COTIZALIA* : Si el auge de las ciudades trajo consigo la proliferación de pueblos fantasma, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha provocado el fenómeno de los edificios 'zombie'. Esta es la expresión que utiliza el WSJ para referirse a las imponentes edificaciones en España que se han convertido en gigantes vacíos y deteriorados.La Torre Lugano, en Benidorm, es el prototipo de esta situación. El rascacielos residencial más alto del país atrajo en su día a constructores con sus muchos encantos: fachada acristalada, ascensor transparente y vistas a las aguas del mar Mediterráneo. Ahora la realidad ofrece una imagen muy distinta y poco idílica: garajes y servicios se hallan desbordados por aguas residuales, las corrientes de aire en las viviendas son habituales y los residentes se ven obligados a ducharse en baños comunitarios porque las tuberías de sus apartamentos están dañadas.
El rotativo detalla que "hay 1,5 millones de unidades residenciales inacabadas, sin vender y aisladas a lo largo de la Península, producto de una burbuja inmobiliaria devaluada que amenaza con minar la economía en los próximos años". La resaca de la fiesta que celebramos 'cuando pensábamos que éramos ricos'.
Largo tiempo para la recuperación
Ahora, "la capacidad de España para recuperse es una prueba vital de la futura estabilidad de la moneda y la salud económica europea", explican en el artículo. España es la cuarta economía de la zona euro, lo que representa aproximadamente el 11% de la producción total de la zona. Con estos datos, la incertidumbre y la presión atenazan la deuda y los presupuestos españoles. El rotativo no deja de hacerse eco de los recortes acometidos por Zapatero, de la huida por parte de inversores extranjeros y de la rebaja de rating por parte de las agencias de calificación. Y es que la recuperación llevará su tiempo.
Los economistas calculan que en un mercado inmobiliario 'saludable' costaría por lo menos tres años deshacerse de todas las viviendas con el cartel de for sale que fueron construidas durante el 'boom'. Mucho más tiempo tardará la economía en general en despertar de este mal sueño, que es real, y sobre todo, la de los consumidores.
Casi todos lamentan los tiempos en que el exceso y el lujo eran los mandamientos del mercado, porque ahora toca pagar los pecados. Como ejemplos, el ártículo cita el aeropuerto de Ciudad Real -sin usar y con millones de deuda encima- y el recinto ferial construído en Zaragoza para la Expo del Agua -vacío dos años después-.
Viviendo entre chapuzas
Pero en la joya de la costa valenciana, en ese pequeño skyline que es Benidorm, es donde mejor se observa este efecto. La promoción de Torre Lugano -que correspondía a un proyecto joint venture de Acciona y Bancaja- se realizó en 2003, con un precio para los apartamentos que oscilaba entre los 180.000 y los 710.000 euros. Estos tenían acceso a pistas de tenis, piscina, parque infantil y gimnasio.
Pero en 2006 llegaron los problemas y las promotoras informaron a los compradores de que los constructores no iban a cumplir los plazos de ejecución porque el auge en la costrucción había provocado una escasez de mano de obra y materiales. A esto se unió que la crisis global dio sus primeros golpes a la economía española. Resultado: más de un tercio de las viviendas de la torre no se vendieron.
Las que sí lo hicieron acogen ahora a familias desencantadas y víctimas de un engaño. Una fachada pulida que se suponía iba a asemejarse al mármol es hormigón rugoso pintado de blanco; los accesorios de metal en las zonas al aire libre han sido corroídos por la sal y ahora son meros hierros oxidados; una alarma contra incendios se desconecta y se dispara por error decenas de veces en un solo día; las paredes de yeso carecen de la insonorización prometida, lo que permite a los residentes escuchar las conversaciones o discusiones de los apartamentos vecinos -en el caso de que estén ocupados-. La lista de despropósitos es interminable. Y los gastos para hecerles frente, incontables.
Denuncia contra Acciona
La asociación de residentes en Torre Lugano dice, según WSJ, que ha gastado 900.000 euros en los últimos dos años en reparaciones de las áreas comunes y recientemente aprobó un presupuesto que incluye 400.000 euros más para más arreglos y costes asociados con la demanda que han interpuesto contra los promotores.
La denuncia contra Acciona y bancaja es de 28,2 millones de euros por "defectos de construcción". Dicen que esa es la diferencia entre el valor del edificio si lo habrían construido tal y como lo prometieron y el valor actual de lo que les vendieron: un gigante de la estafa.
* Cotizalia - 16.09.10
Foto: Vista de la aglomeración de edificios en la costa de Benidorm.- cotizalia.com
'Zombie Buildings': en España hay 1,5 millones de pisos inacabados y sin vender
El ex alcalde de Alozaina acepta veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos
+-+malagapueblos.com.jpg)
SUR/Málaga* : El ex alcalde de Alozaina Antonio Blanco (IU) ha aceptado una pena de veinte años de inhabilitación por los dos delitos urbanísticos de los que le acusaba la Fiscalía de Málaga. Esta misma semana Blanco ha presentado su renuncia al acta de concejal, en representación de IU, cargo que ocupaba actualmente en el Ayuntamiento de Alozaina, según ha podido saber este periódico. La Fiscalía de Málaga imputó a Blanco en dos delitos urbanísticos cometidos en el ejercicio de su cargo como alcalde por conceder sendas licencias de obras, una de construcción y otra de reforma de vivienda en 2002 y 2003, en suelo rústico, por lo que pedía una condena de dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación.
Durante el juicio, la defensa del ex regidor y el fiscal sellaron un acuerdo de conformidad mediante el cual el ex alcalde se conformaba con una pena de inhabilitación para cargo público de veinte años.
La Fiscalía concluyó en su escrito de calificación provisional que las licencias concedidas por Blanco, que también fue vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Medio Ambiente, no eran legales porque tanto su construcción como su reforma se llevaron a cabo sobre suelo considerado rústico, que no es urbanizable en ningún caso. «Dichas licencias fueron concedidas con pleno conocimiento del acusado de que eran incompatibles con la normativa urbanística vigente».
Ediles de confianza
El Ministerio Público también solicitaba la misma pena, dos años de prisión, para dos de sus concejales de confianza durante su mandato, Salvador Arroyo, edil de Hacienda, y Salvador Chaves, responsable de Obras. Ambos formaban parte de la junta de gobierno local de Alozaina.
Esta misma semana Antonio Blanco ha decidido abandonar el Ayuntamiento de Alozaina, ahora gobernado por el PSOE, de cuya corporación municipal aún seguía formando parte como edil en representación de IU. Según han confirmado las fuentes consultadas, Blanco ya ha registrado su escrito de renuncia al acta de concejal.
Se trata del primer alcalde de IU condenado por un delito urbanístico. En la Axarquía son cinco los regidores, tanto del PSOE como del PP, que ya han sido sentenciados: Salares, Cómpeta, La Viñuela, Arenas y Canillas de Albaida. Precisamente el mandatario de este último municipio, Antonio Gregorio Díaz, ha iniciado los trámites para solicitar el indulto tras confirmar la Audiencia de Málaga la condena de siete años de inhabilitación que le impuso un juzgado de lo penal.
