ELPAÍS* : La Junta de Castilla y León sacó ayer a exposición pública la norma que ordena el urbanismo en 50 pueblos de la cordillera en León y Palencia y que, sobre todo, avala la construcción de la estación de esquí de San Glorio, en un espacio protegido. Éste es el tercer intento de la Junta por impulsar la estación. El primero lo anularon los tribunales por defectos de forma y el segundo lo abortó la comunidad el pasado mayo cuando EL PAÍS desveló que el informe para construir la estación y que costó 165.420 euros estaba fusilado de webs como El rincón del vago.
La comunidad explica que el nuevo planeamiento viene a "subsanar deficiencias observadas en el documento" previo, en alusión al plagio.
Las nuevas Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central no mencionan directamente el proyecto de San Glorio pero sí especifica que "se incluirá el esquí alpino como actividad autorizable en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Montaña Palentina", un parque natural con una de las dos poblaciones de oso pardo.
El Tribunal Superior de Castilla y León anuló en 2008 esa reforma porque se hizo sin ningún informe científico y esgrimió que los informes científicos consideran inviable el esquí en esa zona por el calentamiento. Pero la Junta, del PP, ha hecho del proyecto una bandera. El documento afirma que el esquí tiene "gran capacidad de generar actividad económica y empleo" siempre que haya "una significativa oferta de alojamiento".
* ELPAIS.com - 30.12.09
Foto: San Glorio - wikimedia.org
Castilla y León aprueba por tercera vez el esquí en una zona protegida
Santa Cruz: Un Plan General que enfrenta a vecinos y une a políticos
CANARIASAHORA* : La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santa Cruz de Tenerife cuenta con tantos defensores como detractores y en ambos bandos lo que se mueve son intereses privados, unos más legales que otros. Para los propietarios de viviendas ilegales, levantadas sin las licencias oportunas, muchas de autoconstrucción, su prometida legalización con el nuevo Plan supone poder llevar a cabo actividades bancarias que antes les estaban vetadas y, desde luego, una importante revalorización de sus propiedades. Frente a ellos, quienes ven que sus casas quedan fuera de ordenación argumentan que las actividades bancarias que hasta ahora podían emprender les estarán vetadas.
Estas dos posturas se vieron las caras de lleno este martes a las puertas del Ayuntamiento de la capital tinerfeña. Tras los insultos y el más que oportuno aviso de supuesta bomba, los vecinos que apoyan el Plan optaron por abandonar las inmediaciones del Consistorio, acusados de “estar comprados” por el equipo de Gobierno de Miguel Zerolo y, por ende, la Gerencia de Urbanismo que capitanea la concejal de CC, Luz Reverón.
Luis Febles Casanova, portavoz de la Asociación de Vecinos de Valleseco, un barrio en el que hay varias viviendas que resultarán legalizadas si el Plan sale adelante, alega que su aprobación supondrá “dinamizar la economía” de la ciudad, con potenciales construcciones a la espera de un marco legal ahora inexistente. En un comunicado remitido por Febles y apoyado por la Confederación Canaria de Asociaciones de Vecinos (CONCAVE) y otras veinte asociaciones vecinales más, muchas de ellas del litoral de Anaga, además de asociaciones deportivas y de la Tercera Edad, también vinculadas a toda la franja que abarca desde Cabo Llanos hasta Las Teresitas, el portavoz vecinal defiende el Plan porque “pensamos que su aprobación es imprescindible porque con ello este municipio recibirá un impulso más que necesario, se crearán puestos de trabajo y, sobre todo, se reactivará la economía”.
No es sólo la legalización de viviendas construidas sin licencia. La revisión del PGOU que se intentó aprobar este martes y que ha sido relegada al 4 de enero, conlleva la posibilidad de extender el tranvía hasta Las Teresitas, lo que beneficia a vecinos del Barrio de la Alegría, Valleseco, María Jiménez y San Andrés.
Beneficio para constructores
Un Plan General aporta seguridad jurídica en los planeamientos urbanísticos y permite a los constructores saber a qué atenerse. Tanto detractores como defensores del documento coinciden en el que el PGOU de 1992 que ahora se revisa está añejo, y que siete años de revisión son excesivos. Pero la Cámara de Comercio se ha posicionado a favor por el potencial inmobiliario que conlleva.
La concejala de Urbanismo Luz Reverón, explicó en rueda de prensa el pasado 16 de diciembre que el nuevo Plan permitirá la creación de 10.000 viviendas de protección oficial, además de la urbanización de Montaña Fumero y la creación de un parque tecnológico que tanto el presidente de la Cámara, Ignacio González Martín como la misma Reverón, aseguran que ayudará a diversificar la economía capitalina.
En la reunión que Ignacio González y la concejala mantuvieron el pasado julio en la sede de la Cámara, con la presencia del alcalde Miguel Zerolo y de la patronal de la Construcción (Fepeco) y de los empresarios (CEOE), representados por Antonio Plasencia y José Fernando Rodríguez de Azero, de lo que se habló fue de licencias de obras y de agilizar los trámites burocráticos para sus concesiones. También del apoyo del sector bancario en la concesión de préstamos para esas potenciales nuevas construcciones,
Esta es otra de las quejas de los que incluso están a favor del Plan: que puede convertirse en un instrumento de enriquecimiento de un grupo de empresarios demasiado conocido por sus imputaciones penales en casos como el de Las Teresitas.
Pedro García, vecino de María Jiménez, está convencido de que el PGO “sin ser bueno” debe aprobarse ya mismo “porque los intereses privados se pueden defender de la misma manera ante los tribunales sin frenar con ello los intereses comunes”. El propio Luis Febles piensa igual. Enfrente tienen a quienes ven que la casa que han comprado con una hipoteca que deben seguir pagando pierde valor por quedar fuera de ordenación.
“Lo he preguntado en el banco”, asegura Hilda Lobo, vecina de El Toscal, y me han explicado que, pese a que no me variarían las condiciones de la hipoteca, no me dejarían renegociarla por falta de garantías. Necesitaría aportar avales igual que si careciera de vivienda”. El Toscal es uno de los barrios que más necesita de una rehabilitación, pero sus habitantes no quieren que pierda su condición de Bien de Interés Cultural. Está en el ojo del huracán desde el inicio de la redacción del nuevo PGO, cuando se tuvo que desistir de la construcción sobre dos casas terreras de unas torres de viviendas.
“Yo me enteré de que me quedaba fuera del Plan hace menos de una semana, al ir a preguntar a Gerencia de Urbanismo, pero allí mismo me dijeron que no me preocupara, que no pasaba nada. Si no pasa nada, ¿para qué me dejan una casa en el limbo legal, que no van a poder heredar mis nietos porque pierde valor conforme pasa el tiempo?, añade la misma mujer. Su casa, de 35 años de antigüedad, tiene fecha de caducidad, como define a los inmuebles fuera de ordenación el abogado Antonio Espinosa.
El suelo, en el aire
Los mismos argumentos de la Cámara de Comercio y de Coalición Canaria son esgrimidos por el Colegio de Arquitectos y el Partido Popular en Tenerife, que defiende la creación de puestos de trabajo gracias a la construcción que se permitirá con el nuevo PGO. Las voces políticas disidentes son las de Ciudadanos de Santa Cruz y el Partido Socialista, a las que se han sumado en las últimas semanas, miles de vecinos afectados por esa figura jurídica que se llama “fuera de ordenación” y que deja su propiedad del suelo en el aire.
El presidente de la Agrupación Local del PSC, Pedro Anatael Meneses, es claro al explicar qué significa quedar fuera de ordenación: “En un edificio fuera de ordenación no pueden realizarse obras de consolidación o modernización del mismo. Tampoco ninguna mejora que, en caso de expropiación por viales o zona verde, incremente su valor de expropiación”.
¿Qué obras se permiten? “Las pequeñas reparaciones que exijan la higiene, el ornato y la conservación del inmueble”, pero si el edificio sufre, por ejemplo, un incendio, las plantas fuera de ordenación no se podrían reconstruir y esos metros cuadrados de suelo, que seguirían perteneciendo al dueño de la vivienda siniestrada, se tendría que repartir entre el resto de propietarios, de tal forma que un inmueble de 100 metros cuadrados quedaría, legalmente, en 80 u 85 metros cuadrados.
Meneses añade que las viviendas fuera de ordenación tienen un fin: desaparecer, por lo que “en el mejor de los casos pueden mantener su valor, pero nunca se revalorizarán”.
Lo que se preguntan algunos vecinos preguntados por CANARIAS AHORA, y cuyas viviendas quedarán fuera de ordenación, es por qué se busca limitar el espacio ya existente si el Plan pretende una nueva regulación para futuras construcciones. ¿Es que van a sacar terreno a costa de quitármelo a mí?”, sospecha Hilda Lobo.
* Canarias Ahora - 30.12.09
Foto: Ayuntamiento Santa Cruz - photobucket.com
Andratx: El juez abre juicio oral contra Jaume Massot por otras dos piezas separadas
DIARIODEMALLORCA* : El juez del caso Andratx, Francisco José Pérez, está a punto de dar luz verde a la celebración de otros dos juicios orales contra uno de los principales implicados en dicho supuesto entramado de corrupción urbanística, Jaume Massot, encarcelado el lunes por orden de la Audiencia y tras ser condenado por el Supremo a 3,5 años de cárcel.
Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx por el PP, tiene pendientes de celebrar tres juicios y también está en prisión tras la confirmación de su primera condena por el Tribunal Supremo. Las defensas de ambos condenados barajan pedir un indulto y acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
El magistrado de apoyo que instruye el caso Andratx desde hace unos meses en el juzgado número 12 va a decretar el pase a procedimiento abreviado de dos de las 74 piezas separadas en las que se dividió el complejo sumario. En estas piezas aparece imputado Jaume Massot, que hasta el verano del 2003 fue jefe del área municipal de Urbanismo de Andratx. Después fue designado director general de Ordenación del Territorio en el Govern del PP presidido por Jaume Matas, cargo que dejó tras su detención, en noviembre del 2006, por la operación Voramar.
Massot, que arrastra ya tres condenas, será juzgado presumiblemente por estas dos piezas separadas a lo largo del próximo año. Las dos causas guardan relación con otros tantos delitos urbanísticos en los que Massot habría emitido informes y dictámenes claves para tratar de legalizar las irregularidades.
Hidalgo, tres acusaciones
Eugenio Hidalgo aparece como acusado en otras dos piezas separadas del caso Andratx, que ya están calificadas. Estos casos son las piezas número 60 y 74. El encarcelado ex alcalde de Andratx también tiene pendiente de celebrar un tercer juicio por supuesta prevaricación y coacciones contra la familia de la hoy alcaldesa de la localidad, Isabel Alemany, edil desde hace varias legislaturas por Unió Mallorquina (UM). Hidalgo, defendido en este sumario por Rafael Perera, está acusado de ordenar el cierre del aparcamiento de coches propiedad de la madre de Alemany y como represalia por las tareas de oposición que hacía la concejal de UM contra él en el consistorio. La acusación particular, que ejerce el abogado Miquel Borrás en nombre de Isabel Alemany, y el fiscal reclaman para Hidalgo una elevada pena de inhabilitación.
