Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente

PÚBLICO/Madrid* : Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas. Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público.

Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.

La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.

Donaciones y contratos

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

La interlocución de la trama

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.

El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.

Dos delitos de alcance político grave

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.





* Público - 25.10.10
Foto: La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre - publico

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Firman un manifiesto contra la política ambiental de la Junta de Andalucía

AMBIENTUM* : Más de 120 organizaciones ecologistas, sociales y vecinales andaluzas hicieron público el manifiesto Recuperemos Andalucía Verde donde denuncian el deterioro que han sufrido en los últimos años las políticas ambientales de la Junta de Andalucía. Los firmantes también resaltan que la defensa del medio ambiente se ha convertido en una tarea cada vez más complicada en la comunidad autónoma y que las vías de participación que contempla la legislación se están deteriorando.

Las organizaciones sociales no están ni suficiente ni correctamente informadas, y sus voces están siendo acalladas con críticas y menosprecio por parte del Gobierno andaluz, por lo que exigen un cambio de comportamiento y soluciones para los conflictos ambientales de la región.

Además, bajo el ficticio argumento del desarrollo sostenible, las organizaciones están siendo testigos de una creciente permisividad de la Junta con las empresas, las constructoras y las industrias más contaminantes y depredadoras de recursos naturales. Por otra parte, los firmantes del manifiesto consideran que se priorizan los intereses económicos de unos pocos frente al cumplimiento de la legislación y al respeto básico del derecho al medio ambiente y a la salud de la población andaluza.

“La Junta de Andalucía no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de su patrimonio natural y seguir callada frente a las demandas de los colectivos que exigen a sus representantes una solución frente a los graves conflictos ambientales”, ha declarado Pilar Marcos, portavoz de Greenpeace.

La política de “cosmética ambiental verde” que la Junta de Andalucía abandera debe traducirse en hechos reales frente a ejemplos como la contaminación en Huelva, Algeciras o la Mina Las Cruces, el urbanismo depredador en El Algarrobico, Las Aletas (Cádiz), la innecesaria ampliación del puerto de Tarifa o las agresiones dentro de supuestos Espacios Naturales Protegidos.




* Ambientum - 26.10.10
Foto: Los firmantes aseguran que la
Junta debe luchar contra el urbanismo depredador en El Algarrobico (aquí foto de Ronda)- ambientum

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Correa decidía cómo Boadilla le adjudicaba los concursos

ELPAÍS/Madrid* : El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP con mayoría absoluta, era un coto cerrado para los negocios de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, hoy en la cárcel. La red corrupta operaba con total impunidad en este municipio, según demuestra uno de los correos electrónicos interceptados por la policía durante los registros. Dicho mensaje, del 20 de marzo de 2007, se dirigía a Tomás Martín Morales, entonces alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En este correo electrónico, incluido en el informe de la policía al que ha tenido acceso EL PAÍS, aparecían las instrucciones a Martín Morales: "Te mando este email siguiendo las instrucciones de Isabel Jordán [responsable de las empresas de Correa]".

"Tenemos que facturar una serie de trabajos que ya hemos hecho para el Ayuntamiento de Boadilla en el edificio nuevo y vamos a hacerlo de la siguiente forma: hemos dividido por zonas todo lo que hemos hecho: tres zonas van a ir con concursos de contratos menores (menos de 30.000 euros)".

Sigue el mensaje con las instrucciones: "Presentamos tres ofertas para cada zona. Hay que hacer los pliegos del concurso. Y la empresa que factura tiene que aportar un informe de los trabajos realizados. Necesitamos que nos digas cómo lo hacemos". Y enumera los trabajos y las empresas que debían participar en los concursos: "En la construcción de la alcaldía y secretarías tres empresas: Servimadrid: 28.733 euros, Fotomecánica Rafael 29.999, Kilda Producciones 29.500 euros. Factura Servimadrid". Lo mismo hace con otras obras para la construcción de una sala de prensa y un hall por 29.365 euros, la instalación de escudos por 11.086 y el diseño de la imagen interior por 15.323.El correo electrónico interceptado a los empleados de Francisco Correa es una muestra, según la policía, de cómo la organización corrupta, además de amañar un concurso para justificar una adjudicación directa utiliza a empresas pantalla. Concretamente, se trata de las sociedades del Grupo Rafael, que la red Gürtel incluía como terceros en los concursos. Según un informe de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Boadilla facturó en cuatro años casi 100.000 euros.

El informe policial demuestra cómo Correa recibe una adjudicación directa de servicios en el Ayuntamiento, cuyos dirigentes justifican después mediante la creación de unos pliegos ad hoc. Todo con la finalidad, según los agentes, de que le sean otorgadas a las empresas de la trama Gürtel. Además, otras sociedades actúan como terceros en los concursos. Este sistema es ordenado por la red, que utilizaba los servicios del imputado Tomás Martín Morales. Este dirigente del PP de Boadilla del Monte era el encargado de buscar el modo de justificar estos gastos.

Un portavoz oficial del Ayuntamiento de Boadilla reconoció que el Consistorio había abonado una factura de 11.086 euros a la empresa de Correa Servimadrid por la instalación de los escudos del municipio en el nuevo edificio del Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de la trama. Esta factura fue, según el portavoz municipal, una de las primeras peticiones que realizó el juez Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación del caso después de la denuncia del ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Precisamente, en el correo interceptado por la policía a la trama, un empleado de Correa le daba instrucciones a Tomás Martín Morales para que les pagara como "partida de menos de 12.000 euros".

No obstante, el portavoz del Consistorio sostiene que el resto de las obras incluidas en el correo electrónico que tenían que ser amañadas fueron finalmente realizadas por otras empresas que nada tienen que ver con el caso Gürtel.

La persona que se encargaba de forma habitual del pago de estas facturas de menos de 12.000 euros era el entonces concejal de Hacienda y ahora alcalde, Juan Siguero, quien realizaba estos trabajos por delegación del entonces primer consejero, Arturo González Panero, expulsado del PP de Boadilla. Precisamente, Panero aseguró a EL PAÍS en una entrevista que si fuera el juez investigaría antes al actual alcalde [Siguero], ya que él no había firmado nada. No obstante, fuentes del Consistorio de Boadilla aseguraron que Siguero no adjudicó ningún contrato a dedo ni amañado a las empresas de la trama Gürtel. En este sentido, la policía pidió hace meses la detención de Juan Siguero, al considerar que había suministrado información privilegiada a las empresas de la trama.

Los grupos de la oposición, el PSM-PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) pidieron la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya que, de resultar imputado el actual alcalde, sería el segundo regidor implicado en la mayor operación contra la corrupción en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. Por el momento, el número de imputados en la región de Madrid supera ya el centenar.




* El País - 25.10.10
Foto: El ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y el actual regidor, Juan Siguero, el día que el primero dimitió. A sus espaldas, el escudo del Ayuntamiento que instalaron las empresas de Correa.- elpais.com


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La fiscalía implica a la alcaldesa de Alicante en la ‘trama Brugal’

PÚBLICO* : Acusa a la dirigente del PP de recibir regalos a cambio de favores al constructor Enrique Ortiz, imputado en este escándalo de corrupción. Un coche Mini Cooper y viajes a Andorra e Ibiza. Estos son los obsequios que, según el fiscal Anticorrupción Felipe Briones, recibió la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), de mano del constructor Enrique Ortiz a cambio de diseñarle a medida el mapa urbanístico de la ciudad. El informe del fiscal está fechado el 17 de junio y pide la imputación para Castedo por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y soborno.

Esta acusación coloca a la primera edil en el epicentro del caso Brugal, un escándalo de corrupción con numerosas ramificaciones que afectan a la gestión provincial de la basura y a la ordenación urbanística de Alicante. Por ahora son un centenar los imputados, entre ellos el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y su mano derecha, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, así como también los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
"Retahíla de despropósitos"

Fue la propia Castedo quien dio ayer a conocer el informe del fiscal en una rueda de prensa convocada minutos antes y en la que no aceptó preguntas "por consejo" de sus "asesores y abogados". La primera edil negó haber favorecido a ningún constructor y tildó de "retahíla de despropósitos" los regalos que, según el fiscal, "son coincidentes en el tiempo con las distintas gestiones efectuadas en favor de Enrique Ortiz en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".

