LAVOZDEGALICIA* : La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) ha comunicado al concello de O Grove la orden de derribo de 52 apartamentos adosados en Balea, San Vicente do Mar, construidos por la promotora Improin S.L, según ha informado el municipio pontevedrés, que adjunta copia de expediente de la APLU. La orden de derribo está fechada el 2 de marzo, cuando Hipólito Pérez era aún director de este organismo, y fue comunicada ayer a las partes, según consta en el sello del registro de entrada del ayuntamiento
El informe de la APLU señala que la demolición es obligada por haber realizado una segregación de parcela en suelo rústico, incumpliendo la Ley del Suelo, así como por no haber cumplido con el objeto de la licencia supramunicipal concedida por la Xunta, que era para un apartahotel, según el ayuntamiento.
El concello de O Grove señala que está a la espera de que la Xunta les indique el procedimiento que tiene que seguir, según indica en un comunicado, en el que también se pregunta «dónde recaerán las responsabilidades», ya que «las cosas no se hicieron bien» en el trámite de la urbanización.
El plazo para el derribo es de tres meses desde la notificación de la orden. En el 2007, el entonces director general de Urbanismo, Ramón Lueje, ya ordenó la restitución de la parcela matriz a su estado original, una decisión que fue recurrida por la empresa promotora, primero ante la Consellería de Política Territorial y después en un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).
El TSXG ratificó la orden de la Consellería en octubre del 2009. Como la empresa no efectuó la restitución de la parcela a su estado original, la APLU ha ordenado la demolición antes de tres meses con cargo a la empresa.
* La Voz de Galicia - 20.04.10
Foto: O Grove - aedru.org
Ordenan el derribo de 52 apartamentos en O Grove
Castelló: El sumario Gürtel destaca pagos de la diputación a una contratista con el reparo del interventor
LEVANTE* : La diputación de Castelló también ha resultado salpicada por el sumario judicial del "caso Gürtel" y sus contrataciones han sido objeto de atención por parte de la Policía. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica incide en el modo en que la diputación pagó facturas a una de las empresas implicadas en la presunta financiación ilegal del PP, fuera del cauce ordinario y con el dictamen en contra del interventor. Una parte del sumario detalla la actividad de las empresas, entre ellas, la castellonense PIAF, beneficiaria de contratos públicos millonarios.
El informe policial recoge algunos anuncios publicados en el DOCV y el BOE con adjudicaciones de la diputación a esta firma. Además, se hace eco de una noticia publicada por este diario donde se informaba de los reparos de la Intervención Provincial al pago de facturas de 2004 por importe de 351.668 euros. "El equipo de gobierno del PP en la diputación de Castelló plantea el reconocimiento extrajudicial de facturas de la constructora PIAF, una medida que se fiscaliza de disconformidad por parte del servicio de intervención, al entender que no se ha cumplido la normativa legal. En virtud de la mayoría que ostentan los populares, sacarán adelante la aprobación de dicho reconocimiento extrajudicial", apunta.
Los informes de la Policía Judicial que obran en el sumario Gürtel desvelan que Orange Market facturó supuestamente a PIAF, así como a otras empresas de la provincia, el coste de diversos actos del Partido Popular. Según la Policía, por una parte, la empresa de "El Bigotes" incrementaba el coste del acto del PP y, por otra, modificaba las facturas para que fueran los empresarios, y no el partido, los que abonaran el coste del evento político. De lo que deduce que existe "una financiación" de "actos del Partido Popular por parte de empresarios" que "tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las administraciones públicas".
Relación con Orange Market
El sumario judicial también ha revelado que la diputación sí que contrató con Orange Market, en contra de lo que dijo Carlos Fabra. El Bigotes hizo de intermediario para que la entidad provincial se anunciara en la televisión pública valenciana. Los papeles del sumario Gürtel dan cuenta de ocho facturas y varias propuestas comerciales en las que Orange Market figura como cliente de Canal 9 en calidad de agencia de publicidad que compra los espacios televisivos para la diputación de Castelló, la anunciante final. Las facturas responden a diversos bloques publicitarios que la corporación provincial insertó en programas en Canal 9 y Punt Dos entre marzo y abril de 2007 para promocionar sus proyectos culturales.
Además, el presidente en funciones de la diputación, Francisco Martínez, también aparece en el sumario. Su nombre figura como persona de contacto de la trama para cobrar por un acto del PP celebrado en Vila-real.
* Levante-EMV - 20.04.10
Foto: Carlos Fabra, entre los vicepresidentes Martínez y Aparici, durante un pleno de la diputación. vicent gamir, levante-emv.com
Lanzarote: 300.000 euros en pagos
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LAPROVINCIA* : El cobro de comisiones ilegales a la empresa de residuos Urbaser centra el grueso de las pesquisas. Un imputado declaró que el gerente sobornó a la ex alcaldesa de Arrecife Isabel Déniz para lograr la adjudicación del servicio. La nueva fase de la operación Unión, que ayer sacudió por tercera vez el corazón político y financiero de Lanzarote, se centra ahora en Urbaser. La empresa de ámbito nacional gestiona la limpieza y recogida de residuos en Arrecife, uno de los municipios más afectados por la trama de corrupción que investiga el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), bajo la dirección del magistrado instructor y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas.
Los investigadores siguen la pista de varios pagos en comisiones ilegales que rondan los 300.000 euros. Todo a cambio de la concesión del servicio de limpieza, que fue adjudicado el mandato anterior a Urbaser por María Isabel Déniz. La ex alcaldesa y diputada por Coalición Canaria en la pasada legislatura, en estos momentos asesora del Gobierno regional, será interrogada en los próximos días por el presunto cobro de esos sobornos, un delito por el que también están imputados el jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, y el gerente de la empresa ganadora del concurso, Jacinto Álvarez, entre otros.
Los investigadores consideran que el cerebro de esas operaciones era Arrocha, pues no sólo estaba al corriente de ellas como ingeniero jefe del departamento, sino que participaba de forma activa en los supuestos tejemanejes. En ellos se incluye el posible cobro de comisiones a cambio de tramitar con mayor celeridad determinados expedientes, además de aumentar sin justificación alguna los costes del servicio para inflar las facturas que el Ayuntamiento abonaba a Urbaser, según ha podido saber este periódico.
En ese contexto, la pista más contundente y clara seguida por los investigadores es la adjudicación del servicio de limpieza, entre otros motivos porque hay un imputado en la causa que ha reconocido y detallado el pago a terceros de las mencionadas comisiones.
Además, la Guardia Civil también ha detenido en Madrid al ingeniero de la empresa, Stephani Jean Valverde, presumiblemente por elaborar el pliego de condiciones del concurso para que la oferta de Urbaser resultase ganadora.
La redacción de las bases es potestad exclusiva de la administración, y por eso en el desarrollo del proceso administrativo se pudo haber hecho uso de información privilegiada. De ahí que los detenidos se enfrenten también a los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, aunque este último hecho delictivo parece estar más relacionado con un entramado de sociedades que concentrará buena parte del interrogatorio judicial.
Y es que Arrocha y otros dos arrestados, Julio Romero y Manuel Jesús Spínola, constituyen una empresa de asesoría técnica que está relacionada con la celebración del citado concurso. Romero arrastra una larga trayectoria de militancia en el Partido Popular (PP), fue consejero del Cabildo de Lanzarote y en la actualidad dirige una sucursal bancaria en Arrecife, mientras que Spínola es técnico de Actividades Clasificadas en la institución insular. La sociedad que está bajo sospecha se llama Gamma.
El resto de los detenidos guarda algún tipo de vinculación con la adjudicación o con la actividad de los residuos en la Isla, como es el caso de Miguel Ángel Leal (PSOE), que fue consejero del ramo en el Cabildo.
IMPORTANCIA. La Benemérita ha bautizado como operación Jable esta tercera fase del caso Unión, que sigue abierto y puede desencadenar nuevos arrestos. Se trata de "la trama más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", según explica la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en un comunicado.
La nota describe, a grandes rasgos -las pesquisas son secretas-, cómo funcionaba el entramado. "Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de los mismos, dependían en buena medida de las decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización", agrega la Guardia Civi.
* La Provincia - 20.04.10
Foto: Arrecife (Lanzarote) - lanzarote.com
El ex alcalde de Llíber intentó crear su propia trama corrupta
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ELPAÍS/Alicante* : El ex alcalde de Llíber, José Mas, del PP, intentó crear su propia trama corrupta a la sombra de las 300 casas ilegales en suelo rústico. Según el sumario, el ex regidor exigió sobornos a un empresario para obtener licencias sin tener que pasar por el cerebro de la trama, el promotor de Xàbia Miguel Muntaner. Uno de los últimos constructores imputados en el caso por estafa, el alemán Peter Schimd, desveló el pasado 1 de marzo ante la juez de Dénia que instruye el caso las intenciones del ex alcalde.
El empresario declaró que Mas le pidió un sueldo vitalicio de 3.000 euros al mes para su esposa a cambio de permitirle continuar con obras irregulares sin necesidad de volver a pagar al hasta entonces cabecilla de la red.
Schimd reconoció que comenzó a comprar parcelas en Llíber para su posterior urbanización en 2002 y que durante los meses siguientes Muntaner era el hombre clave de toda la operación: a él y no al Ayuntamiento le solicitaban las licencias y le entregaban los planos de la futura vivienda ilegal. Después, el ex aparejador municipal Amadeo Signes "preparaba el proyecto, lo pasaba por el pleno y le daba el visado", que de este modo tampoco pasaba por el Colegio de Arquitectos. Schimd añadió que una vez cumplimentado este trámite tenía que pagar a Signes una cantidad que oscilaba entre los 15.000 y los 25.000 euros. "Amador calculaba dicha cantidad abriendo su cartera y sacando un papel pequeño donde se supone que tenía anotadas las cantidades a cobrar por metro cuadrado".
