocidas como la Mayor, en el centro del pueblo.
SUR/Málaga* : «Este sí queríamos que se derribara». Ayer tan sólo habían pasado 24 horas desde la alcaldesa, Ángeles Muñoz, informara a los medios del dictamen con el que defenderá ante los tribunales que el Ayuntamiento no puede ejecutar 900 sentencias de demolición por la existencia de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regulariza las 5.000 viviendas afectadas. Un día de diferencia y, tras de la regidora marbellí, las máquinas estaban haciendo añicos un edificio de once plantas de Las Chapas que nunca fue más que una estructura.
¿Una contradicción? «Este caso no tiene nada que ver con el Plan General. Esto llevaba aquí más de 40 años y no era legalizable ni con el PGOU del 86 ni con el nuevo. Este derribo es un símbolo de legalidad», explicaba Muñoz entre el trasiego de motores. Antes era una mole de hormigón de once plantas y 36 metros de altura que se veía especialmente desde la autopista. Ahora, apenas queda una semana de trabajo para que pase a la historia: Un par de días para que se convierta en toneladas de escombros y unos pocos más para que la parcela, en mitad del Marbella Golf, quede totalmente expedita y quizá se convierta en un hoyo más.
«Era una reivindicación histórica porque era incómodo para la vista y para el propio campo, así que nos pusimos en contacto con los propietarios de la construcción, que también lo son del campo de golf, para hacerles ver que la mejor solución era tirarlo porque no se iba a legalizar», abundó Muñoz, que se acercó hasta el lugar para conocer cómo se están desarrollando los trabajos, adelantados por este periódico. Los operarios, venidos con las máquinas especializadas expresamente desde Madrid, comenzaron el desmontaje de la edificación hace ya tres semanas.
Escombros
No ha sido un camino de rosas. Por la envergadura de la actuación, se han necesitado informes varios, desde los medioambientales a los urbanísticos, pasando por la necesaria licencia municipal. «La empresa ha corrido con los gastos de demolición y de la retirada de escombros», señaló el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, que cifró en 93.000 euros el coste total de un derribo esperado desde hace años.
Sobre si hay otros esqueletos en similar situación, el edil recordó que el nuevo Plan General deja fuera «seis o siete estructuras» sobre las que aún no se ha tomado una decisión. «Veremos si son aprovechables como equipamientos en los casos en que estén a medio construir y si no, pues se tirarán», agregó la alcaldesa, que precisó que se estudiará caso por caso.
* Sur - 18.11.10
Foto: Evolución de los trabajos de demolición, que comenzaron a final de octubre, hasta el día de ayer - sur
ELPAÍS* : Una Administración pública expropia por la vía forzosa unos terrenos, en muchos casos recurriendo a la fórmula de "urgente ocupación", para realizar un proyecto urbanístico concreto de "utilidad o interés público" (llámese carretera, campo de fútbol, viviendas o un parque empresarial) y finalmente dedica esos solares por los que pagó un precio más bien bajo a otro fin, por lo general de mucha mayor rentabilidad económica. Ocurre muy a menudo. Son "procedimientos normales de la política urbanística", alegó hace unos días la edil coruñesa de Urbanismo, Obdulia Taboadela. Normales sí, pero no legales.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en dos sentencias sucesivas, acaba de condenar a las administraciones responsables de dos de los mayores proyectos urbanísticos de A Coruña en la última década a devolver a sus dueños los terrenos. O en su defecto, a indemnizarlos. Una reversión que costará caro en ambos casos a las arcas de la Xunta y el Ayuntamiento.
Hace casi dos décadas que el Gobierno gallego expropió por la vía urgente 157.000 metros cuadrados a la entrada de A Coruña para construir el denominado Parque Ofimático, un polígono de oficinas que incluía campo de golf, helipuerto y un apeadero ferroviario.
Nunca se hizo y el viejo proyecto se reconvirtió, tras recalificar el uso de las fincas, en un plan para construir 2.000 viviendas. La nueva configuración del futuro parque ofimático fue presentada hace apenas un mes. Pero tras años de batalla judicial, parte de los antiguos dueños de los solares contrarios a la expropiación forzosa de sus bienes acaban de ganar su reclamación: el alto tribunal condena a la Xunta a devolver 80.000 metros cuadrados de terrenos a sus dueños, unas 60 familias. La Administración gallega tiene dos meses para cumplir el fallo y, dado que la reversión es ya imposible, indemnizar a los afectados.
Otro tanto ocurrió hace unas semanas con el Ayuntamiento de A Coruña, condenado también a compensar a los dueños de terrenos en el barrio de Someso en los que hoy se erigen un recinto ferial, un centro comercial, así como edificios de viviendas y oficinas. En total son unos 20.000 metros cuadrados, aunque la sentencia del Tribunal Superior sólo afecta a la mitad de la superficie, la que fue adquirida en 1989 con el pretexto inicial de construir un campo de fútbol.
