ELPAÍS/Valencia* : El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la ley valenciana que permite los derribos en El Cabanyal y ha ordenado paralizarlos. La decisión implica la suspensión de la norma aprobada por el Gobierno de Francisco Camps para intentar sortear la orden del Ministerio de Cultura que prohibió el pasado diciembre el plan municipal de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de demoler más de 450 edificios en el barrio marinero, una parte de ellos en el área declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Según el Constitucional, la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, se produce desde el pasado 9 de abril -fecha en que se interpuso el recurso- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para los terceros.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, envió la semana pasada las excavadoras al barrio para demoler varios inmuebles situados fuera de la zona protegida, donde considera que no tiene competencias el ministerio a pesar de que la orden de Cultura exige que se detenga todo el plan urbanístico y se cambie para respetar los valores patrimoniales del barrio. Los vecinos se movilizaron contra los derribos e intentaron evitar el paso de las máquinas. La Policía Nacional cargó con dureza contra los manifestantes. Al menos ocho personas denunciaron heridas por la intervención policial, que ahora investiga el Ministerio del Interior.
La investigación tendrá su punto de partida en el informe que el Cuerpo Nacional de Policía ha hecho ya sobre los incidentes y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El escrito justifica el "uso mínimo de la fuerza", como califica la carga policial, en una "violenta agresión" previa por parte de los manifestantes. Además, asegura que "no hay constancia de personas heridas como consecuencia de la carga", pese a las imágenes de la actuación, y sí de ocho agentes lesionados.
A raíz de la orden ministerial, la Generalitat apoyó el proyecto estrella de Barberá con un decreto ley que asumía el plan y autorizaba los derribos, a lo que el Gobierno ya respondió con un primer recurso ante el Constitucional que también fue admitido a trámite. Pese a ello, Barberá insistió en que puede actuar fuera de la zona protegida y así lo hizo la semana pasada después de que la mayoría del PP en las Cortes convirtiera el decreto recurrido en una ley. De nuevo, el Gobierno acudió al Constitucional, que hoy ha admitido a trámite el recurso contra la norma.
Para el Ejecutivo, el plan urbanístico supone un expolio del patrimonio histórico, ya que destruiría la singular trama de casas del conjunto de El Cabanyal y partiría en dos la zona protegida. Las declaraciones de expolio son competencia del Gobierno. En ese sentido, la ley valenciana "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado", indica el recurso del Gobierno.
"Si toca parar los derribos, paramos"
Las primeras reacciones a la decisión del Constitucional no se han hecho esperar. "Si toca parar los derribos, paramos, hasta que se resuelva finalmente el problema, que se resolverá porque estamos convencidos de que nos asiste la razón", ha manifestado el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau."Desde que se anunció que por el Consejo de Ministros se había aprobado el presentar este recurso, lo lógico y lo normal es que fuera admitido a trámite", ha continuado Grau. No obstante, se trata de "una admisión a trámite, y nada más", según ha subrayado. El gobierno local acata la decisión, como "siempre" hace con las resoluciones judiciales, ha dicho Grau, al tiempo que ha afirmado que la admisión a trámite de este recurso "no es ni más ni menos que un entorpecimiento más" que estaría "sufriendo" el equipo de Barberá en este largo conflicto en torno a El Cabanyal, que dura ya más de una década. Grau ha desviado la responsabilidad de que a partir de ahora no se realicen obras en el barrio a la oposición socialista y de los vecinos que rechazan la prolongación de la avenida: "Los valencianos han de saber que esta paralización, de acuerdo con la descabellada orden del Ministerio de Cultura implica que en todo el ámbito del PEPRI, prácticamente en todo El Cabanyal y El Canyameral, no se puede dar ninguna licencia de obras a nadie". Los vecinos llevan años reprochando al PP que no haya impulsado la rehabilitación en el barrio mientras esperaba una resolución judicial definitiva que permitiera derribar los edificios para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez.
Por su parte, la portavoz de Salvem El Cabanyal, Maribel Doménech, se ha mostrado "satisfecha" con la admisión a trámite, aunque ha asegurado que la plataforma vecinal "no se va a relajar" porque, en su opinión, "asumir la ley no está dentro de los parámetros del PP" y "no se quedará con los brazos cruzados". Para Doménech, "ahora más que nunca", las demoliciones "están fuera de la ley". En ese sentido, la portavoz ha criticado de nuevo la actuación municipal de la semana pasada de "derribar por derribar en un proceso tan delicado". Doménech ha exigido al PP que "respete la dignidad de las personas, del barrio y del proceso judicial" para, de esta forma, "recuperar la identidad del barrio; su paz, tranquilidad y armonía" a través de la "rehabilitación" del conjunto histórico y de la vida de este distrito marítimo, "evitando su degradación".
La portavoz socialista en el consistorio de Valencia, Carmen Alborch, ha destacado que la tramitación del recurso ante el Constitucional "abre un nuevo periodo de esperanza" para quienes defienden la "rehabilitación sin derribos" en El Cabanyal. "El PP se ha quedado sin ningún argumento legal para continuar los derribos durante los próximos meses", según Alborch, quien ha pedido a la alcaldesa "que respete la legalidad, que abandone la provocación, que suspenda los derribos y que deje de amenazar con nuevas demoliciones". El decreto aprobado por el Consell, así como la posterior ley, han supuesto, según la portavoz de la oposición, "una maniobra que vulneró tanto el espíritu como el contenido de la legislación estatal y autonómica sobre patrimonio histórico".
También se ha pronunciado sobre el asunto la diputada de Iniciativa y portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, para quien la decisión del alto tribunal implica que el gobierno local de Barberá "ha incumplido la legalidad" y "da la razón" a los ciudadanos que se pusieron "delante de las máquinas para impedir los derribos". Oltra ha exigido la rehabilitación del barrio y ha exigido al PP que deje "ya de lado sus ansias destructoras, que no busque un nuevo camelo legal para continuar derribando y que acate la legalidad vigente".
El colectivo de vecinos favorables al plan de Barberá, surgido a raíz de la polémica por la suspensión del proyecto ordenada por el ministerio, considera, por el contrario, que "la guerra no está perdida", por lo que seguirán recogiendo firmas de apoyo a la prolongación de la avenida. "Algún día se hará", ha afirmado Amparo Molines, miembro de este grupo vecinal.
Un largo conflicto
- 1993. El Gobierno valenciano, gobernado por el PSOE, declara una parte de El Cabanyal Bien de Interés Cultural (BIC)
- Abril de 2001. El PP aprueba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal.
- 2001. Salvem El Cabanyal empieza con los recursos contra el plan y logra paralizarlo hasta 2004.
- 2008. El Ayuntamiento consigue que los tribunales validen su plan. Salvem sigue la vía del expolio.
- 2009. El Tribunal Supremo insta al Ministerio de Cultura a que diga si hay expolio. Éste suspende el plan.
- 2010. La Generalitat aprueba un decreto contra la orden, que el Gobierno recurre al Constitucional. La Generalitat convierte el decreto en ley y empieza los derribos.
* ELPAIS.com - 14.04.10
Foto: El Cabanyal - elpais.com
El Constitucional paraliza los derribos de El Cabanyal
en
14.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Policía arresta al director general de Tributos de Matas
DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción puso ayer en marcha la operación Bomsai, contra una supuesta trama de corrupción en torno a la empresa pública Caib Patrimoni S.A. durante la pasada legislatura. Anoche ya había cuatro arrestados, el ex consejero delegado y el ex director gerente de Caib Patrimoni, Jorge Sainz de Baranda y Jaume Vidal Ladaria, y dos empresarios, y no se descartaban nuevos arrestos. Sainz de Baranda fue director general de Tributos en la pasada legislatura, a las órdenes del conseller Lluís Ramis de Ayreflor.
La operación Bomsai versa sobre presuntos desvíos de fondos públicos, cobro de comisiones, y otros delitos. La fiscalía anticorrupción presentó hace unos días una querella que correspondió, por reparto, al juzgado de instrucción 1. En principio el caso se halla bajo secreto sumarial.
El operativo tuvo que adelantarse ayer tras conocer los investigadores que se habían producido filtraciones sobre los hechos y objetivos, lo que ponía en peligro el éxito de las pesquisas.
600.000 euros
De lo que trascendió ayer, la fiscalía anticorrupción sospecha que con ocasión de varios contratos y expedientes adjudicados por Caib Patrimoni, una sociedad pública dedicada a la promoción inmobiliaria, pudieron perpetrarse malversaciones de caudales, cohechos y otros delitos. Entre las operaciones inmobiliarias más destacadas se hallan la construcción del nuevo cuartel central de los Bomberos de Palma y de la sede de la conselleria de Salud. Estas obras se hicieron por un sistema de ´peaje en la sombra´.
A Sainz de Baranda, cuyo despacho profesional como abogado fue registrado por la tarde, se le atribuye el haber autorizado el pago de unos 600.000 euros de fondos públicos a la empresa Atlas Capital Close Brothers, para que ésta confeccionase el pliego de condiciones de concursos millonarios de cara a los concursos para los mencionados edificios.
Fuentes próximas al caso, calificaron a Atlas como una especie de broker o fondo de inversión. Ahora se trata de esclarecer si se cometió algún tipo de irregularidad. Los investigadores sospechan también que algunos de los adjudicatarios de estos contratos millonarios pudieron haber pagado sobornos.
Jaume Matas se ha convertido en una suerte de anti Rey Midas. Todo lo que ordenó en la pasada legislatura pierde brillo y gana en sospecha. Los últimos emblemas urbanísticos en perder color son el nuevo parque de bomberos de Palma, levantado junto a la Vía de Cintura, y la futura sede de la conselleria de Salud, en el Camí de Jesús.
Sorpresas en el cuartel
La Justicia rastrea ahora un supuesto entramado corrupto en torno a la empresa pública Caib Patrimoni, dependiente de la conselleria de Economía y Hacienda, encargada de la adquisición, venta, y explotación de bienes inmuebles públicos como los de la conselleria de Salud y los Bomberos de Palma. Como ha ocurrido en otros casos similares, sobre el proceso de adjudicación y construcción sobrevuelan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y prevaricación.