El promotor alemán aseguró que llegó a pagar al ex funcionario municipal unos 200.000 euros y que Muntaner también cobraba por hacer de intermediario. Y advirtió de que en realidad lo que Signes redactaba eran memorias valorativas "que no servían para nada, pero era la única forma de obtener las licencias".El modo de operar de la trama corrupta de Llíber cambió entre 2004 y 2005, una vez que el popular José Mas salió de la alcaldía tras la llegada al poder local del PSPV. A pesar de esta circunstancia, Mas citó a Schimd para almorzar en Xaló y allí le dijo que "Miguel Muntaner no le iba a pagar más y que para que el declarante [Schmid] no tuviera ningún problema con las obras que estaban en marcha tenía que pagar a su mujer la cantidad de 3.000 euros mensuales indefinidamente y así él [Mas] trabajaría para que todo saliera bien".
Schimd afirmó ante la juez que esta propuesta le "enfadó" y que aunque le dijo a Mas que se lo pensaría "para tranquilizarlo" decidió no pagarle nada. Poco después "comenzaron los problemas y el Ayuntamiento fue paralizando las obras". El constructor añadió que sabía que en esa época Mas ya no era alcalde y que nunca le entregó cantidad alguna.
La declaración de este promotor, que era socio y gerente de la empresa Monte Puchol y que en su calidad de arquitecto -aunque no colegiado- organizaba las obras de las viviendas y elaboraba los planos, aclara además otros detalles de la trama. Tanto el ex alcalde como el ex aparejador recibieron las dádivas de los promotores (en metálico o en bienes materiales) por conceder licencias para construir los chalets que en realidad sólo servían para alzar casas de aperos o restaurar ruinas. Al respecto, Schimd asegura que se enfadó y preguntó porqué aparecía este concepto cuando él quería construir viviendas nuevas y nunca había visto ruinas en las parcelas sobre las que se tenían que ejecutar las obras. No obstante, tanto Muntaner como el ex alcalde le recomendaron que "aceptara esta forma porque era como se hacía en Llíber". En el transcurso de la declaración, cuando el fiscal insistió sobre esta cuestión, Schimd agregó que en algunas parcelas donde construyó las viviendas irregulares la ruina "consistía en restos de alguna edificación formada por varias piedras".
El promotor aseguró ante la juez que también preguntó al notario-registrador y a varios abogados sobre esta anomalía y todos le indicaron que las viviendas eran legales y que el pleno las había ratificado por unanimidad. Finalmente, Schimd declaró ante la juez que el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus, le dijo que la cantidad de viviendas avaladas por estas licencias irregulares asciende a 856, si bien en sus investigaciones la Guardia Civil las ha circunscrito a poco más de 300.
No obstante, el constructor aseguró que sus contactos con los políticos de Llíber fueron escasos y que durante los años dorados de la trama urbanística entre 1999 y 2003, cuando Mas era el alcalde, no se entrevistó con ningún concejal. Este dato demostraría cómo Miguel Muntaner monopolizaba los encuentros entre los promotores y los cargos municipales. Schimd añadió que durante la siguiente legislatura, ya bajo el gobierno socialista, sí que mantuvo una reunión con el concejal de Urbanismo.
* ELPAIS.com - 20.04.10
Foto: Llíber (Alicante) - laverdad.es
Las Bardenas Reales, territorio sin ley
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PÚBLICO/Navarra* : Ecologistas en Acción denuncia "la actitud caciquil" con las que José Antonio Gayarre gestiona un terreno declarado Reserva de la Biosfera. "El 11 de mayo de 2009, D. José Antonio Gayarre Bermejo se personó en la oficina del Guarda Forestal con numeración 2468, y en un tono amenazante, y estando alterado, le profirió expresiones como 'Si vas a hacer política, métete en política, pero a mi no me jodas, que con el polígono bastante me están jodiendo" [...] 'Mamarracho', siendo que golpeó con el puño cerrado en tres ocasiones en el pecho al Guarda Forestal".
El párrafo anterior podría parecer el inicio de una novela negra pero es uno de los hechos probados que recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en la que desestima el recurso presentado por José Antonio Gayarre Bermejo y confirma contra él la condena de 400 euros de multa por una falta de desobediencia y resistencia a la autoridad que le impuso con anterioridad el juzgado número dos de Tudela.
Nada tendría de especial este hecho si no fuera porque Gayarre es presidente de la Comunidad de las Bardenas Reales en Navarra y el director del Parque Natural y Reserva de la Biosfera y este no es más que otro episodio de "la forma caciquil" con la que Gayarre dirige uno de los enclaves naturales más importantes del país, según denuncia Ecologistas en Acción de Navarra.
Rafa Sánchez, coordinador de la asociación ecologista en Navarra, afirma a 'Público' que no es la primera vez que Gayarre protagoniza incidentes como este. Denuncia que gestiona este territorio protegido de 42.500 hectáreas "como si fuera suyo" y recuerda que Gayarre lleva al frente de la Comunidad de las Bardenas Reales "desde los tiempos del franquismo", que llegó al puesto a través del sindicato vertical de agricultura.
"Llevamos soportando a este señor 22 años, desde que nos constituimos como asociación", lamenta Sánchez, que ha visto como en estos años Gayarre ha hecho y deshecho a su santa voluntad, llegando incluso a tener "su propio guarderío privado" e incurriendo en prácticas dudosas desde un punto de vista medioambiental como meter retroexcavadoras en zonas protegidas para hacer extracciones de mineral.
Polígono de tiro
Sánchez cree que hay un déficit democrático en la junta permanente que gobierna las Bardenas Reales y denuncia que el Gobierno de Navarra protege y ampara a Gayarre: "El Gobierno de Navarra le ha otorgado ciertos privilegios y le deja hacer. De hecho, no responden a nuestras denuncias. Nos sentimos desamparados".
Uno de los focos del conflicto entre los ecologistas y Gayarre es el polígono de tiro perteneciente al Ministerio de Defensa que hay en medio del Parque y cuya licencia ha sido renovada hace poco "a cambio de mucho dinero", afirma Sánchez. Una anomalía que ocupa 2.000 hectáreas contra la que lucha Ecologistas en Acción y que genera mucha tensión en la zona entre defensores y detractores de Gayarre.
Este diario ha intentado hasta en cuatro ocasiones ponerse en contacto con el señor Gayarre sin éxito alguno. En declaraciones anteriores Gayarre ha negado todas las acusaciones contra él y en el caso de la agresión al Guarda Forestal ha llegado a decir que era miembro de Ecologistas en Acción, algo que Sánchez desmiente.
Las Bardenas Reales
El Parque Natural de Las Bardenas Reales es un territorio de 42.500 hectáreas ubicado en el sureste de Navarra. Es una zona esteparia o semidesértica con retazos de bosque mediterráneo muy bien conservado. No está habitado, aunque en sus cercanías hay unos 13 pueblos, el más importantes de ellos es Tudela. En su interior tiene un polígono de tiro que ocupa unas 2.000 hectáreas.
* Público - 19.04.10
Foto: Bárdenas Reales (Navarra) - tripadvisor.com
Castilla y León: Piden a la junta un “cambio radical” en la política urbanística
ÁVILADIGITAL* : Tras la sentencia del Tribunal Supremo que pone fin a la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, la asociación ecologista Centaurea y Comisiones Obreras piden a la Junta un “cambio radical” en su política urbanística. Consideran que la Administración regional “debe asumir que no se puede urbanizar en zonas con protecciones medioambientales o altos valores ecológicos y que debe respetar íntegramente la Red Natura 2000”.
En este sentido se han dirigido por escrito al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para pedirle un cambio radical en la política urbanística de su gobierno, de manera que “se haga prevalecer, tal y como exige la Ley, la protección del medio ambiente frente a los intereses urbanísticos”.
Destacan, además, que la sentencia del Supremo sienta jurisprudencia al indicar que cuando los terrenos están sometidos a normas especiales de protección, como era el caso de Las Navas del Marqués, o cuando, sin estarlo, concurren valores ambientales relevantes, no cabe la declaración como suelo urbanizable.
Quieren que se dé marcha atrás en otros proyectos
“La Junta de Castilla y León debe aplicar esta sentencia a rajatabla y dar marcha atrás en toda una serie de proyectos urbanísticos que están violando la legislación, al no asumir que el planeamiento ambiental debe primar y prevalecer sobre el planeamiento urbanístico, como determina la Ley”, ha declarado Carlos Bravo, portavoz de Centaurea.
A su juicio, esta sentencia reafirma el proceso penal que se abrió en 2006, y, al respecto, el responsable de Medio Ambiente de CC.OO. de Ávila, Carlos Tomás Rodríguez, señala que “como se deduce de la documentación disponible, la decisión de ejecutar la Ciudad del Golf se tomó con carácter previo a cualquier tipo de adecuación y encaje en las normas ambientales y urbanísticas; es decir, de forma autónoma y en la idea de que tenía que llevarse a término con independencia de cualquier otro condicionante”.
* Ávila Digital - 18.04.10
Foto: Navas del Marques - Centaurea-ae.org
Prevaricación en Rinlo
CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN/Galicia* : Según ha venido informando detalladamente este periódico, el fiscal especializado en la defensa del medio ambiente acaba de presentar una denuncia contra José Manuel Álvarez-Campana, actual presidente de Portos de Galicia, a quien atribuye un delito de prevaricación medioambiental y otro de prevaricación urbanística por haber aprobado en el año 2005 una declaración de impacto ambiental, favorable al proyecto de puesta en funcionamiento y explotación de una piscifactoría en Rinlo, cuando ocupaba el cargo de director general de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta en el gobierno de Manuel Fraga.
El fiscal había abierto diligencias a la vista de un escrito presentado por el colectivo ecologista Adega y teniendo en cuenta una reciente sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, en la que se anula, por ser contraria a derecho, la referida declaración de impacto ambiental, debido a que la ejecución del proyecto de piscifactoría comportaba una "afección significativa sobre el estado de conservación de dos hábitats prioritarios de la red Natura 2000", así como una "fragmentación del Espacio Natural protegido", de tal forma que existía "una potencialidad de generar un daño ambiental irreversible". Al propio tiempo, se anula también la licencia municipal de obra otorgada por el Ayuntamiento de Ribadeo. Con base en ello, el fiscal realiza un pormenorizado estudio de la normativa medioambiental infringida y llega a la conclusión de que Campana "con la finalidad de impedir el control de las instituciones comunitarias (...) no consultó a la Comisión Europea", pese a ser preceptivo, con lo que antepuso "los criterios comerciales a los medioambientales".