* SUR - 16.09.10
Foto: Alozaina (Málaga) - malagapueblos.com
PP y BNG se alían para reclamar que se legalicen los núcleos del litoral
,+n%C3%BAcleo+afectado+deslinde+Ley+Costas+-+lavozdegalicia.es.jpg)
LAVOZDEGALICIA* : El grupo que sustenta al Gobierno de la Xunta abrió ayer una nueva vía en el Parlamento para intentar legalizar los núcleos de población total o parcialmente afectados por el deslinde de Costas, donde el usufructo de la propiedad privada está en entredicho. El PP propuso que Galicia ejercite el derecho de iniciativa ante el Congreso con el fin de reformar la Ley de Costas y sacar estos enclaves del limbo legal en el que están. La propuesta fue secundada, aunque muy a regañadientes, por el BNG, pero se topó con el rechazo del PSdeG, al entender que lo que en realidad se estaba reclamando es «que se privatice o uso do litoral».
Por 50 votos a favor (los del PP y el BNG) y 25 en contra (los del PSdeG), la Cámara de O Hórreo aceptó a trámite una proposición de ley para remitir a las Cortes en la que se pide que los núcleos consolidados del litoral que existiesen antes de la Ley de Costas, es decir, antes de 1988, puedan ser legalizados. También se reclama que en los terrenos clasificados como urbanos antes de dicha fecha se puedan autorizar «novos usos e construcións», pero siempre que se respeten las servidumbres y estén conformes con los planes de ordenación municipal.
«Esta lei só beneficia a quen inxustamente pode perder a súa propiedade», manifestó el diputado popular José Fervenza, defensor de la iniciativa, y observado desde la tribuna por medio centenar de afectados por el deslinde de Costas procedentes de concellos como Moaña, Marín o Vilaboa, que al igual que los de A Pobra do Caramiñal, Ribeira, A Illa, Gondomar, Redondela, Dumbría, Ponteceso o Malpica tienen núcleos o construcciones particulares en situación alegal. Una de ellas es, por citar un ejemplo, la casa de la diputada socialista Carmen Gallego.
«Circo, circo, circo»
La portavoz de urbanismo del BNG, Teresa Táboas, atacó con dureza al PP por esta iniciativa, hasta el punto de acusarlo de «cinismo ideolóxico» por tramitarla en O Hórreo en vez de en Madrid. «Circo, circo, circo», repitió Táboas, antes de retar a los populares a que presentaran la misma iniciativa en el Congreso para tramitarla de inmediato, en vez de esperar dos años por esta vía.
Pero la crítica no impidió al Bloque sumarse a la propuesta, algo que no secundó el PSdeG. Su portavoz de urbanismo, Mar Barcón, advirtió de que la iniciativa popular no va a legalizar núcleos rurales del litoral, sino otra cosa: «Isto vai de business [negocios]», dijo, antes de remarcar que el PP lo que está pidiendo es la «privatización» del litoral, pero no puntualmente la legalización de los núcleos costeros. «Tentan consolidar o uso privativo do litoral», insistió, aludiendo a la renovación de las concesiones por 60 años que también invocan desde el PP.
Fervenza discrepó abiertamente y emplazó a Barcón a leer la prensa, «que é o primeiro que hai que facer pola mañá», matizó irónico, para aludir de esta forma a las noticias vinculadas con la vivienda particular de la socialista Carmen Gallego, que según el PP podría ser rescatada del derribo con esta ley.
* La Voz de Galicia - 15.09.10
Foto: La propuesta aprobada ayer pretende sacar del limbo legal a los núcleos litorales afectados por el deslinde de Costas (en la foto, el de Loira) - la vozdegalicia.es
Sevilla como litoral devastado
CARLOS COLÓN* : Apliquen a Sevilla lo que sobre el litoral decía en nuestro periódico Miguel Ángel Losada, director del Centro Andaluz del Medio Ambiente, y tendrán una descripción exacta de los daños producidos por un concepto erróneo de modernidad y progreso idéntico bajo la dictadura y la democracia. Tras evocar las playas salvajes de su infancia, le pregunta Charo F. Cotta: "Ahora lo salvaje es el urbanismo, ¿no cree?". Y Losada contesta: "Duele reconocer lo que se ha dejado atrás, lo que hemos perdido y que nunca volverá a ser; y no encontrar respuesta a las preguntas ¿por qué?, ¿para qué?, ¿ha compensado pagar este peaje?".
Tener memoria o ver fotografías de la Sevilla de hasta principios de los años 60 provoca un dolor y plantea unas preguntas que tienen idéntica respuesta: "Irresponsabilidad… Que todo valga con tal de generar una supuesta riqueza". En nuestro caso lo de la supuesta generación de riqueza valdría para el franquismo; porque ahora, además de estética y patrimonialmente, se arruina económicamente la ciudad con engendros como las setas, que duplican su presupuesto hasta alcanzar los cien millones de euros, a los que se suman los 3,6 millones que se pagarán a Sacyr por el alquiler del edificio de Hacienda.
Cuando se le pregunta a qué equipararía el deterioro de las costas, Losada contesta: "A un suicidio social, una pesadilla que ojalá nunca hubiese ocurrido, la destrucción de algo único e irrepetible". Buen resumen de lo sucedido en Sevilla en el último medio siglo, desde que todo se inició con los pisos de la calle Imagen hasta que todo se consuma allí con las setas. Suicidio social es destruir lo único e irrepetible, privar a una ciudad de su memoria cotidiana, arrancarle su corazón histórico, despojarla de los referentes que hacen ciudadanía y convertirla en un contenedor sin capacidad de acogimiento. Losada se refiere a la naturaleza; yo, a esa segunda naturaleza que para Marx era la cultura.
"Cuando veo un acantilado ocupado por unas construcciones, calculo (con amargura) los años que les queda a las viviendas antes de deslizarse hacia el mar", dice Losada. Cuando veo lo que se ha hecho y está haciendo (o dejando de hacer) en el centro y los barrios, pienso en los años que les queda a sus habitantes antes de deslizarse en la marginalidad, en unos casos, el desarraigo de toda cultura, en otros, y la apatía cívica, en todos. Preguntado por la corrupción como causa de este deterioro, Losada afirma: "Corrupción no es sólo saltarse las leyes para enriquecerse, sino ignorar principios básicos: éticos, ambientales, sociales". Aplíquese a Sevilla.
* Diario de Sevilla - Opinión - 14.09.10
Foto: sevilla_global (archivo) - hackitectura.net
El Consell debe 400.000 euros a vecinos de casas sociales de Gandia que pagaron unas obras
,+plaza+Escuelas+P%C3%ADas+-+pueblos-espana.org.jpg)
LEVANTE/Valencia* : Mientras el conseller de Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, visitaba ayer en Gandia las obras de rehabilitación del grupo Porta, los vecinos denunciaban que llevan tres años esperando cobrar las ayudas que, el Consell, les adeuda por las obras que realizaron en sus viviendas. Y es que, los residentes en este grupo de viviendas son personas modestas que han tenido que abonar de sus bolsillos el coste de las obras a la espera de recibir la subvención que la Generalitat Valenciana les prometió. Unas ayudas que, en global, ascienden a 400.000 euros y que los vecinos obtienen como única respuesta la frase de "está en trámite".
José Todolí es un vecino de 80 años de edad que reside en una de las viviendas reformadas. Ayer explicó a Levante-EMV que lleva tres años esperando cobrar la ayuda de 9.500 euros. "Yo contraté a los obreros, les pagué y presenté las facturas en la oficina que el ayuntamiento instaló en la zona" explica el vecino. Todolí se interesó por la ayuda y le indicaron que las facturas "habían sido todas aprobadas, que en poco tiempo me lo ingresarían". Y así pasó un año. De nuevo, José Todolí, se puso en contacto con los responsables de pagarle la subvención y le señalaron que "ahora ya se ha publicado y está aprobada la ayuda definitivamente". Pero el dinero no llegaba. Así hasta hoy, tres años después de las obras.
También deben al consistorio
Pero la situación no sólo afecta a los vecinos sino también al Ayuntamiento de Gandia, al que la Generalitat le adeuda sólo en esta obra del grupo Porta, 4,2 millones de euros. Así lo reconoció el alcalde Orengo a preguntas de Levante-EMV, al explicar que "nosotros hemos pagado y no hemos cobrado", recordando que el consistorio gandiense ha pagado "en un plazo inferior a 60 días" a las empresas que realizaron los trabajos. Orengo ha desvelado además que el Ministerio ya le ha pagado a la Generalitat.
No obstante, Orengo quiso quitar importancia al asunto al calificar que "no es un problema grave" que al Ayuntamiento de Gandia le deba la Generalitat más de cuatro millones de euros. "Estamos aguantando más de seis millones de deuda de la conselleria y nosotros tan contentos", dijo refiriéndose a que es asumible por parte del consistorio. Lo que no le parecía bien al alcalde es que, personas con pocos recursos, no hayan recibido las ayudas por lo que "pedimos a la conselleria que esos 400.000 euros sean abonados a los vecinos", recordando que "ellos confiaron en nosotros y en la conselleria para realizar las rehabilitaciones".
* Levante - 16.09.10
Foto: Gandía (Valencia), plaza Escuelas Pías - pueblos-espana.org
Urbanizaciones vacías
CARME MIRALLES-GUASCH* : En estos días de vacaciones, yendo a la playa, descansando lejos de la residencia cotidiana o circulando por carreteras poco habituales, en las periferias de muchas ciudades y pueblos hemos podido observar un fenómeno común: urbanizaciones vacías. Construcciones de grupos de viviendas, de tipología diversa, unifamiliares o plurifamiliares, de distintas alturas, algunas con jardín y otras no, donde no vive nadie, o casi nadie. Algunas acabadas y otras a medio construir, que conviven con grúas y materiales de la construcción abandonados. No hay alumbrado y, la poca gente que vive allí no tiene servicios, ni siquiera nombres en sus calles (siempre que estas existan. Es un paisaje de periferia urbana desolada, como si los operarios se hubiesen ido para regresar al día siguiente. Pero llevan meses sin aparecer. Son lugares abandonados que salpican las periferias de ciudades y pueblos. Es el paisaje del fin del boom inmobiliario, de fin de ciclo económico, de crisis.
A los pocos que viven allí les parece inaudito que les hayan abandonado a su suerte, que a ellos les haya sucedido esto. Les prometieron zonas comerciales, equipamientos, buena red viaria y, en algunas de ellas, incluso algún lujo.
Es un fenómeno idéntico en otras latitudes donde la burbuja inmobiliaria estalló. Irlanda tiene más de 300.000 viviendas vacías, la mitad de su parque inmobiliario. Algunas zonas de California están pensando en demolerlas y en recalificar los terrenos como no urbanizables.
Porque el problema, más allá de las familias atrapadas en estos lugares desamparados, está en qué hacemos con estas urbanizaciones. ¿Quién asume la responsabilidad y el coste de estos espacios urbanizados, sin habitantes? Y ¿hasta cuándo pueden estar unas viviendas vacías o sin terminar sin que se deterioren y con ellas sus alrededores?
Las periferias de nuestras ciudades se merecen entornos más cuidados y paisajes más armónicos. Igual la solución es deconstruir y recalificar los terrenos como no urbanizables o incluso darles un uso agrícola o de espacio verde. Lo que no se puede permitir es que los entornos de nuestras ciudades parezcan antiguos poblados del far west donde sólo corren motas de polvo.
El fin del boom inmobiliario nos ha dejado secuelas periurbanas bien visibles donde no sólo puede actuar el tiempo.
* Profesora de Geografía Urbana
* Público - Consejo Editorial - 15.09.10
Nules permitió 304 construcciones ilegales en la marjal después de declararla protegida
+,+vivienda+en+zona+h%C3%BAmedal+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Castelló* : La zona húmeda de Nules soporta a día de hoy más de 765 construcciones irregulares -que ocupan un total de 67.086 metros cuadrados- buena parte de ellas levantadas después de que el marjal se protegiera incluyéndolo en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Generalitat Valenciana. Estas alarmantes cifras son las principales conclusiones del censo de construcciones que sobre la zona húmeda ha realizado el Ayuntamiento de Nules como base para redactar un plan especial que permita "minimizar el impacto ambiental de las viviendas en el entorno", según explicaban ayer fuentes municipales.
El balance de construcciones fue presentado ayer en la última reunión del Consejo Asesor de la Marjaleria, órgano creado para hacer un seguimiento del plan especial solicitado por los vecinos de la zona después de que 56 de ellos recibieran otras tantas órdenes de derribo de sus viviendas remitidas por la Conselleria de Medio Ambiente.
La colaboración entre ayuntamiento y conselleria en el trabajo sobre la zona húmeda es constante pero no cabe duda de que será difícil encontrar un resquicio legal en el que amparar las construcciones irregulares levantadas en la zona húmeda después de que ésta quedara protegida por el catálogo: 304 construcciones entre 2002 y 2007, contabilizando viviendas, piscinas, cuartos accesorios o paelleros, todas sobre suelo rústico no urbanizable y protegido como zona húmeda.
"Si bien vamos a tramitar la defensa de todas las viviendas por igual, la realidad es que la aprobación del catálogo marca un antes y un después desde el punto de vista legal de afección de las viviendas que debemos tener en cuenta a la hora de conseguir su regularización", aseguraba ayer el alcalde, el popular Mario García.
Y podría haber más. Según anunciaron ayer fuentes municipales tras la reunión del consejo, todavía no se dispone de las imágenes aéreas de 2009, por lo que falta completar el censo, para lo que se ha pedido la colaboración vecinal. El cómputo total no debería, sin embargo, elevarse en demasía porque desde 2007, con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Nules, la permisividad que reinaba bajo el anterior gobierno de Salvador Górriz se agotó.
Consecuencias legales
El alarmante crecimiento urbanístico de la zona húmeda bajo gobierno de Górriz estaba ya siendo investigado por la Fiscalía de Castelló a raíz de una denuncia del grupo ecologista Gecen. El Fiscal llegó a pedir la imputación del ex alcalde, el secretario municipal y el que fuera concejal de Urbanismo, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y de prevaricación por haber "consentido" estas edificaciones después de la catalogación. Las órdenes de derribo ya interpuestas contra medio centenar de viviendas y que han sido el detonante del movimiento vecinal y de que se pidiera crear un plan especial son la consecuencia más directa y rápida de aquellas primeras investigaciones que ya pedían presentar denuncia contra unas 100 propiedades.
Mario García ha querido destacar que se ha realizado un trabajo muy "concienzudo", ya que se trataba de "describir al detalle la situación de la zona afectada". Para ello se ha trabajado sobre parcelas y polígonos catastrales, precisando cuántas construcciones existen en cada parcela, así cómo cuál es la superficie construida en cada una gracias a las fotografías aéreas del Instituto Cartográfico Valenciano. Asimismo, García ha confirmado a los afectados que el Ayuntamiento remite a la Conselleria de Medio Ambiente notificación de todas las reuniones que se mantienen y de todos los avances que se realizan.
El alcalde anunció, por último, que el pliego de cláusulas del plan especial podría aprobarse en el pleno de este mes.
* Levante-emv - 16.09.10
Foto: Una de las viviendas de la zona húmedas. Levante-EMV
El 84% de los españoles respira aire contaminado
.jpg)
PÚBLICO* : Una gran mayoría de la población española respira aire contaminado. Así lo denuncia Ecologistas en Acción, que alerta de que el 84% de los españoles se ve afectado por el exceso de contaminación, debido a que "la mayor parte de la población española vive en entornos urbanos y metropolitanos". A través de un comunicado y con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, la organización asegura que este porcentaje tan alto está extraído de los "estándares de la Organización Mundial de la Salud" y no de la legislación española, "más laxa", donde se reduce a tan sólo el 35%.
"Los estudios demuestran que más de 16.000 personas fallecen de forma prematura en el Estado español a causa de la contaminación del aire", continúa el comunicado, que asegura que "hasta el 80% de esta contaminación tiene su origen en el tráfico".
Además de la contaminación atmosférica, Ecologistas en Acción apunta al ruido, a la siniestralidad vial y a la vida sedentaria como factores determinantes en la calidad de vida de los ciudadanos. Según el comunicado, vivimos en ciudades "muy ruidosas" que provocan "consecuencias sobre la salud" que pueden ser "equiparables o incluso superiores a las provocadas por la contaminación del aire".
La siniestralidad, con 267 peatones fallecidos por atropello en 2008, es otro de los aspectos que, aunque se ha reducido, aún es alto "en zonas urbanas". Precisamente, en relación con el uso "continuado" del coche, Ecologistas en Acción alertan de que la falta de ejercicio físico se traduce en "consecuencias cardiovasculares, respiratorias, sobrepeso, etc.". "Modificar esta tendencia promoviendo los desplazamientos a pie o en bicicleta redunda de forma nítida en la mejora de la salud", añade.
Según la organización, "resulta patente que moverse con inteligencia y vivir mejor es desplazarse con menos coches y con más paseos en bicicleta o andando". Por esta razón, exigen a los ayuntamientos "políticas consecuentes con este objetivo y no meras declaraciones en pro de la movilidad sostenible".
* Público - EFE - 15.09.10
Foto: Madrid, contaminación M-40 - J.París (20minutos.es)
Alcaucín pide soluciones para 1.800 vivienda ilegales
,+ayuntamiento+-+diariosur.es.jpg)
SUR/Málaga* : La operación «Arcos» contra la corrupción urbanística desarrollada en Alcaucín hace más de año y medio pesa como una losa sobre el municipio. El escándalo provocado por la detención del ex alcalde, José Manuel Martín Alba -en libertad desde junio de 2009 tras pagar una fianza de 120.000 euros-, significó la paralización inmediata del urbanismo en el municipio. Hoy, casi dos años después, a pesar de que todavía no se ha decidido el futuro de las más de 1.800 casas que se estima se encuentran fuera de ordenación en el municipio, el Ayuntamiento continúa registrando incomprensiblemente solicitudes de licencias de obras para construir viviendas residenciales en suelo no urbanizable.
«Estamos luchando por normalizar el urbanismo en el municipio, pero partiendo de la premisa de que en este pueblo ya no vale todo. Existe una normativa que hay que cumplir y la gente tiene que saber que el 95% de las edificaciones realizadas en nuestro territorio son ilegales, algo que confiamos se pueda resolver con la revisión parcial del PGOU», ha declarado categórico el alcalde, el andalucista Guillermo Pérez, que gobierna en el Ayuntamiento junto al PP y una edil del grupo mixto.
Para el regidor, aunque son mucho los vecinos que consideran que «es muy duro» que en las actuales circunstancia de crisis el Ayuntamiento se niegue a conceder nuevas licencias de obras, la política que está llevando su equipo de gobierno no es otra que la de otorgar únicamente permisos que son absolutamente legales. «Estoy convencido de que a la larga todos nos alegraremos», ha declarado Pérez.
«Además, los vecinos tienen que conocer que, según el Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por la Junta de Andalucía este año, si se concede una licencia ilegal no sólo se está imputando el alcalde, sino también el propio vecino», ha explicado el regidor, que ha afirmado que el municipio está siendo objeto de un seguimiento extremo por parte de la Policía Autonómica y la Guardia Civil en materia de urbanismo.
Reunión
Para aclarar la situación por la que atraviesa el urbanismo en el municipio, el alcalde ha convocado a los vecinos para mañana jueves 16, a las 19 horas, a una reunión en el Ayuntamiento. El encuentro debe servir para explicar la realidad urbanística de Alcaucín y las razones por las cuales el equipo de gobierno está rechazando la inmensa mayoría de las solicitudes de licencias de obras.
Según Pérez, se da la circunstancia de que el Ayuntamiento tiene sus servicios técnicos municipales totalmente colapsados debido a que muchos propietarios de viviendas unifamiliares construidas en suelo rústico llevan meses solicitando todo tipo de informes para tratar de regularizar sus casas. «Hemos tenido que contratar a un arquitecto y un arquitecto técnico para dar salida a tanto trabajo», ha afirmado el alcalde.
El edil andalucista está convencido de que la solución para las viviendas ilegales vendrá dada a través de la revisión parcial del PGOU, documento que desde finales de 2009 cuenta con la adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El expediente para revisar el documento urbanístico ha sido iniciado ya por la Diputación Provincial. No obstante, el número final de casas que podrán ser legalizadas estará en función de los nuevos suelos urbanizables que incluya el documento urbanístico una vez culminada la revisión, según el alcalde.
Aunque la Junta de Andalucía tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento para inventariar todas las construcciones que existen en el municipio en suelo rústico al objeto de conocer la situación de cada construcción antes de decidir si pueden ser o no legalizadas, la realidad es que el inventario se desarrolla con una lentitud fuera de lo normal.
El problema es que el Ayuntamiento no cuenta ni con los recursos ni los medios humanos necesarios para poder inspeccionar las más de 1.800 edificaciones que se estima existen en suelo no urbanizable en todo el término municipal, de ahí que haya solicitado a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para culminar el trabajo.
* SUR - 15.09.10
Foto: En el municipio de Alcaucín existen unas 1.800 viviendas fuera de ordenación. :: SUR
Vejer sigue tramitando los hoteles de El Palmar al margen de la polémica
,+playa+de+Castilnovo,+proyecto+tur%C3%ADstico+proyectado+-+diariodecadiz.es.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : Representantes del Ayuntamiento de Vejer y de la empresa Grupo Tarje se reunieron la semana pasada en la localidad jandeña para seguir cumplimentando los trámites técnicos y administrativos del macroproyecto hotelero de la playa de El Palmar. Las conversaciones son periódicas, y el trabajo es "compartido" con los técnicos de la Junta de Andalucía en un lento proceso que se mantiene "completamente al margen" de la polémica en torno al proyecto y de los movimientos de la plataforma opositora Salvar El Palmar, según asegura el alcalde de Vejer, el socialista Antonio Verdú.
El día 8, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó la aprobación previa del sistema de actuación urbanística en el sector SUS-6 Malcucaña, que abarca la parcela hotelera. Al existir varios propietarios -la promotora, dueña de la mayoría del terreno, y varios particulares-, deberán constituirse en junta de compensación y asumir el desarrollo de los suelos.
El regidor vejeriego informó de que el próximo paso en la gestión del proyecto será la aprobación definitiva del plan parcial de Malcucaña, el documento que define los aprovechamientos de la parcela, donde se levantarán 650 apartamentos gestionados en régimen hotelero (no son apartamentos turísticos) y distribuidos en varios edificios. El uso hotelero de Malcucaña y sus condiciones de edificabilidad fueron aprobados por la Junta de Andalucía en 2007.
La promotora Grupo Tarje -que heredó el proyecto, junto a Cajamadrid, en calidad de acreedora de Riera Marsá tras la retirada de la firma mallorquina- también trabaja en el diseño arquitectónico del complejo y mantiene negociaciones con cadenas hoteleras para la posible explotación del negocio, según informó Verdú, quien, no obstante, no se atreve a ofrecer ningún calendario de actuación de un proyecto que ha sufrido múltiples inconvenientes y que acumula años de continuos retrasos.
Verdú sí recalca que los hoteles de El Palmar "no tienen marcha atrás". Es su mensaje a la plataforma opositora, que suma más de 45.000 adhesiones en internet. Salvar El Palmar reclama una figura de protección para la costa y el desarrollo de un modelo turístico basado en pequeños negocios.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha abanderado las ideas de la plataforma y la semana pasada elevó una pregunta parlamentaria en la que censuraba el proyecto hotelero. El diputado señaló de que la zona está clasificada como "espacio de prado inundable y uso ganadero" y "libre de edificaciones" y que, además, es continuación natural de la playa de Castilnovo (Conil), declarada no urbanizable de especial interés.
El alcalde vejeriego lamentó que Llamazares se haya "tirado a la piscina" en un asunto que sólo conoce "de la boca de un reducido grupo que manipula la información intencionadamente" y recordó que el plan hotelero está amparado "en la legalidad más absoluta y que tiene el beneplácito de las instituciones públicas". "Yo le invito a El Palmar y, si tiene problemas de agenda, no me importaría citarme con él en el Congreso para explicarle lo que defendemos", emplazó Verdú.
* Diario de Cádiz - 15.09.10
Foto: Imagen de la playa de Castilnovo, entre Conil y Vejer, en las inmediaciones del complejo turístico proyectado.- diariodecadiz.es
La Fiscalía pide al juez que expulse al PP del 'caso Gürtel' por fraude de ley
LAVERDAD* : Guerra abierta y sin precedentes entre la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular en el ‘caso Gürtel’. El Ministerio Público ha pedido al instructor del sumario, Antonio Pedreira, que expulse del procedimiento a la formación que lidera Mariano Rajoy. Entiende que el partido lleva incurriendo meses en “fraude de ley” por “cuanto desempeña una labor de defensa amparándose en su condición de acusación popular”. Según el informe de cuatro páginas en poder de este periódico, Anticorrupción reclamó a Pedreira la exclusión de los ‘populares’ el pasado 8 de septiembre, añadiéndose así a la petición de los socialistas valencianos que también consideran que el PP no debe ser parte de este sumario porque en realidad está operando como abogado defensor de los imputados.
El juez Pedreira y la propia sala rechazaron la pretensión de los socialistas valencianos en diciembre de 2009 y febrero de 2010. Entonces, los tribunales dejaron que el PP siguiera en el procedimiento, pero la Fiscalía entiende que ahora hay nuevos motivos para echar definitivamente al PP. “La actividad procesal y extraprocesal del Partido Popular a partir de esta fecha es absolutamente reveladora del verdadero papel que asume en esta causa y que no es otra que el de una defensa más”.
Estrategia desvelada en dos de los últimos informes
Los representantes del Ministerio Público argumentan que la estrategia del PP se ha desvelado en dos de sus últimos informes, el 29 de abril y el 25 de mayo. En el primero, un recurso contra la decisión de requerir a la Generalitat los nombres de los altos cargos del Gobierno de Camps que contrataron con la trama Gürtel y, en particular, con ‘Orange Market’. Entiende Anticorrupción que es “sorprendente” que una acusación popular “califique de simples irregularidades administrativas los hechos descritos por la Intervención General del Estado que pone de manifiesto la continua y reiterada infracción de todos los principios básicos de la contratación públicos en los contratos examinados”.
El segundo informe que cita como prueba la Fiscalía es el recurso del PP contra la inhibición de parte del sumario a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Recuerda que el escrito del partido estaba “plagado de descalificativo dirigidos contra todos los funcionarios intervinientes en la causa” y que ni siquiera las defensas de los imputados recurrieron la decisión de que parte del sumario sea instruido en la Comunidad Valenciana.
“Del contenido de los escritos se infiere que lo interesado es realmente el archivo de los hechos, postura claramente incompatible con la posición de acusación popular que tiene asignada el Partido Popular en esta causa”.
Además, la Fiscalía reconoce que ya instó al juez a reflexionar sobre el papel del PP en este sumario en mayo del año pasado cuando le reclamó la expulsión, como mucho menos convicción que ahora, ante la previsión de que la “investigación de los hechos previsiblemente podría afectarlo directa o indirectamente”. Entonces, recuerda Anticorrupción, Pedreira rechazó la pretensión por entender que la implicación del PP era una “mera hipótesis”.
“Pero la situación ha cambiado desde entonces”, señalan las fiscales. “Las diligencias que se encontraban pendiente de practicar (...) han motivado que la investigación judicial se extienda a la posible comisión de delitos electorales (financiación irregular) en el seno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana”.
* La Verdad - 15.09.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
El escándalo de la vivienda
JOAQUIM SEMPERE* : Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante los años 2007 a 2009 se habían firmado unas 178.000 ejecuciones hipotecarias (frente a las 47.379 del trienio anterior) y el diario Cinco Días estima que habrá que añadir otras 180.000 en el presente año. De ser así, el total de ejecuciones hipotecarias en los últimos cuatro años ascenderá a más de 350.000. En general, estos expedientes acaban en desahucio en un plazo inferior a un año y el CGPJ señala que las cifras son engañosas, ya que una misma petición puede conllevar la subasta de varios bienes, de modo que “puede ser todavía más alarmante el incremento detectado”. Las viviendas hipotecadas van a subasta, y son las propias inmobiliarias de los bancos acreedores las que concurren a las subastas y acaban adjudicándose las viviendas a precio de saldo. La ley hipotecaria les permite adquirir el inmueble por el 50% del precio de la subasta pública si esta queda desierta, lo que ocurre en el 90% de los casos. El aquelarre no termina aquí. El banco desahucia a la familia, recupera la vivienda en pública subasta y sigue cobrando hasta el final la deuda hipotecaria. En los últimos meses, la prensa ha dado a conocer numerosos casos de familias puestas de patitas en la calle y obligadas a seguir pagando la deuda.
El 30 de marzo de 2010 –según señala David Fernández en el semanario catalán Directa
(7-04-2010)–, se reunió en Barcelona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que propone que, en caso de impago, la recuperación del inmueble hipotecado por parte del banco “comporte automáticamente la cancelación de toda deuda”, como ocurre en otros países europeos y en Estados Unidos. Allí, si no puedes pagar, cedes la vivienda y la deuda queda cancelada. ¿Qué sentido tiene aportar como garantía del crédito hipotecario una vivienda si, en caso de que el acreedor no pueda pagar, la garantía del bien no baste y persista la obligación de devolver hasta el último céntimo, incluidos los intereses?
La plataforma señala que esta realidad jurídica “abusiva y extorsionadora se enmarca en una situación de asistencia permanente del Estado al sector bancario”. En efecto, a través de las hipotecas, la banca española ha hecho y sigue haciendo un negocio fabuloso con un bien de primera necesidad. Lo hace con la angustia de cientos de miles de desahuciados o amenazados de desahucio, y lo hace con los afortunados que pueden seguir pagando unas hipotecas contratadas durante la fase ascendente de un ciclo especulativo, con inmuebles sobrevalorados. Según The Economist, esta sobrevaloración ascendía en España al 55% el pasado enero.
¿Acaso deben los bancos españoles protegerse de una alta tasa de morosidad e impago? Los bancos Santander y BBVA afirman que desde 2001 han recuperado hasta el 90% de los préstamos por hipotecas impagadas. Y la Asociación Española de Banca anunciaba el pasado marzo que los beneficios netos de la banca española habían alcanzado en 2009 los 14.934 millones de euros, un 8,9% menos que el año anterior, lo cual no está nada mal para un año de grave crisis en la venta de viviendas. De modo que ni siquiera el impago es una coartada válida para la banca.
Las familias endeudadas se han visto obligadas a cumplir sus compromisos con las entidades de crédito mientras han tenido empleo y los intereses lo permitían. Y cuando no han podido hacerlo, se han quedado sin vivienda. En cambio, con el estallido de la crisis, la banca ha apelado al apoyo del Estado y lo ha conseguido. Unos han perdido lo que necesitan vitalmente. Los otros nunca pierden.
No es de extrañar que entre los años 2000 y 2007 el porcentaje destinado por los hogares españoles a la vivienda pasara del 12,40% al 25,63% del gasto total; es decir, más del doble, según reflejan las encuestas de los presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cifras absolutas, significa pasar de gastarse unos 80.000 millones de euros en vivienda a más de 200.000 millones. Como son muchos los propietarios de viviendas que las han pagado ya, se deduce que quienes todavía las están pagando les destinan una parte de-
sorbitada de su presupuesto, que puede alcanzar un 40% o un 50% o más entre quienes están todavía atrapados por las hipotecas.
Esto representa una reducción muy substancial del nivel de vida, puesto que queda mucho menos para otros gastos. Tal reducción resulta enmascarada por el hecho de que el PIB ha aumentado un 26,5% en esos ocho años, mostrando una vez más que el PIB es una pésima medida del bienestar, incluido el bienestar material. Los gastos de vivienda son una sangría invisible pero real para la ciudadanía, la sangría que ha permitido engordar a los empresarios de la promoción y construcción de vivienda y a los bancos. La ciudadanía de este país no sólo está perdiendo a mansalva derechos sociales, sino poder adquisitivo. Es un fracaso económico espectacular que una necesidad básica como la vivienda no pueda ser satisfecha por millones de personas o lo sea a un coste enorme, y que esta situación haya empeorado visiblemente en el último decenio. La industria de la vivienda no debe seguir siendo una fuente de negocios abusivos ni un nido de especulación y corrupción. Urge considerarla un servicio público atentamente vigilado y regulado desde los poderes públicos.
* Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
* Público- Opinión - 14.09.10
Galicia.- El PP quiere legalizar casas junto al mar posteriores a la Ley de Costas
ELPAÍS* : Con el pretexto de regular los núcleos rurales tradicionales de los pueblos costeros de Galicia que, por su proximidad al mar, quedaron atrapados en un limbo jurídico desde que se aprobó la Ley de Costas hace más de dos décadas, el PP llevó ayer al Parlamento autónomo una propuesta que, de llegar a término, daría pie a legalizar construcciones levantadas a más de 20 metros del mar, sean o no anteriores a la norma estatal. La única condición es que esas obras se acometiesen "al amparo de un acto administrativo público".
El PP planteó a los demás grupos un pacto para defender el cambio legal en el Congreso, en un debate que siguieron atentamente una veintena de vecinos afectados invitados por los populares. El encargado de defender la moción no fue el portavoz popular de Urbanismo, Román Rodríguez, sino José Fervenza, natural de Moaña, donde hay más de 200 construcciones afectadas. El diputado achacó la demora en regular este tipo de emplazamientos -cuyo ejemplo más represantativo es el de los núcleos pesqueros de Marín- a la falta de voluntad política del Gobierno central, que recurrió ante el Tribunal Constitucional y paralizó, amparándose en una invasión de competencias, la aplicación de una norma promovida por el bipartito para solventar el embrollo legal. Este nuevo intento aporta cambios, según defendió, "no grandes pero sí necesarios".
Los grupos de la oposición no compartieron el diagnóstico de Fervenza. Teresa Táboas anunció que el Bloque aceptaría entrar a discutir los cambios propuestos "por responsabilidad con los vecinos", pero criticó que el PP no lleve la proposición al Congreso a través de sus diputados nacionales, ahorrándose el trámite en la Cámara gallega. "Plantean esta proposición porque están ante unas elecciones municipales", sostuvo, y censuró las legalizaciones indiscriminadas que planten los populares, que van más allá de los núcleos rurales tradicionales: autoriza que se otorguen derechos de ocupación y aprovechamiento del dominio público a quienes construyeron "al amparo de actos administrativos públicos con fecha anterior o no" a la entrada en vigor de la Ley de Costas. "¿Pretenden arreglar por la puerta de atrás cuestiones que no competen a los afectados de los núcleos del litoral, igual que hicieron con la ley del suelo?", preguntó.
"Esto no va de núcleos rurales; esto va de business", empezó la socialista Mar Barcón su turno de intervención. La diputada aseguró que lo que plantea el PP implica en la práctica privatizar el uso del litoral "no sólo en los núcleos afectados, sino en otros". También echó en cara a los populares que no abordasen la cuestión de este tipo de núcleos rurales en el ya aprobado Plan de Ordenación do Litoral. "Si tienen el valor de presentar esto en el Congreso, recorrerá todas las facultades de Derecho de Eespaña, porque es un intento de demoler la Ley de Costas", adujo en referencia a una de los puntos de el texto del PP, que prevé excluir del dominio público "por decisión administrativa" a los núcleos urbanos consolidados antes de 1988.
"La ley de costas tiene dificultades en su aplicación, pero este texto no habla de eso", indicó la portavoz socialista. "Modifican servidumbres de dominio público y derechos de ocupación y de propiedad en él y permiten edificaciones en lugares con otro tipo de suelo, consolidando lo hecho y dejando que se amplíe", censuró. "En ese camino van a ir ustedes solos", remachó, para expresar la oposición frontal del PSOE a la propuesta.
En el turno de cierre, Fervenza repitió que los cambios propuestos "sólo benefician a los que pueden perder sus propiedades injustamente" y preguntó a los diputados del PSdeG si también habrían votado en contra "si el afectado fuese un ministro".
Por otra parte, la Xunta se comprometió, tras una reunión con el Ayuntamiento de Marín, a defender los núcleos de Aguete, Casás, Loira, Teoira y Mogor, como "suelos urbanos de núcleo rural" ante Costas del Estado, de cara al informe que el organismo estatal debe emitir para el plan general del municipio, según Europa Press.
* El País - 15.09.10
Foto:
Vivir como un español cuesta tres planetas
ELCORREOWEB* : España sólo hay una, suelen decir en ocasiones sus ciudadanos, y es una suerte, dado que si toda la población mundial tuviera el nivel de vida de un español medio, serían necesarios tres planetas como la Tierra para conseguir un equilibrio sostenible entre consumo y regeneración ecológica. En el caso de que el nivel de vida a alcanzar fuera el de un ciudadano estadounidense, el número de planetas necesarios sería de cinco, mientras que la producción de la Tierra podría reducirse a la mitad si la Humanidad viviera como un indio.
Estos datos, aportados por la organización británica independiente New Economics Foundation, reflejan la capacidad del planeta para sustentar la vida que en él se desarrolla y ponen de manifiesto que la Tierra tiene un límite ecológico al año para generar productos y absorber contaminación. Superado este límite se consume mediante la sobreexplotación de los recursos, señaló a Efeverde el director de Economía Ambiental de la New Economics Foundation, Aniol Esteban, quien afirmó que el principal problema hoy es el "consumo insostenible".
