Cuando el Ejército es el casero

ELPAÍS/Madrid* : Parece un espejismo, un pueblito humilde y blanco atrapado entre autopistas. La colonia militar Arroyo Meaques fue construida por el Ejército en la posguerra para alojar a las familias de oficiales y suboficiales de Tierra. "Fue un premio para los vencedores", dice Emilia Cortés, hija de un militar que se mudó aquí en los años sesenta y que no luchó en el conflicto. Emilia pasa las vacaciones en casa de sus padres para vigilarla (el año pasado entraron a robar). No es un mal lugar para descansar: una casita encalada con tejado a dos aguas de 110 metros cuadrados, con un pequeño jardín a la entrada y un enorme patio con barbacoa, albaricoqueros, ciruelos y una huerta de tomates.

Todo con una boca de metro (Colonia Jardín) en la puerta y a cinco paradas de Plaza de España. Lo mejor: el alquiler mensual (vitalicio) ronda los 200 euros. "Ahora todo el mundo nos dice 'esto es un lujo', pero no sabes lo que era vivir aquí sin calefacción, sin colegios ni metro, con una farola cada 200 metros, con ríos de barro bajando por las calles cada vez que llovía", explica Emilia. "De pequeña odiaba las botas katiuskas porque no había otra forma de moverse".

El casero de estos 133 hogares es el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas). Se construyeron según las directrices de Regiones Devastadas; los obreros fueron soldados, el arquitecto, un ingeniero militar, los medios, los que había en la posguerra. "Distribuciones muy sencillas construidas con materiales económicos", explica el plan especial para la colonia (de 1997, proporcionado por un vecino), "en la mayor parte de los casos su estado de conservación es regular-malo". El documento viene a decir que gracias a que el casero ha sido el Ejército, la colonia ha sobrevivido ajena a "las presiones inmobiliarias". "En cambio", continúa el texto, "la consecuencia contraria es el grado de deterioro".

Ante la apatía y la falta de medios del casero, los vecinos fueron adecuando sus hogares a los tiempos, cambiando la fontanería, instalando calefacciones y bajadas de agua. "Esto se ha mantenido en pie gracias a nosotros", explica otro vecino, militar jubilado.

Gracias a un convenio de 2007 entre Invifas y el Ayuntamiento, Arroyo Meaques (protegida como una de las 42 colonias históricas madrileñas) fue finalmente urbanizada. Pagó el Ejército (unos tres millones y medio de euros) pero se encargó el Ayuntamiento. Medio siglo después se asfaltaron sus calles de tierra, se colocaron alcantarillas y farolas. Farolas, por cierto, de dos tipos. La colonia marca la frontera entre Madrid y Pozuelo: dependiendo de la calle los vecinos votan en uno u otro municipio y se iluminan con farolas de diseño fernandino o moderno, lo que además de una complicación administrativa supone un disparate estilístico.

La obra está terminada pero aún no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento. Según Urbanismo porque el trámite es complicado. Algunos vecinos apuntan sin embargo a un supuesto afán especulativo de su casero: la reforma de su colonia fue de las primeras en anunciarse pero de las últimas en llevarse a cabo. Y desde hace tiempo los inquilinos que mueren no han sido sustituidos por otros nuevos. "Es un terreno muy goloso", dice Emilia, consciente de que a muy pocos metros una parcela como la suya vale millones. En la colonia hay unas 15 casas vacías, dejándose caer. De sus fachadas cuelgan carteles que las catalogan como "Almacén Invifas", porque de ser ocupadas ilegalmente el desalojo es más fácil si se trata de una instalación militar. Cuando el Ayuntamiento reciba la obra los vecinos esperan que el Ejército les permita comprar las casas que llevan décadas alquilando y manteniendo. También que el precio sea ventajoso y compense los años de botas embarradas.





* El País - 27.07.10
Foto: Una vecina pasea por las calles recientemente asfaltadas de la Colonia militar Arroyo Meaques - elpais.com

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La Fiscalía investiga si es irregular el convenio para lograr el suelo de la EDAR de Peñíscola

LEVANTE/Castelló* : Las denuncias vecinales han llevado a la Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente de la Fiscalía General del Estado a abrir diligencias informativas, sobre el convenio urbanístico suscrito por el Ayuntamiento de Peñíscola con la sociedad Viveros Valencia VA8 para conseguir los terrenos para construir la depuradora. Este acuerdo urbanístico había sido reprobado por la Asociación de Vecinos Afectados "Camí Vell". Desde el consistorio no se ha querido valorar la decisión de la Fiscalía. Desde Camí Vell se había denunciado que el convenio urbanístico que suscribió el ayuntamiento peñiscolano con Viveros Valencia,permitiría canjear una superficie total de 66.902,33 metros cuadrados, ubicados a más de 7 kilómetros de la costa, por el equivalente al 65% del aprovechamiento en terrenos urbanizables en el Sector 1 del planeamiento de Peñíscola.

A cambio, el consistorio, dice la asociación, se comprometió a otorgar el equivalente al 65% del aprovechamiento en terrenos urbanizables en el sector 1 del planeamiento de Peñíscola, es decir que se cambian "3 metros cuadrados de suelo no urbanizable a 7 kilómetros de la costa por 2 metros cuadrados de suelo urbanizable a 500 metros de la costa".
Según el portavoz de la asociación Ezequiel Llorach, "esto supone, empleando criterios de valoración objetivos extraídos del propio Proyecto de nuevo PGOU del municipio, así como de los establecidos por la Reparcelación del Sector inmediatamente colindante con este Sector 1 (delimitado por el Plan de Reforma Interior de las calles N-26, N-17, N-36 y avenida.Papa Luna del Polígono III Zona R-B del Suelo Urbano) que el valor de los terrenos objeto del convenio sería de 780.000 en la zona de origen, mientras que en la nueva ubicación alcanzarían los 16,36 millones de euros si se le adjudicaran parcelas calificadas como Uso Hotelero, y 9,55 millones si se le adjudicaran parcelas calificadas como Uso Apartamental".
"Aunque entendemos que los precios hayan oscilado en estos años, resulta evidente que no lo han hecho en un 1.200%", por lo que concluyen que se trata de un desproporcionado beneficio para una empresa privada y, por lo tanto, un paralelo perjuicio para el municipio y los ciudadanos.
Más teniendo en cuenta que el proyecto de expropiación en la zona de origen de los terrenos, para los demás propietarios con terrenos aledaños y de similares características "prevé un valor para ellos como suelo rústico de 11,61 euros", apostilló Llorach.
El colectivo vecinal considera que "es necesario que el municipio cuente con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), en pleno funcionamiento·, y no entiende "porque ésta no ha sido construida todavía", por ello reclaman que dicha EDAR se ejecute cuanto antes, recordando a todos, que "cualquier fórmula que pueda utilizarse para obtener los terrenos necesarios, ha de regirse siempre por la legalidad vigente, respetando el principio de igualdad y sin perjudicar los derechos e intereses de terceros en favor de un interés particular"
Camí Vell había reclamado en repetidas ocasiones al ayuntamiento la anulación del convenio urbanístico por entender que el consistorio estaba aplicando un trato de favor hacia la empresa que obtendría así un "desproporcionado beneficio" a cambio de los terrenos necesarios para la EDAR.
Así, el pasado febrero presentaron un escrito ante el consistorio, reclamando la nulidad del acuerdo y amenazaron con que si no se les escuchaba, adoptarían "las medidas que sean necesarias para defender los legítimos derechos e intereses".





* Levante-emv - 27.07.10
Foto: Terrenos motivo de permuta y que generan la polémica que obliga a intervenir a la fiscalía - levante-emv.com

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El urbanismo 'descontrolado' causa el aislamiento de las especies autóctonas

MÁLAGAHOY* : La provincia de Málaga cuenta con 23 territorios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Renpa), lo que asciende a 89.067 hectáreas, el 12% de la superficie provincial. Para el año 2012, además, acogiéndose a la Red Natura 2000, de lugares de importancia estratégica para la Unión Europea y zonas de especial protección para las aves, la superficie protegida en la provincia debe suponer el 22,4% del territorio provincial. No obstante, la intensa transformación de los usos del suelo en las últimas décadas está suponiendo, según el diputado de Medio Ambiente, Miguel Esteban Martín, "una seria amenaza para la biodiversidad". El urbanismo "descontrolado" y la creciente demanda en infraestructuras de transporte han dado como resultado la fragmentación de los hábitats naturales, negativa para la conservación de las especies autóctonas, que quedan aisladas.

En este sentido, el Observatorio Provincial de Sostenibilidad presentó ayer un informe con el fin de evaluar el grado de fragmentación de los espacios protegidos de la provincia, identificar las causas y presentar propuestas para favorecer la conectividad de los espacios protegidos.

Las vías pecuarias y los ríos, "por su carácter lineal y amplia distribución a lo largo del territorio provincial", son la principal propuesta de conexión para el Observatorio. Sin embargo, "su valor real como conectores está condicionado en gran medida por el estado de conservación y el grado de ocupación por usos artificiales y urbanísticos", ya que de las 527 vías pecuarias de la provincia, sólo el 31% están deslindadas. Así, la primera propuesta sería la declaración de espacio protegido al río Guadalhorce y sus afluentes. Del mismo modo, se propone crear una unidad ambiental entre los espacios de montaña, que sirva de conexión entre el Parque natural de la Sierra Tejeda, Alhama y Almijara con la Sierra de las Nieves. Las vegas de Antequera y Campillos y el cordón litoral serían las otras propuestas de conexión para la "protección y continuidad de los espacios naturales".





* Málaga Hoy - 27.07.10
Foto: Imagen del Parque Natural de Sierra de las Nieves.- malagahoy.es

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Cantabria.- ARCA cree que la aprobación de la nueva normativa es un acto de indignidad política

ABC/EFE* : La asociación ecologista ARCA ha opinado hoy que la aprobación por parte del Parlamento de una iniciativa que permitirá legalizar algunas viviendas con sentencia firma de derribo es un "acto de indignidad política sin precedentes". ARCA, en un comunicado, subraya que "hoy es un lunes negro para la democracia y el Estado de Derecho en Cantabria", por la "piña" que han hecho PP, PRC y PSOE para "impedir la ejecución de unas sentencias firmes de derribo".