Ante esta denuncia, Campana (aparte de unos exabruptos dirigidos a los jueces del TSXG y al fiscal) ha esgrimido dos argumentos que son jurídicamente insostenibles. Por un lado, que la declaración de impacto ambiental que él firmó era un mero "informe", "un acto de trámite que no autorizaba la construcción de la planta", dado que la autorización final era competencia de la directora general de Recursos Mariños; sin embargo, este razonamiento olvida que en las prevaricaciones medioambientales y urbanísticas nuestro Código Penal castiga ya como autor a quien "hubiese informado favorablemente", con independencia de la responsabilidad que pudiese corresponder a quien dicte la resolución de autorización.
Por otro lado, Campana aduce que en su actuación "tampoco hay ningún daño causado". No obstante, frente a este argumento hay que oponer que los tipos delictivos de las citadas prevaricaciones no requieren daño alguno: basta con que el informe vulnere la legalidad y (según la opinión mayoritaria) que haga posible la aparición de una conducta penalmente típica contra el medio ambiente o contra la ordenación del territorio.
Por lo demás, el argumento invocado por el presidente Feijoo y por la Conselleira del Mar, relativo al hecho de que había una denuncia de Adega ante las autoridades comunitarias que posteriormente fue archivada, encierra, sin ir más lejos, un sofisma, puesto que tal archivo se produjo precisamente merced a la decisión del Gobierno bipartito de trasladar el proyecto de piscifactoría a otra zona no protegida por la Red Natura.
En suma, hay razones suficientes para que el juez competente inicie una investigación penal sobre la actuación de Campana, sin que ello prejuzgue, claro es, por el momento la existencia de indicios racionales de criminalidad que pudieran llevarle a un juicio. Con todo, a la vista de la causa seguida contra Garzón por haber iniciado y prolongado un procedimiento penal por los crímenes del franquismo, no me resisto a llamar la atención sobre el hecho de que el Tribunal Supremo ha puesto un listón muy bajo en la injusticia y arbitrariedad de las resoluciones para procesar por un delito de prevaricación. No quiero decir con ello que yo comparta la actuación jurídica de Garzón en este caso (aunque existen juristas que la avalen y el tema sea más complejo de lo que algunos creen), pero sí tengo claro que, si dicha actuación merece un juicio por prevaricación, todos los jueces españoles de lo penal tendrían que dedicarse exclusivamente de por vida a la instrucción y enjuiciamiento del ingente número de delitos de prevaricación que indiciariamente habrían aflorado de repente, entre ellos, naturalmente, los cometidos por muchos de sus propios compañeros, jueces del Tribunal Supremo incluidos.
* ELPAIS.com - Opinión - 19.04.10
Los nuevos detenidos en Lanzarote están acusados de cohecho y tráfico de influencias
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CANARIAS7* : Los ocho nuevos detenidos hoy en Lanzarote a consecuencia de la Operación Unión que investiga una presunta trama de corrupción urbanística están acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos, según informó la Guardia Civil. La ex alcaldesa de Arrecife de Lanzarote María Isabel Déniz, de Coalición Canaria, el ex consejero socialista del Cabildo Insular Miguel Ángel Leal, empleados públicos y directivos empresariales son los detenidos hoy, arrestados en una nueva "Operación Jable", se explica en un comunicado nota de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
La "Operación Jable", puesta en marcha tras analizar documentos intervenidos durante la llamada "Unión", ha permitido desmantelar "la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", se destaca en la nota.
Añade que "los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización".
La investigación, que se precisa está bajo secreto de sumario y sigue abierta, está siendo desarrollada por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.
En el marco de la llamada Operación Jable figuran como detenidos, además de María Isabel Déniz y Miguel Ángel Leal, los directivos empresariales Julio Romero, director de una sucursal de La Caja de Canarias; los gerentes de Urbaser Jacinto Álvarez y Stephani Jean Valverde, este último detenido en Madrid, según confirmaron a Efe fuentes de la investigación.
Completan la lista de arrestados el ex dirigente de la patronal turística insular Asolan Francisco Javier Armas, apoderado de FCC; el ingeniero jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Arrocha; y un técnico del área de Residuos y Actividades Clasificadas del Cabildo Insular cuya identidad no ha sido precisada.
Sus detenciones se añaden a las de María Isabel Déniz, que fue elegida alcaldesa en su momento en las listas del Partido de Independientes de Lanzarote y también ha sido diputada; y de Miguel Ángel Leal, ex consejero del área de Residuos y Actividades Clasificadas del Cabildo.
En el marco de la actuación de hoy se están practicando registros en la sede del Cabildo de Lanzarote y de la empresa Urbaser, concesionaria de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, así como en una sucursal bancaria y en domicilios y empresas del entramado de corrupción, se especifica en el escrito de la Dirección General.
"La organización investigada se ha desarticulado a raíz del análisis de la documentación intervenida en el Ayuntamiento de Arrecife, así como a diversos empresarios, en el transcurso de la 'Operación Unión' llevada a cabo el pasado año por la Guardia Civil", se agrega en el texto.
* Canarias 7 - EFE - 19.04.10
Foto: Arrecife (Lanzarote), cabildo - diariodelanzarote.com
Ética - Forges
Viñeta: Forges, ética - 20100418 elpais.com
Jueces y fiscales discrepan sobre qué considerar delito urbanístico
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ELPAÍS/Málaga* : El alcalde de La Viñuela, Juan Millán, acaba de ser condenado a una pena de inhabilitación y multa por conceder tres licencias para construir en suelo no urbanizable. La ex alcaldesa de Cártama, Leonor García-Agua, ha sido absuelta por haber autorizado licencias de segregación de fincas para construir en suelo rústico. El ex alcalde de Sayalonga José Luis Navas ha sido absuelto por la Audiencia de Málaga, que revocó la condena a un año de prisión que le impuso un juez de lo penal y por la que dimitió del cargo.
Cada uno de estos tres recientes casos con resoluciones tan dispares tiene evidentemente sus particularidades, pero presentan un denominador común, se trata de prevaricación urbanística por autorizar construcciones en suelo no urbanizable y en los tres la fiscalía solicitaba penas de prisión.
La jurisprudencia de los tribunales malagueños no muestra un criterio único en la respuesta a los casos urbanísticos, y deja de relieve la disparidad de criterio entre la fiscalía y la Audiencia Provincial sobre cuándo deben considerarse delito las ilegalidades urbanísticas y aplicar el Código Penal y cuándo basta con la sanción del derecho administrativo.
En una provincia donde hay más de una veintena de alcaldes imputados en causas por este tipo de delitos, el debate se mantiene también en el ámbito político. El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, promovió hace dos años un foro que reivindica que no se juzgue en la vía penal la construcción de viviendas unifamiliares en el suelo no urbanizable. Sólo en la comarca de La Axarquía se estima que existen más de 10.000 casas en suelo rústico.
El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, recuerda que "el derecho penal se rige por el principio de la intervención mínima", por lo que aboga por dejar el Código Penal "sólo para situaciones extremas". "Cuando las infracciones no son muy groseras y no ha habido cohecho de por medio, entiendo que la intervención debería venir por el derecho administrativo", explica.
Arroyo Fiestas conmina a tener en consideración cuestiones como "ayuntamientos muy pequeños, deprimidos económicamente, que tienen poco asesoramiento y apenas medios", que cuando han autorizado construcciones lo han hecho sin mala fe.
El presidente de la Audiencia sostiene que es la fiscalía la que tiene que marcar un criterio de actuación, ya que los jueces no intervienen en estos asuntos si no es a instancias del ministerio público.
Y la postura que defiende el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, es que hay una respuesta penal justamente porque la extensión de las ilegalidades es lo que hizo que se incluyeran en el Código Penal los delitos urbanísticos para dar respuesta a una situación abusiva. "En una sociedad normalizada, el juego del derecho administrativo frente al penal está bien, pero cuando se exagera y hay abuso hay que tomar medidas más contundentes", explica.
Morales rechaza que se reste importancia a la concesión de licencias en suelo no urbanizable porque se trata de un fenómeno y "no es ya un daño particular o privado, sino que hay un perjuicio colectivo, al paisaje y al medio ambiente, y también tiene consecuencias económicas importantes para la sociedad, que tiene que hacer frente a servicios de saneamiento, agua, etcétera".
El fiscal jefe sostiene que sería "contraproducente" unificar criterios previamente y que conviene actuar caso a caso analizando las circunstancias específicas de cada uno.
Graduación de penas
En la práctica judicial española difícilmente hay dos casos idénticos, por más que lo aparenten. El Código Penal establece para el delito de prevaricación urbanística la posibilidad de penas de inhabilitación, multa económica y prisión. La cuestión está en qué graduación aplicar en cada caso. José Carlos Aguilera, abogado malagueño de dilatada experiencia como acusación y defensa en delitos urbanísticos, se queja de que por lo general las sentencias no especifican la motivación de por qué la pena impuesta entre las posibles. Ello contribuye a la confusión. No es fácil entender por ejemplo por qué permitir dos edificios con 237 viviendas en suelo de sistema general de espacios libres mereció seis meses de prisión ( caso Banana Beach) y un año la licencia para tres unifamiliares en suelo con menos protección del caso Proinsa.
Se supone que la graduación de penas obedece a la gravedad de cada asunto. Pero no sólo las penas, los propios casos en ocasiones parecen algo incomprensibles, como el procesamiento a un alcalde por dar una licencia que posteriormente revisó y anuló y sin que llegara a hacerse obra alguna.
* ELPAIS.com - 19.04.10
Foto: Construcciones diseminadas en suelo rústico en la comarca de la Axarquía, en el término de Alcaucín (Málaga).- JULIÁN ROJAS, elpais.com
El TSJC anula una zona escolar de Torrelles al estar en terreno inundable
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ABC/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado «la nulidad de pleno derecho» de la modificación del Plan General de Torrelles y del Plan Parcial de Can Coll de ese municipio por, entre otras razones, «calificar como equipamiento escolar una zona inundable en una extensión de 209 m2». Junto a la riera de Torrelles están construidos y en funcionamiento una guardería y un CEIP, ya que el proyecto ahora anulado se aprobó el 14 de abril de 2005 y el fallo de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC se comunicó a las partes el pasado jueves.
