Dejan en libertad con cargos al ex director de urbanismo de la Generalitat

ELMUNDO/Barcelona* : El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad con cargos, pero sin medidas cautelares al ex director de urbansimo de la Generalitat, Emili Mas, después de declarar durante aproximadamente veinte minutos en el Alto Tribunal por su imputación por un delito de actividades prohibidas a funcionario público en relación con el 'caso Pretoria'.

Su defensa ha comparado 'Pretoria' con "una comedia de enredos con unas graves consecuencias".

Según ha señalado el letrado, Mas, a quien el PSC ha suspendido temporalmente de militancia tras su imputación en el "caso Pretoria", espera que "esto termine lo más pronto posible" y "está convencido de que va a ser así".

"Lo que esperamos es que la Justicia sea lo más rápida posible y que el señor Garzón y el fiscal están en esta línea", ha subrayado Castelló.

El magistrado sostiene que Mas mantenía una "fluida relación" con el ex diputado del PSC y supuesto cabecilla de la trama Luis García, "relacionada con cuestiones urbanísticas e inmobiliarias".

Los otros tres imputados en la supuesta trama de corrupción urbanística que han declarado este viernes, el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros (PP), al ex concejal socialista de esta localidad Antoni Jiménez y el ex consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz i Sabido, también han quedado en libertad sin medidas cautelares a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Los primeros en llegar a la Audiencia Nacional han sido Antoni Jiménez y Víctor Ros, imputados por los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal y exacciones ilegales y defendidos por el letrado Artur Ventura, que tras la comparecencia ha dicho que están "tranquilos y cómodos" y ha afirmado que el segundo ha aclarado ante el juez todas sus "decisiones políticas".

"He pensado mucho en mi familia y en el pueblo de San Andreu de Llavaneres, que es lo más importante de todo", ha señalado Ros, que ha negado tener alguna relación con cualquiera de los otros imputados en la causa -que ya ascienden a veinte- y, por tanto, que pudiera formar parte de la presunta trama.

Garzón sostiene en su auto que durante el mandato de Ros en Sant Andreu "se tomaron decisiones que favorecieron a algunos de los imputados en perjuicio del propio Ayuntamiento", y de Antoni Jiménez señala "que habría tenido participación en la denominada 'operación Niesma'", desarrollada en esta localidad barcelonesa entre 2003 y 2007 y en la que supuestamente se defraudaron 12.377.000 euros.

Tras ellos el turno ha sido para Juan Felipe Ruiz i Sabido, imputado por un delito de tráfico de influencias y cuyo abogado, José María Fuster-Fabra ha señalado que su cliente ha actuado siempre "en beneficio público" y que su gestión ha beneficiado a Badalona.

El magistrado sostiene que Ruiz i Sabido es "persona muy próxima a Luis García", ex diputado del PSC y supuesto cabecilla de la trama, al que habría ayudado "con decisiones favorables al grupo de inversores para los que trabajaba éste".







* El Mundo - EFE/ACN - 4.12.09
Foto: Barcelona, Generalitat - wikiwak.com

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Las viviendas se mantienen un 27% sobrevaloradas

ELPAÍS* : La banca tiene la palabra. Hasta tanto no se produzca su reestructuración, sobre todo en las cajas, no se podrá afrontar la reducción drástica del stock de viviendas. De los 470.000 millones que le adeuda el ladrillo, 90.000 millones responden a suelo, según Ángel Serrano, de Aguirre Newman. Le parece urgente, por tanto, poner en marcha cuanto antes el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB).

En el informe sobre la situación global del sector, la consultora cifra el stock en 1,5 millones de viviendas, 612.512 de recién terminadas; 384.050 en construcción y 520.330 usadas en venta o alquiler. Cinco veces más de lo demandado. Su distribución es desigual. Castellón y Toledo destacan por el mayor volumen en relación con su población. Pese a ello, el 40% de las familias españolas no pueden acceder a una vivienda, según Caixa Catalunya.

Otro ajuste pendiente a realizar por el mercado inmobiliario son los precios, ya que "las tasaciones no son referencia del valor de mercado", según Javier García Mateo, de la misma consultora. La sobrevaloración se cifra en un 27% para pisos y llega al 30% en algunas provincias. En el gráfico adjunto puede verse la caída de precios en el Reino Unido iniciada en 2007, que ha conllevado la recuperación de las ventas, mientras que en España caen un 41% anual.

Aguirre Newman contabiliza 21 fondos oportunistas dispuestos a invertir 8.500 millones de euros en tres años. "Hay interés no especulativo, pero el precio no coincide". Son inversores que buscan oficinas y que afrontan inversiones de más de 100 millones.

Entre tanto los inversores españoles, con un tope de 40 millones de euros van a cerrar operaciones en centros comerciales (con rentabilidades del 7%- 7,5%) durante diciembre. Aguirre Newman sostiene que es el momento de recolocarse en los mejores emplazamientos logísticos, como Coslada y San Fernando, en Madrid, y en el Vallès Oriental de Barcelona, con rentabilidades de hasta un 8%, si bien requieren renovación, lo que avala el futuro de la rehabilitación no sólo en residencial. En oficinas, la consultora identifica 3,1 millones de metros obsoletos, si bien este mercado está parado. Según DTZ, la contratación ha bajado un 60% en Madrid. Y para ahorrar costes se concentra en la periferia (ver gráfico).

En el panorama inmobiliario, García Mateo destaca la ausencia de inversión pública en infraestructuras: desciende este año un 16% respecto a 2006. Y la privada se dirige en un 96% a residencial (57% primera vivienda y 43% vacacional). Del 4% restante, el 23% se va a oficinas y sólo el 4% a logística.






* ELPAIS.com - INMACULADA DE LA VEGA 04/12/2009
Foto: grúas - elpais 15-01

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Llíria: El TSJ impide que pueda reclasificarse el suelo que estuvo protegido antes

LEVANTE/Valencia* : La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dictado una sentencia de 42 páginas por la que anula y deja sin efecto la desestimación del recurso por el que la Agrupación de Interés Urbanístico "Tos pelat"y el grupo ecologista Centro de Acuicultura Experimental (CAE) pedían que se anulara el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de 2 de junio de 2008 que aprobó definitivamente el Plan General de Llíria en lo relativo al Coto Catalá.

La sentencia, según el abogado de las asociaciones que presentaron el recurso, hace suyas las tesis de otras sentencias del Tribunal Supremo y de la legislación estatal y pone del lado de la Administración la carga de la prueba, obligándola a justificar que existen razones suficientes y objetivas para reclasificar un terreno que previamente fue protegido por sus valores paisajísticos, agrícolas, medioambientales.
La decisión del tribunal, contra la que cabe recurso de casación, puede tener "graves implicaciones económicas" para el Ayuntamiento de Llíria y los promotores iniciales de la urbanización, entre los que se encontraban Bancaixa y Sedesa -la empresa familiar de los Cotino-, que con posterioridad a que los terrenos fueran reclasificados vendió una parte de su participación a una sociedad holandesa, según José Vicente Edo, portavoz de la AIU "Tos Pelat".

Un "pelotazo" casi perfecto
Según el abogado José Luis Ramos, que presentó el recurso contra la decisión de la CTU, la sentencia "va más allá" del Coto Catalá y dificulta hasta al punto de hacer "casi imposible" que terrenos que hoy gozan de protección urbanística se quedan sin ella.
"Lo que dice es que los terrenos protegidos por el planeamiento no pueden ser desprotegidos si previamente no se ha acreditado la desaparición de los valores que dieron lugar a su protección", explicó.
"Ni Valencia ni otros municipios del área metropolitana van a tener fácil recalificar la huerta actualmente protegida como la de Vera, por mucho que apelen engañosamente a la autonomía municipal. La sentencia, que recoge doctrina aplicada por el Tribunal Supremo desde hace tres años, es un serio aviso a los especuladores", aseguró el abogado.
El "Coto Catalá" es un pequeña montaña de Llíria clasificada como suelo no urbanizable de protección especial forestal en el Plan General de 1985, clasificación que mantuvo en el PGOU de 1995 e incluso en la revisión de 2003. Unas horas antes de que finalizara el plazo de alegaciones, una sociedad instrumental tras la que estaba inicialmente Residencial La Maimona, presentó un proyecto para construir viviendas y un campo de golf. El ayuntamiento de Llíria lo aceptó y tramitó una modificación del Plan que recibió informe favorable, aunque condicionado, de la Conselleria de Medio Ambiente, y el visto bueno de la CTU ahora anulado por sentencia judicial.
Algunos terrenos fueron comprados inicialmente a o,60 euros el metro cuadrado en 2003 y vendidos en parte a la sociedad holandesa en 2007 a 912 euros/m2.







