FARODEVIGO* : Las torres de García Barbón, en cuyos bajos se ubican las instalaciones del Círculo de Empresarios de Galicia –antiguo Club Financiero– no se ajustan a la ley. Así lo ratifica un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fechado a finales del mes de julio y que fue notificado ayer. El auto desestima un recurso que había interpuesto el Concello contra el fallo del Tribunal Supremo que declaró ilegales las construcciones, y que ordenó su derribo. El Concello remitió al Alto Tribunal gallego un recurso en el que pedía que se declarase la "inejecución" de la sentencia emitida por el Supremo, teniendo en cuenta que, según el escrito original, se habían cumplido ya una serie de requisitos urbanísticos, con modificaciones del anterior Plan Xeral incluidas, para que no se llevase a efecto la ejecución de la sentencia.
La petición se cursó, por parte de la asesoría jurídica municipal, en el mes de marzo de 2002. Ahora la sala de lo Contencioso del TSXG, desestima aquella petición y ordena que se mantenga en curso la ejecución de la mencionada sentencia.
La ejecución del fallo, es decir la demolición de los inmuebles, había sido solicitada por el denunciante de la urbanización, al que le dieron la razón tanto el Tribunal Superior de Xustiza como el Supremo. La sentencia se emitió como firme en el año 1996 y el TSXG volvió a ratificarla en 2001.
Las razones que esgrime el Tribunal Superior para desestimar la petición municipal pasan, entre otras, porque el mero cambio de un planeamiento urbanístico no es el aval suficiente para "legalizar" la actuación, sino que además, deberá tramitarse una nueva licencia con arreglo a la normativa en vigor.
Incumplimientos
De acuerdo con la sentencia firme del Tribunal Supremo, las torres de García Barbón, ubicadas en el solar que se conocía como Unión Cervecera, incumplían la normativa urbanística con arreglo al Plan Xeral de 1993, que estaba en vigor cuando se realizó la edificación.
Por ello el fallo anuló la modificación del estudio de detalle, el proyecto de urbanización, el proyecto de compensación y la licencia de obra otorgada por la entonces Comisión de Gobierno municipal, en el año 1994.
Los motivos por los se adoptó esa decisión judicial fueron el incumplimiento en las alturas de la edificación –figuraban 17 en el estudio de detalle en lugar de las 16 que permitía el Plan Xeral en vigor–, la falta de la firma del secretario municipal en el acuerdo por lo que se entendía éste como no informado legalmente, y el incumplimiento además de los compromisos urbanísticos para la zona.
Ahora, el gobierno local y la Gerencia de Urbanismo habrán de adoptar medidas legales para impedir que la orden judicial de ejecución de la sentencia del año 1996 siga su curso.
El edil de Urbanismo desconocía ayer el contenido del auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. No obstante, fuentes municipales indicaron que los servicios jurídicos estudiarán en los próximos días el documento, a fin de decidir si se presenta o no recurso de súplica contra la decisión adoptada. Para ello disponen de cinco días desde su notificación.
Una actuación ligada a la planteada para "La Metalúrgica"
El futuro de las torres de García Barbón está íntimamente ligado al de la parcela contigua de la antigua "La Metalúrgica". Y no solo porque la empresa promotora de las primeras es también la propietaria de los terrenos de la segunda.
Cuando en 1994 el Concello aprobó el plan para la urbanización de la zona, incluido el derribo de la antigua fábrica de cervezas que se ubicaba en la esquina entre serafín Avendaño y García Barbón y cerca del colegio público de la zona, se incluía el compromiso de que el convenio urbanístico obligaba a que se realizase una intervención en conjunto entre el solar de la Unión Cervecera y el de "La Metalúrgica".
Un extremo que el propio Tribunal Supremo destacó en su sentencia anulatoria de la iniciativa, al tener constancia de que no se habían aprobado en conjunto ambas actuaciones.
De hecho, el proyecto original para "La Metalúrgica" contemplaba otras dos torres similares a las construidas, que albergarían, además de viviendas, las instalaciones del primer hotel de cinco estrellas de la ciudad.
Sin embargo, aquella iniciativa no fraguó y en el año 1998 la cadena hotelera que iba a instalarse en las nuevas torres desistió de su plan.
El solar de "La Metalúrgica permanece vacío desde entonces. En el segundo trimestre de este año la promotora mostró su disposición a retomar la urbanización en las parcelas, realizando consultas previas en el departamento de Urbanismo. El proyecto debe conservar la fachada del antiguo edificio, ya que está catalogada como elemento a preservar.
* Faro de Vigo - 4.09.10
Foto: Vigo, torres García Barbón a derribar - mundoanuncio.com
Vigo.- El TS ratifica el derribo de las torres de García Barbón
'CasoGürtel'.- Cándido:"Ya me dieron la caja de magdalenas"
LEVANTE/Valencia* : Los pinchazos telefónicos recogidos en el nuevo informe del caso Gürtel implican al empresario Enrique Ortiz -al que los interlocutores identifican en clave como el de las magdalenas o el de las galletas en referencia a la conocida marca de repostería- en los pagos a Orange Market. En las conversaciones se dejan ver los problemas económicos de la sociedad y el conocimiento de los pagos por parte de miembros del Partido Popular, como David Serra. Precisamente, en una de las primeras conversaciones (en diciembre de 2008) Serra Cervera ejerce de intermediario y le dice a Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes": "Voy a llamar ahora al de las galletas". En otra le dice: "El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho (...) El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura igual que la otra".
Y Serra quiere saber si ha cerrado alguna cifra con Ricardo (Costa), a lo que "El Bigotes" contesta: "No, lo único que quiere Zapatero es que le aclare tres puntos: vídeos, campaña Zapatero y otra cosa más. Por lo demás, está todo de puta madre".
El 2 febrero de 2009, "El Bigotes" conversa con el ex secretario de Organización del PP gallego, el pontevedrés Pablo Crespo Sabarís:
- "El Bigotes": Nada, no te preocupes, no te preocupes tío, nada, que he estado con Ric (Ricardo Costa) y nada cuando le he enseñado el papel ese y tal, pues claro, se ha pillado un rebote que te cagas. Ha llamado a David Serra. En fin, tío. Lo de siempre.
- Pablo Crespo: Pero qué pasa, que no lo sabía, ¿o qué?
- "El Bigotes": Y nada, esta semana, no, él pensaba que lo de las magdalenas ya estaba solucionado, que tal, entonces claro, pues a mí me jode porque ha pasado lo que yo sabía que iba a pasar. Ha llamado a David (Serra) y se ha cagado en los muertos de David.
(...)- "El Bigotes": Ya, sabes lo qué pasa. Lo que pasa es que si él me da los tres y pico... ya se acabó, ya no me da nada más, claro, y además todo...
-Pablo Crespo: Pero lo va a arreglar, ¿no?
- "El Bigotes": Sí, sí. Esta semana me va a dar...
- Pablo Crespo: De acuerdo.
- "El Bigotes": Entonces... pues eso se acabó ya. Y además, como él dice, yo te pagaré todo lo que se ha hecho en Alicante, en Barcelona no te puedo pagar nada, y es una tristeza por varias razones. Primero porque saldremos en algún tebeo y luego verás.
Un día después, Pablo Crespo habla en este caso con el consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero:
- Pablo Crespo: ¿Pero estás con él ("El Bigotes") en este momento?
- Cándido Herrero: No, me he salido de su despacho porque está hablando por teléfono.
- Pablo Crespo: Para que le animes un poco, joder. Que tampoco se acaba el mundo, ¿vale?
- Cándido Herrero: Si hemos estado hablando ahora. Me llamaron de la fábrica de galletas.
- Pablo Crespo: ¿Y qué?
- Cándido Herrero: Que mañana lo mandan con un mensajero. Por lo que me dicen, el mensajero llega mañana o mañana se lo envía al mensajero y me llega pasado. Y me dice, no, no, creo que para mediodía lo tienes.
Dos días después, las "galletas" habían llegado:
- Cándido Herrero: Oye, una cosa Álvaro ("El Bigotes"), tengo ya los presupuestos. Lo tengo que ir pagando... ¿Tú lo comentaste con Pablo (Crespo)?
- "El Bigotes": Sí, sí. Claro.
- Cándido: No. Yo ya sé que lo has comentado, quiero decir la forma.
- "El Bigotes": La forma, no. Porque cuando estábamos hablando del asunto llegaron los de la Alianza de las Civilizaciones y nos jodieron ya la cena. Eh, ¿Cuánto es... el local son 2.075, no?
- Cándido: Son 1.470 más 900...oye, una cosa, ya me dieron la caja de magdalenas.
- "El Bigotes": Ah, bien. Vale, me alegro.
- Cándido: A ver, 1.470 más 900 más, 2.370 más IVA.
- "El Bigotes": y la comida.
- Cándido: La comida es 7.250 IVA incluido y entonces habría que abonar antes 5.700 y el resto, el 20% restante al finalizar, después.
- "El Bigotes": ¿Se lo has dicho a Fernando Ariño?
- Cándido: No, no he hablado con él.