Así se han expresado los ecologistas después de que el Parlamento haya aprobado hoy, también por unanimidad, una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a proponer las modificaciones normativas que sean necesarias para que los propietarios de las viviendas con sentencias de derribo, como consecuencia de la ilegalidad de las licencias, puedan cobrar las indemnizaciones por daño patrimonial antes del derribo.

Según los ecologistas los grupos parlamentarios no han aprobado una ley para aumentar la seguridad jurídica, ni para proteger a los compradores afectados, sino para "proteger sus propios intereses políticos y seguir abanderando la especulación urbanística".

Además, ARCA denuncia que el "siguiente objetivo" del Gobierno y del Parlamento de Cantabria será "recortar los niveles de protección" del Parque Natural de las Marismas de Santoña para impedir el derribo de varias urbanizaciones ilegales en Argoños.

No obstante, ARCA dice que "confía en la Justicia y está convencida de que estas maniobras fracasarán y las sentencias de derribo se ejecutarán finalmente".

Por último, ARCA subraya que reafirma su compromiso de defender la legalidad urbanística en Cantabria y anuncia nuevas sentencias en un futuro próximo contra planeamientos y urbanizaciones costeras, incluyendo nuevas órdenes de demolición.





* ABC - EFE - 26.07.10
Foto: Argoños (Cantabria), urbanización Las Llamas con sentencia de derribo - eldiariomontanes.es

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Sevilla no necesita un rascacielos

CARMEN NAVARRO MEZQUITA/Túmbala* : Érase una bella ciudad, Isbiliya, cuya población se reunió y acordó cómo usar y construir la ciudad; un acuerdo que recogieron en un gran libro público, para que estuvieran claras las reglas que todo el mundo había de observar. Pero el sultán, muy vanidoso, y cierto prestamista influyente, llevado por la codicia, ansiaban alzar una altísima torre en el lugar más vistoso de la ciudad aun incumpliendo muchos e importantes preceptos del gran libro... Así que un grupo de sus habitantes, indignados por tal atropello autoritario, se juntó para intentar evitarlo. Por desgracia, esto no es un cuento oriental: la Isbiliya de antaño es la actual Sevilla, en la que está ya en obras el que pretenden sea su primer rascacielos: la Torre Cajasol. Ésta, de 178 metros, forma parte del complejo de oficinas y comercio Puerto Triana, que promueve Cajasol en la zona sur de la isla de la Cartuja, con la colaboración del Ayuntamiento, el silencio de la Junta de Andalucía y el diseño del arquitecto César Pelli.

Una actuación que, de culminarse costará unos 310 millones de euros (según el presupuesto inicial), que se detraerán de menesteres sí necesarios. Que tendrá una dudosa utilidad: más de 80.000 m2 para oficinas en una ciudad y entorno donde ya hay 150.000 m2 sin uso. Que alimentará tanto el descrédito político e institucional como el trabajo judicial: el cúmulo de irregularidades detectadas tienen ya el caso en el juzgado. Que generará diversos impactos sobre la ciudad: en su paisaje, parte integrante de su patrimonio; en su movilidad, con sus 3.000 plazas de aparcamiento en el corazón de uno de los nudos viarios más colapsados de todo el área metropolitana; en su tráfico aéreo, porque afectará a la seguridad de acceso al aeropuerto, etc.

A consecuencia de este proyecto, dentro de unos días, Sevilla podría entrar en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Su gran altura, ubicada a pocos metros del conjunto histórico de la ciudad, supondrá una enorme presión visual sobre los tres monumentos sevillanos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El Comité del Patrimonio Mundial de este organismo decidirá si entra en la lista de patrimonio en peligro durante la reunión que celebrará en Brasilia a finales de mes. Si se produce esa inclusión, sería un descrédito no sólo para la ciudad y su Ayuntamiento sino también para todo el Estado, con su Gobierno a la cabeza como responsable último del patrimonio nacional y, específicamente, del declarado como “mundial”.

Contra el interés público

Lamentablemente, la Torre Cajasol (ya rebautizada como “Torre Caralsol”) no es algo aislado. Es otro capítulo, aunque notorio, del historial de agravios que la ciudad viene sufriendo a manos de sus gobernantes; ejemplos de un proceder autocrático, poco transparente, no participado socialmente y de muy discutible sentido público. Una relación en la que destacan, entre otros, el Estadio Olímpico, tan costoso como infrautilizado; la biblioteca universitaria, alzándose a costa del parque del Prado de San Sebastián; el proyecto Metropol- Parasol, o “setas de la Encarnación”, que levanta un carísimo e inútil artefacto gigante en el corazón del casco histórico y acumula ya un sobrecoste del 70% sin que se haya empezado a construir.

Actuaciones surgidas de los delirios de unos políticos obnubilados e indigestados por el “efecto (o síndrome) Guggenheim”. Y que a estas alturas, y con la crisis económica, deberían empujar a la ciudadanía, y a un Gobierno local (PSOE-IU) que se dice “de progreso”, a reflexionar sobre lo que significan el servicio y el interés públicos; y sobre qué intervenciones son congruentes con dichos fines y cuáles no, yendo incluso en sentido opuesto.


* Carmen Navarro Mezquita / Integrante de la plataforma Túmbala



* Diagonal - 23.07.10
Foto: Sevilla, vista montaje rascacielos desde Giralda - Plataforma_Tumbala

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Transparencia en el urbanismo

LEVANTE/Editorial/Valencia* : El Consell de la Generalitat y los responsables del departamento de Territorio y Medio Ambiente parecen haber decidido mirar hacia otro lado y disculpar el error del director general de Urbanismo, José Luis Selva, quien, como el Ejecutivo, ha admitido que intervino en trámites y firmó una propuesta de resolución sobre la reclasificación de un terreno en Villena del que es copropietario. Las leyes sobre incompatibilidades son muy exigentes en cuanto a la intervención de funcionarios y altos cargos en asuntos que atañen a sus intereses personales. Lo sabe bien el titular de Medio Ambiente, el vicepresidente Juan Cotino, quien varias veces ha tenido que ausentarse de reuniones ejecutivas porque se iban a tratar asuntos relacionados con su patrimonio o empresas de su familia.

En el caso de Selva Ros, su firma compromete un expediente que reclasifica un terreno de Villena que se viene dedicando al cultivo de cereales y que, por iniciativa de una empresa, albergará una de las mayores centrales termosolares de Europa, comprando para ello una partida de suelo en la que el aún director general es copropietario de 250.000 metros cuadrados.
El respeto a la legalidad es siempre exigible en la acción política, pero más si cabe en el urbanismo, área en la que una línea o una trama disparan o hunden el valor de unos bienes. Y si los gestores no están libres de toda sospecha, carecerán de legitimidad para imponer el cumplimiento de la norma ante los ciudadanos.





* Levante-emv - Editorial - 26.07.10


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Una trama empresarial desvió más de un millón de Aguas de Calpe

ELPAÍS/Alicante* : Una trama empresarial sirvió para desviar más de un millón de euros de unas obras de mejora en la red de abastecimiento de agua potable de Calp (Alicante) hacia un destino que, seis años después, todavía se desconoce y que está siendo investigado por un juzgado de Dénia. El caso Aguas de Calpe estalló en 2004 cuando se supo que el Ayuntamiento de esta localidad había adjudicado a una antigua empresa dedicada al buzoneo, que se convirtió en la mercantil Obras Hidráulicas, el proyecto por un valor de 4,7 millones que, tras excluir algunos anexos, se redujo a 3,3. Los trabajos valían, en realidad, 1,7 millones, según la Universidad Politécnica, o 2,2 millones, según la Generalitat. La diferencia entre lo que pagó el consistorio y lo que costó la obra realmente desapareció.

El máximo accionista de Obras Hidráulicas, Francisco Artacho, y el concejal responsable de Aguas en Calp en aquella época, Juan Roselló, son cuñados. Roselló, que está imputado en la causa, es todavía edil de Calp y diputado provincial por el PP en Alicante; pero Artacho, que ha roto su silencio por primera vez, insiste en exonerarle de cualquier responsabilidad porque, según dice, en ningún momento le aportó información privilegiada ni intervino a su favor para que le adjudicara los trabajos.

El responsable de Obras Hidráulicas, que como Roselló está imputado, denuncia la existencia de una trama empresarial para desviar el dinero de las obras, pero afirma que es un estafado más. Artacho culpa de las irregularidades al administrador de su propia empresa, Jesús Lara Santamaría, y al subcontratista que ejecutó las obras, Salvador Ibarra. Les acusa de entregar dinero a testaferros y de orquestar la quiebra simulada de empresas que endosaron las cantidades recibidas de la firma municipal Aguas de Calpe a otras firmas ajenas a la obra.

Artacho ha roto un silencio de seis años para denunciar que existió una trama empresarial que defraudó el dinero de los trabajos de la renovación de la red de suministro de Calp. Insiste, no obstante, en que él no intervino en el fraude y se presenta como un estafado más. El máximo accionista de Obras Hidráulicas de Levante, la mercantil a la que en 2004 Aguas de Calpe adjudicó esas obras cuando su cuñado y diputado provincial del PP Juan Roselló era concejal del abastecimiento, asegura que ese presunto fraude se articuló de dos formas: desviando el dinero que Obras Hidráulicas recibió de la concesionaria del agua a tres testaferros que nada tuvieron que ver con las actuaciones, y a través de quiebras fraudulentas de empresas subcontratadas que endosaron las cantidades recibidas a otras firmas.

¿Y si Artacho era el máximo accionista de Obras Hidráulicas, cómo es posible que no supiera que la mercantil estaba desviando el dinero a hombres de paja? El empresario sostiene que supuestamente era el propio administrador de la firma, Jesús Lara de Santamaría, quien controlaba los movimientos bancarios de la misma y que, por lo tanto, sería el responsable de esa situación. "Yo no conozco a ningún testaferro", asegura Artacho. No obstante, añade que uno de los supuestos hombres de paja, Antonio Céspedes, estaba vinculado a la empresa Buzoneo IRD, la mercantil dedicada a repartir propaganda que el propio Artacho adquirió para reconvertirla en Obras Hidráulicas. "Pero yo nunca he tenido ninguna relación con Céspedes", asegura el cuñado del concejal popular.

El hecho de que con anterioridad a quedarse con la renovación de la red, Obras Hidráulicas se dedicara a una actividad tan peregrina como el buzoneo también ha desatado honda polémica, pero Artacho defiende la normalidad de esa operación: "Se trataba de comprar una empresa que no tenía en ese momento ninguna actividad para dedicarla a la obra hídrica, un campo en el que yo tenía gran experiencia". De ahí que niegue que recibiera las obras porque era cuñado de Roselló: "No tuvo nada que ver. Nosotros estábamos preparados para realizar el trabajo".

En su declaración ante el juzgado, Lara Santamaría también habló de esos testaferros, sobre los que el juez ha dictado una orden de búsqueda al no tener ningún dato para localizarlos. Lara coincidió con Artacho en situar a Céspedes en la órbita de Buzoneo IRD y añadió que otro de los supuestos testaferros, Raimundo Lozano, era "un pintor que fue cliente" suyo "hace muchos años", si bien aseguró desconocer si había tenido relación con Obras Hidráulicas. Es más, Lara aseguró que quien realizaba unos pagos tan extravagantes y, por lo tanto, tenía contactos con los testaferros era Artacho. Sin embargo, el abogado de este último, Francisco López, esgrime: "Mi cliente no ha hablado con ninguna de esas tres personas y enviaremos un oficio a todas las compañías de telefonía móvil del país para demostrarlo".

Este letrado asegura que hubo un segundo método para desviar el dinero: acusa a Montubo -a la que Obras Hidráulicas le subcontrató las actuaciones reales- de simular su propia quiebra, dejando de ingresar las cantidades que le entregaba la firma de Artacho y "realizando endosos cambiarios sin ingresos a una tercera empresa ajena a las obras provocando su propia descapitalización".

El administrador de Montubo, Salvador Ibarra, siempre había contado esta historia de otra manera: acusó a la firma de Artacho de adeudarle casi 700.000 euros y de no hacer efectivos cinco pagarés de 50.000 euros. Ibarra siempre se escudó en este argumento para justificar que no pudiera a su vez pagar los 240.000 euros que debía a otra subcontrata que realizó también trabajos en la red, Excagata, y que por esa deuda está personada en la causa como acusación particular. En cambio, Artacho arguye que Ibarra miente y que Obras Hidráulicas pagó a Montubo todo el dinero pendiente. Así lo demostraría un documento notarial firmado por ambas empresas y una sentencia que le daba la razón a la firma de Artacho en este contencioso, al asegurar que los pagarés sí se habían hecho efectivos, además de declarar a Montubo en rebeldía procesal al no personarse en la vista. Es decir, que, según Artacho, Ibarra cobró y deberá ser quien explique dónde está el dinero y por qué su firma se fue a pique.

Artacho relata que percibió las irregularidades a mediados de 2005, cuando vio "que se acababan las obras y no cobraba nada". Es más, argumenta que a él todo este asunto le ha costado dinero de su bolsillo. Ahora arremete contra los otros dos imputados que le habían implicado en el caso, Lara Santamaría y Salvador Ibarra. Éste último desveló que en febrero de 2004 Artacho le informó durante una feria en Zaragoza de que su cuñado les tenía "preparada una obra en Calp" antes de que la misma se adjudicara en marzo de aquel año. El familiar de Roselló admite que efectivamente esa reunión se celebró, "pero delante de otros empresarios que escucharon la conversación". Y asegura que no disponía de información privilegiada de su cuñado, "ya que desde 2001 todo el mundo sabía en Calp que esas obras se iban a realizar, era algo que estaba en la calle".

Artacho libra de culpa a Roselló: asegura que el edil no supo nada del fraude en todo el proceso y especifica: "He tenido varias empresas hídricas y nunca antes ni después volví a trabajar para una Administración gestionada por mi cuñado, ni en la Diputación de Alicante ni en el Ayuntamiento de Calp".

Otra cuestión es si las obras, adjudicadas por 3,3 millones de euros, estaban sobrevaloradas: así lo dijo la comisión de precios de la Generalitat, que aseguró que en realidad solo valían 2,2 millones, precio que la Universidad Politécnica de Valencia redujo a 1,7 millones. En cambio, Artacho mantiene que las actuaciones se ajustaron a su coste real y esgrime otros dos informes realizados por expertos universitarios que así lo atestiguaban. Uno razonaba que el criterio de la universidad valenciana podía ser incluso "delictivo". Artacho defiende que las obras "han dado un gran resultado", en contra de otro pronunciamiento de la Politécnica que alertaba de notables deficiencias en su ejecución.






* El País - 25.07.10
Foto: Calpe - Císcar (ELPAIS.com)

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Construyendo un futuro para Caracas

ANALÍTICA/Marco Negrón* : Con particular intensidad desde fines del siglo pasado, un notable grupo de ciudades latinoamericanas han conocido transformaciones que muchos creían imposibles. Bogotá, Medellín, Quito, Lima entre muchas otras han logrado avances que en más de un caso se proyectan como ejemplos a seguir a escala mundial. Ellas comparten una serie de características que permiten entender el por qué de tales cambios, y una muy destacada es que han alcanzado grados importantes de autonomía de gobierno, no sólo por la capacidad de elegir sus autoridades sino también porque han logrado consolidar la autonomía fiscal. Pero aún así esos cambios no habrían sido posibles si ellas no hubieran sido capaces de dotarse de un proyecto compartido de futuro. Como lo señalara Jaime Lerner, el ex-alcalde de Curitiba, la ciudad brasileña que en 1966 dio inicio a esa sucesión de transformaciones urbanas que hoy exhiben con justificado orgullo tantas ciudades de nuestra región, “Una ciudad sólo puede encontrar soluciones de futuro a partir del momento en que sabe lo que quiere ser”. Y eso es posible solamente en la medida en la cual se cuente con una carta de navegación, un plan ampliamente discutido y compartido por los actores urbanos fundamentales.

El drama de nuestra capital es que, a estas alturas, ella no sabe lo que quiere ser, lo que le complica incluso la lucha por consolidar su derecho al autogobierno, que en los últimos años ha venido siendo erosionado lenta pero sistemáticamente por el gobierno central. La última propuesta de futuro ‑el Plan Rector formulado por la Oficina Metropolitana de Planeer y reproducirse; pero para que ese talento converja hacia una ciudad específica es necesario, entre otros requisitos, que exista un medio urbano idóneo, es decir una serie de condiciones en parte naturales pero sobre todo producidas, tales como infraestructuras, patrimonio arquitectónico y urbanístico, tradiciones culturales, capacidades tecnológicas difusas, seguridad, ordenamiento institucional, que inciden directamente en la calidad de vida de la población. La capacidad de las ciudades para responder a los estímulos del mundo contemporáneo sin embargo no depende mecánicamente de la mayor o menor riqueza del medio urbano: para ello es necesario que en su seno surjan las redes sociales capaces de convertirlas en actores colectivos de la escena internacional y neutralizar o limitar las condiciones de exclusión y marginación. Sin embargo, un medio urbano de calidad constituirá siempre un aporte decisivo tanto para el mejoramiento de la competitividad económica y la superación de la pobreza como para alcanzar la integración social y la sustentabilidad ambiental y cultural. No es por casualidad que de la exitosa experiencia de Medellín surgió el concepto de “urbanismo social”, que ha de ser el norte del Plan de Caracas.

Pero sería necio ignorar las barreras que se oponen al éxito de este proyecto, que pone en entredicho la política hegemónica, excluyente e hípercentralizadora del chavismo. Ellas sólo podrán ser superadas en la medida en que las propuestas del Plan sean progresivamente apropiadas por sectores cada vez más amplios de la sociedad y que sean estos quienes exijan su puesta en ejecución.

marco.negron@gmail.com


amiento Urbano (OMPU)- data de 1983, ya un cuarto de siglo largo; pero además, desde cuando en 1992 los alcaldes Mendoza y Fermín tomaron la infortunada decisión de eliminar esa oficina sin proponer ningún órgano sustitutivo, Caracas ha carecido de una institución capaz de pensarla globalmente y a largo plazo; las dos gestiones metropolitanas que se sucedieron entre 2000 y 2008, por razones que no es posible analizar aquí, no fueron capaces de suplir esa carencia. Como no podía ser de otra manera, esa conjunción de factores ha conducido a un proceso de creciente deterioro de la calidad de vida que a su vez ha inducido una dinámica de desmoralización de la población que, en el mejor de los casos, ve la ciudad apenas como un bien utilitario ‑un sitio donde ganarse el pan- que satisface cada vez menos sus expectativas y hacia la cual siente cada vez más desapego.

Conscientes de la situación, una de las primeras decisiones adoptadas cuando en diciembre de 2008 asumió funciones la actual Alcaldía Metropolitana fue la de integrar un equipo profesional del nivel más alto, seleccionado estrictamente por sus credenciales profesionales y académicas, responsable de dotar a la ciudad de ese proyecto de futuro que por tanto tiempo se le ha negado y que se propone concretar en el Plan Estratégico Metropolitano Caracas 2020.

Lograr ese objetivo requiere repensar la ciudad, construir una visión diferente de la que de ella ha prevalecido hasta ahora entre nosotros, empezando por entender que Caracas ‑su población y sus instituciones para ser exactos- es sin dudas el activo más valioso con el que cuenta el país: entre 1959 y 1999, erróneamente, los gobiernos democráticos la vieron como una especie de parásita que chupaba la savia del país profundo, comprometiendo la dinámica del crecimiento; a partir de entonces el régimen que ha venido apabullándonos durante ya casi doce años ha profundizado las políticas antiurbanas, emblematizadas en el hoy asordinado Proyecto Orinoco-Apure, fundado en la vetusta idea de que el desarrollo es esencialmente una cuestión de aprovechamiento de los recursos naturales y la posición geográfica. El limitado espacio disponible apenas permitirá esbozar algunas de las líneas conceptuales del reenfoque necesario para construir la Caracas del futuro.

