La falta de créditos impide vender 95 pisos sociales en el área de BCN

ELPERIÓDICO/Barcelona* : El acceso a la vivienda se ha convertido en un propósito imposible incluso para los agraciados –por sorteo– con un piso de protección oficial a precios inferiores a los de mercado. La restricción del crédito hipotecario y la situación laboral precaria de la mayoría de los solicitantes ha hecho que se dispare el número de viviendas protegidas vacías, sin posibilidad de encontrar dueño, durante los últimos meses. Al menos unas 95 viviendas del área metropolitana permanecen vacías porque ninguno de sus adjudicatarios ha podido acceder a la hipoteca, a pesar de que cumplían con los requisitos de ingresos que exigía la administración para concursar. Como mínimo, en cinco municipios no se han podido deshacer de viviendas públicas ya construidas: Barcelona, Badalona, Santa Coloma, Cornellà y Sant Boi.

Y cada vez la Administración tiene más dificultades para deshacerse de su estoc. El ayuntamiento de Barcelona tardó más de tres años en poder vender todos sus pisos de la calle de Pallars, valorados en unos 270.000 euros, después de haber llamado a más de 500 adjudicatarios. La mayoría no disponía de los 50.000 euros exigidos para iniciar los trámites hipotecarios. La situación ha cambiado de forma drástica. En los años del boom inmobiliario, las promociones eran adjudicadas de inmediato en el sorteo.

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet cuenta con 42 pisos recién construidos vacíos en la calle de los Pirineus. Y la empresa inmobiliaria Gramepark (ahora intervenida judicialmente por un presunto caso de corrupción urbanística) calcula que tardará unos dos años en dar salida a los pisos recién construidos más los que están en construcción, en total unos 250.

La última promoción de 18 pisos en Sant Boi, sorteada hace dos años, aún cuenta con seis pisos sin vender y otra promoción en construcción, incluida en el mismo sorteo, tampoco ha tenido ninguna adjudicación.

Adigsa, la empresa pública de la Generalitat que construye pisos sociales, confirma que hasta ahora no ha podido adjudicar 9 pisos en Barcelona y 21 en el área metropolitana, debido a que los ganadores de los pisos no han recibido la aprobación hipotecaria. Carme Trilla, secretaria de Habitatge, confirmó que Adigsa tiene cada vez más dificultades para vender sus pisos por el cierre del grifo crediticio. «No es agradable construir viviendas protegidas que luego nos cuesta adjudicar», dijo a este diario la secretaria de Habitatge.

PRECARIEDAD LABORAL / Pero la crisis económica y la pérdida de trabajo de muchos interesados en pisos de protección oficial ha hecho que buena parte de los agraciados desistan de sus intenciones. El último sorteo de pisos de protección social celebrado en Badalona en noviembre del año pasado se rifaron 35 pisos nuevos ya construidos que habían quedado sin adjudicar en anteriores procesos. Hasta ahora, la Oficina Local de Vivienda de Badalona solo ha llamado a unas 120 personas para que escojan y compren su piso protegido. Más de la mitad ni siquiera ha querido iniciar el proceso porque aseguran que se encuentran en una condición laboral precaria (algunos de ellos también rechazan al piso por la zona) y 13 no han obtenido la hipoteca. Hasta ahora, tan solo 20 han firmado los contratos de compraventa, por lo que el ayuntamiento deberá deshacerse de los 15 pisos restantes.

Los responsables de la Oficina Local de Vivienda aseguran que, dadas las dificultades, ahora están llamando a una mayor cantidad de personas de las listas de espera para intentar agilizar las adjudicaciones y liquidar el estoc de vivienda.

La problemática también se repite en Cornellà, donde el ayuntamiento ha tenido que repetir un sorteo porque los pisos para minusválidos de tres promociones del 2007 todavía no han podido ser comercializados. El ayuntamiento no ha querido hacer público el número de pisos sin vender en el municipio. El precio de estos oscila entre los 190.000 y los 310.000 euros, una cifra difícil de asumir por los solicitantes de bajos ingresos, que son la gran mayoría.





* El Periódico - 22.06.10
Foto: Dos vecinas de Santa Coloma, ante la promoción de la calle de los Pirineus, con 42 pisos sociales sin vender.- elperiodico.es

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Chile.- Ciudades en un zapato chino

LANACIÓN/Santiago* : Desde el 13.02.2004 está vigente una modificación al art.59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), aprobada irreflexivamente por los parlamentarios en ejercicio en esa época. Se refiere a la caducidad, en reducidos plazos determinados, de las declaratorias de utilidad pública para las calles (expresas, troncales, colectoras, locales y de servicio), parques intercomunales y comunales, incluidos sus ensanches, descritos en los instrumentos de planificación territorial de todo el país. Quien promovió ese erróneo cambio fue el vehemente Jaime Ravinet, a la sazón ministro de Vivienda y Urbanismo.

Los plazos de caducidad en las áreas urbanas son de diez años para las vías expresas, y de cinco para las vías troncales y colectoras y parques, tanto intercomunales como comunales, plazo que se puede prorrogar, por una sola vez, por igual lapso para las vías troncales y colectoras y parques intercomunales. La fajas de vías locales y de servicio y los parques comunales debían caducar a los cinco años, la declaratoria caducó automáticamente, es decir, en febrero de 2004, para los terrenos localizados en las áreas rurales, y la correspondiente en las zonas de extensión urbana, cualquiera sea su destino, es de diez años, prorrogable por el mismo período.

Luego, el 12 de febrero de 2009, debía caducar la utilidad pública para las vías más angostas, pero por los problemas existentes, se amplió tal caducidad en un año. Entonces, desde febrero de 2010 no existe utilidad pública para esas calles y para los parques comunales. Este radical y carente de análisis cambio en las reglas del juego se efectuó hace seis años porque muchos particulares se perjudicaban con las afectaciones por períodos indefinidos que, en muchos casos, llegaban a los 50 años sin que aquéllos pudieran disponer de una parte de sus terrenos.

Asimismo se cometió otra equivocación al meter en un mismo saco a las vialidades con las áreas verdes, tipologías que, por sus características, siempre son necesarias, sobre todo en ciudades como las nuestras que tienen déficit de las mismas. Los parques bajo ninguna circunstancia pueden reducirse, por el contrario, es obligación del Estado materializarlos con abundantes árboles para mejorar la calidad del aire de las urbes, más aún las que, como Santiago, sufren con las consecuencias de la contaminación atmosférica.

Esta materia la tratamos en columnas las “Cambios en la Ley de Urbanismo” y “Sobre la Ley de Urbanismo”, publicadas en La Nación el 23 de febrero y 3 de marzo de 2004, respectivamente, criticando fundadamente la modificación porque conocíamos las consecuencias nefastas para las ciudades que su implementación significaba.

Entre otras cosas decíamos si quienes aprobaron esta modificación legal conocían el aumento creciente de la tasa de motorización que tenemos en nuestro país, cuestionando además que no existió un estudio acabado que sustentara el cambio. Decíamos que el artículo 59 de la LGUC debía mantenerse en el tiempo, buscando compensaciones económicas o de otro tipo para los perjudicados con esas declaratorias, lo que le expresamos a la Comisión de Vivienda del Senado en la ocasión en que nos recibió para conocer nuestra posición al respecto.

Con el cambio legal los parlamentarios solucionaron una situación que lesionaba a particulares afectados por las declaratorias, pero irresponsablemente no crearon los instrumentos necesarios para asegurar el desarrollo de las vialidades en el mediano y largo plazo y el resguardo de las áreas verdes mínimas para la salud de la población. Recurrimos al Minvu para que se desistiera de su antojo, pero este ministerio, haciendo gala de su autoritarismo, permaneció imperturbable. Por ello, en una de nuestras columnas, afirmábamos hace seis años que, ante los hechos consumados, habría que atenerse a lo que vendrá.

Ante la existencia de esta modificación legal, muchos municipios con la idea de que continúen afectas a ensanche las vías de servicio y locales, han mentido clasificándolas como colectoras y hasta troncales. Es decir, han pasado por alto sus perfiles (anchos de calzada y acera) y flujos vehiculares en razón de que no pueden prorrogar sus utilidades públicas. En la vialidad intercomunal del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) se redefinieron en febrero pasado varias calles aumentando sus clasificaciones, incluyendo las vías de servicio Martín de Zamora y la colectora Colón, en el tramo donde tiene un terreno Cencosud y en el cual se quería construir un mall, rechazado finalmente por los vecinos. Ahora estas dos calles, por arte de magia, son troncales a pesar de que técnicamente no califican para ello (sic).

Por la anarquía que estamos viviendo y con el propósito de que las cosas se hagan bien, el lunes 14 de junio, en compañía de las arquitectas Ximena Bórquez, integrante del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos; Sandra Gysling, asesora urbana de la Municipalidad de Santiago, del arquitecto y urbanista Jonás Figueroa, académico de la USACh, y del abogado Roberto Perut, estos dos últimos miembros de nuestra fundación, nos recibió Magdalena Matte, ministra del ramo, a quien le planteamos todos los problemas derivados con el vencimiento de las caducidades en comento.

La conversación fue muy franca, y aunque la ministra no se comprometió a nada, porque tratándose de una política del gobierno anterior era delicado que emitiera juicio, tenemos la seguridad de que sus especialistas resolverán de la mejor forma la situación para que así podamos salir de este zapato chino.

* Fundación Defendamos la Ciudad





* La Nación - Patricio Herman - 22.06.10
Foto: Santiago de Chile, parque y calles - lanacion.cl

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El PP permite ahora explotar minas en los suelos protegidos de A Terra Chá

ELPAÍS/Lugo* : La lucha de buena parte del tejido social de A Terra Chá contra la empresa Erimsa para impedir la extracción de cuarzo en la comarca se ha reactivado en las últimas semanas. Con el conflicto estancado en una batalla legal que mantiene abiertos cinco contenciosos en los juzgados de Lugo, un cambio introducido por el PP durante la tramitación parlamentaria de la reforma de la Lei do Solo aprobada a finales de marzo ha encendido las alarmas entre la oposición al proyecto: la actividad minera en suelo rústico de especial protección agropecuaria -calificación bajo la que se encuentran la mayoría de los terrenos afectados por las concesiones hechas públicas en noviembre de 2006- ha pasado de "uso prohibido" a "posible", es decir, puede ser autorizada desde la Xunta.

