ELPAÍS/Alicante* : Una de las grandes debilidades de los sucesivos gobiernos y alcaldes del PP de Benidorm entre 1991 y 2009 es que han sido incapaces de desarrollar el Plan General de la ciudad que se aprobó en 1990, siendo alcalde el socialista Manuel Catalán Chana. Casi todos los planes parciales que pudieron ejecutarse al calor de la evolución de la legislación urbanística valenciana, que arrancó con la aprobación de la LRAU en 1994, han quedado paralizados, algunos con largos procedimientos judiciales todavía sin resolver.
De hecho, únicamente se ha ejecutado en todas sus fases uno de los 10 planes parciales previstos, el PP 6/1, conocido como Xixo, de aproximadamente 600 viviendas. El resto de sectores: Armanello, Poniente, Industrial, Ciudad Médico Residencial, Golf, Discotecas, Murtal, Serra Gelada y Salt de l'Aigua se han visto interrumpidos por diferentes motivos y algunos sufren procesos judiciales que duran un decenio.
Todo el crecimiento se ha basado en el suelo urbano que ya tenía. Y las consecuencias han sido que en 20 años no se ha construido ninguna vivienda protegida y que el consistorio apenas tiene suelo en su patrimonio procedente del 10% del aprovechamiento lucrativo que le corresponde de cada plan.
Dos ejemplos. El Armanello ha estado paralizado desde que fue adjudicado, en junio de 2000, a Enrique Ortiz, y no ha sido desbloqueado definitivamente hasta mayo de este año, tras 10 años de litigios. En sus 667.000 metros está previsto levantar 23 torres de hasta 29 alturas. El plan parcial Poniente, de 131.200 metros, también ha sido desbloqueado recientemente. Estaba parado desde marzo de 2003 a expensas de la aprobación por la Consejería de Medio Ambiente de su homologación y de la autorización por la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la canalización de sus barrancos.
Pero el caso más grave es el plan parcial Murtal, adjudicado en 2000, de 907.000 metros en los que caben 2.000 viviendas. El urbanizador, Prometosa Construcciones, SA, mercantil de Francisco Gómez Hernández, conocido como El Paloma, reclama al Ayuntamiento 74 millones por la paralización del sector. La denuncia sostiene que "la ineficiencia y la dilatoria actitud" del Ayuntamiento han impedido aprobar el proyecto de reparcelación. También denuncia que en la tramitación del expediente no han participado técnicos municipales, sino asesores externos, dado que el anterior alcalde, Manuel Pérez Fenoll, del PP, eliminó hasta al secretario municipal del procedimiento administrativo. Tanto el Armanello como el Murtal acabaron en el Tribunal Supremo.El plan parcial Ciudad Médico Residencial, que prevé construir chalés de lujo y servicios sanitarios privados en 43,7 hectáreas, está paralizado por la CHJ porque entiende que las canalizaciones de los barrancos deben hacerse en abierto y la mercantil Residencial Siglo XXI ha acabado demandando a la Confederación. Y así sucesivamente. Se ha llegado a firmar un convenio con el urbanizador del plan parcial Discotecas para liberar suelo y, por ejemplo, poder hacer los nuevos juzgados o la estación de autobuses, pero el sector sigue sin desarrollarse.
Así las cosas, un informe del arquitecto municipal, José Luis Camarasa, que sirvió de base para rechazar la urbanización de un millón de metros cuadrados de suelo no urbanizable junto al PAU de Serra Gelada, descubre que "el suelo residencial vacante clasificado todavía tiene un horizonte de colmatación de entre veinte y treinta años", en función del crecimiento demográfico. Para llegar a esta conclusión, Camarasa valora que la capacidad de los nuevos desarrollos es de unas 26.099 viviendas, mientras que entre 1991 y 2007 el parque residencial creció en 20.179 (10.674 viviendas y 9.505 apartamentos), lo que se tradujo en un crecimiento vegetativo de 30.403 habitantes. Pero también alude a que cuando se acabe de ejecutar el PGOU un gran número de viviendas habrá superado los 50 años de vida, lo que provocará su renovación "por obsolescencia estructural, funcional, energética, etc.", un fenómeno que retraerá la demanda de suelo.
El 25% del término municipal es urbano y los planes parciales consumirán cuando se ejecuten otro 17%, así que el 58% sigue siendo no urbanizable común o protegido. Camarasa alude a otros informes que abogan porque Benidorm "no se verá revitalizado con ningún desarrollo urbanístico suburbial de media o baja densidad, modelo territorial del resto de municipios de la comarca, sino todo lo contrario, se perdería (...) una futura oportunidad de continuidad de un modelo de ordenación basado en la concentración y la continuidad del tejido urbano".
Aunque el suelo urbanizable esté pendiente de ser desarrollado, la práctica totalidad de los PAI están adjudicados a diferentes urbanizadores pendientes de reparcelarse, así que la Concejalía de Urbanismo ha decidido ponerse a trabajar en un documento llamado Plan de Crecimiento de Benidorm 2010-2020, que apuesta por "las ideas consensuadas, escuchar a todos los vecinos y crear un plan de crecimiento que sea una síntesis del Laboratorio de Ideas Urbanas y las Jornadas previas a la revisión del PGOU de Benidorm", posterior a este plan decenal.
La metodología para generar nuevas ideas "para actualizar la estrategia de futuro de la ciudad e ir más allá", en palabras del edil de Urbanismo, Jaime Llinares, pasa por "generar el mayor número de ideas posibles, formar un grupo horizontal sin jerarquías y buscar un efecto multiplicador" en sesiones de tormenta de ideas de menos de una hora y 5 ó 6 personas, que podrán emitirse por internet.
Llinares reconoce que Benidorm ya "dispone de un modelo de ciudad físico", así que "ahora debemos fijarnos en aspectos más intangibles como la cultura ciudadana, la creatividad, la gestión de redes, el gobierno relacional o el compromiso cívico de la residencia urbana".
* El País - 22.08.10
Foto: Benidorm, desde playa - diarioinformacion.com
Los planes parciales de Benidorm están parados o en los juzgados
El pleitista urbanístico de Vigo pierde su primera gran batalla
ELPAÍS* : La definitiva legalización de la urbanización Jacinto Benavente, de 178 viviendas, ha abierto una importante fisura en la estrategia del pleitista urbanístico Eduardo Canabal, cuyos procedimientos contra el Ayuntamiento de Vigo ejerciendo la acción popular han generado órdenes de demolición de unas 1.500 viviendas. Entre ellas estaba, desde 1999 y de manera insistente en la prensa local hasta el mes pasado, la citada urbanización. Su legalización abre la puerta a otras futuras y, por añadidura, evita que Canabal perciba compensaciones como parte que desencadenó y mantuvo el proceso en candelero durante más de una década.
"Cada edificio es un caso singular", precisa el alcalde vigués, Abel Caballero, para atajar cualquier asomo de euforia. "Tanto el Tribunal Superior de Galicia como el Tribunal Supremo establecen, por una parte, que los edificios sean legalizables por un plan general y, por otra, que haya existido buena fe entre los distintos agentes que han participado en su construcción. Ambas cosas se dan en este caso, lo que ciertamente no sucede en todos", añade Caballero.
La causa que motivó la orden de demolición de la urbanización de Jacinto Benavente remite a la aplicación del polémico plan general de urbanismo de 1993, que el Ayuntamiento aprobó por unanimidad, y, singularmente, a "errores administrativos" de la propia Xerencia Municipal de Urbanismo. En lugar de subsanarlos y enfrentar la demanda de Eduardo Canabal, el Ayuntamiento, en una actitud que aún nadie ha explicado, se allanó y dejó correr la bola judicial sin hacer valer sus criterios. Lo mismo que la Xunta de Galicia, codemandada en el proceso y que tampoco compareció.
En 2005, cuando el proceso llevaba ya una década de rodaje, el abogado José Luis Barros, alegando la "teórica ignorancia de los propietarios", ya que las condenas judiciales se dirigían exclusivamente al promotor de la urbanización, Conproint, consiguió retraer la causa a su inicio en función de la tutela judicial que los propietarios no habían obtenido y que, a partir de ahí, se convierten en parte activa del procedimiento.
Todavía a finales del año pasado la prensa local, con datos y argumentos desfasados, jaleó la "inexorable" demolición del edificio, predicada y perseguida por Canabal. De ejecutarse esa demolición y habida cuenta de que el edificio está valorado en unos 50 millones de euros, al pleitista le hubiera reportado el 0,75% de ese valor, es decir, unos 375.000 euros. El auto judicial del pasado mes de julio declara "la inejecutabilidad legal de la sentencia" de 1999 "en lo que ataña a la demolición del inmueble", sin perjuicio, dice en sus razonamientos jurídicos, "de que por la parte interesada [Canabal] se pueda instar la compensación económica suficiente y sustitutiva".
El hecho de que esa compensación no se fije en la resolución del propio auto, como sería lo adecuado, y que este obligue a reclamarla en pieza separada anuncia al pleitista severos obstáculos si llegara a reclamarla, de lo que por el momento no hay constancia. El abogado Barros ya expuso su oposición a cualquier indemnización al pleitista por considerar que solo "se vistió con los ropajes del ciudadano honrado" para ejercer la acción popular, en la que subyace la pretensión poco altruista, que el propio Canabal explicitó en declaraciones a este periódico, de que se le reconozca el daño personal causado, se le pidan disculpas y se le paguen las minutas como condición para retirar sus contenciosos.
Barros anticipa que mantendrá su oposición a que se derive ninguna compensación para Canabal. "Si actúan, los esperamos", advierte también Caballero, "y confío que con el fiscal general del Estado al lado", añade.
"Inmenso pelotazo"
"En Jacinto Benavente no hubo ni pelotazo ni enriquecimientos oscuros: la gente compró los pisos de buena fe y han sido víctimas en la situación", aduce el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al glosar la legalización definitiva del edificio y si esta marca un precedente para el resto de los condenados a la demolición. "Creo que hay muchos legalizables, pero cada caso ha de seguir su propio camino", insiste el alcalde.
Las circunstancias que han facilitado la salvación de Jacinto Benavente y que podrían ser aplicables a otras urbanizaciones remiten a que las licencias fueron dadas de acuerdo con la normativa del momento, con informes técnicos favorables y con demostrable buena fe. Ahora cada uno de los edificios condenados tendrá que pedir nuevas licencias de acuerdo al nuevo plan general, "cuyas normas no se alteran en régimen de excepción para dar entrada a esos inmuebles, sino que estos se integran a la generalidad normativa del planeamiento", precisa Caballero.
Finca do Conde (230 pisos) es una excepción en esa dinámica. El Ayuntamiento ya le negó nuevas licencias para iniciar el procedimiento "Ahí faltó buena fe: las licencias fueron dadas con informes jurídicos en contra y lo que se produjo fue un inmenso pelotazo", aduce el alcalde.