El Ayuntamiento, que discrepa del fallo por considerar que compró pero no expropió esas fincas, deberá indemnizar con 8,2 millones de euros a los antiguos propietarios.
Ambos casos similares originan un vivo rifirrafe entre el Gobierno local del socialista Javier Losada y el Partido Popular. Para el dirigente Carlos Negreira (PP), el caso de Someso que él denomina Relámpago es un "escándalo urbanístico", "una estafa", "una chapuza", "un ladrillazo" y exige una comisión de investigación por esa "expropiación ilegal".
"Que aplique el mismo rasero al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que pida una investigación en el Parlamento, que vaya a los tribunales como amenazó", replicó ayer la concejal de Urbanismo de A Coruña al difundirse la sentencia sobre el parque ofimático.
Reversiones que saldrán caras
Las indemnizaciones por expropiaciones forzosas declaradas ilegales costarán caras a las administraciones. El Ayuntamiento de A Coruña no incluyó en los presupuestos municipales para 2011 una partida para cumplir la sentencia sobre el caso Someso y pagar una indemnización de 8,2 millones de euros a los antiguos propietarios de los terrenos. Intentará negociar un trueque: compensarles entregándoles parcelas de titularidad municipal que tiene en el futuro parque ofimático, donde la Xunta, también condenada por expropiar ilegalmente los solares, prevé construir 2.000 viviendas.
El caso es que las cuentas de A Coruña para el próximo año sí incluyen, en el apartado de obras y proyectos, 40,2 millones de euros que abonarán los promotores del parque ofimático para urbanizar esa zona de la ciudad. Una cantidad importante, reseña el interventor municipal, ya que supone más de la mitad del dinero para inversiones con el que contará el Ayuntamiento el próximo año. "Si se descontara ese dinero, el presupuesto real [de A Coruña para el próximo año] ascendería a 216,4 millones de euros, un 2,7% más que el de 2010", advierte Intervención. El PP insiste en que cada semana que pasa sin pagar los 8,2 millones de euros a los antiguos dueños de los terrenos de Someso, la indemnización se incrementa en 5.200 euros por los intereses de demora.
EXCELSIOR* : Para evitar un gran colapso vial en la Ciudad de México y la zona metropolitana, en cinco años, el transporte público tendrá que ser tan eficiente que la gente lo prefiera sobre el automóvil particular, afirmó el premio Nobel de Química, Mario Molina. Durante su intervención en la presentación del libro Ciudad de México. Transporte y Movilidad Sustentable, el investigador y profesor mexicano destacó la importancia de contrarrestar el uso de los coches a partir de un programa integral. “A lo mejor en cinco años ya no nos podemos mover porque estamos congestionados, entonces necesitamos una visión más clara, una visión más sustentable, con una cuestión de transportes, de urbanismo, de recuperar espacios público”, explicó Molina.
Aunque no es una fecha límite, para el riesgo de un colapso vial, indicó que un lustro es el tiempo máximo para comenzar a actuar antes de tener “un problemón”.
Molina destacó la importancia de restringir el uso de los coches a partir de ciertas medidas económicas, como el caso de Nueva York, donde el costo por estacionarse en el centro de la ciudad es muy alto. De igual manera, se debe controlar el crecimiento de la ciudad, que hasta el momento “ha sido muy caótico”.
El premio Nobel propuso el plan debe contar con la visión de expertos, de ingenieros en transporte y urbanistas, que edifiquen un desarrollo habitacional con todos los servicios
Sin embargo, Molina aseguró que no está peleado con la movilidad en autos particulares, pero se les debe facilitar el traslado en la urbe con vialidades completas y seguras.
“No estoy hablando de ponerle topes a toda la ciudad, hay que facilitar el tráfico, no dificultarlo Si tenemos vialidades que no están terminadas, pues hay que terminarlas para que funcione bien la ciudad”, dijo.
Pero la meta es lograr que en un futuro la cantidad de autos en la Zona Metropolitana, en donde aumenta cada año 350 mil unidades, se disminuya a la par que el transporte público aumente y se vuelve más eficiente.
No acudirá a cumbre
Aunque está trabajando en conjunto con el gobierno capitalino, Molina informó que no participará en la Cumbre de Líderes Regionales, que inicia este miércoles en la Ciudad de México.
“El jefe de Gobierno me invitó, por supuesto, y estoy trabajando con él. Desgraciadamente tengo que estar en Europa y es una cosa que ya no podía cambiar. Así que en la cumbre misma
no, pero sí en el proceso y en lo que sigue”, explicó.
Llega el Eco Bus
Con una inversión de 101 millones de pesos, 30 camiones de RTP que operan con Gas Natural comprimido circularán en la Ciudad de México sin emitir monóxido de carbono y partículas.