En la pieza 60 están acusados Eugenio Hidalgo, para el que la acusación particular en nombre del actual Ayuntamiento de Andratx, ejercida por los letrados Isabel Fluxà y Josep de Luis, pide un total de 8 años y 9 meses de cárcel; el constructor Manuel Zapata, que se enfrenta a 6 años de cárcel; y Jaime Gibert, suspendido celador municipal de obras, para quien, por su condición de arrepentido, se solicitan seis meses de multa.
En la pieza 74 únicamente aparece acusado Hidalgo, que se enfrenta a otra pena de 2 años y 3 meses supuestamente por desprenderse de parte de su patrimonio inmobiliario sin permiso del juez.
La acusación particular le imputa los delitos de alzamiento de bienes y desobediencia y el ex alcalde consiguió unos 350.000 euros con las propiedades enajenadas.
Hidalgo ha sido condenado en tres ocasiones por flecos del caso Andratx: Dos son piezas separadas y la tercera es por una falta de injurias a Isabel Alemany. El Supremo confirmó el lunes la condena de 4 años de cárcel contra Hidalgo por construirse un chalé en una finca rústica protegida, gracias a un informe elaborado por Massot, sentenciado a 3,5 años de cárcel.
Fernando Mateas, actual defensor de Massot, y Rafael Perera, que, junto a Manuel Murillo, representa a Hidalgo no descartaron ayer la tramitación de sendos indultos para sus patrocinados.
La petición de indulto permitiría, de ser aceptada por el Gobierno, la reducción de la condena y la excarcelación de Massot e Hidalgo. Las defensas tampoco descartan recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, las numerosas causas pendientes de ambos encausados serían un obstáculo muy importante a la hora de obtener el indulto. De las 74 piezas separadas, 3 han sido juzgadas y unas 15 han sido sobreseídas. Otras 6 están a punto de pasar a juicio oral y el resto siguen abiertas.
* Diario de Mallorca - 30.12.09
Foto: El chalé ilegal de Hidalgo que habrá que demoler. - Lorenzo Gutiérrez, diariodemallorca.es
Declarada ilegal un área de ocio de la familia del juez decano de A Coruña
ELPAÍS* : Una piscina de 12 metros de largo, un campo de fútbol, dos casetas prefabricadas asentadas sobre un asfaltado de hormigón y equipadas de aseos, sofá, mesa de ping-pong, otra de comedor, nevera y televisión. Son "las instalaciones de ocio-recreo" construidas por la familia del juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, en una finca de su madre situada en el municipio coruñés de Paderne, y declaradas ilegales por contravenir las normas urbanísticas, tanto autonómicas como locales, según determinó la Xunta, a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
En su resolución con fecha del pasado día 18 y que concluye el expediente abierto hace diez meses a raíz de la denuncia de varios vecinos, el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ordena a los Mandián demoler todas las infraestructuras construidas en esa finca y reponer los terrenos a su estado anterior, además de impedirles "definitivamente los usos a los que dan lugar" las edificaciones que allí realizaron.
Las obras en una finca propiedad de María Isabel Mandián Maceiras, madre de dos jueces titulares de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, el decano que ejerce en la sala de Primera Instancia número 8, y Javier, al frente del Juzgado de lo Social número 4, carecen de la más mínima autorización. No cuentan ni con permiso urbanístico de la Xunta ni con licencia municipal. Infringen varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia, así como las normas de Paderne, tanto las antiguas que estaban en vigor desde 1986 como el nuevo plan general de ordenación, vigente desde junio.
En ambas regulaciones ese terreno situado en el lugar de Tarreos está clasificado como suelo no urbanizable dado que se trata de una finca rústica de especial protección de las aguas. Y esa protección se reforzó al ser declarada como "sistema general de espacio libre de titularidad pública". Esa clasificación que afecta a la finca de los Mandián define espacios naturales que deben ser protegidos y que son destinados al disfrute de la población en general. No se permite ningún tipo de edificación en ese tipo de suelo, ni tampoco "actividad o uso que transforme su destino o naturaleza, o lesione el valor que se quiere proteger", establece la normativa.
"Las actividades" realizadas por la familia de Fraga Mandián en la finca "constituyen un uso prohibido" en suelo rústico de protección de las aguas, determina la Xunta, y son "incompatibles" con las normas urbanísticas. "No son legalizables las obras" que permitieron crear una piscina, un pozo de agua artesano, una fosa séptica así como la instalación de tres casetas, dos prefabricadas de madera y otra de hormigón "para el perro". La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística destaca además que la ley exige que la superficie mínima para poder edificar construcciones no residenciales, como es el caso, es de 5.000 metros cuadrados. La finca de los Mandián sólo mide 1.799 metros cuadrados. La Xunta ya los había expedientado antes por realizar trabajos "sin autorización" en ese terreno que "enturbiaron y desviaron el cauce" del regato das Fragas.
* ELPAIS.com - 30.12.09
Lanzarote: Un ´pelotazo´ de 18 millones
LAPROVINCIA* : El pastel, de haberse cocinado, hubiera alcanzado un tamaño colosal. La supuesta trama desvelada por la Operación Unión contra la corrupción en Lanzarote para 'desatascar' el desarrollo urbanístico de la parcela de Costa Roja (Playa Blanca, Yaiza) sobornando al entonces consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, el socialista Carlos Espino, tenía entre otros fines la generación de 18 millones de euros de beneficios una vez que se culminaran los planes urbanísticos previstos para esta pieza de terreno donde ahora crecen los tabobos, las aulagas y algún verol.
El proyecto para esta parcela, propiedad del promotor Luis Lleó, imputado por cohecho, está lastrado por dos procesos judiciales que supusieron su paralización cautelar por parte de los tribunales, lo cual frenó la construcción de 1.000 viviendas. Uno es de carácter contencioso-administrativo, interpuesto por el Cabildo, y otro de tipo penal a raíz de una denuncia de Espino y que supuso la imputación del ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes y del secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, entre otros.
Las conversaciones telefónicas interceptadas a Lleó ponen de manifiesto que éste había decidido quitarse de encima este "marrón" y para ello se habría pergeñado una supuesta "hoja de ruta" que contaría, siempre según el sumario, con la participación de empresarios hoteleros de Playa Blanca, con Juan Francisco Rosa a la cabeza. El plan consistiría en comprar los terrenos a Lleó para luego cederlos al Cabildo de Lanzarote para la realización de equipamientos y zonas verdes a cambio de la regularización de una veintena de hoteles y complejos de apartamentos ilegalizados en el sur de Lanzarote tras recursos de la corporación insular. La corrupta y presunta pieza final de la cadena consistiría en el soborno de Espino.
De la transcripción de la grabación de la conversación celebrada el cinco de junio de 2008 entre Espino y Fernando Becerra, vocal de la Cámara, intermediario de Lleó e imputado por cohecho, se extrae que al secretario insular del PSOE se le habrían planteado dos alternativas de actuación a cambio de una suculenta participación del 2,5 por ciento de los 18 millones de euros de beneficio previsto. Una consistiría en "dejar transcurrir un determinado plazo de tiempo para evitar un informe vinculante por silencio administrativo" y, la otra, "en la eventual retirada de la querella criminal sobre la base de un informe que diga que el procedimiento tiene escasas perspectivas de éxito", y así se vendería ante la opinión pública.
* La Provincia - 29.12.09
Foto: laprovincia.es
El Supremo carga contra "el desastre urbanístico" que corroe España
ELPAÍS* : Después de una colosal burbuja inmobiliaria que ha dejado cientos de cargos públicos implicados en casos de corrupción urbanística, el Tribunal Supremo ha constatado "la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística".
En una sentencia en la que confirma las condenas a los responsables del escándalo de Andratx, en Mallorca, el tribunal justifica que, "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal" para perseguir los escándalos urbanísticos con más eficacia.
El fallo, del que ha sido ponente Siro García, afirma que "la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos y que la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio". El tribunal replica así al recurso del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, del PP, que alegó que construir en terreno agrícola podría merecer una sanción administrativa, pero no era tan grave como para recibir una sanción penal.
Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y experto en derecho ambiental, afirma que "es una sentencia muy importante". "En muchos casos, los jueces consideran que el Derecho Penal es la última herramienta y que en infracciones urbanísticas basta con ir por la vía administrativa", generalmente con penas más leves y mucho más lenta. González Antón explica que la sentencia deja claro que "ante la inoperancia de las Administraciones encargadas de perseguir las infracciones urbanísticas, el Derecho Penal y sus jueces deben intervenir directamente".
El jurista añade que del fallo se desprende que "no se puede reservar para el Derecho Penal sólo las infracciones urbanísticas muy graves, sino también para supuestos como el enjuiciado, la construcción de una vivienda donde se podría ampliar un almacén agrícola. Desde el punto de vista de protección del paisaje, es una sentencia que marca un hito, pues establece que una sola edificación puede suponer un atentado grave al paisaje".
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, también aplaudió el fallo: "La UE, en su directiva sobre protección del medioambiente mediante el Derecho Penal, ya reconoció que la vía administrativa era insuficiente. El Supremo está empujando para que la legislación existente adquiera relevancia y eficacia".
Aunque la Constitución ya estableció que la protección del medioambiente debía contar con sanciones penales, la realidad es que éstas han sido la excepción. La sentencia del Supremo llega después de años en los que se ha intensificado la lucha contra la corrupción urbanística. Entre 2000 y 2006, el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa subió un 21,85%.
En 2006, el Gobierno creó la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que encabeza Vercher y una unidad especializada de la Guardia Civil contra la corrupción. Desde entonces, cada provincia cuenta con un fiscal especializado y las condenas por delito ecológico crecieron en 2008 un 22%.
El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria destaca que "el fallo es muy claro, pero llega tarde": "Es una llamada de atención a los poderes públicos y es ilustrativo del grado de impunidad en el que se encuentran las infracciones urbanísticas". Fernando Jiménez, profesor de Derecho Político de la Universidad de Murcia, insiste en que la clave debe ser "matizar o limitar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos".
Villoria, colaborador de la ONG Transparencia Internacional, se muestra, sin embargo, escéptico: "Los jueces apenas dan medidas cautelares para paralizar obras denunciadas y no hay demoliciones. ¿Qué va a pasar con todos los hoteles ilegales de Lanzarote o con el del Algarrobico [en Almería]?".
"La comunidad de ciudadanos es víctima"
- La Constitución establece que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente". Y añade: "Para quienes violen el apartado anterior [...] se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado".
- El Supremo falla ahora que "la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajista, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal".
- El Tribunal señala que "la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos y que la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio".