Las obras del nuevo parque de bomberos, dispuesto en el solar de 10.000 metros cuadrados de Son Malferit, arrancaron en marzo de 2007, a escasas fechas de las elecciones autonómicas y municipales. Cuando el Gobierno municipal de Aina Calvo accedió al poder, se topó con una verdadera caja de sorpresas. El proyecto incluía gastos suntuosos en muebles y decoración, pero carecía de servicios básicos para los profesionales, como un almacén en condiciones o una galería de entrenamiento. Por ejemplo, el revestimiento del salón de actos del edificio, integrado por una compleja malla de acero con láminas de aluminio, costó 600 euros el metro cuadrado. Algunas sillas, como la destinada al despacho del concejal, rondaba los 4.000 euros.
Una vez concluido, el complejo costará al Ayuntamiento palmesano tres veces más de lo presupuestado. El anterior Govern del PP, a través de la sociedad Caib Patrimoni S.A, adjudicó las obras y el mantenimiento del edificio a la unión temporal de empresas constituida por Gerens Management Group, Constructora San José, Estel Ingeniería, Gestión de Proyectos Balear y Llabrés Feliu por un total de 20,6 millones de euros de inversión inicial. Anoche continuaba el registro de la sede de Llabrés Feliu, en Son Fuster. Antes se había requisado documentación en Gestión de Proyectos, ubicada en Gran Vía Asima.
Cuando el cuartel esté concluido será alquilado a Cort, que deberá pagar en los próximos treinta años un mínimo de 2,1 millones de euros, más IVA, anuales. Al final, las instalaciones revertirán a Cort pero para entonces ya habrá abonado más de 60 millones de euros mas los intereses, una financiación denominada ´peaje en sombra´. A la presentación del proyecto, ideado por los arquitectos Sebastià Escanellas, Jordi Herrero, Gabriel Palmer y Joan Gabriel Valls, asistieron, en septiembre de 2006, los entonces conseller de Economía, Lluís Ramis d´Ayreflor; la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Álvaro Gijón. Cuando el consejo de administración de Caib Patrimoni se reunía para acordar la adjudicación de este y otros expedientes, Lluís Ramis d´Ayreflor ejercía de presidente.
A día de hoy el Ayuntamiento todavía no ha recepcionado el parque debido a las deficiencias detectadas. Entre estos desperfectos destacan varias placas metálicas de la fachada que se cayeron durante un vendaval del año pasado.
La otra iniciativa urbanística se gestó en septiembre de 2005. Ramis d´Ayreflor y la otrora consellera de Salud, Aina Castillo, presentaron por aquellas fechas la maqueta de la nueva sede de este último departamento, en el Camí de Jesús, con una superficie de 6.275 metros cuadrados. El equipo de arquitectos encabezado por Boris Pena Cobian fue elegido unánimente por el jurado. La adjudicación de las obras y la gestión de las instalaciones recayó en las empresas Sampol Ingeniería y Brues y Fernández. Como en el anterior caso, se eligió el sistema de financiación de ´peaje en la sombra´. El presupuesto inicial rondó los seis millones de euros a desembolsar en 30 años, al margen de los intereses.
Caso Eivissa Centre
Una de las empresas elegidas, Brues, está siendo investigada por el presunto pago de 1,5 millones en comisiones ilegales al PSOE y al PP de Eivissa por la concesión del gran proyecto urbanístico denominado Eivissa Centre. Este supuesto caso de corrupción fue destapado por el ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, Roque López, quien acusó al actual presidente del Consell de Eivissa, Xicu Tarrés, de conocer los entresijos.
Con el edificio de la conselleria de Salud, el Govern del PP inició un plan para la construcción de nuevas sedes para varias conselleries. Ramis d´Ayreflor justificó estas inversiones alegando que la dispersión de las oficinas autonómicas provocaba un incremento de gastos para su disfrute y mantenimiento.
* Diario de Mallorca - 14.04.10
Foto: Los investigadores registran el despacho de Jorge Sainz de Baranda. - Lorenzo, diariodemallorca.es
en
14.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Baleares
Un juez cita al alcalde de Alhaurín por la anulación de una licencia
ELPAÍS/Málaga* : El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, tendrán que comparecer el próximo día 29 ante un juez de Coín que investiga si pudieron incurrir en prevaricación al declarar extinguido el derecho a edificar a un conocido empresario local que había obtenido licencia para construir un edificio de viviendas y un centro comercial cuando se encontraban en plenas obras.
El constructor, José Ortuño, puso una querella por prevaricación cuando, una vez levantado el secreto de sumario del caso Troya, se conocieron las grabaciones de unas conversaciones telefónicas entre el alcalde y su concejal de Urbanismo que, supuestamente, evidenciarían que hubo una actuación arbitraria y premeditada contra él.
En una de estas conversaciones, Martín Serón llegó a decir: "El tema yo creo que es, que ese tío hay que sacarle a subasta las dos obras". Y agregaba: "Hay que ir a por él, ¿me entiendes?".
El alcalde de Alhaurín y el concejal de Urbanismo están procesados en el caso Troya por el presunto cobro de comisiones a empresarios locales a cambio de trato de favor en decisiones urbanísticas. El fiscal pide una pena de cuatro años y medio de prisión para el alcalde por cohecho y prevaricación y de siete años y medio para Guerra por los mismos delitos y contra la ordenación del territorio.
El empresario ya recurrió en la vía de lo contencioso administrativo contra los dos decretos de extinción de las licencias de obras y en ambos ganó los pleitos al declarar los tribunales nula la decisión municipal. En uno de ellos, la sentencia del juzgado de lo contencioso ya ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), mientras que en el otro la resolución en primera instancia se encuentra recurrida por el Consistorio.
La defensa del alcalde solicitó la nulidad de la actuación penal abierta en el juzgado número 1 de Coín alegando, entre otras razones, que las conversaciones telefónicas en las que se basa la querella deben ser anuladas porque se han obtenido por una violación del secreto de sumario.
Pero el juez ha desestimado todas las alegaciones y continuará las actuaciones porque "entendiendo que existen razones para investigar los hechos que se imputan, y sin perjuicio de lo que pueda resultar de la necesaria y oportuna investigación, procede continuar con la tramitación de las presentes diligencias". En la providencia en la que cita a declarar al alcalde y al concejal de Urbanismo, el juez considera que la existencia de una sentencia de lo contencioso que anula la decisión municipal "obliga a investigar" la posible "creación ex post" del expediente administrativo.
* ELPAIS.com - 14.04.10
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento (archivo) - J.Domínguez, EFE
en
14.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
La mitad de España tendrá un clima desértico en 2100
PÚBLICO* : Un informe revela que la temperatura puede llegar a aumentar hasta 6 ºC en verano a final de siglo. El clima de Almería se tiene veranos muy cálidos, con temperaturas medias por encima de los 30 ºC, e inviernos secos y templados, con un reducido nivel de precipitaciones. Este desierto, con escasa presencia de vegetación, dominará la mitad sur de la Península Ibérica a final del siglo XXI, según afirmó ayer el responsable de Puertos del Estado, Marcos García Sotillo, durante la presentación del informe Clima en España: pasado, presente y futuro, elaborado por la Red Temática CLIVAR-España.
Como ya adelantó Público el pasado diciembre, el texto revela que entre 2071 y 2100, España sufrirá un aumento de la temperatura de hasta 6 ºC en verano, y de entre 2 ºC y 3 ºC en invierno. El informe evalúa los datos climáticos en la Península y analiza sus factores de influencia para poder anticiparse a los futuros impactos en el clima. Las predicciones se han establecido en función del escenario A2 de emisiones mundiales de CO2 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que prevé que alcancen un volumen de 28,9 gigatoneladas anuales para 2100. Este valor es casi tres veces superior al nivel actual.
Peor en España
La Península Ibérica está siendo una de las zonas más afectadas por el calentamiento global, puesto que su temperatura se está elevando hasta tres veces más rápido que en el resto del mundo, y hasta un 50% más que en el hemisferio norte.
El clima de una determinada zona se establece en función de las características de un periodo de 30 años o más. La ausencia de datos sobre las precipitaciones en España "hace que sea dificil establecer modelos pluviométricos para el futuro", explica la investigadora de la Universidad de Barcelona, Ileana Bladé. Sin embargo, según la información existente y las previsiones para la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), las precipitaciones en España muestran una tendencia a la baja. La NAO es el sistema de vientos que domina sobre el clima de la Península Ibérica. Según un estudio español, publicado en International Journal of Climatology en 2009, se espera que la NAO de los próximos años tenga un índice positivo, lo que favorece la formación de anticiclones sobre España y reduce el número de precipitaciones (lo contrario de lo que ha sucedido este invierno, que ha estado dominado por una NAO de índice negativo y se ha caracterizado por un aumento inusual de las lluvias).
Aunque aún es necesaria mucha más información para prever el clima del futuro, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, insistió ayer en la urgencia de reducir el volumen de emisiones de CO2.
Los cambios en España
Temperatura
La Península Ibérica está sufriendo un aumento cada vez más acusado de la temperatura. Desde 1901 ha crecido a un ritmo de 0,13 ºC cada década, pero si se analizan los datos desde 1970, el aumento alcanza los 0,48º C por cada diez años.
Precipitaciones
El aumento de los periodos de sequía que vive España viene acompañado de un crecimiento de los fenómenos extremos.
* Público - 13.04.10
Foto: público.es
en
14.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS URBANISMO
El TSJC obligó al Ayuntamiento de Tías a demoler un restaurante en plena avenida de Puerto del Carmen
DIARIODELANZAROTE* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obligó al Ayuntamiento de Tías a demoler un restaurante en la avenida de Puerto del Carmen por haberse ejecutado las obras de forma ilegal. Las denuncias contra las obras del restaurante se remontan a hace unos siete años, sin que el Consistorio hubiese actuado hasta hace unos días.
Una sentencia judicial firme obligó al Ayuntamiento a demoler las obras del restaurante, conocido como ‘La Rueda', en las que se utilizó una vivienda para ampliar el local. Se cometieron diversas infracciones que afectaban a los retranqueos y a un exceso de edificabilidad, entre otros motivos.
Según las fuentes consultadas, se produjeron hasta 10 denuncias de un restaurante vecino ante el Ayuntamiento de Tías desde el año 2003. Las obras llegaron a estar paralizadas pero se reactivaron con el amparo de una licencia que permitía tan sólo el reformado del baño. El Juzgado condenó en primera instancia al Consistorio por inactividad y le obligó a iniciar un expediente y demoler las obras.