La plataforma ciudadana Salvem Can Coll recurrió a los tribunales porque el departamento de Política Territorial y Obras Públicas, dirigido por el conseller Joaquim Nadal, desestimó el recurso de alzada que interpuso contra los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de 13 de julio de 2005. Además de señalar la zona inundable, la Plataforma Salvem Can Coll denunciaba que una parte sustancial de las 198 viviendas que el Ayuntamiento permite construir a cambio de ceder los terrenos junto a la riera para equipamientos escolares, se encuentran en una pendiente superior al 20%, extremo prohibido por la vigente legislación urbanística.
El Ayuntamiento de Torrelles, presidido por Glòria Matas (ERC) con el apoyo del PSC, tiene diez días para recurrir al Tribunal Supremo. Fuentes de la plataforma ciudadana desconocen todavía qué zona escolar ha sido declarada inundable por el TSJC, y señalan que en el caso de que el Alto Tribunal declare firme la sentencia catalana, «el Ayuntamiento tendrá que volver a tramitar la modificación del Plan General y el Plan Parcial de Can Coll, pero partiendo de cero».
Esa circunstancia supone aplicar la ley que prohibe edificar en pendientes superiores al 20%, un extremo que ya apuntan en su fallo los magistrados José Juanola, María del Pilar Martín y Ana Rubira, al señalar que como la modificación del plan parcial se aprobó antes de su entrada en vigor, no pueden considerar la ley de las pendientes.De aplicarse ahora esa norma, rebajaría notablemente el número de viviendas a construir en la zona de montaña, ya que las obras de urbanización y las cesiones de terrenos anticipadas se realizaron en función de una techo edificable planificado ilegalmente.
* ABC - 19.04.10
Foto: Torrelles (Barcelona) - enciclopedia.cat
La crisis llena Granada de promociones 'fantasma'
GRANADAHOY* : Los años dorados del ladrillo cambiaron la fisonomía de las ciudades, transformaron por completo el litoral y auspiciaron la expansión de los municipios del Área Metropolitana. Ahora, dos años después de que reventara la burbuja inmobiliaria, la crisis también ha determinado la apariencia de la provincia. Los edificios a medio terminar, las obras finalizadas y sin apenas ocupación han convertido a algunas zonas de Granada en poco menos que ciudades 'fantasma'. El último censo de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada cifraba en más de 18.000 las viviendas terminadas y sin vender de la provincia.
De ellas, 13.000 se encuentran en el Área Metropolitana, repartidas entre los municipios más relevantes y los más pujantes pueblos dormitorio. Granada (que concentra 2.000 viviendas en stock), Atarfe, Albolote, La Zubia o Las Gabias son algunos de los puntos clave de la radiografía de los inmuebles vacíos, de las promociones 'fantasma' que han aflorado en los dos últimos años.
Aunque la Costa Tropical tampoco se queda atrás, aquejada de la caída de las ventas de segunda residencia que han traído consigo el aumento del desempleo y la contención del consumo. Los municipios de la comarca costera suman, según los datos oficiales recogidos por la patronal de la construcción, 1.829 inmuebles vacíos.
El secretario general de la ACP, Francisco Martínez Cañavate, explicó que la paralización del sector inmobiliario ha frenado considerablemente la expansión de los principales municipios granadinos. "Lo que ha sucedido es que en los últimos años se ha hecho más planeamiento del realmente necesario porque las expectativas han sido mayores. Además, en algunas zonas la tipología de la oferta no ha concordado con la demanda real", indica Martínez Cañavate.
Viviendas de lujo en pueblos con escaso mercado inmobiliario, promociones de cientos de viviendas en municipios como Láchar o Cijuela, con una población de apenas 3.000 habitantes... Los planteamientos urbanísticos que desarrollaron durante los años del 'boom' inmobiliario muchos ayuntamientos de la provincia y los proyectos alejados de la realidad puestos en marcha por las constructoras y promotoras han tenido un resultado muy claro en la provincia.
Un ejemplo, el último informe elaborado por la Asociación de Promotores y Constructores cifraba en 931 el total de viviendas vacías de los municipios del Poniente (Algarinejo, Chimeneas, Húetor Tájar, Íllora, Loja, Moclín, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Sálar, Villanueva de Mesía y Zagra). Pues bien, según los datos del Ministerio de Vivienda -que incluye la cifra total de compraventas por municipios-, a lo largo de 2009 la comarca del Poniente sólo registró 257 transacciones inmobiliarias. Es decir, que el stock existente en la actualidad podría tardar más de tres años y medio en disolverse, ya que la demanda de vivienda en la zona no logra cubrir la oferta. Es más, tomando como referencia un buen año para el sector inmobiliario, el de 2007, la conclusión es muy similar. En 2007 se vendieron en el conjunto de los municipios del Poniente 613 viviendas, lo que significa que en condiciones similares -cosa poco probable, ya que difícilmente el nivel de ventas volverá al de los años dorados- la demanda tardaría en absorber el stock más de un año y medio. Y esta situación puede extrapolarse a casi la totalidad de las comarcas granadinas.
Atarfe es uno de los municipios más afectados por la proliferación de promociones vacías que ha seguido a la caída de la actividad inmobiliaria. El alcalde, Tomás Ruiz, confirma que la crisis de la construcción ha afectado "mucho" al municipio y cifra en casi dos millares las viviendas vacías que ahora 'reinan' en las principales zonas de expansión de la localidad. "Hay promociones terminadas y sin vender y viviendas que se han dejado a medio terminar por la falta de ventas, sobre todo en la zona de la nueva plaza de toros y junto al tanatorio municipal", explica Ruiz, que apunta que esta situación "repercute bastante en el municipio", ya que lastra la llegada de nuevos vecinos y frena los empadronamientos. Además, por supuesto, de afectar a las arcas municipales. "Algunos empresarios han llegado a acuerdos urbanísticos con el Ayuntamiento y ahora no los pueden atender, lo que provoca problemas de liquidez en el Consistorio".
En Alhendín el problema del stock de vivienda se ha solucionado, sobre todo, recurriendo al alquiler. El alcalde del Ayuntamiento de Alhendín, Miguel Ángel Gamarro, indica que el desarrollo urbanístico del municipio ha dado como resultado el inicio de un gran número de promociones, pero asegura que "lo que no se ha vendido se está dirigiendo al alquiler", por lo que "el porcentaje de viviendas sin vender no es representativo". De hecho, la mayor promoción que se ha puesto en marcha en el municipio en los últimos años, la de Novosur, ya tiene una ocupación del 70%. "Sigue habiendo promociones vacías, pero se siguen alquilando y vendiendo. Es cierto que a menor ritmo, pero hay que tener en cuenta que la vivienda sigue siendo una necesidad".
El concejal de Urbanismo de Motril, José Luis Chica, explica que aunque la crisis también ha afectado al municipio, el stock no es tan pronunciado como en el resto de la provincia. "La zona más afectada es Playa Granada, donde puede haber unas 200 viviendas sin vender. En Motril no hay grandes promociones y la mayoría se han vendido, aunque puede haber alrededor de 300 viviendas vacías", confirma Chica.
Salobreña es otro buen ejemplo de los muchos que afectan a la provincia. El concejal de Urbanismo, Manuel Pérez Cobos, asegura que "hay muchas promociones que se han quedado vacías" como consecuencia de la caída de las ventas, que también ha provocado un grave descenso de los ingresos municipales. Además, Cobos apunta que más de medio millar de viviendas que tienen licencia de obras han sido paralizadas ante la difícil situación que atraviesa el sector.
* Granada Hoy - 19.04.10
Foto: granadahoy.com
La tragedia de El Cabanyal
ÀLVAR PERIS* : Escuecen todavía en la retina las imágenes en El Cabanyal, cuando la policía no tuvo ningún miramiento a la hora de golpear a los ciudadanos que se habían concentrado pacíficamente tratando de parar la acción de las máquinas sobre el barrio valenciano. Naturalmente, también hay que censurar la actuación de algunos manifestantes que lanzaron piedras y otros objetos provocando algún herido leve entre las fuerzas de seguridad. En cualquier caso, no encontramos una justificación para la desmesurada y excesiva contundencia con la que se emplearon los cuerpos policiales, que obligó a los servicios de emergencias a atender a un par de personas y provocó tensión y ansiedad en numerosos asistentes, que nunca hubieran imaginado verse en una de esas.
Más allá de preguntarnos si éste es el cometido de los cuerpos de seguridad en una sociedad democrática del siglo XXI, el suceso vuelve a situar la problemática de El Cabanyal en primera línea de la agenda mediática y política. La entrada en vigor de la ley autonómica 2/2010, de 31 de marzo, vuelve a plantear una disputa competencial entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, que ya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Lo mismo hizo hace unos meses con el decreto ley que retiraba la protección de Bien de Interés Cultural al barrio y que elaboró el gobierno autonómico para contrarrestar la orden ministerial que imposibilitaba la continuación del PEPRI de El Cabanyal por parte del Ayuntamiento. En aquella ocasión, el Tribunal Constitucional aceptó el recurso del Gobierno y las obras tuvieron que pararse. Ahora, mientras se resolvía este segundo recurso, el Ayuntamiento de Valencia ha decidido echarse al monte y derribar todas aquellas casas que había comprado a través de la sociedad Cabanyal 2010 y que, según fuentes municipales, están fuera del espacio protegido. El reciente pronunciamiento por parte del Consejo de Estado, con carácter de urgencia, sobre la más que probable inconstitucionalidad de la ley autonómica, pone al gobierno municipal en un nuevo brete. Sin embargo, hasta el momento, nada ha impedido a Barberá y los suyos continuar contra viento y marea un proyecto que, conviene recordarlo nuevamente, es un disparate social y económico.
En primer lugar, y como han explicado en los últimos años expertos de disciplinas muy diversas, la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hacia el mar, partiendo en dos la trama urbana de los poblados marítimos, no es una necesidad para Valencia. Con la recuperación de El Grau y la desembocadura del cauce viejo del Turia, la ciudad tiene alternativas igualmente válidas de conexión con la fachada marítima sin tener que echar abajo más de 450 inmuebles. Este tipo de decisiones, desde un punto de vista urbanístico, pudieron tener sentido años atrás, cuando la modernidad y el progreso solían estar ligadas a la destrucción de barrios y calles marginales y poco salubres, independientemente de su valor histórico o arquitectónico. En los tiempos actuales, la modernidad y el progreso están unidas a un urbanismo sostenible, que apuesta por la calidad de vida de las ciudades y de sus habitantes y que prefiere la rehabilitación a la destrucción.