* Levante-EMV - JOSÉ SIERRA - 5.12.09
Foto: Obras en el Coto Catalá que fueron paradas preventivamente por el juzgado. levante-emv


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Torrevieja: Los ecologistas alegan por falta de agua a un plan para 7.500 casas

INFORMACIÓN/Alicante* : El colectivo conservacionista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha presentado un recurso de reposición contra la aprobación definitiva, el pasado mes de octubre y por parte del Gobierno Valenciano, de la homologación y plan parcial del sector conocido como "La Hoya" de Torrevieja, que prevé la construcción de un total de 7.500 nuevas viviendas sobre una superficie cercana a los dos millones de metros cuadrados, según los datos recabados por este periódico.

El proyecto de macro urbanización se sitúa al norte del casco urbano de Torrevieja y representa la mayor superficie del municipio que hasta el momento queda por construir y donde se sitúa la única zona de terreno de secano cubierto, en parte, por algarrobos y olivos.
El colectivo ecologista califica este nuevo plan urbanístico refrendado por el equipo de gobierno del PP como "un nuevo despropósito urbanístico" en el entorno del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y dentro de "su supuesto" perímetro de protección. Del mismo modo, el proyecto urbanístico afecta a más de 800.000 metros cuadrados de terrenos inventariados por la propia Consellería como terrenos forestales que supone la mitad de la superficie del plan, según este colectivo conservacionista.
En las alegaciones presentadas por AHSA ante la administración que aprobó el proyecto -la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda- se pide su anulación inmediata por su afección al medio ambiente y para evitar masificar todavía más la ciudad, según explicó el portavoz de AHSA, Miguel Ángel Pavón.

Suspensión
Por otro lado la aprobación definitiva del plan La Hoya, según AHSA, se sustenta en la reclasificación de suelo no urbanizable, aprobada mediante el decreto 60/2003, de 13 de mayo, del Consell por el que se aprueba la ordenación de las zonas periféricas de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante. Dicho decreto, se añade, fue anulado mediante sentencia de fecha 30 de junio de 2009 por el Tribunal Supremo, fecha que es anterior a la resolución ahora recurrida en reposición, por lo que "queda sin vigor legal la reclasificación de suelo no urbanizable que se incorpora al ámbito del sector La Hoya debiéndose por ello anular".
Para los recurrentes la magnitud del nuevo sector hubiera debido desencadenar el proceso de revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrevieja, ya que el nuevo sector con más de 1,8 millones de metros cuadrados, "supone una actuación urbanística de gran magnitud cuya idoneidad, desde el punto de vista territorial y ambiental, debería haberse valorado mediante un proceso de revisión del vigente y desfasado PGOU".
Desde AHSA se considera, por otra parte, que se trata de una actuación urbanística insostenible, de gran impacto ambiental y paisajístico negativo sobre el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, "al aumentarse aún más la presión antrópica, con 25.000 personas más en el entorno inmediato del parque, y pronunciar el cerco urbanístico sobre este espacio natural".
Por ello se exige que se revise la declaración de impacto ambiental de modo que sea desfavorable a "este nuevo despropósito urbanístico" en el entorno del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Además se destaca que la aprobación definitiva se ha producido sin el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre disponibilidad de agua potable.








* Información - E.D.G. - 5.12.09
Foto: Una imagen reciente de la zona de la Hoya donde se prevé construir la macrourbanización - LOINO, diarioinformacion.com

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40.000 vecinos de Santa Cruz quedan fuera de ordenación

LAOPINIÓN/Tenerife* : La Plataforma en contra del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz volvió ayer a arremeter contra este planeamiento y además, con más crudeza aún que las veces anteriores. El abogado de la Plataforma vecinal, Felipe Campos, consideró "extremadamente grave" que alrededor de cuarenta mil vecinos de la ciudad o, lo que es lo mismo, casi la tercera parte de Santa Cruz se quede fuera de ordenación con las cargas urbanísticas que de ello se derivan.

Más allá de tratarse de casos puntuales, como los ha calificado la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, los miembros de la Plataforma dicen que es una estrategia deliberada que se reparte por todos los lugares del municipio que han "peinado" hasta ahora. El fenómeno de los edificios fuera de ordenación se detectó por primera vez en la urbanización La Florita de Tío Pino de forma casual cuando sus residentes consultaron el nuevo planeamiento.

Centro. A partir de aquí se han ido sucediendo los casos que aparecen como hongos a lo largo de la ciudad. Después de La Florita fue Benito Pérez Armas, luego casi la mitad de El Toscal, a lo que siguió casi toda la zona centro y, especialmente, en la calle San José, donde hay edificios de quince plantas de las que desaparecen siete de golpe o en los alrededores de la plaza de Los Patos. En los últimos días, se han encontrado más inmuebles en el barrio de Salamanca y Nuevo Obrero, aunque prácticamente aparecen en cualquier lugar allí donde se mire, como, por ejemplo, en San Andrés o en Valleseco. Dado que es mínima la cantidad de residentes que conocen que su vivienda se encuentra en esta situación, la Plataforma piensa abrir una oficina para atenderlos de forma personalizada. En estos días han procedido a repartir folletos en los edificios afectados.

Campos insistió en que no se trata de un error, sino en realidad de una estrategia para pasar la volumetría que queda fuera de ordenación a nuevos edificios de varias alturas que están proyectados en los alrededores. Con el fin de no tener que contemplar nuevos espacios libres, se opta por eliminar edificios del planeamiento con lo cual es como si no existieran ni los inmuebles ni sus inquilinos. Campos calificó de "gravísima la situación generada", que tachó de "auténtico holocausto urbanístico".

Por ello, los miembros de la Plataforma fueron claros al alentar al pueblo de Santa Cruz para que "se levante democráticamente en armas" contra este Plan General. Campos también le pidió al portavoz del Partido Popular (PP), Ángel Llanos, que no se reúna con los redactores del planeamiento al considerar que "aquí ya no hay nada que negociar".

Campos contrapuso "la exquisita sensibilidad" de los redactores para no restarle derechos adquiridos a los propietarios de Montaña Fumero, donde además niega que existan tales, con la manera cómo se trata a estos vecinos. Los miembros de la Plataforma pusieron de relieve los problemas que tienen para contactar con las asociaciones de vecinos ya que sus presidentes ofrecen información sesgada.

El PGO de Arrecife y el caso Unión

El equipo de redactores del Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife formado por Palerm&Tabares de Nava y Senante fueron también los autores del planeamiento de Arrecife, bajo cuyo manto se desarrolló el conocido como caso Unión, en el que hay implicados once cargos públicos y empresarios de la capital conejera. Todos imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias o prevaricación con el nuevo planeamiento en la mano. Los indicios apuntan a que cargos del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) utilizaban el Ayuntamiento para cobrar comisiones por la adjudicación de obras o servicios públicos e incluso promover cambios en e l futuro plan general de la capital a cambio de beneficios económicos. Dimas Martín habría sido el encargado de dar las órdenes y por lo tanto, las investigaciones lo situaron en el vértice de la trama. El equipo de arquitectos no aparece involucrado en esta trama pero, una vez más, se viene a demostrar que en ciertas ocasiones los planes generales se utilizan como el marco perfecto para desarrollar actividades ilegales y así aparecen en los sumarios de los principales casos de corrupción. Estos redactores hace poco han emitido un informe a través del cual se pronuncian sobre los aspectos más cuestionados del planeamiento. En cuanto a Montaña Fumero indican que no construir en este enclave supondría "costosísimos perjuicios económicos al Ayuntamiento debido a que estas operaciones urbanísticas vienen de planeamientos anteriores y tiene todos sus derechos adquiridos". En cuanto a la parcela del colegio Hispano-Inglés en las ramblas donde se prevé la construcción de un edificio de siete plantas, frente a las cuatro que se permiten en su entorno, los redactores señalan que la decisión última recaerá en un Plan Especial del Cabildo, por lo que no consideran vinculante la decisión recogida en el Plan General. En cuanto al edificio antiguo de Presidencia del Gobierno de Canarias también se pospone su decisión final a un Plan Especial del Cabildo. El PGO en este caso se limita a proteger la fachada y el vestíbulo, la escalera, la galería y la terraza y se permite una edificación con 4, 3 y 2 plantas en su parte posterior, preservando un jardín más reducido. En estos dos últimos casos se tratan de actuaciones incluidas dentro del ámbito declarado Bien de Interés Cultural (BIC) del centro de Santa Cruz. Los redactores también admiten que los casos fuera de ordenación de La Florita y Benito Pérez Armas son errores, pero no se pronuncian sobre los que han saltado a la actualidad después. Entre ellos que casi la mitad de El Toscal esté en esta situación o que ocurra otro tanto como el barrio de Salamanca. En cualquier caso se sigue acudiendo al socorrido argumento del error puntual.