Sin embargo, en un primer momento el Ayuntamiento se limitó a sancionar al titular del restaurante pero no obligó a derribar los trabajos ejecutados que incumplían la normativa urbanística. Ante un nuevo requerimiento ante la Justicia, el Consistorio fue obligado a demoler en ejecución de la sentencia.
El concejal de Urbanismo de Tías, José Antonio Gutiérrez, reconoció que un auto judicial instaba al Ayuntamiento a ejecutar el derribo y le daba un plazo de dos meses que venció el pasado viernes. Los trabajos de demolición comenzaron hace unas dos semanas, señaló.
* Diario de Lanzarote - 14.04.10
Foto: Tías (Lanzarote), derribo restaurante - diariodelanzarote.com
en
14.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Canarias
El TS anula la decisión del TSJPV de declarar inejecutable la sentencia sobre Illumbe
ELPAÍS/S.Sebastián* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de declarar inejecutable la sentencia que declaró ilegal la concesión directa a la empresa Nuevo Desarrollo Anoeta (NDA) de la gestión del complejo de ocio donostiarra Illumbe, que acoge la plaza de toros, así como la edificación del mismo.
Con esta sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el TS anula los autos en los que el TSJPV establece la inejecutabilidad de la sentencia y, de esta manera, da la razón a los ex ediles de HB en el consistorio donostiarra Joseba Álvarez, Joseba Permach, Miren Zinkunegi y Nekane Basauri. Estos concejales denunciaron ante los tribunales que el Ayuntamiento había adjudicado la gestión de a NDA "de forma ilegal".
Según los demandantes, esta concesión no se efectuó de acuerdo con los procedimientos legales, como la realización de un concurso público de adjudicación, sino mediante una concesión directa. El TSJPV reconoció que esta adjudicación se hizo "de espaldas" a las normas de contratación pública. Sin embargo, estableció que la sentencia que recogía esa ilegalidad era "inejecutable", entre otras razones, por los perjuicios que se derivarían de su aplicación para las arcas públicas, ya que éstas serían superiores al bien que se pretendía proteger. De esta manera, el tribunal dio la razón al Consistorio donostiarra.
En 2008, la institución municipal decidió anular la concesión a NDA y acordó con esta empresa un nuevo convenio con el fin de regularizar la situación del complejo: las instalaciones pasaban a manos del consistorio, que recuperaba todos los derechos sobre el complejo, y NDA obtenía una compensación por su valor económico.
El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento donostiarra, Jorge Letamendia, aseguró ayer que la sentencia del TS "es irrelevante", ya que "no puede tener ninguna consecuencia práctica", puesto que el Consistorio ya ejecutó la sentencia hace dos años, cuando anuló la citada concesión del complejo a NDA.
* ELPAIS.com - 14.04.10
Foto: El Ayuntamiento, antiguo casino construido en 1887, desde Alderdi Eder. - wikipedia.org
en
14.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS País Vasco
El gran pelotazo
SEBASTIÀ VERD/Mallorca* : Tras varias semanas en las que Jaume Matas y Maria Antònia Munar, los aliados de la pasada legislatura, han protagonizado las primeras páginas de los periódicos con sus andanzas por los juzgados, parece que la información judicial ha vuelto su mirada atrás para rescatar el caso Plan Territorial, uno de los primeros casos de presunta corrupción de la pasada legislatura que llegaron a los juzgados. Parecía dormido y sin embargo, no lo estaba en absoluto y ahí está de nuevo, con las comparecencias ayer de algunos ex consellers y la citación para hoy, como testigo, de Rosa Estaràs. Y es que el caso Plan Territorial es muy especial, ya que entra de lleno en la que es la madre de todas las batallas de la política balear: el urbanismo o, más en concreto, la especulación urbanística, que no es exactamente lo mismo.
Las áreas de reconversión territorial (ART) que están siendo investigadas, y sobre las que se sospecha que pudo producirse un pelotazo de más de trescientos millones de euros, no son figuras de protección o de reconversión, ni nada que se les parezca, sino puro "urbanismo a la carta". Fueron, de hecho, la última artimaña, que bajo el pretexto de recuperar espacios degradados pretendía convertir en urbanizable suelo que nunca debería serlo. En la legislatura del Pacte de Progrés se levantaron algunas barreras proteccionistas que, tras el pacto Matas-Munar, iban a desaparecer (por ejemplo el golf de Son Bosc, que hoy vuelve a ser actualidad gracias a un repunte de aquel pacto PP-UM). Las ART formaron parte de la misma estrategia que trataba de burlarse de las leyes y normas proteccionistas para dar paso a los más variopintos intereses.
Los fiscales sospechan que tras las ART hubo un tráfico de influencias y posibles sobornos. En la causa están imputados los políticos del PP y UM que intervinieron en la fijación de estas áreas. Miquel Nadal, en libertad provisional, y el ex director general de Urbanismo del Govern, Jaume Massot, condenado y en prisión por el caso Andratx comparecieron ayer en calidad de testigos ante el juez y, como es norma en las últimas citas de políticos con los jueces, sus declaraciones no tienen desperdicio. Massot dirige sus dardos contra UM, directamente hacia Bartomeu Vicens, condenado en otra causa, que era el conseller insular del territorio y contra Miquel Àngel Grimalt, que fue jefe de Urbanismo del Consell en esta época. Según Massot, las ART eran de dudosa legalidad –y lo dice él que era especialista en bordear la legalidad– pero que se aprobaron porque así se había acordado desde arriba.
Miquel Nadal fue más lejos. Según él, las culpas hay que dividirlas a partes iguales entre UM y PP. Y quien dice PP y UM, dice Matas y Munar, que todo lo sabían y todo lo compartían. Como prueba Nadal aporta un dato: que Jaume Matas y Maria Antònia Munar compartían manteles quincenalmente y que en estas comidas lo decidían y repartían todo: plan territorial, infraestructuras y todo lo demás. Aunque, claro, tanto Munar ante el juez y Matas también en IB3 han dicho que ellos sólo hacían política, que suyas eran las decisiones políticas pero que el día a día y las irregularidades eran cosa de sus subordinados. Esperemos a ver lo que dice hoy Rosa Estaràs.
* Diario de Mallorca - Opinión - 13.04.10
en
14.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Baleares
Mallorca: Nadal y Grimalt acusan al PP de un ´pelotazo´ urbanístico millonario
DIARIODEMALLORCA* : Miquel Nadal y Miquel Àngel Grimalt, que en 2003 eran, respectivamente, vicepresidente y director insular de Territorio en el Consell de Mallorca, atribuyeron ante el juez del caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), una presunta trama de corrupción político-empresarial en la pasada legislatura, al Partido Popular (PP) la introducción en dicho instrumento de ordenación el área de reconversión territorial (ART) de Alcùdia a Es Secar, un presunto pelotazo urbanístico millonario.
La propuesta se habría hecho en una reunión celebrada en el Parlament a principios de noviembre del 2003, pero Jaume Font, conseller de Medio Ambiente del PP en 2003, declaró, en mayo del 2008 ante el mismo juez, que en la cumbre del Parlament "no se incluyó en ningún momento ninguna área de reconversión territorial".
El caso PTM nació en diciembre de 2007 cuando la fiscalía anticorrupción denunció un presunto entramado en torno a la aprobación de esa norma de planificación. La denuncia de la fiscalía versó sobre los cambios de calificación urbanística en varias fincas de los municipios de Sóller, Campos, Marratxí, Pollença y Alcúdia. Gracias a la elaboración del PTM alrededor de mil hectáreas (un millón de metros cuadrados) pasaron de ser suelo rústico, o no urbanizable, a suelo urbanizable.
La fiscalía anticorrupción cuantificó en su denuncia en 297 millones de euros (casi 50.000 millones de pesetas) el alcance de los pelotazos (plusvalías) obtenidos por los promotores que compraron fincas rústicas recalificadas como urbanas.
En el sumario están imputados Jaume Font, Bartolomé Vicens, ex conseller de Territorio en el Consell de Mallorca por UM en la pasada legislatura, los promotores Mateo Sastre (Ibercon) y Vicenç Grande (Grupo Drac), entre otros.
Vicens, defendido por Eduardo Valdivia, también atribuyó al PP la iniciativa para incluir en el Plan el área de Alcúdia. Según la fiscalía, esta operación consistía en traspasar a una finca de Es Secar los derechos urbanísticos de dos zonas de Alcúdia (una de ellas conocida como AS-16). Mateo Sastre compró la AS-16 y otros terrenos en Es Secar. Posteriormente, los derechos urbanísticos se trasmitieron al predio de Es Crevers, en Marratxí, que Grande adquirió a Sastre.
La fiscalía anticorrupción calcula que el pelotazo inmobiliario rondó los 100 millones de euros, la diferencia de valor de es Crevers como suelo rústico a suelo urbanizable.
* Diario de Mallorca - 13.04.10
Foto: Alcudia (Mallorca), terrenos AS-16 - diariodemallorca.es
en
13.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Baleares
La trama corrupta intentó implicar a Mercadona en un negocio en Canarias
ELPAÍS/Valencia* : Álvaro Pérez recibe una de sus últimas misiones el 15 de enero de 2009. Faltan 22 días para que la red corrupta quede al descubierto por la intervención policial. Pablo Crespo, número dos de la trama, llama a El Bigotes desde Madrid para contarle que el abogado Manuel Delgado, cuyo nombre aparece reiteradamente en el sumario, tiene un problema con un local comercial en Fuerteventura: necesita venderlo rápidamente para hacer caja e impedir que termine en manos del Banco Santander.
La solución, le explican a Pérez, sería que Mercadona lo comprara. “Ese es un local de unos cuatro millones de euros”, afirma Delgado, “porque tiene muchísimos metros, más sótano, más no sé cuántas plazas de parking, la hostia”.
Crespo encarga a El Bigotes que ponga en práctica sus habilidades como conseguidor. El intento de negocio queda en nada, pero pone de relieve el modo de operar de la trama y su facilidad para acceder a mediadores secundarios muy cercanos al Gobierno valenciano. La primera idea de Pérez es acercarse a la cúpula de Mercadona a través de Pedro García, en ese momento director general de Ràdio Televisió Valenciana y hombre muy próximo al presidente Francisco Camps, que dimitió en agosto de 2009.
Al final, sin embargo, la vía aparentemente más fructífera es la de Vicente Cotino, presidente del grupo Sedesa, uno de los cinco constructores valencianos denunciados por financiar ilegalmente al PP, adjudicatario de obras millonarias por parte de la Generalitat y sobrino del vicepresidente tercero del Consell y consejero de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, Juan Cotino.