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 29/12/2009
Foto: Construcciones en los acantilados de Andratx, Mallorca.- TOLO RAMÓN, elpais.com
El CES critica el cambio constante de la legislación urbanística gallega
LAVOZDEGALICIA* : El Consello Económico e Social (CES), organismo consultivo de la Administración autonómica, ha aprovechado el dictamen sobre la reforma de la Lei 9/2002 -aprobada por Fraga y revisada ahora por Feijoo para favorecer la edificación en las aldeas- para alertar sobre la inseguridad jurídica que propician los constantes cambios en la legislación urbanística.
El CES recuerda que desde el año 2002 la normativa de suelo se ha sometido ya a cuatro reformas de alcance y lamenta que, «nos sete anos de vixencia da citada lei non fora posible contar cun réxime estable en materia urbanística», una crítica que también ha aireado de forma constante en los últimos años la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
El dictamen que analiza la última reforma del Gobierno gallego aplaude los principales cambios, pero lanza un mensaje al departamento que lidera Agustín Hernández. «Non pode merecer unha valoración positiva por parte deste Consello a circunstancia de que o anteproxecto persista no erro conceptual de tratar de ordenar a pluralidade e complexidade de usos e actividades no medio rural dende unha lexislación urbanística e dende unha perspectiva de clasificacións de solo e réxime de uso, como xa acontecía nas leis 9/2002 e 15/2004».
La reforma de Feijoo -una vieja demanda de los concellos- amplía a cuatro las definiciones de núcleo rural, en las que establece distintos porcentajes de densidad edificatoria para habilitar nuevas construcciones, hecho que no cuestiona el informe consultivo del CES. Pese a la inseguridad jurídica que provoca el cambio constante de la normativa, tal y como se denuncia en el dictamen, el organismo aplaude que la reforma incluya en su exposición de motivos una justificación crítica de por qué se producen las modificaciones, que marque un escenario estable y que resuelva muchos de los problemas interpretativos que originó la Ley 9/2002. El CES confía en que la nueva normativa pueda dar solución a la situación de inseguridad jurídica en que se encuentran las naves industriales y las actividades que se venían desarrollando en suelo rústico.
La restitución de las competencias municipales para regular algunas actividades económicas también cuenta con el apoyo del CES, que considera positivo otro de los cambios que impulsa el nuevo marco diseñado por el Ejecutivo de Feijoo: la reducción de los plazos de tramitación de los instrumentos de planificación urbanística.
Con la Ley 9/2002, el Gobierno de Fraga buscaba acotar la proliferación de asentamientos dispersos, una de las señales más significativas del caótico panorama urbanístico gallego, que tuvo en la dejadez y en la inhibición administrativa su gran aliado. Los alcaldes entendieron entonces que esa reforma era rigurosa e intervencionista y han coincidido ahora con Feijoo en la necesidad de un nuevo marco legal que permita ocupar con nuevas viviendas terreno libre que haya entre núcleos dispersos. Es lo que la nueva Xunta ha definido como una apuesta por compactar la dispersión de los núcleos rurales.
* La Voz de Galicia - 29.12.09
Foto: Galicia - faculty-staff.ou.edu
Prisión para los delincuentes urbanísticos
SEBASTIÀ VERD* : El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Palma y ha ordenado el ingreso en prisión del ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo y del ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, condenados respectivamente a cuatro y tres años y medio de prisión. Para el alto tribunal no hay justificaciones que valgan. Los hechos probados por los que se condenó a los dos políticos no son meras irregularidades administrativas, como alegaron, sino delitos como la copa de un pino. Delitos que afectan a la ordenación del territorio, es decir al urbanismo y delitos de prevaricación por aprovecharse de su posición dominante en beneficio propio y contra el interés social.
La sentencia corresponde al primero de los juicios a los que Hidalgo y el resto de la trama han tenido y tendrán que hacer frente desde que fueron detenidos a finales de la legislatura pasada, por lo que, muy probablemente, les espera una larga temporada entre rejas.
La sentencia del Tribunal Supremo se hace eco con todo detalle de la alcaldada de Hidalgo al construirse un chalet en zona protegida y cómo Massot o el entonces asesor legal del ayuntamiento, Ignacio Mir, pretendieron encubrir el delito alegando razones paisajísticas –como que la zona ya estaba parcialmente urbanizada– o al considerar que el chalet no era tal sino una nave agrícola. Los hechos en sí mismos ya son suficientemente graves como para merecer el castigo que les impuso la Audiencia. Sin embargo, al confirmar la condena, el Tribunal Superior sienta cátedra y justifica la vía penal para erradicar este tipo de comportamientos. La sentencia es tan clara que merece la pena reproducirla y hasta enmarcarla para aviso de quiénes quieran seguir especulando con el territorio o construir ilegalmente.
La sentencia no sólo tiene en cuenta los hechos en sí sino los nefastos resultados que estos delitos provocan sobre el territorio. Como ejemplo, esta cita: "la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal". El Tribunal Supremo defiende, como no puede ser de otra manera, que las leyes urbanísticas, como todas, están para cumplirse y que no pueden ser interpretadas arbitrariamente. Por ejemplo, no se puede considerar urbanizable una zona por el hecho de que se haya autorizado un vial o existan construcciones anteriores, una teoría surgida del despacho de Massot, de quien el president Matas dijo que era el mejor experto en urbanismo de las islas.
La sentencia es una condena en toda regla para un modelo urbanístico que ha destrozado nuestras costas, y las de todo el Mediterráneo. Un aviso para quienes están en la lista de espera de los tribunales por esta causa y para quienes están al acecho de que pase la crisis para volver a las andadas. La posibilidad de ir a parar a la cárcel es algo más que una amenaza para los delincuentes del ladrillo, sobre todo para aquellos que –como Hidalgo– "se aprovechó (aprovechen) de su condición de alcalde (o de los cargos que ostenten) para ejecutar el delito con mayor facilidad".
* Diario de Mallorca - Opinión - 29.12.09
Por un ferrocarril público y social, seguro y sostenible
ECOLOGISTASENACCIÓN/Extremadura* : MANIFIESTO PÚBLICO POR EL FERROCARRIL VÍA DE LA PLATA. Ecologistas en Acción de Extremadura, asistimos el domingo 20 de diciembre a una manifestación en Llerena organizada por la Plataforma recién creada para defender el ferrocarril tradicional pero mejorando su servicio, su rapidez y su puntualidad, algo que ahora brilla por su ausencia, con toda la malsana intención de que la población reclame AVE.
Pudimos comprobar como para intentar llegar a Llerena en transporte público desde Navalmoral que tiene RENFE y Auto Res, nos fue imposible no hay ningún transporte. Para desplazarse desde Navamoral a Llerena nos hacen falta 3 días como en los mejores tiempos.
Pero no es un AVE lo que necesita el pueblo Extremeño que no nos podamos pagar y que nos deje en las principales ciudades, donde ya no podamos movernos a los diferentes pueblos por falta de transporte público.
Necesitamos un ferrocarril por el que podamos desplazarnos de un pueblo a otro dentro de Extremadura sin tardar tres días en el intento.
Ecologistas en Acción ya forma parte de la Plataforma por el Ferrocarril Vía de La Plata y seguirá extendiendo y participando en las futuras plataformas a lo largo y ancho de Extremadura por un ferrocarril en condiciones, seguro y rápido.
La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Vía de la Plata de Llerena y comarca manifiestan la necesidad de potenciar el ferrocarril por ser uno de los medios de transporte mas sostenibles, haciéndolo asequible a todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo, capacidad física, género o edadUna sociedad que pretenda progresar no puede hacerlo al margen del tren tradicional.
Por ello exigimos que el Gobierno Central y Autonómico revitalicen el ferrocarril cotidiano, poniendo al día sus infraestructuras, con mayor calidad de servicio y capacidad de transporte. Exigimos un aumento significativo y no testimonial de las inversiones en este tipo de ferrocarril, aplicando criterios ambientales y sociales, dando prioridad a la Ruta Vía de la Plata.
Una sociedad que pretenda progresar no puede hacerlo al margen del tren tradicional. Por ello exigimos que el Gobierno Central y Autonómico revitalicen el ferrocarril cotidiano, poniendo al día sus infraestructuras, con mayor calidad de servicio y capacidad de transporte. Exigimos un aumento significativo y no testimonial de las inversiones en este tipo de ferrocarril, aplicando criterios ambientales y sociales, dando prioridad a la Ruta Vía de la Plata.
Las ventajas que conlleva la recuperación real y moderna de los servicios ferroviarios en el tramo Sevilla-Mérida son unas importantes reducciones de tiempo, ahorro de energía, beneficios para las empresas y el medio ambiente, generando condiciones mas favorables para el desarrollo del turismo, mejoras en la seguridad y en la accesibilidad del conjunto del territorio. Una apuesta pública, ecológica y sincera por el uso del ferrocarril también conlleva un medio de comunicación social, económico y sostenible donde, tanto el transporte de mercancías como de pasajeros pueden ser rentables.
La apuesta por el tren es una necesidad social que en justicia le corresponde a una de las comarcas europeas más deprimidas, sobre la que debe impulsarse ese modelo de desarrollo sostenible.
Por todo lo anterior proponemos:
• Un Plan específico para incrementar las inversiones en la mejora del ferrocarril en todo el tramo Sevilla-Mérida, señalización y seguridad, vía, supresión de pasos a nivel, trazados, estaciones, trenes, accesibilidad al tren para personas con movilidad reducida, adaptación del tren para el transporte de bicicletas, etc.
• Conminar a RENFE y ADIF a restablecer el Itinerario Sevilla-Gijón o Vía de la Plata, como justa alternativa por Ferrocarril tras la puesta en funcionamiento de la E-803/A66 o Autovía de La Plata, ya congestionada en algunos tramos.
Los grupos que integran la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Vía de la Plata, a su paso por Llerena y comarca, hacen un llamamiento público a la sociedad civil para que se unan en la demanda de conseguir mejorar convenientemente el tráfico de viajeros y mercancías en esta vía férrea y así revitalizar las comarcas y poblaciones por donde transcurre.
* Ecologistas en Acción > Extremadura - 23.12.09
Foto: ecologistasenaccion.org
Felanitx funciona con la normativa urbanística de hace 40 años, que preveía 80.000 habitantes
ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El municipio de Felanitx posee uno de los planeamientos urbanísticos más antiguos de Mallorca. Tiene 40 años. Y es que, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue aprobado en el año 1969. Esto hace que el urbanismo felanitxer se deba regir por una normativa que está totalmente obsoleta, pese a pequeñas modificaciones puntuales que se han ido introduciendo y aprobando a lo largo de los años.
A parte de esto, durante todos estos años, ha habido varios intentos para aprobar unas Normas Subsidiarias (NNSS) adaptadas a los tiempos actuales pero, por el momento, y por lo que parece por un par de años más, los felanitxers tendrán que seguir rigiéndose, urbanísticamente, por esta planificación tan antigua.