Por tanto, el proyecto de ampliación no se justifica en términos urbanísticos. Tal vez se trate de una cuestión mental. En varias ocasiones hemos oído que la culminación de este proyecto supondrá que Valencia "se abra, por fin, al mar". Hasta donde se sabe, desde finales del siglo XIX los habitantes de El Cabanyal y del resto de poblados marítimos forman parte de Valencia, son Valencia. En consecuencia, Valencia, como mínimo desde esa fecha, nunca ha estado de espaldas al mar. Otra cosa es que los habitantes que ocupan esa primera línea marítima sean gente humilde, trabajadores, pescadores y portuarios, y no la gente pudiente, burguesa y adinerada del centro. Hace unos meses, en una tertulia del canal público de noticias 24.9, una periodista se mostró a favor del plan porque así, desde su casa cercana a Viveros, podría ver el mar. Poco le importaba que para conseguir ese sueño se tenga que echar de sus casas a 1.600 familias, en una nueva demostración de cómo los sectores dirigentes pasan por encima de los barrios populares.
Si lo que se pretende, en el fondo, es sustituir a la gente que ahora vive en El Cabanyal por personas con solvencia económica dispuestas a pagar un buen dinero por los pisos que se construirán en primera línea de la futura avenida, que se diga abiertamente. De todos modos, si en algún tiempo el proyecto pudo ser un negocio redondo, en la actualidad esa pretensión no se sostiene. En medio de una de las crisis económicas más devastadoras de la historia, y con más de 60.000 viviendas vacías en la ciudad, no parece que sea buena idea seguir apostando por la construcción como modelo productivo. De hecho, las empresas que debían encargarse de la construcción de los nuevos edificios han abandonado la sociedad Cabanyal 2010 incapaces de seguir aportando el dinero imprescindible para realizar las expropiaciones. En ese sentido, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat se han quedado solos en el proyecto. Más les valdría darse cuenta del valor turístico que podría tener la ciudad con unos barrios marítimos perfectamente rehabilitados y protegidos, con servicios e infraestructuras de primer nivel, en los que no sólo se pudiera vivir dignamente sino que el que viniera de fuera también los pudiera disfrutar al máximo.
Explicaba el urbanista Francesc Muñoz en su brillante estudio Urbanalización, que en la época de la globalización las ciudades cada vez se parecen más y hacía especial hincapié en los frentes marítimos. ¡Lo que darían muchas ciudades por tener un frente marítimo con la especificidad de El Cabanyal! Nuestras autoridades locales y autonómicas deberían comprender que en plena globalización, lo que atrae a los visitantes no es la repetición, sino la singularidad: la de una manera de vivir y de entender la vida, la de una arquitectura y una trama urbana peculiar. Eso es lo que la gente quiere ver y que se debe poner en valor.
Por último, el PEPRI de El Cabanyal plantea un debate moral de primera magnitud. Entre las 1.600 familias que tienen que abandonar sus hogares, se encuentran numerosas personas mayores que han pasado toda su vida en esas mismas calles, rodeados de su familia y amigos. Y las tienen que dejar porque sí, porque un proyecto municipal pasa por encima de unas casas llenas de recuerdos, que en algunos casos pertenecen a la familia desde hace varias generaciones y que esperaban entregar a sus hijos. Si acceden a vender sus propiedades a la sociedad Cabanyal 2010, su destino no está en primera línea de la futura avenida sino lejos del barrio, habiendo de hipotecar a sus hijos porque los bancos ya no les conceden créditos. Eso en el mejor de los casos. En el peor, mejor no saberlo. Y algunos de los cargos públicos responsables de esta injusticia aseguran que son cristianos practicantes. Extraña religión esta que siente poco aprecio por el prójimo y el más débil.
Es indudable que, además de la ambición personal de las autoridades municipales, el proyecto de ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez sobre El Cabanyal esconde unos intereses poco transparentes, que benefician a una parte de la sociedad y no al colectivo. Y todo por esa franja de territorio tan codiciosa que es la primera línea de la costa, antes detestada por ser tierra de mosquitos y malaria, ahora ávida de dinero fácil. Sus habitantes lucharán hasta el final por sus casas, pero saben que están inmersos en una guerra desigual. La privilegiada situación de El Cabanyal puede suponer su muerte. Esa es su tragedia.
* Àlvar Peris es profesor de Comunicación Audiovisual de la Universitat de València.
* ELPAIS.com - Opinión - 19.04.10
Galicia: Tormenta antes del pacto
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ELPAÍS* : Si la política territorial del bipartito tenía un paradigma, se llamaba Barreiros. Si la del Gobierno del PP también lo tiene, lleva el nombre del mismo pueblo. De la paralización de 3.174 viviendas presuntamente ilegales en un municipio de no más de 3.000 habitantes, al convenio que pretende regularizarlas. En medio, la descomposición de la agencia que vela por el control urbanístico, la autorización de piscifactorías en espacios protegidos y una polémica reforma de la Lei do Solo. La política territorial de la Xunta, tachada de liberalista, más que debate ha generado controversia, acotada entre ovaciones cerradas de los promotores y descarnadas críticas de movimientos ecologistas.
El modelo, en definitiva, se agita en vísperas de un pacto territorial que parece alejarse.
Y eso que nadie discute la necesidad de sellar un gran acuerdo urbanístico, algo que no ocurre desde 1995, cuando todas las fuerzas parlamentarias pactaron la Lei de Ordenación do Territorio. "Si algo precisa el debate urbanístico es sosiego. Por eso estamos preocupados, muy preocupados", confiesa el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia. Celestino García Braña combina prudentes silencios con halagos a decisiones como la modificación de las Normas del Hábitat, pero también con críticas veladas a la reforma de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. "Su trayectoria y el director destituido fueron ejemplares, y es uno de esos ámbitos que no pueden estar sujetos al debate político", relata. Ahora lo están, después de que la Xunta de Feijóo incrementara su control de la agencia mediante una modificación estatutaria. Para los ecologistas es un claro ejemplo de "la voladura controlada" de la disciplina urbanística. "De forma premeditada, volvemos a las andadas, al ti vai facendo y al desorden territorial", sostiene Fins Eirexas, secretario ejecutivo de Adega.
El caso de Barreiros, otro de los grandes hitos urbanísticos de los últimos meses, provoca coincidencia sólo en la condena de las obras. Pero no falta quien aplauda el millonario convenio que lo legaliza, incluso en el caso de que se nutra exclusivamente de fondos públicos. "Esos promotores tenían unas licencias de edificación, y por lo tanto cobertura legal", precisa Javier Garrido, presidente de los promotores de Pontevedra. "Y hay que tener en cuenta la cantidad de impuestos que pagaron constructores, promotores y compradores". Así que concluye: "La sociedad ha salido clarísimamente beneficiada".
En el extremo contrario de su planteamiento se sitúan especialistas en urbanismo como el doctor en Derecho Enrique Sánchez Goyanes: "Si hay una infracción de la ley, no se puede legalizar con un convenio, porque los derechos que se protegen son menores que los que se ven afectados". Comparte su opinión la arquitecta Ana Fuentes. "Se le está diciendo a los ciudadanos que, en realidad, da igual: si el alcalde es poderoso, le legalización llegará", explica. Y, por supuesto, los ecologistas. "En ese convenio, la Xunta se ha retratado, y espero que haya consecuencias jurídicas", avisa Eirexas.
El decano de los arquitectos aporta algunos matices. "La actuación urbanística de Barreiros es catastrófica, pero tiene una difícil solución". La posibilidad de hacerlo con dinero de la Administración es "tremenda", pero Braña admite que rescatar con fondos públicos a los culpables fue exactamente lo que hicieron los gobiernos con los bancos cuando estalló la crisis económica. ¿Y qué piensan los alcaldes? "Dar servicios a unas viviendas no es una legalización, porque los procesos judiciales seguirán su curso", argumenta el presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, del PSdeG, que añade: "¿Alguien está dispuesto a arreglarlo con una demolición masiva? No lo creo". Fernández obvia que el Gobierno de Feijóo, al tiempo que redactaba el convenio, ha empezado a retirar algunos de los contenciosos en los juzgados.
Otro de los grandes debates gira alrededor del Plan de Ordenación del Litoral. Ahí, la principal objeción es de fondo. "Y no es menor, porque afecta a la arquitectura legislativa", advierte el catedrático Sánchez Goyanes. Se trata de la anteposición del plan a las Directrices de Ordenación del Territorio, aplazadas por la Xunta con argumentos poco convincentes. "Es una arbitrariedad administrativa", denuncia, que "adolece además de algo tan elemental como un estudio económico".
Le ocurre al Plan del Litoral como a la propia reforma de la Lei do Solo, aprobada recientemente por el Parlamento: que tiene tantas interpretaciones como analistas. Como explica la arquitecta Fuentes, "la interpretación es tan o más importante que la letra", aunque en el caso de la Lei do Solo "al PP se le ha ido la mano". "Se necesitaba una reforma, pero hemos pasado al otro extremo", lamenta. Los promotores, en cambio, la critican por "poco ambiciosa", y Sánchez Goyanes la tacha de "híperliberalista".
El presidente de la Fegamp defiende la reforma de la ley urbanística por excelencia que partió de los propios alcaldes. Sus efectos sobre la dispersión de la población y la legalización de viviendas sin licencia también generan un fuerte debate, pero en el fondo subyace una decidida apuesta por las competencias de los alcaldes sobre el urbanismo. Y ahí saltan las alarmas, porque los ayuntamientos no andan sobrados de medios técnicos ni económicos. Y en esas circunstancias, como precisa el decano de los arquitectos, lo que les conviene es "conceder licencias con generosidad".
Hitos del urbanismo de la Xunta
- Piscifactoría de Touriñán. El PSdeG quiso ilustrar en Touriñán su politica de defensa medioambiental, y paralizó la piscifactoría nada más llegar a la Xunta. Otro tanto hizo el PP, pero en sentido contrario. "Se pueden hacer piscifactorías en la Red Natura y las haremos", ha declarado Feijóo.