Entre el 15 de enero y el 3 de febrero Pérez habla tres veces con Vicente Cotino e intercambian algún SMS sobre el tema. El Bigotes, que como muestran las grabaciones tiende más bien a exagerar, pretende convencer a Cotino de que el negocio es más sencillo de lo que probablemente era: “La delegada que ellos tienen allí [en Canarias] está interesadísima, lo que necesitan es un achuchón”, le cuenta.
* ELPAIS.com - 13.04.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
en
13.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
El alcalde de Zarzalejo se construye un chalé en una zona protegida
ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Zarzalejo (1.500 habitantes), Rafael Herranz Ventura (PP), amplió en 2003 una pequeña construcción agrícola que tenía junto al pueblo. La cosa no hubiera tenido más importancia si no fuera porque la finca, denominada El Rincón del Duque, está situada en una zona de especial protección, no urbanizable, según reconoce la Comunidad de Madrid. Además, la construcción carece de permiso o licencia de obras.
Tras años de denuncias y reclamaciones del grupo socialista local y de ecologistas, el asunto llegó a la Asamblea de Madrid el pasado 15 de febrero. El director general de Urbanismo, Raimundo Herraiz Romero, reconoce, siete años después de la primera denuncia, la existencia de una infracción, aunque la califica como prescrita. Además, se desvincula de sus competencias sobre legalidad urbanística en favor del Ayuntamiento de Zarzalejos, que dirige el implicado.
Ahora el Grupo Parlamentario Socialista estudia llevar el asunto a la fiscalía. Antonio Fernández Gordillo, diputado del PSM, sostiene que lo que se pretende legalizar como explotación ganadera es una casa, un chalé en toda regla. El parlamentario socialista critica, además, la dejadez de la Administración regional, que ha tardado siete años en estudiar el asunto y cuando tiene que resolver se inhibe en favor del afectado.
El asunto comenzó en 2003, cuando Herranz Ventura reformó un antiguo gallinero para transformarlo en una edificación de 80 metros cuadrados en planta baja. El inmueble presenta un amplio salón, balcones y porche. Tras repetidas reclamaciones de los guardas forestales y del grupo socialista municipal, el arquitecto del Ayuntamiento de Zarzalejo reconoció en febrero de 2007 la irregularidad de la situación. En un documento municipal aseguraba que "la parcela es de suelo no urbanizable protegido y de conservación natural". Y proseguía: "No existe constancia en este Ayuntamiento de expediente alguno sobre dicha finca y por tanto de autorización municipal".
El Consistorio de Zarzalejo, gobernado por Herranz desde 2007, hizo caso omiso a todas las denuncias. "No existe autorización municipal, ni expediente que haya originado actuación disciplinaria o sancionadora alguna", contestó el Ayuntamiento a un requerimiento de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid interesándose por la situación de la construcción irregular.
Tras comprobar que "los actos de edificación y/o uso del suelo se han realizado sin haber sido autorizados", los responsables del urbanismo regional decidieron abrir un expediente disciplinario en marzo de 2009. En el documento se instaba a Herranz a solucionar con urgencia la situación o "se ordenará la demolición de las obras".
El alcalde de Zarzalejo, Rafael Herranz, reconoce que se construyó la casa en suelo protegido. "Fue en 2000, el gobierno municipal que había entonces, del PSOE, me dio permiso". El regidor explica que no tiene ningún documento porque, según dice, recibió una autorización verbal. "Es un sitio que utilizo de recreo para ir con los amigos", explica cuando se le pregunta por el chalé. "Son sólo 45 metros cuadrados, y en la parte de arriba tengo una buhardilla donde guardo aperos antiguos".
Herranz explica que ahora intenta legalizar la construcción para que pueda tener uso agrícola o ganadero. "Eso me dijo el ingeniero. Como tengo otras fincas cerca, pues las unimos", precisa. El regidor resta importancia al proceso judicial en el que está inmerso por construir en suelo protegido. "Es un contencioso; si el juez dice que la tire, pues la tiro y ya está. Esto pasa en todas partes".
* ELPAIS.com - 13.04.10
Foto: Zarzalejo (Madrid), ayuntamiento - pueblos-espana.org
en
13.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Madrid
Valladolid: El TSJ declara ilegal el 'parking' de Cáritas y pide al fiscal que investigue si hay delito penal
NORTECASTILLA* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha declarado nulo de pleno derecho el Estudio de Detalle que aprobó el Ayuntamiento de Valladolid en el pleno del 9 de mayo del 2006, que daba vía libre al proyecto promovido por la Fundación Emilio Álvarez Gallego, lo que permitió la construcción de un aparcamiento de vehículos en el antiguo inmueble de Cáritas, situado entre las calles Simón Aranda y José María Lacort.
En el solar, la constructora Parkosa obtuvo autorización municipal después de este Estudio, ahora declarado ilegal, para construir cerca de 400 plazas de garaje por la cesión del subsuelo que se hizo por parte de los responsables de la Fundación. Precisamente ha sido la Federación de las Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León la que ha recurrido este proyecto ante el TSJ, y otros acuerdos paralelos como la licencia de obras. Los mismos están pendientes de un fallo del Juzgado de lo Contencioso 1.
El Alto Tribunal, cuyo fallo de momento no conlleva la demolición de la obra, no «duda de que el Área 7 de Cáritas es suelo urbano no consolidado, pues no tiene la ordenación detallada y mucho menos se ha ejecutado y recibido la urbanización». Los magistrados dan la razón a la Federación de Personas Sordas respecto a que no se ha cedido al Ayuntamiento en «pleno dominio y libre de cargas los espacios de uso público» que marca la ley de Urbanismo. Ello supone que si el Estudio aprobado por el Consistorio permitía una edificabilidad de 9.262 metros cuadrados, deberían de haberse destinado al menos 1.389 metros cuadrados para espacios libres públicos. El fallo dice además que se «ha producido una alteración de los planos», por lo que pide a la Fiscalía que abra diligencias por si existiera delito penal.
* El Norte de Castilla - 13.04.10
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
en
13.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Ferrol planta cara a la 'ocupación' militar
ELPAÍS/A Coruña* : La relación de Ferrol con su pasado militar es íntima e indisoluble. La fisionomía del municipio está salpicada de construcciones, parcelas y dependencias militares activas o en desuso tanto en la zona urbana como en las parroquias de la zona rural. Aproximadamente el 20% del suelo urbano de Ferrol es propiedad del Ministerio de Defensa, según las estimaciones de los técnicos municipales.
Calculan que las dependencias del Ejército en la ciudad naval suman 163,63 hectáreas, lo que equivale a más de un millón y medio de metros cuadrados en terrenos céntricos y excepcionalmente privilegiados en el borde de la ría, por los que Defensa no paga impuestos. La dualidad civil y militar de Ferrol se remonta al siglo XVIII, pero no está exenta de conflictos en el plano económico y urbanístico.
El ayuntamiento ferrolano le reclama al Ministerio la cesión definitiva de ocho propiedades castrenses, el derribo del muro del Arsenal que divide la ciudad y vía judicial, le exige el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por los terrenos que Navantia ocupa al borde la ría. Desde el gobierno local, que lidera en minoría el socialista Vicente Irisarri, consideran que estas tres cuestiones son claves para el futuro de la urbe. Buscan soluciones de consenso con Madrid pero reconocen que a menudo existen "intereses contrapuestos".
El Ministerio, a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa, se ha mostrado como un negociador implacable que se reserva las parcelas "más potentes con fines comerciales y residenciales".
Esta situación escuece especialmente a Izquierda Unida y al BNG. "Defensa ha actuado siempre como un gestor inmobiliario en esta ciudad" critican los nacionalistas. Recuerdan que propiedades como el castillo de San Felipe o el antiguo gobierno militar fueron vendidas o subastadas, no cedidas. "No perdonan ni un metro cuadrado" apuntan desde el BNG, para recordar que en 2008, Defensa "tumbó" todo un plan para la reforma del cuartelillo de María "porque les faltaban 60 metros de edificabilidad". Para IU, la "omnipresencia" del Ejército es "desproporcionada" en relación con una tropa de soldados y marineros cada vez más escasa. Critican que el Ejército ocupe "todas las zonas estratégicas" y opinan que el trato "con respecto a otras ciudades no ha sido equitativo".
Ferrol recibe una asignación anual de las arcas del Estado para compensar la servidumbre militar por los terrenos ocupados al igual que otras localidades como Rota o Cartagena. En 2008, rondaba el medio millón, pero la crisis recortó esa partida a la mitad (250.000 euros) en 2009 y 2010. Para la oposición es una cifra escasa si se compara con el dinero que la administración local deja de percibir por los privilegios de las instituciones castrenses, exenta de pagar impuestos. Señalan que tan sólo Navantia debe tributar cada año cerca de 450.000 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Hace casi un lustro que el ayuntamiento se embarcó en un embrollo jurídico para exigir judicialmente ese pago. A la espera del fallo, Defensa accedió a liquidar su deuda hasta 2006, pero tiene pendiente el IBI correspondiente al 2007, 2008 y 2009, que suma un millón y medio de euros. La deuda se acerca a dos millones con los intereses de demora.
Otro punto de fricción entre el ayuntamiento y el Ministerio está en la muralla que rodea la ría. Se construyó para preservar la seguridad del arsenal. La tapia divide la ciudad e impide a los vecinos ver el mar. Es uno de los peajes más costosos que tuvo que pagar la urbe y que Irisarri quiere sustituir por otro elemento traslúcido antes del 2011 para cumplir su promesa electoral de "abrir Ferrol al mar".
El tercer escollo es un convenio atascado desde el 2007 para desafectar ocho propiedades castrenses que suman 637.000 metros cuadrados. El edil de Urbanismo, Ángel Mato (PSOE), apunta que el desarrollo urbanístico de Ferrol pasa por la resolución de este ambicioso convenio, todavía pendiente de la aprobación del Plan Especial para la Reforma Interior (PERI) del cuartel Sánchez Aguilera. "Es la joya de la corona" admite Mato, que aspira a disponer de esta parcela antes de final de año.
Recuperar ese espacio vacío fue el objetivo fallido de varias corporaciones anteriores y la llave para "suturar la ciudad" conectando los barrios del centro con los periféricos: Santa Marina, Catabois y el Ensanche. Ocupa 95.000 metros cuadrados entre la céntrica plaza de España y el barrio alto de Canido. Los planes de Irisarri pasan por ubicar en su interior el Museo da Natureza de la Sociedade Galega de Historia Natural en la antigua Casa del Coronel. También albergará la primera residencia universitaria, un centro comercial, ocho bloques de viviendas y un aparcamiento.