* El País - 22.08.10
Foto: Vigo, edificio Jacinto Benavente - lavozdegalicia.es
Santander.- Carencias urbanísticas
DIARIOMONTAÑÉS* : El Ayuntamiento deber revisar la calificación otorgada a zonas de Corbán, La Albericia, Ojaiz y Camarreal. Son las últimas objeciones, el listón definitivo que debe superar el Pan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOU) tras varios años de tramitación. La gran discrepancia que dificulta su aprobación estriba en los errores en la calificación de suelos que han detectado los técnicos de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas. Y reclaman una modificación/revisión sin la cual será difícil que el nuevo planeamiento de la capital cántabra reciba el visto bueno.
A juicio de los evaluadores del Gobierno el Plan General presenta diversas carencias que deben ser subsanadas. Las más problemáticas son urbanísticas y requieren una modificación de la programación de usos y de la calificación de suelo que se ha otorgado a algunas zonas de la ciudad. Además, se han enumerado otras anomalías que afectan tanto a las proyecciones del número de viviendas del 'Santander futuro' como a las necesidades de infraestructuras derivadas de su desarrollo.
En materia urbanística, los informes -en teoría los últimos que se enviarán al Ayuntamiento para su discusión- plantean que hay defectos en la consideración urbanística de zonas como Ojaiz, Camarreal y La Albericia.
En otras casos, el documento es categórico: el PGOU presenta un «déficit general de partida de espacios públicos libres, más acentuado en la zona centro de la ciudad», con el añadido de que «en la propuesta se aprecia la ausencia de una distribución homogénea» de estas áreas en las zonas de nuevo crecimiento. Un «debe» que tendrá que justificarse y motivarse o, en su defecto, modificarse por los redactores del planeamiento y los técnicos municipales que ya vienen trabajando desde hace semanas en los documentos de 'rectificación' que plantea el Ejecutivo regional. La enumeración de defectos del texto es extensa, pero en fuentes cercanas a Obras Públicas se mantiene que «las discrepancias no son insalvables». Se confía en que pueda alcanzarse un consenso y que el PGOU sea sometido a la a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en breve para su aprobación final.
Los requerimentos que el Gobierno demanda del Ayuntamiento de Santander para su inclusión en el Plan General no tienen carácter oficial (administrativamente a Urbanismo sólo le corresponde pronunciarse cuando se remita el documento final) pero se cree que un «trabajo previo» y consensuado facilitaría la aprobación.
Las propuestas incluidas en varios documentos de análisis son concretas. Se demandan cambios de calificación de algunas zonas y a veces se propone que se fije la categoría contraria de 'suelo no consolidado'. Es el caso de áreas ubicadas en Corbán (28.546 metros cuadrados), Peña de Peñacastillo (26.854 metros cuadrados), La Albericia Este (29.775 metros cuadrados), la zona destinada a sede del Cuerpo de Bomberos y talleres de ese servicio municipal (75.534 metros cuadrados), y el sur de La Remonta (22.138 metros cuadrados).
También se requiere que se proceda a la revisión de la calificación concedida a los terrenos ubicados en las áreas denominadas El Millajo (de 93.700 metros cuadrados y situada al Norte de la S-20 tras superar el túnel de Albericia), Ojaiz Norte y Ojaiz Sur y El Pedroso-Camarreal (en la periferia Oeste de Santander). En estos casos se explica que «gran parte de sus ámbitos no reúnen requisitos de suelo urbano y tienen características urbanísticas similares a los sectores urbanizables de su entorno».
Con carácter global, los técnicos mantienen que el Plan General adolece de una falta de programación lógica que defina el futuro desarrollo del suelo y una articulación de usos adecuada. Y es que se considera que esa 'articulación' no está garantizada y por ello se exigen mayores definiciones sobre qué se entiende por barrios y ámbitos funcionales. Específicamente, los técnicos creen que en las fichas urbanísticas de suelo que contiene el PGOU se regulan los usos previstos pero «no se favorece la mezcla de los mismos predominando el uso residencial como único uso en gran parte de ellos, reservando en otros casos porcentajes para uso terciario y productivo que oscilan entre el 3% y el 10%». El uso productivo masivo -se añade- se concentra principalmente al Oeste del municipio. Y otra sugerencia: «parece conveniente y en defensa de un desarrollo sostenible, fomentar el uso hotelero frente a la segunda residencia y viviendas vacías que de acuerdo con los datos de la memoria del Plan representan aproximadamente el 30% de las viviendas actuales».
La enumeración de defectos a corregir se extiende: el sistema general de Peña Castillo no cumple con los requisitos precisos de los estándares urbanísticos; los espacios libres proyectados junto a viales no tiene dimensiones suficientes; el futuro Parque Litoral Norte debe zonificarse de forma que se desarrollen en primer lugar las zonas más próximas a los núcleos ya existentes...
En materia de infraestructuras también se apuntan deficiencias a corregir y se demanda un estudio y planificación de los parkings disuasorios a construir; el estudio de las conexiones transversales, principalmente de General Dávila y la Calle Alta; la revisión de la categorización de la red viaria, incluyendo una red de itinerarios peatonales y de carril bici, y una modificación del ancho de las aceras, que se estima insuficiente.
El análisis de la calificación de suelo que detalla el Plan General es el que provoca los mayores reparos para la aprobación del texto. Hay discrepancias sobre la calificación que debe darse a aquellos suelos que hayan ido desarrollándose durante la tramitación de la norma urbanística. En este caso, y ante los diferentes criterios, el Ejecutivo requirió un informe jurídico que establece que no hay inconveniente en aceptar la consideración de suelos en vías de consolidación para 120 supuestos que así han sido registrados en la revisión del Plan General.
Como norma se prevén dos situaciones para aquellos terrenos que no cuente con la correspondiente licencia antes de la aprobación del Plan: que hayan alcanzado la consideración de solar, pero sin licencia; o que ni siquiera tengan esa consideración. Los jurídicos dan por correcta la interpretación municipal referida a los primeros, en tanto que para los segundos queda supeditada su consideración de suelo urbano consolidado a la propia modificación del Plan General.
Se pide también al Ayuntamiento que aclare con precisión qué es lo que ocurrirá con los suelos que habiendo iniciado su transformación no sean compatibles con el nuevo planeamiento, ya que los técnicos del Gobierno han detectado que el documento ha considerado como urbanos «todos los terrenos que se encontraban en esta situación».
La programación urbanística también es contestada.Como norma cree que el texto debe dejar sentado con total claridad que «a la hora de programar los nuevos crecimientos hay que plantear no sólo el desarrollo temporal sino también el espacial de manera que los sectores más alejados no se desarrollen en tanto no se edifiquen los bordes de la ciudad». Aunque para los técnicos son discrepancias 'menores' tampoco hay coincidencia a la hora de analizar la hipótesis de las que parte el Plan General para establecer las futuras necesidades de infraestruturas de servicios básicos de Santander.
* El Diario Montañés - 22.04.10
Foto: Suelo. Entre las sugerencias planteadas se propone la revisión del área de El Millajo, cercana a la Albericia, enclavada junto al túnel de salida de la S-20.- eldiariomontanes.es
Santa Cruz de Tenerife - Anticorrupción cerca al Ayuntamiento
LAOPINIÓN* : Desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz, el Ayuntamiento de la capital se ha convertido en uno de los objetivos principales de la fiscal, María Farnés Martínez. Entre los casos más conocidos está sin duda el de Las Teresitas. Pero ha habido más. Por ejemplo, todas las circunstancias que rodearon la remodelación del edificio García Cabrera, las contrataciones a determinadas empresas, la financiación del Partido Popular (PP) de Tenerife o la contratación de una trabajadora que durante años estuvo contratada por un empresa particular en Urbanismo. La última investigación que ha trascendido gira entorno a las cuentas del Carnaval 2008.Pero han sido múltiples las denuncias que los vecinos han planteado ante una Fiscalía que se ha convertido en una suerte de salvavidas a la hora de hacer valer sus derechos frente a la administración municipal.
Las Teresitas. La investigación se inició en el año 2004 y concluyó en 2006. A finales de este ejercicio, la fiscal puso en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) las circunstancias que rodearon la operación de compraventa del frente y la trasera de la playa. Años después todavía permanece el secreto sobre gran parte del sumario. Por el camino han ido surgiendo nuevas imputaciones que recaen sobre los protagonistas principales de este caso: el alcalde, Miguel Zerolo, el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como una retahíla de funcionarios, cargos de la Junta de Compensación y concejales. Sobre ellos han recaído imputaciones como cohecho, malversación de fondos o prevaricación. Se trata del caso estrella de la Fiscalía Anticorrupción, aunque de su resolución final podrá depender también en gran medida la credibilidad de este órgano
García Cabrera. En este caso se investigan las circunstancias que han rodeado a las obras de remodelación del antiguo instituto de Ofra. Las actuaciones se ejecutaron con el fin de acondicionar este inmueble para que albergara a los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz que iban a ser desalojados de las dependencias de la sede central por su mal estado. A grandes rasgos, los hechos que la formación política Ciudadanos de Santa Cruz denunció ante la Fiscalía se concentran en que el Ayuntamiento realizó diversas adjudicaciones por medio de contratos menores hasta sumar seis millones de euros. Todos ellos, además, a la misma empresa, Imes. Curiosamente, el TSJC desde Gran Canaria se ha interesado por este asunto, con lo cual se cree que el nombre del alcalde, aforado al ser diputado regional, podría de nuevo estar involucrado. También se habla de Guillermo Núñez, entonces concejal de Economía y Hacienda.
Contrataciones. El pasado verano, coincidiendo con el cese de Ángel Llanos como miembro del grupo de Gobierno y el consiguiente abandono del resto de integrantes de su grupo para seguirle durante la pequeña travesía del desierto, se produjo una acusación bastante fuerte de los populares hacia los miembros de Coalición Canaria (CC). Los primeros dijeron tener pruebas de que el Ayuntamiento elegía siempre sospechosamente a las mismas empresas para realizar obras. La concejal que firmó este escrito, Sheila Trujillo, fue llamada a declarar ante la Fiscalía después de que la ex edil, Odalys Padrón, presentara la denuncia en Anticorrupción. Nada trascendió de aquella entrevista hasta ahora. Ya se sabe que la concejal del PP se retractó de sus palabras y dijo que las acusaciones se limitaban al normal juego político de enfrentamientos entre partidos. El caso se ha archivado, aunque Padrón, que firmó la denuncia junto con otras 19 personas, no ha recibido ninguna notificación al respecto.