La pirueta legal ha dejado en una posición incómoda a los alcaldes del PP en la comarca. Cuando se otorgaron las tres concesiones, los populares, que en aquel momento gobernaban en los seis ayuntamientos afectados, se unieron para solicitar a la Consellería de Industria la derogación del proyecto. El entonces presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, llegó a calificar las autorizaciones de "alianza con el gran capital" para "jorobar a los ganaderos de A Terra Chá".

"Decisiones anteriores tomadas por otros partidos también beneficiaron a la explotación", se defiende ahora el regidor de Cospeito, Armando Castosa, "y no me parece reseñable opinar desde el punto de vista político".

La intención de Erimsa de ejecutar la concesión para la extracción de cuarzo otorgada por la entonces Consellería de Innovación e Industria dependía hasta ahora de las licencias municipales en litigio. Desde la modificación legal, cualquier nueva solicitud de licencia será remitida directamente a la Administración autonómica. "La tramitación directa con la Xunta nos beneficia", reconoce el director de Erimsa, José Luis Martínez, que afirma además que la empresa ya ha cerrado acuerdos de alquiler en la zona.

Con la explotación de cuarzo en la comarca cada vez más próxima, Castosa afirma que hay que buscar "el interés general" de A Terra Chá. "Pero no puedo precisar cuál es", añade.

En 2008, Erimsa presentó las primeras solicitudes de licencia urbanística y de actividad en su ayuntamiento y en los de A Pastoriza y Castro de Rei, tres de los seis afectados por la concesión (los otros tres son Abadín, Riotorto y Vilalba). Tres meses después, ante la falta de respuesta por parte de las administraciones locales, la empresa manifestó que entendía las licencias "otorgadas por silencio administrativo positivo".

La respuesta de los ayuntamientos fue unánime: la legislación aplicable no auspiciaba esa interpretación y las licencias sólo se otorgarían de ajustarse plenamente a derecho. Erimsa demandó a los ayuntamientos de Cospeito, A Pastoriza y Castro de Rei para defender su postura. El Sindicato Labrego Galego, Adega y varios particulares también se han personado en los contenciosos.

Son algunos de los muchos colectivos agrupados en la Comisión de Asociacións en contra das Minas da Terra Chá. En las diversas movilizaciones que se organizaron durante los primeros meses de 2007, los alcaldes se sumaron a sus argumentos en contra de la extracción de cuarzo. El principal, la salvaguarda de la que gozaba el suelo agrario de especial protección y que ahora ha quedado en el aire.

La modificación, que no figuraba en el texto del anteproyecto de la reforma de la Lei do Solo, fue introducida por el PP a raíz de un voto particular incorporado por la Confederación de Empresarios de Galicia al dictamen sobre la ley que emitió el Consello Económico e Social de Galicia el pasado diciembre.

Desde el grupo parlamentario popular suscriben la argumentación sostenida por los empresarios, que abogaron por evaluar en cada caso concreto los diferentes intereses en juego para determinar cuál debe prevalecer a la hora de conceder o denegar la autorización. El diputado popular Román Rodríguez considera que la modificación es coherente con la necesidad de que las prohibiciones sean motivadas y no genéricas recogida en la Lei da Minería de 2007, y traslada así la responsabilidad a la Xunta bipartita.





* ELPAIS.com - 21.06.10
Foto: Terra Chá (Lugo), vista desde Carballido - wikipedia.org

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Córdoba.- Más de 700 multas por obras ilegales, pendientes de tramitar en Urbanismo

ABC* : Más de 700 expedientes relacionados con la indisciplina urbanística —en su mayoría corresponden a obras sin licencia en parcelaciones— aguardan su tramitación en la Gerencia Municipal de Urbanismo, según informaron ayer desde este organismo. Se trata de un volumen de trabajo desproporcionado en comparación con el escaso personal que desempeña esta labor en la Oficina de Disciplina de Obras. Este desfase fue uno de los motivos que llevaron al jefe del Servicio de Inspección Urbanística, Leopoldo Salinas, a remitió una carta de renuncia al presidente de la Gerencia, Francisco Tejada el pasado día 2.

Este responsable presentó su dimisión desbordado por la sobrecarga de denuncias que requieren una rápida tramitación para evitar así su caducidad. Es la segunda vez que un técnico que está al frente de Inspección Urbanística pide su recambio por la escasez de personal. Su predecesor en el puesto también solicitó su relevo en abril de 2006 al entonces concejal de Urbanismo y actual alcalde, Andrés Ocaña, argumentando que «la gran desproporción entre medios personales y expedientes» impedía «la atención rápida y efectiva» de los mismos.
A Salinas, de momento, no se le ha buscado sustituto. Sigue desempeñando su puesto de instructor en la Oficina de Disciplina de Obras, según corroboraron ayer fuentes del organismo municipal. Adscritas a este servicio están también las oficinas de ruinas, vía pública y actividades. Los expedientes de infracción corresponden no sólo a las obras sin autorización en suelo rústico o urbano, sino también a establecimientos que abren sin licencia, la colocación de andamios de obras sin permiso o de vallas publicitarias.
Desde la Gerencia también se alegó que la renuncia de este responsable no puede obedecer a la falta de plantilla, puesto que «sólo hay dos personas menos en su área». «Cuando él entró —en octubre de 2008— había 25 trabajadores en el Servicio de Inspección y ahora son 21 más dos empleados externos, pero el volumen de trabajo ha disminuido». No obstante, las mismas fuentes no pudieron precisar en qué porcentaje han decaído las denuncias.
Sea como fuere, a nadie pasa desapercibido que hay un atasco de sanciones pendientes de tramitarse, que no es nuevo, sino que viene heredado de ejercicios anteriores. El propio regidor, Andrés Ocaña, reconoció el pasado febrero que desde que la Policía Local deja constancia de la infracción y el inicio del expediente pueden pasar varios años. Ello se debe, según detalló, a que hay «una acumulación de sanciones» y se priorizan aquellas que están a punto de caducar.
Este desfase queda patente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde se publican las sanciones. Basta con echar un vistazo a los últimos boletines para comprobar que en estos momentos se están notificando expedientes por obras ilegales que se abrieron en el primer semestre de 2005, apurando el plazo máximo de cuatro años para resolverlos que marca la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La citada norma marca que la resolución expresa del procedimiento sancionador es de un año desde que se incoa. Si pasado ese periodo, el expediente no se ha concluido, la Gerencia está obligada a comunicar que ha caducado y, por ende, dar por perdido el ingreso que preveía.

Previsiones de ingresos

Las quejas de técnicos por la falta de personal contrastan con la previsión del gobierno municipal de incrementar sus ingresos por sanciones urbanísticas en los próximos dos años. Según un informe del Servicio de Inspección, hecho público hace un año, el Ayuntamiento espera ingresar 7 y 7,5 millones de euros en 2010 y 2011, respectivamente. Se trata de una estimación optimista si se compara con el medio millón de euros escaso que se recaudó el pasado año.





* ABC - 22.06.10
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.es

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La Generalitat lleva gastados más de 211 millones en la carrera de fórmula 1

ELPAÍS/Valencia* : "Coste neutro". El espectáculo automovilístico no iba a costarle nada al erario público. Así lo prometió el presidente del Consell, Francisco Camps, al principio, pero en seguida se vio que no sería así. Tras las dos primeras ediciones del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, la pregunta es cuánto cuesta el evento. El pasado día 3, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, aseguró, ante una comisión parlamentaria, que la Generalitat sólo ha asumido 85 millones por la construcción del circuito urbano en Valencia y el pago del canon de la prueba hasta 2015. También aseguró que Valmor Sport, la empresa privada que organiza la carrera, ha renunciado a tener "ni un euro de beneficio".

A la semana siguiente, el día 9, en el pleno de las Cortes, el socialista Francesc Signes defendía una proposición no de ley para "recuperar la inversión realizada". Los populares tumbaron la propuesta pero Signes dejó sobre la mesa una cifra del coste de las obras del denominado Valencia Street Circuit, de 110,4 millones de euros. Esa cifra engloba la construcción del circuito por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos de la Generalitat en 2008, más los trabajos posteriores de repavimentación y reforma en 2009 y este mismo año 2010.

Qué ha costado la fórmula 1 a las arcas públicas es una pregunta difícil de responder porque la Generalitat ha negado reiteradamente a la oposición el acceso a los contratos de Valmor Sport con Formula One Administration, la empresa de Bernie Ecclestone propietaria de los derechos de la competición, así como a cualquier otro documento relacionado con el acontecimiento automovilístico. Sin embargo, con lo que se sabe hasta ahora, ya puede afirmarse que supera los 211 millones de euros.

A los 110,4 millones de coste del circuito hay que añadir 90 millones que la Generalitat ha asumido pagar como canon de la competición hasta 2015, pero además, pese a las afirmaciones del consejero de Economía y Hacienda, hay otras aportaciones realizadas desde la Administración autonómica para la fórmula 1.Una de las aportaciones es un préstamo de ocho millones de euros que el Instituto Valenciano de Finanzas concedió a Valmor Sport en diciembre de 2008. El crédito, por siete años, fue concedido pese a un informe técnico del área de inversiones que advertía de la situación de quiebra de la sociedad, formada por el empresario Fernando Roig, Bancaja y una empresa en la que son socios Jorge Martínez Aspar y el presidente de Sedesa, Vicente Cotino. También señalaba las previsiones de pérdidas y la falta de garantías adicionales. "Los ingresos futuros de la sociedad se estima que son del todo inciertos y no hacen previsible el retorno del préstamo solicitado", concluía el informe.

Por otra parte, la Generalitat ha destinado a la fórmula 1 un millón de euros de la Agencia Valenciana de Turismo en 2008 y se ha hecho cargo de trabajos de montaje y desmontaje de la prueba. A través de la empresa pública que gestiona el Circuito de Motociclismo de Cheste, Circuito del Motor y Promoción Deportiva, adjudicó el material de señales permanentes, los altavoces y las pantallas gigantes, tanto en 2009 como para la prueba de este año, que se celebra el próximo 27 de junio. En conjunto, esas adjudicaciones alcanzaron el millón de euros en 2009 y una cantidad próxima al millón en 2010.