- Convenio de Barreiros. Xunta, Diputación y Ayuntamiento aportarán 14 millones de euros para dotar a las más de 3.000 viviendas ilegales de Barreiros de servicios de los que carecen. De la aportación de los promotores, de momento nada se sabe.
- Axencia de Protección da Legalidade. Instigada por alcaldes, la Xunta incrementó su control de la agencia, le retiró inspectores y competencias y destituyó a su director, principal responsable de la paralización de las urbanizaciones de Barreiros.
- Plan de Ordenación do Litoral. Deja fuera de sus previsiones tanto a las plantas acuícolas como a los parques eólicos. Se le critica por su ambigüedad, por carecer de un estudio económico y por anteponerse en el tiempo a las Directrices de Ordenación del Litoral.
- Reforma de la Lei do Solo. El último gran debate urbanístico. Sus aspectos más polémicos son la legalización de casas y naves industriales sin licencia y la cesión de competencias a los ayuntamientos. No hay acuerdo sobre si combate o fomenta la temida dispersión de la población.
- Relleno de Marín. Suma más de 300.000 metros cuadrados. La Xunta pretende obviar la sentencia del Tribunal Supremo que lo anuló con un informe que considera que el plan del puerto está en vigor gracias a una modificación posterior.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 18/04/2010
Foto: Barreiros (Lugo) - mma.es
Segovia 21: la huella castellana de la Gürtel
CLAUDIO SARTORIUS* : Segovia 21 ha sido una empresa con una actuación irregular que Ecologistas en Acción de Segovia viene denunciando desde hace tres años. Jesús Merino, nacido en Hontalbilla, Segovia, es en la actualidad Diputado por Segovia del PP. Durante años ha sido vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y, por ello, una de las personas más influyentes en la provincia y en la Comunidad. Ahora aparece relacionado con la empresa Segovia 21 en el caso Gürtel.
Segovia 21 S.A. se constituyó en 2002 entre la Diputación Provincial de Segovia (87%) y la Cámara de Comercio (13%) como sociedad anónima de capital público, pero días después la Cámara vendió parte de sus acciones a Caja Segovia, lo que permitió en 2005 el acceso como accionista de Segobrida del Eresma, S.A. (integrada por Caja Segovia, Caja Círculo de Burgos, grupo Arranz Acinas y grupo Antolín), que posee ahora el 42 % de la edificabilidad y el 16 % de las acciones de Segovia 21.
El propósito de la empresa fue crear una urbanización de lujo con el atractivo del campo de golf, Faisanera Golf, además de un parque empresarial. Esta urbanización viene siendo denunciada por Ecologistas en Acción como un gran pelotazo urbanístico fraguado desde la órbita del poder del PP con el beneplácito del PSOE y la colaboración del alcalde de IU de Palazuelos de Eresma (Segovia), donde se ubican los terrenos de Segovia 21. La operación fue diseñada con la colaboración de la Cámara de Comercio desde la Presidencia de Caja Segovia y de la Diputación Provincial, siendo titular de ambas Atilano Soto Rábanos, del PP, que fue nombrado, además, presidente de Segovia 21. Los terrenos eran Monte de Utilidad Pública cuando Soto empezó a dibujar la operación urbanística en 1999. La finca contaba con 116 hectáreas junto a la carretera de Segovia a La Granja, a los pies de la Sierra de Guadarrama. Tenía una valiosa vegetación y la única población de olmo blanco (ulmus laevis) de la vertiente Norte de esta sierra, recién descubierta por un estudio científico auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente. Este hábitat, donde anidaban rapaces protegidas, como el milano negro, daba cobijo a una variada fauna, como corzos, jabalíes, pequeños mamíferos y anfibios. Además, este Monte tenía historia. Era conocido como la finca de Quitapesares, pues perteneció a la reina María Cristina, mujer de Fernando VII, y se cuenta en documentos de la época que el nombre se debe a que la reina tenía allí sus encuentros amorosos con el Guardia de Corps con el que después se casó.
Anatomía de un pelotazo
El primer paso consistió en descatalogar el monte, aunque acababa de ser reforestado con 11.000 robles, fresnos y encinas con fondos europeos. Sin embargo, la descatalogación fue rechazada por la Junta en 2001. A partir de 2002 se solicitaron descatalogaciones parciales, que fueron aprobadas y concluyeron con la exclusión total del monte en 2004. Todo esto a pesar de los informes desfavorables de los ingenieros de Segovia, que no se tuvieron en cuenta, porque el Jefe de Servicio de Valladolid vino a la finca para emitir un informe ad hoc.
El siguiente paso fue adquirir la finca. La Diputación puso los terrenos y Caja Segovia y la Cámara de Comercio pusieron el dinero como socios del proyecto. 104 hectáreas de la finca de Quitapesares fueron entregadas a Segovia 21 al precio de 16.845.700 euros, es decir, 16,22euros/ m2 de promedio, en tres operaciones sucesivas, conforme a las tasaciones realizadas por Valtecnic, S.A. y por Tasaciones Inmobiliarias, S.A. (TINSA), con unas valoraciones muy bajas [ver recuadro].
Fue preciso modificar el plan urbanístico de la finca de Quitapesares para poder encajar los 238.000 m2 construibles y el campo de golf. Aquí entró Fomento Territorial, S.L, contratada en 2002 por Segovia 21 para la gestión integral del parque residencial, empresarial, de ocio y campo de golf, del mismo nombre. Fomento Territorial pagó 1.200.000 euros a las empresas Everland, S.L. y Serrano Global 50 Consulting, propiedad de Jesús Merino, según han recogido los medios de comunicación del sumario Gürtel, donde se dice que Fomento Territorial coordinó “un importante proyecto de construcción de un parque empresarial en Palazuelos del Eresma (Segovia)”, en referencia a Segovia 21.
La operación urbanística contó con la connivencia de Domingo Asenjo, actual alcalde de IU en Palazuelos de Eresma, que aprobó el Plan urbanístico de Segovia 21 y admitió que no hubiera ninguna Vivienda de Protección Oficial.
Las obras de urbanización fueron adjudicadas en concurso público por Segovia 21 en 14.092.900,16 euros a Begar Construcciones y Contratas, S.A., de José Luis Ulibarri (también imputado en el caso Gürtel), no por su precio, superior en dos millones a la mejor oferta de las 23 presentadas, sino por sus condiciones técnicas.
Toda esta operación urbanística fue denunciada por un particular en 2007 y tras la imputación de Atilano Soto por el Juzgado, la Audiencia Provincial de Segovia archivó las diligencias penales por considerar que no existía delito alguno. Diversas organizaciones han denunciando estos hechos desde hace tres años con manifestaciones de protesta en Segovia. En 2007 la Real Academia de la Historia apoyó las denuncias en un documento en el que destacaba el valor cultural de la finca, calificando las actuaciones como “artimañas territoriales”.
Ecologistas en Acción ha presentado tres recursos contenciosoadministrativos contra los acuerdos de descatalogación del monte y contra el Plan urbanístico, que carece de abastecimiento de agua. El Tribunal Superior de Justicia de Burgos se pronunciará el 22 de abril sobre la descatalogación del monte público, hoy urbanización privada Segovia 21.
Las turbias tasaciones de los terrenos
Las tasaciones de la parte edificable de la finca de Quitapesares se realizaron entre 2002 y 2003 sin ningún documento acreditativo de la edificabilidad. Los tasadores Valtecnic, S.A. y TINSA partieron de hipótesis: una construcción de viviendas estándar y de protección oficial (VPO), con una edificabilidad de la mitad de la finalmente aprobada (238.000 m2). Tampoco tuvieron en cuenta el factor revalorizador del campo de golf (15%). De haber conocido los tasadores el proyecto que realmente había aprobado la Diputación en 2002, el valor de tasación se hubiera duplicado o triplicado. Además, la Diputación admitió una rebaja en el precio del 20%, aplicable a las VPO a pesar de saber que no se construirían. Los 608.316 m2 de terreno para campo de golf se tasaron a 3,5 euros/m2. Las cifras de negocio se están viendo ahora: el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma acaba de sacar a subasta pública una parcela empresarial de 2.975 m2 en 1.353.450 euros con un precio de 350 euros por m2 de edificabilidad (cinco veces el precio de tasación). Además, Fomento Territorial. S.L. anuncia en internet chalets de 4 a 7 dormitorios en parcela de 800 m2 a partir de 850.000 euros. Nada más lejos de las viviendas de protección oficial que sirvieron de parámetro para la tasación de la finca.
* Claudio Sartorius Alvargonzález es urbanista, abogado y miembro de Ecologistas en Acción de Segovia.
* Diagonal - Opinión - 15.04.10
Foto: Segovia, Segovia_21 - C.Sartorius (Diagonal)
Santanyí: El ex edil del PP Obrador deberá derribar su casa
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DIARIODEMALLORCA* : Vidal renuncia a calificar sa Teulera como núcleo rural aislado y la oposición exige celeridad. La polémica casa promovida hacia el año 2000 por el ex concejal de Hacienda del ayuntamiento de Santanyí, Sebastià Obrador (PP), junto al campo de fútbol de s´Alqueria Blanca, en la zona de sa Teulera, tendrá que sufrir derribos a fin de restituir la legalidad urbanística.
En el pleno de ayer, la oposición en bloque (PSOE, PSM y UM) presentó con éxito una moción para exigir al alcalde, Miquel Vidal (PP), que reanudase sin más dilación el expediente de restauración de la legalidad urbanística y el pertinente expediente sancionador por infracción. La discutida vivienda con privilegiadas vistas a Consolació ocupa más de 250 m2 en una parcela de 4.187, siendo necesarios para su legalización 14.000. En la última década, dos resoluciones judiciales concluyeron que esta obra nueva era ilegal e ilegalizable. Antes había una pequeña caseta de menos de 100 m2 sin permiso.
Hace unos meses, el PP aprobó en solitario un avance de las normas urbanísticas que contemplaban declarar núcleo rural aislado sa Teulera, lo que podría legalizar la controvertida casa de Obrador.