El dossier señala que Castedo pidió al constructor que obsequiara con un turismo Mini Cooper a una persona de su confianza. "No existió tal regalo", apostilló la alcaldesa, al tiempo que empuñó "facturas" que, según su versión, demuestran que compró este vehículo y corrió con "los gastos derivados de los servicios de una gestoría y su tramitación ante la Jefatura de Tráfico". Otra de las "dádivas" que apunta el informe es la de dos viajes a Andorra, en 2008 y 2009, y uno en yate con familiares a Ibiza durante el verano de 2009. Castedo reconoció haber realizado las tres travesías, aunque sólo acreditó con recibos las estancias en Andorra. Unas facturas a las que tampoco tuvieron acceso los periodistas "por tratarse de asuntos personales", justificó.

Pero la alcaldesa de Alicante no sólo recibió regalos, según el informe. También medió ante Ortiz para que ocupara en sus empresas a gente de su confianza. Algo que la alcaldesa no sólo reconoció, sino que también defendió y anunció que no dejaría de hacerlo. "A la alcaldía llegan a diario decenas de casos dramáticos de personas en situación de desempleo que lo están pasando mal. Me he valido de mis influencias para intentar que muchas de estas personas consigan trabajo no sólo en las empresas de Ortiz, sino en todas y cada una de las mercantiles con las que tiene relación este ayuntamiento. Y lo voy a seguir haciendo", subrayó.

El nombre de Sonia Castedo apareció en 2008 en las escuchas telefónicas del caso Brugal. Es ahí donde se desgajan los presuntos delitos que salpicarían a la primera edil. El primero de ellos se refiere a un supuesto trasvase de información privilegiada a Ortiz sobre el PGOU de Alicante en julio de 2008, cuando Castedo desempeñaba el cargo de concejala de Urbanismo a las órdenes Luis Díaz Alperi. Según el informe del fiscal, Castedo le proporcionó a Ortiz el plano del plan general antes de que se publicase.

En segundo lugar, el informe del fiscal relata "diseños a la medida de Ortiz" en relación a los índices de edificabilidad de determinadas zonas. Finalmente, Briones también denuncia que Castedo aceptó que su departamento de Urbanismo ayudara al constructor en la remodelación y recalificación -posteriormente frustradas- del Rico Pérez, estadio donde juega el Hércules, el club del que es máximo accionista el promotor alicantino.
Campaña electoral

Castedo, arropada en todo momento por su equipo, rechazó las tesis del fiscal, aunque reconoció las relaciones con Ortiz, pese a que no consiguió "nada de lo que pidió, ya que no hubo trato de favor a Ortiz ni a empresario alguno". La primera edil interpretó el informe como "un intento de hacer ruido y despertar el morbo mediático" para afectar a su "imagen". "No es un asunto judicial, es el comienzo de la campaña electoral", apostilló.





* Público - 25.10.10
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es

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Poder ´chaletero´ en el Camp de Túria

LEVANTE/Valencia* : Camp de Túria es una de las comarcas valencianas con mayor tradición "chaletera". Se calcula que sólo en su capital, Llíria, hay asentadas más de 7.500 viviendas en 108 núcleos de población fuera del casco urbano. Todas pagan sus impuestos como cualquier otro contribuyente pero en algunas de ellas ni siquiera se cubren las necesidades básicas. Lodazales de barro en vez de pavimento, colectores en mal estado o incluso inexistentes, ausencia de alumbrado público o falta de agua potable, son algunos de los escollos con los que conviven diariamente los vecinos de las urbanizaciones. Unas demandas que no siempre son escuchadas por los partidos tradicionales de las diferentes localidades a las que están adscritas. Ante tal situación muchos colectivos vecinales de la comarca se han lanzado al ruedo de la política para hacer llegar su voz hasta las cámaras municipales.

Los partidos surgidos en el seno de las urbanizaciones comienzan a tomar fuerza en la configuración de algunos gobiernos locales, ejerciendo un contrapeso necesario que les permite defender sus ideas a través de la representación. Se trata de partidos que compilan diversas ideologías políticas y cuyo único objetivo es defender los intereses de sus vecinos.

Los grandes partidos olvidan en muchas ocasiones un remanso de votos importante, teniendo en cuenta que en localidades como Nàquera, Llíria o la Pobla de Vallbona esta población supera a la de los núcleos urbanos. Mª Carmen Contelles, alcaldesa popular de La Pobla, considera que su presencia es enriquecedora para la democracia, pero reconoce que su éxito depende del mapa político de cada municipio. "Rascan votos y pueden ser clave en algunos, pero creo que es complicado que lleguen a gobernar", asegura.

Con el crecimiento de la población durante los años del "boom" urbanístico y fruto de la necesidad de dotar a estos núcleos de unos servicios municipales mínimos acordes con el pago de sus tributos surgen movimientos vecinales que buscan eliminar discriminaciones respecto a los habitantes del núcleo urbano. Diferencias que padecen, por ejemplo, los 500 habitantes de la urbanización de San Miguel de Nàquera obligados a pagar doblemente los impuestos que recauda, por una parte el ayuntamiento y por otro la Entidad Urbanística de Conservación, una figura jurídica nacida en los años 70 encargada de su mantenimiento. Según Ángel, propietario de un chalet, a la alcaldía "le interesa el doble pago porque así revierte los tributos en el pueblo pero no en San Miguel".

Salto a la política
El impulso que han tomado en los últimos años las corporaciones vecinales en algunos municipios y la necesidad de hacerse oír han convergido en la creación de agrupaciones que ahora dan el salto al campo de la política como plataforma para respaldar sus propias iniciativas. Es el caso del nuevo partido Ciudadanos de Urbanizaciones de la Pobla de Vallbona (CUPO) que busca conseguir mediante la representación en el ayuntamiento lo que a través de las asociaciones no han podido alcanzar.

"Tras 10 años pensándolo hemos decidimos agruparnos como única alternativa para reivindicar nuestras necesidades", afirma Francisco Navarrete, Secretario General del partido.

Plataforma Cívica Democrática de San Antonio de Benagéber integra a otras formaciones eminentemente políticas como EU o el Bloc. Su carácter municipalista la ha convertido en la segunda fuerza más votada y actualmente cuenta con tres concejales en el gobierno local. Vicente Monteagudo destaca de ella su proyecto político propio para gobernar. "Le damos prioridad a la participación ciudadana y encabezamos sus reivindicaciones", asevera.

En Serra, Iniciativa Torre de Portacoeli , es la agrupación que representa a los más de 1.000 habitantes de la urbanización, o lo que es lo mismo, al 35% del censo del municipio. "Con los últimos planes de Zapatero y Camps el pueblo se ha embolsado un millón de euros, pero no se ha gastado nada en Portacoeli", denuncia Primitivo Alegre, presidente del partido. A pesar de contar con dos concejales en el ayuntamiento, reconoce que su papel es de "bisagra" entre PP y PSOE y que, de momento, aún están lejos de poder gobernar.

IVIN, el azote del alcalde de Nàquera
En Nàquera surgió en 2004 el grupo Iniciativa Vecinal Independiente de Nàquera (IVIN), "con una vocación integradora" explica su concejal Álvaro Cuadrado. "No es una lucha de "chaleteros" contra el pueblo, sólo queremos dejar de ser ciudadanos de segunda", advierte Cuadrado. El partido ha presentado ya varias propuestas en los plenos: "con nuestra presencia conseguimos, al menos, despertar el interés del consistorio hacia nuestro colectivo", asegura el regidor.




* Levante - 24.10.10
Foto: Poder ´chaletero´ en el Camp de Túria - levante

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Málaga.- Los urbanizadores advierten de los retrasos en los PGOU

SUR* : La salida de la crisis económica actual llegará «por primera vez sin haber hecho los deberes» con los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios. Es la advertencia lanzada por el presidente de la Federación de Urbanizadores y Turismo Residencial de Andalucía, Ricardo Arranz, quien calificó este hecho como «una irresponsabilidad enorme de las administraciones», tanto locales como autonómica, «por no haber exigido que se hicieran los planes o las adaptaciones a la Ley del Suelo».

«En las crisis anteriores esto sí se hizo, pero ahora nos vamos a encontrar con una Ley del Suelo absurda, sin ningún tipo de positivismo para el futuro», aseguró, al tiempo que señaló que esta legislación «no tiene nada que ver con lo que el mercado va a pedir».
A su juicio, la juventud «va a requerir productos diferentes a los que quisieron sus abuelos o sus padres», y puso como ejemplo a los jóvenes procedentes de los Emiratos Árabes, que «quizá prefieran vivir en hoteles», o a los alemanes: «La moda es que no quieren casas porque tienen que pagar IBI y la comunidad, y no quieren ataduras», explicó Arranz.
Críticas a la Ley del Suelo
El experto consideró que -urbanísticamente- «no se ha aprendido de los errores del pasado, sino todo lo contrario». «No se ha hecho nada», sentenció Arranz, al tiempo que reiteró que para poder paralizar «todo el desastre hipotético que se estaba haciendo, en vez de hacer una moratoria como pasó en Canarias o en Baleares, se hizo esta ley que distorsiona la realidad y que es tremendamente obsoleta y desquiciada». Para el empresario marbellí, la Ley del Suelo, con la que es muy crítico, «se hizo para parar a Marbella y el desastre del señor Jesús Gil», e insistió en que en vez de una ley debería haberse realizado una moratoria. «Cómo levantamos esa ley cuando ya está todo parado por el propio mercado», se preguntó.
«El mercado ha parado Marbella y la ley no tiene nada que decir del futuro de la provincia», expresó Arranz, para quien la situación actual desde el punto de vista empresarial y de creación de empleo «es nefasta». «Nadie se preocupa de allanar el camino para que cuando esto empiece a funcionar haya seguridad jurídica y no iniciemos un nuevo 'caso Malaya'».
El presidente de Fedur abogó por el «sentido común, lo más importante en el urbanismo», y lamentó la imagen que se ha dado de la Costa del Sol como lugar de corrupción «cuando se ha dado en otros puntos, pero Marbella, por la marca, ha sido más atractiva».




* SUR - EP. - 25.10.10
Foto: Mijas-Calahonda (Málaga) - J.Rojas, elpais.com

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La hipoteca como sistema

VALENTÍ PUIG* : Somos la historia de una hipoteca. Hemos hipotecado la casa, el Estado, la parcela remota de los bisabuelos. Todo un horizonte de chalets adosados se agolpa en el pisapapeles con nieve que cristalizó en burbuja inmobiliaria. Teníamos un chiringuito en la playa y creímos estar a punto para ponernos los tirantes anchos de un agente de bolsa. A los dos días de fundar una empresa familiar nos fuimos al Nepal. Así quedó constituido un mundo virtual de ejecuciones hipotecarias. Hubo quien mandó un sobre a la caja de ahorros para entregar las llaves del apartamento con jacuzzi, pero, en realidad, nunca se habían celebrado banquetes de bodas tan fastuosos. Con el cobro de la primera entrega del ERE algunos se habrán ido una semana a Cancún. Todos estamos en alguna terapia de este tipo. De la homeopatía al impago.

Se nos fue la mano con las hipotecas inmobiliarias, ese sabio invento de los romanos siglos antes de que triunfase la sociedad del desperdicio y la autoestima narcisista. El derecho romano que configuró el paisaje de la Europa continental ha pasado a ser como esos cepos que los ayuntamientos te ponen en el coche por estar mal aparcado. Incluso los mileuristas añoran aquella época tan remota en la que al menos podían quejarse de algo. Somos criaturas del sistema hipotecario, por activa y por pasiva. Factores como la burbuja inmobiliaria o los activos tóxicos hipotecaron el sistema financiero. Luego había que ponerles freno a los talibanes del ultracapitalismo. Los gobiernos salieron al quite. Una concatenación de azares y colisiones macroeconómicas nutre hoy las colas del paro. Existen ya cementerios, como los de chatarra, con los restos oxidados de los planes de rescate.

Con qué facilidad las virtudes de la clase media pueden convertirse en vicios, como es pasar de sostener al Estado a depender del Estado. A estas alturas ya nadie confunde el FMI con la FIFA. Los comedores de beneficencia están sobresaturados. Andan hipotecadas la confianza y la credibilidad. Habremos perdido autoestima, un trabajo, capacidad adquisitiva, seguridad y patrimonio. Uno ya habla de los mercados de deuda como quien habla de sus suegros. Y los presupuestos siguen castigando a la clase media, lo que equivale a erosionar el zócalo de la sociedad occidental y, a la larga, del mundo global. Hipotecar de raíz a las clases medias acabaría con el Estado. Como hubo un sistema hegeliano, la hipoteca como sistema se hace Estado.

Empobrecidos por la crisis o en el paro, en el mejor de los casos agazapados en el pequeño ahorro, pedimos más fútbol, más Belén Esteban. Ya hemos hipotecado el carnet del gimnasio, las cuotas de la oenegé, la pequeña empresa autónoma, los cursos de danza de la niña, la colección de sellos de papá, la bicicleta estática, el gin-tonic al atardecer. A saber lo que nos pasa. En televisión, tragamos lo que sea. Pero son malos tiempos para instalarse un home cinema. Se hace ancha la escisión entre la psicología del consumidor y la psicología del ciudadano. De modo irreprensible, el sofá frente a la televisión te asedia con las imágenes triunfantes, insustituibles ya, de la banalidad. Telepresencia de lo cutre. Ráfagas de populismo de derechas o de izquierdas enturbian la ya precaria claridad mediática. Hipotecamos la opinión pública. Época de turboperiodismo, hipotecado por el share.

Hipotecar la memoria histórica fue, de entrada, parte del método. Únicamente ha sobrevivido un teléfono móvil con tarjeta de usar y tirar. Fluctúan imágenes de todo a un euro. Son los fósiles del futuro, con chip y una muestra de ADN incorporada, junto a la fecha de caducidad. Devolvemos las llaves de la memoria para que el olvido se quede con la casa de los padres por ejecución hipotecaria. Llevados por las aguas torrentosas de la deuda hemos visto pasar flotando el mobiliario de nuestros antepasados y, allá en el delta, sedimentan por acumulación las tierras patrimoniales que nunca hubiésemos imaginado que eran hipotecables. Ahí el mando a distancia se ha quedado sin pilas. Entre la telepizza y el zapeo convulso, la memoria de todos se desvanece. Precaria misión para el notario mayor del reino.

El siglo XXI se ha estrenado inventando la megahipoteca, la hipoteca total. Ingresamos masivamente en la era del patrimonio que sólo existe en la virtualidad. Las hipotecas ahora van por décadas perdidas, por generaciones desvinculadas. Fundamentalmente, se trata de hipotecar lo que ni siquiera se va a construir. Es así como han ido evolucionando la geología económica de este siglo, la anatomía del crédito y la inconsciencia de lo que se debe. Cuánta añoranza de la antigua Roma. El Homo videns tomó por real lo que le decían los haces electrónicos de la pantalla, hipotecó el Capitolio y hoy sólo le queda cenar de rollos primavera, en camiseta, mirando por televisión partidos de golf que no entiende. Ni tan siquiera nos anima el tecnofetichismo de los cajeros automáticos o usar a hurtadillas la PlayStation de los chicos. Vamos a hipotecar la OTAN, África, el petróleo. Incluso Obama parece estar hipotecado.

Al final resulta que quien reparte juego es China




* La Vanguardia - Opinión - 24.10.10

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La Xunta desoye la directiva europea para regular espacios protegidos

ELPAÍS/Galicia* : La Xunta se arriesga a una sanción de la Unión Europea por no presentar a tiempo los planes de conservación de los espacios que integran la Red Natura. El Ejecutivo autónomo tuvo un plazo de seis años para aprobarlos que acaba en diciembre, pero hasta esa fecha solo tiene previsto diponer de "un documento de base" con el que iniciar su tramitación "con una gran participación pública", según la Consellería de Medio Rural, por lo que no llegará a tiempo de cumplir con las directrices europeas.

La Red Natura 2000 es un conjunto de espacios naturales a nivel europeo creado para proteger los hábitats y especies silvestres más importantes del continente. La lista de parques incluidos fue aprobada por la Comisión Europea en diciembre de 2004, y desde ese momento se abrió un plazo de seis años para presentar los planes de conservación de las diferentes zonas protegidas. Además, la Lei de Conservación da Natureza de Galicia, aprobada en 2001, obliga a redactar los planes de conservación de estos espacios dos años después de su designación, plazo que finalizó en 2006.

Si la Comisión Europea no inicia de oficio los trámites para sancionar a la Xunta, la Federación Ecoloxista Galega (FEG) está dispuesta a emprender acciones legales. Pero el trámite es largo y complejo. La Comisión da un máximo de dos avisos a las administraciones, y si las respuestas no convencen a Bruselas puede llevar el caso a los tribunales y pedir que se le imponga una multa.

En la actualidad, la Comisión mantiene varias causas abiertas contra España por incumplir las normas de protección de la Red Natura. Es el caso de las minas del Valle de Laciana en Castilla y León, que ya ha llegado a los tribunales, o el de 174 parajes de las Islas Canarias, que la Comisión Europea entiende que no se han protegido lo suficiente, por lo que ya ha avisado dos veces de que o se soluciona el problema o el asunto llegará a los tribunales.

La demora en la protección de la Red Natura de Galicia se debe a la negativa de la actual Xunta a dar luz verde a un Plan Director de Conservación redactado por el bipartito y ya en trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. Este documento de cuatro tomos recogía los objetivos de conservación, las especies y hábitats a proteger, las actividades permitidas en cada zona en las que se dividían los espacios incluidos en la Red Natura y las herramientas de planificación y gestión.

El Plan Director fue presentado en 2007 por el entonces conselleiro de Medio Ambiente, el socialista Pachi Vázquez, al Consello Galego de Medio Ambiente y ante el público. Estaba previsto aprobarlo en diciembre de ese año, pero nunca llegó al Consello de la Xunta. Según Carmen Gallego, ahora portavoz de medio ambiente del PSdeG, simplemente "no dio tiempo". Sin embargo, los ecologistas apuntan al intento de la consellería de solucionar al mismo tiempo el conflicto de Os Ancares y O Courel. El bipartito pretendía convertir estas zonas de la Red Natura en parques naturales, pero los conflictos entre vecinos y alcaldes impidieron una solución de consenso. El cambio de gobierno en la Xunta interrumpió todos los planes de los socialistas.

En un primer momento, el nuevo Ejecutivo del PP intentó escudarse en que "hubo que partir de cero para redactar un nuevo plan", pero preguntada por la existencia del documento del bipartito cambió la versión para asegurar que "en función de ese documento se está trabajando en una nueva propuesta que permita combinar mejor la conservación de la naturaleza con las actividades humanas".

Los ecologistas ven detrás de esta frase la intención de la Xunta de adaptar el Plan Director a los intereses urbanísticos de los alcaldes del PP, ya que los planes de conservación prevalecen sobre los planes de ordenación municipal. Una de las directrices del documento del bipartito era "considerar incompatibles con los objetivos de conservación los nuevos proyectos que puedan atentar de forma significativa contra los valores naturales que motivaron la inclusión de la zona en la Red Natura".

La carencia de los planes de conservación impide la correcta administración de los espacios protegidos. No están determinados los usos de las diferentes zonas, lo que provoca conflictos como las canteras de O Courel. Además, impide conocer el estado actual de las especies amenazadas o en peligro de extinción o los efectos sobre ellas de los incendios forestales, como ocurrió este verano en el Macizo Central de Ourense.

La Consellería de Medio Rural también renunció a ampliar la Red Natura gallega, con lo que Galicia seguirá siendo el territorio con menor porcentaje de parajes protegidos, solo después de Ceuta.





* El País - 25.10.10
Foto: Galicia, parque - lavozdegalicia.es

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El 'caso Brugal' salpica a los negocios de Ortiz con Bancaja

ELPAÍS/Alicante* : El informe policial del sumario del caso Brugal sobre las supuestas operaciones ilegales en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante revela que el contratista Enrique Ortiz tuvo la "cooperación" de un alto cargo de Bancaja. El informe policial asegura que el contratista se valió de la financiación de la entidad Bancaja y en especial de uno de sus máximos responsables, José Cortina Orrios, subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat, SL. En este punto el documento considera al ejecutivo de Bancaja como "cooperador necesario y máximo beneficiado de las gestiones irregulares".

La supuesta implicación del ejecutivo de Bancaja está relacionada con las operaciones realizadas por el promotor para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar luego los aprovechamientos a otras áreas urbanizables. Según el informe, el vehículo utilizado por ello fue la mercantil Deprominmed, SL, presidida por Ortiz y en cuyo consejo están representados el Banco de Valencia y Bancaja Habitat, SL. El informe señala que esta mercantil, mediante sucesivas ampliaciones de capital, "sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirán una vez se haya aprobado dicho plan [el PGOU]".

La operación de mayor calado en este apartado que recoge el informe policial se habría desarrollado en el humedal de Agua Amarga. Las diligencias concluyen que Ortiz dirigió "una operación prolongada en el tiempo para que por parte de la entidad financiera Bancaja, a través de uno de sus subdirectores José Cortina Orrios, se adquiera la mayor parte de terreno y se integre en la citada mercantil Deproinmed, SL. Mientras tanto, Ortiz procuraría que la redacción final del citado plan le confiera el máximo valor posible al terreno aportado", señala el informe. Bancaja declinó ayer comentar la implicación de su subdirector en el caso.

El informe sostiene que Ortiz tuvo "información privilegiada" del PGOU proporcionada por "altos cargos del Ayuntamiento de Alicante".El informe policial sobre las supuestas irregularidades en el PGOU de Alicante destapadas como consecuencia de las escuchas telefónicas del caso Brugal constata un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al empresario Enrique Ortiz. Las diligencias policiales apuntan a la posibilidad de modificaciones del documento "a su voluntad [la de Ortiz]".

Las supuestas irregularidades en el trámite del PGOU de Alicante forman parte de una pieza separada del sumario del caso Brugal. El instructor se inhibió de esa parte. La causa recayó en el Jugado número 5 de Alicante. Su titular ha asumido la competencia, pero aún no ha dictado ninguna resolución.

Sobre la base del informe policial, el candidato de EU a la alcaldía de Alicante, Miguel Ángel Pavón, anunció ayer la posibilidad de "impugnar judicialmente" el documento. El PGOU de Alicante, tras una segunda exposición pública, fue aprobado provisionalmente el pasado mes de mayo. En un comunicado oficial, el dirigente de EU resaltó que la larga tramitación del PGOU ha estado "salpicada" de irregularidades desde la rescisión del contrato al primer equipo redactor, dirigido por el arquitecto Lluís Cantallops, a principios de 2007. En esa fecha la alcaldía estaba en manos de Luis Díaz Alperi, del PP. Sonia Castedo, su sucesora desde septiembre de 2008, culminó la redacción final del documento.

Pavón denunció "el carácter opaco del proceso de redacción de un PGOU que se ha definido sobre la base de intereses privados y de espaldas a la ciudadanía". El candidato de la coalición de izquierdas exigió "explicaciones inmediatas tanto "a la ex concejal de Urbanismo y actual alcaldesa, Sonia Castedo, como al anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, en relación con las graves acusaciones contenidas en los informes policiales".

Por otro lado, el concejal socialista Lalo Díez exigió ayer al equipo de gobierno que aclare los motivos por los que no se ha personado en la causa abierta al concejal Francisco Sánchez Luna, del PP, por supuesto cohecho y tráfico de influencias.





* El País - 25.10.10
Foto: Alicante, oficina bancaja - google

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Valdemoro y Rivas, las ciudades que más han crecido de toda España

20MINUTOS* : Ladrillo, inmigración, buenas comunicaciones con la capital y una oferta de servicios atractiva. Son las principales razones que han colocado a Valdemoro (PP) y Rivas-Vaciamadrid (IU) como los dos municipios de más de 50.000 habitantes de España que más han crecido en los últimos años, según el último anuario económico de La Caixa. En el periodo que va desde 2004 a 2009, Valdemoro, la ciudad que más ha aumentado su población en términos porcentuales, extendió su urbe un 53,7%, con 21.911 pobladores más, alcanzando los 62.750 vecinos. Por su parte, Rivas-Vaciamadrid, la segunda localidad en este ranking, creció un 51,7%: 23.906 habitantes más, hasta llegar a los 68.405 en 2009.

En los últimos puestos se sitúan Móstoles (PP) y Fuenlabrada (PSOE), que son los que menos progresión poblacional han experimentado, con un pequeño aumento del 2% y del 2,8% cada uno.

Esta aparente diferencia entre el primero y el segundo cinturón industrial de Madrid tiene una explicación bastante lógica: «En los años sesenta las localidades que más crecieron fueron Getafe, Leganés, Móstoles..., pero en este último lustro la gente ha empezado a mudarse al segundo cinturón, con mejores precios y todavía muy cerca de la capital», explica un portavoz del Ayuntamiento de Valdemoro.

Ambas ciudades, además, han tenido su mayor progresión con el auge inmobiliario de estos últimos años. Las dos firmaron sus últimos Planes Generales de Urbanismo en 2004: «Pero gran parte de este aumento se debe también a nuestra red de comunicaciones. Por la A-3 te puedes plantar en El Retiro en menos de 11 minutos» explica un portavoz del Consistorio ripense, opinión que comparte Carmen Calvete, vecina de Rivas de 21 años: «Nos mudamos en 2002 desde Vallecas. La distancia al trabajo era la misma y la casa salía muy barata».

Desde ambos ayuntamientos también se hace hincapié en la variada oferta de servicios que ofrecen. Rivas, por ejemplo, es la población con mayor extensión Wi-Fi de todo el país (más de 220 hectáreas). Aunque el anuario económico de La Caixa también señala a la inmigración como otra de las causas de este auge poblacional. En Valdemoro se ha pasado de tener 3.569 extranjeros empadronados en 2004 a 9.356 en 2009, mientras que en Rivas ya son el 12,8% del total de vecinos (8.770. En 2004 eran 2.983).

Otras grandes ciudades de la región

* Bancos: Rivas y Valdemoro son los dos municipios de Madrid en los que más ha crecido el número de oficinas de bancos y cajas. Han subido un 90% y un 118%, respectivamente. Aranjuez (PSOE) es la tercera, con un 62,5% más de oficinas bancarias.

* Telefonía: Las Rozas (PP) es la ciudad de la comunidad con más teléfonos fijos: 561 por cada 1.000 habitantes.

* Banda ancha: Las Rozas también es la localidad de la región con más penetración de la banda ancha: 316 por cada 1.000 habitantes. Parla (PSOE) es la que menos, con 131 por cada 1.000 habitantes.

* Automóviles: el aumento de la población también ha hecho que Rivas y Valdemoro sean las dos localidades con más coches matriculados desde 2004 en España. Arganda (PP) es la cuarta con un 37,6% más de automóviles.

* Camiones: Rivas (IU) y Majadahonda (PP) son las dos en las que más ha subido el número de camiones: un 74,5% y un 71,7%.





* 20 Minutos - 25.10.10
Foto: Gente paseando en Madrid - 20minutos

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El precio de la vivienda está sobrevalorado en un 47,6%

INFORMACIÓN* : El precio de la vivienda en España está sobrevalorado en un 47,6%, pese a los descensos registrados en los precios en los últimos meses, según el semanario británico 'The Economist', que constata que el ratio que compara el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres es más elevado en España que en el resto de las principales economías mundiales y europeas. Tras España, Francia es, entre las principales economías del mundo, el país con el precio de la vivienda más sobrevalorado, en concreto un 42,5%. Por debajo, se encuentran el Reino Unido (32%), Canadá (23,9%), China (18,1%) e Italia (-10,5%). Incluso en Japón, Alemania y Estados Unidos el valor de la vivienda está por debajo del precio ideal: un -34,6%, un -12,9% y un -2,1% respectivamente.

Entre el resto de los 20 mercados analizados por el semanario económico británico, tan sólo Hong Kong, con un ratio entre el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres del 58,1%, y Australia, con un 63,2%, superan el dato registrado por el sector inmobiliario español.

Por otra parte, el semanario económico también analiza la evolución de los precios de la vivienda registrada en los últimos años en estos 20 mercados clave y constata que, a diferencia del "mar de porcentajes negativos" de 2009, sólo cuatro países registraron descensos en el precio de la vivienda en el tercer trimestre de 2010.

En concreto, los precios de la vivienda descendieron en Italia (-2,8%), España (-3,4%), Japón (-4,9%) e Irlanda (-17%). Sin embargo, 'The Economist' también resalta que únicamente ha empeorado en este periodo "la catástrofe inmobiliaria de Irlanda", ya que España e Italia han visto moderarse estos descensos con respecto a las cifras de hace un año, cuando los precios bajaron un 8,3% y un 3,8% respectivamente.

En este sentido, considera que los datos muestran una "separación habitual" entre los países más fuertes de Europa y los periféricos, ya que, frente a los descensos de Irlanda, España e Italia, Alemania y Francia han cambiado ya de tendencia y los precios de la vivienda comienzan de nuevo a subir, en concreto un 4,8% y un 6%, respectivamente.

En el caso del Reino Unido, destaca que el ritmo anual de apreciación de los precios en el mercado inmobiliario del país se ha ralentizado desde el verano, lo que hace temer nuevos descensos, dado que el precio de la vivienda británica está bastante sobrevalorado.

Los mayores aumentos en los precios de la vivienda, al igual que en el informe publicado en julio, se produjeron en Asia, con Singapur (+23,1%), Hong Kong (+20,6%) y China (+9,1%) a la cabeza, junto con Australia (+18,4%). Además, la publicación muestra su sorpresa por que China subiera el pasado mes de octubre los tipos de interés y no hiciera lo mismo Australia, donde la vivienda está mucho más sobrevalorada.




* Información - EP. - 24.10.10
Foto: Se vende o alquila (Seseña archivo) - elpais.com

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Los Verdes exigen a Aguilar la "demolición total" del Algarrobico y que demuestre "sus intenciones verdes"

EUROPAPRESS/Almería* : El portavoz de los Verdes de Andalucía, Mario Ortega, ha exigido este domingo a la nueva ministra de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, "que de muestras objetivas de un cambio de posición en materia de ecología política", empezando por la "demolición total" del Algarrobico. Asimismo, entre las medidas planteadas por Los Verdes en un comunicado le piden que proponga "un plan de cierre de las centrales nucleares así como el bloqueo al crecimiento de la superficie de transgénicos en España, si dice ser verde que lo demuestre", sentencia Ortega.

En este sentido, ha calificado el nombramiento de Aguilar como "una huída hacia adelante de Zapatero para dañar las posibilidades de crecimiento de una alternativa política verde en España".

Y es que Ortega "no se fía" de las verdaderas intenciones de Rosa Aguilar, ya que considera que quiere "desactivar el crecimiento del proyecto Equo, liderado por Juantxo López de Uralde, con palabritas dulces, aquí en Andalucía hubo siempre mucha distancia entre lo que decía y lo que hacía, en Córdoba siempre estuvo próxima a constructores como Sandocan y a la cúpula eclesial que llevó a la catástrofe a CajaSur".

Por ello, Ortega ha criticado el pasado político de la nueva ministra del MARM pues "durante su breve etapa de consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha seguido potenciando actuaciones insostenibles en materia de movilidad y ha consentido sin oponerse los decretos de campos de golf y de parques naturales que desactivan la posibilidad de caminar hacia un modelo sostenible sin depredar el territorio, con esas alforjas nada podemos esperar de Rosa Aguilar."




* Europa Press - 24.10.10
Foto: Almería, conferencia EQUO - europapress

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Valencia.- El comprador del solar de las torres de Calatrava está obligado a construir 450 VPO

LEVANTE* : El futuro comprador del solar donde Calatrava preveía construir los tres rascacielos y que ahora el Consell quiere vender estará obligado a construir 450 VPO, según marca el planeamiento de la zona y obligan varias sentencias que se han dictado. Si no se incluyeran esta casas baratas en el futuro desarrollo del solar, los antiguos propietarios de estos terrenos que se expropiaron para construir la Ciudad de las Artes y las Ciencias podrían reclamar la reversión del suelo por vía judicial. La exigencia de VPO tiene su origen en una sentencia que ganó la Asociación de Promotores en 1998.

Como se recordará, la Ciudad de las Artes y las Ciencias se inició durante la etapa socialista con una torre de telecomunicaciones, l'Hemisfèric, el Museo de las Ciencias y un área urbanizable de 119.883 m2 de techo con suelo para colegios, servicios públicos y zonas verdes. Los suelos se obtuvieron por expropiación. La Generalitat quiso incluir usos terciarios (comercios y restaurantes) en la torre, cambio que recurrió la Asociación de Promotores en 1993. El TSJ les dio la razón en 1998, confirmada en 2000 por el Supremo, porque "no se pueden autorizar un cúmulo de usos privados (las tiendas) totalmente incompatibles con el carácter de servicio público" del proyecto. La Generalitat, ya con el PP, redactó un nuevo plan parcial de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para sustituir la torre por el Palau de las Arts, introducir l'Oceanogràfic y eliminar las reservas dotacionales que existían (los colegios y servicios públicos). La única justificación de interés social que se hizo, para cumplir la sentencia del Supremo, fue incluir en el total de la edificabilidad residencial y terciario 45.000 m2 de techo unas 450 viviendas de protección oficial.

De hecho, una sentencia del TSJ de 2003 denegó a un propietario expropiado la reversión de los terrenos en Cacsa porque "se justifica el interés social" en la zona "porque se construirán 450 viviendas protegidas".

Por otra parte, la mayor parte de los edificios que la Generalitat pondrá a la venta para cuadrar sus cuentas se adquirieron todos durante la etapa del gobierno socialista de Joan Lerma en la Generalitat. El antiguo hospital de La Cigüeña lo compró la Generalitat a mediados de los años 80 a la Caja de Ahorros de Valencia. El de la calle Colón se adquirió a finales de los 80 y sufrió una profunda remodelación, con sobreelevado incluido, que se inauguró a principios de los 90. El local de la calle Nàquera es el que alberga el Instituto de la Dona.

"Venden patrimonio para pagar facturas de la corrupción"
El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, aseguró ayer que la Comunitat Valenciana "vive en un estado de alarma" y que el Consell "pone en venta el patrimonio de los valencianos para pagar las facturas de la corrupción". Para Alarte, "este estado de alarma por el futuro de la Comunitat tiene un culpable claro: un gobierno que decide vender las sedes de sus conselleries para pagar las facturas de la corrupción". Según un comunicado del PSPV-PSOE, Alarte recordó en su intervención en el comité federal del PSOE en Madrid que la C. Valenciana cuenta "por cien los imputados y son innumerables los casos de corrupción". A su juicio, está en juego "la democracia", y ha asegurado que "el cambio será posible", y se hará "desde la humildad, el convencimiento, el compromiso y la decisión colectiva de los socialistas valencianos de dar la batalla" y no amilanarse "ante tanta desvergüenza e indecencia".




* Levante - 24.10.10
Foto: Las tres torres proyectadas por Calatrava junto a la Ciudad de las Artes, en una recreación.- levante

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La dualidad del urbanismo sostenible

RAMÓN IGLESIAS PÉREZ* : A raíz de las declaraciones de la entonces ministra Corredor -hoy secretaria de Estado- sobre la supresión de ayudas, es necesario reflexionar sobre la VPO y el urbanismo en Andalucía más allá de los efectos inmediatos que tales medidas traerán consigo. Desde la promulgación de la famosa Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía hasta la reciente aprobación por el Parlamento andaluz del Reglamento de Disciplina Urbanística se ha trabajado en una doble dirección: conseguir un desarrollo sostenible respondiendo a la realidad territorial, económica y social de Andalucía, y regularizar el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y dar respuesta al artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna. Muchas veces el deseo no encuentra acomodo en la contumaz realidad que nos ha sobrevenido.

Paralela y contradictoriamente a la avalancha normativa, se implantan una serie de medidas que conducen a un callejón sin salida e impiden dar cumplimiento a uno de los objetivos centrales de la política urbanística: la disposición de suelo a precio apropiado para vivienda protegida.

Las distintas consejerías y organismos de la Administración (Medio Ambiente, Vías Pecuarias, Agencia Andaluza del Agua...) han exigido medidas desorbitadas que han incrementado considerablemente los costes de urbanización.

Respecto a las compañías eléctricas, se legisla mediante R.D 1995/2000 para compensar el ya entonces déficit tarifario y que el promotor, público o privado, ejecute a su costa toda la infraestructura en todo tipo de suelos. Además, se consiente que las compañías de agua y saneamiento impongan sus exigencias sin dar opción a contrapropuestas razonables.

Continúan en este festín de incremento de costes muchos PGOU, cuyos redactores, contagiados por la alegría de la década prodigiosa, no han sido conscientes de la realidad económica de Andalucía, ni del poder adquisitivo de su población. Han diseñado, sobrepasando las exigencias del planeamiento vigente, unos sistemas generales constituidos por reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que, a veces, no responden al más común de los sentidos, disparando con una pólvora que, una vez aprobados definitivamente, es difícil desactivar.

Muchos ayuntamientos se han financiado con el "urbanismo sostenible" y han negociado con los promotores, en función de las ayudas y las expectativas creadas, porcentajes de VPO mayores que los que fijaba la propia ley.

La anunciada derogación de las ayudas a la urbanización de suelo es un problema añadido al promotor que, por imposición legal, ha de tener fijada fecha para su ejecución bajo amenaza de expropiación por incumplimiento.

Todo lo anterior se ha gestado durante años en el autoengaño de que éramos un país rico, que los precios de la vivienda libre podían financiar todo tipo de sobrecostes y además -la cuadratura del círculo- obtener suelo para vivienda protegida cuya repercusión no podía exceder el 15% del precio de las mismas, según el art. 15 del Plan de Vivienda. Pero llegó la crisis y mandó parar.

Al mismo tiempo, se produce una dualidad difícil de comprender y que sitúa a los ciudadanos en desigualdad ante el Estado de Derecho. Los instrumentos de disciplina urbanística se muestran ineficaces ante las múltiples infracciones producidas que deterioran el territorio de manera irreversible. Los promotores que acatan la maraña legislativa soportan sobrecostes inusitados y años de tramitación. Si es difícil entender la tolerancia del pasado, más descorazonador es, si cabe, lo que nos espera con el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística que, en aras del reconocimiento de una situación de facto, intenta normalizar generosamente la situación de desaguisado existente; desde Ayamonte hasta Carboneras, pasando por Chiclana, donde quedarán fuera de ordenación sólo 94 de las más de 15.000 viviendas ilegales, y Marbella con su renombrado caso Malaya, tenemos sobrada muestra de que la excesiva regulación no impide la especulación ni conduce a un desarrollo urbanístico sostenible.

Ante este inimaginable escenario se impone una reflexión sobre los excesivos condicionantes urbanísticos, jurídicos y técnicos pensados en el momento del boom y que ahora hacen inviables algunos de los planeamientos. Es necesario desregular todo lo que no aporte valor y simplificar los procedimientos administrativos. Suprimir las ayudas para la transformación de suelo para VPO es una temeridad, ya que hace aún más inviable los sectores dedicados a la vivienda protegida. Y, por último, es imprescindible acabar con la inseguridad jurídica que conllevan los cambios de normativa, producidos con inusitada frecuencia, para reconstruir un clima de confianza tan necesario en estos momentos.





* Diario de Sevilla - Opinión - 22.10.10

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Urbanismo avala la independencia de los técnicos que paralizaron Barreiros

ELPAÍS/Lugo* : El PP sufrió ayer un revés en el Parlamento frente a su tesis de que las actuaciones de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) en la anterior legislatura contra el hipertrofiado urbanismo de Barreiros (Lugo) respondieron al "dirigismo político" del bipartito. Los populares convocaron a la secretaria general de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, para que confirmase sus sospechas, pero se encontraron con que esta defendió la imparcialidad de los técnicos de la APLU. "La necesaria independencia de los informes emitidos por los funcionarios correspondientes [de la APLU] está salvaguardada", le espetó Rivas al popular Román Rodríguez.

El Ayuntamiento de Barreiros dio en un año licencias para levantar 5.800 pisos en el municipio de A Mariña, donde viven 3.300 personas. El bipartito impugnó permisos para 3.700 de ellos, tras suspender el planeamiento municipal por su falta de adaptación a la ley de ordenación urbanística, que estaba obligado a acometer el Gobierno local. Con el relevo en la Xunta en 2009, la actitud del Ejecutivo cambió hasta el punto de facilitar un convenio con los promotores y la Diputación de Lugo por 14 millones de euros para legalizar y dotar de servicios básicos a las edificios, aun cuando la fiscalía decidió imputar al alcalde y tres concejales por prevaricación al conceder las licencias.

Pese a lo anterior, el PP entiende, como reiteró ayer Rodríguez en el Parlamento, que con el bipartito existió "una estrategia politica en materia urbanistica con usos torticeros para perjudicar a municipios del PP y sembrar sospechas de que unos alcaldes hacen las cosas mal y otros no". El mismo argumento lo utilizó el pasado 3 de octubre el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, en una entrevista con La Voz de Galicia. "El bipartito usó el urbanismo con sectarismo político. ¿Por qué actuó en Barreiros y no en Viveiro?", dijo entonces.

En su pregunta de ayer, Rodríguez señaló como indicios claros para avalar su opinión que algunos de los técnicos que certificaron que los suelos en que se levantaron muchas promociones de Barreiros no reunían los requisitos para ser considerados como urbanos consolidados no habían comprobado las características del terreno in situ, sino con mapas. Rivas señaló que los técnicos tendrían que haberse desplazado al lugar -"todas las cautelas para impugnar son pocas", indicó- pero descartó cualquier veleidad manipuladora. "La APLU se rige por un plan de actuacion que se aprueba todos los años por su consejo, donde está representada la Fegamp [Federación Galega de Municipios e Provincias], que da fe de la imparcialidad de la actuación" aseguró, contradiciendo a su jefe en la Consellería. "Soy funcionaria y estoy sujeta al Estatuto Básico del Empleado Público, como el personal de la APLU y todos los funcionarios", remachó.

Tras la intervención de Rivas, la comisión de Ordenación Territorial siguió durante otras dos horas. En la última cuestión, la socialista Carmen Gallego interrogó al secretario general de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito. Gallego pidió la palabra tras finalizar su segunda intervención el secretario, pero el presidente de la comisión, el popular Daniel Varela, se negó. "No tiene usted la palabra, señora, respete usted las reglas de juego democrático", gritó, y levantó la sesión dando un manotazo en la mesa. "Usted no deja hablar a los diputados", quiso protestar la socialista a continuación, a lo que Varela replicó: "Para hablar vaya usted a la taberna". Más tarde retiró la "desafortunada" expresión a través de una nota de prensa en que lamentó "que se pudiese considerar ofensiva".




* El País - 22.10.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios 1º línea - lavozdegalicia.es

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El caso del 'hotel Millet' endurece los trámites urbanísticos en BCN

ELPERIÓDICO* : El caso del hotel del Palau, también conocido como hotel Millet, en referencia a su promotor -Fèlix Millet, el expresidente del Palau de la Música-, será a las tramitaciones urbanísticas lo que supuso el hundimiento del Carmel para la obra pública. A la espera de que la demanda judicial siga su curso, ya se conoce el borrador del dictamen de la comisión municipal que ha investigado los hechos. El texto, elaborado por el bipartito y al que los partidos pueden aportar enmiendas, pide que, en las futuras tramitaciones de modificaciones del plan general municipal (PGM), se exijan nuevos requisitos con el fin de evitar algunos de los fallos detectados.

La intención del bipartito es presentar al pleno, el próximo viernes, este borrador ampliado con las aportaciones de los partidos y también las conclusiones propias de cada fuerza política. De manera única e indisoluble. Y la tormenta no ha tardado en estallar, por cuanto tanto CiU como el PP se oponen a este método que da preeminencia a unas conclusiones que, según ellos, son falsamente de todos, pues en realidad «son del Gobierno municipal».

MANO TENDIDA A LOS PARTIDOS / El bipartito, por su parte, considera que ha tendido la mano a todos los partidos, ya que establece unos criterios para el futuro en lugar de enrocarse en las conclusiones de la auditoría externa encargada en su día, que eran, a diferencia del texto en sí, bastante favorables al Ejecutivo local.

Lo cierto es que, más allá de la pugna política, el documento del propio bipartito admite «la importancia política, que no judicial», de conocer quién es el propietario de una finca a recalificar, por lo que, a partir de ahora, se exigirá un nuevo documento, el del pertinente registro, para realizar una recalificación.

Otro punto candente es el de la «insuficiente» motivación de la recalificación de las fincas donde se quería construir el hotel. Dicho de otro modo, el interés público no quedaba suficientemente demostrado. Para evitar que se repita dicha situación, en el futuro se deberá presentar un documento previo de criterios y objetivos de la propuesta donde se expliciten los motivos que llevan a solicitar la recalificación. Además, cuando la petición provenga de una fundación o asociación, se exigirá que un representante de esta comparezca ante la comisión de Urbanismo para detallar las razones.

Finalmente, para impedir que las entidades realicen labores de lobi, a la manera estadounidense, se reclama que quede constancia de cualquier contacto entre la institución en cuestión y cualquier partido.





* El Periódico - 24.10.10
Foto: Fachada del Palau de la Música, en la confluencia de Sant Pere Més Alt y Amadeu Vives.- elperiodico

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Los arquitectos piden un tratamiento «conjunto» y «coherente» de los terrenos de Naval Gijón

LNE* : La transformación urbanística de los terrenos de Naval Gijón no sólo preocupa a los vecinos del entorno más inmediato. Los arquitectos asturianos también miran hacia la fachada marítima de Poniente y dedican a esta actuación una de las alegaciones que su Colegio profesional ha presentado contra el nuevo Plan General de Ordenación. Para empezar, «en la aprobación inicial del PGO no aparecen referencias acerca de un posible plan especial de tratamiento del frente marítimo en la zona de astilleros».

El Ayuntamiento tiene la intención de mantener el uso industrial de los terrenos que han quedado libres con el cierre de Naval Gijón. Su idea es convertir el solar en un parque empresarial como el de Cabueñes, vinculado a la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías. Aunque el equipo de gobierno ha hecho públicas las líneas generales de su proyecto, técnicos y vecinos echan en falta que los detalles se concreten por escrito, para saber a qué atenerse.

«Proponemos la ordenación de este ámbito de forma conjunta y coherente, incluyendo la continuidad de los espacios libres públicos del borde costero», plantea el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias en su escrito de alegaciones. Y advierte: «Hay que tener en cuenta, además, que esta actuación representa una oportunidad histórica para Gijón, que no se debería desaprovechar».

El grupo de trabajo de Urbanismo, encargado de analizar en detalle el documento inicial del PGO, también hace aportaciones en relación a la política de vivienda o el diseño sostenible de la ciudad. Según el Colegio de Arquitectos, no debería establecerse el mismo porcentaje de vivienda protegida en todos los ámbitos de actuación, «para fomentar la diversidad y facilitar la cohesión social y el equilibrio territorial, tal como recoge la ley Estatal del Suelo».

Este colectivo profesional, parte activa en el proceso de ordenación y diseño de las ciudades, aconseja una revisión del PGO que «responda a las expectativas reales de desarrollo del concejo, articulando políticas de sostenibilidad, y con un uso adecuado y ponderado del suelo». Como punto de partida se considera necesario manejar los datos de vivienda del período 2005-2009 y no los de la década completa, como ocurre en el PGO.

En cuanto a la sostenibilidad, el Colegio de Arquitectos tiene mucho que decir. Entre sus propuestas, la de «minimizar el despilfarro, reduciendo los crecimientos excesivos y evitando el asilvestramiento del territorio»; promover espacios urbanos confortables, con transporte eficiente, edificios autosuficientes a nivel energético y sistemas colectivos de abastecimiento, o la de potenciar la política de recogida y reciclaje de residuos.

Se apuesta, además, por la regeneración del tejido urbano, instando al Ayuntamiento a que estimule las operaciones urbanísticas encaminadas a la rehabilitación. Los arquitectos asturianos incluso ponen sobre la mesa la posibilidad de que ese apoyo público se materialice «en «beneficios fiscales o subvenciones, en los casos en que sea justificado». También se muestran partidarios de «actuaciones concretas de reforma interior, bien para procurar la rehabilitación integral del parque edificado o bien para ensanchar las calles con el objetivo de facilitar su soleamiento».

Su lista de alegaciones hace una radiografía urbanística de la ciudad en la que también se presta atención a los núcleos rurales, uno de los asuntos espinosos del nuevo Plan General. El Ayuntamiento debería realizar, según el Colegio de Arquitectos, «una revisión más profunda en la delimitación de los núcleos rurales, subsanando incongruencias y señalando los terrenos que sí son edificables para evitar posibles errores de interpretación». Y señalan, asimismo, la conveniencia de introducir en el planeamiento la categoría de suelo «común», que permitiría ponderar el terreno rural en función de sus valores.




* La Nueva España - 24.10.10
Foto: Las instalaciones de Naval Gijón, entre los edificios de la urbanización de Poniente.- lne

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La retirada del saneamiento de las playas encalla en la Costa del Sol por falta de financiación

SUR/Málaga* : Si han podido esperar cuatro décadas, también podrán hacerlo algo más hasta la llegada de tiempos mejores, económicamente hablando. Ése es el planteamiento que al parecer han acuñado el Gobierno central y la Junta de Andalucía respecto al proyecto para retirar las redes de saneamiento de las playas en varios puntos del litoral occidental de la provincia y trasladarlas a las carreteras más próximas. La actuación, encaminada a evitar vertidos por la rotura de colectores y tuberías, y de paso borrar de la arena las arquetas para beneficio de la imagen turística y de los bañistas, lleva un año y medio esperando dar el salto de la burocracia a los hechos.

Ése es el tiempo que ha transcurrido desde que la empresa pública Acosol (dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental) elaboró el proyecto para que las canalizaciones que transportan las aguas residuales desaparezcan de las playas donde resultan más problemáticas, caso de Fuengirola, Marbella y Estepona.
La pelota está ahora en los tejados del Ejecutivo autonómico, encargado de licitar los trabajos; y, sobre todo, del Ministerio de Medio Ambiente, de donde deberán salir los 60 millones de euros necesarios para su ejecución. Un dinero que permitiría no sólo acabar con la fragilidad de las tuberías por su proximidad al mar o los continuos desplazamientos de dichas canalizaciones causados por los temporales y que acaban generando vertidos de aguas fecales; sino que además serviría para sacar el saneamiento del limbo jurídico en el que se encuentra por ocupar parte del dominio público marítimo-terrestre, puesto que pasará a suelo de competencia municipal. Asimismo, los últimos beneficiarios serían los bañistas, que ya no tendrían que compartir toalla con los colectores (cada vez más visibles) y las estaciones de bombeo.
Según los planes iniciales, la actuación se acometería por tramos. En Fuengirola, los trabajos consistirían en retranquear hasta la carretera (se ha descartado su ubicación bajo el paseo marítimo por los costes y molestias que generaría) todas las tuberías que jalonan los siete kilómetros de litoral, además de el desplazamiento tierra adentro de la estación de bombeo situada junto a la pasarela peatonal que cruza la desembocadura del río Fuengirola.
En el caso de Estepona, la propuesta de Acosol también comprende la práctica totalidad del litoral, con especial incidencia en El Saladillo, donde son habituales las roturas por la fuerza del mar. Por último, en Marbella está prevista una doble actuación en el tramo que discurre entre Los Monteros y Bahía Marbella y entre Guadalmina y Las Petunias, ya en San Pedro Alcántara.




* SUR - 24.0.10
Foto: La estación de bombeo situada junto a la desembocadura del río Fuengirola se desplazará tierra adentro - sur

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Cada vecino de una urbanización de Lliria pagará 33.000 euros por un PAI

LEVANTE/Valencia* : Nos van a llevar a la ruina", "acabaremos viviendo bajo un puente" o "les doy las llaves y que se queden mi casa". Son las declaraciones de algunos vecinos de la urbanización Edeta de Llíria ante la insistencia del consistorio de sacar adelante el proceso urbanizador del PAI por gestión indirecta. Esto, explican, supondría el "ahogo" económico de los propietarios, al obligarles a endeudarse una media de 33.000 euros por parcela. "Somos parados, trabajadores o jubilados y no nos pueden hacer pagar de golpe tanto dinero en plena crisis", advierte Maite Coscollá, presidenta de la Unión de Propietarios.

La Unión solicitó en el pleno en septiembre la paralización del proyecto, para lo que adjuntaron las firmas de 65 propietarios, en representación del 56% de los vecinos. La concejala de urbanismo, Remedios Mazzolari, expresó "serias dudas" sobre la procedencia de algunas de dichas rúbricas. "Nos hemos molestado en comprobar esas firmas y en mirar el registro catastral y el proyecto de reparcelación, y la mayoría de esas firmas están duplicadas", declaró tal como recoge el acta a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
Ante esta situación la asociación volvió a presentar las firmas en el ayuntamiento demostrando, según Coscollá, la falsedad de las palabras de la regidora. El PSPV junto con Compromís presentó el jueves una moción para aclarar si las firmas son las correspondientes a la mayoría de vecindario y solicitando la suspensión temporal hasta que se esclarezca, para lo que solicitaron que se creara una Comisión Informativa de Urbanismo.

La concejala se comprometió a convocarla aunque sin fecha, pero el pleno votó en contra de paralizar el proceso. La Unión advierte que si no llegan a un acuerdo pronto llegarán al contencioso.





* Levante- 23.10.10
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es

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Quién vigila al vigilante

HÉCTOR BARBOTTA/Marbella* : El oscuro episodio en el que se vio inmerso un grupo de investigadores privados de la Costa del Sol después de realizar para un cliente un informe sobre el entorno societario de Juan Antonio Roca es la mejor muestra de que lo sucedido en Marbella no se agota en el juicio del 'caso Malaya'. La denuncia estremece. Tras conocerse en altas instancias del Estado que los detectives habían reunido en el ejercicio de su actividad datos sobre el entonces todopoderoso asesor de urbanismo, los autores del informe fueron detenidos, interrogados acerca de la información con la que contaban, sus viviendas y oficinas minuciosamente registradas y finalmente acusados de gravísimos delitos en causas que, una vez pasada la tormenta, fueron sobreseídas. Incluso se pincharon teléfonos de personas que nada tenían que ver con sus actividades ante la sospecha de que también pudieran tener información.

Todo sucedió una semana antes de que se desencadenara la 'operación Malaya' y los afectados, que han denunciado los hechos ante la justicia, apuntan al comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, como la persona que podría haber estado detrás de este suceso.
¿Quién vigila al vigilante? Esa es la pregunta que surge apenas se conocen los datos de este inquietante episodio, y es la misma que las defensas en el juicio del 'caso Malaya' parecen interesadas en que sobrevuele sobre toda la causa.
Pero si en el primer caso el interrogante podría servir para avanzar en terminar de atar los cabos sueltos que aún perviven casi cinco años después de iniciarse la investigación, en el segundo la intencionalidad se dirige en el sentido contrario: que 'Malaya' no acabe siendo más que una maraña de cabos sueltos con mucho ruido mediático y pocas o ninguna condena.
Para ello, desde el comienzo del juicio los abogados no han hecho más que atacar la instrucción, y a medida que han avanzado las jornadas las acusaciones contra el juez instructor y contra los policías que dirigieron la operación han ido subiendo de tono. No ha faltado nada: la acusación de haber presionado a los detenidos -la palabra tortura se escuchó varias veces en el tribunal-, la insinuación de que se alteraron pruebas, la utilización del término 'fascistoide' para referirse a la instrucción y el argumento repetido una vez, y otra, y otra, de que las declaraciones de los concejales cuando admitieron ante el juez haber cobrado de Roca fueron obtenidas bajo presión. De momento sólo se han lanzado acusaciones sin aportar pruebas. Lo mismo de lo que acusan al juez y a la policía, pero eso sí, en este caso en el ejercicio de la defensa.
No es un derecho que pueda ser cuestionado, aunque en su ejercicio se concluya que la 'operación Malaya' no fue más que un gran montaje, que no hubo grabaciones en las que se comprobó que se amañaban los concursos públicos, que no se encontraron sobres con fajos de 500 euros en las viviendas de los concejales, que las fincas, los yates y las jirafas disecadas eran producto del ahorro de toda una vida, que la Policía Local cumplía con prontitud las órdenes de paralizar obras ilegales y que el Ayuntamiento de Marbella era un bálsamo de legalidad, un modelo de gestión, un ejemplo de servicio al ciudadano hasta que unos impostores con uniforme azul irrumpieron en los despachos y comenzaron a detener concejales.
Cuesta entender en qué condiciones un detenido pudo haber creído que si confesaba un delito que no había cometido iba a correr mejor suerte que proclamando su inocencia. Es un argumento difícil de creer, y aunque en ningún caso debe cuestionarse que los acusados se defiendan como crean conveniente, no está de más recordar que así como estos tienen derecho a la presunción de inocencia, también al juez instructor, al fiscal y a los policías que investigaron el 'caso Malaya' les asiste el derecho a que no se les llame torturadores.




* SUR - Opinión - 24.10.10

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