El protocolo establece que Defensa gestionará los 55.000 metros de viviendas y comercios mientras que el ayuntamiento dispondrá de los 34.500 restantes. El plan de reforma se aprobó en pleno el viernes con dos años de retraso por "los regateos" de Defensa.
* ELPAIS.com - 12.04.10
Foto: Archivo Militar en Ferrol- AMADOR BLACH, elpais.com
en
13.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
17.000 millones de euros más para el timo de las infraestructuras
El presidente del Gobierno presenta hoy, miércoles 7 de abril, el Programa de Inversiones en Infraestructuras de Transporte Sostenible. 17.000 millones de euros más para, dicen, recuperar la actividad económica y generar 400.000 empleos. Pero a juicio de ECOLOGISTAS EN ACCION* la realidad indica, una y otra vez, la poca rentabilidad económica y social de estas descomunales inversiones y su casi nula generación de empleo, por no hablar de sus tremendos costes de oportunidad. Si las virtudes que le asignan el Gobierno y las mayores constructoras, agrupadas en Seopan, a las grandes infraestructuras de transporte fueran ciertas (enorme generación de empleo, dinamización económica…), la situación en España debería ser muy distinta a la que es.
Efectivamente, puesto que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas –y en cuanto se inaugure la nueva línea de alta velocidad ferroviaria a Valencia seremos el que cuente con la mayor red de alta velocidad ferroviaria del mundo–, no deberíamos tener una tasa de paro tan alta y la crisis apenas debería notarse. En definitiva, no se entiende que si las infraestructuras de transporte generan tanto empleo seamos simultáneamente récord europeo en estas infraestructuras y récord de paro, además de estar en una situación económica francamente precaria.
Las realidad en el tema de las infraestructuras de transporte no funciona como nos quieren hacer creer. Multitud de estudios concluyen que a partir de un cierto umbral en la dotación de grandes infraestructuras –que en España hemos superado de largo–, cualquier inversión en nuevas obras puede ser contraproducente para el desarrollo desde una estricta visión economicista, sin hablar de su impacto ambiental y social.
En este sentido, uno de los estudios más relevantes es el informe del grupo de asesores creado por el primer ministro John Major en los años 90 para evaluar un plan de construir 500 nuevas carreteras en Reino Unido. Este grupo, conocido por sus siglas en inglés, SACTRA, publicó en 1999 “Transport and the Economy”, donde analizaba la relación entre el crecimiento de la economía y las grandes infraestructuras de transporte en todos los países desarrollados. ¿El resultado? Gran parte de las tópicos sobre estas obras –que generan riqueza y empleo, por ejemplo– por los suelos. El plan de 500 carreteras se quedó en sólo 37.
Ante estos análisis, para Ecologistas en Acción el nuevo Programa de Inversiones en Infraestructuras de Transporte Sostenible –más allá del cinismo de llamar “sostenible” a la construcción de autovías y líneas de AVE, mientras el ferrocarril convencional sigue en un estado de abandono lamentable–, no es sino un descomunal timo a toda la sociedad española. El Ministro de Fomento ya habló de la creación de 500.000 puestos de trabajo cuando presentó los presupuestos de 2010 para infraestructuras, 19.300 millones de euros. ¿Dónde están esos 500.000 nuevos empleos? ¿Dónde están los 500.000 correspondientes a los, también, más de 19.000 millones de euros que invirtió Fomento en AVE y autovías durante 2009?
Para Ecologistas en Acción resulta claro que necesitamos inversiones en transporte, pero ni mucho menos las que se están planteando. Necesitamos mejores servicios de transporte, no más autovías. Nos hace falta un mejor ferrocarril, no un tren elitista que sólo tenga parada en grandes poblaciones. Necesitamos buenos servicios de cercanías ferroviarias, no más y más anillos de circunvalación. Urge poner en práctica planes de movilidad sostenible, no más listas de infraestructuras.
Ecologistas en Acción considera que a pesar de nuestra sobredotación de infraestructuras de transporte, seguimos invirtiendo en ellas una cantidad de fondos brutal. Por el contrario, todos los indicadores señalan que estamos a la cola de los países de nuestro entorno en recursos y servicios de sanidad, educación, atención social, investigación, etc. pero éstos, más allá de los discursos, no tienen prioridad presupuestaria alguna. Sin embargo, son precisamente estos sectores en los que es posible crear más empleo sin impactos ambientales y con un gran beneficio social.
No hay duda. Para Ecologistas en Acción estamos ante una nueva versión, corregida y ampliada, del timo de las infraestructuras de transporte que hemos venido sufriendo desde hace años. Ahora con 17.000 millones de euros más.
* Ecologistas en Accion - 7.04.10
en
13.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , COLABORACIONES
Eugenio Gonzálvez, alcalde de Gádor, declara hoy ante el Tribunal Supremo imputado por prevaricación
IDEAL/Almeria* : El alcalde de Gádor y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, está citado a declarar hoy ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en relación al proceso por el que se le imputa la comisión de un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato para la obra de la nave municipal por valor de 144.837 euros.
El Supremo se declaró competente para instruir la causa incoada contra el regidor el pasado mes de junio (es aforado) y admitió a trámite la querella interpuesta por el portavoz del PSOE en Gádor, Francisco Almansa, después de que el fiscal informase de la presencia de indicios de ilícito penal.
En concreto, el Ministerio Público señala que el contrato de obras objeto de la denuncia se tramitó «sin ninguna clase de procedimiento de licitación» y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local gadorense expresaba su «reparo», lo que interpreta como una decisión que contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado. Al tiempo, apunta que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se «prescindió totalmente» del proceso que fija la normativa. Atribuyó, en esta línea, a Gonzálvez «conocimiento de la ilegalidad en su comisión» ya que, al margen del informe que advertía de los «graves defectos administrativos» en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007, «omitió los más elementales requisitos procedimentales», por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación.
La construcción de la nave se ejecutó entre 2001 y 2005 en diversas fases para un uso como almacén hortofrutícola y telar. En marzo de 2007, según se detalla en el escrito de la Fiscalía, se realizó por parte de un ingeniero industrial un proyecto de finalización de obras con un presupuesto de casi 150.000 euros. Tres meses después, Gonzálvez dictó un decreto por el que ordenaba el pago de las actuaciones a tres empresas. El informe del secretario, fechado el 29 de junio de 2007, formulaba además «reparo» ante el citado decreto, pese a lo cual -ahonda el fiscal- «el querellado emitió un nuevo decreto en el que resolvía la discrepancia surgida entre el órgano interventor y el ordenador de pagos en sentido favorable a éste último» de tal forma que fue llevado al pleno de la corporación local en pleno extraordinario.
* Ideal - 12.04.10
Foto: Gador (Almeria) - andaluciarustica.com
en
12.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Nuevo pelotazo urbanístico a la vista: Operación Chamartín
OTROMADRID* : Si los famosos brotes verdes, de los que tanto gustan hablar los hasta hace poco tiempo llamados refundadores del capitalismo que nada han refundado, verdean y viene una primavera económica sobre España, antes del devastador verano de una nueva fase de la crisis capitalista que acabe por agostar dichos brotes, se avecina una nueva operación urbanística sobre Madrid que la mencionada crisis pospuso en años pasados.
Me refiero a la Operación Chamartín, corona y broche de oro, por el momento, de todo el entramado que ha convertido el eje de la Castellana, hasta el infinito y más allá de los antiguos terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid, en la costa cementera del capital financiero y de los negocios, la especulación y los rascacielos de la soberbia de nuestra derecha económica, trincona e imperial capitalina.
1.-Haciendo un poco de historia:
La llamada Operación Chamartín tiene sus antecedentes más remotos en los años 40 y 50 del pasado siglo, cuando el franquismo expropió a más de 1000 familias terrenos de unos 800.000 metros cuadrados, para la construcción de la Estación de Chamartín, del total de 1.900.000 metros cuadrados que conforman los recintos ferroviarios de RENFE en Chamartín y Fuencarral (1)
Independientemente de la clase social a la que pertenecieran dichas familias y al interés público del desarrollo de infraestructuras ferroviarias durante el franquismo, lo cierto es que lo que en su origen tuvo una explicación en mayor o menor medida justificable como medio de desarrollo social y económico del país, en el presente ha derivado en el proyecto de especulación urbanística más grande de Europa (2)
En el contexto de desmonte y privatización de lo público, uno de los motores fundamentales del crecimiento económico de las grandes empresas capitalistas (urbanísticas, financieras, de industria básica, energía y telecomunicaciones, entre otras), que el Tratado de Maastrich consagró como modelo de la Europa de los mercaderes, RENFE, propietaria de los terrenos en los que se encuentran las vías de la citada estación, cede en 1993 sus derechos de explotación sobre el suelo a la empresa DUCH, tapadera del BBVA y del Grupo San José (constructores, no carpinteros), a cambio de futuros beneficios de la operación.
Hasta aquí el rastro del olorcillo de la especulación urbanística pero detengámonos en los detalles para mejor comprender cómo se va muñendo la conjura de los canallas. En 1993, con el PSOE en el Gobierno, y siendo RENFE aún pública, la empresa ferroviaria convoca un concurso público internacional para una "concesión sobre los bienes de dominio público del Estado" existentes en el ámbito del recinto ferroviario de Chamartín. Dichos bienes eran 62 hectáreas (620.000 metros cuadrados) de terreno. Dicho concurso fue resuelto con la adjudicación del mismo a la banca, entonces pública, ARGENTARIA (a partir de 1999 BBVA, ya con el PP en el poder). Con la adjudicación a ARGENTARIA de dicha concesión se constituye la sociedad mercantil privada Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH) S.A., coladero por el que entra la constructora Grupo San José (en un 27,5% frente al 72,5% de la entidad financiera) de rondón en una concesión a la que formalmente no se había presentado. Con la entrada en escena de la constructora se pergeñaba ya el inicio de un proceso hacia la recalificación de un suelo, hasta entonces público, que en el citado concurso no se había establecido.