Lerena. Este caso tiene como vértice la contratación por parte del área de Medio Ambiente del Consistorio chicharrero de una trabajadora que durante años había prestado sus funciones en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, pero que había sido contratada por un empresario privado, el que da nombre a este caso. La denuncia apunta a que esta empresa pudo beneficiarse de contratos por parte del Ayuntamiento. En concreto se apunta a 80 adjudicaciones por valor de casi dos millones de euros.
´Bragasgate´. Hasta la Fiscalía Anticorrupción llegó también una denuncia de Justicia y Sociedad a raíz de que trascendiera la financiación supuestamente irregular del PP de Tenerife. Es el último caso que ha llegado al despacho de Farnés. La Intervención del Ayuntamiento detectó partidas elevadas referidas a comidas y viajes. Por ejemplo, de un total de 153.138,17 euros justificados, algo más del 30% correspondían a comidas y casi un 10%, a viajes. Pero también se entregaron facturas inferiores a 10 euros, lo que significa que no podían corresponder a comidas de trabajo, sino personales. El documento también aclaraba que en las cantidades asignadas a los grupos se prohibía "la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial". A pesar de ello, en el anexo se recogían un total de 2.302,91 euros en ropa y complementos, un concepto que no respeta la citada prohibición.
Parque Marítimo. Es otro de los asuntos especialmente peliagudos a cuya investigación está sometido el Ayuntamiento chicharrero. En estos momentos, el caso se encuentra bajo secreto sumarial en los juzgados de Santa Cruz sin que nada haya trascendido de su alcance. El abogado Felipe Campos, que fue el que inició las denuncias, no duda en señalar que este recinto se convirtió en una auténtica máquina de hacer dinero de la que se nutrió durante años, supuestamente, lo que el abogado suele llamar de manera peyorativa como "el régimen".
* La Opinión Tenerife - 20.08.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com
Las residencias advierten a 1.800 ancianos que pueden ir a la calle por los impagos del Consell
LEVANTE* : Las familias de 1.800 mayores dependientes de la Comunitat Valenciana atendidos en residencias han recibido una inquietante carta en la que los centros les comunican que sus seres queridos pueden verse literalmente en la calle. "Se trata de una situación muy grave que se puede producir con la plaza concertada de la que disfruta usted o su familiar en uno de nuestros centros a partir del próximo 1 de septiembre", asegura la carta recibida por una vecina de la Marina que tiene a su madre ingresada en una residencia.
Los responsables del centro explican en la misiva que "el secretario autonómico de autonomía personal y dependencia", Joaquín Martínez Gómez, "mantuvo en junio una reunión con las empresas con plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social, dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social". En este encuentro, el responsable autonómico comunicó la posibilidad de que, por motivos presupuestarios, no se renueven a partir del 31 de agosto los contratos de concertación de plazas, en vigor desde el año 2008".
Esta decisión podría afectar a 1.800 beneficiarios a quienes la administración paga, de media, un 80% del coste de la residencia. "Los centros se quedarían sin recursos económicos" para prestar los servicios, salvo que "cobren el precio privado de la plaza" a los familiares, "un precio que no podrán abonar con casi total seguridad".
"Si los contratos con la administración "no se renuevan, significaría la desaparición efectiva de las 1.800 plazas concertadas" y, para las empresas que dan el servicio "la imposibilidad de seguir ofreciendo este servicio con las condiciones actuales de estabilidad y precio".
Además, advierten las residencias, "con las 1.800 plazas desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana y suspenderían pagos algunas de las empresas que actualmente conciertan servicios con la Generalitat".
El Plan de Accesibilidad Social se puso en marcha en 2001 para conceder ayudas a la financiación de la estancia en centros residenciales a las personas con recursos económicos insuficientes. Dentro de esta planificación se distinguen las plazas privadas, el bono residencia y las plazas de accesibilidad social que se consideran como una especie de cupo de las plazas públicas que deben tener todas las residencias aunque sean privadas. En 2005 existían 1.118 plazas de accesibilidad social frente a 6.056 de bono residencia.
Este periódico intentó ayer obtener la versión de la Conselleria de Bienestar Social sobre el futuro de las plazas de accesibilidad social, sin éxito pese a haberlo intentado en tres ocasiones porque, alegaron, "la mayoría del personal está de vacaciones".
* Levante-emv - 21.08.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Madrid.- El tijeretazo de la crisis se carga el local de los vecinos del barrio Prosperidad
ELMUNDO* : Ningunos 'okupas', dicen. Los integrantes de la Asociación de Vecinos Valle-Inclán (AVVI) de Prosperidad están indignados con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que les ha enviado una petición de desalojo 'urgente' para que dejen el local donde funciona la entidad desde hace cinco años. La propiedad, de 600 metros cuadrados, se encuentra ubicada en la calle Luis de Cabrera 51, paralela a López de Hoyos, a 150 metros de la plaza principal del barrio. Fue facilitada por Patrimonio a la asociación en 2004, a través de un contrato que venció hace alrededor de un mes.
Según explica la presidenta de la AVVI, María Gainzarain, en octubre de 2009, iniciaron las gestiones para poder continuar en el lugar más allá de la fecha de caducidad. "Mantuvimos distintas conversaciones con Educación, Patrimonio y Hacienda durante todo este tiempo y en ningún momento nos dieron muestras de que no podríamos seguir allí, hasta que llegó la carta de desalojo", relata.
La nota daba a la asociación cinco días para desocupar el inmueble a partir del 30 de junio, el día que concluía el convenio de cesión del local. Un mes después, recibieron otra petición de desalojo con carácter de "urgente", recuerda la responsable de la entidad.
Las llaves, no
Los vecinos no se fueron, interpusieron un recurso contencioso-administrativo y organizaron una campaña de protesta, con recolección de firmas en la web y una plataforma en Facebook. También anunciaron una serie de concentraciones en la plaza Prosperidad para este mes. La primera había sido prevista para el segundo fin de semana de agosto, pero se pospuso. La "kedada", finalmente, será este sábado 21 a las 12.00.
"Siempre hemos tenido una muy buena relación con las autoridades, pero nos sorprende la falta de diálogo, la imposibilidad de sentarnos a negociar porque alternativas hay muchas", se lamenta Gainzarain. Desde la Consejería instan a la AVVI a entregar el local y a solicitar subvenciones de las que ofrece la Comunidad de Madrid para iniciativas de estas características.
Los vecinos han anunciado que resistirán al desalojo y que no devolverán las llaves. Ante la negativa, Educación ha dicho que iniciará los trámites administrativos y judiciales necesarios para la recuperación del inmueble.
"Sentimos que nos han destrozado el proyecto", dice Gainzarain, al repasar las distintas actividades que la entidad tiene actualmente en curso y las que ha programado para las próximas semanas. Talleres, ciclos de charlas, estrategias de promoción de la lectura, acciones de intervención comunitaria y defensa de los distintos espacios barriales colman la agenda de la asociación.
Para septiembre, sus integrantes han convocado a un encuentro debate sobre educación y no saben si para entonces aún tendrán su sede para recibir a los expositores y al público que acudirá de toda la Comunidad de Madrid. "En la zona, hay muy pocas propuestas culturales y sociales y los vecinos notan nuestro trabajo", asegura la presidenta de la entidad, que lleva 35 años en Prosperidad y posee 450 socios.
'No es gratis'
Desde su fundación, la AVVI tuvo muchas casas alquiladas y prestadas. "No tenemos dinero ni lugar adonde llevar los muebles y demás pertenencias que hemos ido reuniendo entre todos los vecinos: nuestras cosas van a quedar en la acera".
Uno de los argumentos de Educación es que la asociación vecinal de Prosperidad es "la única en la Comunidad de Madrid que disfruta de un local gratuito para su sede social cedido por la Consejería". Gainzarain dice que no se puede hablar de una utilización sin costo alguno para la entidad porque, cuando les fue cedido, el local llevaba diez años cerrado, no tenía permiso de habitabilidad y debieron invertir unos 50.000 euros para ponerlo en condiciones y se hicieron cargo de los gastos cada mes.
Desde Educación, indican que el inmueble se pondrá en el mercado, al igual que se está haciendo con otras propiedades, pertenecientes a distintas consejerías de la Comunidad de Madrid. Las fuentes consultadas señalan que el desalojo obedece a "instrucciones de la Consejería de Economía y Hacienda, enmarcadas en el plan de reducción del déficit que todas las administraciones del país están afrontando con motivo de la crisis económica".
Para Gainzarain, abundan los locales vacíos dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid y el que le quitarán a su asociación probablemente permanezca muchos años en inactividad. "Si nos echan a nosotros, podrán hacer lo mismo con otras de las numerosas entidades, algunas privadas, que funcionan en locales del Gobierno Regional", sostiene.
* El Mundo - 20.08.10
Foto: El local de la Asociación de Vecinos de Valle-Inclán, sobre la calle Cabrera.- elmundo.es
Hacienda investiga el urbanismo de La Vila Joiosa entre 2004 y 2009
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ELPAÍS/Alicante* : Algunos políticos y empresarios de La Vila Joiosa y del resto de La Marina Baixa pueden echarse a temblar. La Agencia Tributaria ha decidido investigar toda la tramitación urbanística de este municipio de los últimos cinco años, entre 2004 y 2009. Esta investigación se enmarca en un Plan de Prevención del Fraude Fiscal del sector inmobiliario. La Vila es un paradigma de urbanismo a la carta que ha generado ingentes movimientos de dinero negro antes de estallar la burbuja inmobiliaria, pagado en bolsas de basura, de supermercados o en la misma vía pública y negociado en despachos, fundamentalmente durante el mandato de José Miguel Llorca, alcalde del PP entre 1999 y 2007, que fue condenado por haber ejercido de médico sin tener la titulación, aunque la información solicitada también incluiría el año y medio que gobernó un cuatripartito la ciudad.
La Agencia Tributaria ha solicitado a La Vila una copia de todos los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento desde 2004, con información pormenorizada. Quiere saber todas las "modificaciones del planeamiento en vigor (clasificación, uso, edificabilidad o aprovechamiento del suelo)". Y en el caso de que cualquier plan parcial "lleve consigo la aprobación de un convenio de modificación del planeamiento en vigor, deberán incluirse estas aprobaciones definitivas como un convenio más".
También reclama la "relación de los nuevos instrumentos de planeamiento municipal general aprobados inicial, provisional o definitivamente o de revisión o modificación de los existentes".Asimismo, Hacienda requiere a La Vila "la relación de los polígonos o unidades de actuación desarrollados mediante gestión indirecta, ya sean Juntas de Compensación o entidades similares, o en los que haya resultado una entidad privada empresarial la adjudicataria o receptora de las competencias urbanísticas". Y "la relación de los polígonos o unidades de actuación desarrollados mediante gestión directa o mixta por parte de entidades públicas mediante cooperación o expropiación".