* La Opinión Tenerife - NOÉ RAMÓN - 5.12.09
Foto: Ámbito del centro de Santa Cruz, en las manzanas situadas al lado de la plaza de España, con los edificios en oscuro, que significa que quedan fuera de ordenación. la opinión.es

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Aljarafe: Nuevas protestas por la desprotección de 200 hectáreas junto a la Cornisa

DIARIODESEVILLA* : Después de meses de aparente tregua entre los colectivos conservacionistas del Aljarafe y de Valencina y el gobierno socialista de la localidad, las espadas vuelven a estar en alto. El detonante de lo que se espera que sea otra importante movilización en contra de la política urbanística que consideran perjudicial para los valores paisajísticos y culturales del Aljarafe Norte ha sido una modificación puntual de las normas urbanísticas de 1987, para permitir la construcción del centro de interpretación del Calcolítico.

Pero, a pesar de que éste sólo ocupará 2.000 metros junto al dolmen de la Pastora, se van a "desproteger" hasta 2.000.000 metros que hasta ahora estaban calificados en las normas como no urbanizables de especial protección del paisaje. Se ubican en dirección a Sevilla, junto a la Cornisa.

Con el cambio se deja claro que esos suelos sólo podrán acoger equipamiento de uso público, relacionado con el medio ambiente y la cultura, pero la denominada Mesa Ciudadana en Defensa del Paisaje Protegido y el Yacimiento de Valencina está convencida de que supone abrir la veda para la construcción en una zona que, hasta hace poco, estaba también protegida por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia y en la que el grueso del suelo está además en manos privadas.

La modificación se aprobó en el Pleno el 30 de julio por el PSOE, el PP y el Partido Socialista Independiente y todas las alegaciones han sido desestimadas, con lo que volvió a pasar por Pleno el 25 de noviembre y sólo queda el visto bueno definitivo de la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio. Para rizar el rizo, la propuesta se aprobó esta vez por unanimidad, aunque hay dos ediles que aseguran que se confundieron: el ex edil del PP, ahora de UPyD, Alejandro Baeza, y el de IU, Francisco Arellano, quien incluso puso ayer su cargo a disposición de la federación, que había presentado alegaciones.

La mesa ciudadana, en la que se integran las asociaciones Los Dólmenes, Valencina Habitable, el Ateneo de Valencina, Forestier de Guzmán y en Defensa del Territorio del Aljarafe, ha presentado escritos alertando de sus temores ante el presidente de la Junta, el Defensor del Pueblo, las consejerías de Medio Ambiente, Cultura, Vivienda y Turismo, el presidente de la Diputación y el de la Mancomunidad de Fomento y del Aljarafe, además de ante el alcalde y los grupos políticos. En ellos exige que la Junta cumpla su papel de "garante del patrimonio" e impulse la declaración como BIC de la zona y el Parque Arqueológico y Paisajístico. Al Ayuntamiento le exige que replante el lugar elegido para el centro de interpretación de los dólmenes. Además, el colectivo anuncia un calendario de movilizaciones.







* Diario de Sevilla - Trinidad Perdiguero - 2.12.09
Foto: Valencina (Sevilla), ayuntamiento - asociacionlosdolmenes.blogspot.com

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Nuevo tropiezo para expropiar el hotel del Algarrobico

ELPAÍS/Almería* : El desistimiento del Estado de continuar con el proceso de expropiación del hotel del Algarrobico, ubicado en terrenos protegidos del Parque Natural almeriense de Cabo de Gata-Níjar, ha quedado suspendido "por imperativo legal", según Greenpeace, colectivo que interpuso un recurso de alzada para paralizar esta decisión en junio pasado.

Tras medio año a la espera de una resolución por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la responsable de Costas del grupo ecologista, Pilar Marcos, informó de que la decisión de frenar la expropiación carece de validez al haber incumplido el gabinete que encabeza Elena Espinosa la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que fija en 30 días el plazo para responder a estas cuestiones. "La falta de respuesta al recurso es una clara y evidente forma de vulnerar los derechos medioambientales y los derechos a una tutela judicial efectiva", subrayó Marcos antes de señalar que Greenpeace ha instado nuevamente a Medio Ambiente a aclarar la situación del expediente del hotel, cuyos 65.000 metros cúbicos de hormigón afectan a suelos de especial protección, además de invadir el dominio público.

"Los motivos que en 2005 fundamentaron la declaración de utilidad pública de los terrenos" sobre los que se alza el edificio promovido por Azata "no han desaparecido", ahondó la responsable del colectivo, que acusó directamente a la Administración central de incumplir la ley en el caso del polémico hotel.

Fuentes del ministerio informaron, por su parte, de que la resolución al recurso planteado por Greenpeace es inminente y recordaron que el desistimiento de la expropiación se produjo a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva los recursos planteados a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, que en septiembre de 2008 ordenó la revisión de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Carboneras al considerarla nula de pleno derecho.

Estas fuentes señalaron que una vez el alto tribunal dicte su resolución, con la que la situación jurídica del inmueble podría alterarse totalmente, la expropiación se retomaría en el caso de que fuera necesario, puesto que la voluntad del Gobierno y de la Junta sigue siendo la demolición del edificio.







* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería - 04/12/2009
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - J.Rojas (El País)

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El juez multará al alcalde de Sant Josep si no procede al derribo de los apartamentos Residencial Cala Pinet

ÚLTIMAHORA/Ibiza* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca impondrá multas de mil euros mensuales al alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, si en cuatro meses no se ejecuta la sentencia de demolición que pesa sobre los apartamentos, Residencial Cala Pinet, de Cala de Bou.

Se trata de una sentencia del Tribunal de Justicia de Balears (TSJB) que data del 2006, y cuya resolución hace referencia a un problema entre una promotora urbanística y un vecino que acusa a la empresa de invadir su propiedad al incumplir el retranqueo. Ese año, el TSJB pidió al Ayuntamiento que actúe «con la máxima celeridad y urgencia» y se «pronuncie respecto a la reposición y demolición en su caso de la parte que invade la finca vecina».

En este sentido, ahora el Juzgado de lo Contencioso asegura que de incumplirse el plazo de cuatro meses para «la restauración de la legalidad infringida», se procederá a «la compulsión coercitiva sobre la persona del alcalde y demás miembros del Consistorio que lo incumplieren» mediante «multas pecuniarias sobre su patrimonio particular» de mil euros mensuales los tres primeros meses y a razón de setecientos semanales, transcurrido el primer plazo.

Sant Josep recurrirá

Desde el Consistorio explicaron ayer que presentarán el recurso de apelación debido a que «la sentencia no decía que había que demoler». Asimismo, el alcalde Josep Marí Ribas, Agustinet, explicó que hace unos meses desde el Consistorio remitieron al Juzgado una consulta para restablecer la legalidad de el caso, de la que sólo obtuvieron por respuesta este auto sobre las multas. Además, desde el Ayuntamiento destacan que el inmueble está habitado, por lo que «habrá terceros afectados».

Un pleito histórico

La historia comienza, según una portavoz del Ayuntamiento, con una licencia municipal otorgada en 1988 para construir este edificio. Según detalla, debido a la crisis de 1991 la promotora paraliza la obra y negocia con el vecino para «cederle un trozo de terreno». Cuando continúa la obra a manos de otra promotora, el vecino decide interponer una denuncia argumentando que el edificio incumple el retranqueo. «En primera instancia pierde pleito, y luego, en la segunda instancia, contra la que ya no cabe recurso lo gana. Algo que nos dejó perplejos a todos», explica la portavoz. «La sentencia dice que hay una infracción urbanística pero no dice nada de demolición», agrega, y detalla que para entonces, «los apartamentos se habían vendido».

Según Agustinet, para cumplir la decisión judicial el Ayuntamiento pidió un informe al Consell que recomendó «que se volviera al origen del problema». «Es decir, deshacer la segregación de la parcela», detalló el alcalde, quien agregó que este es el motivo de la consulta que se remitió al Juzgado, «que antes de responder nos envía esto», se quejó sobre el auto de las multas.

Con respecto a la sentencia sobre las multas, el alcalde Josep Marí Ribas 'Agustinet' aseguró que «habrá que asumirla y acatarla» pero destacó que hará «jurídicamente todo lo que pueda para detenerla». «Porque pensamos que tenemos razón y que estamos en una cierta indefensión. Creo que nosotros también debemos exigir que los servicios judiciales que se nos conteste y ésta es la línea que nosotros seguiremos», explicó el alcalde, quien aseguró que no está nada «contento» de que le vayan a multar por algo de lo que «no somos culpables».






* Última Hora Ibiza - LUCIANA AVERSA - 4.12.09
Foto: Sant Josep (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es

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La trama 'Pretoria' pagó comisiones millonarias para infiltrarse en la Generalitat

HERALDO/Barcelona* : La trama 'Pretoria' llegó a tocar a la Generalitat y a base de millonarias comisiones consiguió que la dirección del Instituto Catalán del Suelo, la institución que precisamente debía controlar los posibles 'pelotazos' y desmanes, se convirtiera en un fiel aliado. Las últimas investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto que la red que dirigía el ex parlamentario socialista Luis García Sáez, 'Luigi', llegó a tener en nómina, como si se tratara de un empleado más del holding, al ahora imputado Emili Mas Margerit, gerente de Incasol y uno de los máximos responsables de urbanismo del Gobierno del socialista José Montilla.

En los millares de páginas que ya suman las diligencias previas que instruye Baltasar Garzón hay, según fuentes judiciales, pruebas que apuntan a que 'Luigi', el presunto 'capo' de esta trama, había 'comprado' a Emili Mas, hasta el punto de que el alto cargo se había convertido en un suerte de soplón que anticipaba a la red corrupta cualquier movimiento del Gobierno catalán para la fiscalización de proyectos urbanísticos. Los 'pinchazos' de la Guardia Civil, de los que se hace eco Garzón, apuntan a que Mas tenía "una fluida relación" con 'Luigi' y que buena parte de sus conversaciones giraban en torno a "cuestiones inmobiliarias" en Santa Coloma de Gramanet, el municipio epicentro de la actuación de 'Pretoria'. Sólo en esa población, según las primeras estimaciones de Anticorrupción, 'Luigi' y los suyos, con la supuesta connivencia del alto cargo de la Generalitat, saquearon no menos de 13 millones de euros de las arcas municipales en la denominada 'operación Pallaresa', la edificación de un centro comercial entre 2001 y 2005.

Mas, a pesar de la alta responsabilidad que ostentaba en el Gobierno de Montilla, no dudó en aceptar 'trabajos por encargo' de 'Luigi' y de su mano derecha, el ex alcalde de Santa Coloma y también encarcelado, Bartomeu Muñoz. El gerente, sin renunciar a su cargo en la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, aceptó firmar como "economista" y "asesor externo" del consistorio de Santa Coloma un informe para que 'Gramepark', la empresa de urbanismo del consistorio colomense, gestionara otro 'pelotazo', el proyecto conocido como 'Ciba III', construcción de varios bloques de viviendas en un antiguo recinto industrial, entre ellos una torre de 20 pisos.

Gramepark, a pesar de que todos los demás estudios desaconsejaban que se hiciera con la obra, fue finalmente la adjudicataria, si bien el Ayuntamiento de Santa Coloma, tras el encarcelamiento de Muñoz, ha paralizado este proyecto urbanístico.

Muñidor
Pero el gerente de Incasol fue todavía más allá. Según las investigaciones, los oficios de Mas Margerit, como vicepresidente de la entidad Marina Badalona, una de las empresas claves del entramado corrupto, fue el gran artífice para conseguir que 'Luigi' y los ex altos cargos de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta se incorporaran a dos operaciones urbanísticas multimillonarias en Cedanyola del Vallés y el Prat de Llobregat, dos municipios que hasta ahora aparecían al margen de los tentáculos de 'Pretoria'.

Garzón sostienen que el gerente de Incasol tuvo un "papel relevante" en ese juego de "relaciones e influencias" y que sus favores tuvieron recompensa en forma de "comisiones". Mas, apuntan los atestados policiales, puso en bandeja de plata el doble 'pelotazo' a la empresa vendedora de las dos fincas, Espais, el grupo inmobiliario que presidía el también imputado Lluís Casamitjana, quien, curiosamente, fue promotor de otro de los negocios bajo sospecha, las obras del frente marítimo de Badalona, que gestiona Marina Badalona.

Esta sociedad aparece una y otra vez en las investigaciones de la Guardia Civil. De hecho, Garzón ha imputado esta semana a Juan Felipe Ruiz i Sabido, el consejero delegado de esta empresa, por sus supuestos enjuagues con 'Luigi'.

'Conexión Niesma'
Además de las supuestas irregularidades de Mas y de la implicación cada vez más profunda de la sociedad del puerto de Badalona, las pesquisas de Garzón se centran ahora en un apéndice que los investigadores denominan 'Conexión Niesma' y con la que están relacionados buena parte de los nuevos imputados en 'Pretoria'. En los documentos que obran en la causa figura en un lugar preferente Niesma Corporació como sociedad del grupo de 'Luigi'.

Niesma -en la que García tenía como socio al abogado Francisco Alejando Petrus, cuyo apellido da nombre a la operación- sirvió al 'capo' para dar un 'pelotazo' de cinco millones de euros en 2005 en Sant Andreu de Llavaneres con la compra y venta de unos terrenos urbanizables de más de 7.500 metros cuadrados. La investigación de la Guardia Civil ha constatado que entre 2003 y 2007 esa 'Conexión Niesma' consiguió la modificación del Plan de Urbanismo de Llavaneres para embolsarse 17,6 millones.

Según los atestados, 'Luigi' consiguió doblegar la voluntad del entonces alcalde y recién imputado, Víctor Ros Casas, del PP, quien gobernó los cuatro años bajo sospecha. "Durante su mandato -dice Garzón- tomó decisiones que favorecieron a algunos de los procesados en perjuicio del propio ayuntamiento". Ros tuvo como fiel aliado al que fuera concejal de urbanismo de Llavaneres, Antonio Jiménez, al que el juez de la Audiencia Nacional también acusa de haber sido corrompido.

La cantidad de dinero que movió 'Niesma', según fuentes de la investigación, se convirtió en una "máquina de comprar voluntades de políticos". Otro de los nuevos imputados, Genís Cargo, el ex director del Plan Metropolitano de Barcelona, también se puso al servicio de 'Luigi' y los suyos. Su precio fue 244.000 euros.

Dinero que pagó Niesma por favorecer a la trama a la hora de modificar planes urbanísticos relacionados con el metro.

Esa marea de dinero ha provocado más de un dolor de cabeza al juez instructor y a los investigadores. Según las últimas pesquisas de los analistas de la Guardia Civil, millones de euros de la red 'Pretoria' están dispersos por el extranjero, en al menos seis países: Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en Madeira y las islas Caimán. En ese entramado de blanqueo, lavados y personas interpuestas tienen un papel relevante como 'pantallas' las tres mujeres imputadas en la causa en los últimos días, Doris Malfeito, María Lluisa Mas, esposas de los altos cargos de Jordi Pujol, y la anciana madre del alcalde de Santa Coloma, Josefina Calvet, enferma de Alzheimer. Las tres habrían sido utilizadas como testaferros en empresas de la trama para sacar grandes cantidades de dinero fuera de España.







* Heraldo.es - Colpisa - 4.12.09
Foto: Barcelona, Palau_de_la_Generalitat_de_Catalunya_- wikimedia.org

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Afectados por las demoliciones en A Guarda instan a Urbanismo a sancionar al Concello

FARODEVIGO* : Los propietarios de las casas sentenciadas al derribo reclaman a la Xunta que actúe ahora contra el Ayuntamiento "con la misma contundencia" que tuvo con ellos, por dar licencias. Propietarios de las 21 viviendas unifamiliares condenadas al derribo y situadas en las zonas de As Loucenzas y Catanga, del municipio de A Guarda, manifestaron ayer su decisión de "depurar responsabilidades".

Por ello se dirigirán a la secretaria xeral de Urbanismo de la Xunta para "que actúe contra el Concello de A Guarda con la misma contundencia que la empleada con nosotros", pues consideran responsable a la Administración local por haberles dado licencia de construcción en suelo especialmente protegido, lo que se tipifica como un delito contra la ordenación del territorio en el artículo 319 y 20 del Código Penal, que conlleva su demolición, como sentenció el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Consideran que la actuación del Concello ha originado la difícil situación en que se encuentran, con sus casas derribadas o a la espera de serlo, y sin saber cuándo y cómo cobrarán las indemnizaciones que les pertenecen y que inicialmente están valoradas en 7.492.000 euros.
José Elías Rebollar, que ejerce como portavoz y es el propietario de una de las tres viviendas demolidas el pasado día uno por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, informó ayer de esta decisión, en la que ha pesado el consejo de Eduardo Canabal Sanz, asesor urbanístico que les atiende de forma altruista.
"Nos dijo que nuestros abogados continuasen con los procesos en curso y que nos constituyésemos en asociación de afectados, algo que vamos a hacer en breves días", anunció. Destacó además que "los propietarios de las 21 viviendas estamos unidos y nos apoyan todos los vecinos de A Guarda". Se percatan de ello por las frases de ánimo y llamadas telefónicas que reciben, algunas incluso de fuera de Galicia.
Por su parte, el alcalde de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, indicaba ayer que el servicio jurídico del Concello está trabajando en la demanda que se va a presentar contra la Xunta de Galicia "por inacción", al no haber actuado cuando debía hacerlo, lo que pudo evitar en su día la concesión de más licencias y no habrían tantos afectados. "Tengo que defender los intereses de todos los vecinos de A Guarda. Si hay corresponsabilidad por parte de otra Administración, se debe traducir en dinero para las indemnizaciones, pues nosotros entendemos que la Xunta tiene toda o parte de responsabilidad en este caso". A día de ayer, la posibilidad de adelantar el pago de las indemnizaciones, a la espera de percibir su importe por parte de la Xunta de Galicia, se ha tenido que descartar, dado que "los Concellos sólo pueden endeudarse hasta donde la Ley se lo permite". En este caso, el presupuesto municipal del año 2009 asciende a siete millones de euros, seis de los cuales se destinan a costear el personal.
Freitas informó también que el día 21 de este mes finaliza el plazo de presentación de gabinetes para redactar el proyecto de demolición de otra de las 21 viviendas, en Catanga.






* Faro de Vigo - EVA GONZÁLEZ - A GUARDA - 4.12.09
Foto: El momento más duro de la jornada fue cuando las palas arremetieron contra el hogar de Generoso Ameal y su mujer - lavozdegalicia.es

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La Policía acusa a Munar de 'prevaricar de forma clamorosa y flagrante'

ELMUNDO/Palma* : "Maria Antònia Munar dictó resoluciones contrarias a derecho al no respetar las normas esenciales del procedimiento administrativo, contraviniendo la legislación vigente de forma injusta, con ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, en contradicción con los mínimos esenciales del funcionamiento de la Administración y a sabiendas, no pudiéndose considerar tales actuaciones como meras negligencias o realizadas por un mero desconocimiento".

Así comienzan las conclusiones del último informe conjunto elaborado por la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en el caso Son Oms, desvelado por EL MUNDO/El Día de Baleares y en el que investiga la recalificación por parte de la actual presidenta del Parlament balear y líder de Unió Mallorquina (UM) del polígono industrial situado junto al aeropuerto de Palma a cambio de comisiones del 15% en suelo. En una pieza separada de este procedimiento judicial que ha recibido la denominación de Operación Maquillaje se investiga por orden del titular del Juzgado de Instrucción número dos de Palma cómo Munar gratificó con contratos públicos irregulares a los testaferros que cobraron durante la pasada legislatura las comisiones de este pelotazo en nombre de los líderes de UM. La suma que rastrea la Policía supera los 7 millones de euros públicos repartidos a dedo.

Entre esos pagos, la socia de gobierno del presidente socialista Francesc Antich adjudicó la radio pública del Consell de Mallorca que ella gobernaba al matrimonio que empleó como pantalla el ex conseller de Territorio Bartomeu Vicens para percibir su parte de las comisiones del 15%, que recuperó con facturas falsas.

Tras analizar esta adjudicación a petición del Juzgado de Instrucción número dos de Palma, la Policía y Hacienda atribuyen directamente a la actual presidenta del Parlament balear la comisión de un delito de "prevaricación" por amañar el concurso para adjudicar en total 3,2 millones de euros públicos a Alfredo Conde y a su mujer Elisabeth Diéguez.

"Munar infringe la ley de una manera consciente en la aplicación torcida del derecho que perjudica o beneficia a alguien, realizando un ejercicio arbitrario del poder, convirtiendo una voluntad particular en fuente de ley", destacan mientras relatan que se proclamó ganadora de la licitación a una empresa, Studio Media Comunicació, S.L., que fue creada en pleno concurso y que carecía de experiencia alguna.

Asimismo se ha encontrado documentación en los registros practicados durante los últimos meses en la que los testaferros ya dejaban constancia antes de la licitación de que iban a ser los ganadores. En este sentido concluyen policía y Hacienda que sus propietarios tenían "información privilegiada que sólo puede tener origen en la parte que ya conocía esta información: el Consell de Mallorca". Por lo que apuntan a una clara "connivencia" entre políticos, funcionarios compinchados (se han interceptado correos donde los técnicos les indican cómo amañar las cuentas para obtener la subvención) y personas de su entorno con el fin de saquear las arcas públicas.







* El Mundo - Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom - 3.12.09
Foto: Palma, polígono Son Oms - interempresas.net

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Dimite el gerente de la empresa del suelo de la Generalitat tras ser imputado por Garzón

ELPAÍS/Barcelona* : Once encausados por el 'caso Pretoria', entre ellos el gerente del instituto catalán del suelo, Emili Mas, un ex alcalde del PP y las mujeres de dos ex altos cargos de los gobiernos de Pujol. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a 11 personas más por el caso Pretoria de corrupción urbanística y las ha citado a declarar para mañana y el próximo viernes. Con estas nuevas imputaciones, ya son 20 las personas inculpadas en este caso de corrupción urbanística.

Cuatro de ellos permanecen en prisión desde el pasado 30 de octubre por orden de Garzón, que el martes acordó la libertad bajo fianza de 200.000 euros de Manuel Dobarco, ex teniente de alcalde de urbanismo de Santa Coloma de Gramenet. Entre las 11 personas que han sido imputados figura Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo, al que el juez Garzón imputa por sus estrechas relaciones con el cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, que permanece en prisión. Mas ha sido suspendido temporalmente de militancia del PSC; como ocurrió con el caso de otros cargos socialistas como Bartomeu Muñoz. El departamento de Política Territorial y el departamento de Medio Ambiente -del que también depende el Incasò- ha aceptado la "renuncia voluntaria" de Mas para "facilitar la instrucción del caso".

En esa relación de imputados también figuran Doris Malfeito y Maria Lluïsa Mas, esposas del ex consejero de CiU Macià Alavedra y del ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, respectivamente, y que permanecen en prisión. La imputación de ambas mujeres está relacionada con su participación como administradoras en las sociedades utilizadas por sus esposos para cobrar las comisiones ilegales derivadas de diversas operaciones urbanísticas. Fuentes de Convergència no quisieron confirmar la militancia de estas dos mujeres. Los nacionalistas no tomarán ninguna medida "porque sólo han sido llamados a declarar", informa Clara Blanchar.

También ha sido imputada Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, también encarcelado por esta causa, y a la que se vincula con una sociedad adquirida por Luigi. Al margen de estas 11 imputaciones, el juez Garzón ha citado a declarar para el próximo día 12 de enero a un total de diez personas como testigos. Entre ellas figura Maite Arqué, ex alcaldesa socialista de Badalona, la ciudad en la que se realizó una de las operaciones urbanísticas que investiga Garzón.

17,6 millones sustraídos

Según el auto dictado por Garzón, la trama de corrupción habría sustraído 17,6 millones euros de las arcas municipales de Sant Andreu de Llavaneras, y un total 44,7 millones de euros en el conjunto de municipios barceloneses en los que operaba (Sant Andreu, Badalona y Santa Coloma de Gramanet). El abogado de Prenafeta y Alavedra solicitó la excarcelación de ambos argumentando motivos de salud, pero Garzón la rechazó.

Con estas nuevas imputaciones asciende a 20 el número de implicados en este procedimiento, de los cuales cuatro se encuentran en prisión: el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; y el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. El juez investiga las operaciones urbanísticas desarrolladas en Sant Andreu de Llavaneres, Santa Coloma de Gramenet y Badalona, que dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por las actividades de la trama.

El magistrado ha adoptado esta decisión después de que el pasado viernes el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, le solicitara su imputación en respuesta a un requerimiento que le dirigió Garzón "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos".

Renuncia en el PP, no en CiU

Por su parte, el Partido Popular de Cataluña ha explicado que el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres y actual concejal del Ayuntamiento, Víctor Ros, ha presentado esta misma tarde su renuncia a la militancia. El partido ha aceptado la renuncia y ha trasladado el caso al Comité de Derechos y Garantías, que en función de cómo evolucione su imputación podría decidir una expulsión definitiva e incluso la retirada de su acta de concejal.