Pero continuemos explorando el proceloso mar de las irregularidades de los tiburones de los negocios en este asunto. El listado de ellas es infinito:
* Para proceder a la adjudicación señalada RENFE se sacó de la manga la figura interpuesta de competencia delegada del Ministerio de Fomento, ya que su capacidad para otorgar concesiones administrativas era en aquel momento, como poco, discutible. Pero la concesión derivada de la adjudicación no podía interpretarse como un contrato privado, al contrario de lo dictaminado por la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.
* El objetivo –declarado- del concurso público realizado por RENFE (hoy Adif) en 1993 era el del amejoramiento del emplazamiento de la red viaria de la Estación, así como la ampliación de la misma, a través de una trama urbana que eliminara la barrera física que suponía el nudo de vías para conectar los distritos al este y al oeste de la ciudad. Es cierto que, para ello (y aquí está la trampa inicial), se planeaba la financiación del proyecto mediante la inclusión en el mismo de nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona. (3) Esto es, un bien social al que se pretendía dar salida mediante la apertura a la iniciativa privada. Ya veremos luego que no es posible sorber y soplar a la vez.
* Sin embargo, los terrenos expropiados en los años 40 y 50 del pasado siglo a más de 1.000.000 familias tuvo por objeto la construcción de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral en Madrid. La inclusión en el nuevo proyecto de un planeamiento de desarrollo urbanístico e inmobiliario en los terrenos propiedad de RENFE creaba una situación de desafectación respecto a los motivos de la expropiación realizada en su día. Ello debiera haber permitido a los afectados y a sus herederos ejercer el derecho de reversión (4) sobre los terrenos en su día expropiados, lo que la empresa no les ofreció. No es mi intención defender el “sacrosanto derecho” a la propiedad privada pero la intervención exitosa de los afectados hubiera podido malograr, o cuando menos retrasar, el pelotazo especulativo organizado por las tres administraciones (central, autonómica y municipal) al servicio de sus amigos de las constructoras y de la banca.
* RENFE y el Ministerio de Fomento plantearon en 1993 una actuación urbanística a través de una concesión a un operador privado (DUCH) lo que, en la práctica le permitía actuar como propietario privado de lo que hasta entonces había sido suelo público pero ello sin cambiar la titularidad del mismo, para evitar convocar un proceso de desafectación y convocar a los afectados al ejercicio del derecho de reversión, sin cuya convocatoria dicho derecho no podía ejercerse.
* El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997 recalificaba los terrenos públicos afectados para usos lucrativos destinados a la venta, lo que daba sanción “legal” a su privatización. Con ese fin en 1993 se había concedido a ARGENTARIA, entonces banca pública, la actuación sobre los terrenos de RENFE. Vemos como, una vez más a lo largo de su ya larga historia como partido, el PSOE (entonces en el Gobierno del país) le hacía el juego sucio a la derecha. Subsumida luego ARGENTARIA dentro de la banca privada BBVA y establecida por ésta la figura de interposición DUCH, en un formidable juego de “matrioskas” (muñecas rusas de madera en las que unas estén dentro de otras más grandes) se daba apariencia legal a lo que, a todas luces, es un chanchullo corrupto de apropiación de lo público por los intereses privados.
* El proceso de planeamiento presentó también irregularidades. La actuación se incluyó en el Plan General y el Plan Parcial de Reforma Interior “Prolongación de La Castellana”, (nombre oficial de la Operación Chamartín) es aprobado el 5 de Noviembre de 2009 (5) con un proceso de información pública de sólo un mes, en Diciembre del mismo año (a todas luces insuficiente para un estudio detallado de impactos ambiental, social, urbanístico y económico que se derivaría de la actuación tanto en la zona norte de Madrid como en la ciudad y el área metropolitana). Dicha información publica y el debate argumentado de los impactos de esta operación han sido mero trámite sobre el papel pero inexistente en la realidad. Sería de interés leer detalladamente las alegaciones a dicho Plan Parcial presentados en su día por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) de Madrid (6) , si bien no fue seguida de esfuerzo movilizador a la ciudadanía. Los estudios incluidos a posteriori en la tramitación no han subsanado este déficit democrático.
* Para beneficiar la operación, el suelo se clasificó como urbano en el Plan General, a pesar de que se trata de terreno no urbanizado, que necesita importantes infraestructuras de conexión, que serán pagadas en su mayor parte por financiación pública (a pagar por los impuestos ciudadanos), eludiendo aplicarle las determinaciones que permiten, en suelo urbanizable, destinar el 50% de las viviendas edificables a algún régimen de protección pública. De las 16.000 viviendas proyectadas, sólo se prevé que 4.000 de ellas sean públicas (7)
* Para aumentar la edificabilidad, a demanda de DUCH S.A., se aprueba una nueva Ley del Suelo de la CAM (Ley 9/2001) que, modificando la legislación anterior, posibilita un incremento de 735.000 m2 edificables, al permitir que se contabilice el suelo calificado como Sistema General (la red de vías) como suelo que genera aprovechamiento.
* En 2002 el Ayuntamiento con la complacencia de la Comunidad, y ante la insistencia de DUCH S.A. y para viabilizar el proyecto con las plusvalías generadas por la iniciativa privada del mismo, aprobó una modificación del Plan General en la que casi duplicó el coeficiente de edificabilidad pasando del 0,6 m2 a 1,05 m2.
El largo proceso desde 1993 hasta 2010, año previsto de inicio de la Operación Chamartín, se explica desde los difíciles acuerdos y los numerosos desacuerdos entre las tres administraciones –en un tiempo todas del PP y en otro la central del PSOE y las madrileñas de la derecha oficial- y de estas con el BBVA y con su testaferro legal, DUCH.
Durante una serie de años, los que distan desde el triunfo electoral del PSOE en 2004 hasta la firma de los acuerdos entre la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez y el Alcalde de Madrid, Ruíz Gallardón, el 23 de Diciembre de 2008, la operación Chamartín ha estado paralizada, entre otros motivos, por la falta de coincidencia entre las propuestas del Gobierno español sobre la cuestión y las del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Dos años antes, Fomento, también manos socialistas, ya había llegado a acuerdos con DUCH, si bien estos no se materializaron por no cerrarse los mismos con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
La entrada del Gobierno español en los acuerdos de la Operación Chamartín mostraba, una vez más palmariamente, el compromiso del PSOE con la mafia del ladrillo, toda vez que la experiencia del Tamayazo en la CAM (compra de dos diputados del PSM-PSOE para impedir el pacto de Gobierno PSOE-IU) aclaró a este partido la conveniencia de mantener la docilidad con la misma que en tantos ayuntamientos ha venido manteniendo desde el año 1979.
Han predominado, aparentemente, los desacuerdos centrados en aspectos como la titularidad del suelo, el carácter que se concedía al mismo, los porcentajes de participación de la iniciativa pública y la privada en las inversiones, hoy absolutamente descompensada en beneficio de los menores costes para la segunda (8).
En el fondo, la cuestión estaba en cuánto dinero ponían las administraciones en infraestructuras de acceso y espacio público para “adornar” lo que sólo es promoción al beneficio empresarial, en cuánto descaro o disimulo se aplicaba en disfrazar el paso de lo público a lo privado, en qué cantidad de dinero aportaba la iniciativa privada y en el modo de vender a la sociedad el hecho de que una parte del proyecto se sufragara con las plusvalías de quienes no desembolsarán inicialmente apenas cantidad de inversión inicial previa. En todo caso, este último punto se solventa con una ausencia de información indecente a la ciudadanía madrileña de lo que conlleva el proyecto y de lo que cada ciudadano sufragará, vía impuestos, a mayor gloria y ganancia del Madrid de los negocios.
Tampoco podemos olvidar que dicha Operación sería un relumbrón electoral para las administraciones que pudieran capitalizar su puesta en marcha y que el PSOE tampoco estaba dispuesto a que dicho éxito se lo adjudicase el PP.
Se ha intentado argumentar que las demoras al proyecto tenían que ver con la voluntad del Gobierno español de incrementar el número de viviendas de protección oficial (VPO) pero lo cierto es que sólo pasaron de la inicial propuesta del Ayuntamiento de 2.000 hasta 4.000 cuando el acuerdo ha llegado, quedando muy por debajo de la potencialidad que la ley permite llegar hasta el 50% de VPO (8.000) en suelo urbanizable.
Sin embargo, el poder del dinero y el del ladrillo es tal que finalmente dichos acuerdos políticos han llegado a producirse, oscureciéndose los motivos de desencuentros anteriores entre las administración central, por un lado y autonómica y local, por el otro o, lo que es lo mismo, entre el PSOE y el PP. Es significativo como el lobby de las inmobiliarias ha mostrado su poder hasta el punto de que son decenas las páginas en Internet que actualmente censuran informaciones que dieron en el pasado sobre dichos desacuerdos (9)
2.-Pero, ¿en qué se concreta la Operación Chamartín?
Sin duda, las cifras y la especificaciones de detalle son el elemento que mejor puede alumbrar lo que hay detrás de éste proyecto:
* 312 Hectáreas (más de 3 millones de metros cuadrados) para crear un núcleo empresarial, financiero y residencial al norte de la Castellana. Adif (la antigua RENFE) aportará 200 Hectáreas. El resto lo harán la EMT, Canal de Isabel II y algunos propietarios privados
* Prolongación del Paseo de la Castellana en 2,8 kms
* 11.100 millones de € aportados, de los que 4.300 corresponden a la urbanización e infraestructuras (1.900 por parte de los propietarios, 1.000 por Fomento y 1.400 por la del Ayuntamiento) y 6.800 a la edificación, que serán aportadas por la iniciativa privada a partir de las plusvalías generadas por el negocio
* Las infraestructuras de comunicación previstas serán la prolongación de la línea 10 de Metro en 4,2 kilómetros con cinco nuevas estaciones; la ampliación en 2,6 kilómetros de la Castellana y su conexión con las circunvalaciones M-30 (by-pas de la M-30) y M-40 y los cuatro nuevos ejes transversales. Además, se cubrirán 600.000 metros cuadrados de superficie ocupados por vías de ferrocarril para eliminar la barrera creada históricamente por el ferrocarril a lo largo de más de cinco kilómetros. Igualmente se reubicará y construirá la nueva Estación de Chamartín por parte de Fomento y las conexiones viarias a la misma. Pero
o Dichas infraestructuras se vinculan a la realización del proyecto y no a un estudio de las necesidades viarias y descongestivas de la zona
o Se incrementa la opción del vehículo privado con la conexión a las citadas circunvalaciones de la M-30 y la M-40, con el consiguiente impacto sobre las viviendas de la zona y aledañas
* Se destinan 1.204.000 m2 a oficinas, 165.000 m2 a uso hotelero y otros 165.000 a comercial.