El boom de la construcción que se genero en los años sesenta hizo que en el 1969 se aprobara una normativa urbanística -el PGOU- muy exagerada. De hecho, preveía un techo poblacional de 80.000 habitantes. Ahora, cuarenta años después de aquel planeamiento desarrollista se ha llegado a sólo 18.000 habitantes en todo el municipio.
Cambios fallidos
Desde la entrada de los ayuntamientos democráticos, hace 30 años, más de media docena de veces se ha intentado por parte de los diferentes equipos de gobierno municipal cambiar la normativa y adaptarla a las necesidades reales del momento, pero ningún partido político lo ha conseguido. Y es que, cada vez que hay elecciones locales, según el partido que se hace cargo del gobierno, se empieza de nuevo toda la tramitación y nada se quiere saber de lo que habían empezado los anteriores gobernantes. Además, si coincide que al Ajuntament gobierna un partido y en el Consell de Mallorca los dirigentes son de un color político diferente tampoco es posible aprobar definitivamente una normativa nueva. Este hecho lo demuestran los largos y diferentes procesos que durante los últimos 30 años se han iniciado, pero que ninguno ha finalizado completamente.
Haciendo un poco de repaso, a algunos de los movimientos urbanísticos más destacados que se han realizado son: en el 1992 se hizo un avance de Normas Subsidiarias, pero con moción de censura incluida, hecho que aparcó este avance. Y en el 1995 se hizo un plan de delimitación de suelo urbano.
En el 2002, - el Pacte de Progrés- se aprobaron inicialmente unas nuevas NNSS y, en el 2003, justo antes de las elecciones se aprobaron provisionalmente. Pero con el cambio de gobierno, el mismo año el PP decidió no subsanar las deficiencias que pedía corregir el Consell de Mallorca para que las NNSS pudieran ser aprobadas definitivamente. En el 2004, el aprueba la Norma Complementaria del Suelo Urbano, una norma que no entró en vigor hasta el agosto del 2005. Y aquellas Normas que inicialmente se aprobaron en el 2004, en el 2007 son aprobadas provisionalmente, y dos años después, todavía permanecen pendientes de ser informadas por todas las administraciones competentes en urbanismo, como, Demarcación de Costas, Defensa, la Comissió Balear de Medi Ambient, etcétera.
* Última Hora Digital - 28.12.09
Foto: Imagen de una de las entradas al municipio de Felanitx realizada hace varios años. - ultimahora.es
A los extranjeros residentes también les preocupan el urbanismo y la crisis
SUR/Marbella* : El año que está a punto de terminar ha sido terrible en términos estadísticos: más de 14.000 parados en Marbella tras el desplome de la construcción y del sector servicios. 2009 también ha sido el año de la no aprobación del PGOU. A pesar de que todas las previsiones apuntaban a su visto bueno definitivo para finales de año, el Plan General se pospone para 2010 y con él la regularización de miles de viviendas en el término municipal. Crisis y urbanismo se han convertido estos 12 últimos meses en las principales preocupaciones de los ciudadanos de Marbella, españoles y extranjeros.
Las consultas de estos últimos en el Ayuntamiento no dejan lugar a dudas. Las peticiones de información en el Departamento de Extranjeros para saber si su vivienda es legal y la situación que ocupa en el catastro se ha disparado junto a la solicitud de ayudas económicas para afrontar la crisis, la petición de abogados de oficio ante el aumento de la conflictividad judicial y las dudas sobre cómo solicitar el desempleo o demorar el pago a Hacienda. En lo que va de año, el Área de Extranjeros ha recibido el doble de consultas de urbanismo y el triple relacionadas con la crisis. Y eso a pesar de que, en términos globales, el número de demandas de información ha caído un 21,5% respecto al año anterior.
La explicación está en el descenso que han experimentado otro tipo de reclamaciones, hasta ahora habituales. Las consultas sobre la factura del agua o el teléfono o la petición del certificado de empadronamiento han caído en picado, así como la petición de información sobre el censo o las dudas de cómo asociarse a colectivos de carácter vecinal. Las prioridades ahora son otras.
La cultura es el único apartado que ha resistido el embate de la crisis. El número de actividades organizadas por extranjeros en la ciudad va en aumento, gracias también al incremento de los canales de información puestos en marcha este año por el Consistorio marbellí. Entre ellos, los encuentros que el departamento ha organizado con los máximos responsables de cada concejalía para que de viva voz aclaren las dudas de la población extranjera.
Por nacionalidades
El tipo de consulta varía según la nacionalidad. En Marbella viven 26.309 extranjeros empadronados, 136 nacionalidades y dos grandes grupos según el tipo de consulta que realizan: comunitarios, generalmente de mayor poder adquisitivo y más preocupados por el urbanismo, y extracomunitarios, la mayoría latinoamericanos, africanos y de Europa del Este, a los que la crisis les trae de cabeza. La directora de la Unidad de Extranjeros, Ortilia García, apunta algunas diferencias dentro de estos dos grandes bloques. Así, los británicos, una de las comunidades más cerradas, se quejan más por el medio ambiente, el ruido en las calles y la estética de carteles, vallas publicitarias y luces de neón. Los rusos, cada vez más numerosos, están más preocupados por la marcha de sus inversiones. Polacos, rumanos y búlgaros, por cómo volver a casa tras la pérdida del empleo y de la recuperación económica de sus países de origen.
No todo es negativo. Hay tres características de la ciudad que los extranjeros residentes valoran por encima de todo y que también lo hacen constar en sus consultas: el clima de Marbella, su cosmopolitismo, el carácter de sus gentes y la belleza de su casco antiguo.
* SUR - M. J. CRUZADO - 28.12.09
Foto: laopinion.es
Santa Cruz: ¿Qué pasa con el urbanismo en Ifara?
LAOPINIÓN/Tenerife* : La Ninfa Ifara nació como una urbanización de carácter residencial. Sin embargo, los múltiples "desaguisados urbanísticos" que se han cometido, según los responsables vecinales, "han colapsado" esta zona de la capital que carece de todo tipo de servicios complementarios, salvo, eso sí, geriátricos. Y para más inri, los vecinos temen que las previsiones del Plan General pendiente de aprobación hagan del barrio un lugar todavía más incómodo para vivir.
Desde que nació la Asociación de Vecinos La Ninfa, Ifara no ha parado de luchar para conseguir hacer de ese lugar una zona residencial lo más habitable y cómoda posible. Sin embargo, los vecinos sienten que los múltiples "desaguisados e improvisación de la Gerencia de Urbanismo" han convertido al barrio en un lugar cada vez más incómodo.
Mariano Reymundo, tesorero de la asociación de vecinos, y también miembro de la Plataforma en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGO), no entiende "cómo es posible" lo que sucede en materia urbanística en Santa Cruz y, más en concreto, en esta parte de la ciudad. "Si no lo hubiera vivido en carne propia, diría que los que están en la plataforma son unos locos", señala.
Solares en los que se cambia el uso dotacional para el que fueron concebidos, sin informe previo que justifique el cambio y sin que se haya hecho un estudio de viabilidad, construcciones que sobrepasan los límites de altura establecidos en la normativa, concentración de geriátricos, calles sin recibir por el Ayuntamiento porque los promotores no han cumplido con la obligación de urbanizarlas, una vía que estaba prevista sólo para el servicio de la urbanización, que se conecta con Los Campitos para abrirla al tráfico general sin realizar otras actuaciones paralelas en esa infraestructura para el tráfico que soporta... Y así, numerosas irregularidades que, además, generan incomodidades para los vecinos.
Como ejemplos de todo lo anterior, Mariano Reymundo cita el de un solar que antaño figuraba como para la instalación de una guardería , al que se cambia el uso dotacional y se construye el edificio en el que posteriormente se instala la Escuela Oficial de Idiomas. Eso, según Reymundo, atrae a una importante cantidad de personas y de coches a una zona en la que apenas hay plazas de aparcamientos. Todo ello provoca que los residentes denuncien y las autoridades deciden trasladar al Escuela de Idiomas. Pero "la improvisación de Urbanismo" sigue y se decide instalar en ese lugar la Dirección General de Telecomunicaciones, lo que provoca que, en horario de oficinas, en la zona no quepa un coche más, añade Mariano ¨Reymundo.
Otra edificación que ha causado problemas es La Ninfa. El inmueble ha sido denunciado, hay sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a retranquearse varios metros y, sin embargo, el edificio sigue tal cual. Ahora, el Ayuntamiento ha detectado que dio mal las alineaciones y se pone el asunto en manos del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, que decide que no se demuela.
Además, al construir el edificio La Ninfa se altera una ladera próxima, propiedad del Ayuntamiento, y se ocasionan múltiples problemas con los edificios Nereida, recuerda Reymundo, quien destaca que ha prescrito la obligatoridad de que los promotores del edificio acondicionen el lugar, con lo cual los residentes en el Nereida viven bajo la amenaza constante de quedar sepultados por una avalancha de tierra y piedras.
A lo largo de la carretera que va desde Ifara a Los Campitos se pueden ver otras edificaciones en construcción que no cumplen los requisitos urbanísticos exigidos en la zona. Hay un caso concreto en que los vecinos lograron parar la obra, aunque sólo durante un tiempo, porque ahora, según Reymundo, se trabaja a marchas forzadas para acabarla. Se ejecuta un edificio de cinco plantas en un lugar que figura en la ficha urbanística como destinado a chalets, asegura. Y como este ejemplo, hay otros muchos en el barrio, según el portavoz vecinal, que se pregunta qué carta se guardan bajo la manga algunos promotores para que puedan actuar con tal impunidad y no tengan que demoler.
"Aquí no caben edificios. Este lugar se concibió para una densidad de población de pequeña a mediana, y lo están congestionando y convirtiéndolo en un lugar incómodo para vivir", añade Reymundo, que informa se está haciendo un nuevo acceso desde Los Campitos a la vía de Ifara y "se pretende edificar en una zona próxima que está protegida".
Y todo esto sucede en un lugar que desde fuera se ve como una zona privilegiada pero que no cuenta con los más mínimos servicios dotacionales. No hay parques, ni plazas, ni polideportivos, para que los niños jueguen, faltan zonas donde aparcar y el servicio de transporte público es muy deficiente.
* La Opinión Tenerife - VICTORIA CABRERA - 28.12.09
Foto: Sobre estas líneas, edificio en construcción que no cumple con el ordenamiento urbanístico, según los vecinos de Ifara. A la derecha, la nueva vía que conectará esta zona residencial con Los Campitos. Delia Padrón, laopinion.es
Los PGOU tardan más tiempo en elaborarse que el que duran en vigor
ELPAÍS/Andalucía* : A punto de cumplirse siete años desde que entró en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el 20 de enero de 2003, la inmensa mayoría de los ayuntamientos no han logrado elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) adaptado a la normativa, pese a que ésta fijó un plazo de cuatro años para ello.
Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de poner de manifiesto que los procedimientos de revisión y adaptación del planeamiento urbanístico resultan muy "complejos y laboriosos" y que el cumplimiento de todos los trámites previstos "se prolonga excesivamente en el tiempo", de tal manera que concluye que "los planes generales están más tiempo redactándose y revisándose que en ejecución".
Del análisis de los 28 municipios mayores de 50.000 habitantes, objeto de la fiscalización, se concluye que la media que emplean en elaborar un plan desde que se produce el acuerdo de pleno de inicio del procedimiento de revisión hasta que se obtiene la aprobación definitiva, se tarda una media de 12 años y tres meses.
Una de las consecuencias de este laborioso procedimiento y de los retrasos en la tramitación es que los planes de ordenación urbana son por lo general "bastante antiguos". La mitad de los planes en vigor tienen entre nueve y 18 años, y un 27% supera los 18 años de antigüedad. Resultan especialmente llamativos los casos de Marbella y La Línea, que además de tener en común haber sido gobernados por el Grupo Independiente Liberal (GIL) tienen el planeamiento urbanístico más antiguo de Andalucía, aprobados hace 23 y 24 años, respectivamente.
El caso de La Línea resulta paradigmático de la lentitud de los procedimientos de planeamiento, y es que en noviembre de 1999 el pleno municipal aprobó un documento de avance de un nuevo PGOU. Tres años más tarde, en diciembre de 2002, realizó la aprobación inicial, pero al cabo de siete años no ha sometido aún el documento a aprobación provisional.
Apenas el 23% de los planes en vigor no supera los nueve años y están por tanto dentro del periodo con el que suelen manejarse las previsiones y proyecciones en la planificación urbanística.
Sólo cuatro de los 28 municipios principales han completado un proceso de adaptación plena de su planeamiento a la LOUA: Sevilla, El Ejido, Jerez y Roquetas. Estos dos últimos se aprobaron definitivamente una vez acabado el trabajo de campo de los auditores, motivo por el que figuran en la tabla adjunta, en la que se detalla el estado de la tramitación de los planes en los municipios que aún no han concluido el proceso.
Hay otros tres municipios que tienen adaptados sus planes porque los elaboraron durante el tiempo de aprobación de la ley, por lo que aunque se rigieron por el procedimiento antiguo, si adaptaron las determinaciones sobre usos de suelo a la LOUA. Se trata de Chiclana, Motril y Benalmádena.
Aún quedan 21 ayuntamientos que están inmersos en el procedimiento de revisión de sus planes, pero que no han logrado concluirlos. De ellos 10 se han acogido a la fórmula de la adaptación parcial que la Junta habilitó mediante decreto en enero de 2008 al objeto de favorecer la disposición de suelo para VPO. Se trata de un procedimiento rápido para poner al día las determinaciones que afectan a la ordenación estructural; y no impide que los municipios que lo hagan tengan que completar una revisión completa de su planeamiento.
Los ayuntamientos que se han inclinado por esta fórmula intermedia son Córdoba, Granada, Jaén, Algeciras, La Línea, El Puerto de Santamaría, Linares, Vélez Málaga, Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas.
Pero toda la responsabilidad de los retrasos no son imputables a los municipios. La Cámara de Cuentas constata la tardanza con la que suelen emitirse los informes sectoriales preceptivos que dependen de otras administraciones, algunos de los cuales son vinculantes y recomienda reformar la legislación "con la finalidad de que no se dilaten en exceso los procedimientos". El informe recoge por ejemplo las alegaciones del Ayuntamiento de Fuengirola que se queja de que los informes de Carreteras y de impacto ambiental a la aprobación provisional han tardado 19 y 17 meses, respectivamente.
La Cámara admite también que en los retrasos en la tramitación de los planes ha influido "de manera decisiva" la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y de los planes subrregionales.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 27/12/2009
Foto: La Línea - dipucadiz.es
Andratx: El juez busca el dinero que Hidalgo ha ganado en la lotería para embargarlo
DIARIODEMALLORCA* : El dinero que ha ganado Eugenio Hidalgo en el último sorteo de Navidad, donde, al parecer, resultó agraciado con varios décimos, podría no terminar en los bolsillos del ex alcalde de Andratx, ya que el juez está barajando la posibilidad de embargarle el premio.
Eugenio Hidalgo no ha realizado ninguna declaración pública en la que confirmara este premio. Sin embargo, el titular de la Administración número 15 de Palma, que repartió una parte del quinto premio del sorteo, confirmó que tanto Eugenio Hidalgo, como su hermano Carlos, habrían comprado varios décimos, entre los que se incluirían los boletos premiados, y por tanto habrían recibido un "pellizco" económico.
Desde que estallara el caso Andratx, una de las medidas judiciales que adoptó el juez fue embargar todos los bienes del ex alcalde Hidalgo. Además, en varias de las causas en las que está implicado por delitos relacionados con la corrupción urbanística el juzgado ha impuesto elevadas fianzas civiles, en algún caso de más de un millón de euros, que Hidalgo no ha podido hacer frente por falta de medios económicos.
Fuentes jurídicas señalaron que es lógico que el juzgado intente bloquear cualquier ingreso económico que haya recibido un acusado, como puede ser un premio de lotería, para hacer frente a una fianza. Antes de proceder al embargo, lógicamente, se tiene que confirmar si Eugenio Hidalgo se ha visto agraciado con este premio económico del sorteo más popular del año. Por ello se baraja la posibilidad de que se cite al ex alcalde en el juzgado para que concrete si es cierto o no que ha ganado el premio de la lotería y, si es así, cuánto dinero ha cobrado.
No es la primera vez que Hidalgo tiene la suerte de ganar un premio de lotería. En otros sorteos anteriores se ha visto recompensado con el azar. En el año 1992 Hidalgo ya ganó un premio importante de el sorteo del Niño, que se repartió en Palma y en Andratx. Con el boleto premiado ingresó varios millones de pesetas.
Es conocida su afición a participar en los sorteos de lotería. Cuando en noviembre de 2006 la Guardia Civil le detuvo por presunta corrupción el ex alcalde guardaba en su domicilio numerosos boletos de los sorteos de Navidad y de El Niño. Estos décimos fueron incorporados al sumario.
Eugenio Hidalgo está en estos momentos en libertad provisional pendiente de que el Supremo estudie el recurso por la condenada de más de cuatro años que le impuso la Audiencia por las obras ilegales que hizo en su casa. También tiene pendiente otros juicios por las más de 50 piezas que se tramitan en el juzgado por presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante su etapa de mandato en Andratx.
* Diario de Mallorca - J.F.M./F.A. PALMA
Santa Cruz: Miles de vecinos, convocados para protestar contra el PGO
LAOPINIÓN/Tenerife* : Asamblea por Tenerife y la Coordinadora de Pueblos y Barrios hicieron ayer un llamamiento a toda la ciudadanía de Tenerife y, en especial a la de Santa Cruz, para que asistan el próximo martes día 29, a las 09:30 horas, al pleno del Ayuntamiento capitalino en el que "se pretende aprobar un Plan General de Ordenación gravemente lesivo para los intereses de la ciudadanía".
Para los representantes de ambas plataformas, "este Plan está dirigido a beneficiar a un grupo de personas, de empresarios, a los que todos conocemos con nombres y apellidos para darles nueva volumetría de edificación en solares y, a la vez, han disminuido de un plumazo alturas en viviendas, que son prácticamente 30.000 las edificaciones que resultarán afectadas y más de 80.000 vecinos que se verán perjudicados".
Los colectivos señalaron que "los ciudadanos de a pie que tienen la mayor parte de su patrimonio depositada en su vivienda pero ahora se verán inmersos en un atentado contra sus derechos a la propiedad y que, tanto Coalición Canaria (CC) como el Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, pretenden aprobar el martes un PGO para que los ciudadanos de Santa Cruz no tengan capacidad de respuesta".
"De espaldas a los vecinos". Andrés Pérez, portavoz de la Coordinadora de Pueblos y Barrios, denunció que "hay más de 80.000 personas afectadas" que no fueron debidamente informadas y por parte del Ayuntamiento se dice que "el Plan había sido elaborado con todos los colectivos de la capital", algo que "no es cierto". Sabemos, dijo, que "el Plan ha sido elaborado sólo con aquellos presidentes de asociaciones de vecinos afines al poder" en el Ayuntamiento y que, "incluso han llegado a firmar el Plan sin haber informado a aquellos vecinos a los que representan", dijo Pérez.
Por otro lado, el abogado Felipe Campos señaló ayer, en referencia al escrito firmado esta pasada semana por 27 arquitectos en el que reflexionan sobre el PGO, que "el Colegio de Arquitectos no quiso pronunciarse al respecto y algunos de los arquitectos que firman ese escrito tienen claros intereses para que se apruebe este Plan de Ordenación como es el caso de Julián Valladares o Ramiro Cuende", afirmó el letrado.
El alcalde y la concejal de Urbanismo "pretenden confundir a la ciudadanía en una campaña en la que niegan que los derechos de los ciudadanos se vayan a ver afectados cuando el propio secretario del Ayuntamiento dice lo contrario y, además, lo reconoce en un escrito", añadió Campos. Recordó que "desde el Ayuntamiento se quiere celebrar un pleno de forma acelerada para que los vecinos no puedan reaccionar" y también se sumó al llamamiento para que "los vecinos acudan al Ayuntamiento este martes con el fin de defender sus legítimos derechos".
Corrales: "Atraco vil al patrimonio vecinal"
El secretario general del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, exigió ayer al alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, que posponga "por decencia y transparencia democrática" el pleno del día 29 sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Corrales sostiene en un comunicado que el PGOU "se ha convertido en una tapadera para realizar un expolio monumental y un atraco vil al patrimonio de miles de familias santacruceras en beneficio exclusivo de unos pocos intereses cercanos a ATI-CC". El dirigente socialista señala que "si se consuma este atraco y el pleno del Ayuntamiento con una clara nocturnidad y alevosía le da luz verde, los socialistas exigirán por todas las vías y en todas los ámbitos que Zerolo no siga en la Alcaldia ni un minuto más por una cuestión de decencia democrática". El secretario general del PSOE de Santa Cruz de Tenerife plantea que la ciudad necesita un PGO y una planificación urbanística "racional, pero lo que se quiere poner en marcha es el peor desvió de poder realizado en los últimos años en España, ya que se trata de perjudicar a la mayoría de los vecinos de Santa Cruz atacando directamente su patrimonio y bolsillos con el intento descarado de beneficiar a través de compensaciones y aprovechamientos urbanísticos a los mismos de siempre, con nombres y apellidos conocidos y que ya han sido beneficiados en anteriores pelotazos".
* La Opinión Tenerife - MIGUEL ÁNGEL AUTERO - 27.12.09
Foto: Representantes de los colectivos Asamblea por Tenerife y Coordinadora de Pueblos y Barrios durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer en el Parque García Sanabria. delia padrón, laopinion.es
Los terrenos donde se ubicará Ikea en Paterna son de simpatizantes del PP
ELPAÍS/Valencia* : Los terrenos donde está previsto que se instale Ikea en la provincia de Valencia son, en su mayor parte, propiedad de simpatizantes del PP. El Ayuntamiento de Paterna, gobernado por los populares, anunció a finales del pasado mes de octubre la existencia de un convenio, pendiente de ratificar todavía por el pleno municipal, con Ikea, la Consejería de Medio Ambiente, la empresa municipal de urbanismo y los principales propietarios del terreno -aunque sin desvelar la identidad de los mismos- para la ubicación de la multinacional sueca del mueble.
Las referencias catastrales desvelan que la mayoría de las parcelas elegidas para la ubicación de Ikea, junto a la autovía de Ademuz y en las proximidades del centro comercial Heron City, están a nombre de distintos miembros de la familia Carpi, con los que EL PAÍS no pudo contactar. En dos de las mayores parcelas afectadas, y una tercera anexa, la titular principal, según el registro catastral, es María Miguela Carpi, que mantiene una estrecha amistad con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El Ayuntamiento de Paterna explicó que en la propuesta de convenio con Ikea no figuran los propietarios pero sí las parcelas afectadas, cuyos titulares se pueden identificar en el registro, por lo que no hay ningún ánimo de ocultar su identidad. Según el Ayuntamiento de Paterna, los nombres se incluirán en el convenio definitivo tras la fase de alegaciones. Recientemente, el director general de Ikea Ibérica, Peter Betzel, reconoció en una entrevista a El Economista que "el factor político ha sido el causante en muchas ocasiones de que no nos pudiéramos instalar donde queríamos, como el caso de Valencia". Ikea descartó establecerse en Alfafar, municipio gobernado por los socialistas, este otoño tras años de negociaciones.
El proyecto de Ikea para Paterna está todo por hacer y contrasta con la decisión de la multinacional sueca de desestimar, tras años de contactos, la oferta de Alfafar, que proponía como ubicación una gran parcela en un polígono comercial consolidado.
La ubicación de Paterna en las inmediaciones de la pista de Ademuz y el by-pass cuenta con el respaldo de la Generalitat -que está dispuesta a facilitar informes y autorizaciones- y el Ayuntamiento que preside Lorenzo Agustí -que actuará como agente urbanizador y aportará la parte de suelo que le corresponde-, mientras que Ikea ofrece 34 millones de euros para cubrir los costes de urbanización sobre unas parcelas que suman 220.000 metros cuadrados.
Ikea, según este proyecto, dispondrá de 132.000 metros para su actividad. El resto serán para construir una Ciudad del Hábitat, donde se instalarán otros comercios relacionados con el sector y que cuentan con el beneplácito de la patronal del mueble y de los vendedores del sector. Nada se estipula acerca de la operación entre Ikea y los propietarios de los terrenos -que pasarán de rústicos a terciario comercial-, que queda en el ámbito de lo privado, según fuentes municipales.
Los terrenos elegidos para la ubicación de la multinacional sueca del mueble, que en cualquier caso no podrá abrir antes de finales de 2012, están pendientes de acondicionar y urbanizar y carecen de los estudios de movilidad necesarios.
La opción de Paterna contrasta con la de Alfafar -una localidad ubicada en el denominado triángulo del mueble-, ya descartada. En esta población de L'Horta Sud, Ikea llegó a firmar un convenio en 2005 con los propietarios de Alfafar Parc para instalarse sobre una parcela de 223.200 metros cuadrados, con una estructura similar a la que se propone para Paterna. Es decir, con un desarrollo específico para Ikea y sus necesidades comerciales, de aparcamiento y almacenaje y otra parte para suelo comercial de empresas del mueble o auxiliares.
En el proyecto de Alfafar, los estudios de movilidad, encargados a la Universidad Politécnica y a Indra, habían previsto los accesos adicionales -cuyo coste se llegó a presupuestar- para evitar problemas en los accesos desde la V-31 o pista de Silla. Fuentes municipales de Alfafar consideran que la actuación de la Consejería de Industria, hasta septiembre pasado dirigida por Belén Juste, fue determinante para que la multinacional sueca descartase este emplazamiento.
Un portavoz de Ikea Ibérica explicó que cada emplazamiento tiene su propia casuística y que, incluso después de anunciarse la apertura en algunos emplazamientos, se han descartado proyectos por problemas en accesos o licencias.
En Alicante, los planes de Ikea para abrir su centro comercial se han complicado tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de suspender cautelarmente el planeamiento urbanístico de Rabassa. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, confía en que Ikea espere la resolución del conflicto y no busque otro municipio para instalarse.
* ELPAIS.com - JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 27/12/2009
Foto: Un hombre hace deporte en una isleta frente a la parcela donde está prevista la futura ubicación de Ikea en Paterna.- CARLES FRANCESC
Un pastor le gana la partida a una urbanización de 2.285 viviendas
LAVERDAD/Murcia/Jumilla* : El Tribunal Supremo ha decidido suspender cautelarmente el Plan Parcial y el Programa de Actuación Urbanística 'Santa Ana del Monte Jumilla Golf', en el que estaba previsto levantar 2.285 viviendas y un campo de golf porque la posible insuficiencia hídrica afectaría al interés general.
El Supremo acuerda como medida cautelar la suspensión del acuerdo de Pleno del ayuntamiento de 5 de diciembre del 2006, por el que fue definitivamente aprobado el Plan Parcial 'Santa Ana del Monte Jumilla Golf'; así como del acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de diciembre, por el que se aprobó definitivamente el Programa de Actuación Urbanística de la Unidad de Ejecución Unica del Plan Parcial, además del Proyecto de Estatutos y Bases de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución Unica del Plan Parcial 'Santa Ana del Monte Jumilla Golf'.
Con este auto se impugna el que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó en hace dos años, que desestimó el recurso de súplica contra el anterior Auto de 9 de octubre de 2007 por el que fue desestimada la solicitud de suspensión cautelar del Plan Parcial y el Programa de Actuación Urbanística.
El TSJ desestimó la petición porque «no se concreta ni acredita los posibles perjuicios que se derivarían de la no adopción de la medida cautelar», y que los que cita «son fácilmente identificables mediante la correspondiente indemnización».
En el auto del TSJ no consideró que el interés general «demandara la suspensión» y, en relación al abastecimiento de agua reconocía la existencia de un «expediente de concesión de aguas subterráneas para la modificación de características o condiciones del aprovechamiento inscrito en el Registro de aguas, que se tramita en la Confederación Hidrográfica del Segura a instancias de 'San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S. A.'». Además, «en el Plan Parcial se contempla la ejecución de una planta desaladora y potabilizadora a ejecutar en el sector».
Falta de abastecimiento
Por el contrario, el Supremo considera que «el motivo debe de prosperar» , ya que el anterior Auto da «una valoración, provisional y limitada, de los fundamentos de la pretensión articulada y, frente a ellos, la Sala ha considerado que debía prevalecer el desarrollo urbanístico implícito en los Acuerdo impugnados, sin tomar en consideración las alegaciones que insistían, desde la perspectiva de la legalidad de fondo, en la ausencia de un abastecimiento de agua suficiente y proporcional con el desarrollo urbanístico proyectado». Por tanto, acuerda la suspensión cautelar hasta que se acredite «la suficiencia de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo urbanístico en proyecto».
El alcalde, Francisco Abellán, explicó ayer que la primera demanda fue presentada por un vecino, Pascual Carrión, que tiene una explotación ganadera en esa zona, y que pedía que el Plan Parcial se hiciera más pequeño y así no afectara tanto a su parcela, sobre todo el tendido eléctrico que iba a darle energía a la urbanización, que en un primer momento iba a contar incluso con más viviendas. La denuncia de Carrión, sin embargo, no tiene relación con la que ahora ha estimado en su recurso el Supremo, que se refiere al suministro de agua.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo será el promotor el que se planteará, si le interesa, hacerlo más pequeño y que se ajuste al Auto del Supremo. No obstante, Abellán quiso dejar claro que los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Jumilla estaban, en su momento, ajustados a los informes técnicos favorables y al Plan General de Ordenación Urbana.
* La Verdad - 26.12.09 - 00:29 - I.M. / G. H. / EP | MADRID / MURCIA
Foto: Pascual Carrión Guardiola junto a su rebaño en el año 2003, cuando inició su lucha para que el tendido eléctrico de la futura urbanización no afectara su explotación ganadera. :: JUAN LEAL, laverdad.es
Valencia: Sobre los jardines de Monforte
JULIO LACARRA LÓPEZ* : El presidente de la asociación de Amigos de los Jardines Valencianos defiende no sólo el mantenimiento del muro de Monforte sino la reapertura del acceso público desde el palacete. El intento de eliminación del muro de los jardines de Monforte y su sustitución por una verja constituye un eslabón más en la larga serie de agresiones que el jardín ha padecido por parte de su actual propietario, el Ayuntamiento de Valencia. La mala gestión de este Bien Cultural, que obliga a los ciudadanos a visitarlo por la puerta de atrás (un añadido de los años 70 del pasado siglo) origina declaraciones tales como las del concejal señor Bellver o las de la señora Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia en las que siempre hablan del «singular parque», eludiendo la condición de jardín histórico-artístico que caracteriza a Monforte.
Nos resulta del todo indignante que este relevante jardín valenciano sea únicamente accesible por una puerta trasera que impide la comprensión del programa iconológico expuesto en la entrada histórica y además evita la percepción sensorial de un espacio que desde su origen marca diferentes direcciones. La entrada por el Palacete o Pabellón de Descanso es la que permite comprender el jardín y emocionarse con sus ambientes tan diferentes, resguardados por ese muro que ahora se pretende eliminar.
No nos olvidemos que nos encontramos ante un Bien de Interés Cultural al haber sido declarado en el año 1940 Jardín de Interés Histórico Artístico y no en un jardín de barrio con pipican.
Tras varios años de instancias y papeles con el Ayuntamiento de Valencia (su propietario) y con la Consellería de Cultura, sin conseguir que el Palacete sea abierto al público como medio de acceso al jardín (se alega que está dedicado a bodas, que Protocolo tiene allí las oficinas, que hay un comedor de trabajadores.) se denunció esta situación ante los tribunales y se iniciaron dos procedimientos contencioso-administrativos.
En uno de ellos, la mismísima Directora General de Patrimonio, doña Paz Olmos Peris, dio a entender en fase probatoria (pues fue llamada como testigo por parte nuestra) que el jardín y el palacete eran entidades diferentes, cuando la misma Consellería, en su catalogación de Bienes Culturales, incluye dentro de la misma unidad (como no puede ser de otra manera) el jardín y el palacete. El acceso se define a través del zaguán del pabellón de descanso, es más, se describen con detalle los valores arquitectónicos del Palacete. En concreto, se dice textualmente: «En consonancia con el carácter señorial del jardín se conserva el pabellón de recreo, especie de palacete construido a iniciativa del propio Marqués de San Juan, y cuya puerta es paso obligado y único al jardín».
La no apertura al público del palacete, y la falta de difusión adecuada tanto en los medios de comunicación como en los centros de información turística y cultural ha sido acreditada por esta Asociación en los referidos procedimientos judiciales pudiéndose comprobar fácilmente este extremo, por ejemplo, consultando la Oficina Municipal de Turismo. El Plan Especial de Protección del BIC tampoco ha sido elaborado por el Ayuntamiento. Nos preguntamos si todo ello tiene que ver con el uso que se le ha atribuido, en ningún caso incompatible con lo que la Ley de Patrimonio determina y esta Asociación reclama, siempre que se adopten las correspondientes medidas de seguridad tal y como refiere la Ordenanza de Parques y Jardines de Valencia, que en todo caso habrían de establecerse estuvieran o no dichas oficinas por la relevancia del BIC (Bien de Interés Cultural). Las administraciones y entidades de la Comunitat Valenciana puedan destinar el ejercicio de una actividad pública en estos inmuebles siempre y cuando no se desvirtúen los valores históricos, artísticos o culturales de los edificios integrantes del patrimonio cultural del que sean titulares, previo informe de la Consellería.
El objetivo de la Asociación AJAVA es conseguir que el Ayuntamiento de Valencia y la Consellería de Cultura recuperen el respeto por el Jardín de Monforte manteniendo el muro y abriendo la entrada histórica al mismo y cumpla con las obligaciones que la legislación vigente prescribe, a fin de que se recuperen las medidas de protección y fomento necesarias para que todos los ciudadanos puedan contemplar y disfrutar de esta obra de arte que es herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. En un estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente expuestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y ésta es en definitiva el camino seguro hacia la libertad y el bienestar de todos los ciudadanos de esta hermosa Comunitat y de este maravilloso país.
* Las Provincias - Opinión - 26.12.09
Telde: Turcón pide la dimisión del edil de Urbanismo por su "escandaloso" proceder en la legalización de Las Terrazas
TELDEACTUALIDAD/Gran Canaria: El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción pide la dimisión del concejal de Urbanismo de Telde por el “escandaloso” proceder del Ayuntamiento en la legalización y apertura del Centro Comercial Las Terrazas, sito en la costa de Jinámar.La organización recuerda en un comunicado que en un principio "se negó" al colectivo Turcón la posibilidad de ver el expediente administrativo y ahora en sede judicial los ecologistas han ratificado todos los extremos de sus denuncias.
Añaden que han recurrido todos los actos administrativos relacionados con el Parque Marítimo de Jinámar, "desde el inicio de las obras de urbanización en el año 2003 que ya posee una sentencia firme confirmando las denuncias ecologistas".
De este modo, señalan que las últimas demandas efectuadas contra el Ayuntamiento de Telde en los juzgados de Lo Contencioso-Administrativo dan como resultado la presentación por parte de los juristas de Turcón de un documento de más de doscientos folios donde se argumentan las supuestas irregularidades.
El colectivo recuerda que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria emitió un auto de fecha 1 de abril de 2009, por el que aceptó la petición de Turcón para la acumulación de los expedientes que contiene los actos administrativos impugnados referidos, entre otros, al acuerdo de la junta de gobierno local del Consistorio donde se aprobó el proyecto de urbanización del equipamiento estructural del Parque Marítimo de Jinámar.
A ello se suma la impugnación de la licencia de apertura de establecimiento para dedicarlo a la actividad de Parque Marítimo de Jinamar, SL.- Centro Comercial de Las Terrazas y el decreto de 11 de noviembre de 2008 por el que se otorga definitivamente la licencia de apertura al promotor del Centro Comercial Las Terrazas.
"Legalización encubierta de las obras"
Una vez examinada toda la documentación que contienen los siete tomos del expediente judicial, Turcón denuncia la "legalización encubierta de las obras y la autorización para la apertura del Centro Comercial sin cumplir los parámetros exigidos". Asimismo, Turcón informa de que ha puesto en manos del juez todas las supuestas irregularidades detectadas, solicitando que "se profundice en la investigación por si pudiera existir otro tipo de responsabilidades".
"Como ejemplo de los trapicheos del concejal de Urbanismo", aluden a una "dispensa" presentada al pleno del 31 de octubre de 2008 por el edil, a fin de solicitar al Consejo de Gobierno de Canarias que "adopte acuerdo de dispensa previsto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.
Los ecologistas argumentan que esta petición de dispensa tiene que ver con que "el proyecto presentado dispone de unos 1.000 metros cuadrados en exceso que contribuye a garantizar la evacuación del edificio".
Añaden que el debate plenario es posterior a la inauguración oficial del Centro Comercial de Las Terrazas --20 de octubre de 2008--, y a diez días de la concesión de la Licencia de Apertura que se pretende anular por Turcón.
"Descalabro de la Administración"
Según los ecologistas, el concejal de Urbanismo dijo al resto de miembros de la corporación que "se cumple con todos los trámites, y sorprendentemente después no la eleva al consejo de gobierno de canarias, tal como se acordó en el Pleno Municipal y, lo más grave, se concede la licencia de apertura".
"Este hecho en sí mismo demuestra, además del descontrol del concejal de Urbanismo, el descalabro de una administración a merced de unos determinados intereses, y que los hechos consumados son la tónica general en este proyecto", sostiene Turcón.
De este modo, tras analizar toda la documentación en vía judicial y comparando con el resto de documentos existentes en poder de este colectivo, los ecologistas reclaman la dimisión del responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde porque, a su juicio, "ha dejado de ser garante de los intereses del municipio, así como no ha sido capaz de velar por la legalidad vigente en Jinámar".
Comunicado íntegro de Turcón
Primeramente se negó al Colectivo Turcón la posibilidad de ver el expediente administrativo y ahora, en sede judicial, los ecologistas ratifican todos los extremos de sus denuncias. Como recordarán, los ecologistas de Turcón, han recurrido todos los actos administrativos relacionados con el Parque Marítimo de Jinámar, desde el inicio de las obras de urbanización en el año 2003 que ya posee una sentencia firme confirmando las denuncias ecologistas.
Pues bien, las últimas demandas efectuadas en los juzgados de lo contencioso-administrativo da como resultado la presentación por parte de los juristas de Turcón contra el Ayuntamiento de Telde, de un documento de más de doscientos folios donde se argumentan las supuestas irregularidades.
El Juzgado Contencioso-Administrativo nº. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, emitió un auto de fecha 1 de abril de 2009, por el que aceptó la petición de Turcón para la acumulación de los expedientes que contiene los actos administrativos impugnados y que son los siguientes:
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde realizado el día 30 de julio de 2008 donde se “aprueba con carácter retroactivo a la fecha 15-12-2003 el Proyecto de Urbanización del S.U.S.O. Equipamiento Estructural 1-3-5 Parque Marítimo de Jinámar, cedido por la entidad mercantil Parque Marítimo de Jinámar SL. y asumiendo el M.I. Ayuntamiento de Telde las iniciativas en el sistema”.
Decreto nº 5.470 de fecha 31 de octubre de 2008, por el que se recepciona la urbanización y resuelve la licencia de apertura, expediente nº 1.491/2005. Licencia de Apertura de establecimiento para dedicarlo a la actividad de Parque Marítimo de Jinamar, SL.- Centro Comercial de Las Terrazas.
Denegación de la condición de interesado en un expediente administrativo. Contestación del Ayuntamiento de fecha 7 de noviembre de 2008 por el que no accede a la petición de Turcón en los expedientes administrativos de la licencia de apertura y otros referidos al Parque Marítimo de Jinámar.
Decreto nº 5.635 de fecha 11 de noviembre de 2008 por el que se otorga definitivamente la licencia de apertura al promotor del Centro Comercial Las Terrazas.
Una vez examinada toda la documentación que contienen los siete tomos del expediente judicial, Turcón denuncia la “legalización encubierta de las obras” y la autorización para la apertura del Centro Comercial sin cumplir los parámetros exigidos. Asimismo, Turcón informa que ha puesto en manos del Juez todas las supuestas irregularidades detectadas, slicitando que se profundice en la investigación por si pudiera existir otro tipo de responsabilidades.
Como ejemplo de los trapicheos del Concejal de Urbanismo, recordamos el tema de la famosa dispensa. Las fuerzas políticas de Telde respaldaron una solicitud de dispensa presentada al Pleno del 31 de octubre de 2008, por el Concejal de Urbanismo, José Antonio Perera, que decía así:
Solicitar al Consejo de Gobierno de Canarias para que adopte acuerdo de dispensa previsto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobada por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Viene esta petición de dispensa porque el proyecto presentado dispone, … de unos 1.000 m2 en exceso que contribuye a garantizar la evacuación del edificio.., y en otro apartado nos dice la propuesta del Concejal que “Sin lugar a dudas, las dispensas sólo son admisibles en supuestos previstos legalmente, pues suponen una quiebra del principio de igualdad”.
Todo este debate plenario es posterior a la inauguración oficial del Centro Comercial de Las Terrazas (20 de octubre de 2008), y a diez días de la concesión de la Licencia de Apertura que ahora se pretende anular por Turcón.
El Concejal de Urbanismo dice al resto de miembros de la corporación que se cumple con todos los trámites, y sorprendentemente después no la eleva al Consejo de Gobierno de Canarias, tal como se acordó en el Pleno Municipal (así consta en el expediente judicial) y, lo más grave, se concede la Licencia de Apertura. Este hecho en sí mismo demuestra, además del descontrol del Concejal de Urbanismo, el descalabro de una administración a merced de unos determinados intereses, y que los hechos consumados son la tónica general en este proyecto.
Turcón después de analizada toda la documentación en vía judicial y comparando con el resto de documentos existentes en poder de este Colectivo, concluye, como primer paso, pedir la dimisión del Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde porque ha dejado de ser garante de los intereses del municipio, así como no ha sido capaz de velar por la legalidad vigente en Jinámar.
* Telde Actualidad - 26.12.09
Foto: teldeactualidad.com
La corrupción, detenidos a centenares en 2009
RTVE* : Un total de 252 personas detenidas en operaciones contra la corrupción en 2009, más de 2.000 inmuebles incautados, 29 investigaciones por cohecho, 23 por malversación de caudales públicos, 12 por prevaricación administrativa y 10 por blanqueo de capitales. Son algunos de los datos que maneja la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil -sin incluir diciembre-, facilitados a RTVE.es, y que suponen una media de 21 detenidos al mes.
Desde 2004, en total ha habido 943 detenidos por corrupción, que se ha ido incrementando de manera considerable año a año. De hecho, desde 2004 a 2009 se ha multiplicado por 25, porque en 2004 sólo fueron 10 los detenidos.
Gran parte de estos detenidos e implicados en casos de corrupción son cargos políticos, lo que genera una mayor alarma social. Por ello, no es de extrañar que, para los españoles, los partidos políticos sean, junto con la administración pública, la institución más corrupta, según el Barómetro Global de la Corrupción 2009.