También en el plano político CiU ha manifestado que no va a tomar ninguna medida contra Genís Carbó, jefe de Planificación Territorial de la Generalitat entre 1996 y 2004, quién cobró 244.011 euros del también encarcelado Luis García Sáez, Luigi, por intervenir en una operación urbanística en la zona de Can Riviere de Sant Andreu de Llavaneres. Según un portavoz nacionalista "sólo han sido llamados a declarar".

Por su parte, el PSC ha suspendido también temporalmente de militancia a Juan Felipe Ruiz, consejero delegado de Marina Badalona, también imputado por el juez Garzón. El Ayuntamiento de Badalona ha pedido a Ruiz su dimisión, pero éste no ha aceptado. Sí puede cesar a Ruiz el consejo de administación de Marina Badalona, que comprenden otras administraciones públicas.







* ELPAIS.com - PERE RÍOS - Barcelona - 02/12/2009
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com

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El TSJ declara ilegal un PAI de la Vall d´Alba ya expropiado y hecho

LEVANTE/Castelló* : El pleno extraordinario de la Vall d'Alba aprobó ayer la nueva tramitación del Programa de Actuación Integrada y proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 7 del polígono industrial, después de que una sentencia firme del TSJCV lo declare ilegal, con lo que ya son 4 las sentencias en contra, según el socialista, Fernando Grande.

Sin embargo, la lentitud de la justicia es tal que la obra ya está ejecutada, pues el sector del polígono "se expropió y se adjudicó en 2005".
El pleno ha aprobado con el voto en contra del PSPV, el presupuesto de 2010 que asciende a 5 millones y que recoge por cuarto año consecutivo cuotas de urbanización por 1,5 millones que no se ejecutan, y que se incluyen "con la intención de inflar artificialmente el presupuesto".
Grande denuncia que "en estos momentos de crisis es inadmisible que el ayuntamiento del vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, dedique 741.500 euros a gasto corriente, 80.000 a publicidad y protocolo, 60.000 a una tarde de toros, y sólo 272.000 euros a gasto social. Una vez más Martínez demuestra cuáles son sus prioridades y con estas prioridades y este presupuesto irreal, nunca obtendrá nuestro voto a favor", recalca Grande..






* Levante-EMV - 3.12.09
Foto: Vall D'alba (Castellón) - abc.es

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Letanía de irregularidades de la Torre Cajasol

ELMUNDO/Sevilla* : La contumacia de dos arquitectos sevillanos, Fernando Mendoza y José García-Tapial, ha permitido desvelar el misterio que envolvía el proyecto de la denominada Torre Pelli, cuyas obras llevan meses ejecutándose en la isla de la Cartuja sin que hasta ahora hayan podido conocerse los detalles concretos de este edificio puesto que el Ayuntamiento negaba el acceso a su documentación.

Ante esta negativa, Mendoza y García-Tapial interpusieron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue resuelto a su favor. Obligada por los jueces, la Gerencia de Urbanismo ha tenido que poner la documentación en manos de los recurrentes y la conclusión de éstos no puede ser más contundente: la obra es ilegal.

De entrada, el proyecto que obra en la Gerencia de Urbanismo, que plantea una edificabilidad contabilizable de más de 90.000 metros cuadrados rebasa en un 33 por ciento la edificabilidad de 68.000 metros cuadrados prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la zona.

Según los arquitectos, el Ayuntamiento habría llegado a un acuerdo con los promotores de la torre en el sentido de no contabilizar los metros cuadrados de las zonas de servicio de la torre (salas de calderas, escaleras y ascensores) para que así pudiera atenerse a lo previsto en el PGOU, pero eso no es lo preceptivo. En virtud de ese acuerdo, la promotora obtendría ese gran incremento de edificabilidad y el Ayuntamiento lograría que en Sevilla se levantara un rascacielos.
Más ilegalidades

Las ilegalidades del proyecto no quedan sin embargo ahí, porque su basamento continuo, de casi cuatrocientos metros, incumpliría el Plan Especial al no dejar paso entre las calles laterales Inca Garcilaso y Camino de los Descubrimientos, cegando además la visión del río.

Por si todas estas vulneraciones fueran pocas, el proyecto, cuyas obras llevan meses ejecutándose, también vulnera el convenio urbanístico firmado el 16 de marzo de 2005 entre la Gerencia de Urbanismo, Agesa y Puerto Triana para llevar a cabo en el solar una operación urbanística que debía tener un uso preferentemente comercial, con un máximo de cuarenta y ocho mil metros cuadrados para ese uso y otros veinte mil para oficinas complementarias. Sin embargo, el complejo del rascacielos lo contempla exactamente al revés: casi sesenta mil metros cuadrados para oficinas y menos de treinta mil para uso comercial.

Además de las numerosas ilegalidades que han denunciado, Fernando Mendoza y José García Tapial han detectado una importante cantidad de irregularidades en el proyecto. En opinión de ambos, la documentación resulta incompleta y contradictoria. La memoria dice que el basamento tiene cuatro plantas, pero en los planos sólo aparecen tres. Además, faltan todas las plantas de la torre, ya que no son iguales dado que el rascacielos va perdiendo superficie a medida que se va elevando.

Asimismo, faltan alzados y secciones y falta también el proyecto de ejecución completo de la torre, con los detalles constructivos que permitan erigirla. En este sentido, y como dato revelador de las carencias del proyecto, Mendoza y García-Tapial apuntan a que en el mismo ni siquiera aparece la altura total que tendría la torre. Lo único que al respecto se dice en la memoria es que tendrá, aproximadamente, ciento ochenta metros.







* El Mundo - Juan Miguel Vega - 3.12.09
Foto: Sevilla, montaje torre Cajasol - diariodesevilla.es

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Un "pleitista urbanístico" causa los derribos de A Guarda

ELPAÍS/Pontevedra* : Eulogio Abeleira Cabaleiro es el particular cuya denuncia acabó en la anulación de 21 licencias para construir viviendas unifamiliares en las zonas de Catanga y Loucenzas, en el municipio de A Guarda, y los subsiguientes derribos. Ayer continaban las labores de demolición de las tres primeras, sólo una de ellas habitada, mientras los afectados reclamaban al Ayuntamiento alguna solución de emergencia.

Otra denuncia de Eulogio Abeleira ha suscitado la inminente demolición de 40 apartamentos de la urbanización A Armona, también en A Guarda. Lo curioso es que él mismo tiene una vivienda en ese polígono que se ha salvado del derribo.

Entre 600 y 800 escritos (de denuncia e incidentales sobre denuncias anteriores) ha presentado Abeleira en el Ayuntamiento de A Guarda sobre cuestiones urbanísticas. No son las únicas. Tandas análogas ha prodigado igualmente por los ayuntamientos de Oia, O Rosal, Gondomar, Baiona y Nigrán, según fuentes consultadas por este periódico, siempre con la excusa de restaurar la legalidad urbanística. Da continuidad a la extraordinaria labor realizada en el mismo sentido por Eduardo Canabal Sanz, cuyas denuncias mantienen desde hace años en jaque de demolición más de un millar de viviendas en Vigo. Ambos son delineantes y amigos unidos en el mismo empeño, aunque no hay ninguna constancia oficial de su asociación. Encarnan en todo caso la figura de "pleitista urbanístico", en palabras de la Fiscalía de Pontevedra.

La Memoria que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, elevó al Gobierno sobre el ejercicio de 2007 se hace eco de "la existencia de profesionales en la denuncia de temas urbanísticos" que, según la Fiscalía de Pontevedra, "suele tratarse de personas informadas y con conocimientos técnicos en materia urbanística que interponen denuncias en el ámbito de competencia de esta Fiscalía con gran reiteración... Deseamos expresar las dudas que nos ofrece la intencionalidad de sus autores y la finalidad perseguida con la actividad".

EL PAÍS trató de localizar ayer a Abeleira sin resultados. No obstante, las fuentes consultadas ilustraron su pasión por judicializar el urbanismo con una anécdota chocante: recurrió contra su comunidad de vecinos, en Vigo, por la reparación del tejado del edificio, que había realizado su propia empresa constructora, AC Obras y Reformas Comerciales.

En A Guarda, Abeleira empezó por denunciar la ilegalidad de la urbanización A Armona, de medio centenar de apartamentos construidos sin licencia y donde él mismo es propietario de uno de ellos. Aunque todos habían sido construidos ilegalmente, Abeleira presentó la denuncia una vez había prescrito la ilegalidad de la primera fase de la urbanización, de ocho apartamentos, entre los que está el suyo. Los demás, por su denuncia, fueron condenados al derribo, que se ejecutará así se resuelva la elección de un plan al efecto mediante concurso público.