Hoy, como es ampliamente reconocido, estamos inmersos en la llamada sociedad del conocimiento cuya base es la creatividad, la capacidad de producir y aplicar nuevos conocimientos. Como lugares de la diversidad, no sólo de empresas sino sobre todo de personas, las ciudades son los espacios por excelencia de la creatividad porque es en ellas que el talento encuentra las condiciones que le permiten germinar, crecer y reproducirse; pero para que ese talento converja hacia una ciudad específica es necesario, entre otros requisitos, que exista un medio urbano idóneo, es decir una serie de condiciones en parte naturales pero sobre todo producidas, tales como infraestructuras, patrimonio arquitectónico y urbanístico, tradiciones culturales, capacidades tecnológicas difusas, seguridad, ordenamiento institucional, que inciden directamente en la calidad de vida de la población. La capacidad de las ciudades para responder a los estímulos del mundo contemporáneo sin embargo no depende mecánicamente de la mayor o menor riqueza del medio urbano: para ello es necesario que en su seno surjan las redes sociales capaces de convertirlas en actores colectivos de la escena internacional y neutralizar o limitar las condiciones de exclusión y marginación. Sin embargo, un medio urbano de calidad constituirá siempre un aporte decisivo tanto para el mejoramiento de la competitividad económica y la superación de la pobreza como para alcanzar la integración social y la sustentabilidad ambiental y cultural. No es por casualidad que de la exitosa experiencia de Medellín surgió el concepto de “urbanismo social”, que ha de ser el norte del Plan de Caracas.

Pero sería necio ignorar las barreras que se oponen al éxito de este proyecto, que pone en entredicho la política hegemónica, excluyente e hípercentralizadora del chavismo. Ellas sólo podrán ser superadas en la medida en que las propuestas del Plan sean progresivamente apropiadas por sectores cada vez más amplios de la sociedad y que sean estos quienes exijan su puesta en ejecución.

marco.negron@gmail.com





* Analítica.com - Opinión - 25.07.10


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La Generalitat arrasa un monte que sorteó 60 años de incendios

LEVANTE/Valencia* : Un ingeniero agrónomo valenciano ha presentado una denuncia contra la actuación forestal realizada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda con fondos del Ministerio de Medio Ambiente en un monte de Bicorp y en la que a su juicio se ha arrasado "una de las zonas de bosque original más rico, estable y de mayor valor ambiental y de biodiversidad" de la Comunitat Valenciana. La zona afectada había sobrevivido durante los últimos sesenta años a los grandes incendios que han arrasado el Caroig y la Muela de Cortes.

Pese a la documentada denuncia del ingeniero Pedro Miguel Chome y al desmonte realizado en la zona, visible a muchos kilómetros de distancia, la Conselleria de Medio Ambiente defiende "la legalidad" de la actuación y asegura que se ha actuado de acuerdo al proyecto que recibió el visto bueno del ministerio.
Añaden que la actuación no está sometida a la Declaración de Impacto Ambiental y que el espacio alterado no formaba parte de la Red Natura 2000 (Lugares de Interés Comunitario -LIC- o Zona de Especial Protección para las Aves) "ni de ningún espacio protegido".

El monte desnudo
"Nunca había visto una actuación forestal tan radical"-aseguró el denunciante, que insiste en que parte de la actuación se desarrolla en un LIC."Un bosque equilibrado y natural ha desaparecido y ha quedado convertido en un erial", añadió este técnico, experto en genética forestal, pero que insiste en actuar "como un ciudadano más".
El proyecto denunciado, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, contemplaba actuaciones en Millares y Bicorp, aunque los daños se han centralizado en unas 160 hectáreas del monte del Santís (V-1067), gestionado por la Generalitat Valenciana en el área de Bicorp.
A simple vista se observa como una "isla" de antiguo bosque rodeada de otras zonas más desprovistas de vegetación adulta ha sido arrasada para abrir una franja de más de 200 metros en muchos sitios. Apenas se han dejado pies de árbol que actúen como testigos y todo el sustrato arbustivo -sabinas, enebros, carrascas, etc.- ha sido eliminado. Los pinos cortados, algunos de gran porte, se acumulan junto a los caminos esperando ser retirados por algún contratista.
Pedro Miguel Chome asegura en su denuncia que el proyector original "no se parece en nada" a lo ejecutado. "El proyecto no tiene unos objetivos claros, no cumple las prescripciones técnicas, no esta apoyado por un plan contra incendios y ni siquiera cumple con lo que figura en la documentación" remitida por la conselleria al Ministerio de Medio Ambiente, explicó
Según afirmó el ingeniero, "nadie del Ministerio de Medio Ambiente ha ido a comprobar nada" hasta que el denunciante se personó en la Delegación del Gobierno.

Iniciativas
La denuncia, realizada ante la Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, ha sido presentada también en la subdelegación del Gobierno en Valencia, aunque el denunciante no descarta otro tipo de acciones.
El ingeniero ha pedido la paralización de las obras, que el Ministerio de Medio Ambiente ejerza su responsabilidad supervisando el proyecto y sus objetivos, que se proceda a hacer el estudio de impacto ambiental y se establezca un plan para "reconstruir en lo posible" el daño causado, además de que se investigue si hay mecanismos para incorporar al proyecto el valor de la madera talada.
Según afirma, la extracción masiva de madera realizada, con ejemplares de mucha edad - "los mejores"- "no responde a los criterios de aclareos para mejorar la competencia entre árboles y dificilmente habría sido autorizada en una corta normal". Y añade que en el proyecto "no se encuentra mención a los ingresos que suponen la madera extraída y los beneficiarios de la misma, por lo que debería-el proyecto- ser objeto de una inspección y auditoría".
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente dijeron que en los Servicios Territoriales se estaba "tramitando" el concurso para el aprovechamiento de la maderaextraída.




* Levante-emv - 26.07.10
Foto: A mitad de ladera se observa el impacto de la actuación sobre un bosque casi maduro con abundante vegetación. Levante-EMV

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Sevilla.- Las ‘setas’ enfilan una tensa y tortuosa recta final

ELCORREOWEB* : El proyecto Metropol Parasol seguirá adelante, pero ¿en qué condiciones?, ¿con qué calendario? y ¿con qué consecuencias? Las incógnitas que rodean a este proyecto crecen precisamente como setas en el monte, si bien el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, gracias al voto de calidad del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), aprobó el pasado miércoles que las obras se acaben, desoyendo al Consejo Consultivo de Andalucía, que dictaminó en contra de la segunda modificación presupuestaria (de 30 millones de euros). Hasta ahora, el coste de estas obras se ha disparado de 51,2 a 89,7 millones de euros. ¿Hará falta más dinero?

Lo cierto es que los próximos meses serán claves para perfilar lo que debe ser la recta final de un proyecto que comenzó a gestarse en 2004 y que pretende acabar con los 37 años que llevan los placeros en unas instalaciones provisionales. El alcalde quiere ser testigo y protagonista de la inauguración. Está empeñado en ello. No quiere despedirse de la alcaldía (no repetirá en las próximas elecciones municipales) con este suspenso ni quiere pasarle el lastre al candidato Juan Espadas. Es decir, que en la Encarnación se juega mucho.

Y no sólo el alcalde. El diseño obtuvo en 2005 la medalla de bronce en el Concurso de Proyectos Sostenibles Holcim Awards y formó parte de la exposición permanente de arquitectura del siglo XXI en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), junto a otras 35 obras de todo el mundo. Si se hace a medias, ¿qué imagen dará la ciudad y sus responsables?

¿Cuál es el nuevo calendario de las ‘setas'?
El Metropol Parasol del arquitecto alemán Jürgen Mayer fue seleccionado en 2005 y el primer plazo oficial que se dio para la inauguración fue junio de 2007. Esa fecha se mantuvo mientras duraron los trabajos de cimentación. La segunda fecha que se anunció fue la primavera de 2008, a la que siguieron el último trimestre de 2009 y los primeros meses de 2010. Las obras acumulan un retraso de tres años, que se tornarán en tres años y medio si se cumple la previsión.

El segundo y último modificado presupuestario del contrato fija en el 31 de diciembre de 2010 el plazo de finalización del edificio, que será puesto en uso en el primer trimestre de 2011. Incluso el concejal de Urbanismo, Manuel Rey, aseguró en el pleno del miércoles que se cumplirá ese plazo. Sin embargo, hay dudas.

IU, socia de gobierno del PSOE, cuestionó que la obra terminará a final de año e incluso que no vayan a requerir más dinero, como defendió el alcalde. Por lo tanto, la última palabra la tiene la constructora, Sacyr.

Según sus responsables, "se está trabajando para acabar el 31 de diciembre", pero ésta es la misma frase que pronunciaron antes de que se incumplieran los anteriores plazos. Por tanto, habrá que esperar al final del partido para ver si hay o no una nueva prórroga. Lo que sí está claro es que la ilusión con que los comerciantes de la plaza de abastos acogieron el proyecto para recuperar la Encarnación se ha tornado en desesperación.

El propio alcalde les anunció que a final de este mes pondrían empezar la mudanza de sus puestos para que el mercado abriera sus puertas a mediados de septiembre. No obstante, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía ha hecho que haya un nuevo retraso. De manera que el traslado podría no empezar hasta finales del próximo mes. Según Urbanismo, en los próximos días se concretarán las fechas. Está por ver, además, si como se dijo en un principio, tendrán que pagar 500 euros al mes de alquiler.

Y después del mercado, según el alcalde, vendrá el Antiquarium, el lugar en el que se podrán ver los importantes restos arqueológicos hallados.

¿Cuándo empezará el montaje de la madera?
Para que la obra acabe a final de año, los planes de Sacyr pasan por empezar a revestir los parasoles en agosto. Según Urbanismo, la empresa abordará la instalación de la madera de forma simultánea en todos los parasoles. Habrá tres turnos de trabajo y tres grandes grúas. Entonces sí se notará que se están levantando las setas. Incluso se empezará a construir la plataforma que unirá el parasol más cercano a Puente y Pellón con el del otro lado de Imagen.

La madera, según sostienen desde Sacyr, ya está en las instalaciones del polígono El Pino, cortada y lista para ensamblar. Entonces, ¿a qué esperan? En los próximos días se verá.

El origen del problema y de la estructura
Precisamente el ensamblaje del pino finlandés complicó el proyecto por una decisión que venía de atrás. Y es que hasta un año después de haber contratado a Sacyr y al arquitecto no comenzó la redacción del proyecto de ejecución, clave para comprobar la viabilidad de la obra. Entonces, ya se había firmado un contrato de concesión privada (por 40 años) y una subvención de 25 millones de euros a Sacyr. Pero nadie comprobó si el diseño de la cubierta diseñada por Jürgen Mayer era viable.

El problema fue que se empezó a ejecutar la cimentación basándose en los cálculos del proyecto inicial, no del definitivo. La ingeniería Ove Arup, contratada por Jürgen Mayer, concluyó en mayo de 2007 que la estructura del proyecto básico no era realizable, por lo que se plantearon dos soluciones que finalmente no se llevaron a cabo porque los cimientos no podrían aguantar el incremento de peso. Finalmente, de febrero a diciembre de 2009, se consideró unir las maderas con barras encoladas con una resina especialmente diseñada.