En resumen, Hacienda quiere todo lo referido a cualquier actividad urbanística tramitada durante el desarrollo del Plan General, pero eso le permitirá también tener información anterior, ya que ha incluido como petición la relación de propietarios de las fincas afectadas por cada plan, sean personas físicas, jurídicas o menores de edad. Pretenden saber los cambios en la clasificación y calificación del suelo, el trasvase de aprovechamientos urbanísticos, los reconocimientos de mayor edificabilidad, la posible consolidación de derechos preexistentes o cualquier otra obligación contraída. Hasta reclaman que el consistorio les explicite la retribución pactada con la empresa adjudicataria de cada plan, bien sea en metálico, en especie o mixta. Se trata, en definitiva, de seguir el rastro del dinero de todas las operaciones inmobiliarias auspiciadas por el desarrollo urbanístico de La Vila.
El Plan General de Ordenación Urbana de La Vila se aprobó en 1999. Recogía 37 sectores, aunque más tarde se aprobó otro fuera del PGOU, que fue adjudicado a una firma a la que estuvo vinculado Miguel Barceló, ex senador y suegro del ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. La mercantil Los Almendros de Alicante consiguió que el Ayuntamiento reclasificara 1,5 millones de metros para hacer 1.526 casas y un campo de golf entre La Vila y Finestrat. Para entonces estaban adjudicados la práctica totalidad de los planes parciales en un ambiente de entente cordial del PP con algunos empresarios. Fruto de ello es que el gobierno popular llegaba a cobrar anticipos por licencias de obras en planes parciales sin acabar. Así fue como el Ayuntamiento ingresó más de 1,5 millones de tres empresas. Una de ellas obtuvo la licencia de obras cinco años después de haber adelantado un millón de euros para construir un geriátrico.
Este periódico ya publicó en 2006 que al menos 15 de los 37 sectores del planeamiento de La Vila habían sido adjudicados a distintas sociedades de promotores y empresas próximas al PP. El 1 de diciembre de ese año, siete años y medio después de entrar en vigor el PGOU actual, los populares aprobaron un concierto previo para revisar el Plan General que ampliaba la superficie urbanizable a casi 16 millones de metros cuadrados, al objeto de construir 34.000 viviendas y multiplicar por cinco la población, pasando de 28.000 a 138.000 habitantes, a pesar de que todavía quedaban más de cinco millones de metros por desarrollar.
Esta fue una de las causas por las que Llorca perdió en 2007 la mayoría absoluta que había disfrutado desde 1999. La primera decisión que adoptó el cuatripartito conformado por PSPV, Iniciativa Independiente, Bloc y Esquerra Unida fue retirar de la Consejería de Territorio la revisión del PGOU, que estaba pendiente de aprobación definitiva.
Hoy el término municipal de La Vila es un despropósito legal y paisajístico. Huerta abandonada, planes parciales inacabados y otros urbanizados sin recepcionar por el Ayuntamiento forman parte del territorio del término municipal vilero. Por otro lado, la mayoría de los planes parciales o los proyectos de reparcelación aprobados por los populares han acabado en el juzgado y muchos de ellos anulados.
* El País - 21.08.10
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es
Ecologistas reclaman más control sobre urbanismo desmesurado que evite que efectos de lluvias torrenciales sean mayores
EUROPAPRESS/Murcia* : Ecologistas en Acción Región Murciana ha demandado "un mayor control de los proyectos de urbanización para evitar que se construya en zonas inundables y conos de deyección", a tenor de las últimas tormentas y los episodios de lluvias torrenciales en el sur de la Región. Al mismo tiempo, dicha organización ha puesto de manifiesto que "el aumento imparable de superficie artificializada de invernaderos y estructuras agrícolas merman, de una manera significativa, la capacidad de drenaje de las aguas de lluvia".
Y es que, en su opinión, "esta situación de ocupación del suelo ha contribuido, en muchos casos, a disminuir considerablemente la superficie de ramblas y cauces haciendo que el agua de las precipitaciones se vuelva más rápida y agresiva en la acción de ésta".
Del mismo modo, las fuentes argumentan que "el urbanismo desaforado en las costas ha provocado la disminución del tamaño de las ramblas con la ocupación del suelo por parte de las viviendas en algunos casos".
En concreto, según Ecologistas, "los planes urbanísticos desarrollan un modelo basado en la ocupación casi total del terreno, por lo que el suelo artificial (hormigón, asfalto y enlosado, entre otros) provoca que no haya permeabilidad del agua, aumentando el problema del drenaje de ésta".
En otros casos, continúa, "la ocupación de zonas inundables provoca que, ante las lluvias torrenciales de gran magnitud, se produzcan daños por inundación de sótanos, plantas bajas y bajos comerciales".
Otro elemento significativo son las "escasas" zonas verdes en las urbanizaciones con objeto de "rentabilizar al máximo el negocio inmobiliario, que causa que no haya los suficientes espacios verdes que actúen como zonas de amortiguación y drenaje naturales en las ocasiones en que se produce estos tipos de lluvias torrenciales".
Por todo ello, ha propuesto "el cumplimiento estricto en los planes urbanísticos de las medidas tendentes a evitar la ocupación de zonas inundables", ya que, advierte, "es necesario un respeto integro a las cauces de ramblas, torrentes y ríos; así como a sus zonas inundables".
Igualmente, en las zonas costeras de la Región "es necesario respetar los drenajes naturales hacia el mar, impidiendo la ocupación de estas zonas por elementos artificiales de obra pública".
Por último, esta organización ecologista ha demandado una "mayor coordinación de las diferentes administraciones estatal, regional y local a la hora de abordar medidas preventivas que disminuyan o eviten los impactos de los períodos de lluvias torrenciales en la Región".
* Europa Press - 19.08.10
Foto: Murcia, inundaciones 2007 - laverdad.es
León.- El Húmedo, un barrio histórico... y en ruinas
ELMUNDO* : Es el barrio más famoso de León. Sus bares y tascas son conocidos en toda España, todos reunidos en pocos metros, entre la Catedral de León, la Plaza Mayor y la calle Ancha. Pero no todo reluce con la misma luminosidad. Y es que la parte baja del barrio, la que más al margen queda de los turistas, se apaga a pasos agigantados mientras sus edificios y calles no son ni siquiera remozados. Es la ruina de un histórico barrio, el Húmedo. Tanto asociaciones comerciales, de hosteleros y vecinos en general lo llevan denunciando durante los últimos años.
Porque la situación no ha mejorado pese a que en algunas ocasiones se han anunciado planes para reasfaltar todo el barrio. Las calles de Santa Cruz o Tarifa, así como la plaza de Riaño son buenos ejemplos de las condiciones actuales de esta zona.
En primer lugar, los edificios, muchos de ellos con años de historia, no han sido reformados nunca, por lo que la mayoría continúan cerrados, sin ningún vecino que los ocupe porque están a punto de caerse ante la dejadez evidente.
Las pintadas, los solares y las fachadas apuntaladas no hacen más que confirmar la visión que se tiene de este barrio, salvado en parte por los bares que aún arrastran a cientos de personas hasta altas horas de la madrugada.
Los solares son otra de las 'marcas' que distinguen el Húmedo. Son varios los que han surgido tras el derribo de una vivienda, pero la crisis inmobiliaria y los problemas de urbanismo y de patrimonio han evitado que surjan nuevas edificaciones, pese a que se pudiera esperar que al estar en el casco histórico de la ciudad sería una zona apetecible para hacerse con una nueva casa.
Otro de los problemas que se observan en todo el barrio es el deficiente estado en el que se encuentra el asfaltado, parcheado y lleno de baches en la mayoría de las calles, como se puede comprobar en Tarifa o en la cuesta de las Carvajalas, dos de las zonas con mayor necesidad de una rehabilitación, anunciada en alguna ocasión por el Ayuntamiento de León pero que aún no se ha llevado a cabo.
Mientras tanto, los pocos comercios tradicionales que aún continúan en las inmediaciones, resisten a los cierres esperando la jubilación de los dueños. Raro es el caso de alguno que se instale en la zona, ya que bares, pubs y discotecas continúan siendo el monopolio del Húmedo.
* El Mundo - 21.08.10
Foto: Vista de la calle Santa Cruz, con un solar lleno de escombros en primer término.- elmundo.es
Urbanismo social: El “arma” colombiana contra la violencia
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LATRIBUNA/Medellín* : Una casa hace olvidar el camino hacia la cárcel, un trabajo eleva el alma a la esperanza y un libro voltea las páginas tristes de muchas vidas… Eso fue lo que descubrieron los colombianos, para quienes el urbanismo social es la mejor “arma” contra la violencia. En el barrio Santo Domingo de Medellín, Alexis y Sebastián, de 12 y 15 años, sonríen con alegría al mirar las cabinas del servicio de transporte Metrocable, que como cajas de colores flotando en el horizonte azulado, se deslizan de un cerro a otro, mediante un sistema eléctrico.
“Buenos días señores y señoras, bienvenidos a Santo Domingo, si ustedes desean puedo contarles la historia de mi barrio y nos dan algunos pesos”, les dice Alexis, con una tímida sonrisa, a varios turistas de cabello rubio que caminan por las calles del sector habitacional, embellecidas con llamativos murales.
De inmediato, los muchachos comienzan a relatarles a los extranjeros que ese lugar fue antes un cerro pedregoso con casuchas, donde operaban los “combos”, nombre con el que se le conoce en Colombia a los grupos juveniles de delincuentes que más tarde se incorporan a las bandas criminales.
Con gracia y en voz alta, Alexis explica a los visitantes cómo un proyecto de desarrollo integral transformó la invasión en la que vivían en un pintoresco barrio con calles pavimentadas, un parque biblioteca, personal de seguridad, un laboratorio infantil de internet, centros de salud y tiendas de artesanías.
Al terminar su relato, los jovencitos reciben unos cuantos pesos y dólares, pero Sebastián aclara que “este no es un trabajo, hacemos esto porque nos gusta y porque lo que nos dan nos sirve para nuestros estudios”.
En el 2003 Alexis y Sebastián, como cientos de menores de su barrio, estaban en riesgo social, acechados por los “combos”, quienes se han ido dispersando de la zona desde que el desarrollo humano llegó a la comunidad.
INVERSION
El gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico Restrepo, recuerda que “en el 2003 no se podía entrar en el barrio Santo Domingo, eso estaba tomado por combos y bandas que ejercían su actividad sobre esa población, elementos que todavía subsisten, no desaparecieron, pero la situación está más controlada”.
EPM es una empresa de servicios públicos de energía eléctrica, gas, agua potable, saneamiento y telecomunicaciones, creada hace 55 años y que con sus utilidades le aporta a la ciudad el 25 por ciento del presupuesto para inversión pública.