Tampoco extraña que España haya empeorado su posición y descendido al puesto 32 en el ránking de países corruptos de Transparencia Internacional, por detrás de Qatar, Singapur, Chile o Estonia.
Sólo en 2009 se han desarrollado alrededor de medio centenar de investigaciones, entre ellas la que en febrero destapó la trama Gürtel, el caso más sonado de este año sobre una presunta red empresarial encabezada por el empresario Francisco Correa, ligada a más de una docena de cargos del Partido Popular y con 68 imputados.
Desde Málaga a Cantabria
Pero, además de Gürtel, febrero fue uno de los meses en los que más casos se destaparon. Salió a la luz el 'caso Mercasevilla' en el que hay imputados un alto cargo de la Junta de Andalucía, el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas (PSOE), el ex gerente de la sociedad -participada por el Ayuntamiento y una sociedad estatal- y varias personas más. En el caso se investiga una supuesta venta fraudulenta de suelo y la presunta petición de una comisión de 450.000 euros a dos empresarios a cambio de subvenciones de la Junta.
El 4 de febrero fue detenido el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza (no adscrito a ningún partido y expulsado del regionalista PRC), y el concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera, por prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos por la construcción del edificio Bulevard.
En este mes también fue imputado el alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP) en el 'caso Troya' por presunta prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción -además de la de otra 24 personas- por su implicación en una presunta trama de corrupción urbanística que ofrecía supuestamente mayor edificabilidad de la permitida a cambio de retribuciones.
También en Málaga, el 27 de febrero fue detenido el alcalde de Alcaucín, José Manuel Alba (PSOE), que pasó en prisión más de cuatro meses y ahora está en libertad condicional por presunta corrupción urbanística por vinculación a una presunta trama que construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.
Prisión sin fianza para el alcalde de Alcaucín y el arquitecto municipal
Tampoco extraña que España haya empeorado su posición y descendido al puesto 32 en el ránking de países corruptos de Transparencia Internacional, por detrás de Qatar, Singapur, Chile o Estonia.
Sólo en 2009 se han desarrollado alrededor de medio centenar de investigaciones, entre ellas la que en febrero destapó la trama Gürtel, el caso más sonado de este año sobre una presunta red empresarial encabezada por el empresario Francisco Correa, ligada a más de una docena de cargos del Partido Popular y con 68 imputados.
Desde Málaga a Cantabria
Pero, además de Gürtel, febrero fue uno de los meses en los que más casos se destaparon. Salió a la luz el 'caso Mercasevilla' en el que hay imputados un alto cargo de la Junta de Andalucía, el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas (PSOE), el ex gerente de la sociedad -participada por el Ayuntamiento y una sociedad estatal- y varias personas más. En el caso se investiga una supuesta venta fraudulenta de suelo y la presunta petición de una comisión de 450.000 euros a dos empresarios a cambio de subvenciones de la Junta.
El 4 de febrero fue detenido el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza (no adscrito a ningún partido y expulsado del regionalista PRC), y el concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera, por prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos por la construcción del edificio Bulevard.
En este mes también fue imputado el alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP) en el 'caso Troya' por presunta prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción -además de la de otra 24 personas- por su implicación en una presunta trama de corrupción urbanística que ofrecía supuestamente mayor edificabilidad de la permitida a cambio de retribuciones.
También en Málaga, el 27 de febrero fue detenido el alcalde de Alcaucín, José Manuel Alba (PSOE), que pasó en prisión más de cuatro meses y ahora está en libertad condicional por presunta corrupción urbanística por vinculación a una presunta trama que construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.
Prisión sin fianza para el alcalde de Alcaucín y el arquitecto municipal
El 18 de marzo fue detenida en la 'Operación Molino' la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, junto a otras 17 personas, por presunta corrupción urbanística. Salió en libertad bajo fianza tras cuatro meses en prisión y en el caso, con 35 imputados, se les acusa de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
18 detenidos en una operación policial contra la corrupción urbanística en La Muela
En Canarias, el 25 de mayo fueron detenidas 11 personas en la operación contra una trama de cargos públicos del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote) y técnicos del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, que presuntamente cobraba comisiones millonarias a empresarios por gestiones municipales y urbanísticas, entre ellas el líder del PIL, Dimas Martín, que ya estaba en prisión cumpliendo una condena por malversación. Días después, en la denominada 'operación Unión', también fue detenido el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes (Partido Nacionalista de Lanzarote).
En julio se destapó el caso Palau de la Música de Barcelona, según el cual sus antiguos responsables, el ex presidente Félix Millet y el ex gerente Jordi Montull, habrían desviado unos 23,7 millones de euros, entre otras cosas para obras en viviendas particulares. Ambos imputados se encuentran en libertad provisional porque el juez entiende que no hay riesgo de fuga.
Declaran los dos imputados por el presunto desfalco del Palau de la Música de Barcelona
El 9 de julio, la Fiscalía Anticorrupción denunció al ex alcalde socialista de Seseña José Luis Martín, por prevaricación, cohecho y delitos contra la hacienda pública en la aprobación del PAU de El Quiñón de Seseña (Toledo), donde Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', construye 13.508 viviendas.
La corrupción en Baleares
En agosto de este año fueron detenidos en el 'caso Palma Arena' ocho personas en la 'operación Espada' -la investigación judicial se había iniciado un año antes- por el sobrecoste en la construcción del velódromo de Palma de Mallorca, que fue presupuestado en 48 millones de euros y su coste se acabó duplicando. Fueron detenidos varios ex altos cargos del Govern balear de Jaume Matas (PP), que también está imputado en el caso y del que también se investiga un presunto incremento ilícito de su patrimonio.
Jaume Matas declarará como imputado ante el juez que investiga el caso Palma Arena
Pero los casos de corrupción no han afectado sólo al anterior Govern, también al actual presidido por Franscec Antich y en el que están coaligados el PSIB-PSOE, el Bloc y Unió Mallorquina (UM). La presidenta de honor de UM y del Parlament balear, María Antònia Munar, está imputada desde el 21 de octubre por presunta corrupción urbanística en el llamado caso Can Domenge cuando presidía el Consell de Mallorca por la enajenación de los terrenos donde se construyó el centro empresarial; y también, desde el 30 de noviembre, está imputada en otra pieza separada del 'caso Son Oms' que investiga el presunto desvío de fondos públicos desde Televisió Mallorca y Ona Mallorca hacia UM.
María Antonia Munar tendrá que volver a declarar por un nuevo caso de presunta corrupción
En este último caso hay otra docena de imputados, entre ellos el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el ex conseller de Turismo del Govern balear, Miquel Nadal, que precisamente dimitió el 3 de diciembre por sus imputaciones. Esta dimisión y las imputaciones han abierto una crisis de gobierno en el Ejecutivo balear, que de momento mantendrá sus actuales socios, aunque Antich no descarta en última instancia una convocatoria anticipada de elecciones.
Las imputaciones de políticos de UM han puesto en peligro el pacto del Govern balear
De esquina a esquina del mapa de España
En octubre, saltó otro caso de corrupción en el sur de España, en el municipio del poniente almeriense de El Ejido, del que se dice que es el que más bancos por habitante tiene en España gracias al éxito de la agricultura en invernaderos. En la denominada 'operación Poniente' fueron detenidos el alcalde, Juan Enciso (PAL) -en prisión incondicional- y otras 19 personas, entre ellas el interventor municipal y el ex gerente de una sociedad municipal, además de varios empresarios. Están acusados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
Envían a prisión al presunto cabecilla del entramado de corrupción que se investiga en el Ejido
En otra provincia andaluza, en el extremo occidental de la Península, en Huelva, fueron imputados a final de septiembre en otra zona agrícola el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), y el teniente de alcalde, Miguel Novoa, por el caso Hiconsa de presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos situados junto al centro del municipio, uno de los principales productores de fresa.
También en Andalucía y en octubre, el día 22, fue imputado el alcalde de Almogía (Málaga), Cristóbal Torreblanca (PSOE), en una investigación por delitos urbanísticos, en la que también se registró el Ayuntamiento y están imputados otros dos concejales.
En otro de los extremos de España, en Galicia, fueron detenidos el alcalde de Castro de Rei (Lugo), Juan José Díaz Valiño (PSOE), y otros tres ediles, dos de ellos socialistas y uno de Terra Galega, por presunta prevaricación y tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores de Tráfico.
Y en la última esquina de la piel de toro, en Cataluña, el 27 de octubre saltó el 'caso Pretoria', por el que están en prisión el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSOE), y el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis García, y en libertad bajo fianza de un millón de euros dos ex altos cargos de la Generalitat con CiU, Lluís Prenafeta, y Macià Alavedra. También hay imputados otros cargos públicos, entre ellos ex alcaldes y ex concejales de varias localidades del área metropolitana de Barcelona en las que presuntamente actuó esta trama de corrupción urbanística.
Operación contra la corrupción en la provincia de Barcelona
Doblete en Estepona para acabar el año
Para terminar el año, otra vez en Málaga -que, junto a Madrid, Sevilla y Baleares concentran más de la mitad de los casos de corrupción-, la Justicia volvió a llamar a las puertas del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona. Casi un año y medio después de que el alcalde esteponero, Antonio Barrientos (PSOE), fuera detenido junto a otras 24 personas en la 'operación Astapa' por presunta corrupción urbanística, el pasado 10 de diciembre fue imputado también por prevaricación urbanística su sustituto en el cargo, David Valadez (PSOE), por la construcción de una vivienda en suelo rústico.
Antes de Barrientos, la localidad costasoleña estaba gobernada por Jesús Gil Marín, hijo del ex primer edil de Marbella, el fallecido Jesús Gil, fundador del partido que llevaba su apellido, GIL, y con el que se empezaron a relacionar los casos de corrupción en la Costa del Sol. De hecho, Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella desde tiempos de Gil, es el presunto cerebro del 'caso Malaya' y sus redes se extienden hasta el ámbito judicial, donde también se dan casos de corrupción. Así, el juez marbellí Javier de Urquía, fue condenado a prisión en un principio y luego sólo multado por el Tribunal Supremo por presunto cohecho por pedir dinero a Roca para la entrada de su vivienda.
Para intentar poner freno a la corrupción política, el PP ofreció el 21 de noviembre un pacto por la transparencia y la corrupción en la vida municipal, que populares y socialistas han quedado en estudiar conjuntamente. Y, por su parte, Izquierda Unida presentó el 11 de diciembre 48 medidas contra la corrupción y en favor de "la regeneración política", en lo que supone la primera iniciativa parlamentaria para atajar un problema que en cifras se traduce, según este partido, en que el dinero que mueve al año en España dobla el presupuesto de la ONU.
* RTVE.es - LAURA G. TORRES - MADRID - 23.12.09
Foto: andalucía libre