* Se construirán 20 edificios por encima de las 20 plantas y de los cuales hasta 10 podrían superar los 150 metros (técnicamente, 152,5 metros es la altura a partir de la cual se considera a un edificio rascacielos).
* 16.000 viviendas, de las cuáles sólo el 25% (4.000) serán de vivienda protegida.
* Se calcula que esas 16.000 viviendas darán habitabilidad a 52.000 nuevos residentes.
* El proyecto terminará su fase de concreción y de aprobaciones definitivas en 2010, se iniciará de 2011 y su construcción durará 12 años, hasta 2023. La parte más importante se realizará, en su primera fase, entre 2011 y 2014
* 541.000 metros cuadrados se destinarán a zonas verdes. Pero este dato es absolutamente tramposo, ya que se ha exonerado “gracias a la disposición adicional cuarta (DA4) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de la obligación de ceder suelo al Ayuntamiento para las redes generales. El fundamento de la cesión de terrenos para tales redes está referido a las necesidades de la ciudad y especialmente de las zonas aledañas al desarrollo en cuestión (en este caso, los deficitarios -en materia de zonas verdes, espacios libres y equipamientos públicos- distritos de Tetuán, Fuencarral y Chamartín). La cobertura de las necesidades derivadas directamente del desarrollo de que se trate está prevista gracias a las cesiones de terrenos para las redes locales. Pues bien, el subterfugio de la DA4 ha venido a escamotear un muy significativo paquete de suelos a la ciudad” (10)
3.-¿Cuál es el significado de todo esto?
En primer lugar, la apropiación del suelo público por el espacio y los intereses privados. De nuevo las tres administraciones –central, regentada por el PSOE, autonómica y municipal, ambas por el PP trabajan para los intereses de la banca (BBVA, a través de DUCH y la Corporación San José) y de las grandes constructoras.
En segundo lugar, apostar por la prioridad del mundo de los negocios (una nueva City al estilo londinense) antes que por las necesidades sociales y ciudadanas, especialmente en una sociedad en crisis económica, en la que se recortan día tras día las dotaciones sociales.
En tercer lugar apostar por un modelo de ciudad de rascacielos que oponga cada vez más el Norte (como continuación de las conocidas como Torres del Real Madrid o de Florentino Pérez), absolutamente paleto en su vocación de imitación de los modelos urbanos del falso desarrollismo, al Sur (con viviendas bajas y entornos mucho menos dotados).
Pero es incluso una bofetada estética frente al entorno ya construido próximo con el nuevo desarrollo (colonia de San Cristóbal, barrio de Begoña, caserío en el lado oriental de la avenida del Llano Castellano/Nuestra Señora de Valverde, Las Tablas…) donde la edificación se organiza en tipologías bajas y medias.
Desintegrará el concepto de ciudad vecina de las zonas posteriores del eje de Bravo Murillo, con viviendas mucho más modestas (Barrio de la Ventilla, zona de Tetúan trasera de Bravo Murillo,...)
Será un intento baldío de apostar por parches a la crisis en la Comunidad de Madrid y en su capital, a través de modelos especulativos, centrados en el mundo de los negocios y las viviendas para las rentas altas, que creen bolsas de hinchazón de la burbuja inmobiliaria local. El complejo CTBA (Cuatro Torres Business Area), que le anteceden en el Pº de la Castellana no están resultando, al menos en ocupación, un negocio inmobiliario “a posteriori” tan boyante como los especuladores pensaban, al menos por lo que a la ocupación de sus oficinas se refiere. La crisis ha venido a aguar en parte dicha visión ideal de ciudad de ricos y, como ha venido para quedarse, no dará previsiblemente mejor acogida al nuevo proyecto. Pero servirá de gran pelotazo urbanístico en el que las 3 administraciones hacen de alcahueta y los especuladores inmobiliarios y financieros de Al Capones de turno. Es significativo, en este sentido, ver cómo el apellido Aguirre aparece de nuevo en escena. La empresa Aguirre Newman, empresa asesora en materia inmobiliaria, de la que es Presidente Santiago Aguirre el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid tiene intereses, como asesor, en la Operación Chamartín, así como de la comercialización de la Torre Espacio en el CTBA
4.-¿Y ahora qué?
Es penoso ver la aceptación resignada de una parte de la izquierda (IU), que ha cuestionado el plan pero no ha movilizado contra él, del movimiento ciudadano, que ha pedido su retirada pero tampoco ha presionado socialmente contra el mismo, cuando no la complicidad de la pseudoizquierda “socialista” con el proyecto.
Resulta lamentable la debilidad de la extrema izquierda y su inopia (en su doble sentido, como indigencia y escasez y como ignorancia de los hechos), enredada demasiadas veces en luchas estériles entre sí o en debates sobre aspectos absolutamente irrelevantes cuando la realidad es otra y se nos impone reaccionariamente por parte del poder político y económico.
Habrá quien piense cínicamente, aunque no se atreva a decirlo, que en la fase en la que se está, de este proyecto megalómano y antisocial de expropiación de suelo en beneficio de los amigos de la clase social para la que la instituciones políticas trabajan, ya es tarde para oponerse y movilizarse contra este engendro y que sólo una agudización de la crisis podría detenerlo o al menos retrasarlo.
Pensar de este modo equivale a creer que sólo las batallas políticas y sociales que puedan ganarse han de ser dadas. Pero nada más falso que esta creencia.
Por coherencia política, por principios, por dignidad, por necesidad de no seguir resignándonos a lo que es nuestro, el suelo público, y el dinero de los ciudadanos que van a las arcas particulares, vía impuestos para sufragar, obras faraónicas que están arruinando la ciudad, esa batalla debe de darse.
Y debe de darse porque la especulación urbanística no sólo destruye la ciudad en la que habitamos y va expulsando progresivamente a las clases populares de ella, quedándose cada vez más como habitat de las clases de rentas altas, sino porque es una forma de corrupción económica –de los políticos y los poderes empresariales- y moral, de una ciudadanía a la que ya todo le va pareciendo cada vez más normal y no hay ya nada que le escandalice fuera de las críticas de la barra del bar.
Y debe de darse también esa batalla contra este nuevo pelotazo urbanístico que supone la Operación Chamartín porque la corrupción es el modo a través del cuál el capitalismo y sus servidores políticos nos están arrebatando los bienes comunes, cambian las prioridades de las necesidades sociales, dualizan la sociedad entre poseedores y desposeídos, pudren los valores democráticos y nos condenan a ser comparsa resignada de tan degradante espectáculo.
Y debe de darse también esa batalla porque resulta obsceno que en un Madrid en el que el 13,3% de los madrileños vive bajo el umbral de la pobreza, aumentando en los últimos 4 años de los que se disponen cifras en 4 puntos (9,5% en 1995), se dediquen 11.000 millones de pesetas a construir más “torres de la soberbia” para loor y gloria de este capitalismo indecente y de esta clase política corrupta.
No basta con denunciar. Es necesario movilizar, hasta donde se pueda y nos lleguen las fuerzas. Seguir mirando para otro lado, resignados y fatalistas, es ponernos nosotros mismos la cuerda de cáñamo con la que pretenden ahorcarnos. En nuestras manos está devolverles al menos una parte del “regalo” con nuestro no.
(1) http://www.operacionchamartin.com/
(2) http://www.cincodias.com/articulo/empresas/inmobiliarias-buscan-vias-entrada-operacion-Chamartin/20060810cdscdiemp_1/cdsemp/
(3) http://www.fcmanrique.org/recursos/actividad/471dfffctextosfelixarias.pdf
(4) El artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Noviembre de 1954, estaba vigente cuando los afectados por la expropiación para la construcción de la Estación de Chamartín intentaron ejercer su derecho de reversión, hasta su modificación por la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación: Dicho artículo, antes de su modificación, decía los siguiente:
1. En el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización que se determina en el artículo siguiente.
2. No habrá derecho de reversión, sin embargo, en los casos siguientes:
Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social. En este supuesto la Administración dará publicidad a la sustitución, pudiendo el primitivo dueño o sus causahabientes alegar cuanto estimen oportuno en defensa de su derecho a la reversión, si consideran que no concurren los requisitos exigidos por la ley, así como solicitar la actualización del justiprecio si no se hubiera ejecutado la obra o establecido el servicio inicialmente previstos.
Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.
(5)http://www.publico.es/agencias/efe/185781/city/madrilena/comenzara/construirse/chamartin
(6) http://urbanismopatasarriba.blogspot.com/2009/12/los-vecinos-de-madrid-creen-que-la.html
(7) http://www.cincodias.com/articulo/economia/Luz-verde-operacion-Chamartin-anos-paralizada/20091106cdscdieco_12/cdseco/
(8) El sector público asume una proporción superior de cargas de la que le corresponde por su porcentaje de suelo, mientras RENFE (hoy privada como Adif)/DUCH, con el 62,9% del suelo sólo sufraga el 48% de las infraestructuras (la Estación de Chamartín “no será una carga para el proyecto”, por lo que no computa), las tres Administraciones públicas, con el 19,1% del suelo, sufragan el 38% de las infraestructuras. Fuente:http://www.fcmanrique.org/recursos/actividad/471dfffctextosfelixarias.pdf
(9) Basten sólo dos ejemplos al respecto, pero hay multitud a lo largo y ancho de Internet:
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/clusteredition/es/20060724,Expansion-91a2ac2e89ab8c602e9c6bfbca027793.html
http://www.expansion.com/2006/07/24/economia-politica/824176.html (noticia de la que sólo hay un encabezamiento pero no puede abrirse para su completa lectura)
(10) Alegaciones al Plan Chamartín (Plan Parcial de Reforma Interior APR08), presentadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Alegaciones al Plan Parcial de Reforma Interior APR 08.pdf 188,55 kB
* Otro Madrid - Marat - 6.04.10
Foto: Madrid, proyecto Operación Chamartín - otromadrid.org
en
12.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Madrid
'Gürtel': Anticorrupción investiga si la trama usó empresas pantalla para facturar
PÚBLICO/Madrid* : La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el entramado Gürtel pudo utilizar a terceras empresas como pantalla para facturar a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey. Fuentes jurídicas confirmaron a Público que, a petición de la policía y de Anticorrupción, el juez Antonio Pedreira ya ha reclamado a las cinco instituciones del PP antes citadas la entrega de todos los contratos adjudicados a las empresas del madrileño Grupo Rafael, formado por un conjunto de sociedades del campo de la imagen y las artes gráficas.
Para la apertura de esta nueva línea de investigación resultó clave una serie de correos electrónicos almacenados en los ordenadores de Easy Concept y cruzados entre esa sociedad y Grupo Rafael. Uno de ellos contiene información sobre 81 facturas giradas a la Comunidad de Madrid de forma indistinta por Grupo Rafael y las empresas de Correa.
Las primeras actuaciones desarrolladas en torno a ese punto figuran en el "Informe Udef 107.996/09", una pieza separada del sumario abierta en febrero de este año y que ya no está sujeta a secreto.
El uso de terceros para facturar a administraciones del PP dispararía, de confirmarse, el cómputo de ingresos obtenidos por la red Gürtel gracias a los contratos a dedo. Hasta ahora, los cálculos apuntaban a que la trama obtuvo tres millones del Gobierno de Esperanza Aguirre mediante los llamados contratos menores, aquellos que, al no exceder de 12.000 euros, se dan sin concurso y sin formalizar siquiera expediente administrativo. La inexistencia de expediente facilita que alguien facture en falso como si hubiera realizado un servicio que, en realidad, ha prestado otro.
Como si fuera deuda propia
Según la policía, la red de Correa marcaba "objetivos en la gestión de facturación" a Grupo Rafael, que asumía "los importes correspondientes a la deuda" del conglomerado Gürtel con la Comunidad de Madrid. Y lo hacía como si esa deuda "fuera la suya propia", realizando "incluso la gestión de cobro con los distintos organismos". En otras palabras, Grupo Rafael no habría operado como un gestor contratado por un tercero para una misión determinada el cobro de recibos, en este caso sino como si todas las facturas, las suyas propias y las de Correa, formasen un todo inseparable. El monto del paquete de facturas gestionadas por Grupo Rafael y sobre las que policía ha encontrado información asciende a 752.179 euros. Ese importe se corresponde con 81 facturas emitidas entre 2004 y 2008. De ellas, 57 fueron giradas por Grupo Rafael. Y 24, por Servimadrid, Easy Concept (antes llamada Downtown Consulting), Good and Better y Diseño Asimétrico, cuatro sociedades de Correa.
El viernes, un portavoz oficial de Grupo Rafael negó de forma tajante a este diario que sus empresas hayan gestionado alguna vez el cobro de facturas de las compañías de Francisco Correa. El grupo, dijo el portavoz, sólo fue proveedor de las compañías a Correa. Sobre la información requisada por la policía, el portavoz dijo: "Puede haber interpretaciones diversas".
Con sus correspondientes sociedades, Grupo Rafael aparece extensamente mencionado en uno de los correos electrónicos que la policía incautó durante un registro en la sede de Easy Concept, una de las sociedades del núcleo de la red corrupta. Ese correo resultó clave para que la UDEF (unidad policial de delitos económicos) concluyese la existencia de "una estrecha vinculación entre el grupo de empresas dirigido por Francisco Correa Sánchez con otras sociedades y grupos".
Fechado el 8 de abril de 2008 y dirigido por una empleada de Grupo Rafael a Easy Concept, ese mail incorporaba como archivos adjuntos seis hojas de cálculo con la siguiente denominación: Facturas Grupo Rafael.xls; Resumen de cobros GrupoRafael.xls; Facturas DISEÑO ASIMÉTRICO.xls; Resumen de cobros Diseño Asimétrico.xls: Facturas Easyconcept, Good&Better y Downtown Consulting.xls: y Resumen de cobros Easyconcept, Good&Better y Downtown.xls.
* Publico - 12.04.10
Foto: Presentación organizada por la trama en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. - publico.es
en
12.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Madrid
El Cabanyal - Forges

Viñeta: Forges, el cabanyal - 20100411, elpais.com
en
12.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
El otro Cabanyal posible
PUBLICO/Valencia* : El Cabanyal está herido. Sus últimas llagas son los solares que han dejado los cinco derribos perpetrados por el ayuntamiento la semana pasada. La violencia de la Policía Local y la Nacional contra los vecinos que intentaron impedirlos ha sumido el barrio en la estupefacción. No es para menos. A finales de diciembre, el Ministerio de Cultura, a instancias del Tribunal Supremo, suspendió el plan por considerarlo un "expolio del patrimonio" e instó a la rehabilitación de este viejo enclave marinero.
Los manifestantes que esgrimieron este argumento acabaron en el hospital o en el calabozo. Formaciones como Compromís o Izquierda Unida ya han demandado el cese del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, por enviar la Policía Nacional a cargar contra ciudadanos que defendían las normas de una administración a la que representa. Esta tarde lo volverán a exigir en Madrid, a las puertas del Ministerio de Cultura.
El clímax vivido en los últimos días también ha puesto de relieve la necesidad de adoptar soluciones urgentes en un barrio al borde del colapso tras más de una década de paralización e incertidumbre. En 1998, el ayuntamiento aprobó el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior), que incluye la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez sobre 600 edificios de un elevado valor histórico. La contestación ciudadana fue inmediata y se articuló en torno a Salvem el Cabanyal, plataforma que aboga por "una rehabilitación integral del barrio sin destrucción". Una idea que también defienden los partidos de la oposición y numerosas entidades del ámbito de la protección artística y patrimonial.
Tras 12 años de debate, propuestas, informes y jornadas culturales, se ha generado un plan de rehabilitación no escrito. Un plan minucioso de gran participación ciudadana que se nutre de aportaciones de profesionales de prestigio como Jean Nouvel, Oriol Bohigas, Ramón López de Lucio, Álvaro Siza o Lucien Kroll. Por ejemplo, el portugués Siza apuesta por un barrio habitable, con fachadas de casas tapadas por plantas trepadoras y espacios donde apetezca pasear y no sean sólo un lugar de paso.
Acupuntura sobre la trama urbana
En el 2007, Jean Nouvel quedó prendado del Cabanyal. El arquitecto que diseñó la Torre Agbar de Barcelona incluyó el barrio como uno de los puntos fuertes de su proyecto de fachada marítima en Valencia. Nouvel instituyó el puerto y ladesembocadura del río como los ejes centrales. Al norte quedaba El Cabanyal como un museo al aire libre. Una galería de arte repleta de casas maquilladas según la estética del modernismo popular de principios del siglo XX, edificadas donde antiguamente se alzaban las barracas de pescadores.
Para Nouvel resultaba impensable que un ayuntamiento quisiera derruir ese legado y convertirlo en una impersonal avenida. Planteó que la rehabilitación del Cabanyal era necesaria. Y también sencilla. Bastaba aplicar lo que el arquitecto brasileño Jaime Lerner bautizó como "acupuntura urbana". Es decir, actuar en puntos estratégicos para sanar una zona en decadencia. Arquitectos como Vicent Gallart o Tato Herrero saben dónde clavar las agujas. "Primero, acabar con el tráfico de drogas, que degrada el barrio y fuerza el éxodo de los vecinos. Segundo, rehabilitar las casas deterioradas. Tercero, incentivar la actividad económica", opina Gallart.
Tres medidas que reactivarían el riego sanguíneo del barrio. "El Cabanyal precisa una savia nueva que está a sólo diez minutos", apunta Herrero refiriéndose a la cercanía de la Universidad de Valencia y la Politécnica. De hecho, una hipotética rehabilitación pasaría por dotar al barrio de un marcado perfil universitario. El beneficio sería doble. Por un lado se repoblaría la zona. Por otro, se mitigarían los riesgos de lo que Antonio Font, catedrático de Urbanística de la Universidad Politécnica de Catalunya, definió como "diseñitis" en unas recientes jornadas sobre el futuro del barrio. "El Cabanyal no puede transformarse en parque temático del turismo, como pasó con la Barceloneta. Eso supondría una expulsión encubierta de los vecinos fruto, en parte, del encarecimiento del suelo", explica y añade: "Para que esto no suceda, debe quedar muy clara su identidad".
Tato Herrero conoce bien la naturaleza de El Cabanyal, "un barrio que, si no existiera, habría que inventarlo". Por su pasado histórico, pero también por su ubicación. "La ciudad lo necesita. Es un filtro que gradúa, diluye la llegada al mar. La dulcifica, sugiere calma. ¿Por qué acabar con él? Además, está urbanizado con sabiduría: muy bien ventilado y soleado", argumenta Herrero, quien asegura que Valencia ya cuenta con avenidas como la de Los Naranjos, del Puerto y de Francia para llegar al mar. "La de Blasco Ibáñez es una redundancia, un empeño personal de Rita Barberá".
Además, la avenida acentuaría la degradación de El Cabanyal. Es la tesis que la Academia de Bellas Artes de San Fernando defendió en un informe en febrero. "Con la prolongación se produciría una auténtica colisión entre la retícula histórica subsistente y la nueva ordenación urbana, de imposible solución", reza el documento. Vicent Gallart suscribe el análisis: "El plan de la alcaldesa orbita alrededor de la prolongación. La gente llegaría rápido al mar con el coche y no se adentraría en la calles. ¿Quién va a querer montar un comercio allí? La avenida parte, destruye y desprecia El Cabanyal".
Según Salvem El Cabanyal, existe una razón contundente para defender la rehabilitación: "Es mucho más barato que destruir y volver a edificar". Vicente González Móstoles, concejal socialista, afirma que el ayuntamiento gastaría 300 millones "sólo para expropiar las casas". Siempre que los vecinos no vayan a los tribunales, "ya que el PP les ofrece precios irrisorios, muy por debajo de los de mercado".
El coste de destruir el barrio
Además de las expropiaciones, el consistorio debería construir equipamientos y reurbanizar la zona. ¿Qué coste tendría? El ayuntamiento no da datos. La propuesta socialista ronda los 200 millones y abarca todos los poblados marítimos. "Cabe todo", explica González Móstoles, "rehabilitar las casas, construir nuevas y equipamientos". Una cifra muy similar, 206 millones, la planteó el grupo Compromís en Les Corts a través de un proyecto que también incluye frenar la marginalidad. La rehabilitación, según Compromís, estaría pilotada por un Consejo de Participación Ciudadana ampliamente representado por asociaciones vecinales.
* Publico - 12.04.10
Foto: publico.es
en
12.4.10
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana