LAPROVINCIA* : El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el estudio de detalle que permitía una torre de 13 plantas en la zona llamada Gran Guanarteme (junto al centro de salud y la circunvalación) es sólo la punta de lanza de una acumulación de sentencias contrarias al planeamiento diseñado por los últimos gobiernos municipales que los jueces han tumbado en repetidas ocasiones. De la docena de sentencias falladas o ejecutadas en los últimos años más de la mitad, siete en concreto, se refieren a planes urbanos de Guanarteme y El Rincón.
La anulación del estudio de detalle del Gran Guanarteme es la secuela lógica de una sentencia anterior que ya anulaba la construcción de la torre de 13 plantas al eliminar la unidad de actuación (UA) que la amparaba. Si bien el Gran Guanarteme se enmarca dentro del ambicioso proyecto de ampliación de Mesa y López que recoge el Plan General de Ordenación (PGO) desde 1989, fue un gobierno del PP el que ofreció a Fadesa el estudio de detalle ahora anulado nada más conocerse la sentencia que eliminaba la UA original.
También herencia del PGO del 89, aunque estallaron durante los 12 años de gobierno del PP, fue la anulación de la UA número 9 (un rambla con edificios entre plaza de América y la playa) y el caso Valdemar, que originó otra indemnización a la administración pública.
Otro caso judicial llamativo dentro de Guanarteme fue el del solar de Pavía, un contencioso que también nació durante el último mandato del PP, gobierno municipal que cambió el uso deportivo de la parcela que había decretado Emilio Mayoral (PSOE) en 1994. Precisamente fue el gobierno de Mayoral el que decidió expropiar suelo para el instituto El Rincón, un pleito que aún no se ha resuelto ya que los antiguos propietarios siguen reclamando el pago del terreno al Ayuntamiento.
Tampoco escapa a esta cascada de pleitos por desmanes urbanísticos el nuevo gobierno socialista de Jerónimo Saavedra ya que fue al inicio de su mandato cuando se originó la demanda de cinco millones de euros por la expropiación de una antigua nave industrial en El Rincón.
OTROS CASOS
Canódromo. Seguramente la madre de todas las sentencias que afectan al urbanismo municipal ya que anula la construcción de dos torres en el parque del mismo nombre, una de las cuales ya esta levantada. El caso, que se originó en el mandato de José Manuel Soria y aún dirime en el TS, podría costarle más de 30 millones al Ayuntamiento.
Carretera del Centro. Otro caso sonado que se remonta a hace 40 años y que sucesivos gobiernos locales pasaron por alto, el pago de una expropiación para la carretera del Centro. Finalmente ha sido un juez el que ha exigido a Saavedra el pago de cuatro millones bajo amenaza de desacato.
Supercomisaría. Junto al caso de la Biblioteca del Estado y el edificio Insular I, el caso de la Supercomisaría costó varios millones a las arcas municipales por varias demandas vecinales.
* La Provincia - 7.03.10
Foto: Pintada contra la especulación en el barrio de Guanarteme, un fenómeno que vivió su principal auge a principios de la década de 2000. ANDRÉS CRUZ, laprovincia.es
Las Palmas: Guanarteme, barrio de sentencias
Benalmádena: Piden un año de prisión para Enrique Bolín por dar una licencia urbanística
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ELMUNDO/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha solicitado un año de prisión para el ex alcalde de Benalmádena Enrique Bolín por conceder licencia de obra para una vivienda unifamiliar a pesar de tener un informe técnico desfavorable por no adecuarse el proyecto a las normativas urbanísticas vigentes. Posteriormente, autorizó la modificación del permiso para permitir una ampliación que presuntamente tampoco estaba permitida.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, en mayo de 2004 un particular solicitó al Consistorio la concesión de una licencia para construir una casa en una zona conocida como 'El Cerro'. Para este otorgamiento, dice el escrito, era necesario un informe jurídico y técnico sobre la adecuación a los parámetros urbanísticos del municipio y determinado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Así, el informe técnico "fue emitido en sentido desfavorable", según la calificación inicial del ministerio público, a la que tuvo acceso Europa Press, "al incumplirse las previsiones" de uno de los artículos del Plan General, que fijaba la altura reguladora en la fachada principal y lateral derecha, de forma que el máximo de plantas permitidas "eran dos", mientras que las proyectadas eran tres.
"A pesar de ello, el acusado, entonces presidente de la Corporación municipal, conociendo la disparidad y contrariedad entre lo que se pretendía edificar y la normativa urbanística", dictó, "asumiendo las consecuencias", un decreto otorgando la licencia pedida, según indica la acusación.
Documentación para la reforma
Posteriormente, se presentó documentación para reformar la obra, en la que se pedía autorización para ampliar un casetón. Sobre esto, el arquitecto técnico municipal en abril de 2005 emitió de nuevo un informe desfavorable por la misma causa anterior y, además, por "incumplirse" otro artículo del planeamiento relativo a la utilización de estos casetones.
"De nuevo, el acusado, siendo reiteradamente instruido y advertido de la contrariedad urbanística de lo solicitado y ya aprobado", según el fiscal, otorgó licencia "aprobando la modificación de la originariamente otorgada y no precisamente para subsanar lo ilícitamente autorizado con anterioridad sino para permitir la indebida ampliación demandada".
En este sentido, se indica que "la actuación parcial, infundada e improcedente del máximo edil del Ayuntamiento de Benalmádena no cesó hasta ultimarse la edificación antiurbanística", cuando se formuló informe desfavorable del técnico municipal de infraestructuras sobre la concesión de la licencia de primera ocupación, "concediéndola" en diciembre de 2006.
Según la acusación, la otorgó "siendo sabedor de que la misma no podía concederse por no reunir lo construido los presupuestos exigibles para tal autorización". El fiscal señala que se trata de delito contra la ordenación del territorio, por el que pide, además del año de prisión, una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.
* El Mundo - 6.03.10
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
Importante: para ver noticias anteriores en el blog
Desde finales de Febrero parece que Blogger ha limitado la capacidad de las noticias (fotos, videos...) en la página principal. De repente y sin avisar, eso dicen ahora tratando de disculparse.
El asunto es grave, pues la la portada queda algo descolocada y hay que quitar algunas cosas para que cargue más rápido. De todas formas, si queréis ver más noticias, como algunos ya sabrán, existen varios métodos sencillos, explicados a continuación...
- Al final de la última noticia que aparece en la página principal (en la parte derecha) hay un rótulo que dice "Entradas antiguas", si pinchas te da las noticias inmediatamente anteriores a ésa.
- En el menú lateral del blog hacia el final existe un apartado "Archivo de Noticias" con todas las noticias publicadas en el blog. Viene por meses, o sea que hay buscar el mes que te interese (o el año también).
- Incluso se puede buscar por Comunidades Autónomas en el mismo menú lateral (Temas/Secciones), aunque a veces haya muchas de cada sitio, claro.
- Y, por último, un método muy práctico es el buscador de Google del menú lateral (marcando UrbanPatasArriba), donde están también todas las noticias y se puede buscar por ciudades, sitios o asuntos concretos.
Eso es todo, de momento, mientre Blogger mueve ficha y permita ampliar la página principal. Hay mucha gente quejándose por lo mismo.
Un saludo
El urbanismo salvaje multiplica los daños por las riadas en Andalucía
ELPERIÓDICO* : Hasta donde alcanza la vista, un extenso mar cubre las afueras de Jerez de la Frontera (Cádiz) y rodea la autovía que comunica con Algeciras. Solo extrañan las antenas del centenar de casas construidas a pocos metros del río Guadalete que las riadas cubrieron en diciembre. El escenario, aunque con un poco menos de agua, se repite en Córdoba, Jaén y Sevilla, porque el invierno más lluvioso del que se tiene constancia en el último siglo en Andalucía ha vuelto a poner de manifiesto la dejadez urbanística: nueve de cada diez viviendas anegadas en los últimos temporales eran ilegales, según la Administración regional.
Tanto vecinos como instituciones y ecologistas coinciden en que llueve sobre mojado, y que la situación no es muy distinta de la de 1996, cuando tras una intensa sequía se registraron unas no menos intensas precipitaciones que causaron riadas. Si acaso, el panorama ha sido peor ahora, porque al agua de la lluvia se ha sumado la proveniente de unos pantanos que estaban al 40% de su capacidad. De hecho, el 70% de los embalses regionales no han tenido más remedio que abrir compuertas.
INUNDACIONES HABITUALES / Frente a la imagen de una Andalucía seca, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones del Gobierno autonómico constata que es una de las regiones europeas que sufren más inundaciones. Así, la frecuencia de riadas desde hace 500 años es un 62% mayor que la media española.
Este documento, elaborado en el 2002 y actualmente en proceso de revisión, identifica hasta 1.099 puntos de riesgo por inundación –un centenar de ellos en grado máximo, por el peligro para las personas-- en toda la comunidad. Los puntos negros se reparten entre 400 municipios, aunque la mitad se ubican en la cuenca del Guadalquivir. Justo los terrenos afectados por las últimas trombas.
CONSTRUIR JUNTO AL RÍO / Casi todas las viviendas inundadas se edificaron al margen de la ley y sus dueños carecen de escrituras, según los ecologistas. Los tres núcleos afectados en Jerez (Las Pachecas, La Corta y El Portal) son asentamientos en vías pecuarias o residencias de fin de semana construidas sin permisos en la ribera del río, sin respetar los 50 metros de dominio público hidráulico. Lo mismo pasa en las pedanías cordobesas de Guadalvalle y Majaneque y en Los Puentes (Jaén capital), incluso en Lora del Río (Sevilla). Pese a todo, y bajo criterios electoralistas, los consistorios han consolidado parcialmente estos núcleos al dar agua potable o desagües, de ahí que se haya pedido al Gobierno manga ancha en las ayudas por los daños. Pero de nada sirven las canalizaciones cuando se está bajo el nivel del río, porque con las crecidas el agua sale por las alcantarillas.
«¿Cómo haces entender a la gente que, aunque no haya pasado nada en años, el agua trae sus escrituras en la mano?», plantea la edila de Medio Rural de Jerez, Carmen Martínez. Su equipo de gobierno prevé construir viviendas públicas en la zona para evacuar a los vecinos a terrenos seguros sin desarraigarlos, pero algunas familias se niegan.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY / El problema es que, en el caso de los ríos, «no se cumple la ley de aguas, ni por parte de particulares ni por los técnicos que permiten urbanizaciones legales o incluso polígonos industriales en zonas de cauce que la gente cree que se han secado», denuncian los ecologistas, que critican la dejadez de los ayuntamientos y de las cuencas hidrográficas por permitirlo.
«La normativa es buena, el problema son los gestores», resume Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción, que reclama dureza con las administraciones y la demolición de las viviendas en zona de riesgo. También pide sanciones a los constructores de obras como la A-92, con un socavón de 30 metros a la altura de Granada, «porque no calculan los riesgos de deslizamientos y olvidan que las lluvias son cíclicas».
* El Periódico - 7.03.10
Foto: Casas inundadas del núcleo de Las Pachecas (Jerez), el 19 de febrero. Foto: EFE / JARO MUÑOZ
Valencia: Los otros 'cabanyals'
ELPAÍS* : Desde hace años el barrio valenciano de El Cabanyal pide a gritos un plan de choque que regenere una trama que languidece por la falta de atención de las administraciones públicas. No es el único caso. Hay más cabanyals repartidos por toda la geografía valenciana que necesitan una intervención pública decidida si se quiere evitar un deterioro mayor.
"Una ciudad evoluciona y se recicla día a día. El problema surge cuando esa evolución no está planificada", reflexiona el arquitecto Héctor Luengo, que ha vivido en primera persona la rehabilitación de Ciutat Vella en los últimos 15 años.
Esa falta de planificación se ha dado en un puñado de barrios, donde el abandono oficial ha favorecido la marginalidad. Los centros históricos, con un parque de viviendas antiguo, residentes mayores, pisos deshabitados y, en muchos casos, problemas de prostitución y tráfico de drogas, son especialmente vulnerables. También los barrios que en los años 50 o 60 acogieron a inmigrantes del resto de España que, mejorada su situación, han vendido sus casas a los nuevos inmigrantes -subsaharianos, centroeuropeos, latinoamericanos...-. O los poblados cercanos al mar, desconectados durante décadas del centro de la ciudad y que hoy despiertan un interés inmobiliario extraordinario por su proximidad al mar. EL PAÍS inicia el próximo fin de semana la publicación de una serie de reportajes sobre la situación de una decena de barrios valencianos cercados por la degradación.
NATZARET Un barrio aislado
Este barrio de Valencia cien por cien marítimo y próximo al Cabanyal, lleva décadas de aislamiento. Su cercanía al puerto de Valencia lo inundó durante años de improvisados talleres ilegales de reparación de contenedores. Las toneladas de hierro se apilaban a pocos metros de las viviendas. Superado este problema, el cerco continúa. El circuito de Fórmula 1 de Valencia encierra de nuevo Natzaret cada vez que hay competición. Y, por si fuera poco, el traslado de la fábrica de aceite Moyresa sigue pendiente. El abandono institucional -ni el Ayuntamiento ni la Generalitat han cumplido con los planes urbanísticos- y la escasez de recursos de la población residentes -unas 7.000 personas- han propiciado el deterioro continuado de las viviendas. No hay planes de pisos de protección pública y sí auténticos corrales viejos, con techos de uralita.
VELLUTERS El gran olvidado
Es el gran olvidado a pesar de estar en los planes de rehabilitación que se diseñaron para Ciutat Vella en los 90. El estado ruinoso de sus edificios, la prostitución y el tráfico de drogas han alejado a posibles nuevos residentes a pesar de situarse a pocos metros del moderno y recuperado barrio de El Carme. La actuación pública en Velluters ha sido un estrepitoso fracaso y la mayoría de sus edificios no han pasado ni la primera revisión exigible a los edificios antiguos. En sus entrañas conviven las casas típicas de los artesanos de la seda con auténticas joyas del pasado como es el Colegio de Arte Mayor de la Seda. Unas y otro están abandonados.
EL VIEJO ORRIOLS Dos realidades y un espacio
Es un barrio que durante los años 50 o 60 acogió a los inmigrantes extremeños, andaluces y manchegos que llegaron en busca de prosperidad a Valencia. Décadas después, los antiguos residentes se han trasladado a mejores casas y han vendido a los nuevos inmigrantes. En sus calles conviven dos realidades bien diferentes: la parte vieja donde predominan los pisos de baja calidad y viven los colectivos en clara desventaja social. Luego está la parte nueva, donde se alzan los complejos residenciales cerrados, con metros de zona verde y piscina. El viejo Orriols es uno de los espacios de la ciudad más proclive a albergar los pisos patera o improvisados mercadillos donde se encuentran hasta objetos robados.
TENDETES Más equipamientos
Situado en las inmediaciones de La Fe y el complejo comercial de Nuevo Centro, el barrio de Tendetes, cercano a la estación de autobuses es un espacio laberíntico. Abundan los edificios de los años 50, de cuatro alturas y sin apenas zonas verdes. La necesidad de equipamientos públicos es imperiosa. En el barrio conviven los residentes de toda la vida, de edad avanzada, con la nueva población inmigrante.
SAN ANTÓN A unos metros de la casa consistorial
La barriada, de unas 500 casas bajas, se levanta a unos cientos de metros del Ayuntamiento y en una zona muy visible porque bordea la concurrida avenida Jaime II, y ofrece al visitante un brutal contraste, en negativo, con la aseada postal urbana que la envuelve. El barrio es un nido de solares abandonados, muchos de ellos de propiedad municipal, y el estado de conservación su parque inmobiliario también deja mucho que desear. La zona también sufre carencias de dotaciones públicas y el comercio es escaso. Los vecinos esperan en vano un proyecto global para la rehabilitación del barrio, posibilidad que acariciaron cuando el ex alcalde del PP, Luis Díaz Alperi, planteó ubicar el centro de congresos a las faldas del monte Benacantil, frente a la fachada del barrio. El abandono del proyecto, por imperativos legales, volvió a condenar al barrio al ostracismo.
JUAN XXIII Conflictividad en las calles
La zona norte de Alicante está formada por seis barrios con muchos problemas comunes de desestructuración y degradación. De todos, el peor es el de Juan XXIII, el primer barrio de la zona cuya complicada y conflictiva realidad obligó al Ayuntamiento a movilizarse. El barrio, que se levantó a finales de los 60, cuenta con una trama urbana irregular y poco cohesionada. El deterioro es habitual en sus edificios, igual que los desperfectos en calles y aceras. La decrepitud creció en paralelo al cambio de población. De un vecindario mayoritariamente compuesto por familias obreras se pasó a una masiva llegada de inmigrantes. La conflictividad en la zona ha llevado incluso a movilizaciones vecinales contra supuestos clanes de narcotraficantes, que dirimen sus diferencias a tiro limpio y en plena calle.
COLONIA REQUENA . Los pisos patera
Es el barrio del norte de Alicante donde la inmigración tiene más presencia. También es uno de los más pequeños y por tanto uno de los bruscos cambios poblacionales han tenido un impacto más claro. Los pisos son baratos y de peor calidad, lo que ha facilitado una progresiva degradación, y en la zona proliferan los pisos patera. Estas casas, son en mayoría propiedad de los primeros pobladores de la barriada, que en el período de bonanza económica pudieron adquirir pisos en otras zonas menos precarias de la ciudad. Estos propietarios aprovecharon la avalancha de la inmigración para alquilar las casas. La llegada de los nuevos inquilinos no mejoró el parque inmobiliario lo deterioró. Al igual que en Juan XXIII, en Colonia Requena existen edificios que pueden considerarse infraviviendas.
LOS PALMERALES Una experiencia pública
La barriada, con un censo de 4.080 vecinos, fue levantada por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) a mediados de los 80. La mayoría de la población es de etnia gitana. Ubicada en la cara noreste del casco urbano, ha sufrido un constante proceso de degradación, sobre todo en lo que afecta a las zonas comunes de los bloques de viviendas. El Ayuntamiento, en manos de los socialistas, culpa del deterioro a los propietarios; sin embargo, el consistorio se ha esforzado por mejorar los servicios de la barriada (guardería, centro social y comedor social, entre otros). El IVVSA asegura que en el último lustro ha destinado 4,3 millones de euros a recuperar las zonas comunes del barrio.
SAN AGUSTÍN, SAN MARCOS y EL BARRANQUET Barrios fronterizos
Los grupos de San Agustín y San Marcos y el grupo Perpetuo Socorro, más conocido como El Barranquet, tienen en común su condición de barrios fronterizos. En el caso de San Agustín y San Marcos, la carretera nacional 340, que ahora tiene desviado el tráfico por una variante, se convirtió en su principal barrera.
El hecho de ubicarse en el límite de los términos de Castellón y Almassora se vio incrementado además por la existencia del barranco del Bovalar que delimita ambos municipios y también al barrio. Las casas son bajas, de dos o tres alturas y calles estrechas salpicadas de alguna que otra plaza. También la escasez de servicios públicos es coincidente en ambos casos, aunque la vida en El Barranquet, marcada por el conflicto del tráfico de droga, poco tiene que ver con la de San Agustín y San Marcos, un barrio creado por trabajadores emigrantes del sur y el oeste de España y, posteriormente, por gente llegada del interior de la provincia.
* Esta información ha sido elaborada por Cristina Vázquez, Santiago Navarro, Rosa Biot y María Fabra.
* ELPAIS.com - 7.03.10
Foto: Un vehículo de la Policía Local de Valencia patrulla por una de las calles más degradadas del barrio marinero de El Cabanyal, en Valencia.- MÒNICA TORRES / JOAQUÍN DE HARO, elpais.com
Madrid: Más de mil cooperativistas presuntamente estafados protestan en Sol
MADRIDIARIO* : Unos 1.300 cooperativistas -2.500 según los organizadores- se concentraron este sábado en la Puerta del Sol para protestar por la "estafa" que aseguran haber sufrido por parte de Ofigevi y de la gestora PSG, a la que adelantaron entre 24.000 y 30.000 euros por pisos en nuevos desarrollos urbanísticos de Getafe y Móstoles pero, varios años después, "ni hay pisos, ni hay dinero".
Los cooperativistas, convocados por varias asociaciones de afectados, portaron varias pancartas en las que se podía leer 'PSG: engañados y arruinados- HCC: un seguro inseguro' o 'PSG + HCC=1.800 personas sin piso ni dinero'.
Otros de los asistentes portaban carteles más pequeños donde se leían frases como: '16.400 familias sin casas ni dinero', 'Ofigevi, ¿dónde está nuestro dinero?', 'Esperanza, ¿dónde está nuestra vivienda?' o 'Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna'. Además, coreaban consignas como 'Manos arriba, esto es un atraco' o 'Ito, ito, ito, queremos nuestro pisito'.
Uno de los portavoces de los afectados por la gestora getafense PSG, Jorge Uceda, explicó que los miembros de las cooperativas getafenses 'Getafe Capital del Sur' y 'Getafe Cuna de la Aviación' adelantaron entre 24.000 y 30.000 euros por pisos que se construirían en los desarrollos urbanisticos getafenses de Los Molinos y Cerro Buenavista y al final se han quedado sin su dinero y sin la posibilidad de adquirir una vivienda.
Con 600 más
En la misma situación se encuentran otros 600 miembros de la cooperativa 'Hogar para Vivir' que la misma empresa, PSG, cuyo administrador único era David Moreno Pingarrón, gestionó durante dos años en Móstoles y que tampoco llegó nunca a construir los pisos. No obstante, PSG les cobró por la gestión cerca de 5 millones de euros.
"A todo esto, a día de hoy, la aseguradora HCC Europa, que era quien avalaba nuestras cantidades para que, precisamente esto no sucediera, no está haciendo nada y nos tiene totalmente desamparados", manifestó Uceda, quien indicó que los cooperativistas empezaron a aportar sus primeras cantidades de dinero hace ya seis años, en 2004. "Se hizo un primer pago incial de 14.000 euros y después hubo 48 cuotas mensuales de entre 235 y 355 euros por socio", añadió.
No sólo en Getafe
Según los afectados, "esta desgracia para tantos jóvenes no se queda en Getafe y Móstoles con el caso PSG sino que tiene raíces en Ofigevi, con otros 15.000 cooperativistas". "La misma estrategia publicitaria y de captación, maestro y discípulo, ambos vecinos de Getafe y conocidos. Un mismo seguro HCC Europe y 17.400 afectados de los que no quiere hacerse responsable", indicaron.
Uceda manifestó que la protesta tuvo lugar en la Puerta del Sol porque los afectados consideran que "la Comunidad de Madrid tiene que ayudar y apoyar a los cooperativistas, al igual que los ayuntamientos afectados, que lo que han hecho, en muchos casos, es entorpecer y en otros posiblemente alentar la situación actual".
"Nos han dado falsas promesas, nos han dicho que esto se iba a solucionar y que íbamos a tener pisos. Incluso la presidenta regional, Esperanza Aguirre, dio un mitin en Getafe diciéndonos que nos iban a dar vivienda en nuestros terrenos y, evidentemente, no ha sido así", manifestó el portavoz del Grupo Independiente de Cooperativistas.
* Madridiario - 7.03.10
Foto: madridiario.es
Urbanismo no encuentra la documentación para juzgar al ex alcalde de Vall de Laguar
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INFORMACIÓN/Alicante* : El ex alcalde socialista de Vall de Laguar, Juan José Puchol, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia por varios delitos urbanísticos el próximo mes de mayo, por los que la Fiscalía le reclama ocho años de prisión. Puchol fue desalojado junio del pasado 2009 de la Alcaldía de este municipio de la Marina Alta tras catorce años en el cargo por el PP con el apoyo de un tránsfuga.
El juicio ya fue señalado a finales de 2008, antes de la moción de censura, pero tuvo que suspenderse al faltar una de las principales pruebas contra Puchol. El ex primer edil estaba acusado de falsificar la documentación del planeamiento urbanístico del municipio para quitar un vial atravesaba una parcela suya para colocarlo en la de otro vecino con el que tenía una clara enemistad. Hoy el popular Francisco Gilabert es el alcalde de este municipio, tras la moción de censura. Los hechos enjuiciados se corresponden a los años en los que Puchol fue el alcalde en representación de EU. En su día calificó los hechos como una denuncia política y proclamó su inocencia. Su abogado iba a pedir la nulidad de todo el proceso por tratarse de hechos juzgados.
Cuando llegó el momento del juicio, los magistrados de la Audiencia se encontraron con que los documentos originales presuntamente falsificados no estaban aportados a la causa. En su lugar, sólo había fotocopias aportadas por la acusaciones así como la documentación del Ayuntamiento. Los jueces optaron por suspender el juicio y pedir a los servicios territoriales de Urbanismo la documentación original que tuvieran sobre el expediente. Desde la Conselleria han respondido que no localizan la documentación que se les reclama y ni siquiera tienen constancia de haberla tenido alguna vez. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha decidido seguir adelante con el procedimiento a pesar de la falta de esta documentación y lo ha señalado nuevamente para la tercera semana de mayo.
Las fuentes judiciales consultadas por este diario explicaron que para el proceso se utilizará la documentación de la que se dispone, al tiempo que recordaron que el ex alcalde está acusado además de otros delitos, además de la supuesta falsificación de los planos, por el que se le piden cuatro años.
El fiscal le acusa también de haber autorizado licencias de obra en suelo no urbanizable, una de ellas para él mismo. Las licencias se otorgaron entre el 18 y el 20 de julio de 1998, cinco en total en su mayoría la partida de Fleix. Asimismo, una de ellas se autorizó en La Casota, una zona declarada como Bien de Interés Cultural y, por tanto se trataba de suelo protegido. "El alcalde no hizo nada por paralizar la obra que allí se estaba realizando a pesar de la notificación a finales del año 2000 de la inscripción el Registro de Bienes Culturales", dice el escrito de acusación. Puchol se dio a sí mismo una licencia de obra en Campell, partida de Peña Llisa. El ministerio público le acusa por ello de un delito continuado contra la ordenación del territorio y pide 10 años de inhabilitación de cargo público y una multa 8.640 euros.
La Fiscalía considera también que Puchol impidió de manera sistemática a los concejales del grupo popular en el Ayuntamiento el acceso a la documentación urbanística solicitada persistentemente por aquellos durante el año 1997 vulnerando sus derechos a participar en los asuntos públicos y a recibir la mencionada información. Según el ministerio público, esto se hizo con el objeto de cercenar y obstaculizar a la oposición. El fiscal pide otros dos años y medio de inhabilitación por un delito contra los derechos individuales.
* Información - 7.03.10
Foto: Vall de Laguar (Alicante) - todopueblos.com
Gobernación y sostenibilidad
XERARDO ESTÉVEZ* : El lenguaje de este siglo viene marcado por el manejo de dos palabras: gobernanza y sostenibilidad, que parecen ser la solución para todo. Pero, a la hora de la verdad, ¿de qué van?. El concepto de desarrollo sostenible en las dimensiones ambiental, económica y social se relaciona con la capacidad de los territorios y las posibilidades de renovación de los recursos naturales. Cuando hablamos de urbanismo sostenible o de sostenibilidad territorial en términos ambientales nos referimos a que antes de planificar su desarrollo o modificación evaluemos el perfil y características del medio y, por lo tanto, su potencial y oportunidad para ser alterado.
Así podemos introducir factores como idoneidad de la localización, buena orientación, ahorro energético, reciclaje de materiales, etcétera. Cuando aludimos a su perfil económico, además de ponderar los costos de su transformación, debemos analizar, entre otras cosas, su conexión con el tejido urbano. Por ejemplo, al desarrollar una operación urbanística pública o privada - centros comerciales, grandes equipamientos o servicios - fuera del ámbito de la ciudad construida hay que hacer recaer los costes de la conexión sobre la operación misma y no, como suele hacerse a posteriori, sobre la Administración. Si nos referimos a su componente social estamos hablando de evaluar la transformación social consiguiente. Es decir, le exigimos a la planificación del territorio y de la ciudad que evalúe a medio y largo plazo las derivas que se van a producir. Por ello la sostenibilidad tiene mucho que ver con la racionalidad de las propuestas y con lo que podríamos llamar una solidaridad intergeneracional, es decir, que sea provechoso para nosotros y para los que vengan después.
Por otro lado, la gobernanza viene a ser el conjunto de reglas, normas y procedimientos que configuran el marco institucional propicio para la interacción entre los agentes públicos y privados en el proceso de toma de decisiones políticas. Dicho de otro modo, consiste en trazarnos metas globales o específicas inalcanzables de forma aislada para abordarlas mediante el desarrollo de estrategias colectivas que impliquen a la Administración, la empresa, la universidad y la ciudadanía. Podríamos decir que la gobernanza es una forma de gobernar en red.
En el concepto de gobernanza está implícita la búsqueda del equilibrio entre lo público y lo privado, estableciendo un marco y unos niveles de cooperación que los engarcen en programas comunes. Son como dos manos de un mismo cuerpo que añaden al beneficio, que es el objetivo medular del mercado, la búsqueda del bienestar colectivo, y esto conlleva unos niveles de corresponsabilidad para no hacer recaer las culpas solo sobre el sector público si las cosas van mal y apartarlo si lo que toca es hacer negocio.
Al hablar de gobernación del territorio aludimos a los enlaces y relaciones que se deben establecer entre una Administración y la que está a su lado con el propósito de coordinar todo tipo de políticas que darán pie al gobierno supralocal de los municipios que constituyen el ámbito metropolitano. Esto supone tomar decisiones colegiadas e inteligentes con unos recursos y un calendario de ejecución concretos. La gobernación del espacio público significa gestionar su utilización y disfrute a lo largo del día, mientras que la gobernación de las ciudades históricas hoy en día se refiere más bien a la necesidad de conocer el tejido social para garantizar su reproducción y mantener su diversidad. Es, en última instancia, una forma diferente de hacer política, abriéndola, superando el marco que pertenece en exclusiva a los partidos, pues el conglomerado urbano, la ciudad, el territorio, la autonomía, se gestionarán mejor dedicando mucho tiempo a la generación de ideas, a la producción de proyectos, a la formación de técnicos y funcionarios, a la participación democrática, a la transparencia, a la negociación interinstitucional y al bien llevarse entre los poderes públicos y el mercado.
Se puede concluir que sostenibilidad es igual a adoptar decisiones del lado de la razón, y gobernanza equivale a hacer política participativa. Para una y para otra lo que se exige es disponer de buena información sobre lo que acontece en la sociedad y de voluntad para llevar a cabo las iniciativas. Pero en este momento ¿a quién le interesan la razón y la política así entendidas? ¿O más bien se trata de dos palabras mágicas que valen para todo?
* XERARDO ESTÉVEZ, arquitecto
* ELPAIS.com - Opinión - 5.03.10
Especulación urbanística
* YouTube - Berryteam - 12 de noviembre de 2006
Valencia: Valmor Sport perdió 12,5 millones en la F-1 de 2009
ELPAÍS* : El Consell tuvo que hacer dotaciones extraordinarias para la carrera de 2009. Valmor Sport, la empresa que organiza el Gran Premio de Europa de fórmula 1 que se celebra en el circuito urbano de Valencia, perdió el año pasado 12,5 millones de euros (casi 2.080 millones de las antiguas pesetas). La empresa, participada por Bancaja, Jorge Martínez Aspar y el empresario del Pamesa y Villarreal CF Fernando Roig, todavía no ha hecho públicos sus resultados definitivos, pero la liquidación provisional figura en el informe anual de Bancaja presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las perdidas millonarias de Valmor se producen, además, después de que el Consell anunciase que asumía el pago del canon.
El evento que no iba a costar ni un euro a las arcas públicas, tal y como repitieron hasta la saciedad los cargos del PP y del Consell tras cerrar el acuerdo con el propietario de la F-1, Bernie Ecclestone, ha obligado finalmente al Gobierno valenciano a realizar desembolsos millonarios.
Ante la inviabilidad de Valmor Sport, el Consell anunció en agosto del año pasado, que asumiría el canon de 18 millones de euros anuales que Valmor tenía que pagar a la Formula One Management (FOM), la empresa que formalmente posee los derechos de la competición. En total 90 millones de euros en los próximos cinco años que liberaban a Valmor Sport del compromiso y ceñían su responsabilidad a la organización de la gestión deportiva y comercial de la carrera que recorre el circuito urbano de Valencia.
Pero si Valmor Sport declaró unos 900.000 euros de beneficio en la primera de las carreras celebradas, en la segunda celebrada el año pasado las pérdidas se han elevado a 12,5 millones, según la previsión de Bancaja.
Valmor Sport, sin embargo, no ha sido la única que ha tenido que poner dinero. También lo ha hecho la Generalitat. Si hasta el otoño pasado se habían gastado más de 89 millones de euros en acondicionar el circuito de Valencia para el recorrido de la fórmula 1, hace tan sólo quince días la Consejería de Economía publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) distintas modificaciones de crédito en los presupuestos de la Generalitat fechadas en octubre y diciembre del año pasado. En ellas se incrementó la partida de gastos de explotación la empresa Circuit del Motor -la empresa de la Generalitat que gestiona Cheste y presta apoyo en la celebración del premio de F-1- en algo más de tres millones de euros.
Las pérdidas millonarias de Valmor se producen pese a que en la carrera del año pasado ya se había reducido la capacidad del aforo (75.000 asientos en vez de 112.000) y se había mejorado el sistema de venta de entradas para estimular a los aficionados a llenar el circuito.
El coste que tiene para las arcas públicas de los valencianos es difícil de conocer con exactitud, ya que el Consell ha negado en reiteradas ocasiones el contrato con Bernie Ecclestone.
Valmor Sport inició ya las pasadas Navidades la venta de entradas anticipadas para la carrera de este año, que ha sido trasladada del mes de agosto al de julio. Esta empresa ha buscado, además, nuevas promociones comerciales para incentivar el interés de los aficionados que este año cuentan con la presencia de Alonso en Ferrari y la vuelta de Schumacher a los circuitos.
* ELPAIS.com - 5.03.10
Foto: Una imagen de la carrera de F-1 celebrada el pasado mes de agosto en Valencia.- JORDI VICENT, elpais.com
Madrid: Los "antiparquímetros" piden en Cibeles la nulidad de las multas
MADRIDIARIO* : Una representación de los vecinos de Carabanchel protestó este jueves a las puertas del Ayuntamiento para pedir "que se haga justicia" en la contienda que mantienen a causa de los parquímetros desde hace cuatro años. Después de "condenar" este domingo a los parquímetros en su distrito, los vecinos de Carabanchel pidieron este jueves que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y el delegado del Área de Movilidad, Pedro Calvo, reconozcan "lo absurdo" de poner multas en los barrios periféricos de la ciudad.
El presidente de la Asociación de Vecinos Carabanchel Alto-Plataforma PAU Carabanchel, Pedro Casas, señaló que "tras la anulación de una multa" en uno de los barrios, podría pasar igual con otras que están pendientes de resolución administrativa". De hecho, esta semana fue anulada otra multa del SER, con lo que de momento son dos las rectificadas por un juzgado en Madrid.
Sin embargo, Casas denunció este jueves que estos procesos legales son costosos para un ciudadano y "al final sale tan caro pagar una multa como recurrir a un abogado para recurrirla". Los representantes pidieron que la Justicia "obligue al Ayuntamiento a devolver el dinero de las multas a los vecinos" y así evitar que tengan que pasar la "costosa" situación de acudir a un abogado.
Aseguraron también que el Ayuntamiento ha gasatdo más de 75 millones de euros en el control de aparcamientos en los barrios de la periferia. Para ellos es "un gasto innecesario que hace aumentar el déficit de la ciudad". Afirmaron que cuando hacen falta las multas es "para las plazas de noche, porque durante el día no hace falta absolutamente nada".
Las multas en 2009 se han multiplicado por cuatro respecto a las que se imponían en 2006 en Madrid. Según datos facilitados por los "antiparquímetros", se imponieron 29.540.571 multas en 2006, mientras que en 2009 la suma de las sanciones fue de 135.228.151.
* Madridiario - 6.03.10
Foto: Madrid, protesta antiparquímetros - madridiario.es
Castro: La Fiscalía pide al juez que paralice las 150 viviendas del entorno de Santa Catalina
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El municipio más oriental de Cantabria sigue siendo noticia por la investigación judicial que comenzó hace ya dos años y que cada día sorprende a la ciudadanía por un nuevo asunto relacionado con el urbanismo. Según ha podido conocer este periódico, la Fiscalía de Cantabria ha solicitado al magistrado Luis Acayro Sánchez que paralice la construcción de 150 viviendas y un supermercado 'Supercor', promovida por Castrum Varduliex, y que se ubica en el entorno de Santa Catalina, en la denominada Unidad de Ejecución 1.34.
Esta es una de las actuaciones urbanísticas por las que el instructor castreño ha imputado a 32 personas (políticos, constructores y funcionarios) por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio. Para 24 de esas 32 personas, el juez ha fijado esta misma semana fianzas millonarias.
Aunque por el momento los trabajos continúan en la zona, la defensa de la promotora ya ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Posiblemente, en los próximos días, se celebrará una vista en la que se resuelva esta solicitud que ha realizado el Ministerio Fiscal. Esta petición de la Fiscalía viene a responder al requerimiento que realizó el magistrado Sánchez Lázaro en el que aseguraba que estaba pendiente de resolver la medida cautelar de paralización de esta obra. Y es que hace unos días, el Ministerio Fiscal presentó escrito de acusasión sobre este asunto contra varios concejales al observar indicios de delito de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia a Castrum Varduliex.
En ese escrito de acusación, la Fiscalía señalaba que en el expediente para la concesión de la licencia de construcción de ésta y otras edificaciones, se emitieron informes por parte de varios técnicos municipales, «aún conociendo el incumplimiento de los deberes urbanísticos y contraviniendo la norma legal urbanística».
Ésta no es la primera vez que Castrum Varduliex se enfrenta a una orden de paralización. El pasado 19 de noviembre de 2009, el juez Luis Acayro Sánchez paró por primera vez estas obras al considerar que en el proyecto de reparcelación aprobado «se ha manipulado la cabida y situación jurídica de la parcela de equipamiento público que corresponde al Ayuntamiento y de viales al tiempo de inscribirlo en el registro de la propiedad». Además, imputó al promotor y representante de la empresa por un posible delito de falsedad de documento público. Tras cerrar la instrucción de este caso y a petición de la promotora, el magistrado castreño levantó la medida cautelar y permitió a la constructora continuar con sus trabajos.
Recursos rechazados
El magistrado Sánchez Lázaro emitió ayer un nuevo auto en el que rechaza los recursos de reforma presentados por 14 de los 32 imputados por el desarrollo urbanístico de la zona del entorno de Santa Catalina y confirma su imputación en el proceso. Se trata de las 32 personas que están implicadas en la construcción de las edificaciones de Urdicam, Promociones Cotolino, Inmobiliaria Izarra y Castrum Varduliex. Ahora, deberá ser la Audiencia Provincial la que se pronuncie al respecto, ya que muchos de los recursos de reforma eran también subsidiariamente de apelación, con lo que, una vez resueltos por el Juzgado, se tienen que elevar a la Audiencia para que se pronuncie.
En esta nuevo auto el juez recalca que en la fase de instrucción no procede valorar la culpabilidad o no, sino simplemente los indicios, que ya fueron puestos de relieve en el auto de diciembre.
Apoyo a Muguruza
La Plaza del Ayuntamiento de Castro Urdiales acogerá hoy, a partir de las 20.30 horas, una nueva concentración silenciosa en apoyo al alcalde castreño, Fernando Muguruza, que lleva 17 días en la prisión de El Dueso (Santoña) por «destrucción de pruebas y quebrantamiento de medida cautelar».
* El Diario Montañés - 6.03.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
La trama de Atarfe
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GRANADAHOY* : Por primera vez la Fiscalía ha considerado que los imputados por supuestos delitos urbanísticos en Atarfe -unos en fase de instrucción y otros a punto de juzgarse o ya juzgados- formaban parte de una "trama" para burlar el control de la Junta de Andalucía y del Consejo Consultivo de Andalucía.
De esa red para eludir la legalidad urbanística formarían parte, según la tesis del fiscal, al ex alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, varios concejales que han colaborado con él a lo largo de los años y algunos funcionarios del propio Ayuntamiento. Las reiteradas denuncias presentadas por el Ministerio Público contra Víctor Sánchez y sus cooperadores por supuestos delitos relacionados con la venta de suelo municipal o su uso urbanístico le han llevado a la conclusión de que los imputados se habían conjurado para eludir las supervisiones de los organismos de rango superior. Si existe esa trama el caso es muy grave, pues reparte la inculpación entre buena parte de las corporaciones municipales que han gobernado Atarfe.
* Granada Hoy - 6.03.10
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
El urbanismo ignora todavía el cambio climático
ELPAÍS* : El cambio climático es una realidad, pese a ello los planes urbanísticos ignoran sus consecuencias. Expertos europeos, que desde ayer participan en la Universidad de Alicante en una reunión para estudiar las consecuencias económicas del cambio climático, coinciden en que "las ciudades no adaptan su planificación urbana al cambio climático", según resumió el catedrático de Geografía Regional, Jorge Olcina, anfitrión de la reunión. Y es previsible que el clima se "extreme" más en los próximos años, con periodos de sequía y de inundaciones.
Y sin embargo, se sigue ocupando las cuencas, no se prevén depósitos para el abastecimiento y se planifica como si nada pasara", apunta Olcina, miembro del Observatorio Europeo de Ordenación del Territorio, que integran la Universidad de Alicante, el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas y el Instituto Interuniversitario de Geografía.
La primera reunión de este grupo se celebró en Helsinki. Las conclusiones se presentarán en Budapest en 2011. Los expertos visitarán el sábado Benidorm para diagnosticar las consecuencias del cambio climático sobre turismo.
Por otro lado, España abogará por una investigación "integrada" y un Mediterráneo "sostenible y generador de riqueza" según manifestó en la II Conferencia Ministerial Euromediterránea, la subdirectora general de Programas Europeos del Ministerio de Ciencia e Innovación, María Ángeles Rodríguez, informa Artur Balaguer.
* ELPAIS.com - 5.03.10
Haría obstruyó la investigación sobre obras ilegales
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : Declaran 14 testigos en la segunda jornada del juicio al ex alcalde Juan Ramírez. Fue como chocar contra un muro. Así se sintieron los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) cuando acudieron al Ayuntamiento de Haría en la última etapa de Juan Ramírez como alcalde para recabar una serie de informaciones sobre posibles construcciones ilegales en suelo rústico.
Así lo afirmaron ayer dos funcionarios en su declaración como testigos en la vista oral del juicio contra el político, que se enfrenta a una petición de dos años de cárcel por prevaricación urbanística por la concesión de quince licencias entre 1997 y 1999 a sabiendas de su ilegalidad, según la tesis de la Fiscalía de Medio Ambiente y de la acusación particular. También se le acusa de falsedad documental por otorgar certificaciones territoriales sin tener facultad para ello.
"En el caso de Haría, nos negaban cualquier tipo de ayuda", explicó uno de los agentes en sus manifestaciones ante el Juzgado de lo Penal nº 1. "En aquella época", entre 1998 y 2000, "nos llamaba mucha gente porque decían que se construía ilegalmente. En la Oficina Técnica nunca nos contestaban".
La documentación que sí existe pone de manifiesto hechos que resultan de difícil explicación, según la valoración del representante del Fiscal de Medio Ambiente, Ignacio Stampa. Y de la propia lógica, al menos en base a las fechas que se certifican. Es el caso de la construcción de unos apartamentos en el Charco del Palo en la que median once días entre la fecha de la concesión de la licencia por parte del ex alcalde y el certificado de fin de obra.
Otra de las licencias de la polémica firmadas por Ramírez, alcalde del municipio durante un total de quince años, permitió la segregación de unos terrenos que, según el planeamiento vigente, estaban destinados a zona verde y deportiva. Al día siguiente de la firma de la segregación, el alcalde compró una de estas parcelas, colindante con su casa, según consta en la documentación que aportan Fiscalía y acusación particular.
* La Provincia - 4.03.10
Foto: Haría (Lanzarote) - flickr.com
Entidades de Tarragona interponen un recurso contencioso al plan de las ARE
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ABC* : Según estas organizaciones, el Plan Director, que contempla la creación de una decena de ARE en el Camp de Tarragona (Calafell, Falset, Reus, Els Pallaresos, Perafort, La Canonja, Tarragona, Valls, Santa Oliva y Vila-seca), "condena" a esta zona a convertirse en la segunda área metropolitana de Cataluña, desarrollando "barrios enteros con la excusa de unos equipamientos necesarios".
"No permitiremos que, con la excusa de las viviendas de protección oficial, se construyan viviendas del todo innecesarias", han advertido los colectivos contrarios a las ARE, que afirman que el decreto que las regula "invade la autonomía municipal".
Por una parte, "elimina los procesos de participación ciudadana obligatorios en las cuestiones de planeamiento general" y, por la otra, "se vulnera la autonomía municipal garantizada hasta ahora en materia de ordenación urbanística y la anula en cuanto a la labor planificadora y de ordenación del territorio".
En este sentido, los denunciantes aseguran que las ARE se pueden desarrollar en terrenos considerados no urbanizables hasta el momento, prescindiendo de los Planes Generales de Ordenación Urbana vigentes, de modo que "permiten crear barrios inexistentes en el planeamiento municipal".
Entre las entidades y colectivos que suscriben el recurso contencioso administrativo están las CUP de Reus, Tarragona, Valls y El Vendrell, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Natural del Priorat y Unió de Pagesos. EFE.
* ABC - EFE - 4.03.10
Foto: Reus - wikimedia.org
Galicia edificará en la costa
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LNE* : El plan de ordenación del litoral de Galicia, una normativa con espíritu similar al plan de ordenación del litoral de Asturias (POLA), levantará el veto para construir en los primeros 500 metros de franja costera gallega. La Xunta de Galicia considera, al contrario que el Gobierno del Principado, que no se debe prohibir de manera «generalista» la construcción de edificios en el litoral.
El próximo 17 de mayo se cumplirán tres años de la moratoria aprobada por el anterior Gobierno bipartito (PSOE-BNG), que impedía construir en la franja costera de los 500 metros y que fue concebida de manera preventiva para preservar el litoral del urbanismo agresivo que se estaba registrando en algunos municipios costeros.
El Gobierno gallego ha presentado ahora su proyecto para la ordenación del litoral, que llaman POL, que pretende regular la construcción en la costa. La norma, que el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo pretende aprobar antes de que finalice el año, levanta la restricción a la edificación en el primer medio kilómetro de costa, pero, a cambio, incluye en el ámbito de protección de la ley otras zonas que ahora no están vedadas. El documento regula 210.000 hectáreas del litoral siguiendo una línea irregular a lo largo de la costa. De esta manera, hay tramos en los que no supera el límite de los 500 metros y otros en los que se adentra hacia el interior.
La polémica ya está servida en Galicia y el proceso de aprobación del POL está resultando más complicado de lo previsto. Por un lado, los nacionalistas han cargado contra el plan, que creen que provocará desorden urbanístico en la costa. Del otro están los ayuntamientos, cuyos técnicos están teniendo problemas para interpretar la documentación remitida por la Xunta. Eso sí, los ayuntamientos gallegos tendrán un plazo de dos años para adaptar sus planeamientos urbanísticos al POL.
La franja costera más próxima a Asturias, la Mariña lucense, es una de las más afectadas por el documento, puesto que sus planes urbanísticos ni siquiera están adaptados a la ley gallega del Suelo de 2002. A la falta de suelo urbano no consolidado se une la escasez de suelo urbanizable delimitado, que es como se denomina el área donde se ejecutarán planes parciales a corto plazo. Además, los gobiernos locales tratan de negociar el futuro de los núcleos rurales costeros afectados por la normativa autonómica. En Barreiros, donde la Xunta llegó a suspender en 2006 las normas urbanísticas alegando se estaba desarrollando un crecimiento urbanístico desordenado e insostenible, el Ayuntamiento ve con buenos ojos la aprobación del POL al considerar que la ley de los 500 metros «se aplicaba de forma indiscriminada».
* LNE - 5.03.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados (archivo) - lavozdegalicia.es
Málaga: El promotor del centro hispano ruso recibe la primera multa tras 12 años de obras ilegales
MÁLAGAHOY* : Doce años después de que se detectasen las primeras irregularidades en las obras de ampliación de la vivienda del promotor del centro hispano-ruso, Vladimir Beniachvili, éste acaba de recibir la primera sanción por la ejecución continuada de trabajos de construcción sobre suelo no urbanizable. Así lo confirmaron ayer los responsables de la Gerencia de Urbanismo, que hace apenas un par de semanas remitieron la citada multa, por valor de unos 78.000 euros, que fue recibida por el infractor.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, precisó que el afectado no ha presentado recurso alguno ante la sanción, aunque la misma no ha sido abonada por el momento. A esta multa podría seguirle en el plazo de un mes una segunda, por la misma cuantía. La cifra se corresponde con el 10% del valor de las obras ejecutadas de forma irregular en la finca del Monte de San Antón, que según los datos manejados por la Gerencia de Urbanismo ascienden a unos 780.000 euros.
De otro lado, los responsables municipales informaron de que el empresario de la concesión de la piscina de Campanillas, que ejecutó obras irregulares en la parcela, han presentado una alegación a la multa de 200.000 euros y a la orden de demolición impuesta por el Ayuntamiento. Según las fuentes consultadas, para evitar cualquier resquicio legal por parte del infractor, el departamento de Disciplina ha solicitado un informe a Patrimonio sobre este asunto. Una vez se conozca la conclusión del mismo y se responda al empresario se hará efectiva la sanción impuesta.
* Málaga Hoy - 5.03.10
Foto: Obras del centro hispano-ruso ocupando parcialmente suelo no urbanizable en Pinares de San Antón. - malagahoy.es
El Tribunal Supremo dicta la décima sentencia a favor de los vecinos del Casco Viejo de Corralejo
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CANARIAS7/Fuerteventura* : La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha dictado la décima sentencia a favor de los vecinos del caso viejo de Corralejo, en el municipio de La Oliva, que han denunciado una presunta "trama urbanística empresarial orquestada desde hace años" para apropiarse de las casas del pueblo marinero.
El Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo informó hoy en un comunicado de que el Alto Tribunal acordó el pasado 26 de enero inadmitir el recurso de casación interpuesto por la entidades mercantiles Delval Internacional SA y Sincronía 99 SL, contra la sentencia dictada el 25 de febrero de 2008 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y declara firme dicha resolución en relación a la vivienda de los herederos de Félix Benítez Santana, situada en el número 17 de la Avenida Marítima de Corralejo, con una superficie de 219 metros cuadrados.
El TS considera que los recursos interpuestos por las entidades administradas por José Manuel Jiménez del Valle incurre en la causa de inadmisión por interposición defectuosa al plantearse a través del mismo cuestiones que exceden de su ámbito y además, "incurre en el defecto casacional de hacer supuesto de la cuestión al pretender en última instancia una revisión de la valoración probatoria realizada por la sentencia recurrida a través de un recurso inadecuado como es el de casación".
El magistrado ponente, Juan Antonio Xiol Ríos, le recuerda a las entidades mercantiles que el recurso de casación está limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados.
Como antecedente, portavoces del Comité indican que el 27 de junio de 2006 la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Puerto del Rosario, Gemma López Fernández, estimó la demanda interpuesta por los herederos de Félix Benítez Santana, ordenando la adecuación del Registro a la realidad dominical y condenando a las entidades mercantiles Delval Internacional SA, Sincronía 99 SL, Industrias Theron Dos SL (administrada por Ángeles Rodríguez Ravelo) y a José Juis Jarne Elizalde al abono de las costas del proceso.
La sentencia de primera instancia fue contundente: "Quien adquiere sabiendo que la realidad registral no se corresponde con la extraregistral está actuando de mala fe", y por lo tanto, no pueden quedar amparados por la fe pública registral al conocer la situación del Casco Viejo de Corralejo, destaca el colectivo.
La sentencia señala que el Casco Viejo de Corralejo se trata de un casco habitado y consolidado, por lo que "con un simple paseo por el lugar se podía comprobar la realidad de la finca y la existencia de personas que vivían en la zona en concepto de dueño".
En cuanto a las operaciones mercantiles realizadas con la vivienda de los herederos de Félix Benítez, el 13 de septiembre de 2001 Delval Internacional vendió a Sincronía 99 la parcela de Benítez en 120.000 euros. Posteriormente, el 4 diciembre del mismo año Sincronía 99, S.L. vendió la propiedad a José Luis Jarne Elizalde en 270.455, 45 euros. Finalmente, el 30 de julio de 2004 se amplió el capital de la Sociedad Industrias Theron Dos SL en 2.001.650 euros, aportando a la Sociedad la parcela de Benítez.
Según el Comité de Afectados, la jueza apunta que "la mera secuencia temporal y puramente objetiva de los acontecimientos despierta ya por sí sola algo más que sospechas en torno a la actuación de los recurrentes".
Resalta la sentencia que, en el acto del plenario se ha puesto de manifiesto que Fernando Rodríguez Ravelo actuó como apoderado tanto de la mercantil Delval Internacional SA como de José Luis Jarne Elizalde, a su vez la representante legal de la mercantil Theron Dos SL, María Angeles Rodríguez Ravelo, es hermana del anterior.
La jueza señala que las relaciones existentes entre todos los demandados, y el hecho de que la última transmisión de la finca se produce 10 días después de la presentación de la demanda, es u"n indicio más que suficiente de la maquinación de los demandados, en un intento de crear la figura del tercero de buena fe protegido".
Posteriormente, la Sala Cuarta de la Audiencia Provincial compartió la valoración probatoria de la sentencia de instancia. La ponente comenta que la finca cuyo dominio se reclama ha quedado perfectamente identificada en su situación, cabida y linderos, después de analizar la documentación presentada destacando la certificación catastral del bien y el informe del ingeniero técnico topógrafo, al que incorporan planos, corroborando la plena delimitación e identificación de la vivienda.
En cuanto a la justificación del derecho de dominio, señala la magistrada, que dicho requisito ha de estimarse igualmente acreditado al consumarse la prescripción adquisitiva, tanto ordinaria como extraordinaria, y todo ello, apoyado por la escritura de compraventa otorgada con fecha 31 de agosto de 1960, donde Félix Benítez Santana adquirió el inmueble a los hermanos Santana Umpiérrez.
Ello significa que el vecino de Corralejo ha venido poseyendo "pacífica e ininterrumpidamente", a título de dueño, desde la compraventa otorgada en 1960, abonando los recibos correspondientes de suministros que datan al menos desde 1979, así como los recibos de contribuciones urbanas.
De este modo, el Comité de Afectados resalta que los magistrados coinciden en su totalidad con los acertados razonamientos de la juzgadora 'a quo', quien llega a la conclusión compartida de que la adquisición operada a favor de los actores es oponible a los demandados, y por lo tanto, "ninguno de ellos se encuentran amparados por la especial protección que otorga el precepto 34 de la Ley Hipotecaria, significando ello, que la realidad extra-registral prevalece a la realidad registral".
Respecto al requisito de la buena fe, el Supremo señala que ninguno de los demandados gozan de buena fe al verificarse la estrecha vinculación existente entre todos ellos, por lo que "no pueden ser considerados terceros de buena fe al tener conocimiento de que la finca discutida estaba poseída a título de dueño por persona diferente a su transmitente".
Con este resultado, las sentencias falladas a favor de los vecinos del casco viejo de Corralejo ascienden a 66, de las que 33 han sido dictadas por el Juzgado de Primera Instancia de Puerto del Rosario, 23 por la Audiencia Provincial de Las Palmas y diez por el Tribunal Supremo.
* Canarias 7 - 5.03.10
Foto: Corralejo (Fuerteventura), playa - visitarcanarias.com
El 'mobbing' inmobiliario se paga
ELPAÍS/Barcelona* : Tres personas cuyas edades oscilan entre los 70 y los 75 años serán indemnizadas con 12.000 euros más intereses desde 2003 cada una por los daños morales infligidos por la propiedad de los pisos donde residen, y que se concretó en mobbing inmobiliario. El Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona declara probado que la inmobiliaria propietaria de su edificio, situado en el número 33 de la calle de Robadors, les sometió a "unas condiciones indeseables, alterando la tranquilidad en el uso pacífico de sus viviendas".
Entre otras prácticas, la inmobiliaria cambiaba sistemáticamente el lugar establecido para el pago de los alquileres y luego trataba de conseguir el desahucio de los vecinos aduciendo impago de las cuotas. Además, la empresa consintió en el edificio actividades que alteraban la convivencia, como pisos patera y otros en los que se ejercía la prostitución. La empresa demandada es Sofic Investiments, de nacionalidad samoana, lo que dificultaba a los inquilinos tener un interlocutor para resolver los problemas.
La demanda pedía también que la empresa, que se hizo con la propiedad del edificio en 2003, realizara diversas obras necesarias para el mantenimiento de la finca, pero el juez desestima esta petición ya que los vecinos no presentaron en su día un requerimiento formal a la propiedad, por lo que ésta no pudo darse por enterada.
Dos policías locales que declararon en el juicio afirmaron conocer las prácticas contra los inquilinos. "A todos los inquilinos de renta antigua se les ha sometido a presiones", declaró un agente. "Fueron objeto de desahucio por omisión de cobro, no de pago", señaló otro. Y éste mismo afirmó: ""Existen pensiones clandestinas en los pisos patera, personas en situación irregular, además de prostitución".
Esta sentencia responde a la demanda presentada por tres víctimas de acoso inmobiliario, representadas por el abogado Roger Granados. Paralelamente, la fiscalía presentó una querella que investiga un juzgado de instrucción de Barcelona y que incluye estos mismos casos y varios más hasta la decena. La querella se produjo a instancias del Ayuntamiento de Barcelona, que le comunicó diversos casos de mobbing en el distrito de Ciutat Vella que, en su opinión, constituían claramente delitos. A partir de ese momento y de diversas investigaciones y denuncias ciudadanas, el Ayuntamiento y la fiscalía firmaron un protocolo para actuar de modo sistemático cuando hubiera casos similares, que con frecuencia afectan a personas de "edad y faltas de recursos económicos".
* ELPAIS.com - 5.03.10
Foto: Barcelona, vecina desalojada (archivo) - elpais.com