La diputada socialista Maisa Lloret, a quien Gerardo Camps aseguró en las Cortes que "Circuito del Motor adelanta los pagos que le son reembolsados por Valmor" ha solicitado por escrito información sobre este extremo. Señala Lloret: "Hemos pedido explicaciones y esperamos que la Generalitat no deje otra vez de lado la información". Según la diputada, el Consell, con un sistema de adjudicaciones opaco, "está manipulando la libre competencia". "¿Cómo es posible que no sea abierto?", se pregunta Lloret, que arremete contra el préstamo de 8 millones a Valmor: "El Instituto Valenciano de Finanzas no está para pagar guateques y circos del PP sino para impulsar a las empresas productivas de la Comunidad Valenciana, que es lo que ha dejado de hacer estos años".

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, pues, está subvencionando también la fórmula 1 desde el Circuito de Cheste. Se trata de una empresa pública que el Consell ha utilizado para subvencionar diferentes acontecimientos y actividades deportivas y que, según la información recopilada por Maisa Lloret, ha recibido de la Generalitat, en cinco ampliaciones de capital desde el año 2005, cerca de 42 millones de euros.





* ELPAÍS.com - 21.06.10
Foto: Valencia, circuito Fórmula 1 (archivo) - 20minutos.es

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Costas: construcción y destrucción

JUAN ANTONIO CAMPOS PALOMO* : Debido al desarrollo urbanístico descontrolado y a la falta de sensibilidad ecológica de alcaldes y constructores se ha destruido casi toda la costa española, y la poca que queda terminará siendo invadida por más bloques. Por muchas excusas que nos den -como la del progreso-, el fondo de todo es el dinero. Por el enriquecimiento de unos pocos se ha destruido un litoral costero que es de todos. Lo quieren edificar todo. El trabajo que da destruir la costa es escaso y efímero, y no es calidad de vida para los ciudadanos. Es calidad de vida para unos pocos. Los ciudadanos queremos más playas vírgenes y que se respeten las que ya hay.

El paisaje costero no es un desierto que no sirva para nada, sino que forma parte de un ecosistema que se está extinguiendo como lo demuestra el descenso del número de águilas pescadoras en toda España o la práctica extinción de la siempreviva malagueña (Limonium malacitanum) por poner dos ejemplos de especies que solo tienen este hábitat.

Quiero pedir a alcaldes, políticos y constructores que no destruyan más la costa española y que nos dejen lo poco que queda. Escuchen lo que quieren los ciudadanos. Legislen para protegernos de la construcción abusiva y que no se destruyan las últimas playas vírgenes que nos quedan.





* ELPAIS.com - Opinión - 20.06.10


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La policía implica a otras 20 personas en la trama Gürtel en Madrid

ELPAÍS* : La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF) ha elaborado un informe en el que atribuye una decena de delitos a 20 personas que trabajan u operan con la Comunidad de Madrid. Entre la veintena de nuevos implicados en el caso Gürtel se halla el actual alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero Aguilar, al que el PP respaldó para sustituir a Arturo González Panero, imputado por diversos delitos en esta causa.

Según fuentes cercanas a las pesquisas, el informe de la UDEF, que ha sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción, es demoledor y supone un nuevo vuelco al caso Gürtel, ya que implica a otras 20 personas (aparte de los más de 65 imputados que hay ya), entre las que se hallan directivos de empresas privadas y altos funcionarios del Gobierno de Esperanza Aguirre. Los empleados públicos en los que ha fijado sus ojos la policía formarían parte del personal de confianza del ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y habrían ayudado a este en toda la operativa supuestamente delictiva destinada a lograr, como así sucedió, que casi todos los actos institucionales que presidió Aguirre entre los años 2004 y 2009 fueran adjudicados a empresas de la red.

El entramado tenía más de 20 empresas. Pero para disimular, y en connivencia con López Viejo y su personal de confianza, iba cambiando las firmas que facturaban los actos de Aguirre en Madrid. Pero todas ellas tenían un mismo tronco común: el cabecilla de la red, Francisco Correa. La policía ha descubierto que la trama corrupta, de acuerdo con López Viejo y con su asesor Pedro Rodríguez Pendas, llegó a utilizar empresas ajenas a su entramado para colocarlas como pantalla en muchas contratas a cambio de comisiones. Había dinero para todos, para Correa, para López Viejo y para las firmas pantalla, ya que se inflaban sobremanera (hasta un 40%) los costes de los actos que López Viejo, a través de la red Gürtel, preparaba para Aguirre. Una de las empresas utilizadas por la red como pantalla fue Marketing Quality Management.

Con estos 20 nuevos implicados, el caso Gürtel salpica ya a unas 130 personas en las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Castilla y León, según fuentes de la investigación. En las pesquisas intervienen desde hace casi dos años un centenar de agentes policiales.

El más destacado de los nuevos implicados, en lo que respecta a Madrid, es el actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero. Se trata del regidor que sustituyó al frente de la alcaldía de Boadilla a Arturo González Panero, al que la trama corrupta apodaba El Albondiguilla. Panero fue forzado por el PP a dimitir en febrero de 2009 junto a otros cuatro alcaldes de grandes municipios de la Comunidad de Madrid imputados en la trama (además de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey). El Albondiguilla está imputado por haber recibido supuestas comisiones superiores a 600.000 euros de las empresas de la red a cambio de contratas de obras públicas municipales amañadas. El Albondiguilla dimitió como regidor y mantuvo su acta de concejal, pero antes de quedar en la situación de edil no adscrito forzó al PP a que eligiese a Siguero como su sucesor.

Siguero pudo incurrir, entre otros, en un delito de prevaricación por haber facilitado a la trama corrupta datos cruciales de contratas del Ayuntamiento de Boadilla adjudicadas finalmente a empresas de la red. La policía indaga si el actual alcalde de Boadilla (43.414 habitantes) recibió dinero a cambio de ayudas en las licitaciones de obras y de facilitar información de contratas a Correa, quien se halla preso en la cárcel de Soto del Real junto a su número dos, Pablo Crespo; y su primo y testaferro en empresas corruptas, Antoine Sánchez.

Antes de implicar en el caso Gürtel a Siguero, la UDEF ha analizado multitud de documentos que acreditan que el regidor también intervino, cuando era concejal, en adjudicaciones de obras a la trama sobre las que recaen sólidos indicios de corrupción.

La información en poder de la policía avala las imputaciones del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, quien el pasado viernes, en declaraciones a El PAÍS, arremetió contra su sucesor y le acusó de haber intervenido en todas las adjudicaciones de este Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama. "Tendrían que investigarle [a él] más a él que a mí", dijo.

Siguero ocupaba el puesto número cuatro en la lista encabezada por Panero en las elecciones municipales de 2007. Fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el caso Gürtel, el PP regional quiso que accediese a la alcaldía la edil María Jesús Díaz Pérez. Panero se opuso y logró que el PP aceptase finalmente a Siguero. Entonces era su hombre de confianza. Ya no.

González Panero explicó a EL PAÍS que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado de Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC

[implicada en la trama]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo". Panero también relaciona a su sustituto con otras dos operaciones Gürtel. La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine".

Las acusaciones de Panero contra su sustituto se producen después de que él, que se halla ahora como concejal no adscrito, pidiese a Siguero que le pagase la dedicación exclusiva como concejal desde que dejó la alcaldía. En total, 50.499 euros. Siguero se negó. Las acusaciones de Panero han sido constatadas por la policía.

La trama Gürtel en Madrid

- Solo en su variante de Madrid, la trama Gürtel tiene 65 personas implicadas. En la lista se hallan, entre los cargos del PP más destacados, el ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, y los diputados regionales Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

- También se hallan salpicados en Madrid cuatro ex alcaldes: el de Arganda del Rey, Ginés López; el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el de Majadahonda, Guillermo Ortega; y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Y ahora puede sumarse a esa lista el sustituto de este último, Juan Jesús Siguero, más otra veintena de personas, entre altos funcionarios del Gobierno de Aguirre y directivos de empresas privadas que trapicheaban con la red.

- El escándalo (con ramificaciones en Granada, Valencia y Castilla y León) también ha afectado al ex senador y ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y al ex diputado por Segovia Jesús Merino, así como al aún presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Iglesias; al presidente de Valencia, Francisco Camps; y a varios consejeros de su Gobierno.





* ELPAIS.com - 21.06.10
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es

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A la banca se le atraganta el ‘ladrillo’: las deudas no bajan de 323.000 millones de euros

ELCONFIDENCIAL* : El lento proceso de desapalancamiento de la economía española tienes sus límites. En particular en el ‘ladrillo’, donde las deudas no bajan un ápice. Hasta el punto de que durante el primer trimestre de este año el endeudamiento del sector inmobiliario -sin incluir la construcción- se sitúa en 322.874 millones de euros, apenas 110 millones de euros menos que en el trimestre anterior. Si la comparación se hace respecto del primer trimestre del año pasado, el resultado es, igualmente, desalentador. La exposición al riego inmobiliario del sector financiero (bancos y cajas) sólo se ha reducido en 1.348 millones de euros en doce meses, apenas el 0,3% del endeudamiento.

La explicación de este fenómeno tiene que ver, lógicamente, con la incapacidad del sector para devolver sus deudas por el insuficiente aumento de sus rentas, pero también con el hecho de que para no caer es situación de morosidad la banca permite a las inmobiliarias devolver sólo intereses, pero no capital, lo que impide que baje su nivel de endeudamiento. Bancos y cajas prefieren este escenario antes que provocar una suspensión de pagos de sus deudores, lo que les obligaría a provisionar los impagos como fallidos.

Como reconoce el propio Banco de España en su último informe anual, la corrección realizada hasta el momento en las ratios de endeudamiento del sector privado “ha sido limitada”, incluso cuando se descuenta el efecto coyuntural que ha tenido sobre esas ratios la recesión de 2009. Es evidente, continúa, “que un creciente dinamismo de las rentas de los hogares y de las sociedades contribuiría positivamente a mitigar el efecto contractivo de este factor sobre la demanda y la oferta de crédito”. O lo que es lo mismo, hasta que los agentes económicos no puedan devolver sus créditos, no fluirá normalmente el dinero.

La conclusión es evidente. El crédito al ‘ladrillo’ no cede. En términos relativos, incluso, ha aumentado, ya que el racionamiento de los préstamos para actividades productivas continúa. Hoy hay menos crédito destinado a financiar actividades productivas que hace un año., lo que se explica en buena medida por el elevadísimo endeudamiento de las empresas. Mientras que las sociedades no financieras españolas adeudan nada menos que el 720% de su excedente bruto de explotación (ebe), la media en la Unión Europea es del 530%, y del 400% en las empresas estadounidenses. En el caso de las inmobiliarias, las cifras son verdaderamente espectaculares. El endeudamiento representa nada menos que el 1.500% del resultado económico bruto (reb), el doble que en el año 2000 y un 50% más que en la media de la UE.

Monocultivo del ‘ladrillo’

Los datos más recientes del Banco de España reflejan, en concreto, que el 32,8% del crédito a actividades productivas (incluyendo todos los sectores) se ha destinado al inmobiliario, cuando hace justamente un año este porcentaje se situaba en el 31,8%. Es decir, que la exposición al ‘ladrillo’ no sólo no ha bajado sino que, por el contrario, sigue creciendo. En concreto, un punto porcentual. Pero mientras tanto, la morosidad en el ‘ladrillo’ continúa escalando y ya representa el 10,8% del crédito total, el doble que en el conjunto del sector privado.

La situación es tan singular que desde el primer trimestre del año 2008 (al comienzo de la crisis) el endeudamiento inmobiliario ha crecido en algo más de 11.000 millones de euros (ha pasado de 311.272 millones a 322.674 millones), lo que da idea de la incapacidad del sector para pagar sus deudas. Para entender bien este problema hay que tener en cuenta que en 2004 las deudas del sector inmobiliario eran equivalentes a 55.031 millones de euros, seis veces menos que en la actualidad.

Las deudas del ‘ladrillo’ con la banca son incluso mayores si se incluyen el sector de la construcción, pero en ese caso hay una diferencia. Las constructoras, aunque sea lentamente, sí están desapalancándose. Es decir, están devolviendo las deudas. Los datos del primer trimestre de este año indican, en concreto, que deben actualmente a bancos y cajas 126.374 millones de euros, algo más de 17.100 millones menos que hace un año. Es decir, que el endeudamiento decrece a un ritmo de casi el 9%.

Los datos del Banco de España indican, por lo tanto, que el ‘ladrillo’, incluyendo inmobiliarias y construcción, debe a las entidades financieras nada menos que 449.248 millones de euros. O lo que es lo mismo, una cantidad equivalente al 45% del producto interior bruto. O dicho en otros términos, 45 de cada 100 euros que han prestado bancos y cajas de ahorros (985.097 millones de euros) se han destinado al ‘ladrillo’.

Este monocultivo del sector financiero en la construcción contrasta, por ejemplo, con el dinero prestado a la industria, que apenas representa el 15% del crédito destinado a financiar actividades productivas. De hecho, el ‘ladrillo ha consumido tanto crédito como la industria, el comercio (incluidas las reparaciones), el turismo y el transporte (incluido el almacenamiento) juntos, lo que da idea del ‘enladrillamiento’ a que se ha sometido a la economía nacional.





* El Confidencial - 21.06.10
Foto: Gráfico endeudamiento sociedades 'Ladrillo' - cotizalia.com

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"Si lo sé, no compro"

ELPAÍS/Reportaje* : Se han publicitado como lujosas urbanizaciones, en algunos casos recubiertas de materiales que para si quisieran jeques y marajás. Pero nada más poner sus pies en el interior, sus compradores se topan con la cruda realidad: las casas de ensueño semejan más un trabajo de los protagonistas de la popular tira cómica Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. El caso más llamativo de este abismal contraste entre la arcádica oferta de las inmobiliarias y el estado real del acabado de las fincas ha saltado en Benidorm: los propietarios de la lujosa Torre Lugano (42 plantas) han presentado una demanda contra el promotor en la que reclaman una indemnización de 28 millones de euros por defectos en los acabados y deficiencias en servicios básicos.

El cúmulo de desperfectos en los pisos y la interminable lista de carencias en las zonas comunes de las torres de apartamentos y urbanizaciones ha desencadenado una catarata de denuncias por parte de los compradores contra los promotores. Más escasas son las demandas de éstos contra los constructores, pero también las hay.

En el fondo de estas quejas de los usuarios subyace el urbanismo salvaje, caracterizado por fáciles recalificaciones de suelo y las aceleradas ejecuciones de obra para dar salida a la pujante demanda de hasta hace apenas dos años. Este argumento se justifica en la estadística de reclamaciones de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana- UCE sobre la evolución de reclamaciones tramitadas por el organismo entre 2004 y 2009: 4.216 el primer año y sólo 1.972 en 2009. El primer motivo de las reclamaciones de los usuarios son desperfectos en los suelos y azulejos, seguido por defectos en puertas y ventanas, pintura y filtraciones de agua.

La urbanización Dénia Plaza, en Dénia, es un calco de Torre Lugano. Algunos de los compradores de las 292 viviendas, han terminado colgando carteles en los balcones con leyendas como Si lo sé, no compro que pretenden indicar la supuesta estafa del promotor, la empresa Luz Bulevar. Hasta abrieron un foro en la red para estar en contacto. Uno de ellos relató que al final "conseguí que me pintasen y arreglasen las paredes de medio piso, me pintasen la barandilla, me arreglasen una fuga en la instalación de calefacción provocada por un clavo que atravesaba el tubo, aparte de mil tonterías como rotos de la piedra del lavabo, bañera, rejuntar piedras y barandillas de las terrazas, arreglar persianas y cerraduras de la menorquina de la terraza". Sin embargo, otro de los compradores los considera problemas particulares que no afectan a todos los vecinos, aunque abre otro frente, la morosidad del promotor. "A la promotora le quedan la mitad de los pisos sin vender y al no poder hacer frente a los gastos de comunidad acumulan una deuda de 115.000 euros, lo que nos ha obligado al resto de propietarios a hacer una derrama extraordinaria y a incrementar la cuota un 30%", comenta, recordando que han tenido que acudir al juzgado a reclamar el débito.

Un importante administrador de fincas de Benidorm que prefiere mantener el anonimato reconoce que "en los últimos años han crecido considerablemente las reclamaciones de los compradores", producto de la utilización "de mano de obra poco cualificada", pero también del "todo vale en el que se instalaron algunos promotores mirando sólo su propio beneficio".

Más grave todavía es la realidad que viven en la urbanización de adosados San Rafael Sol, entre L'Alfàs del Pi y La Nucia, de 40 viviendas. Construida sobre una ladera, el relleno va cediendo con las lluvias y está todo agrietado. La comunidad de propietarios acabó llevando al juzgado al promotor-constructor, que fue condenado en primera instancia a reparar la totalidad de los desperfectos aparecidos. Recurrió y finalmente deberá solucionar los daños generales, pero no los particulares. Aún así, tiene que afrontar obras de subsanación por importe de 300.000 euros. Nuria García vive allí desde hace cuatro años sin dar crédito. "Tenemos hasta moho en el garaje porque el agua se filtra por el relleno, remueve toda la estructura y se nos han resquebrajado hasta las escaleras", comenta angustiada de pensar que "cedió una valla y arrastró a una niña que acabó cayendo por un desnivel de casi tres metros".

En La Cala de La Vila Joiosa, la comunidad de propietarios del edificio Torre Maestral ha conseguido llegar a un acuerdo con el promotor para que resuelva los numerosos desperfectos del exterior del edificio. El importe de las obras en marcha supera el millón de euros.

En la playa de Piles (La Safor), los propietarios de la promoción Aguazul recuperaron en el juzgado lo que habían invertido en la reparación del edificio recién estrenado denunciando al promotor, finalmente condenado a pagar los casi 300.000 euros que reclamaban los compradores de los cerca de 50 apartamentos del bloque.

El abogado Jorge Bolás Alfonso, especializado en defender a las comunidades de propietarios, habla de dos fenómenos sucesivos, el que comporta la crisis del sector, "que provoca que el promotor para vender tenga que rebajar los precios y, con ello, las calidades sobre la marcha, modificando a la baja el proyecto original sin contar con quienes ya habían comprado sobre el plano" y el posterior, que pasa "por las reparaciones urgentes que tienen que costear los propietarios para poder vivir sin sobresaltos en su vivienda" una vez han obtenido la cédula de habitabilidad.

No todas las comunidades se atreven a acudir al juzgado para exigir sus derechos, aunque la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) sólo da dos años para reclamar desde que aparece el vicio en la construcción. Además, en muchas promociones construidas los últimos años, el promotor es "el principal propietario porque no ha vendido ni la mitad de las viviendas y bloquea la toma de decisiones en las asambleas de propietarios".

Bolás, autor del libro Viviendas de protección y rehabilitación de viviendas (Ed. Tirant lo Blanch) es el abogado que defiende a la comunidad de propietarios de Torre Lugano en Benidorm, un rascacielos de 148 metros y 204 viviendas. Han presentado la mayor demanda de estas características en la historia del urbanismo valenciano, reclamando 28,2 millones de euros por la diferencia entre la memoria de calidades original y la obra finalmente entregada. Denuncian que en vez enlucir la fachada con cemento blanco, el rascacielos está pintado de blanco o que no existe el ascensor panorámico proyectado, lo que permitió al promotor ganar espacio y construir más viviendas. "Claro que ha influido la crisis, pero casi tan importante ha sido la voracidad de los promotores", afirma Bolás. Y advierte irónicamente del cuidado que deben tener los compradores con la empresa constructora, "porque tienden a desaparecer tras concluir la obra".

Al margen de la estadística de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, hay otra entidad, en este caso pública, la Sindicatura de Greuges, que certifica la magnitud de los problemas con los que los usuarios de la vivienda se encuentra cuando pasan el umbral de las casas. El organismo es testigo del malestar de los compradores a través del aluvión de quejas que recibe en materia de urbanismo. La institución que preside José Cholbi carece de una estadística concreta de las quejas por desperfectos, ya que se agrupan en epígrafe de Urbanismo. Pero las referencias a este problema en la última memoria del Síndic son profusas y contundentes: "La crisis económica ha dificultado la conclusión de obras de urbanización por parte de algunos urbanizadores, las cuales no pueden ser recepcionadas por el Ayuntamiento al no haberse realizado correctamente, encontrándose los vecinos en una auténtica situación de desesperación e indefensión que les impide disfrutar de una vivienda digna", recoge el documento.





* ELPAIS.com - 20.06.10
Foto: Benidorm, torre Lugano destaca sobre el resto de construcciones - construarea.com

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Ibiza.- Tres millones de euros para expropiar la manzana más degradada de sa Penya

DIARIODEIBIZA* : La junta rectora del Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad aprobó, en la reunión que celebró el viernes, habilitar una partida de cerca de tres millones de euros para financiar expropiaciones en la unidad de actuación Alta-Retiro (UA27), que es la manzana más degradada del barrio de sa Penya. Se trata de la actuación «más ambiciosa» planteada por el Consistorio en esa zona –según un comunicado de prensa remitido ayer– pues está prevista la rehabilitación de 30 viviendas en pésimo estado en las que se han detectado los principales problemas de «tráfico de drogas y de marginalidad de la población». En su lugar se construirán 14 viviendas de promoción municipal.

La concejalía de Vivienda y Núcleo Histórico ha realizado una valoración aproximada de toda la manzana y ahora tasará cada vivienda afectada para concretar cuánto costará llevar a cabo toda la operación. Previamente, los técnicos municipales inspeccionaron los inmuebles afectados para conocer cuáles son sus características reales, pues en algunos casos existen divergencias respecto a la información catastral.
Además, el Ayuntamiento ha realizado una «minuciosa búsqueda que ha permitido localizar a todos los propietarios» de los inmuebles para notificarles la expropiación.

El próximo paso se dará en el pleno ordinario que se celebrará a finales de este mes, en el que se aprobará de forma definitiva la relación de bienes que se expropiarán. Después deberá ser aprobado –primero por el Consistorio y después por la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico (Ciothupa)– el proyecto de tasación conjunta, en el que se reflejará el valor de cada una de las viviendas. El objetivo del Ayuntamiento es que antes de que concluya esta legislatura, en la primavera de 2011, la unidad de actuación UA27 sea de propiedad municipal.

La junta rectora también dio luz verde a una partida para financiar las expropiaciones que se han de llevar a cabo para construir el centro cívico del barrio. En el próximo pleno también se aprobará la expropiación de bienes y derechos de las seis fincas afectadas, valorada en 413.000 euros. La junta dio además su visto bueno al proyecto de remodelación del pavimento y las redes de servicios de la calle Emili Pou y a los proyectos de las obras para instalar los contenedores de reciclaje en sa Penya.

Marc Costa, concejal de Vivienda y Núcleo Histórico, considera que las obras de construcción del centro polivalente y la plaza de sa Pedrera avanzan a buen ritmo y su finalización está prevista para finales de año. También asegura que están prácticamente acabadas las cuatro viviendas de protección oficial que se construyen al lado.

413.000 € en expropiaciones para construir el centro cívico
El próximo pleno de Vila aprobará la expropiación de seis fincas afectadas por la construcción del centro cívico. El valor total asciende a 413.000 euros.





* Diario de Ibiza - 20.06.10
Foto: La zona que será expropiada aparece sombreada. D.I.

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C.Valenciana.- Los planes generales de 94 municipios proyectan construir 870.734 viviendas

LEVANTE* : Noventa y cuatro municipios de la Comunitat Valenciana han aprobado, o tienen en tramitación, planes generales municipales que prevén la construcción de 870.734 viviendas. De este total, 152.628 ya son definitivas y 718.106 aún provisionales. Esta apabullante cifra se desvela en un estudio elaborado por el catedrático del departamento de Geografía de la Universitat de València, Eugenio Burriel, y publicado en Documents d'anàlisi geogràfica, la revista científica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La cifra desvela una previsión inquietante. En sólo 94 municipios de las 542 poblaciones valencianas se proyectan más viviendas que las 713.214 que se construyeron entre 1996 y 2006 en la Comunitat Valenciana. Unos datos que "ponen en evidencia la desmesura de la oferta residencial pretendida. Las consecuencias de estos planes tan expansivos van a ser graves, incluso en el probable supuesto de que la actual crisis paralice o retrase mucho su ejecución", señala Burriel. Porque a las 870.734 que promueven sólo 94 municipios habría que añadir las que impulsan los 448 restantes. Las cifras que se pueden alcanzar marean. "¿Alguien ha hecho esta suma", se pregunta Burriel, ex conseller responsable de Urbanismo, quien lamenta en su artículo que "la política territorial autonómica no haya puesto límites efectivos a estos crecimientos sino que, además, los ha favorecido". Por ello, defiende que la oferta residencial no se puede seguir determinando exclusivamente por el planeamiento urbanístico municipal, sino dentro de unos límites establecidos en un marco urbanístico supramunicipal que es competencia autonómica ineludible".
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, cuyo documento definitivo está en información pública, intenta acotar estas propuestas desmesuradas. "Pero nadie se ha atrevido aún a advertir a todos estos municipios de la desmesura de su crecimiento ni a poner límite a los crecimientos que se han planificado en los últimos años", asegura el catedrático de geografía.

Oscurantismo en la estadística

El oscurantismo que existe en la estadística urbanística juega a favor de la desmesura. "Resulta imposible conocer el montante de las propuestas urbanísticas municipales para el conjunto de la Comunitat Valenciana. La opacidad estadística en relación con el planeamiento urbanístico es total: desde 1998 no se publica la relación de planes generales municipales aprobados ni su número anual, ni un resumen de sus parámetros básicos. Tampoco hay información autonómica de los conciertos previos". Para su análisis, Burriel tuvo que realizar una árdua tarea. A partir de las informaciones publicadas en Levante-EMV, el diario Información, la edición de El País en la Comunitat Valenciana y Mediterráneo de Castelló, ha confirmado en cada ayuntamiento (directamente o en la información que ofrecen en la web) las propuestas urbanísticas que impulsan para la próxima década.
De 87 poblaciones que tramitaba un nuevo plan general pudo obtener datos "completos y fiables de 52 municipios valencianos que plantean incrementar el suelo urbanizado en 272 millones de metros cuadrados y construir 718.000 nuevas viviendas para dos millones de nuevos residentes lo que supone multiplicar por 3,1 las viviendas actuales, por 3,7 el suelo urbanizado y por 5,1 los residentes", concluye. (Ver la tabla que acompaña esta información). Burriel destaca que municipios "de más de 20.000 habitantes como Cullera, El Campello, Catarroja, Requena o Burriana están impulsando propuestas urbanísticas enormes que, como mínimo, duplicarían sus viviendas actuales, el suelo ocupado y triplicarían sus habitantes". Aunque "más exagerados" son los crecimientos urbanísticos propuestos por los municipios menores de 1.000 habitantes como Cabanes, Benisuera, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera o Xert que tramitan planes de dimensiones increíbles cuyos desarrollo multiplicaría viviendas, población o suelo por más de 25".
Pero nadie se atreve a encontrar un término medio entre la "desmesura de las pretensiones municipales" y la "pasividad autonómica" pese a que las consecuencias a medio y largo plazo son: "un enorme impacto ambiental y altísimo consumo de recursos escasos (suelo, agua, energía), fortísimo impacto sobre el paisaje, imposibilidad de aportar las infraestructuras y los servicios públicos necesarios para atender tal volumen residencial", señala el catedrático de Geografía.





* Levante-emv - 21.06.10
Foto: Imagen de Bétera (el Camp del Túria). El Plan General se publicó en el DOCV en 2000, con 7.773 viviendas prevé 11.880 nuevas.- mrw-fotografía aérea, levante-emv.com

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La Xunta legaliza 11 chalés de Viveiro con orden de demolición

ELPAÍS/Lugo* : Fue uno de esos acuerdos que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anuncia -sin detenerse mucho- en la rueda de prensa posterior a sus reuniones de Gobierno y por los que los periodistas no puede preguntar, porque -a diferencia de lo que sucedía con Emilio Pérez Touriño y con Manuel Fraga- los medios solo reciben por escrito los acuerdos del Consello cuando ya ha concluido la comparecencia del presidente. Esa fórmula permite a Feijóo obviar preguntas incómodas sobre cualquier medida impopular que avale su Ejecutivo.

Como el pasado 3 de junio, cuando él mismo pasó de puntillas sobre el decreto que la Xunta aprobó ese día para modificar la ordenación urbanística del Ayuntamiento de Viveiro. Feijóo despachó el asunto en medio minuto, alegó que el acuerdo busca profundizar en la "colaboración institucional" y anunció siete "matizaciones" al decreto del bipartito para adaptar las normas urbanísticas de este municipio de A Mariña a la legislación actual.

Pero el documento aprobado por la Xunta a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, corrige algo más que matices a la norma que el bipartito dictó para suspender las vetustas normas subsidiarias que guiaban el urbanismo en la localidad lucense. Según figura en la norma publicada el pasado 10 de junio en el Diario Oficial de Galicia, uno de los artículos del decreto servirá para legalizar 11 chalés unifamiliares construidos sobre un suelo que la anterior conselleira de Política Territorial, María José Caride, calificó como rústico y por tanto vedado a las viviendas unifamiliares.

El bipartito determinó que, como las fincas tenían la calificación de urbanizables en las normas subsidiarias que quedaron suspendidas, desde ese momento pasaban a ser consideradas suelo rústico. Y siguiendo ese criterio, meses después dictó órdenes de demolición contra esas 11 edificaciones, seis de las cuales son propiedad de particulares, además de una urbanización de cinco chalés promovida por la constructora Cathering Viveiro en el lugar de Aguadoce.

La decisión del bipartito chocó ya entonces con el criterio del alcalde Viveiro, el socialista Melchor Roel, que había concedido siete licencias para edificar los chalés en esa zona del municipio. Las diferencias entre el departamento que dirigía María José Caride y el regidor socialista acabaron en el juzgado de lo contencioso, que ahora debe fallar sobre la legalidad de aquellos permisos municipales. Son los tribunales los que deberán dirimir después de que los propietarios de las casas recurrieran las órdenes de demolición.

La consellería de Hernández, que apoya su decisión sobre un acuerdo previo de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, rectifica ahora a sus antecesores, para colocarse del lado del alcalde de Viveiro. El artículo octavo de su decreto, que sustituye al que el bipartito aprobó en junio de 2006, otorga la calificación de núcleos rurales a esos suelos antes delimitados como rústicos y que desde el pasado 11 de junio pasan a incluirse dentro de la ordenanza.

El cambio es sustancial, puesto que la Xunta sigue siendo parte en el conflicto que debe dirimir el juez. De hecho, hasta ahora defendía la legalidad de las órdenes de demolición dictadas durante la legislatura anterior. Una posición incompatible con la decisión política de legalizar las construcciones. La exposición de motivos de la norma publicada en el DOG la pasada semana argumenta que el nuevo texto pretende "enmendar una serie de anomalías, defectos y dificultades detectadas a la hora de aplicar el decreto hasta la entrada en vigor del futuro plan general", para el que todavía no hay fecha.

Barreiros, a la espera

La legalización de estos chalés coincide en el tiempo con el polémico convenio de Barreiros mediante el que la Xunta pretende dar cobertura al urbanismo de este municipio lucense a través de un plan de incidencia supramunicipal y con una inversión de siete millones de euros de fondos públicos.

El acuerdo a tres bandas ha sido ratificado por la Consellería de Medio Ambiente, por el alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga -a quien un fiscal ha denunciado por prevaricación precisamente por avalar licencias para edificar más de 3.000 pisos en suelo urbano no consolidado- y la Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro. A pesar de haber aprobado el convenio, sin los votos de los diputados nacionalistas, esta última institución todavía no lo ha devuelto a la Xunta. Fruto del acuerdo, la Diputación de Lugo tendría que aportar 1,2 millones de euros en Barreiros, una cantidad idéntica a la que la Xunta le acaba de transferir para financiar distintas obras en Viveiro.

El grupo parlamentario del PSdeG, lleva más de un mes solicitando que la Xunta le presente el informe de la Asesoría Xurídica que da soporte legal a este convenio en Barreiros.





* ELPAIS.com - 20.06.10
Foto: Chalés legalizados por la Xunta en el lugar de Augadoce, en Viveiro.- XOSÉ MARRA, elpais.com

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El Cabanyal: reflexiones en el fragor de la batalla

MIGUEL MARTÍNEZ* : ¿Puede tener éxito la defensa del barrio del Cabanyal frente al Plan que lo amenaza? Omitiré aquí los detalles técnicos y legales de la situación para concentrarme en las cuestiones más controvertidas que enfrentan colectivos vecinales como la plataforma Salvem el Cabanyal (SEC). Más allá de la solidaridad con esa plataforma, pretendo sólo sugerir algunas reflexiones en tanto que observador lejano de esa lucha ciudadana con más de 12 años de trayectoria. Quiero decir, ante todo, que considero que ya han sido todo un éxito esa persistencia en la denuncia y en la resistencia social durante tanto tiempo, el aprendizaje de movilización y auto-organización conseguidos, y el valiente reto al autoritarismo político y al urbanismo especulativo. Sin embargo, la batalla final aún puede perderse, y eso merece seguir preguntándose al respecto de todos los elementos significativos en juego y seguir explorando las estrategias de acción para avanzar en la defensa del barrio.

En junio de 2010 se puede contemplar ya la desolación de numerosos edificios derribados, los solares con o sin tapias, el estado ruinoso de cada vez más edificaciones, y las abundantes infraviviendas. Los últimos derribos de abril, acompañados de una durísima represión policial, reavivaron las actividades y la proyección pública de la plataforma. Pero en los balcones del barrio se pueden ver también banderas de distinto signo: por un lado, las más numerosas, las distribuidas por SEC con el lema Rehabilitació sense destrucció (Rehabilitación sin destrucción); por otro lado, las que han repartido las bases del PP con el lema Si volem (Sí queremos [la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez]); un tercer tipo son las diseñadas para desplegarse en cualquier punto de la ciudad en contra del Plan: Cabanyal, t’estime, sencer i viu; Cabanyal, te quiero entero y vivo), pero también lucidas en muchas viviendas del barrio por personas que no se identifican plenamente con SEC. A veces, coinciden los tres tipos de enseñas en el mismo edificio y sus moradores se niegan la palabra al cruzarse.
Esa batalla simbólica es sólo la extensión de una más general librada en los medios de comunicación de masas en la que SEC recibe constantemente acusaciones, sobre todo de la alcaldesa del PP, de ser una minoría en el barrio y un conjunto de especuladores, radicales, violentos e insolidarios con el interés general de la ciudad, sólo apoyados por el PSOE y, además, por motivos electorales. Independientemente de su falsedad, que casi nadie se molesta en verificar, dichos discursos tienen efectos demoledores: una gran parte de la ciudadanía de Valencia no conoce ni visita el barrio, teme por su seguridad en caso de internarse en él y disuade a terceros de lo mismo, a la vez que relega el conflicto a algo intrascendente y partidista. ¿Cómo contrarrestar, pues, esos discursos deslegitimadores de la racionalidad de la lucha vecinal? ¿No son suficientemente “racionales” para la opinión pública las órdenes del Ministerio de Cultura y del Tribunal Constitucional paralizando los derribos? ¿No lo son tampoco los escritos de urbanistas y expertos de toda índole que claman por la conservación de ese conjunto histórico? ¿Acaso, a ojos de la mayoría indiferente, no está todo litigio entre racionalidades teñido por un trasfondo de desavenencias políticas y nadie se cree nada pero deja hacer y deshacer a las autoridades locales lo que les plazca?

Algunos artistas hacen fiestas en los solares o los decoran con alusiones a las torres que se construirán a su vera. Otros prefieren pintar los edificios amenazados por la piqueta para llamar la atención sobre la irrepetible calidad de lo que se va a derruir. Sin embargo, el estigma de peligrosidad del barrio se difunde a más velocidad y llega a más gente sustentando a esa mayoría conformista que no se indignará la próxima vez que lleguen las excavadoras al barrio. El reto de SEC para mostrar públicamente que son mayoría, que tienen el respaldo de numerosos colectivos y organizaciones sociales y que están aportando algo positivo para toda la ciudad (un barrio habitable y diverso, “pintoresco” y con una estructura urbana valiosa y consolidada, accesible al mar sin necesidad de utilizar el coche, etc.) pasaría, pues, por abrir las puertas simbólicas del barrio (la iniciativa Portes Obertes va en ese sentido pero, quizá, demasiado restringida al público vinculado al arte). Ante los embates constantes que sufren, su réplica en términos de mensajes y discursos “positivos” no puede quedarse atrás. En todo caso, ¿no precisan todavía mostrar toda esa racionalidad también a sus vecinos más próximos: a aquellos absentistas (quienes mantienen sus viviendas vacías y abandonadas), a quienes sólo tienen tiempo de sobrevivir en la precariedad, incluso a quienes aceptan las prebendas municipales (aire acondicionado en los comercios, ayudas a la dependencia para algunas familias cuyo expediente estaba hasta entonces paralizado, inmunidad policial para quienes viven de tejemanejes y trapicheos, etc.) a cambio de exhibir el si volem?

Asociaciones vecinales de otras ciudades también están visitando el Cabanyal en solidaridad con SEC. El reconocimiento en la prensa estatal (El País y Público, sobre todo) e internacional (Le Figaro, por ejemplo) ha contribuido, por su parte, a crear una opinión pública favorable a la defensa del barrio. No obstante, en algún momento será necesario elevar el reto simbólico a la prepotencia del consistorio con alguna campaña estratégicamente ponderada: ¿un referéndum? ¿mensajes reversivos (por ejemplo, “si volem un barri sencer i viu” o “yo, Rita, también sé ceder para que ganemos todos”)? ¿paseos guiados por el barrio? Y seguir explotando la indignación pública ante la reciente brutalidad policial, pero también ante el acoso policial que sufren en silencio muchos vecinos de forma cotidiana y el “gueto vigilado” del mercado de droga que esa misma policía ha acotado dentro del barrio con el fin de reincidir en el estigma y en la supuesta necesidad del negocio de una regeneración urbana trufada de demoliciones y reconstrucciones.

Por otra parte, los acciones discursivas no tiene por qué disociarse de otras prácticas organizativas, movilizadoras y de denuncia. Al contrario, parece más eficaz que se refuercen mutuamente. Algunas entidades públicas y privadas están realojando en el barrio a familias pobres como “solución temporal”. El Ayuntamiento y la empresa Cabanyal 2010 S.A. también ceden en usufructo o por alquileres muy bajos algunas de las viviendas que han adquirido en la zona más afectada por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y del boulevard de San Pedro. Estiman que sus desalojos no serán problemáticos en el momento de proceder a los derribos puesto que los moradores les deben “un favor”. Mientras, se opondrán a las protestas de SEC. Otros muchos casos —por ejemplo, respecto a calificaciones legales y esclarecimientos patrimoniales en distintos edificios y parcelas— obligan a SEC a redoblar sus esfuerzos por todos los puntos de conflicto que proliferan en el barrio. Las huelgas de hambre y las manifestaciones de la plataforma, por su lado, han sido replicadas por partidos políticos de extrema derecha que utilizan mensajes similares y recorren el barrio bajo la autorización irresponsable de la Delegación del Gobierno. ¿Qué más se puede hacer? ¿Barricadas, desobediencia civil, planes urbanísticos alternativos? ¿Sólo campañas de sensibilización?

Desde luego, hacer todo aquello que tenga fuerza simbólica y sensibilizadora parece positivo para esta lucha. Pero, en definitiva, ¿no es más eficaz ocupar, construir, urbanizar, y, en consecuencia, auto-planificar el barrio de un modo verdaderamente participativo y respetuoso con los legados urbanos merecedores de preservación? En este sentido son especialmente relevantes las ricas iniciativas de okupación (política) de viviendas y centros sociales desarrolladas en este barrio que habitualmente han unido sus fuerzas a SEC y que ahora convocan sus propias asambleas vecinales, pero que además muestran de forma práctica cómo rehabilitar los edificios, habitarlos de forma autogestionada y comunitaria, y revitalizar las relaciones sociales entre distintos residentes. Posiblemente se trata de un caso único por su magnitud, duración y calado. Profundizar en esa alianza virtuosa, no obstante, plantea otras tantas cuestiones de diferencias culturales o ideológicas semejantes a las que SEC tiene con otros colectivos, aunque la experiencia pasada ya ha allanado buena parte del camino. ¿Y no es acaso también constructivo promover iniciativas de autoempleo, instituciones de debate y redes de cooperación en una comunidad sometida a agresiones regulares por todos sus flancos? ¿En qué medida podrían frenar los planes de destrucción si permanece la exclusión de la propiedad inmobiliaria (mientras la estrategia municipal sea la de evitar la expropiación forzosa)? ¿No se estarán plantando las semillas de una futura elitización del barrio, se consume o no la parte más destructiva del PEPRI, en cuanto que sólo atañan a la población con más recursos de la zona (profesionales, artistas, trabajadores estables, comerciantes, estudiantes universitarios, etc.)? ¿Qué se puede hacer para garantizar con equidad el derecho a una vivienda digna en el barrio para todos los sectores sociales? ¿Y cómo diseñar y mejorar colectivamente los espacios públicos?

Como se puede apreciar, el conflicto social del Cabanyal involucra una elevada complejidad de colectivos sociales, relaciones entre ellos, dilemas estratégicos e inciertos escenarios futuros. Las preocupaciones mostradas más arriba no indican ninguna prescripción sino sólo elementos que, a nuestro entender, no deberían olvidar los activistas de SEC en su elogioso trabajo de protestas, análisis y propuestas. Como iniciativa autónoma de participación ciudadana es en su seno, con las ayudas ajenas que necesiten y acepten, donde se digieren las preguntas, se toman las decisiones y se adquieren los compromisos. La batalla no está del todo perdida. Como apunta un cartel en la sede del SEC, el Matadero: “porque aún no estamos condenados”. Que se dirima hacia uno u otro lado de la balanza puede depender de factores estructurales ajenos al vecindario (la crisis económica que no le proporcione financiación privada suficiente al Plan Especial de Protección y Reforma Interior, PEPRI, por ejemplo, o los cambios de gobernantes en las distintas instancias del Estado), pero el poder popular que se ha desencadenado tiene aún cierto espacio propio para incidir en el resultado. Y el conocimiento generado desde ahí ya es una ganancia indeleble para los movimientos urbanos.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-Cabanyal-reflexiones-en-el.html


* Miguel Martínez, profesor de Sociología de la UCM




* Rebelión - 20.06.10


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Benidorm.- Urbanismo propone dar licencia de luz a las torres de Punta Llisera

INFORMACIÓN/Alicante* : La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm debatirá el próximo lunes una propuesta para autorizar a las dos torres que se construyen en la Punta Llisera de Benidorm, a escasos metros del mar, a realizar la acometida eléctrica. El grupo municipal del PP en la localidad manifestó ayer que la licencia para dotar de energía eléctrica a los edificios ha sido solicitada por Edificaciones Calpe, promotora del proyecto, y el expediente se presentará a la comisión "a propuesta de Jaime Llinares, el concejal que hace cuatro años anunció un acuerdo del Ministerio de Medio Ambiente para adquirir la parcela y evitar la construcción de las torres de Punta Llisera".

Este proyecto, que lleva por nombre Gemelos 28, consta de dos torres de 22 alturas a escasos metros del mar, aunque sus obras han estado durante meses paralizadas después de que el Gobierno central anunciara, días antes de las municipales de 2007, su intención de expropiar el solar para incorporarlo al dominio público marítimo-terrestre y crear un parque público. Este anuncio, no obstante, chocó contra los intereses y recursos interpuestos por la mercantil, filial del grupo Ballester y que además disponía de varios fallos judiciales avalando la licencia de edificación, que le fue concedida antes de la aprobación de la Ley de Costas. Finalmente, en abril de 2009, Costas anunció que desistía de continuar con los trámites de expropiación, aludiendo al "interés general" y a los procesos judiciales en contra de la misma.
El grupo del PP, por medio del edil José Ramón González de Zárate, señaló ayer que su partido "nunca" se creyó "las mentiras de Navarro, Llinares y los dirigentes del PSOE", de los que dijo que ahora "les toca tragarse el sapo y todas las promesas que hicieron cuando aún eran oposición", y recordó que serán ellos quienes "van a tener que viabilizar ahora el suministro eléctrico a los edificios que decían que no se iban a hacer".





* Información - 19.06.10
Foto: Las torres de Punta Llisera, al fondo, captadas ayer desde la playa. - diarioinformacion.com

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El Gobierno de Madrid reconoce que ha gastado 100 millones de euros en el Campus de la Justicia

ELPAÍS* : El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, reconoció ayer que el Gobierno regional se ha gastado 100 millones de euros en el Campus de la Justicia. El Gobierno regional pretendía construir una gran ciudad de la justicia en el noreste de la capital, en Valdebebas, pero ha tenido que congelar el proyecto por la crisis económica. El plan del Ejecutivo regional queda en suspenso a pesar de que ya está construido, "hasta el 90%", el edificio destinado al Instituto de Medicina Legal. El titular de Justicia aseguró durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid que aún está pendiente la rescisión de diferentes contratos "lo que costaría entre seis y 12 millones de euros".

Granados, que compareció a petición propia para aclarar la gestión del Ejecutivo regional en el Campus de la Justicia, explicó que de esos 100 millones "el 95% corresponde a inversión. Eso está ahí y corresponde a todos los madrileños", proclamó durante la sesión plenaria. El consejero hacía referencia a las obras de urbanización y canalizaciones que se han realizado para preparar la zona.

El consejero regional también se refirió a los elevados gastos de publicidad que se han conocido estos días. La Cadena Ser informó durante la semana pasada que el acto de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia costó 1,4 millones de euros en publicidad. Granados confirmó el dato y negó que fuera su responsabilidad. "Le doy mi palabra de honor que jamás un gasto de publicidad ha pasado por la junta general de accionistas" de la empresa pública que gestionaba el proyecto y en la que estaban los miembros del Gobierno regional. Granados justificó que los gastos de publicidad le correspondían a la empresa concesionaria. En este caso Begar, una de las firmas vinculadas supuestamente con la trama Gürtel.





* ELPAIS.com - 18.04.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)

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Roca gastó 200 millones en ocho años aunque ganaba 50.000

LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción solicita, en su escrito de acusación, treinta años de prisión para el ex asesor de Urbanismo del Consistorio marbellí Juan Antonio Roca como presunto cerebro del «caso Malaya». Juan Carlos López Caballero le endosa los delitos de blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo. Asimismo, reclama para él 44 años de inhabilitación y multas por más 810 millones de euros.

En total, hay 95 personas que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del 27 de septiembre. Todos se enfrentan a una suma total de 509 años de cárcel. Marisol Yagüe, ex alcaldesa, se enfrenta a 20 años, así como a 57 de inhabilitación y a una multa de cuatro millones de euros. Para el ex alcalde Julián Muñoz se piden diez años de privación de libertad, 23 de inhabilitación y una multa de 400.000 euros. A la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos se le solicitan doce años de cárcel, 23 de inhabilitación y 700.000 euros de multa, mientras que los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, los que más sobornos pagaron presuntamente, podrían pasar, cada uno, 16 años entre rejas y hacer frente al pago de 23 millones de multa.
En cualquier caso, no son las peticiones de cárcel lo que más sorprende del escrito, conformado por 585 páginas, sino el detallado relato de hechos que realiza el fiscal del modus operandi de Roca. Así, asegura López Caballero que la moción de censura que descabalgó del poder a Muñoz, en agosto de 2003, sólo se debe «a las expectativas de obtención de beneficio del ex asesor». Yagüe encabezó el gobierno, pero quien se comportaba como «el verdadero alcalde» era el cartagenero. Éste cocinó el golpe con la inspiración de Jesús Gil, ya apartado del poder.
El fiscal indica que Roca tenía «una posición de dominio» sobre la corporación gracias «al soborno sistemático de sus integrantes», disponiendo a su antojo de la voluntad de «las autoridades municipales». Los pagos los hacían distintos promotores y toda actuación urbanística «debía contar con el visto bueno» del Jefe. Negociaba con ellos los nuevos parámetros urbanísticos, concediéndoles más edificabilidad, cambiando los usos permitidos en ese suelo y modificando la clasificación de las parcelas. «Este urbanismo a la carta propició una alteración total de la realidad urbanística de Marbella», y no tenía otra base legal que su acomodación a los proyectos normativos sin eficacia jurídica, como el nonato PGOU de 1998. Todos los ediles actuaban así, «sin cuestionarse la legalidad», aprobando aquello que se les decía. Eran, aclara el acusador público, «meras marionetas» en sus manos. Aglutinó frente al alcalde electo «a quienes hasta entonces habían sido enemigos irreconciliables».
Entre los promotores destacan Rafael Gómez Sandokán, José Ávila Rojas, Andrés Liétor, Carlos Sánchez o Cristóbal Peñarroya. Las expectativas de negocio fueron para ellos inmensas siempre que pasaran supuestamente por caja.
Roca recibe 33,34 millones de euros de diecinueve constructores en concepto de sobornos, destinando a los funcionarios y ediles 5,26 millones, todo ello entre 2002 y 2006. Él se queda, explica López Caballero, con la parte más sustanciosa. Toda esta información se obtiene gracias a la incautación, el 29 de marzo de 2006, del archivo contable de Maras Asesores, la sociedad guía del todopoderoso murciano. Muchos de los concejales serán pagados a través de sobres y según su jerarquía, percibiendo más quien mayor poder detenta.

Ascensión imparable

Juan Antonio Roca llega a Marbella en 1991, momento en el que está sin empleo. Dos de sus constructoras pasan serios aprietos, pero su suerte cambiará el 22 de mayo del 92, cuando entra a trabajar en Planeamiento 2000 y la Gerencia de Obras y Servicios. Desde 1997 hasta 2005, su capacidad de gasto será de 200 millones de euros y su patrimonio, inmenso. Invierte en ese periodo 136 millones en la compra de bienes inmuebles, es dueño de una cuadra de caballos de pura raza, cuyos 100 ejemplares han sido tasados en 400.000 euros. Las reses bravas están valoradas en 120.000.
Se gasta, en el mismo periodo, 27 millones de euros en cuadros y otros objetos de arte; posee además una amplísima colección de antigüedades, joyas y relojes. Disfruta de varias fincas, tales como La Morisca en Cádiz; La Loma, en Murcia o La Talega, en Cartagena. Dispone de inmuebles –chalés, casas y locales– en Marbella, Sevilla, Madrid, Sotogrande, Mallorca e Ibiza, y ha adquirido varios palacios para destinarlos a hoteles y lugares de eventos tales como el de Saldaña, el de Villagonzalo y el de Tepa.
Presume de tener un hotel en El Rocío y otro en Los Alcázares (Murcia), promueve diversas urbanizaciones y fue propietario de yates, un avión y un helicóptero. El barco Thoroughbred le costará 2,7 millones de euros, y más de un millón la aeronave. Asimismo, dispone de vehículos y turismos de más de 300.000 euros, algunos de ellos antiquísimos, y carruajes por valor de 3,5 millones de euros.
Coquetea con el cine y el deporte, y es aficionado a la caza mayor: se gasta en esa década portentosa 200 millones de euros en todo ello, pero, según Anticorrupción, «este patrimonio no puede justificarse sobre la base de rentas lícitas conocidas», ni por las suyas ni por las de su mujer, María Rosa Jimeno. Un dato curioso: su vivienda en el edificio marbellí Poseidón, del que él es el propietario, está alquilada. Paga 1.202 euros.
Así, «en ningún caso puede concluirse que la unidad familiar Roca-Jimeno gozó de una capacidad de ahorro suficiente como para poder acumular el patrimonio del que disfruta: con una renta disponible, en ocho años, en torno a los 50.000 euros al ejercicio, fue capaz de efectuar adquisiciones y atender a gastos por 200 millones de euros». Todo esto, deduce López Caballero, proviene de los sobornos. Además, sus bienes aparecen en su mayor parte a nombre de diferentes personas jurídicas. Él no aparece en ningún momento. Un abanico de alrededor de 100 sociedades encierra su mayor secreto. Todo gracias a su posición «de poder».
Concluye el fiscal que «constituyó una verdadera organización», integrada por 15 testaferros que gestionaban su patrimonio como si de una empresa se tratara, amén de otros nueve ayudantes para cerrar negocios concretos y menores. Todos ellos ayudaban «al reciclaje de los fondos» ilegales.
Se creaban sociedades como tapadera para adquirir y reciclar bienes, tanto en España como en el extranjero, de forma que se hacía invisible su patrimonio y se orquestaban trasvases continuos de fondos para «lavar» y reintroducir en el circuito legal el beneficio obtenido.
De la estructura nacional se encarga el despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor, creando «sociedades pantalla», y en el extranjero el abogado Juan Hoffman. Todas las sociedades se rigen por el principio de caja única, de forma que se hacen transferencias continuas entre unas y otras.
Algunas de estas mercantiles se utilizarán para adquirir o negociar con bienes municipales. La contabilidad de Maras permite poner en el centro de la diana al bufete.





* La Opinión Málaga - 18.06.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es

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El alcalde de Castro de Rei presionó a la secretaria para amañar contratos

ELPAÍS/Lugo* : El alcalde de Castro de Rei, Antonio Valiño, y sus concejales Antonio Balado -como el regidor, también del PSdeG- y Roberto Lorenzo, de Terra Galega, amañaron adjudicaciones para premiar con obras a empresas afines, bien por conocer a sus propietarios o bien porque se trataba de constructoras del pueblo que creaban puestos de trabajo o financiaban actividades del ayuntamiento como las fiestas o el equipo de fútbol.

Así se desprende del informe de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que figura en el sumario de la Operación Rei, 2.000 folios que incluyen pinchazos telefónicos al alcalde y a estos dos ediles, todos imputados por la juez que instruye la causa. Las escuchas dejan al descubierto constantes presiones del regidor y algunos de los concejales, sobre todo Balado y Lorenzo, a la secretaria municipal, María Josefa Fernández, para que hiciese la vista gorda ante las irregularidades que se repiten en los procesos de contratación de obras y personal en este municipio.En la instrucción que dirige la titular del juzgado número 3 de Lugo constan los expedientes de más de una veintena de obras en este municipio lucense en las que se repite el mismo procedimiento: el alcalde y los ediles deciden de antemano la constructora a la que adjudicar los trabajos y luego se le pide a ésta que busque otras dos firmas para dar apariencia de legalidad al contrato negociado sin publicidad.

Según el informe de la policía, esta forma de actuar vulnera el artículo 153 de la Ley de Contratos del Sector Público y los principios de transparencia y concurrencia que deben prevalecer en todo procedimiento negociado. Sirva como ejemplo el expediente de contratación de pistas deportivas en Castro de Riberas de Lea. El gobierno local invita a tres firmas para que opten a la adjudicación de los trabajos, pero sólo se presenta una de ellas, Construcciones J. Isidro, SL, que acaba obteniendo el contrato. La policía sospecha que en este caso, como en otros, hubo "artimañas previas a la adjudicación". Y cita una conversación mantenida el 9 de enero de 2009 por el alcalde Juan Valiño y el concejal Antonio Balado. En ella el regidor señala: "Hay que poner varias [obras] juntas para que pasen de 50.000 euros para que [la Diputación de Lugo] nos pague el proyecto, pero no debe pasar de 200.000 para que nosotros podamos jugar con ellas a la hora de adjudicarlas, [...] se las vamos a dar a quien nos dé la gana". La policía está convencida de que "esta conversación resume básicamente toda la operativa de la contratación en Castro de Rei, la cual es evitar obras por concurso, reduciendo o fraccionando la cuantía del contrato, para poder dárselo finalmente a la empresa que deseen utilizando torticeramente el procedimiento aun a sabiendas de que si se desarrollara un concurso las condiciones para el concello podrían ser más ventajosas".

En otro de los pinchazos, el alcalde de Castro de Rei habla con el edil de Terra Galega (Tega) Roberto Lorenzo, a quien avisa: "La cuestión es que, entonces, lo de las carreteras lo que tenemos es que decidirlo y después decirle al que tengamos pensado que pida otras dos ofertas, que pida no, que nos diga a quién mandamos la invitación". El propio regidor, en esa misma charla que tuvo lugar el 27 de febrero de 2009, desvela sus planes para intentar convencer a la secretaria municipal de que cuele en una junta de gobierno que ya ha tenido lugar tres nombres de tres empresas como si ya hubiesen sido invitadas.

En una conversación posterior, también grabada por la policía, es el concejal de Terra Galega quien le comenta al alcalde que la funcionaria municipal se niega a admitir como válidas las ofertas entregadas fuera de plazo por varias de las empresas a las que tanto él como el alcalde pretendían beneficiar. Tras enterarse, el alcalde llama a la secretaria municipal para que interceda en favor de las citadas constructoras: "El problema es que todos los que nosotros teníamos interés en las obras son los que no lo entregaron a tiempo".

La secretaria se pregunta entonces si es que los dirigentes de esas constructoras "no saben leer". El sumario destapa otras presuntas irregularidades como las que se deducen de otra conversación de Valiño con el mismo edil de Tega en la que ambos hablan de adjudicar una obra a diversos empresarios. El alcalde subraya que dos de ellos, "los Pico de Cospeitos", van "en la lista del PSOE".

Entre los supuestos tratos de favor del gobierno municipal de Castro de Rei no sólo los hay a empresas, también a personas. Las escuchas recogen, por ejemplo, el interés de Lorenzo en contratar a determinados trabajadores para un programa de cooperación local: "Nosotros queríamos coger al Cachimbas y al Gitano, pero en teoría...". Su interlocutora le corta: "Son justo lo opuesto, porque no tienen experiencia en el mercado ganadero". Cuando la resolución de las plazas, concedidas según un baremo, no les satisface, el alcalde trata de presionar a la secretaria municipal, que le responde: "Desde luego, yo no cambio el acta. En el próximo proceso de selección llamas a alguien de la Diputación y lo hacéis... A mí ya me extrañaba que no hubiera jaleo, que nadie me tocara la tecla". El alcalde replica: "Pensábamos que nos ibas a decir..." A lo que la secretaria interrumpe: "Si vais a querer a alguien y caciquear, yo no quiero participar. Llamáis a un secretario de aquí al lado".





* ELPAIS.com - 18.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org

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Xixona reta a Medio Ambiente y cierra las puertas a las basuras de Castelló

LEVANTE* : La solución a las basuras de Castelló, no sólo huele mal, sino que quema en las manos de la Conselleria de Medio Ambiente y de la Diputación de Castelló. El retraso -más de siete años- de la planta de Cervera, que debía dar servicios a los municipios del norte de Castelló, y el inminente cierre del vertedero de Vilafranca mantienen a las basuras de Castelló huérfanas. El secretario general de la Conselleria de Medio Ambiente, Jorge Lamparero, retomó ayer la opción alicantina y anunció, en una reunión con alcaldes en la diputación para hablar del Plan Integral de Residuos (PIR), que la basura de la zona norte se acumulará, en un primer paso, en una planta de transferencia provisional en Benicarló, para después darles salida hacia el vertedero de Xixona.

Esta medida se prolongaría durante meses, pendientes de que vea la luz la planta de Cervera.
Lamparero apuntó que la tramitación para habilitar esta instalación es sencilla y que los trámites ya están superados. Asimismo, justificó su traslado a Xixona "porque la empresa pública Vaersa dispone de una planta en esta localidad", rechazando así otros municipios como Villena, que también se habían barajado como posibles receptores de los residuos de Castelló.

Oposición de Xixona
Ante este anuncio, la reacción del Ayuntamiento de Xixona no se ha hecho esperar y su alcalde, el socialista Ferran Josep Verdú, ha mostrado su total rechazo a esta opción al calificarla de "aberrante" y de "total despropósito". Verdú advierte que el ayuntamiento no va autorizar este tipo de "barbaridad" porque la planta de tratamiento de residuos está construida sobre terrenos municipales, "cedidos bajo unos condicionamientos que no permite a Vaersa hacer lo que le de la gana".
El primer edil ha afirmado que es inviable esta opción "ya que nuestra planta está construida para gestionar y tratar sólo la basura de la zona 14 y parte de la zona15", no la de Castelló. Verdú ha recordado a la conselleria que es "ilegal" llevar los residuos a Xixona porque va en contra del Plan Zonal de la Ley de Residuos aprobada por el gobierno autonómico del Partido Popular y ha advertido que no se van a quedar inmóviles ante esta decisión.
El alcalde socialista, quien ha aclarado que no ha recibido ninguna notificación a este respecto por parte de la conselleria, ha recalcado la negativa total a aceptar los residuos de la zona norte de Castelló y ha apuntado que hace un año envió a la Policía Local para evitar la entrada de camiones que no procedían de estas zonas fijadas por ley.

Planta de la Vall d'Uixó

Pero no es este el único frente abierto en la provincia. En su intervención Lamparero explicó que la recogida y tratamiento de la zona sur de Castelló pronto estará resuelto, ya que está previsto que después del verano entre en funcionamiento la planta de Algimia, además de anunciar avances en la tramitación del vertedero de la Vall d'Uixó. "Los trámites de esta planta están adelantados y antes del verano tendremos la autorización ambiental integrada", apunta Lamparero, quien ha obviado señalar cual será la ubicación definitiva de esta planta de gestión de residuos.
En otro orden de asuntos, el PIR prevé en la Comunitat Valenciana la creación de tres plantas de valorización energética, como alternativa a las plantas incineradoras, aunque todavía se desconoce la ubicación de las mismas y si la provincia de Castelló albergará alguna de estas instalaciones ambientales.






* Levante-emv - 18.06.10
Foto: Xixona (Alacant), vertedero - levante-emv.com


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