- "El Bigotes": Le dices que he pagado casi 6.000
* Levante - 3.09.10
Foto: Valencia, sede Orange Market - levante-emv.com
Cuenca.- La Plataforma No a la Cementera en La Parrilla envía una carta abierta al presidente de la Junta
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MICIUDADREAL* : En la misiva se pide a Barreda un cambio en la política del Consejero de Agricultura Medio Ambiente, puesto que éste se ha posicionado abierta y públicamente a favor de la instalación de una gran cementera en su pueblo. Tras la concentración del pasado 14 de agosto, en San Lorenzo de la Parrilla (que congregó a unas 300 personas contra la instalación de la cementera), el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, expuso ante los medios de comunicación argumentos a favor de los promotores de la cementera.
En el Consejo Asesor de Medio Ambiente, celebrado el 30 de agosto, el Consejero Martínez Guijarro (que preside dicho Consejo), insistió en sus argumentos a pesar de la postura en contra de varios miembros del Consejo.
Se trata de una gran cementera, con una producción anual de un millón de toneladas al año de clinker (principal componente de cemento). Las emisiones a la atmósfera de esta instalación contienen (entre otros muchos contaminantes) plomo, mercurio, talio, cromo, cadmio, dioxinas, y gases de efecto invernadero en un volumen, que el proyecto cifra en 500.000 m3/hora.
Se recuerda también a Barreda que la instalación de la Cementera, está en contra del espíritu de la “LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural”. Así mismo, contradice 7 de los 12 objetivos del “PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2.008- 2.013”.
Además, en su momento, no se informó a los vecinos de los pormenores de la industria, no se abrió un debate en la localidad (y menos en la comarca) en la que se preguntara la opinión de los vecinos. Vulnerando así lo establecido en el convenio de Aarhus.
También, los remitentes, se sorprenden del doble discurso del PSOE para San Lorenzo de la Parrilla y para Villar de Cañas (localidad candidata a albergar el ATC) cuando ambas localidades pertenecen a la misma comarca. Un texto que aparece en un tríptico editado por el grupo Socialista del Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla, dice literalmente: "Nuestro futuro no va a depender de nuestros valores naturales, puesto que son de escasa importancia.”
Por todo ello, en la carta, se solicita al Presidente que le su Consejero rectifique. Pues esta forma de actuar no parece coherente con el servicio público que se le supone a un cargo político que debe estar siempre del lado de los ciudadanos. En caso contrario, (consideran los firmantes) daría muestras de no tener el perfil adecuado para esa Consejería. A la vez, le podría restar credibilidad en su función de defensor del medio ambiente y la agricultura. Incluso podría repercutir en la imagen de todo el Gobierno Regional.
También se solicitan dos asuntos más: por un lado que invite al alcalde de San Lorenzo de la Parrilla a que cumpla con su palabra y se realice una consulta popular para que los vecinos decidan su futuro. Por otro que se vele por el cumplimiento de la legalidad en el procedimiento de calificación urbanística (a realizar por la comisión provincial de urbanismo), trámite necesario para conceder los permisos de construcción de la cementera. Puesto que existen en esos terrenos elementos de especial protección.
* Mi Ciudad Real - 3.09.10
Foto: San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) - pueblos-espana.org
Valencia.- La Alquería de la Torre en la lista Roja del Patrimonio
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HISPANIANOSTRA* : Se trata de un edificio remodelado en torno a 1760 sobre una vieja alquería tardomedieval, consistente en un potente edificio que incorpora una antigua torre. La planta presenta un esquema estructurado en torno a un patio, con una larga fachada perpendicular al camino y recorrida por una pérgola que nos une con el jardín histórico de cierta importancia, hoy arruinado, del que aún quedan vestigios de traza y elementos botánicos, quedando cerrado del camino por una ligera tapia o murete tras la acequia que separa al jardín y la casa del camino del resto de las tierras.
Un edificio anexo de corrales y almacén se alinea con la fachada principal y se sitúa en el lado norte del conjunto. La idea de edificio único que nos sugiere la planta, se recupera en un sólido compacto, atado por una línea de cornisa limpia y contundente que recorre las fachadas principales, aquellas que abren vistas al camino, la fachada este y la sur. Un cuerpo sobresale en el conjunto, la torre, que da nombre a la alquería, donde su coronación almenada enfatiza aún más, el carácter singular del elemento.
Época:
S. XVI-XVIII
Grado de protección:
Bien de Interés Cultural en 1998.
Estado:
En deplorable estado de abandono, llena de basuras y ocupada por ilegales. Ha sufrido incendios y expolio.
Carácter del riesgo:
Deterioro progresivo. Hundimientos. Expolio.
Entidad interesada:
Cercle Obert de Benicalap
Benicalap-Valencia
* Hispania Nostra - Lista Roja Patrimonio - Agosto-Septiembre 2010
Foto: Valencia, Alquería de la Torre - Antonio Marín Segovia (flickr)
Argentina.- Urbanismo o especulación inmobiliaria
ADN/Bariloche* : A los que pretenden conservar el patrimonio ambiental, urbano y paisajístico (que son las bases de todo destino turístico) se les dice que son ingenuos, peor aún, que quieren frenar el progreso, que la ciudad es cambio constante, que hay que generar trabajo y riqueza, que nada tiene que entorpecer los derechos de la propiedad privada y las ilimitadas ansias de ganar dinero. Sin embargo hay que considerar que conservar los recursos (urbanísticos, paisajísticos, energéticos, etc.) es, por el contrario, un factor crítico del desarrollo. Por lo tanto, el Estado, como expresión de los derechos de las mayorías, en todos sus estamentos tiene que adoptar esta idea y poner límites a la especulación privada. Es necesario recordar que la ideología que rechaza la regulación estatal ha tenido una estrepitosa caída en las recientes y repetidas crisis financieras mundiales. Lo urbano es un bien colectivo y el uso del suelo debe regularse en defensa del "interés público". La inversión pública en infraestructura debe destinarse a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población y no a apoyar el desarrollo del "mercado inmobiliario".
Con referencia a la construcción urbana, la problemática no se limita a Bariloche, sino que es un problema de ética profesional. Podemos recordar las palabras de J. Sorin, ex Decano de la FADU, UBA y ex Vicerector de la UBA,: "... asistimos al empecinado intento de confundir arquitectura con emprendimiento inmobiliario y espectáculo mercantil, impulsando proyectos que direccionen los recursos públicos hacia los bolsillos privados y muy lejos de las prioridades sociales que involucran a los sectores más amplios de la población."
"El actual modelo de destrucción de la cultura local y paraíso de negocios que asocian burocracia estatal con intereses privados, es exactamente lo opuesto a nuestra necesidad presente: reconstruir la trama social y el sueño de una sociedad inclusiva e igualitaria. Muy lejos de esto se sitúa la aparición de este afiebrado fragmento marginal y marketinero, excluyente por naturaleza -social y geográfica - e ignorante de toda posibilidad de crear ciudad desde la necesaria construcción de un espacio público, reducido allí a la generación de negocios y al éxito mediático. No existe arquitectura en este emprendimiento, si como arquitectura entendemos algo más que un simple espectáculo gráfico al servicio de la publicidad comercial."
Desde hace mucho tiempo Bariloche esta sometida a una fuerte presión de especulación inmobiliaria y apropiación privada de los bienes públicos.
Esta puede tener un carácter explícito como:
a) apropiación de terrenos y edificios de uso público o reservados con tal destino.
El ejemplo reciente más impactante es la cesión gratuita por parte de la Municipalidad del hotel "Lago Moreno" y sus 54 hectáreas anexas a un grupo privado, enmascarado por la quiebra de OSPLAD.
b) cierre y alambrado de costas y sus accesos.
Han sido documentadas varias apropiaciones de accesos al lago NH, así como cierre de tramos de costa por paredes y alambrados. La más llamativa es el hotel "La Cascada" donde ha sido "privatizado" un tramo de más de 100 m de playa, separado por paredes de cerca 4 m de altura, que se internan en el lago.
c) violación de las áreas de implantación y excepciones a las normas constructivas, como por ejemplo construcción de edificios con mayor número de pisos, ocupación de pulmón de manzana, reducción de los retiros frontales y laterales, entre otros.
Este es un tema ampliamente difundido en todos los niveles económicos, pero que, sobre todo incrementa notablemente la rentabilidad de las grandes inversiones.
O algo que podríamos llamar implícito:
d) Inversiones en infraestructuras públicas
Emprendimientos de gran envergadura sobrecargan la infraestructura de servicios. Estos pasan por las inversiones privadas en hoteles y complejos turísticos y también para las públicas. Así se escuchan reclamos para que se construya un nuevo gasoducto cordillerano (costo estimado u$a 15.000.000), una nueva línea de alta tensión (costo estimado u$a 72.000.000), nueva planta depuradora (costo estimado $ 50.000.000), mejora de la Av. Bustillo (costo estimado u$a 1.000.000).
También representan ventajas para los sectores más acaudalados de la ciudad proyectos como la remodelación de la calle Mitre, o la construcción de un centro de convenciones en el edificio de Movilidad de PN, con cargo al erario público. A esto pueden agregarse los pedidos de apertura y mantenimiento de calles y provisión de servicios a residencias remotas o trepadas sobre las laderas del cerro Otto.
Se exige que estas inversiones, sean cubiertas por el erario público, que por otro lado es depredado por los organismos de financiamiento internacional y finalmente son pagadas por los ciudadanos de todos los niveles sociales.
e) desgravaciones fiscales
f) subsidios indiscriminados al gas o combustibles.
Hoteles de alta categoría, que cobran por una habitación varios cientos de dólares por noche, pagan por el metro cúbico de gas lo mismo que paga un trabajador temporario por su consumo doméstico, y la sexta parte de lo que pagan los barrios periféricos por el gas en garrafas. Tampoco las tarifas eléctricas guardan una relación ecuánime discriminada de acuerdo al tipo de usuario.
Para lograr estas prebendas se han utilizado diversos métodos:
- presiones directas contra los funcionarios que exigen cumplimiento de las normas.
- apoyo (de diverso tipo) a funcionarios permisivos.
- aprovechamiento de la inestabilidad institucional en el plano municipal.
- propuesta y desarrollo de proyectos con escasa o nula difusión.
Una componente básica que debe contener un plan de desarrollo urbano, y el código de edificación asociado, es que toda inversión privada no implique, a corto o mediano plazo, la necesidad de inversiones públicas.
Aparte debe fijarse a los propietarios un fondo de garantía suficiente para cubrir todas las inversiones públicas que pueda requerir el desarrollo edilicio encarado, a corto y mediano plazo.
* Vecinos por Bahía Serena y Costas Libres
Bariloche, 31 de agosto de 2010
* ADN Rio Negro - Opinión - 31.08.10
«Tratos de favor a promotores» en las obras paralizadas en Castro
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MUCHOCASTRO/Cantabria* : Tratos de favor a los promotores. Existencia de informes negativos. Procedimientos urbanísticos al margen de la legalidad. Son los «denominadores comunes en el modo de actuar y las consecuencias manifiestamente perjudiciales para el municipio ». Así lo señala el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales en sendos autos en los que ordena la paralización cautelar de las obras en la unidad de ejecución 1.26 (donde Proconor 2.000 SA está construyendo al menos un edificio de 51 viviendas) y el SUP-4, con varios inmuebles en proceso de desarrollo urbanístico.
La investigación de las presuntas irregularidades existentes en ambas unidades señala directamente al alcalde castreño Fernando Muguruza, que deberá acudir a declarar en calidad de imputado el próximo mes de octubre.
En relación a la licencia concedida en la primera unidad, el auto reconoce la apertura de un vial en una parcela de cesión obligatoria para equipamiento, así como la «recalificación y reclasificación» del suelo. Un proceso urbanístico realizado «al margen del procedimiento legal preceptivo » que modifica un viario para «encubrir la disminución de espacio dotacional», en una obra «propuesta como de interés general» pero de «dudosa credibilidad».
Según explica el auto, la modificación urbanística planteada contaba con «tres informes previos, negativos y vinculantes» de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Igualmente, el auto señala que la documentación obrante pone de manifiestomuchos «indicios de trato de favor a los promotores, especialmente a Urdicam por su condición de amigo y asesor jurídico del secretario municipal».
En similares términos, y en el auto relativo al SUP-4, se señala que «se ha podido cometer un delito continuado de prevaricación administrativa y urbanística al haberse realizado de manera contraria al planeamiento para evitar la aplicación del Plan de Ordenación del Litoral». En este caso, la modificación del Plan General para esta unidad de ejecución supuso, al incrementarse a todo el sector la tipología de la vivienda, que el suelo «multiplicase su valor».
* Fuente: EL MUNDO CANTABRIA
* Mucho Castro - 2.09.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr
La responsable de Urbanismo de Lugo se autodenuncia ante el fiscal
ELPAÍS* : La Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (Alpul) denunció públicamente, a través de un comunicado, que una persona que ejerce como comisionista ante la recalificación de unos terrenos anexos al campo de golf es cuñado de la delegada de Urbanismo del ayuntamiento lucense, la socialista María Novo. Ante estas declaraciones, el gobierno local reaccionó remitiendo a la fiscalía el contenido de las afirmaciones de Alpul, una asociación creada en el transcurso de la tramitación de este documento urbanístico, "para que actúe como estime procedente".
En su día, la asociación ya había denunciado que la familia política de la delegada de Urbanismo, que no es edil electa y accedió al cargo mediante la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades, por lo que tiene voz pero no voto en el pleno, se beneficiaba de la recalificación de terrenos del Plan General, pendiente de aprobación definitiva por la Xunta.
Alpul advierte que existe un contrato privado entre el Club de Golf Lugo, SA, y un particular, cuñado de la delegada de Urbanismo, donde se recoge que éste habría realizado las gestiones oportunas ante las administraciones y organismos correspondientes para la recalificación de terrenos en Fixós, lugar en el que se asienta esta infraestructura deportiva. La retribución por los servicios prestados, según explica la asociación, sería de 698.116 euros como comisión, que tendrían de destinatario al cuñado de la delegada.
Club de golf
Los denunciantes insisten en que es necesario que se explique a los ciudadanos cuáles fueron las actuaciones realizadas "por el cuñado de la señora Novo para la recalificación de los terrenos", acoerdad tras una alegación del club de golf. Tambiién exigen informaciones sobre las personas ante las que hizo la gestión el familiar de la edil.
Recuerda la asociación que el alcalde, Xosé López Orozco, expresó públicamente su apoyo a la edil de Urbanismo. "En ningún momento los lazos familiares que yo conozco desde siempre y que la honran a ella y sus familiares intervinieron para nada en el Plan General, ni antes, ni en el medio, ni después", sostuvo. Desde Alpul se preguntan cómo se pudo haber realizado tal afirmación "cuando un contrato dice todo lo contrario", sostienen.
* El País - 3.09.10
Foto: Lugo, alrededores campo golf - lavozdegalicia.es
'CasoGürtel'.- Otro informe policial concluye que el PP se financió ilegalmente y señala a Costa y a Serra
LEVANTE/Valencia* : Un nuevo informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central (Udef) incorporado al sumario del caso Gürtel aporta nuevas pruebas sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano y desgrana la triple vía a través de la cual la formación que lidera Francisco Camps habría obtenido recursos fuera de los cauces legales. El documento, fechado el pasado 20 de julio, amplía uno anterior remitido al TSJM el 31 de julio de 2009 sobre el sistema de facturación y financiación del partido. A lo largo de sus 104 folios relata con detalle cómo interactuaban los responsables del partido, Orange Market y varios empresarios valencianos.
El informe señala directamente al ex secretario general, Ricardo Costa, y al vicesecretario de organización, David Serra, como los dirigentes encargadosde hacer gestiones «para conseguir fondos que disminuyeran la deuda contraída» con la empresa de El Bigotes y cifra en 405. 450 euros las entregas en dinero negro que entre febrero y septiembre de 2008 Orange Market recibió del PPCV, «sin justificación contractual de ningún tipo» y que pasaron a engrosar la caja B de la empresa.
Según sostiene la Udef en el documento elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los actos realizados por el PPCV y el Grupo Parlamentario del PP en la Comunitat Valenciana habrían sido financiados mediante un triple sistema de financiación que incluye, en primer lugar, las «entregas realizadas por el PP con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la Caja B de Orange Market».
En segundo lugar, el informe cita «facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por ésta» y, por último, se refiere a las «gestiones realizadas por los responsables del PPCV para que empresarios cuyas empresas son adjudicatarias de contratos públicos en vigor financien los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market». Estas partidas, continúa, «se enmascaran a través de facturas ficticias emitidas por dicha sociedad a estas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios».
El informe cita expresamente a Costa —que sigue suspendido de militancia— y al diputado por Alicante David Serra como las personas que «participaron activamente» para que otras empresas financiaran la deuda contraída entre el PP y Orange Market, empresa investigada dentro de la trama Gürtel.
Tres empresas
Entre estas empresas se cita al grupo Sedesa —del que fue propietario Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell y titular de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, Juan Cotino—que habría abonado entre julio y diciembre de 2008 a Orange Market 150.800 euros; la empresa del constructor Enrique Ortiz, ex presidente del Hércules, vinculado al caso Brugal, que abonó 232.232 euros entre diciembre de 2008 y febrero de 2009; y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios, que hizo lo propio en julio de 2008 con 58.00 euros.
La Udef sostiene que «con la elaboración de las facturas falsas se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es, imputando como gastos en la contabilidad de Orange Market de costes que no obedecen a la actividad que esta empresa desarrolla. De esta forma, se altera la cuenta de explotación y el cálculo del Impuesto de Sociedades y del IVA, ocasionando un perjuicio para la Hacienda Pública».
Grupo parlamentario
«No existe una explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y/o servicios ubicadas en la Comunitat Valenciana —se argumenta en las conclusiones del informe— efectúen el pago de distintas facturas a Orange Market, cuyo importe íntegro pasa a descontar la deuda existente entre esta sociedad y el PP de la Comunitat Valenciana, así como su Grupo Parlamentario en las Cortes, salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo, sistemática de funcionamiento que se repite a lo largo del tiempo». Además, recogen las conversaciones telefónicas para poner de manifiesto las «dificultades contables de liquidez» de Orange Market al cierre del ejercicio 2008 «debido a la elevada deuda que tiene contraída con el PPCV», lo que motivó la intervención de Ricardo Costa y de David Serra «para conseguir fondos que la disminuyeran».
Para ello, añade, se realizan «entregas de dinero por los trabajos efectuados con la correspondiente justificación a través de factura, ya que son aportaciones monetarias de empresarios que se justifican mediante facturas ficticias».
El PP califica de falso el documento y defiende sus cuentas
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) aseguró ayer en un comunicado que su financiación «es absolutamente legal» y «ha sido convenientemente fiscalizada anualmente por los órganos competentes», al tiempo que ha recalcado que el informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal «no aborda la financiación del PP». La formación popular ha señalado que «sería la primera vez que, sin disponer de una documentación esencial como es la contabilidad de un partido, se pueda resolver que es irregular». Además, indicó que se trata de «un informe falso porque no aborda la financiación del PP, un informe parcial, tergiversado y antiguo» que, en opinión de los populares valencianos, «sólo busca influir en la decisión de los jueces que deliberan en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que en este momento tienen que responder al recurso de apelación presentado por este partido». El PPCV subrayó que «este informe no es nuevo, ya que es la ampliación de un informe elaborado en julio de 2009 que fue desmontado en su totalidad» y que «forma parte de una actuación» a la que les «tiene acostumbrados el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba». Añade que «se reserva su derecho a actuar contra quienes impunemente intentan atacar el honor de este partido o contra quienes se hagan eco del mismo sin dejar claro que se trata de otra manipulación política».
* Levante - 2.09.10
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
López de Uralde lamenta que "ninguno de los grandes partidos reciba con entusiasmo" la creación del Partido Verde
EUROPAPRESS* : El ex director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, ha lamentado que "ninguno de los grandes partidos" haya recibido "con alegría y con entusiasmo" la creación del Partido Verde, "sino todo lo contrario", pese a que "una parte de la opinión pública desea tener una alternativa", algo por lo que asegura, van a trabajar. En una entrevista a Punto Radio recogida por Europa Press, ha declarado que la nueva formación "no busca el poder", puesto que este "lo acaba contaminando todo", sino que se marca como objetivo "influir en que las políticas ambientales se desarrollen en el sentido que les interesa".
Asimismo, ha explicado que el 'Partido Verde', del que es uno de los impulsores, "quiere presentar propuestas y llevarlas adelante en ámbitos como el cambio climático, las energías renovables, los transgénicos o la defensa de los derechos de los animales".
De esta forma, López de Uralde ha indicado que "sin lugar a dudas pensar en 'verde' es una obligación para los dirigentes" y que lo mejor que habría podido pasar es no tener que existir. En su opinión, se da la paradoja de que en España las organizaciones ecologistas tienen un gran respaldo, pero que "no hay un referente político" y ahí es donde cree que puede hacer "un trabajo interesante".
CONTRA LAS CORRIDAS DE TOROS
También se ha referido a la polémica de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, al afirmar que "no cabe duda de que utilizar el sufrimiento animal para el jolgorio y la diversión humana es una actividad censurable". "Hay que eliminar el sufrimiento animal como forma de diversión", ha concluido.
Por otro lado, López de Uralde ha expresado que, a su juicio, la conciencia ecológica de los españoles ha aumentado muchísimo en los últimos años, pero que otra cosa es que todavía "no esté en los niveles de otros países de nuestro entorno, como la Europa Central". Aun así, ha señalado que hay una amplia minoría preocupada por las cuestiones medioambientales y que demanda "un mayor tratamiento de éstos en el debate político".
Así, ha reconocido que el éxito de los partidos ecologistas en Europa --como Europe Ecologie en Francia-- "ha sido un acicate". "Cuando analizamos la situación social, política y de conciencia en España y la comparamos, pues no somos sustancialmente diferentes o no tanto como para que en Francia tengan un 16 por ciento de los votos y aquí el movimiento no exista", ha dicho.
Por ello, ha insistido en apuntar que el objetivo es "presentar propuestas, crecer y existir como alternativa", para después poder pensar en pactar. En este sentido, ha concluido que "uno de los errores que 'los verdes' han cometido en el pasado ha sido asociarse rápidamente con cualquier sigla que después se los ha comido".
* Europa Press - 2.09.10
Foto: Partido Verde, nueva formación con J.López Uralde - europa press
La ciudad abierta
JORDI BORJA/Barcelona* : No escribimos sobre el espléndido filme Roma città aperta de Rossellini, sino sobre la ciudad y sus espacios públicos, abiertos, de uso colectivo, amables y polivalentes, seguros y sorprendentes, espacios de ciudadanía. Es frecuente la queja por la sobreocupación de estos espacios, por los usos no previstos y molestos para unos y útiles e innovadores para otros. Todos tienen razones, todos serán dignos de que se respeten sus derechos si asumen los deberes correspondientes. En la ciudad, como en cualquier lugar, tiempo o actividad, no todo vale. Pero el espacio público es inevitablemente conflictivo, y cuanta más calidad posea, más conflictos se generarán entre poblaciones y usos diversos. En esos conflictos no vale prejuzgar que unos tienen toda la razón y otros ninguna. Barcelona es una ciudad de moda en todo el mundo. Tengo la oportunidad y el privilegio de que mi actividad profesional me permite viajar por muchos países, especialmente europeos y americanos. La moda, la fama y el atractivo de Barcelona creo que se han extendido en los últimos años.
Es probable que el prestigio de la ciudad, de su urbanismo y de su arquitectura se cuestione en algunas élites profesionales y culturales, pero para las heterogéneas poblaciones viajeras, por turismo o profesión, por estudios o en busca de trabajo, por congresos o por diversión (suponiendo que sean conceptos distintos), por negocios o por relaciones familiares, el poder de atracción de la ciudad es igual o mayor que nunca. Lo cual genera un uso contradictorio de la ciudad.
Desde hace años, los que nos dedicamos al estudio de la ciudad y de los procesos urbanos distinguimos tres tipos de población: los residentes, los metropolitanos (que usan la ciudad central cada día o con mucha frecuencia) y los usuarios intermitentes, estacionales o esporádicos. La ciudad debe dar respuesta a todos, en equipamientos y servicios (oferta cultural y lúdica, en transportes, en policía, en hoteles o residencias, etcétera) y en espacios públicos. Y precisamente los usuarios no residentes son los que más requieren de estos servicios y espacios, pues no disponen de una vivienda-refugio que sea algo más que un lugar donde dormir. A estos se añaden los que de forma permanente o esporádica no disponen de este lugar (en general por falta de ingresos suficientes y a veces por gusto por la aventura) y hacen un uso particular de unos espacios que por su naturaleza son de uso colectivo. El conflicto está servido.
En nuestra cultura la idea dominante es que la ciudad es propiedad de sus residentes. Nunca ha sido así, y ahora menos que nunca. La ciudad históricamente ha sido lugar de paso y de intercambios, de refugio y de libertad, de los que buscan en ella la supervivencia o desarrollar un proyecto de vida autónomo, de los sedentarios y de los nómadas. No se puede distinguir entre usuarios buenos y malos, hay ciudadanos permanentes y ciudadanos esporádicos, con derechos y con deberes. Se pueden exigir estos si se facilita su cumplimiento: zonas urbanas de acampada, servicios sanitarios en el espacio público, espacios donde vivir la noche con música, etcétera. Lo que no se puede es criminalizar a jóvenes por su uso más intensivo de la ciudad, pues están en su derecho de disfrutar de nuestras ofertas y es de nuestro interés que la ciudad mantenga su fuerza de atracción. No imitemos a este personaje siniestro que es Sarkozy. Como dijo Lichtenberg, «los espacios abiertos son universidades y los árboles son libros». Los jóvenes se educan más viajando que en las aulas.
* Jordi Borja, geógrafo y urbanista
* El Periódico - Opinión- 2.09.10
Más de la mitad de las viviendas de Dénia vierte aguas fecales al subsuelo
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LEVANTE/Alacant* : 25.000 viviendas de Dénia, de un total de 45.000 censadas, vierten las aguas fecales al subsuelo en lugar de hacerlo a la red de alcantarillado. Este dato lo confirmó ayer el propio edil de Medio Ambiente, Juan Collado, quien calificó la situación de "insostenible". Las enormes deficiencias que presenta el actual sistema de saneamiento de Dénia, sobre todo por la antigüedad de la red y la falta de pluviales, además de no ofrecer conexión de alcantarillado a la mitad del municipio, son las causas de estas cifras que el propio consistorio tilda de "alarmantes".
La Unión Europea, así como la Conferencia Hidrográfica del Júcar, ya han tomado cartas en el asunto y le han exigido al consistorio, bajo el anuncio de severas sanciones económicas, que solucione el problema de "inmediato", ya que todas estas viviendas al verter sus aguas residuales a fosas sépticas pueden contaminar el subsuelo. La fecha límite para que Dénia disponga de nuevas y eficaces infraestructuras de saneamiento dianense es el año 2012.
Pese a que el ayuntamiento -gobernado ahora por el PP e independientes- ya tiene elaborado un plan director de saneamiento, iniciado durante el pasado mandato bajo el gobierno del PSPV, ha decidido aparcar su aprobación, que debía haberse realizado en pleno el pasado martes. El plan de saneamiento se debatirá en el próximo pleno del 7 de septiembre a fin de que todos los concejales tengan tiempo para revisarlo y pueda salir adelante por unanimidad, según expuso ayer Collado. "Es una prioridad política ejecutar la nueva red de saneamiento porque no podemos permitir vertidos de aguas fecales en nuestro municipio", abundó el edil.
Graves carencias en la red
Las deficiencias más "graves" en el alcantarillado se han detectado en áreas del casco urbano, la carretera a Les Rotes y en la zona de Les Marines. En el primer caso, por la antigüedad de las conducciones y, en el resto, debido a la falta de red de saneamiento y de canalización de barrancos que se suman a la necesaria modernización de la red tanto en el aspecto informativo como de mantenimiento y control.
En una primera parte, el nuevo plan director de saneamiento, que ya debería haber entrado en vigor, evalúa la situación actual y ahonda en los problemas que surgen en los meses de verano, ya que, al triplicarse la población, la actual red aún es más incapaz de dar cobertura. Además, el plan director analiza el funcionamiento del alcantarillado, las estaciones de bombeo, las estaciones depuradoras, los pluviales y el encauzamiento de barrancos. Entre los problemas detectados por los técnicos municipales, urge acometer una solución para no verter en el subsuelo, pero también para lograr un óptimo mantenimiento de las redes subterráneas y promover la reutilización para riego de las aguas que ya se han tratado en las depuradoras.
* Levante - 2.09.10
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
Málaga.- 50 Asociaciones piden el abandono de la Autopista de las Pedrizas
NUEVACULTURATERRITORIO* : Con la petición de que, paralice las obras de la Autopista y este dinero se invierta en el tren de cercanías con el interior, 50 asociaciones de la provincia de Málaga se han dirigido al Ministro de Fomento, Señor D. José Blanco. Solicitan un cambio de modelo en los proyectos objeto de inversiones públicas y una total trasparencia informativa, en este caso, que se informe si SACYR sigue pagando las obras de la autopista ó ahora se está financiando con dinero de todos. Consideramos un escándalo que en plena crisis económica el Estado promueva una infraestructura no necesaria que fomenta un modelo de transporte obsoleto, y se abandonen proyectos como el tren de cercanías con el interior o la financiación del fomento de la economía real, tan necesario en la comarca de los Montes de Málaga.
Carta al Ministro de Fomento
Cincuenta colectivos de la provincia de Málaga le manifestamos que la autopista de peaje por “Las Pedrizas”, es un ejemplo de infraestructura innecesaria de un modelo insostenible. Abandonada su financiación por la iniciativa privada al no ser viable económicamente, ahora pretenden cargar de manera escandalosa sobre las espaldas de la economía pública, lo que sería un despilfarro del dinero de todos.
Un nuevo modelo económico que tienda a la sostenibilidad debe potenciar el transporte colectivo. La financiación pública debe apoyar el reivindicado tren de cercanías con el interior de la provincia y el cercanías en el eje Málaga-Bobadilla-Granada, y favorecer la economía real y sostenible de la provincia.
Proyectos como un aeropuerto privado en Antequera declarado de “Interés General del Estado” por su predecesora, que pretendía comunicar esta autopista con la costa, son disparates y ejemplos de un modo de intervenir que nos ha llevado a un déficit público desestabilizador, y a un profundo desprestigio de las Instituciones.
En las últimas décadas hemos visto la transformación del territorio con un urbanismo excesivo que ha llegado a conurbar la línea de costa y creado infraestructuras con enormes impactos ambientales. Es por ello, que los anuncios de un nuevo modelo de Economía Sostenible y la racionalización del gasto público, nos abre un camino de esperanza que esperamos que prospere.
Es el momento de abandonar las prácticas que han alimentado la corrupción y los excesos urbanísticos en nuestro país.
Demandamos un cambio en la gestión de lo público en la que impere la sostenibilidad y el interés general.
Solicitamos el abandono definitivo de proyectos como la autopista de “Las Pedrizas”.
Exigimos que se aplique la transparencia informativa sobre la financiación de esta infraestructura.
1. Nueva Cultura del Territorio (NCT) Coordinadora malagueña Málaga
2. Coord. Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Málaga
3. Plataforma Antequera Habitable Antequera
4. Plataforma No a la Térmicas Campanillas
5. Plataforma contra el Puerto Seco Cartama
6. Asociación de Vecinos Capellanía, Parceleros y Pilarejo Cártama
7. Plataforma Autopista No Casabermeja
8. Asamblea Ciudadana por la Supervivencia de los Baños del Carmen Málaga
9. Red Nueva Cultura del Agua Málaga
10. Plataforma Salvemos Gibralfaro Málaga
11. Ecologistas en Acción Málaga
12. Foro Ciudadano Rincón de la Victoria
13. Asociación de Defensa del Patrimonio y la Arqueología "Taha de Bezmiliana"
14. Asociación Cultural y Deportiva Jábega Rincon de la Victoria
15. Grupo Estudios de la Naturaleza Axarquía Gena.
16. Ecologistas en Acción Vélez Málaga
17. Ecologistas en Acción Mijas
18. Plataforma 29 de marzo por el cumplimiento de las sentencias Marbella,
19. Ecologistas en Acción Marbella
20. Plataforma en Defensa de la Sierra de Utrera Manilva
21. Ecologistas en Acción Sierra Bermeja Estepona
22. Asociación de Vecinos "Las Joyas" Estepona
23. Silvema Ecologistas en Acción Comarca de Ronda
24. Guiris contra los Campos de Golf Comarca de Ronda
25. Plataforma Arriateña en Defensa del Agua Arriate
26. Plataforma Cueveña Defensa del Agua Cuevas del Becerro
27. Grupo de Trabajo del Valle del Genal Comarca de Ronda
28. Asociación Rondeña de Amigos de los Caminos Andaluces Ronda
29. Ecologistas en Acción El Burgo
30. Universidad Rural Pablo Freire Comarca Ronda
31. Ecologistas en Acción, Antequera
32. Plataforma en Defensa del Agua Villanueva del Rosario
33. Plataforma en Defensa del Agua Valle de Abdalajís
34. Plataforma en Defensa del Territorio Alhaurino PECTA. Alhaurín el Grande
35. Club de Senderismo "Rompesuelas" Alhaurín de la Torre
36. Plataforma Praderas Marinas Axarquía
37. Ciudadanos de Alcaucín.
38. Coordinadora en Defensa del Río Grande Coín,
39. Coordinadora por el Tren del Interior, Málaga.
40. Asociación Jara Coín,
41. Plataforma de Defensa del Tren Interior Málaga
42. Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril
43. GRAECO
44. Plataforma de afectados por el AVE, Antequera
45. Asoc. de Turismo Rural del Sur del Torcal.
46. Grupo de Ardales.
47. AAVV Bobadilla.
48. AAVV La Vega. Antequera.
49. AAVV Villanueva de la Concepción.
50. Grupo Qandahar, Antequera.
Nueva Cultura del Territorio NCT, Coordinadora ciudadana de Málaga
Domicilio social C/ Ivan Pavlov Bloq. 3 bajo A - Parque Tecnológico de Andalucía. 29590 Málaga.
http://nuevaculturaterritorio-malaga.blogspot.com
* Nueva Cultura del Territorio, coordinadora malagueña - 2.09.10
Valencia.- ¿Qué fue del coste cero del circuito?
LEVANTE* : La Asociación de Vecinos de Natzaret recordó ayer, al hilo de las declaraciones del conseller de Infraestructuras sobre su intención de recuperar el 70% del coste del circuito de F1, que en su día la Generalitat anunció que la infraestructura -en la que se invirtieron alrededor de 70 millones de euros- se haría con "coste cero", es decir, que se recuperaría íntegramente la inversión con la urbanización del PAI del Grao. El portavoz de los vecinos de Natzaret, Julio Moltó, se preguntó si la decisión de construir el circuito dentro del cauce del río sin estudio de impacto ambiental con el argumento de que es parte del viario del futuro barrio del Grao merecen el mismo grado de fiabilidad que las afirmaciones sobre el coste cero. Moltó advirtió de que en caso de fuertes lluvias el barrio corre un alto riesgo de inundarse y así lo han denunciado ante el Síndic de Greuges.
El conseller Mario Flores matizó ayer sus palabras y dijo que no renuncia a recuperar la totalidad del coste de las obras del circuito de Fórmula Uno de Valencia, ya que, precisó, la cantidad que no se recupere con el convenio urbanístico podría reembolsarse con la construcción del acceso norte al puerto y con la explotación de instalaciones como los tinglados de la dársena interior (que son propiedad municipal).
Flores precisó que Consell pretende recuperar cerca del 70 por ciento del costo del circuito -que, ha dicho, "no ha llegado a los 100 millones de euros"- mediante el convenio firmado con el Ayuntamiento de Valencia para realizar un plan urbanístico en la zona.
Las declaraciones del martes de Mario Flores provocaron también la reacción del PSPV y EU. La diputada socialista en las Corts Clara Tirado presentará una pregunta parlamentaria para que el conseller de Economía, Gerardo Camps, responda sobre la recuperación íntegra del gasto generado por la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia.
"No podemos consentir que caiga en saco roto tanto dinero que podría recuperarse y destinarse a otras cuestiones", declaró Tirado. La diputada lamentó que el Consell "dé por perdido" el 30% del coste de las obras del circuito, así como otras partidas que -asegura- rondarían los diez millones de euros y que no se sabe si se recuperarán. Tirado denunció que los contratos y adjudicaciones relacionados con el certamen estén marcados "una vez más" por "el oscurantismo y la opacidad".
La coordinadora del EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, dijo que la eliminación de la prueba deportiva es "la única actuación posible". El circuito, añadió, es un "insulto" ante la grave situación económica de la Comunitat.
* Levante - 2.09.10
Foto: Valencia, circuito F1 cerrado y abandonado - levante-emv.com
Una plataforma pide "paralizar" la cartuja de Náguiz (Ezcabarte)
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DIARIODENAVARRA* : La denominada plataforma en defensa "Náguiz-Nagiz Bizirik", contraria a la construcción de una cartuja en el señorío de Náguiz, en el valle de Ezcabarte, ha pedido a este Ayuntamiento que rechace la concesión de la licencia para las obras. Recuerdan al Consistorio que el Gobierno Foral autorizó su construcción y contradijo una resolución desfavorable anterior del propio Consistorio y un informe previo negativo y que existen varios recursos de grupos ecologistas y particulares.
Los integrantes de la plataforma, que se presentan como vecinos de todos los pueblos del valle, presidentes de concejos y miembros de las juntas concejiles, han presentado una moción al Ayuntamiento del valle de Ezcabarte por medio del concejal de NaBai, José Antonio Arandigoyen Leorza. En ella piden al Consistorio que "rechace la concesión de la licencia de obras al proyecto" que, según ha anunciado Joaquín Elizalde, la orden cartujana presentará este mes de septiembre, después de que el ejecutivo informara favorablemente respecto a la construcción de un monasterio cartujo en el señorío de Náguiz, de propiedad privada y catalogado como suelo forestal.
En su escrito, los opositores al proyecto aseguran que el señorío de Náguiz "forma parte de la zona mejor conservada del valle, el bosque productor", que se extiende a demás a término de Sorauren, Eusa, Señorío de Adériz, Orrio, Cildoz y Anoz. Explican que en el plan municipal de Ezcabarte, para protegerlo, se calificó como suelo forestal de protección. Por ley, dicen, en esos suelos "sólo se pueden acometer construcciones, instalaciones o usos necesarios para su mejor conservación".
Denuncia de ecologistas
Previamente, tres grupos ecologistas anunciaron la presentación de un recurso de alzada a la resolución del servicio de Ordenación. Ahora preparan un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Según indican en la moción presentada en Ezcabarte, la cartuja que se quiere construir "no es una dotación para vecinos del valle". Se refieren a las palabras de los promotores, en las que indican que "el uso de la cartuja va a ser exclusivamente privado".
Por otro lado, a las razones medioambientales añaden otras razones para oponerse a la cartuja. En concreto, citan "el riesgo de incendio". También alegan la "necesidad de un urbanismo razonable, ya que la construcción "contradice las normas urbanísticas en cuanto a la ubicación alejada de cascos urbanos", dicen sin mencionar que en el plan municipal ya se recoge la figura de dotacional religioso para el señorío de propiedad privada.
Por último, reiteran que no va a traer beneficios al valle. "Los señoríos están exentos en materia de vivienda protegida o de cesión obligatoria de espacios públicos", y piden que se mantenga "el uso público del monte al igual que en el resto de los pueblos".
* Diario de Navarra - 2.09.10
Foto: Ezcabarte (Navarra) - ezcabarte.es
Valencia.- La policía halla más pruebas de financiación ilegal del PP
PÚBLICO* : El PP valenciano y tres constructoras con múltiples adjudicaciones de la Generalitat (Sedesa, Lubasa y Ortiz) pagaron en 2008, en negro o con facturas falsas, 846.000 euros a la empresa corrupta Orange Market, la franquicia levantina de la 'red Gürtel'. Así lo sostiene la Brigada de Blanqueo de la Policía en un informe fechado el pasado 20 de julio y que detalla cómo Orange Market destinó la mayor parte de ese dinero a minorar la deuda contraída por el PP valenciano, para el que la empresa había trabajado de nuevo ese año durante la campaña de las elecciones generales de marzo.
El informe, incorporado al sumario y que completa el emitido por la policía en julio de 2009, da un paso más respecto a las revelaciones de hace un año: ahora, los investigadores establecen de manera abierta un nexo causal entre los pagos de las empresas y las "contrapartidas" que les aseguraba su papel como benefactoras del partido de Francisco Camps. Sedesa, Lubasa y Ortiz, dice el informe, pagaron a cambio de favores concedidos por el PP, que gobierna todas las grandes instituciones valencianas. Y se avinieron a pagar siguiendo indicaciones de "los responsables" del partido en Valencia.
Costa y Serra, señalados
Como dirigentes que tuvieron una "participación activa" en ese complot urdido para ocultar la financiación ilegal del PP, la policía cita al ex número dos de Camps, Ricardo Costa, y al actual vicesecretario general del partido en Valencia, David Serra. Por la noche, el PP valenciano emitió un comunicado en el que tacha de "falso" el informe policial y asegura que "no se da por aludido".
Pero las 104 páginas de este nuevo dossier de la Brigada de Blanqueo acrecientan la sospecha de financiación ilegal en el PP valenciano: tres meses después de que Hacienda cifrase en 2,5 millones lo defraudado por el PP valenciano al fisco en 2007, llega ahora este nuevo informe. Y lo hace pertrechado de una batería de anexos repletos de datos que desmenuzan el modus operandi del trípode presuntamente conformado por el PP, sus empresas de cabecera y la red Gürtel.
El contenido de esos anexos admite difícil refutación. Las conclusiones de la Brigada de Blanqueo se sustentan en la documentación incautada a Orange Market, que incorporó a su contabilidad opaca los 405.450 euros abonados por el PP durante 2008 en ocho entregas. El estadillo de la caja B-Barcelona, en el argot de la trama- se incluye en el informe. Ahí constan anotados los ocho pagos, "sin justificación contractual", dice la policía.
Otros 441.000 euros recibidos por Orange Market tienen su origen en abonos de Sedesa, Lubasa y Ortiz, tríada situada en el ojo del huracán desde que la policía destapó hace un año los primeros indicios de financiación ilegal. En este caso, los ingresos a favor de Orange Market se camuflaron como pagos por trabajos de márketing, publicidad y asesoramiento de imagen.
Según la policía, no se entiende que las tres empresas, "adjudicatarias de numerosos contratos públicos", contribuyeran a enjuagar las deudas del PP "salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo". De no existir tal contraprestación, no habría "explicación lógica" para esos pagos, dice el informe.
El juez Antonio Pedreira, que instruye la pieza principal del caso Gürtel, ya hizo suya en mayo la tesis de que los conservadores captaron fondos ilegalmente e involucró a las mismas tres empresas que ahora analiza la policía. Pero, entonces, los investigadores tenían menos información. Ahora, la Brigada de Blanqueo ha encajado las piezas necesarias para asegurar que tanto Sedesa como Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos suscribieron falsos "acuerdos de colaboración" con Orange Market con el único objetivo de sufragar gastos del PP valenciano mediante la emisión de facturas "ficticias".
Un "artificio" de papel
La policía incluye un dato clave: Orange Market tenía en su poder los documentos relativos a un supuesto "acuerdo de colaboración" con Ortiz e Hijos, acuerdo que en febrero de 2009 seguía sin firmar por los responsables de la empresa constructora. El "artificio" creado, subraya la policía, acabó teniendo los pies de barro. Que ese documento prosiguiera sin firma 13 meses después de la fecha oficial en que fue suscrito denota su falsedad, argumenta el informe. La policía recuerda que la Ley de Financiación de Partidos prohíbe a estos aceptar, directa o indirectamente, donaciones de contratistas públicos.
Ortiz e Hijos desembolsó a Orange Market 232.232 euros. Los últimos pagos se produjeron el 5 de febrero de 2009, un día antes de que el juez Baltasar Garzón hiciera saltar por los aires la trama Gürtel. Ese mismo día, el contable de Orange Market, Cándido Herrero, habló por teléfono con su jefe, Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps. "Ya me han dado la caja de magdalenas", le contó Herrero a El Bigotes. La policía, que incorpora la transcripción de ese pinchazo, no alberga dudas: la caja de magdalenas hace alusión a Enrique Ortiz, quien también se ha visto involucrado recientemente en la supuesta compra de partidos para el Hércules, equipo de su propiedad.
Pedreira suscribió la tesis de la financiación ilegal tras el informe de Hacienda que reveló fraude fiscal en el PP valenciano. El juez plasmó sus sospechas en un auto dictado el 26 de mayo, donde alertaba de que en 2008 podía haberse producido un delito electoral por exceso de gasto, pero dejaba abierta la cuestión. En esa resolución, Pedreira se inhibía en favor del Tribunal Superior de Valencia en lo concerniente a la financiación ilegal del PP. Pero el caso seguirá en sus manos en tanto el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) no resuelva el recurso del PP contra su inhibición. En teoría, el PP ejerce la acusación particular, aunque todos sus pasos han ido encaminados a demorar la instrucción.
Precisamente, el TSJM sostuvo en un auto que "un sector" de los imputados pretende "paralizar" la causa "interponiendo constantemente toda clase de recursos", informa Efe. En su auto, el tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados -entre ellos, los diputados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.
Lo que dice el informe policial
“Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y el Grupo Parlamentario del PP en las Cortes Valencianas –reza el informe policial incorporado al sumario de la ‘Gürtel’– son financiados mediante diversos mecanismos”:
1 - "Entregas realizadas por el propio PP con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market"
2- "Facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por esta"
3- "Los responsables del PPCV realizan gestiones para que empresarios, cuyas empresas son adjudicatarias de contratos públicos en vigor, financien los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market que se enmascaran a través de facturas ficticias emitidas por dicha sociedad a estas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios".
* Público - 1.09.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Prado del Rey.- Ecologistas critican a la Junta por "paralizar" la demolición de la casa de Carmen Janeiro
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DIARIODECÁDIZ* : La organización Ecologistas en Acción ha criticado hoy que la Consejería de Medio Ambiente haya tenido «paralizado durante cinco años» el expediente de demolición de la ampliación ilegal de la vivienda de Carmen Janeiro en Prado del Rey, en el parque natural Sierra de Grazalema, en Cádiz. En una nota de prensa, Ecologistas en Acción recuerda que la Consejería de Medio Ambiente abrió en 2003 un expediente sancionador contra la propietaria de la vivienda por realizar una ampliación de la misma «sin la preceptiva autorización del parque natural y por exceder el máximo de 150 metros cuadrados edificable que estipulan las normas urbanísticas de Prado del Rey, lo que motivó la paralización de las obras».
En enero de 2004 se resolvió el expediente sancionador «con una multa de 30.000 euros y la obligación de restituir el terreno a su estado anterior», una decisión contra la que Carmen Janeiro, hermana del diestro Jesús Janeiro «Jesulín de Ubrique» presentó en febrero de 2005 un recurso de alzada que no ha sido resuelto «hasta la fecha».
Ecologistas en Acción señala que la Consejería de Medio Ambiente ha explicado que el expediente administrativo se había paralizado «al existir diligencias judiciales», aunque la organización apunta que ello no es «cierto» pues «el procedimiento judicial está archivado desde 2005».
La Delegación de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, ante las preguntas sobre este asunto, ha contestado que «ahora se va a proceder a responder al recurso de alzada interpuesto hace ya cinco años», según el comunicado.
Ecologistas en Acción entiende que «las normas urbanísticas y medioambientales están para cumplirse, máxime en un espacio natural protegido, y exigirá explicaciones a los responsables del Parque Natural y de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente por esta negligencia que ha estado a punto de provocar la caducidad de este expediente sancionador por esta infracción urbanística a la normativa del Parque Natural».
* Diario de Cádiz - EFE - 1.09.10
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org
La Fiscalía ve indicios de malversación en Agüera
INFORMACIÓN/Alicante* : La Fiscalía ve indicios de la comisión de un delito de malversación por parte del primer teniente de alcalde de Ibi, Miguel Ángel Agüera, del PP, por autorizar el pago de diversas facturas por obras en el restaurante municipal de la finca Serafines, que en conjunto ascendían a 16.147 euros. La documentación sobre este caso ha sido remitida a los juzgados del municipio con el fin de incoar diligencias previas, dado que se considera que los pagos debieron ser asumidos por la empresa que regenta el local.
Los hechos, que se remontan al año pasado, fueron puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal por parte del concejal de EU José Vicente Verdú, tras conocer que el interventor municipal formuló reparo de legalidad al abono de unas facturas por obras en el restaurante de la finca Serafines, de propiedad municipal.
Según se hace constar en el escrito que la Fiscalía ha remitido a los juzgados, y al cual ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento de Ibi y la empresa que regenta el restaurante suscribieron en octubre de 2007 un contrato administrativo especial de servicio de restauración, en el cual se establecía un canon de licitación de 930 euros al mes y de 30.000 euros de valoración estimada de las reformas a efectuar en el local.
Como consecuencia de las reformas efectuadas en el restaurante, se presentaron en el Ayuntamiento diversas facturas fechadas entre el 9 de febrero y el 30 de mayo de 2009, cuyo importe total era de 16.147 euros.
En base a ello, el interventor municipal formuló un reparo de legalidad en el que, entre otras cuestiones, señalaba que "no consta la instrucción de procedimiento alguno de contratación en relación a las citadas facturas, en la medida de no haberse cumplimentado la propuesta de autorización del gasto correspondiente por el concejal responsable, obviándose el procedimiento de verificación y control de la existencia previa del crédito y su retención".
A pesar de ello, el teniente de alcalde delegado de Urbanismo y Obras Públicas, Miguel Ángel Agüera, autorizó el gasto con cargo al presupuesto municipal mediante un decreto de 17 de julio de 2009. En dicha resolución indicaba que autorizaba el pago "para evitar el perjuicio de terceros contratantes con la Administración y el correlativo enriquecimiento injusto".
Con ello, se abonaban por el Ayuntamiento facturas de reforma de las instalaciones del restaurante, cuyo importe, según hace constar la Fiscalía, "debía sumir la empresa adjudicataria con arreglo al contrato antes reseñado de octubre de 2007".
En este sentido, el fiscal añade que "se considera, por lo expuesto, que existen indicios de la comisión de un delito de malversación del artículo 433, que podría haberse cometido por el teniente de alcalde que autorizó el gasto por decreto". Este es el motivo por el que se ha remitido a los juzgados de Ibi la denuncia efectuada por EU y la documentación aportada, "con el fin de incoar diligencias previas en averiguación de los hechos", concluye el escrito.
Este es el segundo caso de presunta malversación que afecta al Ayuntamiento y que acaba en los tribunales, después de que el juzgado instruyera diligencias contra la ex concejal Ana Sarabia por irregularidades contables en el polideportivo municipal. El concejal de EU, José Vicente Verdú, recuerda que la imputación de Ana Sarabia provocó en su día que el grupo popular la presionase para que entregara su acta de concejal. En este sentido, se pregunta si "ahora ocurrirá lo mismo con Agüera". Verdú también recuerda, en relación al pago de las facturas del restaurante Serafines, que el gobierno municipal todavía no ha resuelto su recurso contra el decreto, ni tampoco ha respondido a la solicitud de creación de una comisión de investigación.
* Información - 31.08.10
Nuevos indigentes y nómadas se enquistan en calles de Barcelona
ELPERIÓDICO* : Algunos llegaron a Barcelona con billete de ida y aún no han encontrado el momento de marcharse pese a no tener un euro en el bolsillo; otros vinieron en busca de una vida mejor pero perdieron el empleo y con ello un lugar donde quemar el día; otros no tienen más objetivo que pasar las horas bebiendo alcohol o consumiendo estupefacientes... Muchos de ellos tienen un techo donde dormir, aunque numerosas noches opten por la intemperie para seguir su propia juerga, y otros no tienen cama propia porque esa es la forma de vida que han escogido, sin ningún deseo de alterarla.
La característica común es que se trata de colectivos que se están enquistando en plazas y calles de Barcelona generando conflictos de convivencia, sea por que imposibilitan a los vecinos el disfrute de esos espacios, o porque en algunos casos su agresividad los hace peligrosos. Su perfil difiere del de los 1.400 'sin techo' tradicionales -y normalmente nada conflictivos- contabilizados por Ayuntamiento de Barcelona, que da cobijo a la mitad en diversos centros.
El fenómeno del nomadismo urbano eclosionó hace un par de años con fuerza en Ciutat Vella y generó muchos problemas de incivismo en el 2009. No obstante, el ayuntamiento asegura que este perfil de trotamundos ha remitido este verano. Pese a no estar cuantificado, su presencia sigue siendo visible en la Barceloneta (en la playa, frente al mercado, en el parque...), en la plaza de los Àngels y otras. Sin embargo, la presencia de personas en situación de precariedad instaladas en la vía pública durante horas ha aumentado este verano de la mano de nuevos colectivos. Se trata de hombres -en la mayoría de los casos- que han perdido el trabajo y pasan largas horas en bancos o escalinatas de plazas consumiendo alcohol u otras drogas, pese a que en muchos casos aún tienen un techo donde vivir. Los hay autóctonos, pero también son muchos inmigrantes, en especial de países del Este, ahora sin ocupación.
Y en la casuística figuran también personas que, con problemas mentales o de alcoholismo, no buscan empleo ni método de subsistencia. Sus escenarios cotidianos, además de los mencionados, son las céntricas plazas de Urquinaona, de Salvador Seguí, de George Orwell, Vicenç Martorell, Vila de Madrid, en el entorno de la estación de Sants, la calle del Marquès de Campo Sagrado (Eixample) y otros puntos.
Fuentes municipales coinciden en que algunos recursos sociales de Barcelona (como comedores) unidos al benévolo clima local propician que su presencia en la calle sea especialmente dilatada, de donde no suelen tener intención de salir. El ayuntamiento ultima intensificar medidas contra el fenómeno en el centro de la ciudad, tanto por vía del llamado urbanismo preventivo como con presión policial y sanciones en casos de incivismo, ya que al frecuente consumo de alcohol se suman desórdenes públicos y suciedad (basuras y orines) donde se instalan.
QUEJAS / Las quejas no se hacen esperar en muchos de los puntos que conquistan. Una decena de nuevos indigentes permanecen casi cada día en el parque de la Estació del Nord, la mayoría procedentes de países del Este. El parque cierra de noche pero el grupo logra entrar por huecos que hay entre las rejas. «Tienen colchones, duermen a sus anchas y dan muy mala imagen», se queja una vecina de la zona. Los encargados de los chiringuitos cercanos asegura que a veces protagonizan peleas entre ellos mismos. En la plaza de Hilari Salvador, en la Barceloneta, los vecinos ya están habituados. Ahora una plataforma vecinal pide más control policial en el espacio público para frenar la expansión.
* El Periódico - 2.09.10
Foto: Barcelona, nuevos nómadas en las calles - elperiodico.com
La nueva ordenación territorial de la Xunta levanta a los ecologistas
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ELPAÍS/Santiago* : El plazo de alegaciones a la Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), cerrado ayer, ha ensanchado la brecha que separa a los ecologistas de la consellería que dirige Agustín Hernández. Al menos 18 organismos o instituciones han presentado sus observaciones al documento, considerado la hoja de ruta de la planificación territorial de Galicia para las próximas décadas. Las más severas le llegan al titular de Medio Ambiente por dejar de lado la prometida ampliación de la Red Natura y por haber hecho caso omiso del catálogo de especies amenazadas.
Los colectivos de defensa de la naturaleza han presentado alegaciones a través de Adega y la Federación Ecoloxista Galega (FEG), a falta de las que la Consellería de Medio Ambiente reciba en los próximos días y que hayan sido presentadas por correo dentro de plazo. Ambas organizaciones inciden en la "incongruencia" de un documento de planificación que no tiene en cuenta la propuesta de ampliación de la Red Natura. En 2007, la Xunta presentó un proyecto de extensión del patrimonio natural que no figura en las Directrices. Tampoco hay referencia alguna a la promesa realizada por el presidente Feijóo de ampliar la red, que en Galicia ocupa sólo el 11,7% del territorio, frente al 27,1% de media estatal.
Pero hay más. La Federación Ecoloxista Galega denuncia en una alegación que el documento de Medio Ambiente también obvia las especies de flora y fauna amenazadas en Galicia. En efecto, las DOT no han tenido en cuenta los instrumentos de planificación relativos a la conservación de las especies en peligro de extinción o vulnerables. Todas estas especies están catalogadas en un decreto del año 2007 que no figura en la normativa aplicable de las directrices. Tampoco aparecen los instrumentos de planificación, como planes de conservación, para las especies en peligro de extinción -entre ellas, el águila real-, a pesar de que la UE obliga a considerar estos instrumentos.
Otro olvido de las directrices, que la FEG considera intencionado, es el de los planes de ordenación de los recursos naturales, los llamados PORN, y los planes rectores de uso y gestión (PRUX). Son los instrumentos que desarrollan los parques naturales, que, sin ellos, se convierten en papel mojado. No aparecen entre la normativa aplicable de las Directrices.
Adega, uno de los colectivos integrados en la FEG, ha presentado otra alegación por separado en la que acusa a la Xunta de "renunciar a intervenir en las principales causas y consecuencias de la actual degradación del territorio". Además de la ampliación previa de la Red Natura, la organización ecologista demanda la previsión de corredores ecológicos y actuaciones que minoren el impacto de planes sectoriales como el eólico o el hidroeléctrico Galicia-Costa. Adega denuncia asimismo que las directrices "insinúan" que será la Administración, y no las empresas concesionarias, las que deban cargar a partir de ahora con la restauración ambiental de las zonas mineras abandonadas.
También ayer se conocieron las alegaciones de tres colectivos, entre ellos el de las comunidades de montes de la comarca, en contra de la desaparición del Espacio Natural Montes do Morrazo en la relación de espacios protegidos de las DOT. Las alegaciones se presentaron después de sucesivas reuniones a lo largo del fin de semana, ya que la coincidencia de la exposición pública con los meses de julio y agosto dificultó la elaboración de las observaciones al documento urbanístico.
Al cierre del plazo, la consellería sólo tenía conocimiento de hecho de 13 alegaciones. Se trata de las de los ayuntamientos de A Coruña, Foz, Marín, Carballeda de Valdeorras y Arteixo, Sindicato Labrego Galego, ENCE, Retegal, Engasa, Confederación de Empresarios de Galicia, Instituto Galego de Estatística, Colectivo Nacionalista de Marín y Asociación Defende o Monte Pituco.
* El País - 31.08.10
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)
Plasencia.- Nace una plataforma ciudadana en defensa del monte Valcorchero
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HOY/Cáceres* : SOS Valcorchero es el nombre dado a la recién creada plataforma ciudadana nacida en defensa del monte público. Cuatro asociaciones la constituyeron formalmente en la primera reunión mantenida con este fin el pasado día 26. Ecologistas Plasencia, Sociedad Zoológica de Extremadura, Adenex y Sociedad Española de Ornitología son las cuatro entidades, además de particulares, que constituyen hasta la fecha la plataforma ciudadana SOS Valcorchero. «Nuestro fin único y primordial es la defensa del espacio natural protegido de Valcorchero», resumió ayer Juan Carlos González, responsable de Ecologistas Plasencia y miembro de SOS Valcorchero.
«Vamos a confeccionar una página web de adhesión, opinión, recogida de firmas... pero hasta que esté en servicio cualquier persona o asociación apolítica que quiera formar parte de la plataforma puede hacerlo a través de las asociaciones que la hemos puesto en marcha», agregó González.
La campaña de adhesión está en marcha y su fin es evitar que se construya en el monte público. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado día 16 una resolución de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente en la que se explica que el Ayuntamiento había solicitado que «se declare o reconozca» la descatalogación de 22,73 hectáreas del Monte de Utilidad Pública Valcorchero que se halla clasificado como suelo urbano o urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de Plasencia de 1996. La descatalogación como monte público de 23 hectáreas del llamado PP-6 ha motivado el nacimiento de la plataforma.
«Ante la pretensión política de detraer parte de su superficie, desclasificándola y creando así las condiciones necesarias para la urbanización futura, esta plataforma nace con la intención de pedir que no se prive a los ciudadanos de un área, que desde muchos años, se ha constituido en un referente emocional de apego y respeto por parte de los placentinos, por todo lo que este paraje representa para gran parte de ellos», argumenta SOS Valcorchero.
La nueva plataforma considera que no debería ser el monte público el lugar elegido para la ampliación del núcleo urbano, en caso de que realmente se necesitara. «Existen estudios e informes de distinta procedencia recomendando a anteriores gobernantes y también al actual la idoneidad de no alterar los espacios naturales y orientar el crecimiento urbano en otra dirección geográfica».
Nueva protección
SOS Valcorchero solicita al Gobierno local una declaración institucional en la que se comunique la renuncia expresa a la segregación/desclasificación de las 23 hectáreas del PP-6 y la petición oportuna para que la totalidad del espacio protegido vuelva a ser considerada, reforzando así la protección de la que parecía gozar hasta hace pocas semanas.
Más allá de las cuatro asociaciones que conforman la plataforma y de los particulares que se hayan inscrito, también los vecinos de Ciudad Jardín, urbanización anexa al PP-6, han expresado su malestar por la descatalogación y han indicado su intención de recurrir la resolución de la Junta de Extremadura. En el Ayuntamiento, la concejala de UPEX, delegada de Urbanismo y socia de gobierno, Victoria Domínguez, ha manifestado públicamente su disconformidad con que se pueda construir en esas 23 hectáreas de monte público, su rechazo a la tramitación que ha llevado a cabo la alcaldesa para lograrlo y su intención de continuar trabajando para que ese terreno vuelva a ser monte público y, por tanto, siga protegido. Victoria Domínguez ha declarado al respecto que la protección no mermaría la propiedad municipal, porque la edificabilidad que le corresponde al Ayuntamiento se pasaría a la parte baja del residencial de Ciudad Jardín.
* Hoy - 1.09.10
Foto: Terreno del monte público de Valcorchero que quiere proteger la nueva plataforma - hoy.es