Finalmente, ayer, el alcalde explicó que se reunió con la veintena de propietarios de fincas de sa Teulera, y "puesto que la mayoría rechazan esta declaración", el PP optó por "borrar" su inclusión. Esto significa que seguirá como zona rústica y Obrador "deberá adecuar su obra, que pasa necesariamente por demoliciones". La oposición rechaza que el expediente estuviera paralizado "cinco años", insinúa "deudas políticas recompensadas con favores urbanísticos" y no descarta aún llevar el tema a Fiscalía Anticorrupción "si no hay celeridad y respeto estricto de las leyes".
Contencioso contra Industria
Por otra parte, el PP aprobó en solitario que el Ayuntamiento interponga un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, contra la resolución del director general de Industria del Govern por la que se acepta el plan de restauración de la cantera sa Creu, en cuya propiedad está vinculado el líder de UM, Biel Vidal. El PP no quiere la explotación de grava ya que "no tiene licencia de actividades" y cree que el talud previsto "no aguantará el futuro camino". La oposición discutió el criterio del PP, teme que la solución (reparación del camino) se eternice y reprocha que hay "ajuste de cuentas".
* Diario de Mallorca - 18.04.10
Foto: Santanyí (Mallorca) - mallorcaweb.com
Santa Cruz: Urbanismo regaló 6.000 metros cuadrados a la inmobiliaria familiar de Hermoso
CANARIASAHORA* : La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife llegó a autorizar en agosto de 2009 que en la parcela de la antigua fábrica de lácteos Celgán, un solar de 6.003 metros cuadrados, de los que una tercera parte debía ser suelo público, se pudieran edificar hasta 18.206 metros cuadrados para viviendas, una volumetría 6.000 metros cuadrados por encima de la autorizada tres años antes por el convenio urbanístico que firmó Manuel Parejo, antecesor de Luz Reverón, con Celgán S.A y Promociones Amojo, la inmobiliaria creada por los hijos del ex presidente del Gobierno canario, Miguel Hermoso.
Tanto por una crisis que ha golpeado de lleno al sector inmobiliario, como por las protestas vecinales contra el PGO chicharrero, este negocio se ha ido al garete. De ahí que la parcela esté en venta por 8.168.941 euros, sobre los que pesa una hipoteca de 5.000.000 euros, con la que fue adquirida por Amojo S.L.
El convenio urbanístico de cooperación urbanística que firmaron Celgán S.A. y Amojo S.L. en 2006 ante Manuel Parejo se contemplaba una edificabilidad máxima para la parcela de 12.606 metros cuadrados. En ese “convenio definitivo” se especifica en su punto tercero que “debe aclararse la superficie de cesión al Ayuntamiento, pues según la entidad mercantil, la edificabilidad es de 12.206 metros cuadrados, tal y como figura en la ficha correspondiente”.
Un año después se revisó el acuerdo para “la ejecución de suelo urbano consolidado AUE-1”, y la volumetría pasó a ser de 15.206 metros cuadrados como superficie máxima edificable sobre una parcela de 3.070 metros cuadrados, a los que sumar 2.304 para la plaza pública y 620 metros cuadrados para “la ampliación de la sección de las calles citadas en la estipulación segunda del presente convenio”, y que abarcaba la creación de una superficie comercial.
El negocio que se vino abajo sin haberlo levantado
En agosto, el convenio se mantuvo sobre el papel, pero con Luz Reverón como nueva concejal de Urbanismo, los 15.206 metros aumentaron hasta 18.206 metros cuadrados edificables, al tiempo que se rebajaba el espacio destinado a plaza pública, en cuyo subsuelo debían crearse entre 500 y 550 plazas de garaje para los vecinos de la zona. Entre ampliación y ampliación, la volumetría había aumentado en 6.000 metros cuadrados.
Pero ese nuevo regalo de la Gerencia de Urbanismo se dio de cara con los vecinos del barrio Tío Pino-La Florita, que llegaron a presentar en ese departamento municipal hasta 180 alegaciones en contra de semejante pelotazo, hasta el punto de que el Ayuntamiento ha tenido que admitir dejar dentro de ordenación a todas las viviendas por encima de la cuarta y sexta plantas y “solo” permitir en lo que fue parcela de Celgán una única torre de no más de nueve plantas.
* Canarias Ahora - 18.04.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
Los 14 chalés de Barrika en suelo ilegal carecen de licencia
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ELPAÍS/Vizcaya* : Los 14 chalés de Barrika construidos en un suelo declarado ilegal carecen de licencia de ocupación pero sus moradores residen en las viviendas -en algunos casos desde hace cuatro años-, pese a que el Ayuntamiento especificó en los permisos que "no podrá utilizarse el edificio para ningún uso" sin la autorización de ocupación. La urbanización, el primer caso en Euskadi con el riesgo de ser derribada, aún no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento y los chalés no tienen tarifa de agua ni están dados de alta en la recogida de basuras y el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Estas irregularidades aparecen en el expediente municipal que se ha resistido a facilitar el Ayuntamiento al grupo ecologista Txipio Bai, que interpuso por ello tres demandas contra el consistorio.
La urbanización de Barrikabaso, que contemplaba 97 chalés al lado de la costa, fue anulada definitivamente por el Tribunal Supremo en julio pasado. Anteriormente, y por tres veces, los tribunales vascos declararon nulas las recalificaciones aprobadas por la Diputación de Vizcaya en 1999, 2000 y 2001, que dieron luz verde a cambiar una zona de suelo no urbanizable de especial protección paisajística para convertirla en urbanizable. El Supremo confirmó las decisiones en julio al rechazar la recalificación por "arbitraria" y al valorar el alto interés paisajístico de esta área. Pese a ello, el consistorio de Barrika presentó pocos días después un avance urbanístico que incluso elevaba la construcción de viviendas a 130 en esa zona.
Las amenazas de Txipio Bai, el colectivo que presentó las demandas que le ha dado la razón, de pedir el derribo de los chalés llevó a moverse al PNV: se retiró el avance urbanístico de Barrika y ahora se prepara otro y la Diputación anuló la recalificación, aunque no se ha aclarado el futuro de las 14 viviendas habitadas.
El expediente de este proyecto ha permitido conocer que el Ayuntamiento concedió las licencias de obras después del primer fallo del Tribunal Superior vasco que anuló la recalificación, en 2001. Además, según los datos proporcionadas por los ecologistas, al menos 10 de los propietarios conocían que el asunto estaba en los tribunales.
Las licencias de obras concedidas por el Consistorio tenían una cláusula específica que decía que "hasta que la licencia de primera ocupación no haya sido otorgada, no podrá utilizarse el edificio para ningún uso". Ninguno de los chalés tiene este permiso y, de hecho, sólo un propietario ha solicitado esta licencia y la pidió tras la sentencia firme del Supremo de julio pasado. Txipio Bai valoró ayer que este hecho y las otras irregularidades, como las anomalías en los servicios de agua, basura y el IBI, reflejan "la voluntad inequívoca" del Ayuntamiento de Barrika "de destruir Barrikabaso" a través "de actos expresos como la concesión de licencias y de actos tácitos, permitiendo las ilegalidades".
* ELPAIS.com - 18.04.10
Foto: Barrika (Vizcaya) - P.J. Phanse, elpais.com
¿Se paga la corrupción?
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA* : Los datos que demuestran la corrupción generalizada en las filas del PP allí donde gobierna o ha gobernado son abrumadores. El hecho de que, por el momento, las encuestas no registren penalización electoral alguna a este partido político, o el que incluso muestren un aumento de sus apoyos en comunidades como la de Valencia, provoca cierta incredulidad y lleva a algunos a preguntarse si los votantes de derechas son menos sensibles que el resto a la corrupción. Se abre paso, así, la tesis de que a la derecha le da igual el comportamiento de sus políticos.
Pero debe recordarse que cosas similares se dijeron de los votantes de izquierda en los años noventa cuando se destapó la corrupción en los Gobiernos de Felipe González. La prensa conservadora se desesperaba por la extrema lentitud del desgaste electoral del PSOE y atribuía los apoyos a este partido al "voto cautivo", a la ignorancia de sus votantes, a la falta de cultura democrática del socialismo, al exceso de intervencionismo estatal, o al poco arraigo del liberalismo político en España. Cualquier cosa, por ofensiva o disparatada que resultara, servía para explicar que el PSOE no se hundiera en las elecciones, tal y como ellos deseaban.
Los efectos electorales de la corrupción son muy difíciles de detectar, si bien todo el mundo supone que son importantes. Quizá lo fundamental sea que dichos efectos no se materializan inmediatamente: operan más bien como un óxido que va corroyendo poco a poco la confianza en el partido y en sus cuadros. Las razones de estos efectos diferidos son varias. Los votantes, sobre todo los más fieles, necesitan tiempo para estar seguros de que las acusaciones son ciertas. Y se dan un cierto margen para comprobar cuál es la reacción del partido. En ocasiones, dicha reacción puede ser crucial, actuando como catalizador que lleve al perdón o al castigo. Si los votantes observan que el partido da explicaciones y toma medidas contra los corruptos, tal vez su castigo no llegue a aplicarse.
La corrupción tiene consecuencias sobre todo en un plano simbólico y afectivo. Aunque resulte obvio, conviene recordar que la corrupción no es una política, no tiene ideología y no supone, salvo en casos muy extremos, un coste económico desorbitante para el país. Si la gente se siente asqueada por la corrupción es más bien por motivos éticos, relativos al comportamiento de personas en las que se ha depositado una confianza y una responsabilidad importantes. Cuando la confianza queda traicionada, puede surgir un sentimiento de decepción que tenga una traducción política. El votante tal vez deje de identificarse con un partido que se asocia a prácticas abusivas socialmente reprobables, de forma parecida a como algunos consumidores dejan de comprar una determinada marca porque el fabricante explota a sus trabajadores o destruye el medio ambiente.
Sabemos que cuando los ciudadanos consumen, tiene muy en cuenta en qué medida los productos que eligen encajan con la imagen que tienen de sí mismosy que quieren transmitir ante los demás. En la política democrática hay también un componente de esta naturaleza. Cada partido está asociado con unas características determinadas que activan apoyos distintos en los diferentes grupos sociales. Por eso, es lógico que ninguno quiera aparecer como el partido de la corrupción, la mentira y el abuso de poder.