Las unidades llamadas Eco Bus Ciudad de Vanguardia se sumarán a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, dijo que actualmente no existe otra tecnología que pueda competir con este tipo de vehículo, catalogado como el más avanzado en su tipo en América Latina y el mundo.
El mandatario hizo hincapié en que la Ciudad de México estará a la vanguardia en materia de transporte público, al operar con gas natural comprimido.
Explicó que de esta manera se reducirá casi al cien por ciento la emisión de monóxido y bióxido de nitrógeno y sin emisión de partículas al aire.
“Con esta tecnología estamos logrando los objetivos a los que nos queremos acercar en materia de medio ambiente”, señaló Ebrard.
INFORMACIÓN* : La redacción final del nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del río Segura parece que no despierta mucho interés entre administraciones y partidos políticos, a pesar de que su resultado final servirá como herramienta de gestión durante las próximas décadas y, también, porque el tema del agua y de su gestión ha sido una de las mejores armas arrojadizas y electoralistas entre los partidos políticos en los últimos años y más aún teniendo en cuenta que el Segura es la cuenca más deficitaria del Estado. Sin embargo, ni un solo ayuntamiento de la provincia ha presentado alegaciones a la consulta pública de seis meses del Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Segura (EPTI, denominación del nuevo plan Hidrológico), según datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
En la provincia, donde la "guerra del agua" ha sido uno de los discursos que más enfrentamientos ha ocasionado entre las dos mayores formaciones políticas, PP y PSOE, sólo ha presentado alegaciones la Diputación. Entre los argumentos que esgrime el organismo provincial que, entre otras cuestiones, rebate las cifras de demandas y recursos hídricos aportados a la cuenca al considerar que "deben ser reales y no teóricos", y se critica la apuesta por la desalación. Otro organismo que también alegó fue la patronal alicantina, Coepa que, al mismo tiempo vuelve a pedir que se recupere el trasvase del Ebro.
"Un fracaso"
También ha presentado propuestas e ideas la Dirección General del Agua de la Generalitat. El Gobierno valenciano aborda el riesgo ante avenidas del río Segura en la Vega Baja y destaca que el déficit hídrico no se solucionará con el programa AGUA, que considera "un fracaso". Las 459 alegaciones presentadas al EPTI, de las que 359 son de ciudadanos a nivel particular, serán debatidas mañana en un Consejo del Agua de CHS, un organismo que no se convocaba desde julio de 2007; es decir, hace más de tres años.
En el consejo se cuenta con representantes de todas las administraciones (local, autonómica de cuatro comunidades, administración central, agricultores, empresarios, y colectivos conservacionistas). Desde la CHS no se quiso hacer ayer comentario alguno a la selección de temas que finalmente formarán parte del documento que se presentará durante el Consejo del Agua y que deberá ser refrendado por sus componentes.
* Información - 17.11.10
Foto: Imagen del río Segura a su paso por el casco urbano de Rojales, en una riada del pasado mes de agosto.- información
MÁLAGAHOY* : Agentes del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido al director de un bufete de abogados con sede en Marbella y a otras tres personas en el marco de una operación contra un supuesto blanqueo de capitales. Está previsto que en las próximas horas estas tres personas, que fueron detenidas este martes, pasen a disposición del juzgado marbellí que instruye el caso, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional. La investigación se inició tras una comisión rogatoria librada hace seis meses y procedente del extranjero, que alertó a la Policía española sobre una importante suma de dinero que habría sido transferida a cuentas en diferentes operaciones bancarias.
El seguimiento de esos traspasos habría conducido a una serie de nombres de personas o empresas radicadas en Marbella, por lo que agentes de la Sección de Blanqueo de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco)-Costa del Sol han realizado registros en este municipio, aunque también puntualmente en Fuengirola, según publica el diario 'SUR'.
Finalmente, la operación se ha saldado con la detención este martes en Marbella del abogado P.A., responsable de un bufete con sede en la ciudad especializado, entre otros temas, en asuntos inmobiliarios. También han sido arrestados un ciudadano estadounidense, un inglés y un francés.
En los registros realizados, los agentes de la Sección de Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol se incautaron de abundante documentación, tanto en soporte papel como informático.
ELPAÍS* : La fiscalía especializada en asuntos medioambientales del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investigará la tramitación del proyecto del Ministerio de Fomento para ampliar la pista del aeropuerto coruñés de Alvedro. El fiscal admitió a trámite la denuncia presentada por la plataforma vecinal afectada por estas obras que acaban de ser licitadas, la Cofradía de Pescadores de A Coruña y la organización ecologista Adega. Unos colectivos que se oponen a un proyecto para dotar de 400 metros más a la pista del aérodromo situado al pie de la ría de O Burgo, encajonado entre núcleos de población de Culleredo, por su elevada repercusión ambiental y sobre el patrimonio cultural.
El proyecto obligará a mover cinco millones de metros cúbicos de tierra e implicará "durante dos años y las 24 horas del día molestias para la ciudadanía", advirtió Adega. La declaración de impacto ambiental reconoce que además del ruido, habrá posibles consecuencias de vertidos en la ría, por lo que habrá que tomar medidas para evitar impactos en el marisco.
Los denunciantes reconocen que "será complicado" paralizar una obra que Fomento espera tener lista en 2014. Pero pretenden que "se investigue si la Administración cumple con lo que se exige a todos, los requisitos legales". La expropiación de los terrenos necesarios para llevar a cabo un proyecto que implicará suprimir una cuarentena de vivienda ya se empezó a tramitar.
20MINUTOS/Almería* : Greenpeace ha anunciado la interposición de una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo plenario en el que Ayuntamiento de Carboneras aprobó la adaptación de su normativa urbanística a la ley andaluza en la que incluía como urbanizable el paraje de El Algarrobico donde se asienta el hotel de Azata del Sol. La demanda, según ha informado este miércoles la organización conservacionista, arremete asimismo contra la Junta de Andalucía, que dictaminó favorablemente acerca de la modificación en las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carboneras y emitió un informe en el que advertía al Consistorio que el sector ST-1, donde se asienta el inmueble, "debía" estar clasificado como "suelo urbano consolidado".
Para Greenpeace, el Ayuntamiento que preside Cristóbal Fernández (PSOE), quien ha sido apercibido en firme por el TSJA para que no acometa ninguna actuación urbanística en la zona sino quiere incurrir en un delito de desobediencia, "sigue apostando" por el desarrollo "más insostenible" de su municipio. "Aunque aún más grave —ha ahondado— es que la Junta estimase que El Algarrobico debía figurar no como suelo urbano ordenado, sino consolidado".
En este sentido, la responsable de la Campaña de Costas, Pilar Marcos, ha destacado que "esta es la realidad en los tribunales" frente a lo que "dicen ante los micrófonos de la política medioambiental de la Junta de Andalucía". Así, para Marcos, la consejería de Medio Ambiente "ha ideado" una clasificación para el paraje de El Algarrobico "que permite que se pueda urbanizar o no" mientras "sigue dilatando los numerosos procedimientos judiciales en curso encaminados a conseguir la demolición de un hotel".
La Junta de Andalucía advirtió al Ayuntamiento de Carboneras de que el sector ST-1, donde se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), "debía" estar clasificado como "suelo urbano consolidado" en la normativa urbanística municipal aprobada a finales de 2009 y en la que se autorizaba, de manera implícita, la construcción de unas 250 viviendas en el interior del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
La entrada en vigor del citado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contó con la valoración favorable de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de la Junta, ha dado lugar a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) prohibiese el pasado día 28 al alcalde, Cristóbal Fernández (PSOE), la ejecución de cualquier actuación urbanística en la zona al estar pendiente de resolución judicial cuál debe ser el nivel de protección del paraje. PRECEPTIVO
El informe preceptivo emitido por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio, al que tuvo acceso Europa Press, comunica al Consistorio que el documento para la adaptación parcial de las NNSS, por la que se aprobó el citado PGOU, "no cumple" con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y desgrana siete deficiencias además de aportar otras tantas consideraciones a la planimetría que adjunta el documento.
Entre estas últimas, apunta que el sector ST-1 'Algarrobico' aparece en lo enviado por el Ayuntamiento como suelo urbanizable ordenado, "debiendo estar clasificado —ahonda— como suelo urbano consolidado al contar con los requisitos que marca la LOUA, según la memoria justificativa de la adaptación parcial".
La normativa urbanística aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Carboneras tras el informe favorable de la Junta de Andalucía provocó que el TSJA acordase requerir el pasado mes de mayo al regidor de Carboneras para que se abstuviese de actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico so pena de incurrir en un presunto delito de desobediencia al tiempo que le advertía de que cualquier ejecución sería "nula".
El Alto Tribunal andaluz declaró firme la prohibición en un auto dictado el pasado día 28 por el que desestimaba el recurso de suplica del Consistorio carbonero y, además, establecía que sobre la zona pesa cautelarmente en la actualidad el nivel de protección del que gozaba en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994, que lo calificaba de "espacio natural protegido, no urbanizable" frente a que Junta y Ayuntamiento sostienen que estaba clasificado como zona D2 o "no incompatible con el uso urbanístico".
El TSJA mantiene suspendido de forma parcial el PORN que aprobó la Junta de Andalucía en 2008 desde poco después de su entrada en vigor al considerar, entre otros aspectos, que la nueva regulación podría "reactivar" el uso turístico del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico.
ELMUNDO/Granada* : Una promotora granadina pide 20 millones de indemnización al Ayuntamiento de Alhendín por haberle paralizado una obra 'ilegal' en la urbanización Novosur, que invadía la servidumbre aérea de la vecina base de Armilla. El Consistorio, dirigido por el socialista Miguel Ángel Gamarra, ha anunciado la intención de enviar esta petición, "improcedente y alegal", al juzgado que investiga el 'caso Marchelo', que afecta al antiguo alacalde, el 'popular' José Guerrero, y a su concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, imputados por presunta corrupción urbanística. De hecho, el Ayuntamiento de Alhendín se encuentra personado en la causa, al considerarse parte perjudicada.
El Consistorio ha decidido aportar como "prueba" la documentación que remitió la promotora Frai para justificar su reclamación, en la cual pide, basándose en un informe pericial, en 19,95 millones de euros, y que podría causar un "daño irreparable" a la entidad local, a juicio de su alcalde. De tener que abonar esta reclamación, la trama, ha dicho el alcalde, habría ocasionado a las arcas municipales un quebranto económico total de 45 millones de euros.
Los cinco delitos urbanísticos por los que irían a juicio los 15 imputados -cuatro ediles, incluído el alcalde, el arquitecto municipal y un total de hasta 10 empresarios- incluirían la vulneración de la servidumbre aérea a la base militar de Armilla al autorizar la construcción de edificios de seis plantas más ático en la urbanización Novosur en 2007, después de haberse estipulado cuatro plantas más ático en el convenio de la Junta Local de Gobierno en 2003.
Un largo proceso lleno de obstáculos
Frai proyectó un total de 23 bloques y 1.200 viviendas al borde de la autovía y en línea recta con la pista de aterrizaje de la Base Aérea desoyendo los avisos del Ministerio de Defensa, los primeros con fecha marzo de 2006, cuando gobernaba el PP. Las licencias de Novosur fueron paralizadas por la invasión de las servidumbres, si bien a finales de 2007, ya gobernando el PSOE, el Ayuntamiento consiguió desbloquearlas.
La instrucción del caso concluyó en octubre de 2009 y aún espera el señalamiento de juicio, en tanto las partes aún tienen que redactar sus escritos de acusación y defensa provisionales.
El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Granada, José Robles, ha considerado, por su parte, que si alguien es responsable de la concesión de la licencia de obra de Novosur, esa es la Consejería de Obras Públicas, en tanto aprobó el PGOU de Alhendín y el plan parcial donde se levantaría la urbanización, además de no recurrirlas posteriormente "como ha hecho en otros casos, como el del Nevada".
Robles afirmó que su formación "acatará las responsabilidades penales" que se deriven del 'caso Marchelo' pero se ha preguntado por qué la Junta no recurrió unas licencias que supuestamente eran ilegales. También criticó que Gamarra haya hecho público la reclamación de la promotora justo cuando el Ayuntamiento pasa dificultades económicas que no garantizan el pago de las nóminas a los trabajadores municipales, techándolo de "cínico".
SUR/Málaga* : El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, en vigor desde hace casi medio año, establece un sistema de compensaciones para la regularización de 16.500 viviendas levantadas de manera ilegal en la ciudad. El método dispuesto para la normalización de inmuebles refleja el espíritu del nuevo ordenamiento a la hora de proteger a los llamados compradores de buena fe frente al posible derribo de edificaciones irregulares y avala ahora el dictamen elaborado por el Ayuntamiento para no ejecutar las 900 sentencias judiciales con carácter firme que anulaban licencias urbanísticas otorgadas en la 'era GIL'.
El Gobierno municipal acordó ayer informar a los tribunales de la «imposibilidad legal» del Consistorio para cumplir estas resoluciones judiciales, que afectan a cerca de 5.000 viviendas irregulares, al tratarse de inmuebles que serán normalizados por el PGOU, según anunció ayer la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. «No es que no queramos cumplir las sentencias firmes que anulan las licencias de obras, sino que el Plan prevé otra realidad y estamos absolutamente convencidos de que el futuro de Marbella pasa por ahí», señaló la regidora.
La medida adoptada en Junta de Gobierno Local establece que la Administración local «hace suyo» el dictamen elaborado por la asesoría jurídica de la delegación de Urbanismo con objeto de plantear incidente de ejecución en cada uno de los procedimientos judiciales en los que existe una sentencia firme que anula la licencia de construcción. El acuerdo incluye dar traslado del mismo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La iniciativa no es nueva, dado que el Ayuntamiento ya hizo lo mismo en algunas causas urbanísticas antes de que se aprobara el Plan. La diferencia es que entonces se correspondía con casos aislados y el argumento del Consistorio ante los tribunales era la necesidad de esperar a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento. Ahora se trata de actuar de manera global en los 900 procedimientos judiciales y de «hacer ver», según explicó Muñoz, que el nuevo PGOU ya contempla la regularización de las viviendas, por lo que no tiene cabida la ejecución de las sentencias que declaran nulas las licencias de estos inmuebles.
«Es un paso decisivo en el camino que iniciamos hace tres años y medio para la recuperación de la credibilidad y la normalización institucional», afirmó la alcaldesa, que recordó que, a la hora de redactar el PGOU, el Consistorio y la Junta de Andalucía consensuaron establecer «un sistema que nos permitiera una alternativa que no fuera la demolición» y que, al mismo tiempo, compensara la pérdida de suelo que en materia de equipamiento y zonas verdes había sufrido el municipio durante lustros con la construcción de edificaciones ilegales.
«No tendría ningún sentido demoler 5.000 viviendas, sobre todo cuando se encuentran habitadas por familias, terceros de buena fe, que han tenido todos los parabienes de las diferentes administraciones», indicó Muñoz, que destacó que «ahora que tenemos un Plan que permite esa alternativa no podemos ejecutar esas sentencias». Por ello, según apuntó la regidora, el Ejecutivo local planteará a los tribunales que la situación urbanística en Marbella ha cambiado y que no se pueden llevar a cabo las resoluciones judiciales «porque se ha aprobado un Plan General que está vigente, que es legal y que contempla otra salida».
En cuanto a la posible réplica de la Sala, la alcaldesa no mostró ninguna duda. «Estamos absolutamente convencidos de que la respuesta por parte de los tribunales seguirá el mismo planteamiento y aplicará el sentido común», apuntó. En este sentido, Muñoz recordó que el TSJA «ha percibido durante los últimos años la voluntad del equipo de Gobierno para desbloquear la situación» y expresó su confianza de que «entenderá la postura de este Ayuntamiento a la hora de dar una alternativa a lo que ocurría antes de aprobarse el Plan General de Ordenación Urbana».
Nuevo orden jurídico
El portavoz del Gobierno municipal, Félix Romero, defendió también la actuación y explicó que «la finalidad de una sentencia es la reposición de la legalidad, la restitución del orden jurídico que se ha alterado». En el caso de Marbella, según resaltó el edil, «tenemos un nuevo orden jurídico que viene definido por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en cuyo ámbito es precisamente donde se establecen las fórmulas de reposición de la legalidad».
«Lo extraño sería la ejecución de una sentencia que ya no tiene un soporte legal, sin tener en cuenta la nueva situación legal», aseveró Romero, que señaló que la pretensión del Ayuntamiento, por tanto, es «poner en conocimiento de los tribunales que existe un nuevo marco legal que establece de forma general y pública las fórmulas para reponer la legalidad a la situación previa de manera que nadie pueda sentirse agraviado o, incluso, perjudicado».
ELPAÍS* : La parte más fea de la política, la corrupción, ha llegado a los dos grandes partidos catalanes, CiU y el PSC, poniendo fin al mantra que rezaba que "en Cataluña no hay corrupción urbanística". En apenas tres meses, el año pasado se sucedieron dos casos que hicieron mella donde más dolía a cada una de esas formaciones. El caso Palau trasladó a los juzgados las presuntas comisiones por obra pública que presuntamente requirieron los Gobiernos de Jordi Pujol a la constructora Ferrovial y resucitó el fantasma del 3%, que parecía estar enterrado desde que lo mentó el ex presidente Pasqual Maragall. La Operación Pretoria, que puso en marcha el juez Baltasar Garzón, se llevó por delante al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, uno de los ediles más populares y con más tirón del cinturón rojo de Barcelona, además de dejar imputados a una veintena de cargos públicos y empresarios.
Los casos del Palau de la Música y Santa Coloma de Gramenet se han convertido, por su dimensión, en los epicentros de la corrupción en Cataluña. La primera causa tocó de lleno a una de las instituciones y uno de los apellidos más ilustres del catalanismo, el de Fèlix Millet, instalado en las principales entidades y consejos de administración catalanes, y homenajeado hasta la saciedad en los últimos años. Lo que empezó siendo, sin embargo, un caso de presunto expolio del Palau para el enriquecimiento personal de Millet ha acabado por acorralar a Convergència por el presunto cobro de comisiones procedentes de la constructora Ferrovial con Millet como intermediario.
La Oficina Antifraude de Cataluña y los peritos de Hacienda emitieron sendos informes en los que apreciaron "indicios" de que el dinero de Ferrovial, disfrazado de patrocinio al Palau, iba a CDC por varias vías: de forma directa a través de sus tesoreros, mediante la Fundación Trias Fargas -hoy denominada Catdem- y usando a empresas de mercadotecnia electoral que facturaban cantidades al Palau por trabajos que presuntamente nunca realizaron. Y también concluyeron que esos pagos correspondían a supuestas comisiones por grandes obras, como las de la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. A raíz de esos informes, la Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez instructor que impute al tesorero de CDC, Daniel Osàcar. El ministerio público ha pedido encausar, además, al secretario de Inmigración del partido, Àngel Colom, quien admitió haber cobrado de Millet 75.126,51 euros.
El PSC también se ha visto salpicado por el caso por la polémica operación que tenía como fin construir un hotel junto al Palau de la Música, por la que el ex secretario general de Presidencia y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-Bragado, ha sido imputado por el juez.
Si el emblemático inmueble modernista era la imagen de la corrupción en la capital catalana, en Santa Coloma de Gramenet lo era Cubics, un edificio todavía en construcción que simbolizaba un salto adelanto para una ciudad gobernada con mayoría absoluta por el PSC. A raíz de esa operación iniciada por Garzón fueron arrestados el alcalde de la ciudad, Bartomeu Muñoz; su concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; el ex diputado Luis García Sáez, Luigi, y los ex altos cargos de Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Un año después, una veintena de empresarios y cargos públicos están imputados y la investigación ha arrojado multitud de informes que proporcionan abundantes pruebas de irregularidades administrativas que podrían constituir varios delitos: tráfico de influencias, blanqueo de capitales o cohecho.
Tras el escándalo de Pretoria, el PSC lanzó un plan contra la corrupción para frenar el desgaste que supuso el caso para el tripartito y la desafección ciudadana. El líder del partido, José Montilla, incluso salió a pedir perdón a los ciudadanos y admitió el daño que la trama había hecho a sus siglas. Los imputados fueron expulsados del partido y García-Bragado fue apartado de su cargo. Convergència, en cambio, defendió la inocencia de Prenafeta y Alavedra, que se dieron de baja del partido, hizo lo mismo con Osàcar y atribuyó el caso Palau a una conspiración para dejarles fuera del acceso a la Generalitat.
ELPERIÓDICO* : Los ayuntamientos ya no deciden solos el planeamiento urbanístico. La constitución, ayer, del nuevo Consejo de Urbanismo de Aragón completa la formación de los distintos órganos urbanísticos establecidos en la nueva Ley de Urbanismo, del 2009, que, a partir de ahora, "aprobarán definitivamente" los distintos planes generales de ordenación urbana de los municipios aragoneses. Junto con los consejos provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel, estos órganos colectivos de participación se encargarán de dictar los informes preceptivos sobre el planeamiento general, los planes generales de ordenación urbana y sus modificaciones, que serán vinculantes. No así su desarrollo.
Las competencias que asumía el antiguo COTA (Comisión de Ordenación del Territorio de Aragón) se han dividido en dos. De manera que este órgano conserva las referidas a la ordenación del territorio, y las urbanísticas pasan al nuevo Consejo de Urbanismo de Aragón, que ayer celebró su primera sesión.
Los informes de estos Consejos Provinciales de Urbanismo tienen carácter vinculante en todos los municipios --excepto en las capitales de provincia y en los planes conjuntos de varios municipios de distintas provincias, que corresponde al Consejo de Urbanismo-- sobre los planes parciales que delimiten y ordenen suelo urbanizable no delimitado; y en municipios con población inferior a 8.000 habitantes respecto de planes parciales que ordenen suelo urbanizable delimitado.
LA MUELA "Con esta nueva norma, el caso de La Muela, por ejemplo, no habría ocurrido. Porque el ayuntamiento hubiera necesitado del informe vinculante del Consejo Provincial de Zaragoza que certificase que se está cumpliendo la ley", afirmó ayer el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Alfonso Vicente, minutos antes de entrar en la reunión constitutiva.
Otras funciones del Consejo de Urbanismo de Aragón son la de aprobar los planes especiales de las capitales de provincia "que tengan por finalidad el establecimiento de reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo", cuando sean promovidos por la Administración autonómica.
O el de informar sobre "la ejecución de grandes obras de ordenación territorial o cuando concurran razones de urgencia o de excepcional interés público en el supuesto contemplado en la Ley de Urbanismo de Aragón", señaló el titular del departamento.
E incluso el de informar de "la suspensión total o parcial de la eficacia de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico" regulado en dicha ley.
* El Periódico - 16.11.10
Foto: El Consejo de Urbanismo de Aragón se reunió ayer por vez primera.- elperiodico
ELDÍA/Tenerife* : El denominado "caso Arona" ha dado otra vuelta más con las declaraciones del concejal de Arona y actual consejero del Cabildo de Tenerife, Félix Sierra, y del ex edil de Parques y Jardines en dicho ayuntamiento sureño en el pasado mandato, Juan José Alayón, ambos imputados por un presunto delito de prevaricación, en el Juzgado de Instrucción nº4 de Arona. En este sentido, Juan José Alayón reconoció ayer ante la jueza que una de las prácticas de la Junta de Gobierno en el Consistorio aronero era la de prorrogar licencias de obra mayor "ya caducadas", según ha podido conocer este periódico.
Las fuentes señalan que el ex edil afirmó que "nunca" había votado a favor de aquellos expedientes que se traían con advertencia de ilegalidad por parte del secretario municipal. Sin embargo. las actas de las Juntas de Gobierno reflejan lo contrario, lo que es causa de su imputación.
Dicha apreciación no la recordaba el actual consejero del Cabildo tinerfeño y concejal, Félix Sierra, quien dijo no acordarse de si el secretario hacia constar los supuestos vicios de ilegalidad en las sesiones de la Junta de Gobierno del pasado mandato.
Además, el edil negó haber participado en la elaboración del Plan General de Ordenación (PGO) que está pendiente de entrar en vigor. Sin embargo, el documento de la aprobación inicial del PGO fue elaborado cuando ostentaba la concejalía de Urbanismo, en 2003, se asegura.
Las fuentes consultadas también resaltan que "son inconcebibles algunas de las afirmaciones que se dijeron en la sala porque si bien los dos imputados argumentaban que no recordaban absolutamente nada, curiosamente después matizaban asuntos concretos en las unidades de actuación".
Además, expresaron que las declaraciones de Sierra y Alayón "fueron muy minuciosas porque se analizaron cada una de las licencias de entre 2006 y 2007".
Mientras Félix Sierra declinó pronunciarse públicamente, el ex concejal Juan José Alayón aseguró que cuando se tuvo que marchar del ayuntamiento salió "con la cabeza bien alta", por lo que no tiene "nada que ocultar", aunque se negó a responder a las preguntas de la acusación particular.
* El Día - 16.11.10
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
M.LÓPEZ PRADO* : La suerte está echada si no cambian las cosas. En el próximo mes de febrero el Concello de Vigo, a través de su Gerencia de Urbanismo y por orden del alcalde, procederá a la voladura y derribo de unos bloques de viviendas, 180 apartamentos nada menos, en el corazón de la emblemática playa de Samil. Un proceso legal que duró una quincena de años toca a su fin. El TSXG dio la orden de derribo, una más sobre otras ilegalidades en Vigo, y el concello no tiene triquiñuelas para salvarlo, bien incluyéndolo, como otros, en el nuevo plan, o reformando in extremis con derribos parciales. Pero el caso Samil parece no tener esas singulares salidas. Con licencia para apartahotel, cinco edificios con esas 180 viviendas se vendieron como tales, como residenciales, y no como servicios hoteleros en primera línea de playa. Si llega el momento, el acto es digno de ser televisado en directo para toda Galicia y no por la posible espectacularidad de este – voladura controlada, etc.– sino por lo que supone de ejemplo para todos los concellos gallegos en permanente ilegalidad urbanística de siempre.
Si se lleva a cabo, repito, habrá un antes y un después en los comportamientos políticos, en sus concesiones ilegales, en una irresponsabilidad que nunca les cuesta nada. Estamos hablando de una ciudad como Vigo en la que hay casos escandalosos con órdenes de derribos de grandes construcciones, pero que podemos extender a otras ciudades y a concellos pequeños donde la postura de alcaldes y concelleiros de aplicar la política de “ti vai facendo que eu non miro para aí” ha hecho posible auténticas aberraciones e ilegalidades urbanísticas por todo el territorio galaico.
Las sentencias del TSXG son incumplidas desde hace tiempo. La actuación del alto tribunal también tiene sus sombras que deben de pesar sobre sus conciencias jurídicas.
Por un lado, los largos procesos judiciales permiten consolidar con el tiempo la finalización y ocupación de casas y viviendas, sin que haya vigilancia y se incumpla, por parte de los concellos, las órdenes de paralización de obras. Luego que una vez es sentenciado el caso, el TSXG, o incluso el Supremo, se encuentran casos de viviendas ocupadas por familias que en su día compraron sus pisos con todas la de la ley y luego se encontraron que quien la había infringido fue el equipo de gobierno que en su día dio la licencia. ¿Se ponen en la calle con sus enseres a esas familias?
Luego la discriminación e impotencia en los casos de derribo. En Vigo, por ejemplo, son cientos la órdenes de derribo que existen que no se ejecutan, pero sí se llevan a cabo son las primeras, las viviendas del rural unifamiliares las que pueden sentir el dolor de la piqueta. Nunca los grandes edificios o urbanizaciones.
El caso Samil, con la orden de derribo para febrero ya conocida no ha hecho más que empezar. Los vecinos y propietarios se defienden como gato panza arriba y pedirán indemnizaciones. Pero si un día asistimos al espectáculo televisado del gran derribo en la playa de Samil, que nos lleve a todos a reflexionar que la política urbanística hay que cambiarla de plano y que las infracciones e ilegalidades no tengan cobijo con cambios de leyes y planes circunstanciales para saltársela. Justicia para todos.
* Asociación de vecinos 'Camí vell'- YouTube- 7.11.10
Un repaso a los últimos 50 años de urbanismo en Peñíscola y sus efectos sobre el paisaje. También se analizan los efectos que tendría el Plan General aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento el 2 de julio de 2010.