Un consumo que, por un lado, genera demandas "también insostenibles", aseguró Esteban, que provocan que sólo durante los siete primeros días del año un español genere de media tantas emisiones de CO2 como un ciudadano de Tanzania en los 12 meses siguientes.
Pero este consumo, según Esteban, es la base de un sistema económico mundial que no sólo ignora las pérdidas que supone la destrucción ecológica sino que transforma esta destrucción en contribución positiva para el producto interior bruto (PIB) de los países.
Esta paradoja da lugar a situaciones como la que se desarrolla en el Golfo de México, donde el que es considerado el mayor vertido de petróleo de la historia de EEUU genera beneficios económicos a una parte de la población a través del pago de los servicios de limpieza.
Este contexto a nivel mundial es el que analiza la Global Footprint Network, una organización de investigación medioambiental estadounidense que determina la huella ecológica que la humanidad deja cada año y aporta las cifras que determinan dónde están los límites de la naturaleza.
Las cantidades consumidas de pescado, carne, cereales y vegetales se transforman en superficie de terreno que es necesario para generarlas y se contabiliza el consumo energético y las emisiones de CO2, entre otras variables, para obtener el área de producción que corresponde a cada ciudadano que habita el mundo.
consumo insostenible.
Los últimos datos de Global Footprint Network señalan que corresponden casi dos hectáreas por persona, pero sólo en España cada ciudadano consume la producción de unas seis hectáreas de terreno aproximadamente. La diferencia entre lo que debería consumirse y lo que realmente se consume son productos y recursos que se les "quitan" a los ciudadanos de los países en vías de desarrollo, señaló a Efeverde el responsable internacional de la ONG Ecologistas en Acción, Samuel Martín, con los que tenemos una "enorme" deuda ecológica.
En el año 2010 la humanidad ha tardado menos de nueve meses en acabar con el presupuesto ecológico anual y, desde el pasado 21 de agosto, día que esta fundación calcula como el Día de la Deuda Ecológica Global, sólo se podrá satisfacer la demanda mundial de productos sobreexplotando los recursos y acumulando gases invernadero a niveles que superan la capacidad de absorción de la naturaleza. "Somos una plaga para el planeta", manifestó la coordinadora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, "pero aún podemos revertir la situación".
De hecho, explicó Esteban, la Humanidad ha vivido durante siglos en equilibrio hasta que, hace unas tres décadas, empezamos a consumir y a vivir a crédito, llevando nuestro saldo a un punto cada vez más extremo.
Esta problemática será una de las cuestiones que la ONU -y la comunidad internacional- llevarán a la mesa de trabajo de la próxima cumbre del clima que se celebrará en Cancún (México) del 29 de septiembre al 10 de diciembre. La cuenta del planeta ya está en números rojos.
* El Correo de Andalucía - 6.09.10
Foto: España, vivir como un español cuesta 3 planetas - elcorreoweb.es
Califican de "subdesarrollada" la movilidad sostenible en Madrid
MADRIDIARIO* : El Foro por la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid ha denunciado este martes que la capital es una ciudad "subdesarrollada" en cuanto a movilidad sostenible, con grandes diferencias respecto a otras ciudades españolas en el uso de vehículos ecológicos y bicicletas. Durante la presentación de la Semana Europea de la Movilidad 2010, con motivo de la cual se han organizado diversas actividades, miembros del Foro por la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid -formado por ONG, sindicatos, ecologistas y asociaciones vecinales- han resaltado los "errores" que se cometen en la región y que impiden mejorar la movilidad.
Desde el foro han criticado que la nueva M-30 haya provocado un aumento de vehículos en la almendra central, cuando se "vendió como la panacea de la reducción de la congestión en el centro de la capital".
El foro considera que obras, como las del entorno de Sol, que podrían haber permitido reducir la capacidad circulatoria del centro de la ciudad han sido desaprovechadas, y siguen atrayendo a muchos conductores, provocando
"elevados niveles de concentración de partículas y contaminantes".
Además, critican que el proyecto de bicicleta pública Mybici se haya aparcado y que se cierre la Fundación Movilidad a causa de la crisis, mientras que continúan las obras del Palacio de Cibeles.
El Foro de la Movilidad también destaca algunas decisiones de la Comunidad, como el sistema tarifario de la red de transporte público, pues "favorece al usuario ocasional y perjudica al habitual". Sobre el Ministerio de Fomento, el foro asegura que da "una de cal y otra de arena", pues mientras que el Plan de Cercanías sigue su curso, los carriles bus siguen paralizados.
* Madridiario - EFE - 14.09.10
Foto: Madrid, foro por la movilidad sostenible califica Madrid de subdesarrollada - madridiario.es
Zaragoza: Tras el violento intento de desalojo del CSO La Vieja Escuela, mañana concentración de apoyo
KAOSENLARED* : Concentración urgente en apoyo al CSO La Vieja Escuela.
Mañana miércoles, 15 de Septiembre, a las 19:30h en la plaza de las Canteras del barrio de Torrero se realizará una concentración en apoyo y solidaridad con el CSO LA VIEJA ESCUELA. Acude a mostrar tu rechazo contra el intento de desalojo.
¡¡Apoyemos los espacios liberados!!
12:30 horas
Como anunciábamos hace unos minutos, la policía ha abandonado su intención de desalojar el Centro Social Okupado La Vieja Escuela.
La rápida afluencia de gentes, así como la eficaz resistencia del grupo de personas que se ha subido al tejado, han podido ser las causas de este abandono. Las cámaras de Aragón TV, así como la asistencia de varios periodistas de medios convencionales, también ha podido tener que ver.
A estas horas podemos asegurar que no han podido desalojar La Vieja Escuela.
En cualquier caso, las distintas dotaciones de antidisturbios de la Policía Nacional y de la Policía Local de Zaragoza se han marchado del lugar.
No obstante, desde la Vieja Escuela se pide que se mantenga la tensión, ya que es más que probable que se trate de desalojar con más medios.
__________________
12:20 horas
Unas 50 personas han roto el cordón policial y se encuentran rodeando el edificio de La Vieja Escuela, en el interior de su recreo, en actitud pacífica.
Los policías han abandonado el lugar.
____________________
12:10 horas
Unas cien personas, entre vecinos y gentes que acuden a apoyar, están concentrados en las puertas exteriores de La Vieja Escuela.
Varios periodistas de empresas de comunicación para masas ya están cubriendo la noticia.
Se intuye que en unos minutos, la Policía Nacional va a entrar por la fuerza en el colegio. Varias dotaciones de policías están dirigiéndose a la parte de detrás (la que no se ve desde el exterior) con herramientas para romper las puertas.
Al menos 6 personas siguen en el tejado de La Vieja Escuela.
________________
Hora: 12 de la mañana
Desde hace unos minutos, tres coches de la Policía Local han informado a las personas que en ese momento se encontraban en La Vieja Escuela de que se iba a proceder su desalojo. No consta de que existiera una orden de desalojo, como determina la ley.
Los antidisturbios han cargado con violencia contra las personas que se encontraban en el parking exterior del colegio.
Ahora mismo hay 6 personas en el tejado con una bandera negra y decenas de personas en los aledaños, así como un despliegue policial desorbitado de policías locales y nacionales, en clara actitud provocadora y chulesca, ataviados con sus cascos, porras y escudos.
Algunos vecinos y representantes de asociaciones vecinales y sociales se están acercando al lugar en muestra de solidaridad. Desde La Vieja Escuela se hace un llamamiento a acudir allí para apoyar a los okupas.