Abeleira se ofreció en 2000 a José Luis Alonso Riego, a la sazón alcalde de A Guarda por el PP, como asesor urbanístico, añadiendo el requisito de que el regidor tenía que echar del Ayuntamiento a todos los técnicos municipales en la materia. El alcalde, considerando sus antecedentes y su capacitación profesional de delineante, le despachó con cajas destempladas como "extorsionador y chantajista", calificativos por los que tuvo que declarar en el juzgado y que ayer reiteró a este periódico. Un año después Abeleira emprendió, con una denuncia ante la Xunta, el contencioso que ahora dejará sin viviendas a 21 familias que las compraron con todas las autorizaciones legales.







* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - A Guarda - 03/12/2009
Foto: Derribo de la vivienda de la familia Ameal Videira, la única que estaba ocupada por los propietarios - M.Gimeno, elcorreogallego.es

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El juez Garzón imputa a doce nuevas personas en la 'operación Pretoria'

ELCONFIDENCIAL/Barcelona* : El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado hoy a doce nuevas personas en la llamada 'operación Pretoria', en la que se investiga una trama de corrupción urbanística que operaba en Santa Coloma de Gramenet y otras localidades barcelonesas.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han añadido que el magistrado ha dejado además en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo en Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que estaba en prisión incondicional junto a otros cuatro imputados, entre ellos, los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta.

Las fuentes consultadas han señalado que de los doce nuevos imputados, a los que Garzón interrogará mañana y el viernes, uno está fuera de España y por ello el juez ha cursado una comisión rogatoria para interrogarlo, sin precisar a qué país.

Así, el total de imputados asciende a veintiuno, ya que hasta ahora en la causa figuraban nueve, cuatro de los cuales están en prisión incondicional: Alavedra, Prenafeta, el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el ex diputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García.

Además de Dobarco, permanecen en libertad bajo fianza los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela.

Cargos públicos

En el auto en el que el pasado 30 de octubre Garzón ordenó el ingreso en prisión de cinco y la libertad bajo fianza de los otros cuatro, el magistrado citaba a varias personas a las que atribuía conductas supuestamente ilícitas, pero sobre las que en ese momento no pesaba acusación alguna.

Advertía también de que, además de las operaciones urbanísticas presuntamente fraudulentas de Santa Coloma, Badalona y San Andrés de Llavaneras, había otras "que también están siendo investigadas".

Algunas de las personas citadas son o han sido cargos públicos, como Emili Mas Margarit, gerente del Instituto Catalán del Suelo, que el pasado mes de abril intervino supuestamente en unas conversaciones con algunas de las personas ya imputadas -como García, Muñoz, Vela y Dobarco- para que el Ayuntamiento de Santa Coloma emitiera facturas "con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos".

Otro de los políticos mencionados es el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó Boadell, ya que una de sus sociedades -GCB Assessorament Urbanístic i Projectes- recibió 244.000 euros en la operación Niesma.

También ocupó un cargo municipal Antonio Jiménez Gómez, ex concejal socialista en San Andrés, de quien el juez dice que "tiene estrecha relación" con García y recuerda que fue regidor de Urbanismo cuando se desarrolló la operación Niesma.

Garzón señalaba también al técnico de urbanismo de Santa Coloma Lluis Falcó como la persona que comunicó a los adjudicatarios del proyecto "Pallaresa" la "inviabilidad" de desarrollar dicha operación en ese momento.

Fuentes de la investigación han relacionado con la causa a una persona cuyo nombre no aparece en el auto: el ex alcalde de San Andrés de Llavaneras Víctor Ros, del PP, contra quien se han presentado varias denuncias por temas urbanísticos.

Además fuentes jurídicas han indicado que entre los nuevos imputados podrían estar las esposas de Prenafeta y Alavedra, Lluisa Mas y Doris Malfeito, respectivamente.

Al servicio de Luis de Andrés García

En su resolución, Garzón relacionaba también a Manuel Valera Navarro y a Francisco Alejandro Pretus Labayen con la operación urbanística de San Andrés, en la que intervino la sociedad Niesma Corporació S.L., de la que ambos eran administradores solidarios.

De Valera, el juez dice que "era en realidad una persona interpuesta al servicio de los intereses de Luis de Andrés García", además de que aparecía como administrador de Renticost Serveis S.L., que en diciembre de 2005 recibió una transferencia de dinero procedente de una sociedad domiciliada en Costa Rica y controlada por García.

Otra de las personas a las que se cita en el auto es Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de Marina Badalona S.A. y del que se dice que era "el contacto de Luis de Andrés García en Badalona".

Garzón también hace referencia a Manuel Grandes Sánchez, Jeff Schroeder Quijano y Lluis Renau Folch -este último fue director general de Seguridad Ciudadana en los Gobiernos de CiU- como titulares de algunas de las empresas que, en 2003, recibieron pagos de García que, según el auto, carecían de justificación.

También aparece el nombre de Wenceslao Manzanares Puig, cuñado de García y responsable de la sociedad Capital City Consulting S.L., en cuya sede se intervino una importante cantidad de obras de arte.








* El Confidencial - EFE - 2.12.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - serramena.info

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El fiscal denuncia al alcalde de Reocín por prevaricación

ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : La Fiscalía ha denunciado por un posible delito de prevaricación al alcalde de Reocín, Germán Fernández (PSOE), y a los concejales que en la pasada legislatura aprobaron con su voto a favor un estudio de detalle que autorizaba la construcción de más viviendas de las permitidas en una finca de Villapresente.

En una denuncia presentada ante el Decanato de los Juzgados de Torrelavega, la Fiscalía también advierte de que la arquitecta y el secretario municipal pudieron cometer un delito de contra la ordenación del territorio en su actuación como técnicos, al informar favorablemente la modificación al alza de la superficie de la parcela.
Esta actuación es consecuencia de una instrucción de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria , en el pleito que mantiene un vecino de Reocín contra el Ayuntamiento y la promotora de las viviendas, vecino que es colindante con el terreno donde se pretenden levantar las casas.
En su denuncia, el fiscal abunda en los criterios esgrimidos por la Sala en el contencioso iniciado por el vecino, y concluye que se midió la finca de forma incorrecta para tratar de eludir la densidad máxima de la misma, y poder así construir más viviendas de las permitidas.
De ello, el fiscal ha destacado la actitud de los técnicos municipales al dar por buenas las mediaciones presentadas por la promotora, y la de la Corporación que aprobó este asunto con el voto a favor de la mayoría de los concejales, encabezados por el entonces y actual alcalde de Reocín, Germán Fernández.
El contencioso arranca en 2003 cuando una promotora inmobiliaria adquiere la finca objeto de la polémica y presenta un proyecto para construir 75 viviendas, proyecto que es impugnado por el vecino colindante, al entender que según la superficie de la parcela la densidad edificatoria máxima es de 68 viviendas.
En los meses posteriores, los representantes de la promotora presentan en el Ayuntamiento hasta tres mediciones diferentes, todas ellas al alza, de la superficie de la parcela donde se pretende realizar la construcción de las viviendas, mediaciones que son impugnadas de forma sucesiva por el vecino colindante.
La última medición realizada por la promotora aumenta el área de la finca en más de 1.700 metros cuadrados sobre la que consta en los archivos, e incluso llega a inscribir la misma en el Registro de Propiedad justificando la mayor superficie como "exceso de cabida".
Los discrepancias sobre la superficie de la finca continuaron durante varios meses, hasta que en un momento de este contencioso se pidió a un perito judicial que realizase una medición de la finca, estudio que arrojó incluso menos superficie que los informes realizados por técnicos contrataos por el propio vecino colindante.
Además, el pleno municipal aprobó en abril de 2005 un dictamen que establecía unas mediciones de la finca superiores incluso a un dictamen anterior, mediaciones realizadas por la promotora y que contaron con el visto bueno de los técnicos municipales y que elevaba a 80 el número de viviendas a construir en la parcela.
El fiscal considera que esta actuación supone "una vulneración de las Normas Subsidiarias" y critica que el Ayuntamiento ignorara el problema -las discrepancias sobre la superficie de la finca- y diera por buena la medición efectuada por la promotora para tramitar el proyecto.