Si la campaña tremenda contra Felipe González en los noventa tuvo éxito fue porque consiguió que muchos votantes pudieran sentirse avergonzados de reconocer públicamente su apoyo al PSOE. La idea de que los socialistas eran unos corruptos caló hondo en la sociedad. A base de insistir con centenares de artículos, titulares, columnas, tertulias, etcétera, mucha gente acabó identificando a los socialistas con el abuso de poder. Incluso hubo intelectuales que elaboraron teorías curiosísimas al respecto, atribuyendo la corrupción a la educación sentimental de los cuadros del PSOE o a su querencia por el adosado, símbolo del éxito en aquella época, para concluir que lo que se dilucidaba en los comicios de 1993 y 1996 era si España elegía la política clientelar y estatista de los socialistas, o el espíritu liberal y la iniciativa de la sociedad civil representados por el PP.
La estrategia que están siguiendo ahora el PP y la prensa de derechas es transparente. Para evitar el castigo de los votantes, se busca desactivar cualquier posibilidad de asociación sistemática entre corrupción y Partido Popular. El objetivo consiste en que no se reproduzca el clima de los noventa (sólo que ahora con el PP en el centro del huracán). Para ello, se ensayan múltiples fórmulas.
Primero, insistir en que se trata de casos aislados, a pesar de que todos ellos estén conectados con la trama gigantesca urdida por Correa y muchos dirigentes del PP. La doble vara de medir resulta grosera: por ejemplo, mientras que Roldán no era sino el reflejo de la época socialista, el escándalo de Matas, ministro del Gobierno de Aznar, presidente de una comunidad autónoma, amigo de Rajoy y ejemplo para el PP durante muchos años, es sólo una anécdota.
Segundo, derivar las acusaciones hacia delitos que tengan una mayor aceptabilidad social. Aunque parezca increíble, el PP no tiene reparos en admitir que sus dirigentes engañaban al fisco o utilizaban dinero negro sin escrúpulos. Lo que niegan es que esas prácticas formaran parte de la corrupción y de la financiación ilegal del partido. Puesto que el fraude fiscal no está tan mal visto como la corrupción, admiten el primero pero no el segundo. Resulta descorazonador que un partido político utilice el delito fiscal como atenuante, pero a esto hemos llegado.
Tercero, establecer comparaciones especiosas con el pasado: "Gürtel no es Filesa, Filesa era mucho peor". Quizá esta es la línea de defensa más ridícula de todas. Hay más imputados en el caso Gürtel, hay más dinero en juego, el ya por fin ex tesorero del PP (pero, increíblemente, todavía senador) está en el centro de todas las operaciones y se trata de financiación irregular.
Fundescam en Madrid es un caso de libro de financiación irregular, como lo es también el de Valencia. En Madrid, un grupo de empresarios, incluido el actual presidente de la CEOE, hacía donaciones a una fundación fantasma a cambio de contratos. El dinero de esa fundación se destinaba luego a gastos de campaña a favor de Esperanza Aguirre. En Valencia, un grupo de empresarios organizaba actos del PP que no pasaban por la contabilidad del partido, consiguiendo en contraprestación contratos millonarios de la Administración de Francisco Camps. Y lo que es peor: a diferencia de Filesa, en el caso Gürtel se pagaba a las empresas con dinero público, con los impuestos de los ciudadanos.
Cuarto, insinuar, en contradicción con todo lo anterior, que sí hay corrupción, pero que está tan extendida que no hay motivo para la sorpresa o el escándalo. Se trata del "todos los políticos son iguales", "la política es un asco" y otras fórmulas destinadas a prevenir el castigo electoral al PP, aun a costa de dañar gravemente al sistema democrático en su conjunto.
Dados los apoyos mediáticos y judiciales del PP, así como la falta de garra del PSOE en este terreno, puede que estas estrategias acaben teniendo éxito y que la corrupción de la derecha sea disculpada por sus votantes. Lo que no podrá seguir sosteniendo el PP sin grave quiebra de su credibilidad es que representa las ideas liberales. Ni la red de privilegios y chanchullos de la trama Gürtel, ni la reacción de Mariano Rajoy y los suyos ante tal trama, tienen nada que ver con el liberalismo. Más bien, parece la reedición de la peor tradición carpetovetónica de nuestra derecha.
* Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
* ELPAIS.com - Opinión - 16.04.10
La juez investiga si Trampolín Hills vendió las mismas casas varias veces
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LAVERDAD/Murcia* : O llevaban muy mal el negocio, o pretendían llevarlo demasiado bien. Los promotores de Trampolín Hills Golf Resort, con Antonio Martínez a la cabeza, están siendo investigados ante la posibilidad de que algunas de las casas que prometieron construir en Campos del Río hubieran sido vendidas varias veces a distintos clientes. Fuentes próximas a la investigación judicial han confirmado que el Juzgado de Instrucción nº2 de Mula, que indaga en el asunto desde hace dos años, ha recibido una denuncia por parte de una plataforma de afectados en la que, con nombres y apellidos y datos concretos sobre los inmuebles, se refiere que al menos ocho de estas casas han sido vendidas dos veces a distintos clientes.
De confirmarse estos hechos, que ya están siendo objeto de investigación, ello constituiría «un serio indicio», según las mismas fuentes, de que existía por parte de los gestores de la promotora una voluntad de engañar a los clientes y constituiría un elemento destacado a la hora de establecer si se ha incurrido en un posible delito de estafa.
Éste es el objetivo último de la juez de Mula: determinar si Antonio Martínez y sus socios, Rafael Aguilera y Silvia R.M., que fueron detenidos este jueves por la Guardia Civil y que ayer fueron llevados a presencia suya, tenían intención de engañar a los compradores y si, consecuentemente, deben ser juzgados por supuesta estafa.
Lo incuestionable hasta el momento es que varias decenas de afectados han presentado denuncia por este presunto delito en el juzgado muleño y que las circunstancias que les han llevado a adoptar esa decisión son prácticamente idénticas en todos los casos: adquirieron sobre plano una vivienda del proyecto de urbanización Trampolín Hills, entregaron varios miles de euros a cuenta de la casa y, meses e incluso años después, sobre los terrenos sigue sin colocarse un ladrillo y ellos no han llegado a recuperar su dinero, ya que la promotora afirmaba no poder afrontar la devolución por falta de liquidez. A ello se unía el hecho de que no habían recibido aval alguno al entregar su dinero, o bien los avales que se les habían entregado no tenían validez alguna por haber sido emitidos por un 'chiringuito' financiero sin autorización para operar en España.
Los afectados consideran además que los impulsores de Trampolín Hills siguieron vendiendo casas incluso cuando ya era evidente que no podrían llegar a levantarlas.
En su defensa, Antonio Martínez, conocido popularmente por el sobrenombre de 'El Gitano', siempre ha alegado que no ha tenido otra voluntad que construir las viviendas y que, de no haber sido así, no habría pagado íntegramente los terrenos, como hizo, ni habría presentado toda la documentación sobre el plan parcial en el juzgado.
Larguísimo interrogatorio
Los tres arrestados este jueves, Antonio Martínez, Rafael Aguilera y Silvia R.M. (hijastra del primero y supuesta 'testaferro'), llegaron a las dependencias judiciales de Mula a primera hora de la mañana de ayer en vehículos de la Guardia Civil.
Los dos primeros en prestar declaración fueron Silvia y Rafael, que lo hicieron a lo largo de la mañana, y la instructora dejó para el final el interrogatorio a Antonio Martínez, con el objetivo de poder preguntarle por los datos que pudieran haber aportado sus socios.
La toma de manifestación al principal sospechoso se prolongó durante largas horas, hasta el punto de que a medianoche todavía se esperaba la decisión de la juez sobre la entrada en prisión de los sospechosos o, al contrario, sobre su puesta en libertad, bien con la imposición de una fianza o sin ella. Todo apuntaba a que Silvia R.M. quedaría libre, pero existían más dudas acerca de los otros dos detenidos.
La densa y prolongada jornada de interrogatorios fue el colofón a la sorprendente detención de Antonuio Martínez este jueves a primera hora de la mañana, cuando varios agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se presentaron en su chalé de la carretera de Sucina y le informaron de que iba a ser arrestado por un presunto delitos de estafa.
Los guardias civiles, en presencia de la secretaria judicial, rastrearon a continuación todo el domicilio, palmo a palmo, en busca de documentación y, fundamentalmente, de dinero procedente de la empresa, que por parte de los investigadores se sospecha que pudiera haber sido desviado de su destino legal -impulsar la urbanización- para el enriquecimiento personal de Antonio Martínez y sus allegados.
Con detectores de metales
Los agentes se ayudaron de detectores de metales para 'peinar' el extenso jardín, con el fin de detectar posibles zulos o cajas fuertes enterradas en las que el promotor pudiera esconder dinero en metálico o papeles comprometedores. Nada hallaron.
Ayer, sin embargo, fuentes próximas al caso señalaban que el hecho de no haber encontrado escondite alguno no permite descartar que puedan existir. «Bastaría con que, en vez de una caja metálica, hubiera ocultado el dinero o los documentos en un bote de plástico hermético, como los que se utilizan en los barcos o piragüas. Ése es el método que emplean los terroristas de ETA para ocultar explosivos o armas en los bosques y son indetectables mediante detectores de metales, ya que están constituidos por plástico en su integridad».
De forma simultánea a la detención y al registro del domicilio de Antonio Martínez, los policías judiciales procedieron a detener y a registrar las viviendas de dos de sus socios, los citados Rafael Aguilera y Silvia R.M., también en busca de datos que puedan contribuir a esclarecer todas las circunstancias que rodean el frustrado proyecto de urbanización en Campos del Río, así como si dinero entregado a cuenta por los clientes -llegaron a aportar un total de 53 millones de euros- ha podido ser desviado para fines personales.
Las fuentes mencionadas indicaron que tampoco en el caso de Rafael Aguilera y Silvia R.M. fueron halladas pruebas de gran interés, aunque señalaron que en la vivienda del primer habría sido encontrada una pistola, marca Glock, de alta calidad. Rafael Aguilera fue víctima hace un mes de una grave amenaza por parte de dos afectados de Trampolín, que lo encañoraron con un arma y lo obligaron a subirse a un coche. Fue liberado por la Guardia Civil.
* La Verdad - 17.04.10
Foto: Campos del Río (Murcia), chalets Trampolín Hills - laverdad.es