Recordamos que La Vieja Escuela fue okupada tras el desaolojo del Centro Social Okupado El Adoquín en marzo de 2010. La Vieja Eskuela es el antiguo colegio concertado Lestonac, abandonado hace algunos años y situado en la calle Biescas del barrio de La Paz de Zaragoza.
http://csolaviejaescuela.blogspot.com/
El valor de la «acción pública»
LAOPINIÓN/Zamora* : «La configuración de la ciudad, que se plasma en los planes urbanísticos, es un hecho colectivo que interesa a todos, y por ello el legislador atribuye la acción pública en esta materia para poder exigir ante los órganos administrativos y ante los órganos jurisdiccionales el cumplimiento de la legislación urbanística y de los planes aprobados a su amparo». Este párrafo forma parte de uno de los fundamentos de derecho de la sentencia sobre el Edificio Villalar en la que los magistrados recuerdan la «legitimación» de la acción pública ante cualquier irregularidad urbanística.
La sentencia, de hecho, dedica un gran espacio a razonar el derecho de los ciudadanos a ejercitar acciones legales cuando percibe que se está cometiendo una ilegalidad urbanística y rechaza la necesidad de que el recurrente, en cada caso, deba cumplir requisitos específicos para reclamar ante la administración y ante los tribunales el cumplimiento de esa legislación.
Recuerdan los magistrados que la Ley de Urbanismo de Castilla y León establece que será pública la acción para exigir ante los Órganos administrativos y los Tribunales Contencioso Administrativos la observancia de la legislación urbanística y de los Planes, Programas, Proyectos, Normas y Ordenanzas» e indica que si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, «podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística».
El derecho a ejercer la acción pública en el momento de detectarse la presunta ilegalidad urbanística es la base en la que se apoya el Tribunal para desestimar la resolución dictada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora que consideraba que al «tratarse de una construcción "ya finalizada" y no ser esa licencia constitutiva de una infracción urbanística grave o muy grave, lo que se analiza en los fundamentos de derecho cuarto a sexto».
El recurrente detectó en su momento la presunta ilegalidad y la denunció seguidamente ante los órganos administrativos primero y judiciales después, probándose que era cierta. Por este motivo el TSJ admitió la apelación.
* La Opinión de Zamora - 13.09.10
Foto: El solar sobre el que se alza el Edificio Villalar en mayo de 2005, dos meses después de obtener licencia - laopinióndezamora.es
Entrega de fajos de billetes de un empresario a un concejal del PP de Orihuela
Entrega de fajos de billetes de un empresario a un concejal del PP de Orihuela.
En el vídeo del caso Brugal puede verse como el empresario Ángel Fenoll entrega una bolsa de papel repleta de billetes a un concejal del PP en Orihuela.
En el despacho, se desarrolla la siguiente conversación, según la transcipción de la policía incluida en el sumario del caso Brugal:
Fenoll. Aquí va.
Mazón. Va, pues ya está.
Fenoll. Mira si sabía yo que faltaba. Siete. Es que sabes que pasa, que hoy, hoy los bancos...
Mazón. Están perdidos.
Fenoll. Si no vas tres ó cuatro días antes, no te lo dan, ¿eh?
Mazón. Solamente pueden tener creo que son dos millones o tres millones de pesetas en efectivo.
En la conversación, Fenoll comenta que ha recibido una llamada de "El Botas", apodo por el que, según la policía, "es comúnmente conocido José Aniorte Grau, actual concejal del Ayuntamiento de Orihuela".
* YouTube - El País - 14.09.10
Pastrana.- La fiscalía pide al TS que investigue a un senador del PP
+-+spain.info.jpg)
PÚBLICO/Guadalajara* : Las acusaciones de corrupción vuelven a salpicar al PP. El Tribunal Supremo (TS) investigará al alcalde de Pastrana, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, también senador, por un presunto delito de prevaricación urbanística cometido en la localidad en los años 2006 y 2007.La Fiscalía del Juzgado nº1 de Guadalajara se inhibió en mayo a favor del TS por la condición de aforado del senador del PP, a quien un vecino de Pastrana denunció un año antes acusándolo de otorgar tres licencias de obras "contraviniendo la normativa urbanística, en suelo no consolidado, no urbanizado".
Según la denuncia a la que tuvo acceso Público, Sánchez Sánchez-Seco permitió entre 2006 y 2007 la construcción de varios adosados y dos viviendas unifamiliares en Pastrana, "a sabiendas de la ilegalidad tanto administrativa como penal" que suponía esa concesión en suelo no urbanizado. La propia Junta de Castilla-La Mancha, agrega el escrito, ha comunicado al Ayuntamiento de Pastrana en varias ocasiones que "inicie expediente" por la concesión de las licencias vinculadas a las edificaciones ya realizadas, "todo ello con la advertencia de que proceda a desarrollar (urbanizar) las zonas" donde se levantaron los mencionados edificios.
Petición de suplicatorio
Sánchez Sánchez-Seco reconoció en noviembre de 2008 que las obras se desarrollaron en suelo no urbanizado. "Lo que se intenta es que a medida que construyen vayan urbanizando", aseguró.
Si al final el TS le imputa, deberá solicitar al Senado el suplicatorio para poder iniciar su procesamiento.
* Público - 13.09.10
Foto: Pastrana (Guadalajara) - spain.info
Billetes para todos
ELPAÍS/Alicante* : Un vídeo recoge la entrega de fajos de billetes en una bolsa de papel de un empresario imputado en el 'caso Brugal' a un concejal del PP de Orihuela. El empresario, Ángel Fenoll, máximo implicado en el caso Brugal, que investiga una supuesta trama de corrupción política vinculada al PP en el sur de Alicante, aparece en un vídeo, intervenido en las oficinas del industrial con motivo de su arresto a finales de mayo de 2007 por la Unidad de Delitos Económicos y Blanqueo de Capital.
Las cintas, grabadas por el propio Fenoll, recogen presuntamente entrega bolsas de papel con fajos de dinero. Según el informe de la Policía en una ocasión, presuntamente, entregó casi medio millón de las antiguas pesetas, a un hombre que se relaciona con la candidatura del PP en Cox en el año 2003.
En el vídeo, el presunto receptor del dinero es Miguel Pedro Mazón Balaguer, quien era teniente de alcalde por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Orihuela en el año 1999 y responsable de las aéreas de Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Incendios, Régimen Interior y Personal.
El vídeo muestra cómo el empresario va sacando de una bolsa lo que parecen fajos de billetes y los cuenta, para introducirlos de nuevo en la bolsa de plástico. Como, al parecer, falta una cantidad, sale del despacho y recoge una nueva cantidad, otro fajo de billetes, que deposita otra vez en la bolsa, siempre tras contarlo.
En el despacho, se desarrolla la siguiente conversación, según la transcipción de la policía incluida en el sumario del caso Brugal:
Fenoll. Aquí va.
Mazón. Va, pues ya está.
Fenoll. Mira si sabía yo que faltaba. Siete. Es que sabes que pasa, que hoy, hoy los bancos...
Mazón. Están perdidos.
Fenoll. Si no vas tres ó cuatro días antes, no te lo dan, ¿eh?
Mazón. Solamente pueden tener creo que son dos millones o tres millones de pesetas en efectivo.
En la conversación, Fenoll comenta que ha recibido una llamada de "El Botas", apodo por el que, según la policía, "es comúnmente conocido José Aniorte Grau, actual concejal del Ayuntamiento de Orihuela".
* El País - 11.09.10
Foto: En el vídeo del caso Brugal puede verse como el empresario Ángel Fenoll entrega una bolsa de papel repleta de billetes a un concejal del PP en Orihuela- elpais.com