* El Diario Montañés - EFE - 2.12.09
Foto: Reocin (Cantabria), ayuntamiento - reocinverde.com

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El alcalde de Polop cobró 220.000 euros de promotores

ELPAÍS/Alicante* : La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil siempre sospechó que el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, tiroteado a las puertas de su casa el 19 de octubre de 2007, escondía intereses urbanísticos. El sucesor de Ponsoda, Juan Cano, también del PP, fue el principal sospechoso; de hecho está en la cárcel por su presunta vinculación con el crimen. La Agencia Tributaria ha detectado facturas de hasta 220.000 euros a cuatro empresas promotoras con intereses en Polop.

Tras las primeras indagaciones, la policía pidió un informe a la Agencia Tributaria sobre las actividades inmobiliarias, las operaciones de compra y venta, los movimientos bancarios y el incremento patrimonial del alcalde, su mujer y de las empresas que manejaban. Según adelantó ayer la cadena SER, Cano era titular de 24 cuentas corrientes en 2007, 11 más de las que tenía un año antes. Su mujer, María del Carmen Berenguer, ya figuraba en la titularidad de 25 cuentas bancarias en 2006. Entre ambos manejaban cuatro empresas. Una de ellas ingresó importes idénticos en dos ejercicios consecutivos procedentes de una de las empresas que trabajaban en el municipio.
Informes de Hacienda

Los ocho informes de Hacienda que forman parte del sumario secreto del caso Polop incluyen todos los movimientos de ambos cónyuges y la contabilidad de sus empresas. En ellos se descubren algunas operaciones comprometedoras a partir de 2005 con empresas que habían conseguido adjudicaciones en el municipio y con las que Cano habría negociado desde la dirección del urbanismo local. En los tres últimos años, la Agencia Tributaria ha detectado facturas de hasta 220.000 euros a cuatro empresas promotoras con intereses en Polop.

Sólo un mes después de dejar el acta de concejal, Cano y su mujer registraron al 50% la empresa Ofigest Services Costa Blanca, SL, que tenía por objeto social convertirse en agente urbanizador. Por delante tenían la adjudicación de 11 Planes de Actuación Integrada (PAI) para construir en unos 7 millones de metros cuadrados casi 10.000 viviendas y multiplicar por nueve la población del municipio. El 4 de abril de 2006 constituyeron otras dos empresas: Inversiones Puig Campana, SL, que tiene a Juan Cano como administrador único, y Cano Berenguer, SL, donde comparte cargo con su mujer.






* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Polop - 02/12/2009
Foto: Polop /Alicante) - virtualtourist.com

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Sant Josep: El GEN considera especulativa la operación urbanística en los terrenos del campo de golf

DIARIODEIBIZA* : El grupo ecologista GEN ha calificado de «operación especulativa» la intención del equipo de gobierno de Sant Josep de permitir un suelo urbano de elevada densidad en una zona de Sant Jordi cuyo suelo es propiedad del Grupo Matutes, y donde proyectaba construir un campo de golf.

Los ecologistas consideran «inexplicable» la propuesta municipal de permitir un aprovechamiento urbanístico total de esa zona a cambio de unos terrenos que en buena parte están ubicados en un Área de Protección Territorial de la Costa y que, en consecuencia, son inedificables. Según un comunicado emitido ayer por el grupo, «cualquier promotor de la isla aceptaría con entusiasmo un trato similar. Edificar masivamente el suelo clasificado y ceder a cambio terrenos de aprovechamiento urbanístico cero es, seguramente, la medida más desafortunada emprendida por ningún ayuntamiento pitiuso».

El comunicado expresa las dudas del GEN-GOB de que los planos con los que el Ayuntamiento ha presentado su propuesta hayan salido de las oficinas municipales y apunta la posibilidad de que provengan de los despachos de alguna empresa privada.

En cualquier caso, los ecologistas consideran que las cesiones propuestas no se pueden permitir, además de que buena parte del suelo afectado se ubica en el interior de la zona periférica de protección del Parc Natural de ses Salines.

El GEN quiere que el suelo rústico de alta calidad agrícola existente alrededor del hipódromo de Sant Jordi continúe en el estado en que se encuentra actualmente.

Asimismo, el grupo mantiene que la medida propuesta por Sant Josep exime a los propietarios de la obligatoria cesión de la parcela correspondiente a usos públicos, que es donde después el Ayuntamiento puede crear servicios para los vecinos. «De esta forma –señala el escrito– el pueblo de Sant Jordi, continuando como hasta ahora, volverá a tener un nuevo suelo urbano, pero sin un metro de suelo público en su interior».






* Diario de Ibiza - 2.12.09
Foto: Parte de la zona aludida, durante las obras de la autopista. X. D., diariodeibiza.com


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El juez ordena que el edificio Marisol de Pradollano sea derribado en seis meses

GRANADAHOY* : "Se mire bajo la perspectiva de la normativa que se mire, todo el proceso, desde la redacción del Estudio de Detalle, hasta la concesión de la licencia y la desidia en el control de la obra cuando se inició despide aroma a prevaricación". Para el juez de lo Penal 1 de Granada, la construcción del edificio Marisol de Pradollano, el bloque de 82 apartamentos turísticos que se levantó en una parcela de uso sociocultural de Monachil, huele a prevaricación urbanística.

Por ello, ha impuesto una dura condena a las cuatro personas que había acusadas en el caso (tres políticos municipales y un técnico), ordenándoles además el derribo, antes de seis meses, del bloque, que ya estaba terminado.

Al ex alcalde Francisco Lara (PSOE) lo condena a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. Él es el que relativamente mejor parado sale en el fallo, mientras que el que mayores penas se ha llevado ha sido el ex concejal de Urbanismo Benjamín Rodríguez, que si la sentencia no es revocada por la Audiencia Provincial de Granada (contra la resolución cabe recurso de apelación), será inhabilitado 20 años y habrá de pagar una multa de 6.000 euros como autor de dos delitos de prevaricación, por los que además le impone un año de cárcel.

Al que fuera arquitecto municipal del Ayuntamiento de Monachil cuando se aprobó la licencia, Alfonso M. C., el magistrado lo considera, por los informes favorables que emitió, "cooperador necesario" del delito de prevaricación y autor del de prevaricación urbanística. Su castigo: 16 años de inhabilitación, ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros.

Medio año de cárcel, siete de inhabilitación y multa de 3.600 euros es el castigo impuesto al ex regidor Antonio Trinidad (PP). Su delito: también prevaricación urbanística.

En su resolución, de casi medio centenar de folios, el juez Manuel Piñar declara además "la nulidad del estudio de detalle" para la construcción de los 82 apartamentos que conforman el bloque, así como el punto del orden del día del pleno municipal celebrado el 25 de abril de 2004 que aprobó dicho estudio. También anula la licencia que se concedió a la empresa Serrabol SL para levantar el inmueble y el punto del orden del día del pleno municipal de 22 de noviembre de 2004 que acordó otorgarla. Al derribo del edificio deberán hacer frente los cuatro condenados "o se hará a su costa, respondiendo solidariamente a todos los gastos que ello genere e indemnizaciones a posibles perjudicados que resultaren", algo que, como añade la resolución, se determinará en ejecución de sentencia".

El magistrado reparte diferentes penas en función del grado de responsabilidad que, a su juicio, cada uno de los implicados ha tenido en este caso, en el que resalta que el estudio de detalle que se aprobó para poder construir el edificio, presentaba "ilegalidades", que son "arrastradas" posteriormente por la licencia. "Pero además -agrega- se incrementan con la intervención de los acusados Alfonso M. Benjamín Rodríguez y Antonio Trinidad en la tramitación y votación de ésta, ya que en esos trámites añaden otras de igual gravedad".

El juez aprovecha este caso particular para hacer una reflexión general sobre el papel de los promotores en los casos de ilegalidades urbanísticas: los considera "los verdaderos instigadores y beneficiarios de estas prácticas corruptas". Por ello, lamenta que exista una "gran deficiencia" en el código penal, "al no acoger como conducta delictiva la de los promotores que, como en este caso, obtienen licencia para construir un edificio de apartamentos turísticos y acaban construyendo, e imponiendo por la vía de hechos consumados, un bloque de pisos que exponen a la venta", en lugar de apartamentos turísticos. La sentencia concluye que cuando los acusados llevaron hasta el final su "plan" para modificar "ilícitamente" la situación urbanística de la finca, y sustituir el uso sociocultural o equivalente por un edificio de apartamentos para la vetnta, la promotora lo construyó y ofreció en venta a particulares las viviendas resultantes "al margen, por tanto, de todo uso turístico".







* Granada Hoy - Y. H. / Granada - 28.11.09
Foto: Los 82 apartamentos turísticos del inmueble deberán ser derribados - granadahoy.com

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