LEVANTE/Alacant* : Del maná del urbanismo de hace unos años, cuando se daban licencias a destajo, a las condenas judiciales que obligan a los dos principales ayuntamientos de la Marina Alta a hacer frente a indemnizaciones millonarias. Los tropiezos urbanísticos se pagan. Y a los consistorios de Dénia y Xàbia les están saliendo muy caros. El portavoz del PP de Dénia y responsable de Hacienda, Vicente Chelet, reveló ayer que el ayuntamiento acaba de perder dos importantes pleitos urbanísticos. Aludió a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la que ya no cabe recurso. Ratifica que el consistorio debe indemnizar con 600.000 euros a los propietarios del suelo expropiado en la partida de Beniadlà para construir el hospital.
En realidad, estos propietarios poseían 18.000 metros cuadrados de los 60.000 totales que se expropiaron.
El concejal popular también hizo público otro revés judicial. En este caso, el ayuntamiento debe devolver a un promotor los 75.000 euros que le cobró de excedente de aprovechamiento urbanístico en les Marines. Ya otros fallos anteriores obligaban a retornar esta tasa, que el actual gobierno (PP e independientes) suprimió.
El portavoz popular se refirió a estas sentencias de soslayo mientras lanzaba puyas contra el anterior pacto de PSPV y Bloc. Culpó de las sentencias a la ex alcaldesa Paqui Viciano, del PSPV, y a la disuelta gerencia de urbanismo. "Fue una etapa negra para el urbanismo de Dénia, en la que se dieron más de 2.500 licencias", dijo Chelet, que afirmó que en aquellos años se gastaron 400.000 ? en defensa jurídica.
El edil popular avanzó también que la auditoria económica de 2006 a 2008, los dos últimos años de la alcaldía de Viciano, ya está casi acabada, y desvela que en ese período se gastaron más de 15 millones de euros.
Pero el Ayuntamiento de Dénia no es el único que pena en los tribunales sus fiascos urbanísticos. El de Xàbia se enfrenta a una factura incluso más abultada. El Tribunal Supremo lo ha condenado a indemnizar con dos millones de euros a los promotores de un plan parcial en la Corona. Otra sentencia le obliga a indemnizar con 2,57 millones por una expropiación y una desclasificación de suelo en Capsades. En este último caso, los denunciantes no se conforman y exigen del consistorio 7 millones porque creen que se les debe abonar el valor catastral actual de los terrenos.
La oposición de Nueva Jávea auguró ayer que todavía llegarán más condenas judiciales. Su portavoz, Paco Català, acusó al gobierno local (Bloc-Centristes, PP y CpJ) de aprobar un documento consultivo (avance del nuevo PGOU) "económicamente insostenible". Dijo que las desclasificaciones de suelo y la imposibilidad de desarrollar sectores urbanizables reducen a cero el valor del suelo. "La recaudación se reducirá de forma drástica", vaticinó Català, quien expuso que la desclasificación del Saladar priva al consistorio de ingresar cada año en concepto de IBI 2,5 millones.
La edil de Nueva Jávea, Ana Vasbinder, dijo que será difícil hacer frente a las condenas judiciales, toda vez que las arcas están vacías y en el nuevo PGOU no hay terrenos urbanizables suficientes para compensar con suelo las indemnizaciones millonarias.
* Levante - 27.10.10
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
Dénia y Xàbia deben pagar indemnizaciones millonarias por sus fiascos urbanísticos
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27.10.10
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Castro.- El juez retira a Muguruza las competencias de urbanismo, personal y contratos
ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha dictado hoy una medida cautelar que prohíbe al alcalde de la ciudad, Fernando Muguruza, tomar ninguna decisión en materia de urbanismo, contratación y personal, según han indicado a Efe fuentes judiciales y del propio Ayuntamiento. Su resolución, dictada a petición de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, también suspende cautelarmente al teniente de alcalde y concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, en las competencias de urbanismo y contratación y retira al edil Salvador Hierro las facultades que posee en materia de agua y saneamientos.
No obstante, deniega la suspensión de competencias que las acusaciones habían solicitado para otros dos miembros del equipo de gobierno, el concejal de Atención Ciudadana, Rufino Díaz Helguera, y la edil de Cultura y Educación, Concepción Carranza.
El juez instructor, Luis Acayro Sánchez Lázaro, ha dictado este auto de medidas cautelares dentro de las actuaciones que sigue para investigar las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en La Loma, el mismo asunto por el que ordenó prisión cautelar para Muguruza, que estuvo recluido en El Dueso durante 20 días.
Ésta es la segunda vez que el juez retira cautelarmente al alcalde de Castro Urdiales las competencias de urbanismo y contratación. Ya lo hizo en octubre de 2009 dentro de la misma investigación sobre La Loma, pero la medida decayó el pasado 9 de marzo cuando la Audiencia de Cantabria revocó la orden de prisión.
Las acusaciones particulares personadas en este procedimiento -la Junta Vecinal de Santullán, una asociación de vecinos y el partido La Unión- habían pedido al juez que suspendiera de nuevo a Muguruza en sus principales funciones, porque entendían que su actuación suponía "un grave riesgo para los intereses sociales y ciudadanos".
* El Diario Montañés - 26.10.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
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27.10.10
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La corrupción avanza a nivel mundial por la crisis, según Transparencia Internacional
20MINUTOS* : La corrupción avanza en todo el mundo a causa de la crisis financiera y casi tres de cada cuatro países suspenden este año el Índice de Percepción de Corrupción de la ONG Transparencia Internacional (TI), publicado este martes en Berlín. La organización destacó en rueda de prensa que estos resultados, los peores de los últimos cuatro años, están ligados a la actual coyuntura económica y su débil recuperación, e instó a acelerar y aunar los esfuerzos en la lucha contra este "serio problema de corrupción". "Los resultados indican que hay que reforzar de forma significativa el buen gobierno en todo el mundo. El buen gobierno es una parte esencial de la solución de los retos políticos globales a los que se enfrentan hoy los países", aseguró Huguette Labelle, presidenta de TI.
Por su parte, Alejandro Salas, director regional para las Américas de TI, calificó en declaraciones de "bastante negativo" el escenario general, en el que destacó el "estancamiento" de varios miembros de la OCDE, el club de países industrializados, y las "sorpresas positivas" de algunas economías emergentes.
Como en los últimos años, las naciones mejor situadas en el "Índice de Percepción de la Corrupción 2010" (CPI) son Dinamarca (9,3), Nueva Zelanda (9,3) y Singapur (9,3). Los países que más puntuación obtienen son los menos corruptos; cuanto menos puntos, mayor la percepción de corrupción. En el extremo contrario se sitúan Irak (1,5), Afganistán (1,4), Birmania (1,4) y Somalia (1,1), que cierran la lista de 178 estados y regiones.
Por su parte, España mejora dos puestos, del 32 al 30, pero mantiene su puntuación en los 6,1 puntos, y continúa entre los países donde mayor es la percepción de corrupción de la Unión Europea.
EE UU empeora
Los países que más han empeorado en este ránking con respecto al año pasado son la República Checa, Grecia, Hungría, Italia, Madagascar, Niger y Estados Unidos, que cosechó su peor resultado en los últimos quince años.
La primera economía del mundo cayó cuatro décimas con respecto a la edición anterior, de los 7,5 a los 7,1 puntos, y del puesto 19 al 21. Venezuela repitió como país donde la percepción de corrupción es la mayor de América Latina, al situarse en el puesto 164, a la par de naciones como Guinea y la República Democrática del Congo.
Por su parte, Cuba, que históricamente se había situado entre los países latinos menos corruptos, cayó desde los 4,4 puntos del año pasado hasta los 3,7 enteros, ocho posiciones hasta el puesto 69. Los países que han experimentado unas mejoras más significativas en los últimos doce meses son Bután, Chile, Ecuador, Macedonia, Gambia, Haití, Jamaica, Kuwait y Qatar.
* 20 minutos - 27.10.10
Foto: Transparencia y corrupción (archivo) - 20minutos
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27.10.10
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Marbella sigue huérfana de una residencia de mayores pública
SUR/Málaga* : Marbella sigue esperando su primera residencia de ancianos pública. Pese a que la Junta invierte 1,4 millones de euros en financiar 187 plazas en geriátricos privados del municipio y 47 en unidades de estancia diurna y que las familias prefieren cada vez más acogerse a la Ley de Dependencia y cuidar de sus abuelos en el domicilio, la ciudad sigue huérfana de unas dependencias únicas en las que se pueda agrupar a las personas mayores del municipio que necesitan una atención especial. Los terrenos e incluso los cimientos del inmueble -el antiguo Trapiche del Prado, cedido en su día por Mateo Álvarez Gómez, con tal fin- ya están.