“No se trata de pavimentar una vía aquí, hacer una canchita de fútbol allá, hay que preguntarse ¿Qué es lo que resuelve de manera integral la problemática de un sector?; nos concentramos y priorizamos la inversión en esa zona de la población que, incluso, no votó por el alcalde en su momento”, dice Restrepo, quien fungió por cuatro años como director de Planeación de Medellín.
El funcionario agrega que “el sistema de transporte masivo para este barrio fue el cable, para subir esas montañas no hay otra forma”.
Desde las ventanas de las cabinas del Metrocable los edificios y casas de ladrillo se aprecian como diminutos cuadros rojos salpicando el verdor de los cerros, vista espectacular que le ha dado al lugar un especial valor turístico.
“En ese barrio, antes de intervenirlo había 10 negocios, hoy hay 240, o sea, se volvió en una zona de actividad económica lo que eran barrios de invasión”, manifiesta Restrepo.
El gerente señala que EPM ha invertido 75 millones de dólares en becas para unos 12 mil estudiantes de Medellín que pudieron haber caído en las garras de los grupos delictivos pero que hoy son ingenieros, médicos, abogados y profesionales de otras carreras.
PARQUE EXPLORA
Otra valiosa “arma” contra la violencia se encuentra en la zona norte de Medellín, la más pobre de la ciudad. Allí, una abuelita y sus dos nietos contemplan extasiados a enormes peces multicolores que se mueven a lo largo de un acuario, en el Parque Interactivo Explora, un espacio creado para que chicos y grandes se diviertan de manera gratuita, de la mano de la ciencia.
El comunicador de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI), Daniel Vásquez, explica que “en este parque se invirtieron aproximadamente 25 mil millones de pesos, que son como 12.5 millones de dólares, pero la inversión general que en los últimos años ha hecho la alcaldía de Medellín es muy importante, el presupuesto general de la ciudad ha destinado entre el 30 y 40 por ciento a asuntos de educación y cultura”.
El parque posee no sólo acuarios empotrados en las paredes sino también una sala de 3D, un estudio de televisión, un vivario habitado por ranas venenosas, serpientes, camaleones y tarántulas; un salón infantil y juegos a cielo abierto donde todos se vuelven niños al curiosear los novedosos aparatos.
“Sucedió que a partir del 2004 llegó a la ciudad un grupo de personas del sector civil que decidieron hacer política; esta gente entiende como urgente para el mejoramiento de las condiciones de vida y para reducir la violencia que sufríamos, que era necesario hacer grandes inversiones, especialmente en educación y cultura, como una herramienta fundamental para generar nuevas oportunidades de desarrollo para todos en la ciudad”, afirma el profesional.
Según Vásquez, “el peor año que tuvo Medellín en materia de violencia fue 1991, cuando tuvimos una tasa de 381 homicidios por cada 100 mil habitantes”.
ESPACIOS PUBLICOS
“La ciudad ha logrado reducir el accionar de los grupos violentos gracias a una dinámica social sustentada en que haya nuevos espacios urbanos para el encuentro de las personas y para la gente de barrios marginados, que no han tenido acceso a espacios públicos ni educativos ni culturales”.
Vásquez destaca que en el 2007 la cifra de homicidios se redujo a 27 por cada 100 mil habitantes, “eso indica que el cambio fue determinante para reducir la violencia”.
El comunicador expresa que actualmente ha habido un incremento en los homicidios debido a que se extraditaron los principales capos de los grupos armados paramilitares que operaban en Medellín y en toda Colombia.
“Ahora en nuestra ciudad se está presentando un enfrentamiento entre bandas ilegales que ya no tiene nada que ver con el paramilitarismo; estas bandas están luchando por tener un control del microtráfico de drogas, que es un negocio bastante lucrativo para ellos y eso ha generado que una sola banda trate de controlar todo el negocio y que se hayan incrementado los homicidios entre ellos, disputándose los terrenos y el negocio”.
Datos del Centro de Información y Estadística del Ministerio de Defensa Nacional indican que en el 2007 se registraron 17,198 homicidios en el país, mientras que en el 2009 la cifra fue de 15,817. Pese a ello, entre enero y mayo del 2010 se reportaron 6,155 muertes violentas.
Conscientes de que los barrios marginales operan en la sociedad como “semilleros” del crimen, los esfuerzos municipales se han concentrado en estas zonas, donde los delincuentes van dejando de sentirse “como en casa”, ante el despertar del comercio, el arte y la educación.
* la Tribuna - 15.08.10
Foto: Los barrios más pobres son los seleccionados para invertir en obras sociales por ser el foco de los grupos delincuenciales.- la tribuna
El Bosque de Valorio, el Bosque de Zamora
FÉLIX-FRANCISCO RODRÍGUEZ PEÑA* : Vengo defendiendo -y sostengo- la teoría de que los responsables del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora (los de antes y los de ahora) han decidido llevar a cabo todas las acciones precisas y necesarias (legales y menos legales) para que el Bosque de Valorio desaparezca como bosque y se convierta en un gran parque urbano al servicio de los intereses inmobiliarios.Y para ello, la alcaldesa de ahora, el alcalde de antes, y los concejales del Partido Popular de antes y de ahora acabarán transformando el Bosque de Valorio en un gran parque urbano a través de tres líneas nítidas de actuación: 1) Suprimiendo el mantenimiento, la limpieza y la conservación medioambiental del Bosque hasta su total degradación, justificando así que en un futuro muy próximo el Ayuntamiento de Zamora diga que no tiene recursos suficientes para mantener el bosque y que por tanto tiene que ser la iniciativa privada (inmobiliarias y promotoras) la que asuma esas tareas. 2) Ejecutando proyectos de obra agresivos y anti ecológicos que priorizan la urbanización con cemento frente a la conservación del hábitat natural. 3) Recalificando y construyendo urbanizaciones en todo el perímetro del Bosque de Valorio hasta su total asfixia y desaparición como espacio natural.
Esta estrategia del Partido Popular para aniquilar Valorio se va materializando así. Año tras año, verano tras verano, la alcaldesa (antes alcalde) y los concejales de Medio Ambiente de turno suprimen en el Bosque de Valorio tareas de fundamental importancia para su mantenimiento como son las de desbroce y siega de hierbas, rastrojos y vegetación, riego de árboles y arbustos, tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de mobiliario o la limpieza de basuras y desperdicios que se acumulan durante días y días en papeleras, contenedores y campo abierto del Bosque de Valorio y sus alrededores. La consecuencia directa es la degradación progresiva del hábitat natural de Valorio además de incrementar de manera grave y alarmante el riesgo de incendio.
Para conseguir esos fines urbanizadores los sucesivos equipos de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Zamora han venido diseñando proyectos de actuación en el Bosque de Valorio con una clara visión cortoplacista para obtener votos y réditos electorales sin pensar el futuro de la ciudad y en las futuras generaciones de las personas que nazcan y vivan en Zamora. Los dos Proyectos que se ejecutan en la actualidad financiados por la Junta de Castilla y León por importe de 1.868.064 Euros, se suman al ejecutado entre los años 2003 y 2005 por importe de 2.046.332 Euros financiados principalmente por la Unión Europea.
Ambos proyectos han sido objeto de controversia ciudadana porque sus actuaciones, además de ser altamente agresivas, están encaminadas a la conversión del Bosque de Valorio en parque urbano, lejos de las necesidades de conservación que requiere este espacio natural. Cemento, iluminación, pavimento, aparcamientos, rotondas, edificaciones, oficinas, etc., etc., son algunas de las actuaciones que recogen estos proyectos, en perjuicio del hábitat natural y del ecosistema del bosque.
¿Para qué sirve invertir más de 4 millones de euros en tan corto espacio de tiempo si luego ni se mantiene ni se cuida el principal referente natural de la ciudad de Zamora y se dejan abandonadas más de tres cuartas partes de las 78 hectáreas del Bosque de Valorio? ¿Dónde están los millones de euros invertidos en Valorio por la Unión Europea, por la Junta de Castilla y León y por el Ayuntamiento de Zamora durante estos últimos años? Nadie lo sabe. No se ven por ninguna parte. Los ciudadanos tienen la sensación de haber sido estafados en todos los sentidos. De que alguien se ha quedado con el dinero.
En realidad el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora lo que viene haciendo durante los últimos años es consumar la desaparición de Valorio como bosque para reconvertirlo en un parque urbano que sirva de reclamo comercial y atractivo paisajístico para que los promotores inmobiliarios puedan vender en óptimas condiciones económicas (es decir al máximo de beneficio) las más de 5.000 viviendas que se construirán en diversas urbanizaciones del entorno del Bosque de Valorio. Todo ello gracias a las operaciones de recalificación de terrenos recogidas en el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana aprobado (con los votos del PP y Adeiza) inicialmente el día 19 de Mayo de 2010 tras más de tres años de oscura tramitación. Vázquez y Valdeón han facilitado mucho las cosas a los futuros promotores.
El último episodio de esa estrategia para aniquilar Valorio como Bosque y «venderlo» a la opinión púbica como el cuento de «Alicia en el país de las maravillas» es la utilización por la Alcaldesa y los Concejales de Urbanismo y Medio Ambiente y Obras y Seguridad Ciudadana (como discípulos aventajados) de las teorías políticas de comunicación que inventó aquel ministro de Propaganda alemán llamado Paul Joseph Goebbels, entre cuyas máximas figuraban la de repetir una mentira hasta convertirla en verdad y la de inventar un enemigo invisible para que no se hable de su propia realidad, de sus propias miserias. Al más puro estilo propagandístico goebbeliano el PP municipal de Zamora se esfuerza por mentir reiteradamente e inventar enemigos para intentar distorsionar la realidad, en este caso la triste realidad y el oscuro futuro del Bosque de Valorio.
El Bosque de Valorio pertenece a Zamora y a los zamoranos, a su historia, a su presente y a su futuro.
* La Opinión de Zamora - Opinión - 20.08.10
Cullera.- 37.000 euros por no ver el mar
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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha establecido que el Ayuntamiento de Cullera y la empresa Florazar SA deberán indemnizar a la comunidad de propietarios de la Urbanización Casa d'Anna con 37.848 euros por la perdida de vistas al mar que originó a esta urbanización la construcción del edificio Florazar V. En 2005, en una sentencia sin precedentes, el Tribunal Supremo anuló el estudio de detalle aprobado por el Ayuntamiento de Cullera en 1997 y que permitió cambiar la distribución del edificio Florazar V. La modificación de este edificio había hecho que los vecinos del Casa d'Anna perdieran las vistas al mar. El alto tribunal también anulaba la licencia de obra del edificio.
La indemnización ha estado fijada por una perito designado por la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ a instancia del Ayuntamiento de Cullera. Esta perito establece, según su informe al que ha tenido acceso este periódico, que en el bloque I de la Urbanización Casa d'Anna (edificio paralelo al mar) tienen todas sus 99 viviendas afectadas por la perdida de visión al mar. Mientras que, según esta perito, en el bloque II del Casa d'Anna ((edificio perpendicular al mar) solo hay 9 viviendas afectadas.
Para determinar estas cifras la perito ha superpuesto el plano de los edificios de Casa d'Anna, con el primer edifico Florazar V que no llegó a ejecutarse y el edificio Florazar V que se ejecutó finalmente.
La perito establece en su informe cada grado sexagesimal de visión que se ha perdido tiene un valor de 93,46; así a cada vivienda afectada del bloque I le corresponde una indemnización de 280 euros y a las del bloque II 1.121 euros. Para determinar el valor de la indemnización, la perito explica en su informe que se ha basado en estudios de mercado, comparando el precio de la viviendas que están en primera línea de playa, con las que están en segunda línea y determinándoles el valor que tenían en 1997, cuando el Ayuntamiento de Cullera aprobó el Estudio de Detalle que posteriormente ha anulado el TS.
La perito contratada por los vecinos de la Urbanización Casa d'Anna establecía una indemnización muy superior, de un total de 13 millones de euros euros. Pero el TSJ no acepta esta cifra porque, según se argumenta en la sentencia, esta valoración contabiliza "los hipotéticos perjuicios que sufrirían los propietarios del Florazar que tuvieran que abandonar sus viviendas" en caso de que se derribará una parte del Florazar V.
Ahora, el TSJ considera que hay que "indemnizarle en la cuantía del minusvalor sufrido por las vivendas del edifico Casa d'Anna a resueltas de la perdida de ángulo de visión hacia al mar". Se concluye en la sentencia que los vecinos de Casa d'Anna nunca tuvieron una visión completa de 180 grados al mar y no todas las viviendas resultaron afectadas por la reducción de vistas al mar.
* Levante-emv - 21.08.10
Foto: Imagen de la piscina de Casa d´Anna con Florazar al fondo - levante-emv.com
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Viñeta de Ramón (Climagate) - elpais.com 20100814
Bilbao.- La metamorfosis de Zorrozaurre
ELPAÍS* : El proyecto de Zorrozaurre es la última gran operación de regeneración urbana proyectada en Bilbao tras el desarrollo de Abandoibarra y Miribilla. La diseñadora de esta futura zona de expansión es la prestigiosa arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid, que presentó en octubre de 2004 su Master Plan bajo una gran expectación dada su envergadura y proyección. No obstante, la idea de la ganadora del premio Pritzker en 2004 -fue la primera mujer en conseguir el considerado Nobel de Arquitectura-, ha chocado con una época de fuerte recesión económica y una monumental polémica vecinal que ha modificado e incluso amenazado las previsiones iniciales.
"Es el primer proyecto que tendrá una participación ciudadana", recalcó la concejal de Urbanismo, Julia Madrazo, hace seis años, poco antes de que la autora del museo de arte de Cincinati presentara su ambicioso plan. Precisamente, ese carácter público se ha convertido en una de las principales fuentes de problemas del proyecto, que afecta a un área de 72 hectáreas de superficie junto al Nervión.
Tras la presentación del Master Plan inicial de 2004 comenzaron varios procesos de participación ciudadana para discutir su diseño definitivo, mediante reuniones en el Consejo de Distrito y con las asociaciones vecinales de forma individual, además de los preceptivos periodos de información pública dentro de la tramitación urbanística del plan. Las principales modificaciones que se produjeron en el Master Plan de 2007 respecto a la versión inicial -todas ellas asumidas por el equipo de Hadid-, fruto principalmente de alegaciones presentadas por diferentes asociaciones, fueron la supresión de cuatro de los doce puentes originales.
La agrupación de viviendas y oficinas, la reducción de las alturas de las viviendas, la incorporación de un polideportivo y la ampliación de las zonas verdes fueron algunos de los grandes cambios introducidos, según fuentes de la comisión gestora de Zorrozaurre, formada por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, la Autoridad Portuaria y propietarios privados.
El pasado mes de febrero el Ejecutivo autonómico y el Consistorio de la capital vizcaína firmaron un protocolo para viabilizar el proyecto y aclarar los cometidos de ambas instituciones, que eliminó otros dos puentes y una pasarela peatonal, con lo que el plan se quedaba con cuatro puentes (uno unirá la isla con Deusto, otro con San Ignacio, otro con Zorroza y uno más estará destinado al tranvía, aunque su trazado está por definir). Pero el proyecto aún sufriría más modificaciones a raíz de las negociaciones con la Asociación El Canal -aglutina a los residentes en los barrios bilbaínos de Sarriko, Elorrieta y San Ignacio-, que llevó al Consistorio a los tribunales y logró a finales del pasado mes de marzo que el Superior anulara la modificación del Plan General en que se basó el proyecto.
El juez estimó que se habían dado defectos de forma en su tramitación, si bien no cuestionó el fondo. De un lado, consideró "relevante" la omisión de un informe del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal. De otro, el alto tribunal estimó que debía haberse modificado el Plan General de Carreteras del País Vasco para eliminar la conexión entre Zorrozaurre y Olabeaga. Por último, el Superior planteó su disconformidad en relación a la provisionalidad de los sistemas generales, que el Ayuntamiento de la capital vizcaína pensaba establecer definitivamente en el Plan Especial de Zorrozaurre que aún no se ha aprobado. Este concepto se refiere a la anchura y trazado del canal de Deusto, las cotas de urbanización y la definición del sistema general de comunicación viaria. Así las cosas, el Consistorio decidió curarse en salud: En estos meses ha subsanado todos los errores detectados además de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
Antes de que la plataforma vecinal ganara la batalla en los tribunales, el Ayuntamiento también había decidido acometer varias modificaciones entre 2008 y 2009, fruto de sus conversaciones con este colectivo. De esta forma, eliminó dos edificios situados junto a la rotonda de Elorrieta y desestimó el relleno de San Ignacio. Sin embargo, no fue suficiente para la asociación El Canal, que más tarde planteó la necesidad de rediseñar la margen derecha del Canal junto a San Ignacio bajo la amenaza de pedir la ejecución de la sentencia.
Esta maniobra, en caso de ser aceptada por el juez, podría paralizar las obras de Zorrozaurre. No parece, sin embargo, lógico que este trámite prosperara, según diversas fuentes jurídicas consultadas, dado que hay un recurso jurídico en marcha y el perjuicio económico de frenar los trabajos en marcha -clínica del IMQ- sería muy importante.
La fuerte presión ejercida por los vecinos ha motivado el llamamiento a la reflexión a la asociación El Canal por parte del propio alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y el portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Bilbao, Txema Oleaga, quien se ofreció a mediar en el conflicto pero acabó convencido de que los vecinos no tenían "voluntad de dialogar". La principal reivindicación de la plataforma es un gran parque entre la curva de Elorrieta y el Puente Euskalduna, pese a que el Gobierno vasco ya garantiza una zona verde al borde del canal. Insuficiente para los residentes, que lo quieren situado donde ahora hay proyectados 21 edificios que sumarán 900 viviendas. Para ellos esto se traduce en una densidad edificatoria excesiva en San Ignacio y exige el traslado de los inmuebles a otro lugar. La construcción de un nuevo ambulatorio y el mantenimiento del antiguo para que los vecinos puedan darle otros usos son otras de las reivindicaciones. De momento, los residentes han abierto un periodo de reflexión para decidir si piden o no finalmente la ejecución de la sentencia.
Así las cosas, el Ayuntamiento prosigue con los trámites para regular la tramitación de Zorrozaurre. Así, hoy a las 12.00 el Consistorio celebrará un pleno extraordinario en el que aprobará inicialmente la modificación del Plan General anulada hace cinco meses por el Superior y que establece las líneas gruesas del plan, como la distribución de los usos del suelo. Este paso burocrático permitirá también introducir los cambios estructurales acumulados desde 2008 y los tres errores formales detectados por el tribunal. La definitiva llegará en verano de 2011 y las previsiones de inicio de obras se mantienen en 2013.
Los dos trabajos que marcarán el inicio de la renovación de la actual península de Zorrozaurre serán la apertura del Canal de Deusto, que mejorará el problema de inundabilidad de las zonas de la ribera en toda la villa y el puente que enlazará Zorrozaurre y San Ignacio. Ambas costarán unos 22 millones de euros.
La sede de Euskotren de Durango, paralizada
Otro gran proyecto de Zaha Hadid que se ha visto afectado por la crisis económica es la futura sede de Euskotren en Durango. El Gobierno vasco no desestima su construcción, pero ésta, prevista por el anterior Gobierno vasco, ha quedado paralizada sine die por no ser "prioritaria". Esta consideración suscitó el año pasado una agria polémica entre el actual Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de la localidad vizcaína.
De un lado, la alcaldesa del municipio, Aitziber Irigoras (PNV) culpó al consejero de Transportes, Iñaki Arriola, de "hipotecar el futuro" de la villa al congelar el proyecto y le acusó de priorizar otras obras en localidades gobernadas por el PSE. "No parece que sea una inversión prioritaria, el dinero no llega para todo", justificó Arriola a finales de 2009.
En vista del oscuro panorama que se vislumbraba en torno a la futura sede y en plena polémica sobre el Guggenheim de Urdaibai, la portavoz del socialista en Durango, Pilar Ríos, planteó aprovechar el inmueble como museo. De esta forma, la edil instó al actual Ejecutivo autónomo a que acometiese este proyecto porque resulta "fundamental" para el desarrollo económico y social del municipio. Pero por si finalmente no podía ser trasladado a Durango, Ríos propuso que el edificio diseñado por Zaha Hadid fuera igualmente construido para acoger otros usos, como el museo Guggenheim que se debatía para Urdaibai o una pinacoteca de arte "de otra marca".
Ríos dijo que el emblemático edificio ideado por esta arquitecta disponía del espacio necesario para poder acoger esta pinacoteca y precisó que Durango, por su estratégica situación en el centro del País Vasco, resultaba una sede apropiada para este hipotético museo.
La concejal socialista aseguró en una rueda de prensa que un acuerdo entre el anterior Gobierno vasco y el sindicato ELA, en representación de los trabajadores de Euskotren, impedía el traslado a esta localidad de la sede de la sociedad de transportes. No obstante, la central negó que existiera dicho acuerdo.
Lo que sí está en marcha en la actualidad es la llamada Operación Durango, basada en el soterramiento de las vías del tren desde Amorebieta hasta Berriz por un importe total de 170 millones de euros. Este proyecto incluye también la construcción de las cocheras de Lebario. El Ejecutivo autonómico espera que para finales de 2011 se pongan en marcha la estación, el aparcamiento y la zona comercial. En la actualidad, el Departamento de Transportes espera la respuesta del Consistorio de Durango en relación al convenio urbanístico para el pago de dichas obras de soterramiento.
El borrador de dicho acuerdo contemplaba, entre otras medidas, el pago por parte del Consistorio de 5,2 millones de euros por el desmantelamiento de 27 pasos a nivel. Esa cantidad equivale al 50% del coste de esa operación. La alcaldesa, a priori, rechazaba esa propuesta al entender que el Ayuntamiento no debía abonar ese dinero porque se trata de una operación ferroviaria y tan sólo cinco de esos 27 pasos a nivel se encuentran dentro de los límites de la villa.
El Ejecutivo vasco remitió dicho borrador al Ayuntamiento en enero y denuncia que aún no ha recibido respuesta alguna.
Las principales modificaciones
- Puentes: Los 12 previstos inicialmente se han quedado en cuatro. Entre los eliminados, destaca el de 22 metros de altura proyectado entre Olabeaga y Enekuri. La modificación del trazado del Canal para no afectar al parque de Botica Vieja hizo que fueran innecesarios dos de los puentes proyectados en un principio.
- Proporción de viviendas protegidas sobre un total de 5.416: 50% viviendas de protección social frente al 28% planteado por Hadid.
- Eliminación de los rellenos del Canal de Deusto (25.000 metros cuadrados) para construir unas 600 viviendas.
- El propósito inicial de mantenerla como península fue desechada y Zorrozaurre pasó a ser proyectada como una isla.
- Hacer zonas verdes más grandes frente a la multitud de espacios libres medianos que planteaba el Master Plan inicial. (La ampliación es de unos 50.000 metros cuadrados).
- Incorporar un polideportivo en Deusto.
- El plan inicial mezclaba las viviendas y las oficinas. Éstas últimas se han agrupado en dos zonas, una en cada punta de la isla.
* El País - 20.08.10
Foto: Bilbao, plan Zorrozaurre rechazado - elcorreo.com
El Puerto.- El Centro Inglés construido ilegalmente
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : Las ilegalidades urbanísticas en El Puerto parecen no tener límites. Aunque parezca mentira, incluso una instalación privada de carácter educativo se ha construido de forma ilegal en suelo no urbanizable, que en parte está especialmente protegido. Según consta en un informe realizado por el Servicio de Planeamiento del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, este colegio se ha construido ocupando una amplia que está clasificada por el actual PGOU como Suelo No Urbanizable Pinar del Conde y como Suelo No Urbanizables de Especial Protección Forestal.
El primer tipo de suelo, colindantes con la Avenida Víctimas del Terrorismo, se han construido pistas deportivas, aparcamiento y diversos edificios, además de haberse procedido a su cerramiento con un alto muro de obra, cuando ninguna de estas actuaciones está permitida en el PGOU.
En la zona colindante con la urbanización Perpetuo Socorro, el colegio ha vallado de forma ilegal una zona de pinos que están clasificadas como No Urbanizables de Especial Protección Forestal, habiendo procedido a la eliminación de toda la vegetación herbácea y arbustiva y a compactar el suelo para utilizarlo como patio del colegio. Según el PGOU en este pinar están expresamente prohibidos “todos los usos y actividades que pongan en peligro o impliquen daño o perjuicio a la fauna y/o flora o contribuyan a modificar las características del suelo”. Actualmente existen dos expedientes abiertos por parte del Ayuntamiento contra el colegio por estas actuaciones.
Ecologistas en Acción ya solicitó en sus alegaciones al PGOU que no se reclasifiquen estos suelos como de equipamiento privado, pues supondría premiar a los infractores de las normas urbanísticas, y que se mantenga el pinar como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y se incluya dentro del Sistema General de Espacios Libres previsto en esta zona.
* Ecologistas en Acción El Puerto - 9.07.10
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Gijón.- Los vecinos de La Arena y Somió rechazan la torre de la Ería del Piles
ELCOMERCIO* : Su diseño podrá gustar más o menos, pero lo cierto es que la torre proyectada para el complejo de ocio de la Ería del Piles está llamada a generar mucha polémica. Los primeros en rechazarla de plano son los vecinos de La Arena y Somió, y critican no sólo la permisibilidad del Ayuntamiento, sino el respaldo que ha dado la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, al proyecto. Julia Rodríguez es la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Arena, cree que esta estructura de 40 metros de altura «no parece lo más oportuno. Se trata de una iniciativa privada y obedece a unos intereses económicos, pero esperamos que el Ayuntamiento vele por el diseño de ciudad y no por esos intereses. Es el sentir general de los vecinos de La Arena».
Aduce, además, que la Ería del Piles «es una zona de baja edificabilidad» y apoya el complejo de ocio y comercio que se prevé construir, ya que repercutirá en el beneficio del barrio, pero no así la torre, aunque Julia Rodríguez recuerda que «cualquier momento es bueno para cambiar de opinión y defender lo que se cree que es mejor». En su opinión, en esa zona «no se necesita liberar espacio. Es la era de las torres y a los dirigentes se les llena la boca con liberar terreno y una arquitectura de vanguardia, pero no es preciso en la Ería del Piles».
De la misma opinión es Soledad Lafuente, presidenta de la Asociación de Vecinos San Julián, de Somió, quien asegura que «estamos en desacuerdo con que se construya en altura, ya que la zona está catalogada como suelo urbano de baja densidad. Creo que la torre tiene unas dimensiones extremas».
Los vecinos ven «ilógica» la construcción de la torre, al igual que lo están con otras edificaciones en altura previstas para la zona rural, como puede ser en Cabueñes, Deva o Granda. Soledad Lafuente apunta otro problema con el que se encuentran los vecinos de la parroquia y es que «a Somió le hacen la 'pinza' urbanística, desde la zona de La Guía hasta las inmediaciones de Casa Suncia. Está bien que acerquen los servicios a los ciudadanos, pero no se está respetando el entorno».
Los profesionales del urbanismo y la arquitectura tienen opiniones encontradas sobre este proyecto, aunque la solución arquitectónica de la torre no parece mal. El más crítico con ella es Ángel Terán. Este arquitecto considera «correcto» el proyecto de la zona de ocio, así como «retrasar varios metros la línea de los edificios, para tener más amplitud en una zona donde da mucho el sol».
Respecto de la torre, la considera «no adecuada, porque detrás está La Providencia y tapará toda la colina desde la línea de visión del Muro. Con la torre, desaparecerá el 30% de La Providencia, por eso no la acabo de ver bien en la zona donde está pensada», asegura.
Para el arquitecto Diego Cabezudo, la solución de la torre es buena para ganar espacios y considera que, «en una primera impresión, no molesta». El problema es que este profesional asegura que «no le veo la necesidad. Dependiendo de la edificabilidad que se tenga, no está mal hacer una torre para dejar el resto del espacio del terreno libre. La pregunta es ¿se ha dado demasiada edificabilidad a esa zona? Creo que el problema parte de ahí, ya que la Ería del Piles no requiere tanta. Pero una vez que la tienes, no está mal aprovecharla en una torre».
Eso sí, Cabezudo considera que la bahía de Gijón «no necesita ningún contrapunto a la iglesia de San Pedro ni un hito para el eje de la avenida de Castilla». Pero este arquitecto prefiere ser cauto ante el proyecto elaborado por sus colegas Antonio Fernández Morán y Luis Alberto Mingo Macías. Es el mismo equipo que ideó el hotel Abba y que Cabezudo criticó en su momento: «Una vez construido, no me pareció una mala solución, porque se camufla mucho. Metí la pata y rectifiqué, ya que el impacto es el menor posible. En el caso de la torre de la Ería del Piles sí tiene sentido construirla de cristal, ya que el sol le da desde varios ángulos. Donde no tiene sentido es en el Muro, ya que los edificios dan al Norte».
Jovino Martínez Sierra es de la misma opinión: «Lo mejor resuelto es la torre. Es una solución buena para liberar espacios». Pero este arquitecto y urbanista también apunta el problema de base, que no es otro que «el debate de la construcción en altura surge por la densidad de la edificación. Una vez que tienes esa edificabilidad, lo importante es que la arquitectura sea de calidad y el proyecto propuesto la tiene».
La polémica torre tendrá 13 plantas y 40 metros de altura. Será un apartahotel acristalado de color verde (Abba Mar). El conjunto del centro comercial y de ocio de la Ería del Piles tardará entre 24 y 30 meses en construirse, siempre después de que sean ocupados los 38.556 metros cuadrados de terreno que componen esta actuación urbanística.
* El Comercio Digital - 19.08.10
Foto: Proyecto del complejo de ocio diseñado para su construcción en la Ería del Piles.- el comercio digital
La EMV de Madrid subasta al mejor postor 630 viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento
REBELIÓN* : El 2 de agosto de 2010, aprovechando el mes vacacional por excelencia, la EMV ha remitido por correo ordinario a los inquilinos de las viviendas afectadas una comunicación en la que se les ponía al tanto de la subasta que se ha de celebrar el día 13 de septiembre de 2010. La finalidad de dicha subasta es la venta, al mejor postor, de cuatro promociones completas en Carabanchel, Sanchinarro, Moratalaz y Vallecas. En total, 630 pisos, o lo que es lo mismo, 630 familias. Según diferentes fuentes, entre las que se encuentra inmobiliaria.elpais.com, la EMV pretende obtener unos 64 millones de euros por la venta de 630 pisos ya habitados. Es decir, que la EMV va a vender a una gran corporación un piso de 60 metros cuadrados de 6 años de antigüedad por unos 80.000 euros. A algún mal pensado se le podría llegar a ocurrir que se trata de un regalo, pues, quizá, dentro de cuatro años, una vez sobrepasados los plazos de protección, esta misma corporación podría ofertar los pisos a sus inquilinos por 250.000 euros.
La adjudicación de estas viviendas fue promocionada y publicitada por la Administración de Alberto Ruiz Gallardón como una inversión pública y social destinada a ayudar a jóvenes a adquirir su primera vivienda, ofreciendo un precio de alquiler razonable frente a los precios de las viviendas en mercado libre, inflados por la especulación inmobiliaria.
Pero, ahora, la EMV tiene una deuda de unos 1.000 millones de euros y necesita liquidez. Y, claro, quiere dinero rápido. Pero las vías para la obtención de dinero rápido suelen ser un poco tortuosas y, efectivamente, la EMV, olvidando que la sociedad española está sumida en una profunda crisis económica y que, hoy por hoy, cerca de 4 millones de personas carecen de trabajo, ha decidido privatizar el patrimonio inmobiliario erigido con el dinero de todos los contribuyentes e incumplir las condiciones que de palabra expusieron Alberto Ruiz Gallardón y Sigfrido Herraez en la entrega de llaves de las promociones de San Chinarro y Carabanchel, respectivamente.
No parece descabellado pensar que el Consistorio Municipal de Madrid ha tomado con esta medida el camino de la especulación inmobiliaria. Y parece que son sabedores de ello. Si no es así, ¿cuál es el motivo de enviar las notificaciones a los afectados el 2 de agosto y por correo ordinario? Si dispusiese de las viviendas para entregárselas a familias más necesitadas que las que ahora las ocupan, a nadie le vendría a la cabeza el concepto especulación. Pero no es así. Las vende a la baja a una empresa que se beneficiará a partir del 13 de septiembre de un negocio redondo: ganada la puja, no deberá siquiera buscar a sus clientes puesto que ya los tendrá instalados en sus nuevas casas. Luego, ya sólo le restará esperar cuatro años a que se cumpla el plazo de protección de las viviendas para poder alquilar o vender a precio libre unas viviendas construidas con el dinero de todos los contribuyentes. Es posible que haya quien piense que esta crisis no es tan perjudicial: los ciudadanos cubren con sus impuestos los supuestos agujeros de las mismas entidades financieras que les ahogan con una hipoteca de por vida y, además, construyen viviendas con sus contribuciones para que las exploten corporaciones con ánimo de lucro que se las venderán a un precio indecente. Y, de nuevo, nos encontramos con las hipotecas. ¿Y en medio de todo esto? Pues, a lo mejor, hasta nos encontramos con la EMV.
Ante tal injusticia, a los ciudadanos sólo les queda movilizarse. A todos. A los afectados directos porque su futuro se enturbia para que una Administración consiga 64 millones de euros después de despilfarrar el presupuesto municipal de 50 años para soterrar una autopista. A los demás adjudicatarios de viviendas de alquiler de cualquier municipio de Madrid porque ya lo dice el refranero: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. A aquéllos que han comprado un piso de promoción privada y viven con la soga al cuello para poder pagar cada mes las letras, por solidaridad. Y, si no lo hacen por solidaridad, por egoísmo. Por sus hijos. Para frenar el expolio del patrimonio de todos los ciudadanos. Para que sus hijos puedan el día de mañana, si lo necesitan, optar a un piso de protección pública. No condenemos a nuestros hijos a revivir las miserias que nos ha tocado vivir a nosotros.
Por ello, hay que acudir a las manifestaciones que recorrerán la calle Alcalá desde Cibeles a Sol los días 24 de agosto y 5 de septiembre y a las concentraciones que se celebrarán ante la sede de la EMV de Madrid (calle Fray Luis de León, 15) los días 20, 25 y 27 de agosto y los días 1 y 3 de septiembre para detener la venta del patrimonio de todos los madrileños.
* Rebelión - 19.08.10
Denuncian a una empresa por ocupar espacio público en Icod
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ELDÍA/Tenerife* : La Asociación La Culata denuncia ante la Fiscalía a una empresa por presunta ocupación de suelo público en el polígno industrial Las Almena de Icod de los Vinos y critica la pasividad del ayuntamiento. La Asociación Pro-Defensa de los Acantilados de La Culata ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra una empresa de Icod de los Vinos por presunta ocupación de suelo público y edificar, supuestamente, sin licencia urbanística, en el polígono Las Almenas, al tiempo que se queja de "la pasividad" del consistorio a la hora de actuar frente a citada irregularidad.
Así las cosas, según indican en el documento remitido a EL DÍA el presidente y secretario de la entidad, Eliseo Rodríguez González y Jesús Manuel León González, "con fecha 9 de diciembre de 2009, se puso en conocimiento esta citación al alcalde y concejal de Urbanismo y hasta la fecha el propietario del edificio no cesa de trabajar, por lo que fue denunciado ante la Fiscalía, que ha remitido la misma al Juzgado Decano de Instrucción de la Ciudad del Drago".
Los directivos de la asociación consideran que "el asunto tiene bastante fondo cuando vemos que el propietario no detiene la ejecución de las obras, por lo que no entendemos cuál es la forma de actuar de las autoridades cuando vemos que los demás ciudadanos no reciben el mismo trato".
La Asociación Pro-Defensa de los Acantilados de La Culata solicitó a la Concejalía de Urbanismo con fecha 4 de diciembre de 2009 la paralización de las obras por carecer presuntamente de licencia y por ocupar suelo público "y no respetar la alineación del presente planeamiento urbanístico en el polígono Las Almenas", y advirtió de que en caso de que no se actuara llevaría este asunto ante la Fiscalía.
En el contenido de la denuncia se hace constar que "el suelo sobre el que se asientan las obras tenía, conforme a las normas subsidiarias, la clasificación de suelo rústico y en la actualidad, con el nuevo Plan General de Ordenación, la consideración de urbano. Las obras de edificación empezaron cuando el suelo era de carácter rústico y en la actualidad el estado que presentan las obras está reflejado en las fotografías aportadas".
Explica que "tales obras de edificación parecen estar destinadas en la primera planta a locales comerciales, ignorándose el destino de la segunda planta sobre la rasante. Tal como se indica en el escrito remitido al concejal de Urbanismo, el constructor no ha obtenido licencia y así como se les informó a los comparecientes en una reunión mantenida con el alcalde, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo que tuvo lugar en diciembre de 2009, el promotor ha ocupado con la edificación suelo público. Bajo rasante ha construido unos sótanos, ocupando subsuelo público, y sobre la rasante igualmente ha invadido la carretera, no respetando las alineaciones".
El Cabildo de Tenerife ya había abierto un expediente por dichas obras, que fueron paralizadas hasta el nuevo Plan General.
En fuentes de la dirección de la empresa que ha sido denunciada ante la Fiscalía se desmentido el extremo de que carezca de licencia, dado que los derechos de permiso de obra se abonaron al ayuntamiento y que costaron 13.000 euros. Se asegura desconocer el motivo real de la denuncia, aunque considera que pudiera tener una componente política o el mero afán de perjudicar a terceros sin necesidad.
En la citada empresa se aclaró que el procedimiento administrativo para la obtención de la licencia se abrió en el mandato de la anterior corporación y sostiene que cumple todos los requisitos legales exigibles.
Desde el gobierno local se señaló a EL DÍA que hay constancia de que la citada empresa dispone de licencia municipal, aunque se desconoce en qué condiciones está. El edil de Urbanismo, Francisco González, que conoce el expediente, según se ha indicado, se encuentra de vacaciones fuera del país, y se remite a que aclare este asunto a su regreso.
Este periódico se puso en contacto ayer con la empresa implicada, pero no ha facilitado su versión de los hechos.
La Fiscalía de Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha remitido al Juzgado Decano de Instrucción de Icod de los Vinos la denuncia de la Asociación Pro-Defensa de los Acantilados de La Culata contra una empresa.
* El Día - 19.08.10
Foto: Icod de los Vinos (Tenerife) - iespana.es
Cantabria.- Malestar entre los ingenieros por la toma de partido de su decano
CANTABRIACONFIDENCIAL* : El Colegio de Ingenieros de Caminos, de la mano de su decano, Enrique Conde Tolosa, vuelve a entrar en el debate político. En menos de un mes dos comunicados del Colegio han reproducido casi literalmente las posiciones del PP en el debate sobre las infraestructuras en Cantabria. Una coincidencia que comienza a causar malestar en algunos colegiados, miembros del colegio, funcionarios de la Administración Autónoma o directivos de empresas. Conde Tolosa, que fue elegido en marzo pasado para el cargo, es un perito habitual en los juzgados santanderinos en asuntos relacionados con el urbanismo y el medio ambiente. Su informe fue determinante para cargarse la variante de Comillas, a pesar de sus controvertidas opiniones e incluso su ignorancia, confensada ante la jueza, sobre el planeamiento urbanístico de Comillas. Su informe se basó en el PGOU vigente en 2000, cuando ya estaba aprobado y en vigor el nuevo desde 2007.
Es una información que publica hoy Aquí Diario. “El colegio nunca ha tomado partido, pero parece que esa norma se está quebrando. Pensé que era anecdótico que la nueva Junta acudiera a ver primero el alcalde de Santander y no al presidente del Gobierno, pero ahora empiezo a entenderlo”. Quien así se expresa es un ingeniero con 30 años de profesión a las espaldas, técnico de la Administración, y que prefiere no identificarse. “Somos muchos a los que nos sorprendió el primer comunicado, que además de muy duro con los Gobiernos de España y Cantabria, daba datos inverosímiles, como que en nuestra región se perderían 15.000 puestos de trabajo -en toda España se calculan en 100.000- por al ajuste de Fomento; pero que vuelva a la carga ya es excesivo”, declaró el ingeniero citado tras conocer por AQUÍ DIARIO que había un segundo comunicado.
Por segunda vez en menos de un mes una nota del Colegio de Ingenieros se remite a los medios de comunicación poniendo en duda los acuerdos en materia de infraestructuras alcanzado entre la Administración central y regional, ratificado la pasada semana con la firma del protocolo por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el ministro de Fomento, José Blanco, y la vicepresidenta regional, Lola Gorostiaga. La nota del Clegio califica de “materialmente imposible” que el tren de alta velocidad (AVE) llegue a Santander en 2015. Sin embargo fuente de la consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria precisan, en base a los informes técnicos y análisis realizados, que en el entorno del 2015 se podrá hacer el trayecto Madrid-Santander en menos de tres horas, que es los sustancial. “Es un reto difícil, pero posible”, señalaron las citadas fuentes.
Para la Demarcación de Cantabria del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, según la nota emitida, y tras estudiar minuciosamente el contenido del protocolo firmado entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Cantabria. convienen en que "no nos cabe la menor duda de que los políticos actúan de buena fe y en defensa del interés público. Pero las buenas intenciones políticas en materia de infraestructuras en ocasiones contrastan con la cruda realidad técnica, tanto en materia de tramitación administrativa como de ejecución material de las obras, dando lugar a resultados contrarios a lo deseado, normalmente en forma de retrasos considerables respecto de los plazos inicialmente planificados. En este debate de gran interés social, queremos aportar nuestra opinión objetiva e independiente y estamos altamente cualificados para opinar porque en nuestro colectivo figuran profesionales que ocupan puestos técnicos de responsabilidad, tanto en las distintas administraciones públicas, como en las empresas consultoras y constructoras y, por ello, son profundos conocedores de los plazos y tiempos que se manejan en los contratos de las administraciones públicas. En cualquier caso, creemos que la firma de este protocolo es positiva y supone un paso más para garantizar que algún día el proyecto sea una realidad".
En términos menos duros que en el primer comunicado el emitido hoy vuelve a poner el énfasis en plazos y tramitaciones. Finalmente vuelve a referirse a las otras infraestructuras paralizadas, aunque en este caso ya no cita por su nombre a ninguna, lo que se hacia en la anterior nota, ni calcula el número de puestos de trabajo que, según el Colegio, se perderían.
* Cantabria Confidencial - 19.08.10