Se trataba de aplicar una nueva generación de pegamentos epoxi que soportan las temperaturas extremas del verano en Sevilla y pueden incrementar la rigidez de las setas sin aumentar en exceso su peso.

De nada de esto informó el Ayuntamiento de Sevilla en vísperas de las elecciones municipales de 2007. Entonces, según el secretario municipal, debió pararse el proyecto.

¿Cómo quedará el proyecto finalmente?
Los responsables del proyecto aseguran que quedará como estaba previsto. Sacyr explotará el restaurante de la parte alta, la superficie comercial y el edificio que ahora tiene Hacienda junto a la desembocadura de Puente y Pellón, que se convertirá en un edifico de oficinas en alquiler. Los sevillanos probablemente no tendrán que pagar para visitar el techo de las setas, pero los turistas sí. De igual modo, Sacyr tendrá vía libre para organizar todo tipo de eventos (musicales, culturales, fiestas privadas...) en la plazoleta de la primera planta y sí podrá cobrar, a todos, por la entrada. Igual que podrá alquilar los locales comerciales junto al mercado. Con todo, gran parte de la Encarnación tendrá uso privado, frente a la idea de que el proyecto es 100% público.

No obstante, la empresa aún no ha definido cómo explotará todos estos espacios en plena crisis financiera, aunque sí ha empezado a trazar sus líneas de actuación para la comercialización de esos puntos.

¿Habrá una estación del Metro de Sevilla aquí?
Los planos del anteproyecto de la línea 2 del Metro de Sevilla reflejan que la estación no cabe en la Encarnación. Lo defiende la Consejería de Obras Públicas, preocupada también por los efectos de una posible obra junto a la iglesia de la Anunciación, cuya cimentación difícilmente soportaría el más mínimo movimiento. Los técnicos de la Junta de Andalucía insisten en que para que en la plaza junto a Puente y Pellón se construya una estación del suburbano se necesita un pozo de 32 metros de diámetro, lo que requeriría que se levante la cimentación del parasol más próximo. Sin embargo, el alcalde insiste en que sí se puede hacer, reduciendo las dimensiones de la estación, que deberá estar a 50 metros de profundidad para no afectar a los restos arqueológicos.

El coste extra (70 millones de euros) y la proximidad de la parada en el Duque, además, juegan a favor de las tesis de la Junta de Andalucía, que desmintió que en el Metropol Parasol existiera un espacio habilitado para la línea 2, como sostuvieron el ex edil de Urbanismo Emilio Carrillo y el alcalde en varias ocasiones.

¿Quiénes son los responsables del fiasco?
El alcalde sostiene que se depurarán las responsabilidades, pero no ahora, sino cuando terminen las obras y se inaugure el proyecto. La oposición, el PP, y los socios de gobierno del PSOE, IU, han pedido que se determine ya quiénes han sido los responsables de que el proyecto de la Encarnación se haya convertido en un lastre para las arcas municipales (más bien de Urbanismo, porque se pagó con fondos del PGOU destinados a sistemas generales) y en un fiasco desde el punto de vista social por el retraso acumulado.

Empresa adjudicataria, arquitecto y gobierno local se tendrán que repartir las culpas y las responsabilidades de todo tipo: técnicas, administrativas y políticas. Evidentemente, ya hay muchas opiniones al respecto.

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (que visó el proyecto), Ángel Díaz del Río, como no podía ser de otro modo, exoneró de toda culpa a Jürgen Mayer y apuntó a que el fallo estuvo en "la gestión del concurso de ideas" convocado para acometer este proyecto.

¿Habrá denuncia en los tribunales o sanción?
Si Sacyr y Urbanismo llegan a un acuerdo en el reparto del sobrecoste, seguramente la Encarnación no llegue a los tribunales.

La negociación se antoja dura, pero de ello dependerá que el proyecto se acabe con todas las garantías y en plazo. Es lo que ocurrió con la obra del Metro de Sevilla. La Junta de Andalucía y la concesionaria pactaron los números del proyecto y, pese a los años de retraso, todos contentos.

En el caso de la Encarnación, el pliego de condiciones del contrato, como el de tantas obras encargadas por el Ayuntamiento, incluye las penalizaciones por retraso en los plazos de ejecución cuando éstos no fuesen imputables a la administración ni a fuerza mayor. Dicho pliego de condiciones, en su artículo 32.2 referente al régimen de penalidades, establece que el "incumplimiento de los plazos marcados" dará lugar a una falta grave sancionable con multa de 301 a 3.000 euros. Es más, se fija que "el órgano de contratación podrá imponer multas coercitivas al adjudicatario, cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado". El importe de dichas multas será proporcional a la gravedad del incumplimiento, con un máximo de 3.000 euros al día".

Paradójicamente, Sacyr se hizo con la adjudicación del concurso de ideas para la obra de la Encarnación gracias a ajustarse al presupuesto de salida del proyecto en lo que respecta al dinero que en metálico debía aportar el Ayuntamiento de Sevilla y, sobre todo, al compromiso de culminar la obra en el plazo más corto con respecto al resto de empresas. Se presentaron cuatro. Sando y la UTE Martín Casillas-Ficoam quedaron apeadas en una primera selección porque elevaban la aportación planteada en el pliego de condiciones de 25 millones de euros a 49 y 38, respectivamente. Sacyr resultó seleccionada, entre otros motivos, porque aseguró un plazo de ejecución 20 meses frente a los 22 de UTE Detea-Vías. Finalmente, el Ayuntamiento de Sevilla pondrá 64 millones de euros y, en principio, la obra se acabará tres años y medio después de lo pactado. Una mala elección.




* El Correo de Andalucía - 25.07.10
Foto: El Metropol Parasol supone un diseño rompedor en el casco antiguo, cuestionado por algunos por su concepto, y por muchos por el sobrecoste de unas obras mucho más caras de lo que se anunció.- elcorreoweb.es

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El síndrome de Babel

LUIS MANUEL RUIZ/Sevilla* : Entre el acervo de cosas incomprensibles de la religión católica figura el tremebundo misterio de la Encarnación, según el cual el verbo se convirtió en materia para servir de pasto a los carniceros. También en Sevilla disponemos de un misterio con el mismo título. La Encarnación es una plaza más o menos céntrica donde desembocan (desembocaban) varias líneas de autobuses y que cuenta secularmente con montones de arena y pavimento desmigado en lugar de las correspondientes aceras. Según la leyenda, aquí hubo una vez un mercado, que fue demolido por no sé qué insidias del urbanismo y reemplazado por un solar; desde entonces, los puestos de fruta, pescado y ultramarinos ocupan un cuartel provisorio del que algún día, como del purgatorio, confían en salir.

Digo que la Encarnación es un misterio porque, tratándose de una de las plazas nucleares de Sevilla, donde el suelo cuenta con más atractivos turísticos y comerciales para retar al ayuntamiento, ha permanecido atávicamente entregada a los escombros: en mis casi 40 años de historia personal, no recuerdo haber visto sobre el horizonte de este enclave más que vallas que se aburren, tapias cansadas, carteles sobre las vallas en que los toreros son relevados por grupos de música y los grupos por candidatos electorales. Parecía correcto, obligatorio, que en algún momento el consistorio decidiera compensar tanta desidia con un proyecto estrella, y que hace la friolera de casi diez años se emprendiera la obra ciclópea de las setas del Metropol Parasol: una arquitectura de metal, vidrio y madera que colocaría a nuestra ciudad a la vanguardia del urbanismo contemporáneo y que nos haría creer, al mirar hacia arriba, que habitamos cielos menos cerrados.

Durante todos estos años he defendido por activa y por pasiva la construcción de las dichosas setas y he discutido con quienes veían en ellas un sinónimo de megalomanía, incompetencia y delirios. Ahora, mal que me pese, cada vez estoy más convencido de que para cobijarse bajo el ala de una seta hay que pertenecer a la noble y diminuta nación de los pitufos.

Esta semana, nuestro desdichado alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín ha logrado hacer aceptar al cabildo una derrama añadida de no sé cuántos millones para terminar la obra de la Encarnación. Una obra que se prolonga ya más del doble de tiempo de lo estimado en un principio, con los costes añadidos que ello entraña, de la que se han desentendido tanto el arquitecto como los pobres pilotos que han sido convocados para salvar la nave, que amenaza con tragarse como un leviatán las arcas municipales y que probablemente condene a la plaza a algunos lustros más de vallas y cemento.

Las setas recuerdan otros episodios dolosos de la historia de Sevilla que podríamos agrupar bajo la rúbrica de síndrome de Babel, el de la construcción que quiere alcanzar los cielos pero acaba en una confusión de lenguas: la torre de los Remedios, el metro sepultado, el estadio olímpico y casero. Entiendo que Monteseirín, abandonado por su partido y entregado a los perros, trate de salvar el último resquicio de dignidad que le han dejado huyendo hacia delante y obligando a la ciudad a concluir un proyecto que le está sorbiendo la sangre pero que finalmente, o él lo ve así, le hará recuperar el color con creces. Quiero creerlo, igual que quiero creer en la biblioteca del Prado y la torre en la Cartuja, pero cada vez me cuesta más hacerlo.

Quizá seamos víctimas de una maldición: quizá nuestra soberbia, la de querer sacudirnos el albero y el sepia, haya despertado la ira de un poder más alto y ahora estemos condenados, por los siglos de los siglos, a gritarnos unos a otros sin entender nada de nada.





* El País - Opinión - 25.07.10


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Urbanismo de juzgado

GRANADAHOY* : Urbanismo y justicia forman una extraña pareja, cada vez más presente en el desarrollo de las ciudades y municipios, aunque con graves desavenencias. Los grandes intereses generados por la actividad constructiva durante muchos años, junto a la crispación política, han obligado a intervenir muchas más veces de lo deseable a los tribunales de justicia. El principal conflicto que afecta a este binomio es que cada uno late a un ritmo muy diferente. La rapidez con la que se levantan grandes edificios de dudosa legalidad o los perjuicios urbanísticos y económicos que ocasiona una larga paralización, son las consecuencias de aplicar el tedioso paso de la justicia al dinamismo de los procesos urbanísticos.

Durante unos años en los que la actividad constructiva ha reinado en nuestra economía y en nuestro entorno, parecía que no había nada que pudiera frenar ciertos proyectos. Ante un control administrativo muy pobre, los jueces son los únicos que en contadas ocasiones han podido intervenir para modificar el devenir de iniciativas urbanísticas de cierta importancia. Especialmente en los últimos dos o tres años, en los que los asuntos de corrupción urbanística llenan los juzgados.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se refirió a esto en un discurso público la semana pasada. En un alegato en favor de la especialización de las distintas secciones del Ministerio Público, puso como ejemplo más notable el de los delitos urbanísticos, que anteriormente apenas eran objeto de persecución judicial y que con los fiscales especializados se está generando hoy "un número muy sustancial de sentencias condenatorias", que están modificando "pautas de conducta que incidían de forma directa en la criminalidad".

El caso del Centro Comercial Nevada, en Armilla, es uno de los conflictos jurídico-urbanísticos que más notoriedad ha alcanzado en la historia reciente de la provincia. Su resolución en los últimos días (al menos en primera instancia) ha despejado la crucial incógnita sobre la pervivencia del gran edificio comercial, al que parece que sólo habrá que restarle una pequeña esquina. El fiscal pidió la demolición total y recurrirá la sentencia.

Pero a lo largo del tiempo las sentencias judiciales no siempre han sido un vehículo para frenar el ímpetu urbanístico. Al contrario, propietarios y promotores han usado la justicia para reclamar su derecho a construir, frente a casos de intento de freno por parte de la administración.

El caso más notorio en Granada es antiguo. Se trata de los edificios levantados sobre las esquinas de la parcela de la Plaza de Toros. La familia propietaria, Fernández Fábregas, inició un largo contencioso contra el Ayuntamiento y la Junta, que pretendían evitar la construcción de inmuebles alrededor del coso para no macizar la zona.

En 1991, los dueños del terreno obtuvo una sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al Ayuntamiento de la capital a pagar 476 millones de pesetas a los propietarios y a concederle los permisos que le habían negado durante una década para la construcción de cinco edificios alrededor de la Plaza de Toros.

A partir de ahí se inició una larga negociación entre ambas partes tras la que el Ayuntamiento pudo evitar que le levantaran tres de los cinco edificios a cambio de una compensación con terrenos de la antigua Campsa, valorados en 800 millones de pesetas.

Más reciente es el caso del edificio Penta, otro pleito cuya resolución perjudicaba gravemente a los intereses municipales. En 2007, una resolución judicial condenaba al Ayuntamiento a pagar 13 millones de euros a los propietarios de unos terrenos ubicados junto al edificio Villarejo.

En virtud de un convenio urbanístico firmado en 1998, el constructor José Julián Romero pudo construir el edificio Penta, cediendo al municipio en contraprestanción otros terrenos reservados para espacios libres. Pero no todo este suelo que se negoció en el convenio era propiedad del constructor y los legítimos propietarios así lo reclamaron en los tribunales.

La sentencia obtenida ponía al Ayuntamiento en una situación muy complicada en un tiempo en el que se iniciaba la actual crisis económica. Al final la solución se cerró con un acuerdo de pago parcial en especie -mediante la entrega de un solar en La Chana y el pago de un millón de euros que obtendrá el municipio de la venta de otro solar-.

Un caso con resultado similar es el de las expropiaciones de los terrenos del Parque Tecnológico de la Salud (Campus de la Salud en ese momento). Una sentencia ratificada por el Supremo anulaba el proceso de expropiación de ese suelo donde actualmente ya hay equipamientos y edificios del Parque. La solución pasa por una compensación económica o en terrenos de otra zona a la familia propietaria.

El conflicto urbanístico por excelencia en Granada durante las últimas décadas ha sido el caso Los Cármenes. Éste es un ejemplo de cómo la judicialización puede mantener parado el desarrollo urbano durante muchos años.

El Granada Club de Fútbol vendió su viejo estadio en un proceso convulso que provocó algo más que recelos. La promotora Lazasur fue acusada de manipular la subasta, en complicidad con dirigentes del club y responsables municipales, para hacerse con esos terrenos y en las mejores condiciones posibles. El proyecto para construir viviendas en esos terrenos se mantuvo parado durante más de una década por los múltiples conflictos judiciales que aquella historia acarreó. Al final todos los acusados quedaron absueltos y los edificios se construyeron y vendieron.

En los últimos tiempos, coincidiendo con esa mayor proliferación de casos y sensibilidad judicial hacia el control de la criminalidad urbanística, también se han dictado sentencias que implican demolición. Es el caso del edificio Marisol de Pradollano, de 82 apartamentos, contruido sobre una parcela de uso sociocultural. La sentencia ordena la demolición y establece penas para el ex alcalde de Monachil y otros antiguos cargos municipales.





* Granada Hoy - 25.05.10
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com

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El Consell reclasificó la central de Villena sin tener todos los informes

LEVANTE/Alicante* : La Declaración de Impacto Ambiental y la Declaración de Interés Comunitario para la planta solar termoeléctrica de Villena se concedieron antes de que quedaran resueltos en el expediente algunas de las objeciones que los funcionarios plantearon durante la tramitación del expediente. La central termosolar, cuya tramitación se inició formalmente en noviembre de 2006, está proyectada sobre 2,5 millones de metros cuadrados del paraje de Alhorines, en Villena, del los que aproximadamente un 10% -256.093 metros cuadrados- son propiedad -compartida con otros tres hermanos- del que desde diciembre de 2007 es jefe del área de Urbanismo de la Generalitat y desde noviembre de 2008 director general de Urbanismo, José María Selva Ros, sin que conste que se haya apartado del expediente como marca la ley de Incompatibilidades.

El expediente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)-paso previo y vinculante para la obtención de la Declaración de Interés Comunitario-no dio respuesta a algunas de las incertidumbres planteadas por los funcionarios.
Cabe recordar que la DIA trata de acreditar con decenas de informes de distintas administraciones que se puede poner en marcha un proyecto de esas características en suelo no apto inicialmentepara desarrollar otra actividad que no sea la agrícola.
Así, no consta en el expediente que se solicitara a la Confederación Hidrográfica del Júcar la disponibilidad de recursos hídricos, pese a que lo exige la Ley de la Comunidad Valenciana de Ordenación del Territorio. Sin embargo, la DIA, en su descripción del proyecto admite que "las necesidades totales de agua , en la central solar, serán de 375.320 metros cúbicos anuales"-casi las de un campo de golf- y añade, más adelante, que "no queda justificado en el proyecto el origen de los recursos hídricos".

De obligado cumplimiento
La DIA "supedita" la ejecución de proyecto al "cumplimiento" de diversos "condicionantes"... que "deberán ser solventados previamente a la obtención de la Declaración de Interés Comunitario, así como a la obtención del informe que debe emitir la Dirección General del Paisaje.
Entre estos condicionantes inexcusables y previos a la DIC figura el de "obtener el informe de la Conselleria d Cultura, Educación y Ciencia acerca de la conformidad del proyecto con la normativa de protección del patrimonio cultural de acuerdo con el art. 11 de la ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano". Es decirse exige el preceptivo informe que emite Cultura y sin el que es posible obtener licencias para el proyecto.
Sin embargo, en la Declaración de Interés Comunitario, que supuestamente no se puede obtener sin el informe de Cultura, se reconoce que no se cuenta con este informe. Lo que hace Urbanismo, en lugar de aplazar la DIC, es otorgarla y dejar que sea el promotor quien obtenga el informe de la Conselleria de Cultura, aunque fuera del control de la Conselleria de Medio Ambiente.
En otro apartado figura un condicionamiento impuesto por la dirección general del Paisaje relativo a una masía enclavada en el paraje y conocida como la Casa del Pájaro. Dice respecto a la casa que "se estará a los dispuesto en el preceptivo informe de la Conselleria de Cultura a emitir en la Declaración de Impacto Ambiental"- que no se obtuvo-, y añade, que en el caso de que dicho informe determinará la catalogación cultural de esta casa - Casa del Pájaro - "Declarala misma debería dejarse fuera de la actuación , preservando su entorno inmediato". Aquí es Urbanismo directamente quien debería "controlar" la emisión previa del citado informe y, sin embargo, se otorga la DIC diciéndole al promotor que no empiece las obras hasta que no tenga el informe, lo que representa un incumplimiento de la DIA.





* Levante-emv - 25.07.10
Foto: Valle de los Alhorines donde se proyectó la central termosolar, desde la sierra de Beneixama.- levante.emv.com


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La construcción masiva en el litoral destruye cada día una superficie de costa equivalente a ocho campos de fútbol

CONSUMER* : El urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día, según denuncia Greenpeace en la décima edición de su informe "Destrucción a toda costa". El documento analiza y recopila los datos sobre la situación del litoral español de la última década y propone una hoja de ruta para "proteger" las zonas que aún quedan en buen estado. Además, la organización ecologista advierte de que el litoral español continúa en alerta roja por la construcción de tres millones más de viviendas que se proyectaron en 2007 y que están pendientes de la remisión de la crisis.

Greenpeace aseguró que la prórroga aprobada por el Ejecutivo central, en el marco de las medidas anticrisis, que permite retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta 2013, y el hecho de que España "sea el país del mundo donde más dinero público se ha destinado a sostener el sector inmobiliario, no auguran un buen futuro para la poca costa que queda virgen".

El informe de la ONG recoge que el 44% de la población española vive en los municipios costeros, que apenas representan el 7% del territorio. El director de la organización, Juan López de Uralde, especificó que en algunas comunidades autónomas "más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables" y precisó que casi el 25% del litoral es costa artificial.

Entre los años 1990 y 2000 la población española aumentó un 5%, mientras que la urbanización lo hacía un 25,4%. Según Greenpeace, este "fenómeno imparable" se ha extendido en la última década hacia los últimos rincones bien conservados del litoral: la Región de Murcia, Almería, Huelva, Rías Baixas o la costa cantábrica.

En 2005 ya estaba urbanizado el 34% del primer kilómetro del litoral mediterráneo. Tan sólo un año después, en 2006, se duplicó el número de viviendas previstas en la costa: 1.479.000 nuevas casas. En 2008 España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero entre 2003 y 2007 se construyó el triple, tanto en la costa como en el interior. En 2007, "el año del apogeo de la burbuja inmobiliaria", la organización ecologista denunciaba que los ayuntamientos del litoral proyectaban la construcción de cerca de tres millones de nuevas viviendas.
Infraestructuras y contaminación

Respecto a la construcción de infraestructuras, en 2003 se llevaba a cabo una veintena de ampliaciones de puertos del Estado y en ese mismo año las inversiones aumentaron un 505% desde 1996. La ONG asegura que existen numerosos ejemplos de puertos, como los de Granadilla (Tenerife) o el exterior de A Coruña, "que a pesar de carecer de viabilidad técnica, ambiental y económica se han proyectado gracias a los fondos de subvención europeos y a los grandes negocios especulativos diseñados por las autoridades portuarias".

Por otra parte, el crecimiento urbanístico mal planificado "ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas". La última década "ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas". En 2003, España fue condenada por el Tribunal Europeo por incumplir las normas de calidad de aguas de baño y este año se enfrenta a la sanción ante el mismo tribunal por desoír la normativa de depuración de aguas.

Para hacer frente a la progresiva degradación del litoral, Greenpeace propone una "hoja de ruta". "Establecer reservas litorales y marinas, proteger lo que queda sin destruir, reforzar la Red Natura y aplicar de manera efectiva la Ley de Costas", son algunas de las principales demandas, señaló López de Uralde.

El director de Greenpeace también reclamó fortalecer los planes contra los vertidos y la contaminación del mar, así como una moratoria en el funcionamiento de los pozos petrolíferos. De igual manera son necesarios cambios legales que eviten que los municipios se financien a base de ladrillo.

Por su parte, la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, alertó de que la degradación del litoral ha ido paralela a "una pérdida del turismo". "Ha crecido exponencialmente la construcción de hoteles y puertos", pero el turismo ha ido a la baja.




* Consumer - 19.07.10
Foto: Benalmádena Costa (Málaga) - J.Rojas (El País)

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Millet desvió en efectivo un tercio de los 35 millones estafados al Palau

ELPAÍS/Barcelona* : Un año después del espectacular registro de los Mossos d'Esquadra en el Palau de la Música, la entidad cierra hoy la auditoría del fraude que perpetraron su ex presidente Fèlix Millet y su círculo más próximo. La auditoría ha constatado el desvío de alrededor de 35 millones de euros, de los cuales unos 14 millones, más de un tercio del total, salieron en efectivo, en dinero contante y sonante, y en cheques. Sin embargo, los auditores no han podido determinar dónde ha ido todo ese dinero.

La retirada de dinero de las cuentas de las tres entidades que integran el Palau de la Música -la asociación, la fundación y el consorcio- fue entre 2000 y 2009 una de las fórmulas más frecuentes de las que se valieron Millet y su mano derecha, Jordi Montull, para desviar fondos desde la entidad musical. Sin embargo, esos cuantiosos reintegros hicieron saltar las alarmas en la Agencia Tributaria. Una oficina de Caixa Catalunya comunicó que a lo largo de 2003 se habían producido varios "movimientos significativos", con retiradas de hasta 300.000 euros.

El resultado de esa investigación de Hacienda culminó con la intervención policial del 23 de julio del año pasado. Entonces, el juez investigaba un presunto fraude de 2,29 millones de euros que en el último año no ha hecho más que irse hinchando. Millet y Montull confesaron haber estafado 3,3 millones, pero los informes periciales encargados por el Palau de la Música a la auditora Deloitte han ido engordando esa cifra hasta los 35 millones que ya arrojó el informe del pasado mes de febrero y que ayer confirmó el vocal de la junta del Orfeó Català Antoni Dalmau en Catalunya Ràdio.

Esta cantidad incluye el desvío de fondos que Millet hizo valiéndose de las obras del emblemático edificio modernista de Lluís Domènech i Montaner. Estas se iniciaron en 1999 con un presupuesto de 9,1 millones de euros. Al final, los trabajos que dirigieron los arquitectos Óscar Tusquets y Carles Díaz costaron 14 millones, pero Millet se hizo con financiación para 24 millones. La diferencia, según los auditores, se añade al dinero que desvió Millet.

De estas cantidades, además, 3,7 millones de euros corresponden a dinero público procedente del consorcio, que está integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno central. A pesar de que los interventores de la Generalitat confirmaron en noviembre que Millet había estafado dinero al consorcio, el ex presidente del auditorio no está imputado por malversación de fondos públicos.

La investigación ha puesto de manifiesto que para desviar tales cantidades Millet se valió de todos los métodos habidos y por haber. Según han destapado los auditores, se inventó una cláusula por la que podía cobrar un 10% del presupuesto en concepto de remuneración extra si el Palau registraba superávit; facturó directamente las obras de su casa de L'Ametlla del Vallès, donde montó un minipalau; cobró en especie usando a su antojo las instalaciones para, por ejemplo, las bodas de sus hijas; viajó alrededor del mundo a cuenta del Palau; compró edificios con los fondos de la entidad, y sacó el dinero en efectivo de las cuentas de la institución.La auditoría que encargó el equipo del Palau que encabeza Mariona Carulla ha podido determinar de dónde salió el dinero, pero no todos los fines a los que se destinó. Entre otros motivos, porque el juez no ha ordenado rastrear las cuentas bancarias de Millet, adonde el entorno del Palau considera que podría haber ido parte del botín.

Casi desde el principio, además, asomó otra derivada del caso: la presunta financiación irregular de partidos políticos. Un anónimo que el juez recogió en el sumario ya indicaba esa posibilidad, que más tarde se materializó cuando el dirigente de Convergència (CDC) Àngel Colom admitió haber cobrado 72.000 euros para saldar las deudas del extinto Partit per la Independència. Poco después, el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, reconocía que la Fundación Trias Fargas -hoy rebautizada como Catdem- había ingresado 630.000 euros en concepto de unos convenios que los gestores del Palau advirtieron que habían salido de la caja B de la entidad y que, además, eran nulos de pleno derecho. CDC decidió devolver, en cómodos plazos, esa cantidad a la institución.

Pero la cuestión no se zanjó ahí. A medida que los auditores iban registrando las cajas y los soportes informáticos del Palau, aparecían nuevos documentos que apuntaban a la financiación irregular de CDC, que los dirigentes de este partido siempre han negado. El informe pericial detectó que la entidad musical abonó casi dos millones de euros a tres empresas vinculadas a campañas electorales -Letter Graphic, New Letter e Hispart- que, según los gestores y trabajadores del Palau, nunca trabajaron para este y, en cambio, sí recibían encargos de CiU con frecuencia.

La sospecha se hizo todavía mayor cuando la investigación accedió a las agendas de la ex directora financiera Gemma Montull, imputada en el caso, y a varios documentos que relacionaban la concesión de obra pública por Ferrovial, uno de los principales patrocinadores del Palau, con presuntos cobros de comisiones por Millet. Ese dinero, según los papeles hallados en el Palau, luego iba a la Fundación Trias Fargas o a las empresas vinculadas con las campañas electorales de CDC.

A su vez, en la documentación aparecían al menos un ex alcalde independiente de L'Ametlla del Vallès y un concejal de CiU en la localidad a sueldo de Millet, aunque estos más tarde también lo negaron. El Parlament decidió entonces abrir una comisión para investigar una eventual financiación irregular de CDC, que la semana que viene prevé emitir sus conclusiones.

La comisión ha servido, de momento, para acumular más indicios sobre el pago de comisiones por obra pública. Los documentos salpicaron al ex responsable de finanzas de CDC Carles Torrent; al actual, Daniel Osácar, y al ex diputado nacionalista Jaume Camps. Los papeles hallados, además, señalan que la supuesta comisión de rigor por la obra pública era del 4%, de la que el 2,5% salía del Palau hacia su destinatario. Todos y cada uno de estos nombres de CDC han negado cualquier implicación en el caso Palau.

La guinda a todo este proceso fue el encarcelamiento de Millet y Montull durante 13 días. No por este caso, sino por posibles delitos de apropiación indebida y tráfico de influencias con relación al proyecto urbanístico del hotel del Palau. En esta causa la fiscalía ha acusado también al teniente de alcalde de Barcelona Ramon García-Bragado y al gerente de Urbanismo de la ciudad, Ramon Massaguer.





* El País - 23.07.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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El tribunal de Malaya acuerda vender todos los bienes de Roca

MÁLAGAHOY* : La totalidad del patrimonio intervenido a Juan Antonio Roca está en venta. El próximo miércoles se subastarán una decena de vehículos, entre ellos un Mercedes del modelo alas de gaviota. El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que preside el magistrado José Godino ha acordado la enajenación de los bienes del presunto cerebro del caso Malaya. El primer objetivo es saldar la deuda superior a los 8 millones de euros que sus empresas han acumulado con la Agencia Tributaria desde que fueron intervenidas. Otra finalidad tangencial es evitar el deterioro y, por tanto, la pérdida de valor de determinadas propiedades.

Esta decisión se ha adoptado de acuerdo con el propio Juan Antonio Roca y con la administración judicial. Ambas partes han efectuado una valoración de los bienes que en muchos casos ha resultado coincidente. Fuentes judiciales han precisado que existe un gran interés en "no malvender nada", si bien reconocen que el actual contexto económico no es el más propicio para esta operación. En todos los casos se informará a Juan Antonio Roca.

La Fiscalía Anticorrupción estima en el escrito de acusación en 200 millones de euros la fortuna patrimonial acumulada por el principal implicado en esta causa a lo largo de sus años como hombre fuerte en la sombra del Ayuntamiento de Marbella.

La primera venta tendrá lugar el próximo 28 de julio. Aunque formalmente no se trata de una subasta, el sistema y sobre todo el resultado es el mismo. La sala decidirá en función de las ofertas económicas que se presenten a los adjudicatarios de una decena de automóviles intervenidos judicialmente al supuesto cerebro de la trama de corrupción política y urbanística de Marbella. De la decena de coches que salen a la venta al menos cinco son de gama alta, entre ellos el Mercedes alas de gaviota, conocido así porque sus puertas abren en vertical. En el escrito de acusación del fiscal se valora el parque automovilístico de Roca en 300.000 euros.

Además, el administrador judicial tiene sobre la mesa una oferta para comprar el helicóptero, una venta autorizada en 2009 por el juez de instrucción tras ser tasado en 1 millón de euros. En este caso se entiende que el paso del tiempo corre en contra del valor del aparato. También urge dar salida a la cuadra de caballos dados sus elevados costes de mantenimiento, que incluyen la contratación de tres cuidadores y un veterinario. Al tiempo se mantienen negociaciones para la enajenación de dos viviendas en Sevilla.

Las empresas de Roca suman deudas tributarias por valor de 8,2 millones de euros. La mayoría de las sociedades son patrimoniales y, por tanto, carecen de fuentes de ingresos lo que no evita que generen gastos. Varias, además, tienen cargas hipotecarias. A estas circunstancias se suma que el primer administrador judicial no liquidó en plazo el impuesto de sociedades correspondiente a 2005 y que hay varios periodos en los que no se declaró el IVA. El actual administrador judicial, previo acuerdo de la sala, pretende negociar un calendario de pagos con Hacienda que avanzará a medida que se vendan los bienes intervenidos.




* Málaga Hoy - 24.07.10
Foto: Marbella, cortijo Roca - elconfidencial.com

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Por fin - Forges



Viñeta: Forges, playa llena - elpais.com 20100718

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Gijón.- Los vecinos se asocian para evitar el desalojo que plantea el Plan de Ordenación

LNE* : Los vecinos de El Muselín viven en la incertidumbre. Ante la posible desaparación del barrio contemplada en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) han decidido aunar fuerzas y crear una asociación que luche por esclarecer los verdaderos motivos de su futuro desalojo. «No nos acabamos de creer que la única razón para nuestra marcha radique en los desprendimientos de tierra», explicaron ayer los residentes en una reunión celebrada en la cancha deportiva de la zona que congregó a un centenar de personas. Por este motivo ya han solicitado el informe geológico en el que se apoya el Ayuntamiento, se pondrán en contacto con otras asociaciones damnificadas por anteriores planes desarrollados por el consistorio y plantean emprender medidas legales.

«Nunca nos hemos quejado por los restos de carbón procedentes de la térmica de Aboño que se acumulaban en nuestras ventanas, ni por la construcción de una regasificadora que, por ley, debería estar a dos kilómetros de nuestro núcleo urbano ¿Y ahora nos quieren echar?, deben vernos la cara de tontos», exclamaban los damnificados por el PGO. El malestar por las nuevas medidas adoptadas por el Ayuntamiento y la escasa información que aseguran les ha proporcionado el concejal de urbanismo fueron los principales temas de conversación. «Aquí hay gente hipotecada que si quisiera vender su casa ahora no le pagarían ni un duro. Si quieren que cambiemos nuestras viviendas por otras que se construirán en Jove, ¿por qué no especifican cuál será la compensación?, ¿o es que encima tendremos que poner dinero?», clamaban.

Para dar respuestas a estas inquietudes, diez voluntarios se prestaron a integrar la primera asocación vecinal de El Muselín. Ellos serán quienes liderarán la solicitud de estudios geológicos complementarios «más exactos, porque los elaborados hasta el momento son sólo superficiales», y se pondrán en contacto con asociaciones vecinales como Cabueñes y Vega, que ya tienen experiencia en este tipo de litigios. Carmen Suárez, presidenta del Colectivo de Vega en defensa del medio rural, se desplazó ayer al barrio portuario para prestar su ayuda y asesoramiento a los afectados; también la Plataforma de Cabueñes. En los próximos días realizarán el protocolo administrativo para constituir la asociación vecinal, y planean contar con los servicios de un abogado porque «esta situación nos pilla de nuevos». El nuevo Plan General de Ordenación tiene prevista su aprobación en el pleno municipal que se celebrará el próximo 30 de julio. Para este día los vecinos de El Muselín llevarán su malestar al Ayuntamiento con una manifestación en la plaza Mayor.




* La Nueva España - 24.07.10
Foto: Situación del barrio gijonés, con el puerto de El Musel de fondo - lne.es

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Zubiaurre impulsó la recalificación de terrenos en Elorrio para un polígono

ELPAÍS/Vizcaya* : El ex director general de Sprilur e imputado en la presunta trama de espionaje a altos cargos de Industria, Antton Zubiaurre, impulsó un polígono industrial en Elorrio que ha recibido el rechazo de 1.500 vecinos del barrio San Antón. En estas gestiones, realizadas entre 2001 y 2002, se incluyó la compra de terrenos rurales para su posterior recalificación a uso industrial, que está a punto ahora de culminarse. "Tenía una promesa de recalificación [del Ayuntamiento de Elorrio]. Si no, no entro. Como voy a entrar si no", aseguró Zubiaurre públicamente en mayo de 2002, en un acto de exposición del proyecto en Elorrio.

El entonces director de Sprilur (la sociedad pública de Industria donde se centra la presunta trama de espionaje, bajo investigación judicial, que al menos ha vigilado los ordenadores de los actuales directores generales de la SPRI y la Sprilur y el director técnico de esta última) aseguró en 2002 a los vecinos que se habían invertido seis millones de euros para adquirir gran parte de las 10 hectáreas previstas para el polígono.

Las gestiones para la adquisición del suelo causaron recelo entre los propietarios y al principio sólo se consiguió convencer a dos de los principales dueños, quienes se erigieron en los promotores de la compra del resto de las parcelas, según aseguraron fuentes conocedoras del proceso. Zubiaurre, como dijo en la exposición pública del proyecto ante los vecinos en 2002, estuvo en alguna de las conversaciones pero las gestiones principales recayeron en el entonces alto cargo de Sprilur, Iñaki Villanueva.

Al no haber logrado la compra de todo el suelo previsto, los propietarios que negaron a la venta recibiendo visitas de Sprilur y dirigentes del PNV de Elorrio. "Hubo presiones. Nos dijeron que como la mayoría está comprado, luego vendría la expropiación", señalan fuentes próximas a los dueños.

Lo curioso es que Zubiaurre, militante del PNV y ex primer edil de Mendaro, contó entonces con el respaldo del entonces y ahora también alcalde de Elorrio, Nico Moreno (en 2002 en representación de Euskal Herritarrok y ahora de la ilegalizada ANV). "Hay compromiso del Ayuntamiento", dijo Zubiaurre, quien contó a los vecinos que Sprilur siempre tenía el aval del consistorio afectado en sus operaciones para crear polígonos industriales en Euskadi. "No compramos ni un suelo sin el visto bueno del ayuntamiento", afirmó.

Moreno, quien se encuentra de vacaciones y no ha atendido a los requerimientos de este diario ni tampoco otros responsables municipales de Elorrio, ha negado hasta ahora ese compromiso. De hecho, tras quedarse EH sin la alcaldía, en la siguiente legislatura (2003-2007) se posicionó públicamente en contra del polígono e incluso realizó una alegación, en diciembre de 2004, para que no se recalificaran los terrenos y se iniciara un nuevo proceso. El plan urbanístico de Elorrio, en el que se incluía el polígono, fue suspendido por un juez en 2007 por no cumplir la ley sobre participación ciudadana. La creación de esta zona industrial provocó una fuerte oposición vecinal desde que se conocieron los planes. En 2002, se presentaron 1.500 firmas en el ayuntamiento en contra del polígono y se creó una asociación vecinal en 2007.

Los opositores argumentan que el Plan Territorial Parcial del Duranguesado (el documento urbanístico que fija los criterios de actuación para toda la comarca) establece, para usos industriales, un área de entre seis y 12 hectáreas y que hay cuatro hectáreas de suelo industrial vacante. Sin embargo, el plan general urbanístico de Elorrio contempla 14 hectáreas, con lo que se cumpliría el cupo del plan territorial.

Los vecinos defienden que esta área, de 25 hectáreas, se mantenga en su estado actual, que fue calificada en un documento inicial del Plan Territorial Sectorial agroforestal como de "alto valor estratégico". En la zona hay cultivos de agricultura ecológica.

El cambio de postura de ANV

Al grupo vecinal, apoyado por el grupo independiente ACE (plataforma formada por EB, Aralar y la asociación de vecinos) con un concejal en el consistorio, le irrita especialmente la postura de la ilegalizada ANV y el alcalde, Nico Moreno. En sus alegaciones contra el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Elorrio incluyen un informe de la arquitecta municipal del 29 de junio de 2007, pocos días después de constituirse el nuevo Ayuntamiento.

El documento, después del rechazo de la izquierda abertzale al PGOU elaborado en la anterior legislatura, advierte de que "no se podrá introducir ningún cambio sustancial, es decir cambiar la ubicación de la zona industrial" si no se inicia la tramitación desde el inicio, o sea desde el avance. En julio de 2007, el pleno municipal revoca la aprobación provisional pero no la inicial con el argumento de que se demoraría la elaboración del nuevo plan. Esta decisión levantó las sospechas de los vecinos sobre las intenciones municipales, que se fueron confirmando cuando en febrero de 2009 suscribieron un escrito en contra del polígono, que no fue firmado por ANV y el sindicato LAB.

A partir de entonces, los acontecimientos se sucedieron y el alcalde convocó una comisión de Urbanismo para agosto sobre las propuestas al Plan General, lo que fue criticado al tratarse del mes vacacional.

La última polémica ha sido con el Consejo Asesor, el órgano de participación ciudadana exigido por ley en la elaboración de los planes urbanísticos de los municipios, que fue convocado por el alcalde el 13 de julio. Los asistentes se encontraron con el documento cerrado, con las alegaciones contestadas, lo que contraviene el artículo 109 del reglamento de estos consejos asesores, que dice textualmente que será informado "una vez iniciada la redacción técnica" del PGOU.

El alcalde ha convocado para el 6 de agosto, otra vez en vacaciones, una comisión de Urbanismo sobre el PGOU, que es previa a la aprobación del pleno, el último trámite que debe pasar por el ayuntamiento antes de que sea ratificado definitivamente por el Gobierno.
Seis años

- La tramitación del nuevo plan urbanístico de Elorrio se inicia en julio de 2004, con el avance, tres años después de que Sprilur gestionase la compra de terrenos.

- En marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones, se aprobó provisionalmente el PGOU (el trámite final en el consistorio, que luego sólo requería el visto bueno del Gobierno) con la inclusión del polígono industrial rechazado por los vecinos.

- El cambio de corporación, con la entrada de la izquierda abertzale, supuso la anulación de la aprobación provisional pero la tramitación se retrotrajo a la inicial, lo que impedía, como advirtió en un informe la arquitecta municipal, cambios sustanciales en el documento, como la ubicación del área industrial.




* El País - 24.07.10
Foto: Vista del área donde se proyecta el polígono industrial de Elorrio, con los cultivos de agricultura ecológica en primer plano.- elpais.com


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