También el compromiso del Gobierno andaluz de concertar el 80 por ciento de las 166 plazas con las que contará e incluso la empresa concesionaria, Sanyres, a la que el Ayuntamiento adjudicó la construcción y explotación de las instalaciones. Pero de momento las máquinas aún no han asomado por el terreno.
El principal problema parece ser burocrático. La Junta reclamó a la empresa concesionaria que ajustara el proyecto a la normativa para poder cumplir con su compromiso de concertar las plazas. Este expediente, según explicaron fuentes autonómicas, aún sigue abierto, por lo que no hay vía libre para que comiencen los trabajos. Desde el equipo de gobierno, sin embargo, son optimistas y confían en que en pocas semanas -ya ha pasado casi un año desde que se colocó la primera piedra- pueda a echar a andar unos de los equipamientos públicos más reclamados por la ciudadanía y que permitiría a las familias tener a sus mayores más cerca.
Estepona, de estreno
Por su parte, Estepona cuenta con un total de 690 plazas residenciales financiadas por la Junta de Andalucía; a las que hay que sumar unas 80 plazas en unidades de estancia diurna. Esta oferta se incrementó hace unos meses en el municipio con la entrada en funcionamiento de la nueva residencia de ancianos ubicada en la barriada esteponera de Isdabe, que se denomina María Espinosa de Los Monteros, con capacidad para 208 usuarios.
* Sur - 24.10.10
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)
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27.10.10
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Hacienda carece de medios para tasar los bienes de la Gürtel
EFE/Madrid* : La Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado al instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado Antonio Pedreira, que carece de los medios humanos necesarios para poder tasar todos los bienes intervenidos en la causa. Así ha respondido Hacienda a la petición que el juez le hizo el pasado 30 de junio para que tasara los inmuebles y los "vehículos, relojes, joyas, armas o colecciones de monedas" intervenidos, solicitud que amplió un mes después para requerir que se hiciera lo mismo con una embarcación.
"Existen graves dificultades para atender su petición, no sólo porque dicha petición trasciende del marco funcional que corresponde al deber de colaboración de la AEAT sino, sobre todo, por la no disponibilidad de medios humanos con la especialización necesaria para poder llevar a cabo las tasaciones indicadas con la necesaria solvencia", dice Hacienda en un escrito al que ha tenido acceso Efe.
La Agencia Tributaria solicita por ello al magistrado que "reconsidere" su petición.
Entrega de las grabaciones
Por otra parte, el TSJM ha ordenado a Pedreira que permita el acceso de todas las partes personadas en la causa a la grabación de las conversaciones que los supuestos cabecillas de la trama mantuvieron en prisión con sus abogados.
Un auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM estima parcialmente los recursos de varios imputados, entre ellos los ex diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, contra la decisión de Pedreira de facilitar las escuchas sólo a los afectados.
El pasado 27 de abril, después de que el TSJM declarara ilícita la intervención de las comunicaciones, el instructor del "caso Gürtel" acordó dar traslado a las defensas de los tres principales imputados -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- de la grabación de las conversaciones que mantuvieron en la cárcel de Soto del Real.
A pesar de no estar afectados por las escuchas declaradas ilícitas, López Viejo, Martín Vasco y Bosch, entre otros, recurrieron en apelación esa resolución, pidiendo su nulidad y solicitando que todas las partes tengan acceso a las grabaciones.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha decidido estimar parcialmente dichos recursos y conceder a todos los imputados, y no sólo a los afectados por las grabaciones, la posibilidad de tener acceso a las mismas, para que también puedan efectuar alegaciones.
No obstante, agrega que antes de que puedan acceder a las grabaciones se deberán "depurar las evidencias, sin destruirlas, que se refieran a la intimidad de dichos imputados", así como las que afecten a las estrategias de defensa.
* Faro de Vigo - EFE - 25.10.10
Foto: Gürtel, El Bigotes se niega a declarar - elpais.com
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27.10.10
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Sevilla.- 'Túmbala' pedirá entrevistarse con la nueva consejera para pedirle que frene la Torre Pelli
ELCORREOWEB* : La plataforma se reunirá hoy para agrupar los documentos contra la construcción del rascacielos, entre ellos dos expedientes sancionadores. La plataforma Túmbala, que se opone a la construcción de la Torre de César Pelli que Cajasol está levantando en la Cartuja, pedirá esta semana una entrevista a la nueva consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, para pedirle que frene su construcción. "Queremos que la administración sepa a qué se está enfrentando, porque es un proceso completamente ilegal y lleno de irregularidades que va a terminar con la paralización judicial de la torre cuando vaya por el piso no sé cuántos, con el descrédito que eso puede ser para la ciudad", aseguró ayer Fernando Mendoza, miembro del colectivo Manifiesto contra la torre, una de las 16 entidades que componen Túmbala.
Mendoza no se mostró extrañado por el hecho de que Cajasol ya haya finalizado los movimientos de tierras y los trabajos de cimentación en el solar, y esté a punto de adjudicar la construcción de la estructura alzada y el aparcamiento. "No les importan los informes en contra de la Unesco, ni de nadie, a estas alturas no esperamos que paren el proyecto, pero ya se paralizará", augura Mendoza.
La plataforma se reunirá hoy para agrupar los documentos contra la torre reunidos en los últimos años, entre ellos, según Mendoza, dos expedientes sancionadores que se acaban de abrir: uno de la Unión Europea, por no haber realizado un informe medioambiental antes de iniciar los trabajos, y otro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por no haber solicitado un estudio que era preceptivo, porque el recinto está en la zona de influencia del aeropuerto de Sevilla y se prevé que la altura de la torre sobrepase los 100 metros.
"Es un proyecto lleno de ilegalidades que contraviene multitud de normas, entre otras cosas porque se ha aumentado la edificabilidad del solar con un plan especial, algo que no puede hacerse al ser de uso terciario", insiste Mendoza, que califica el proyecto de "capricho estético, porque el solar es muy grande y podría lograrse la misma edificabilidad con un proyecto distinto". En ese sentido, sugiere una iniciativa "como la de Palmas Altas, en la que se ha construido un edificio mesurado, de cuatro plantas, moderno y sostenible, no como la torre Pelli, que es de hace 20 años y supondrá un enorme gasto de energía". Mendoza alude incluso a la crisis económica como argumento: "No es el mejor momento para ese proyecto derrochador", afirma.
El argentino César Pelli, autor de las torres Petronas, diseñó para Cajasol un edificio de 178 metros de altura que estará recubierto de cerámica vidriada y que tendría que estar terminado en 2013. Según Cajasol, su construcción dará empleo a 2.000 personas.
* El Correoweb - 24.10.10
Foto: Sevilla, estado octubre 2010 rascacielos - elcorreoweb
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27.10.10
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¿Inmunes a la corrupción?
ELPAÍS/Valencia* : Los escándalos de corrupción política, que afectan principalmente a dirigentes del Partido Popular -unos cuantos están imputados y otros a punto de rendir cuentas ante el juez- apenas alteran al mapa político valenciano. El PP sigue ganando, e incluso amplía su mayoría absoluta. Según la última encuesta publicada por EL PAIS, con motivo del 9 d'Octubre, el PP obtendría 60 diputados, seis más que ahora, y los socialistas perderían cinco, de 38 a 33. No obstante, la letra pequeña de la encuesta confirma el menoscabo de la credibilidad del presidente Francisco Camps, cuya valoración y confianza se hunden. Pero ¿por qué los escándalos de corrupción apenas pasan factura al PP en la Comunidad Valenciana?
Los expertos consultados por este periódico despliegan un amplio abanico de argumentos, aunque coinciden en que "todavía" la ideología o la marca de un determinado partido político (PP o PSOE) influye más que los escándalos, y que la corrupción "desmoraliza y desmoviliza" más al votante progresista que al de derechas.
El catedrático en Sociología en la Universidad de Alicante Antonio Alaminos matiza que no se trata tanto de ser inmune o dejar de serlo sino de "cómo se procesan las noticias sobre estos escándalos", y explica que en general el electorado del PP, y todo su aparato mediático, minimiza estos casos, "asimilan y transforman estos escándalos reduciendo su importancia", y sin embargo a los socialistas les "desmoviliza y desmoraliza", aunque no les influya directamente a ellos.
Enrique Conejero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Miguel Hernández de Elche y autor de estudios demoscópicos en La Vega Baja, caladero de votos del PP, confirma que "la percepción de la corrupción no influye tanto en el voto como la identificación partidaria". Es decir, que en una balanza el elector prima más su ideología o simpatía hacia un partido que el impacto de los escándalos. Además, la fidelización del voto es clave en el resultado. En el PP supera el 80%, y sin embargo entre los socialistas esta fidelidad se reduce al 50%. "El voto de derechas es más compacto, y el de izquierdas mucho más volátil", matiza Conejero.
El profesor de la Universitat de València Joaquín Azagra, coautor junto a Joan Romero del libro País Complex, recuerda que aunque no se traduzca en votos de castigo para el PP, los últimos estudios confirman que el prestigio de Camps "cae". ¿Y por qué eso no se traduce en votos? Azagra recuerda que cada persona solo tiene una opción, una papeleta, y en ese momento pone sobre la balanza la gestión de la crisis o castigar al corrupto. Además, esa corrupción "no afecta por igual a todas las ideologías, lo que se produce es una mayor abstención y una radicalización del voto en los extremos", y en el actual abanico de formaciones políticas el centro derecha tiene una única opción (PP) y la izquierda, múltiples. Azagra concluye que en las próximas elecciones autonómicas el electorado se debatirá entre "castigar la corrupción o la gestión titubeante de la crisis que ha hecho Zapatero". El periodista y ex diputado del CDS Carlos Laguna detecta ante la corrupción una "absoluta indiferencia que es peor que el pasotismo". Manuel Alcaraz, ex diputado en el Congreso y profesor de Derecho en Alicante, achaca la corrupción valenciana al modelo económico productivo desarrollado en los últimos años: construcción, grandes eventos y turismo, que han generado mucho dinero y desplegado intereses. Este fenómeno unido a la mayoría absoluta del PP en el Gobierno ha provocado una "falta de transparencia", a lo que hay que unir una "oposición débil" que en el fondo, hasta hace poco, aceptaba y comulgaba con este modelo. "La indignación ética requiere tiempo, se debe construir una alternativa para lograr una transferencia de voto", explica Alcaraz. De hecho, varios de los profesores consultados recuerdan cómo por ejemplo en los Estados Unidos el caso Watergate no afectó electoralmente a Nixon en las primeras elecciones, o en el caso de España a Felipe González, asediado por la corrupción y con las encuestas en contra, logró en 1993 gobernar otro mandato.
Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho en Alicante, resume que el comportamiento de la izquierda y de la derecha es asimétrico: "Los primeros castigan a los corruptos y los segundos no (salvo naturalmente cuando la corrupción es de izquierdas)", y esta situación provoca una cierta "desmoralización" entre los progresistas que observan, y no entienden, cómo la derecha "se recrea, o por lo menos transige con la inmoralidad". Para Carlos Laguna la mayoría de la gente "pasa olímpicamente de la política, y a la hora de votar lo hace más pensando en la contra que en su propia elección, por eso los partidos no ganan por méritos propios sino por los errores del contrario". El problema es que parece que la corrupción no se visualiza como problema social. "La mayoría de los ciudadanos, si se les pregunta oficialmente, condenarán la corrupción, pero en una conversación distendida con unos amigos hablando del tema dirían la frase desafortunada: yo haría lo mismo, ¿o acaso tú no lo harías?", se lamenta Laguna. Alaminos cree que si los socialistas son capaces de transmitir el mensaje de que la corrupción se hace "con nuestro dinero, el de todos, que ha desaparecido" al final al PP le puede pasar factura en las urnas.
La teoría de la sal
Un veterano político socialista, durante décadas alcalde, considera que quizá la inmunidad de la sociedad valenciana ante la corrupción es como la sal "cuando te pasas, la comida pierde todo el sabor y lo echas a perder, pierde todo el efecto". Y las sucesivas noticias de corrupción al final pierden su lectura negativa, y entre el electorado cala aquella frase de que "al final todos los políticos son igual". Joaquín Azagra alerta, precisamente, de que eso podría pasar en el caso Gürtel, que al final, beneficie al PP. "En una sociedad desideologizada, donde unos no se cansan en repetir que todos son iguales, es una invitación a la abstención", y añade: "Con una izquierda que opta por posicionamientos más contundentes y radicales, al final resulta que la corrupción del PP pasa factura a los socialistas".
Los expertos consultados también achacan a la oposición política, y en especial, al PSOE, buena parte de la imposibilidad de rentabilizar políticamente estos escándalos. José Sanmartín, profesor de Derecho en Alicante y experto en temas de corrupción, critica el "seguidismo" del PSOE en algunos temas que le "ha granjeado el desapego de una parte de su electorado", y como ejemplo cita la connivencia con la política urbanística del PP. "El esfuerzo titánico de ética pública que hace Ángel Luna no cuenta con el respaldo de todo el partido, no es normal que esté él prácticamente solo", apunta Sanmartín. El profesor de la Miguel Hernández Fernando Conejero coincide en que un factor que explica estos resultados es la oposición política al PP, que "es débil, carece de liderazgo, ni se le conoce, ni se le ve ni tampoco presenta una alternativa clara". Y el profesor Manuel Alcaraz advierte, a modo de conclusión, que "en esta situación de emergencia democrática si el PP arrasa y consigue una victoria nítida y contundente será interpretado por ellos como un plebiscito para limpiar la imagen de corrupción".
* El País - 25.10.10
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
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Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente
PÚBLICO/Madrid* : Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas. Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público.
Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.
La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.
Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.
El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.
El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.
Donaciones y contratos
El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".
A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.
Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.
La interlocución de la trama
El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.
Dos delitos de alcance político grave
El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.
* Público - 25.10.10
Foto: La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre - publico
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26.10.10
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Tema: NOTICIAS Madrid
Firman un manifiesto contra la política ambiental de la Junta de Andalucía
AMBIENTUM* : Más de 120 organizaciones ecologistas, sociales y vecinales andaluzas hicieron público el manifiesto Recuperemos Andalucía Verde donde denuncian el deterioro que han sufrido en los últimos años las políticas ambientales de la Junta de Andalucía. Los firmantes también resaltan que la defensa del medio ambiente se ha convertido en una tarea cada vez más complicada en la comunidad autónoma y que las vías de participación que contempla la legislación se están deteriorando.
Las organizaciones sociales no están ni suficiente ni correctamente informadas, y sus voces están siendo acalladas con críticas y menosprecio por parte del Gobierno andaluz, por lo que exigen un cambio de comportamiento y soluciones para los conflictos ambientales de la región.
Además, bajo el ficticio argumento del desarrollo sostenible, las organizaciones están siendo testigos de una creciente permisividad de la Junta con las empresas, las constructoras y las industrias más contaminantes y depredadoras de recursos naturales. Por otra parte, los firmantes del manifiesto consideran que se priorizan los intereses económicos de unos pocos frente al cumplimiento de la legislación y al respeto básico del derecho al medio ambiente y a la salud de la población andaluza.
“La Junta de Andalucía no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de su patrimonio natural y seguir callada frente a las demandas de los colectivos que exigen a sus representantes una solución frente a los graves conflictos ambientales”, ha declarado Pilar Marcos, portavoz de Greenpeace.
La política de “cosmética ambiental verde” que la Junta de Andalucía abandera debe traducirse en hechos reales frente a ejemplos como la contaminación en Huelva, Algeciras o la Mina Las Cruces, el urbanismo depredador en El Algarrobico, Las Aletas (Cádiz), la innecesaria ampliación del puerto de Tarifa o las agresiones dentro de supuestos Espacios Naturales Protegidos.
* Ambientum - 26.10.10
Foto: Los firmantes aseguran que la
Junta debe luchar contra el urbanismo depredador en El Algarrobico (aquí foto de Ronda)- ambientum
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26.10.10
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Correa decidía cómo Boadilla le adjudicaba los concursos
ELPAÍS/Madrid* : El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP con mayoría absoluta, era un coto cerrado para los negocios de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, hoy en la cárcel. La red corrupta operaba con total impunidad en este municipio, según demuestra uno de los correos electrónicos interceptados por la policía durante los registros. Dicho mensaje, del 20 de marzo de 2007, se dirigía a Tomás Martín Morales, entonces alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En este correo electrónico, incluido en el informe de la policía al que ha tenido acceso EL PAÍS, aparecían las instrucciones a Martín Morales: "Te mando este email siguiendo las instrucciones de Isabel Jordán [responsable de las empresas de Correa]".
"Tenemos que facturar una serie de trabajos que ya hemos hecho para el Ayuntamiento de Boadilla en el edificio nuevo y vamos a hacerlo de la siguiente forma: hemos dividido por zonas todo lo que hemos hecho: tres zonas van a ir con concursos de contratos menores (menos de 30.000 euros)".
Sigue el mensaje con las instrucciones: "Presentamos tres ofertas para cada zona. Hay que hacer los pliegos del concurso. Y la empresa que factura tiene que aportar un informe de los trabajos realizados. Necesitamos que nos digas cómo lo hacemos". Y enumera los trabajos y las empresas que debían participar en los concursos: "En la construcción de la alcaldía y secretarías tres empresas: Servimadrid: 28.733 euros, Fotomecánica Rafael 29.999, Kilda Producciones 29.500 euros. Factura Servimadrid". Lo mismo hace con otras obras para la construcción de una sala de prensa y un hall por 29.365 euros, la instalación de escudos por 11.086 y el diseño de la imagen interior por 15.323.El correo electrónico interceptado a los empleados de Francisco Correa es una muestra, según la policía, de cómo la organización corrupta, además de amañar un concurso para justificar una adjudicación directa utiliza a empresas pantalla. Concretamente, se trata de las sociedades del Grupo Rafael, que la red Gürtel incluía como terceros en los concursos. Según un informe de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Boadilla facturó en cuatro años casi 100.000 euros.
El informe policial demuestra cómo Correa recibe una adjudicación directa de servicios en el Ayuntamiento, cuyos dirigentes justifican después mediante la creación de unos pliegos ad hoc. Todo con la finalidad, según los agentes, de que le sean otorgadas a las empresas de la trama Gürtel. Además, otras sociedades actúan como terceros en los concursos. Este sistema es ordenado por la red, que utilizaba los servicios del imputado Tomás Martín Morales. Este dirigente del PP de Boadilla del Monte era el encargado de buscar el modo de justificar estos gastos.
Un portavoz oficial del Ayuntamiento de Boadilla reconoció que el Consistorio había abonado una factura de 11.086 euros a la empresa de Correa Servimadrid por la instalación de los escudos del municipio en el nuevo edificio del Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de la trama. Esta factura fue, según el portavoz municipal, una de las primeras peticiones que realizó el juez Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación del caso después de la denuncia del ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Precisamente, en el correo interceptado por la policía a la trama, un empleado de Correa le daba instrucciones a Tomás Martín Morales para que les pagara como "partida de menos de 12.000 euros".
No obstante, el portavoz del Consistorio sostiene que el resto de las obras incluidas en el correo electrónico que tenían que ser amañadas fueron finalmente realizadas por otras empresas que nada tienen que ver con el caso Gürtel.
La persona que se encargaba de forma habitual del pago de estas facturas de menos de 12.000 euros era el entonces concejal de Hacienda y ahora alcalde, Juan Siguero, quien realizaba estos trabajos por delegación del entonces primer consejero, Arturo González Panero, expulsado del PP de Boadilla. Precisamente, Panero aseguró a EL PAÍS en una entrevista que si fuera el juez investigaría antes al actual alcalde [Siguero], ya que él no había firmado nada. No obstante, fuentes del Consistorio de Boadilla aseguraron que Siguero no adjudicó ningún contrato a dedo ni amañado a las empresas de la trama Gürtel. En este sentido, la policía pidió hace meses la detención de Juan Siguero, al considerar que había suministrado información privilegiada a las empresas de la trama.
Los grupos de la oposición, el PSM-PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) pidieron la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya que, de resultar imputado el actual alcalde, sería el segundo regidor implicado en la mayor operación contra la corrupción en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. Por el momento, el número de imputados en la región de Madrid supera ya el centenar.
* El País - 25.10.10
Foto: El ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y el actual regidor, Juan Siguero, el día que el primero dimitió. A sus espaldas, el escudo del Ayuntamiento que instalaron las empresas de Correa.- elpais.com
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26.10.10
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La fiscalía implica a la alcaldesa de Alicante en la ‘trama Brugal’
PÚBLICO* : Acusa a la dirigente del PP de recibir regalos a cambio de favores al constructor Enrique Ortiz, imputado en este escándalo de corrupción. Un coche Mini Cooper y viajes a Andorra e Ibiza. Estos son los obsequios que, según el fiscal Anticorrupción Felipe Briones, recibió la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), de mano del constructor Enrique Ortiz a cambio de diseñarle a medida el mapa urbanístico de la ciudad. El informe del fiscal está fechado el 17 de junio y pide la imputación para Castedo por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y soborno.
Esta acusación coloca a la primera edil en el epicentro del caso Brugal, un escándalo de corrupción con numerosas ramificaciones que afectan a la gestión provincial de la basura y a la ordenación urbanística de Alicante. Por ahora son un centenar los imputados, entre ellos el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y su mano derecha, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, así como también los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
"Retahíla de despropósitos"
Fue la propia Castedo quien dio ayer a conocer el informe del fiscal en una rueda de prensa convocada minutos antes y en la que no aceptó preguntas "por consejo" de sus "asesores y abogados". La primera edil negó haber favorecido a ningún constructor y tildó de "retahíla de despropósitos" los regalos que, según el fiscal, "son coincidentes en el tiempo con las distintas gestiones efectuadas en favor de Enrique Ortiz en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".
El dossier señala que Castedo pidió al constructor que obsequiara con un turismo Mini Cooper a una persona de su confianza. "No existió tal regalo", apostilló la alcaldesa, al tiempo que empuñó "facturas" que, según su versión, demuestran que compró este vehículo y corrió con "los gastos derivados de los servicios de una gestoría y su tramitación ante la Jefatura de Tráfico". Otra de las "dádivas" que apunta el informe es la de dos viajes a Andorra, en 2008 y 2009, y uno en yate con familiares a Ibiza durante el verano de 2009. Castedo reconoció haber realizado las tres travesías, aunque sólo acreditó con recibos las estancias en Andorra. Unas facturas a las que tampoco tuvieron acceso los periodistas "por tratarse de asuntos personales", justificó.
Pero la alcaldesa de Alicante no sólo recibió regalos, según el informe. También medió ante Ortiz para que ocupara en sus empresas a gente de su confianza. Algo que la alcaldesa no sólo reconoció, sino que también defendió y anunció que no dejaría de hacerlo. "A la alcaldía llegan a diario decenas de casos dramáticos de personas en situación de desempleo que lo están pasando mal. Me he valido de mis influencias para intentar que muchas de estas personas consigan trabajo no sólo en las empresas de Ortiz, sino en todas y cada una de las mercantiles con las que tiene relación este ayuntamiento. Y lo voy a seguir haciendo", subrayó.
El nombre de Sonia Castedo apareció en 2008 en las escuchas telefónicas del caso Brugal. Es ahí donde se desgajan los presuntos delitos que salpicarían a la primera edil. El primero de ellos se refiere a un supuesto trasvase de información privilegiada a Ortiz sobre el PGOU de Alicante en julio de 2008, cuando Castedo desempeñaba el cargo de concejala de Urbanismo a las órdenes Luis Díaz Alperi. Según el informe del fiscal, Castedo le proporcionó a Ortiz el plano del plan general antes de que se publicase.
En segundo lugar, el informe del fiscal relata "diseños a la medida de Ortiz" en relación a los índices de edificabilidad de determinadas zonas. Finalmente, Briones también denuncia que Castedo aceptó que su departamento de Urbanismo ayudara al constructor en la remodelación y recalificación -posteriormente frustradas- del Rico Pérez, estadio donde juega el Hércules, el club del que es máximo accionista el promotor alicantino.
Campaña electoral
Castedo, arropada en todo momento por su equipo, rechazó las tesis del fiscal, aunque reconoció las relaciones con Ortiz, pese a que no consiguió "nada de lo que pidió, ya que no hubo trato de favor a Ortiz ni a empresario alguno". La primera edil interpretó el informe como "un intento de hacer ruido y despertar el morbo mediático" para afectar a su "imagen". "No es un asunto judicial, es el comienzo de la campaña electoral", apostilló.
* Público - 25.10.10
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
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26.10.10
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Poder ´chaletero´ en el Camp de Túria
LEVANTE/Valencia* : Camp de Túria es una de las comarcas valencianas con mayor tradición "chaletera". Se calcula que sólo en su capital, Llíria, hay asentadas más de 7.500 viviendas en 108 núcleos de población fuera del casco urbano. Todas pagan sus impuestos como cualquier otro contribuyente pero en algunas de ellas ni siquiera se cubren las necesidades básicas. Lodazales de barro en vez de pavimento, colectores en mal estado o incluso inexistentes, ausencia de alumbrado público o falta de agua potable, son algunos de los escollos con los que conviven diariamente los vecinos de las urbanizaciones. Unas demandas que no siempre son escuchadas por los partidos tradicionales de las diferentes localidades a las que están adscritas. Ante tal situación muchos colectivos vecinales de la comarca se han lanzado al ruedo de la política para hacer llegar su voz hasta las cámaras municipales.
Los partidos surgidos en el seno de las urbanizaciones comienzan a tomar fuerza en la configuración de algunos gobiernos locales, ejerciendo un contrapeso necesario que les permite defender sus ideas a través de la representación. Se trata de partidos que compilan diversas ideologías políticas y cuyo único objetivo es defender los intereses de sus vecinos.
Los grandes partidos olvidan en muchas ocasiones un remanso de votos importante, teniendo en cuenta que en localidades como Nàquera, Llíria o la Pobla de Vallbona esta población supera a la de los núcleos urbanos. Mª Carmen Contelles, alcaldesa popular de La Pobla, considera que su presencia es enriquecedora para la democracia, pero reconoce que su éxito depende del mapa político de cada municipio. "Rascan votos y pueden ser clave en algunos, pero creo que es complicado que lleguen a gobernar", asegura.
Con el crecimiento de la población durante los años del "boom" urbanístico y fruto de la necesidad de dotar a estos núcleos de unos servicios municipales mínimos acordes con el pago de sus tributos surgen movimientos vecinales que buscan eliminar discriminaciones respecto a los habitantes del núcleo urbano. Diferencias que padecen, por ejemplo, los 500 habitantes de la urbanización de San Miguel de Nàquera obligados a pagar doblemente los impuestos que recauda, por una parte el ayuntamiento y por otro la Entidad Urbanística de Conservación, una figura jurídica nacida en los años 70 encargada de su mantenimiento. Según Ángel, propietario de un chalet, a la alcaldía "le interesa el doble pago porque así revierte los tributos en el pueblo pero no en San Miguel".
Salto a la política
El impulso que han tomado en los últimos años las corporaciones vecinales en algunos municipios y la necesidad de hacerse oír han convergido en la creación de agrupaciones que ahora dan el salto al campo de la política como plataforma para respaldar sus propias iniciativas. Es el caso del nuevo partido Ciudadanos de Urbanizaciones de la Pobla de Vallbona (CUPO) que busca conseguir mediante la representación en el ayuntamiento lo que a través de las asociaciones no han podido alcanzar.
"Tras 10 años pensándolo hemos decidimos agruparnos como única alternativa para reivindicar nuestras necesidades", afirma Francisco Navarrete, Secretario General del partido.
Plataforma Cívica Democrática de San Antonio de Benagéber integra a otras formaciones eminentemente políticas como EU o el Bloc. Su carácter municipalista la ha convertido en la segunda fuerza más votada y actualmente cuenta con tres concejales en el gobierno local. Vicente Monteagudo destaca de ella su proyecto político propio para gobernar. "Le damos prioridad a la participación ciudadana y encabezamos sus reivindicaciones", asevera.
En Serra, Iniciativa Torre de Portacoeli , es la agrupación que representa a los más de 1.000 habitantes de la urbanización, o lo que es lo mismo, al 35% del censo del municipio. "Con los últimos planes de Zapatero y Camps el pueblo se ha embolsado un millón de euros, pero no se ha gastado nada en Portacoeli", denuncia Primitivo Alegre, presidente del partido. A pesar de contar con dos concejales en el ayuntamiento, reconoce que su papel es de "bisagra" entre PP y PSOE y que, de momento, aún están lejos de poder gobernar.
IVIN, el azote del alcalde de Nàquera
En Nàquera surgió en 2004 el grupo Iniciativa Vecinal Independiente de Nàquera (IVIN), "con una vocación integradora" explica su concejal Álvaro Cuadrado. "No es una lucha de "chaleteros" contra el pueblo, sólo queremos dejar de ser ciudadanos de segunda", advierte Cuadrado. El partido ha presentado ya varias propuestas en los plenos: "con nuestra presencia conseguimos, al menos, despertar el interés del consistorio hacia nuestro colectivo", asegura el regidor.
* Levante - 24.10.10
Foto: Poder ´chaletero´ en el Camp de Túria - levante
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26.10.10
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Málaga.- Los urbanizadores advierten de los retrasos en los PGOU
SUR* : La salida de la crisis económica actual llegará «por primera vez sin haber hecho los deberes» con los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios. Es la advertencia lanzada por el presidente de la Federación de Urbanizadores y Turismo Residencial de Andalucía, Ricardo Arranz, quien calificó este hecho como «una irresponsabilidad enorme de las administraciones», tanto locales como autonómica, «por no haber exigido que se hicieran los planes o las adaptaciones a la Ley del Suelo».
«En las crisis anteriores esto sí se hizo, pero ahora nos vamos a encontrar con una Ley del Suelo absurda, sin ningún tipo de positivismo para el futuro», aseguró, al tiempo que señaló que esta legislación «no tiene nada que ver con lo que el mercado va a pedir».
A su juicio, la juventud «va a requerir productos diferentes a los que quisieron sus abuelos o sus padres», y puso como ejemplo a los jóvenes procedentes de los Emiratos Árabes, que «quizá prefieran vivir en hoteles», o a los alemanes: «La moda es que no quieren casas porque tienen que pagar IBI y la comunidad, y no quieren ataduras», explicó Arranz.
Críticas a la Ley del Suelo
El experto consideró que -urbanísticamente- «no se ha aprendido de los errores del pasado, sino todo lo contrario». «No se ha hecho nada», sentenció Arranz, al tiempo que reiteró que para poder paralizar «todo el desastre hipotético que se estaba haciendo, en vez de hacer una moratoria como pasó en Canarias o en Baleares, se hizo esta ley que distorsiona la realidad y que es tremendamente obsoleta y desquiciada». Para el empresario marbellí, la Ley del Suelo, con la que es muy crítico, «se hizo para parar a Marbella y el desastre del señor Jesús Gil», e insistió en que en vez de una ley debería haberse realizado una moratoria. «Cómo levantamos esa ley cuando ya está todo parado por el propio mercado», se preguntó.
«El mercado ha parado Marbella y la ley no tiene nada que decir del futuro de la provincia», expresó Arranz, para quien la situación actual desde el punto de vista empresarial y de creación de empleo «es nefasta». «Nadie se preocupa de allanar el camino para que cuando esto empiece a funcionar haya seguridad jurídica y no iniciemos un nuevo 'caso Malaya'».
El presidente de Fedur abogó por el «sentido común, lo más importante en el urbanismo», y lamentó la imagen que se ha dado de la Costa del Sol como lugar de corrupción «cuando se ha dado en otros puntos, pero Marbella, por la marca, ha sido más atractiva».
* SUR - EP. - 25.10.10
Foto: Mijas-Calahonda (Málaga) - J.Rojas, elpais.com
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26.10.10
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La hipoteca como sistema
VALENTÍ PUIG* : Somos la historia de una hipoteca. Hemos hipotecado la casa, el Estado, la parcela remota de los bisabuelos. Todo un horizonte de chalets adosados se agolpa en el pisapapeles con nieve que cristalizó en burbuja inmobiliaria. Teníamos un chiringuito en la playa y creímos estar a punto para ponernos los tirantes anchos de un agente de bolsa. A los dos días de fundar una empresa familiar nos fuimos al Nepal. Así quedó constituido un mundo virtual de ejecuciones hipotecarias. Hubo quien mandó un sobre a la caja de ahorros para entregar las llaves del apartamento con jacuzzi, pero, en realidad, nunca se habían celebrado banquetes de bodas tan fastuosos. Con el cobro de la primera entrega del ERE algunos se habrán ido una semana a Cancún. Todos estamos en alguna terapia de este tipo. De la homeopatía al impago.
Se nos fue la mano con las hipotecas inmobiliarias, ese sabio invento de los romanos siglos antes de que triunfase la sociedad del desperdicio y la autoestima narcisista. El derecho romano que configuró el paisaje de la Europa continental ha pasado a ser como esos cepos que los ayuntamientos te ponen en el coche por estar mal aparcado. Incluso los mileuristas añoran aquella época tan remota en la que al menos podían quejarse de algo. Somos criaturas del sistema hipotecario, por activa y por pasiva. Factores como la burbuja inmobiliaria o los activos tóxicos hipotecaron el sistema financiero. Luego había que ponerles freno a los talibanes del ultracapitalismo. Los gobiernos salieron al quite. Una concatenación de azares y colisiones macroeconómicas nutre hoy las colas del paro. Existen ya cementerios, como los de chatarra, con los restos oxidados de los planes de rescate.
Con qué facilidad las virtudes de la clase media pueden convertirse en vicios, como es pasar de sostener al Estado a depender del Estado. A estas alturas ya nadie confunde el FMI con la FIFA. Los comedores de beneficencia están sobresaturados. Andan hipotecadas la confianza y la credibilidad. Habremos perdido autoestima, un trabajo, capacidad adquisitiva, seguridad y patrimonio. Uno ya habla de los mercados de deuda como quien habla de sus suegros. Y los presupuestos siguen castigando a la clase media, lo que equivale a erosionar el zócalo de la sociedad occidental y, a la larga, del mundo global. Hipotecar de raíz a las clases medias acabaría con el Estado. Como hubo un sistema hegeliano, la hipoteca como sistema se hace Estado.
Empobrecidos por la crisis o en el paro, en el mejor de los casos agazapados en el pequeño ahorro, pedimos más fútbol, más Belén Esteban. Ya hemos hipotecado el carnet del gimnasio, las cuotas de la oenegé, la pequeña empresa autónoma, los cursos de danza de la niña, la colección de sellos de papá, la bicicleta estática, el gin-tonic al atardecer. A saber lo que nos pasa. En televisión, tragamos lo que sea. Pero son malos tiempos para instalarse un home cinema. Se hace ancha la escisión entre la psicología del consumidor y la psicología del ciudadano. De modo irreprensible, el sofá frente a la televisión te asedia con las imágenes triunfantes, insustituibles ya, de la banalidad. Telepresencia de lo cutre. Ráfagas de populismo de derechas o de izquierdas enturbian la ya precaria claridad mediática. Hipotecamos la opinión pública. Época de turboperiodismo, hipotecado por el share.
Hipotecar la memoria histórica fue, de entrada, parte del método. Únicamente ha sobrevivido un teléfono móvil con tarjeta de usar y tirar. Fluctúan imágenes de todo a un euro. Son los fósiles del futuro, con chip y una muestra de ADN incorporada, junto a la fecha de caducidad. Devolvemos las llaves de la memoria para que el olvido se quede con la casa de los padres por ejecución hipotecaria. Llevados por las aguas torrentosas de la deuda hemos visto pasar flotando el mobiliario de nuestros antepasados y, allá en el delta, sedimentan por acumulación las tierras patrimoniales que nunca hubiésemos imaginado que eran hipotecables. Ahí el mando a distancia se ha quedado sin pilas. Entre la telepizza y el zapeo convulso, la memoria de todos se desvanece. Precaria misión para el notario mayor del reino.
El siglo XXI se ha estrenado inventando la megahipoteca, la hipoteca total. Ingresamos masivamente en la era del patrimonio que sólo existe en la virtualidad. Las hipotecas ahora van por décadas perdidas, por generaciones desvinculadas. Fundamentalmente, se trata de hipotecar lo que ni siquiera se va a construir. Es así como han ido evolucionando la geología económica de este siglo, la anatomía del crédito y la inconsciencia de lo que se debe. Cuánta añoranza de la antigua Roma. El Homo videns tomó por real lo que le decían los haces electrónicos de la pantalla, hipotecó el Capitolio y hoy sólo le queda cenar de rollos primavera, en camiseta, mirando por televisión partidos de golf que no entiende. Ni tan siquiera nos anima el tecnofetichismo de los cajeros automáticos o usar a hurtadillas la PlayStation de los chicos. Vamos a hipotecar la OTAN, África, el petróleo. Incluso Obama parece estar hipotecado.
Al final resulta que quien reparte juego es China
* La Vanguardia - Opinión - 24.10.10
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26.10.10
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
La Xunta desoye la directiva europea para regular espacios protegidos
ELPAÍS/Galicia* : La Xunta se arriesga a una sanción de la Unión Europea por no presentar a tiempo los planes de conservación de los espacios que integran la Red Natura. El Ejecutivo autónomo tuvo un plazo de seis años para aprobarlos que acaba en diciembre, pero hasta esa fecha solo tiene previsto diponer de "un documento de base" con el que iniciar su tramitación "con una gran participación pública", según la Consellería de Medio Rural, por lo que no llegará a tiempo de cumplir con las directrices europeas.
La Red Natura 2000 es un conjunto de espacios naturales a nivel europeo creado para proteger los hábitats y especies silvestres más importantes del continente. La lista de parques incluidos fue aprobada por la Comisión Europea en diciembre de 2004, y desde ese momento se abrió un plazo de seis años para presentar los planes de conservación de las diferentes zonas protegidas. Además, la Lei de Conservación da Natureza de Galicia, aprobada en 2001, obliga a redactar los planes de conservación de estos espacios dos años después de su designación, plazo que finalizó en 2006.
Si la Comisión Europea no inicia de oficio los trámites para sancionar a la Xunta, la Federación Ecoloxista Galega (FEG) está dispuesta a emprender acciones legales. Pero el trámite es largo y complejo. La Comisión da un máximo de dos avisos a las administraciones, y si las respuestas no convencen a Bruselas puede llevar el caso a los tribunales y pedir que se le imponga una multa.
En la actualidad, la Comisión mantiene varias causas abiertas contra España por incumplir las normas de protección de la Red Natura. Es el caso de las minas del Valle de Laciana en Castilla y León, que ya ha llegado a los tribunales, o el de 174 parajes de las Islas Canarias, que la Comisión Europea entiende que no se han protegido lo suficiente, por lo que ya ha avisado dos veces de que o se soluciona el problema o el asunto llegará a los tribunales.
La demora en la protección de la Red Natura de Galicia se debe a la negativa de la actual Xunta a dar luz verde a un Plan Director de Conservación redactado por el bipartito y ya en trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. Este documento de cuatro tomos recogía los objetivos de conservación, las especies y hábitats a proteger, las actividades permitidas en cada zona en las que se dividían los espacios incluidos en la Red Natura y las herramientas de planificación y gestión.
El Plan Director fue presentado en 2007 por el entonces conselleiro de Medio Ambiente, el socialista Pachi Vázquez, al Consello Galego de Medio Ambiente y ante el público. Estaba previsto aprobarlo en diciembre de ese año, pero nunca llegó al Consello de la Xunta. Según Carmen Gallego, ahora portavoz de medio ambiente del PSdeG, simplemente "no dio tiempo". Sin embargo, los ecologistas apuntan al intento de la consellería de solucionar al mismo tiempo el conflicto de Os Ancares y O Courel. El bipartito pretendía convertir estas zonas de la Red Natura en parques naturales, pero los conflictos entre vecinos y alcaldes impidieron una solución de consenso. El cambio de gobierno en la Xunta interrumpió todos los planes de los socialistas.
En un primer momento, el nuevo Ejecutivo del PP intentó escudarse en que "hubo que partir de cero para redactar un nuevo plan", pero preguntada por la existencia del documento del bipartito cambió la versión para asegurar que "en función de ese documento se está trabajando en una nueva propuesta que permita combinar mejor la conservación de la naturaleza con las actividades humanas".
Los ecologistas ven detrás de esta frase la intención de la Xunta de adaptar el Plan Director a los intereses urbanísticos de los alcaldes del PP, ya que los planes de conservación prevalecen sobre los planes de ordenación municipal. Una de las directrices del documento del bipartito era "considerar incompatibles con los objetivos de conservación los nuevos proyectos que puedan atentar de forma significativa contra los valores naturales que motivaron la inclusión de la zona en la Red Natura".
La carencia de los planes de conservación impide la correcta administración de los espacios protegidos. No están determinados los usos de las diferentes zonas, lo que provoca conflictos como las canteras de O Courel. Además, impide conocer el estado actual de las especies amenazadas o en peligro de extinción o los efectos sobre ellas de los incendios forestales, como ocurrió este verano en el Macizo Central de Ourense.
La Consellería de Medio Rural también renunció a ampliar la Red Natura gallega, con lo que Galicia seguirá siendo el territorio con menor porcentaje de parajes protegidos, solo después de Ceuta.
* El País - 25.10.10
Foto: Galicia, parque - lavozdegalicia.es
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25.10.10
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Tema: NOTICIAS Galicia
El 'caso Brugal' salpica a los negocios de Ortiz con Bancaja
ELPAÍS/Alicante* : El informe policial del sumario del caso Brugal sobre las supuestas operaciones ilegales en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante revela que el contratista Enrique Ortiz tuvo la "cooperación" de un alto cargo de Bancaja. El informe policial asegura que el contratista se valió de la financiación de la entidad Bancaja y en especial de uno de sus máximos responsables, José Cortina Orrios, subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat, SL. En este punto el documento considera al ejecutivo de Bancaja como "cooperador necesario y máximo beneficiado de las gestiones irregulares".
La supuesta implicación del ejecutivo de Bancaja está relacionada con las operaciones realizadas por el promotor para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar luego los aprovechamientos a otras áreas urbanizables. Según el informe, el vehículo utilizado por ello fue la mercantil Deprominmed, SL, presidida por Ortiz y en cuyo consejo están representados el Banco de Valencia y Bancaja Habitat, SL. El informe señala que esta mercantil, mediante sucesivas ampliaciones de capital, "sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirán una vez se haya aprobado dicho plan [el PGOU]".
La operación de mayor calado en este apartado que recoge el informe policial se habría desarrollado en el humedal de Agua Amarga. Las diligencias concluyen que Ortiz dirigió "una operación prolongada en el tiempo para que por parte de la entidad financiera Bancaja, a través de uno de sus subdirectores José Cortina Orrios, se adquiera la mayor parte de terreno y se integre en la citada mercantil Deproinmed, SL. Mientras tanto, Ortiz procuraría que la redacción final del citado plan le confiera el máximo valor posible al terreno aportado", señala el informe. Bancaja declinó ayer comentar la implicación de su subdirector en el caso.
El informe sostiene que Ortiz tuvo "información privilegiada" del PGOU proporcionada por "altos cargos del Ayuntamiento de Alicante".El informe policial sobre las supuestas irregularidades en el PGOU de Alicante destapadas como consecuencia de las escuchas telefónicas del caso Brugal constata un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al empresario Enrique Ortiz. Las diligencias policiales apuntan a la posibilidad de modificaciones del documento "a su voluntad [la de Ortiz]".
Las supuestas irregularidades en el trámite del PGOU de Alicante forman parte de una pieza separada del sumario del caso Brugal. El instructor se inhibió de esa parte. La causa recayó en el Jugado número 5 de Alicante. Su titular ha asumido la competencia, pero aún no ha dictado ninguna resolución.
Sobre la base del informe policial, el candidato de EU a la alcaldía de Alicante, Miguel Ángel Pavón, anunció ayer la posibilidad de "impugnar judicialmente" el documento. El PGOU de Alicante, tras una segunda exposición pública, fue aprobado provisionalmente el pasado mes de mayo. En un comunicado oficial, el dirigente de EU resaltó que la larga tramitación del PGOU ha estado "salpicada" de irregularidades desde la rescisión del contrato al primer equipo redactor, dirigido por el arquitecto Lluís Cantallops, a principios de 2007. En esa fecha la alcaldía estaba en manos de Luis Díaz Alperi, del PP. Sonia Castedo, su sucesora desde septiembre de 2008, culminó la redacción final del documento.
Pavón denunció "el carácter opaco del proceso de redacción de un PGOU que se ha definido sobre la base de intereses privados y de espaldas a la ciudadanía". El candidato de la coalición de izquierdas exigió "explicaciones inmediatas tanto "a la ex concejal de Urbanismo y actual alcaldesa, Sonia Castedo, como al anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, en relación con las graves acusaciones contenidas en los informes policiales".
Por otro lado, el concejal socialista Lalo Díez exigió ayer al equipo de gobierno que aclare los motivos por los que no se ha personado en la causa abierta al concejal Francisco Sánchez Luna, del PP, por supuesto cohecho y tráfico de influencias.
* El País - 25.10.10
Foto: Alicante, oficina bancaja - google
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Valdemoro y Rivas, las ciudades que más han crecido de toda España
20MINUTOS* : Ladrillo, inmigración, buenas comunicaciones con la capital y una oferta de servicios atractiva. Son las principales razones que han colocado a Valdemoro (PP) y Rivas-Vaciamadrid (IU) como los dos municipios de más de 50.000 habitantes de España que más han crecido en los últimos años, según el último anuario económico de La Caixa. En el periodo que va desde 2004 a 2009, Valdemoro, la ciudad que más ha aumentado su población en términos porcentuales, extendió su urbe un 53,7%, con 21.911 pobladores más, alcanzando los 62.750 vecinos. Por su parte, Rivas-Vaciamadrid, la segunda localidad en este ranking, creció un 51,7%: 23.906 habitantes más, hasta llegar a los 68.405 en 2009.
En los últimos puestos se sitúan Móstoles (PP) y Fuenlabrada (PSOE), que son los que menos progresión poblacional han experimentado, con un pequeño aumento del 2% y del 2,8% cada uno.
Esta aparente diferencia entre el primero y el segundo cinturón industrial de Madrid tiene una explicación bastante lógica: «En los años sesenta las localidades que más crecieron fueron Getafe, Leganés, Móstoles..., pero en este último lustro la gente ha empezado a mudarse al segundo cinturón, con mejores precios y todavía muy cerca de la capital», explica un portavoz del Ayuntamiento de Valdemoro.
Ambas ciudades, además, han tenido su mayor progresión con el auge inmobiliario de estos últimos años. Las dos firmaron sus últimos Planes Generales de Urbanismo en 2004: «Pero gran parte de este aumento se debe también a nuestra red de comunicaciones. Por la A-3 te puedes plantar en El Retiro en menos de 11 minutos» explica un portavoz del Consistorio ripense, opinión que comparte Carmen Calvete, vecina de Rivas de 21 años: «Nos mudamos en 2002 desde Vallecas. La distancia al trabajo era la misma y la casa salía muy barata».
Desde ambos ayuntamientos también se hace hincapié en la variada oferta de servicios que ofrecen. Rivas, por ejemplo, es la población con mayor extensión Wi-Fi de todo el país (más de 220 hectáreas). Aunque el anuario económico de La Caixa también señala a la inmigración como otra de las causas de este auge poblacional. En Valdemoro se ha pasado de tener 3.569 extranjeros empadronados en 2004 a 9.356 en 2009, mientras que en Rivas ya son el 12,8% del total de vecinos (8.770. En 2004 eran 2.983).
Otras grandes ciudades de la región
* Bancos: Rivas y Valdemoro son los dos municipios de Madrid en los que más ha crecido el número de oficinas de bancos y cajas. Han subido un 90% y un 118%, respectivamente. Aranjuez (PSOE) es la tercera, con un 62,5% más de oficinas bancarias.
* Telefonía: Las Rozas (PP) es la ciudad de la comunidad con más teléfonos fijos: 561 por cada 1.000 habitantes.
* Banda ancha: Las Rozas también es la localidad de la región con más penetración de la banda ancha: 316 por cada 1.000 habitantes. Parla (PSOE) es la que menos, con 131 por cada 1.000 habitantes.
* Automóviles: el aumento de la población también ha hecho que Rivas y Valdemoro sean las dos localidades con más coches matriculados desde 2004 en España. Arganda (PP) es la cuarta con un 37,6% más de automóviles.
* Camiones: Rivas (IU) y Majadahonda (PP) son las dos en las que más ha subido el número de camiones: un 74,5% y un 71,7%.
* 20 Minutos - 25.10.10
Foto: Gente paseando en Madrid - 20minutos
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25.10.10
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Tema: NOTICIAS Madrid , NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
El precio de la vivienda está sobrevalorado en un 47,6%
INFORMACIÓN* : El precio de la vivienda en España está sobrevalorado en un 47,6%, pese a los descensos registrados en los precios en los últimos meses, según el semanario británico 'The Economist', que constata que el ratio que compara el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres es más elevado en España que en el resto de las principales economías mundiales y europeas. Tras España, Francia es, entre las principales economías del mundo, el país con el precio de la vivienda más sobrevalorado, en concreto un 42,5%. Por debajo, se encuentran el Reino Unido (32%), Canadá (23,9%), China (18,1%) e Italia (-10,5%). Incluso en Japón, Alemania y Estados Unidos el valor de la vivienda está por debajo del precio ideal: un -34,6%, un -12,9% y un -2,1% respectivamente.
Entre el resto de los 20 mercados analizados por el semanario económico británico, tan sólo Hong Kong, con un ratio entre el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres del 58,1%, y Australia, con un 63,2%, superan el dato registrado por el sector inmobiliario español.
Por otra parte, el semanario económico también analiza la evolución de los precios de la vivienda registrada en los últimos años en estos 20 mercados clave y constata que, a diferencia del "mar de porcentajes negativos" de 2009, sólo cuatro países registraron descensos en el precio de la vivienda en el tercer trimestre de 2010.
En concreto, los precios de la vivienda descendieron en Italia (-2,8%), España (-3,4%), Japón (-4,9%) e Irlanda (-17%). Sin embargo, 'The Economist' también resalta que únicamente ha empeorado en este periodo "la catástrofe inmobiliaria de Irlanda", ya que España e Italia han visto moderarse estos descensos con respecto a las cifras de hace un año, cuando los precios bajaron un 8,3% y un 3,8% respectivamente.
En este sentido, considera que los datos muestran una "separación habitual" entre los países más fuertes de Europa y los periféricos, ya que, frente a los descensos de Irlanda, España e Italia, Alemania y Francia han cambiado ya de tendencia y los precios de la vivienda comienzan de nuevo a subir, en concreto un 4,8% y un 6%, respectivamente.
En el caso del Reino Unido, destaca que el ritmo anual de apreciación de los precios en el mercado inmobiliario del país se ha ralentizado desde el verano, lo que hace temer nuevos descensos, dado que el precio de la vivienda británica está bastante sobrevalorado.
Los mayores aumentos en los precios de la vivienda, al igual que en el informe publicado en julio, se produjeron en Asia, con Singapur (+23,1%), Hong Kong (+20,6%) y China (+9,1%) a la cabeza, junto con Australia (+18,4%). Además, la publicación muestra su sorpresa por que China subiera el pasado mes de octubre los tipos de interés y no hiciera lo mismo Australia, donde la vivienda está mucho más sobrevalorada.
* Información - EP. - 24.10.10
Foto: Se vende o alquila (Seseña archivo) - elpais.com
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25.10.10
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Los Verdes exigen a Aguilar la "demolición total" del Algarrobico y que demuestre "sus intenciones verdes"
EUROPAPRESS/Almería* : El portavoz de los Verdes de Andalucía, Mario Ortega, ha exigido este domingo a la nueva ministra de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, "que de muestras objetivas de un cambio de posición en materia de ecología política", empezando por la "demolición total" del Algarrobico. Asimismo, entre las medidas planteadas por Los Verdes en un comunicado le piden que proponga "un plan de cierre de las centrales nucleares así como el bloqueo al crecimiento de la superficie de transgénicos en España, si dice ser verde que lo demuestre", sentencia Ortega.
En este sentido, ha calificado el nombramiento de Aguilar como "una huída hacia adelante de Zapatero para dañar las posibilidades de crecimiento de una alternativa política verde en España".
Y es que Ortega "no se fía" de las verdaderas intenciones de Rosa Aguilar, ya que considera que quiere "desactivar el crecimiento del proyecto Equo, liderado por Juantxo López de Uralde, con palabritas dulces, aquí en Andalucía hubo siempre mucha distancia entre lo que decía y lo que hacía, en Córdoba siempre estuvo próxima a constructores como Sandocan y a la cúpula eclesial que llevó a la catástrofe a CajaSur".
Por ello, Ortega ha criticado el pasado político de la nueva ministra del MARM pues "durante su breve etapa de consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha seguido potenciando actuaciones insostenibles en materia de movilidad y ha consentido sin oponerse los decretos de campos de golf y de parques naturales que desactivan la posibilidad de caminar hacia un modelo sostenible sin depredar el territorio, con esas alforjas nada podemos esperar de Rosa Aguilar."
* Europa Press - 24.10.10
Foto: Almería, conferencia EQUO - europapress
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25.10.10
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Tema: NOTICIAS Andalucía , NOTICIAS URBANISMO
Valencia.- El comprador del solar de las torres de Calatrava está obligado a construir 450 VPO
LEVANTE* : El futuro comprador del solar donde Calatrava preveía construir los tres rascacielos y que ahora el Consell quiere vender estará obligado a construir 450 VPO, según marca el planeamiento de la zona y obligan varias sentencias que se han dictado. Si no se incluyeran esta casas baratas en el futuro desarrollo del solar, los antiguos propietarios de estos terrenos que se expropiaron para construir la Ciudad de las Artes y las Ciencias podrían reclamar la reversión del suelo por vía judicial. La exigencia de VPO tiene su origen en una sentencia que ganó la Asociación de Promotores en 1998.
Como se recordará, la Ciudad de las Artes y las Ciencias se inició durante la etapa socialista con una torre de telecomunicaciones, l'Hemisfèric, el Museo de las Ciencias y un área urbanizable de 119.883 m2 de techo con suelo para colegios, servicios públicos y zonas verdes. Los suelos se obtuvieron por expropiación. La Generalitat quiso incluir usos terciarios (comercios y restaurantes) en la torre, cambio que recurrió la Asociación de Promotores en 1993. El TSJ les dio la razón en 1998, confirmada en 2000 por el Supremo, porque "no se pueden autorizar un cúmulo de usos privados (las tiendas) totalmente incompatibles con el carácter de servicio público" del proyecto. La Generalitat, ya con el PP, redactó un nuevo plan parcial de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para sustituir la torre por el Palau de las Arts, introducir l'Oceanogràfic y eliminar las reservas dotacionales que existían (los colegios y servicios públicos). La única justificación de interés social que se hizo, para cumplir la sentencia del Supremo, fue incluir en el total de la edificabilidad residencial y terciario 45.000 m2 de techo unas 450 viviendas de protección oficial.
De hecho, una sentencia del TSJ de 2003 denegó a un propietario expropiado la reversión de los terrenos en Cacsa porque "se justifica el interés social" en la zona "porque se construirán 450 viviendas protegidas".
Por otra parte, la mayor parte de los edificios que la Generalitat pondrá a la venta para cuadrar sus cuentas se adquirieron todos durante la etapa del gobierno socialista de Joan Lerma en la Generalitat. El antiguo hospital de La Cigüeña lo compró la Generalitat a mediados de los años 80 a la Caja de Ahorros de Valencia. El de la calle Colón se adquirió a finales de los 80 y sufrió una profunda remodelación, con sobreelevado incluido, que se inauguró a principios de los 90. El local de la calle Nàquera es el que alberga el Instituto de la Dona.
"Venden patrimonio para pagar facturas de la corrupción"
El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, aseguró ayer que la Comunitat Valenciana "vive en un estado de alarma" y que el Consell "pone en venta el patrimonio de los valencianos para pagar las facturas de la corrupción". Para Alarte, "este estado de alarma por el futuro de la Comunitat tiene un culpable claro: un gobierno que decide vender las sedes de sus conselleries para pagar las facturas de la corrupción". Según un comunicado del PSPV-PSOE, Alarte recordó en su intervención en el comité federal del PSOE en Madrid que la C. Valenciana cuenta "por cien los imputados y son innumerables los casos de corrupción". A su juicio, está en juego "la democracia", y ha asegurado que "el cambio será posible", y se hará "desde la humildad, el convencimiento, el compromiso y la decisión colectiva de los socialistas valencianos de dar la batalla" y no amilanarse "ante tanta desvergüenza e indecencia".
* Levante - 24.10.10
Foto: Las tres torres proyectadas por Calatrava junto a la Ciudad de las Artes, en una recreación.- levante
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25.10.10
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana