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ELPAÍS/Madrid* : En noviembre de 2004, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a la sazón gerente y tesorero nacional del PP, informaron a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido, Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de una parcela municipal (la 124), con respaldo de los principales cargos municipales del PP.
El presunto pelotazo de Martinsa, que la policía investiga como una de las operaciones ilegales de Correa, tiene los siguientes componentes: la parcela se vendió por 19 millones de euros menos del valor tasado oficialmente, era la mayor y mejor parcela municipal, ya que disponía de una boca de metro en el centro de sus 160.000 metros cuadrados; la adjudicación fue objeto de polémica entre las constructoras licitantes, y el sumario del caso Gürtel da pistas del presunto cobro de comisiones por sus gestores municipales.
En dicha operación, según denunciaron Bárcenas y Lapuerta ante Rajoy y Aguirre, se encontraban presuntamente implicados Francisco Correa; el alcalde de Arganda, Ginés López, que dimitió el pasado marzo; y el presidente de la sociedad de Fomento municipal responsable de la venta de la parcela, Benjamín Martín Vasco -los tres últimos posteriormente imputados en el caso Gürtel-; el empresario del sector audiovisual y constructor Pedro Pérez Fernández de la Puente y la empresa Martinsa. Un reciente informe policial, tras reflejar que Correa diseñó una estrategia para captar negocios urbanísticos en ayuntamientos madrileños del PP a cambio de comisiones, cita la adjudicación de una parcela municipal en Arganda a Martinsa.
Pero Aguirre no dio crédito, en noviembre de 2004, a la denuncia de Bárcenas y Lapuerta, quienes han declinado ofrecer su versión a este diario sobre su advertencia. Tampoco el líder del PP, Mariano Rajoy, ha aceptado confirmar los detalles de la denuncia interna que recibió y trasladó a Aguirre, cuya versión fue solicitada también sin éxito.
No obstante, varios cargos del PP han confirmado la existencia de esta alerta, que el partido puso en manos de Aguirre y ella desatendió. La denuncia partió de Bárcenas que, si bien ahora está investigado por el presunto cobro de dádivas de Correa, en aquel momento declaró la guerra a su antiguo amigo y se opuso al pelotazo urbanístico que tramaba. Este aviso influyó decisivamente para que Rajoy declarara a Correa persona no grata en Génova, mientras que consejerías del Gobierno de Aguirre siguieron contratando sus servicios.
Lapuerta, según fuentes del PP conocedoras de la reunión con Rajoy, apostó a fondo por su versión ante Aguirre: "Si en diciembre no resulta Martinsa adjudicataria de esa parcela en Arganda, yo te pediré perdón, Esperanza, y mi información resultará falsa; pero si la parcela de Arganda se la venden a Martinsa, será la prueba de que quien estaba mal informada eras tú". Lapuerta y Bárcenas, no obstante, dieron por hecho que Aguirre no conocía con anterioridad esta operación urbanística.
La denuncia de Bárcenas y Lapuerta fue tan precisa como premonitoria: Martinsa, en diciembre de 2004, resultó adjudicataria de la parcela 124 y, años después, los gestores municipales de dicha operación, Ginés López y Martín Vasco, imputados por recibir presuntas comisiones de la red de Correa. El sumario del caso Gürtel no ha arrojado públicamente hasta la fecha ninguna vinculación con dicha operación de Pedro Pérez Fernández de la Puente, ex presidente de Vía Digital, aunque sí figura en el sumario como uno de los interlocutores de Correa identificados por la policía. Pérez, actual presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, ha confirmado a este diario que ha tenido relación personal con Correa y negocios con Martinsa, pero ha negado que interviniera en ningún asunto urbanístico de Arganda del Rey.
La presidenta de Madrid -amiga de Martín Vasco, a cuya boda asistió como testigo-, mostró su incredulidad de que tal operación urbanística fuera a salir. Pero la operación en favor de Martinsa sí salió. Y, entre otros motivos, gracias a la puntuación favorable que dio a Martinsa en el concurso municipal Plarquin, la empresa vinculada al entonces director general de Urbanismo de Aguirre, Enrique Porto, cuyas irregularidades durante su gestión investiga un juzgado madrileño. Aguirre Newman, empresa con la que tiene vínculos familiares la presidenta madrileña, valoró el suelo de dicha parcela en casi 95 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Arganda la vendió por 66 millones y otros diez en futuras obras municipales, que recayeron en empresas próximas a la trama.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 17/11/2009
Foto: Arganda del Rey (Madrid) - cosasdemadrid.es
Los tesoreros del PP avisaron a Aguirre del pelotazo de Correa en Arganda
Objetivo, impulsar la vivienda de alquiler
ELPAÍS/Reportaje* : La ingente cantidad de viviendas construidas sin vender y la profunda recesión del sector inmobiliario han supuesto mordiscos en los precios de los pisos de hasta un 30%. Pero eso no ha facilitado el acceso a una casa a la mayoría de la población. En la otra cara de la moneda están las restricciones crediticias y, sobre todo, la voraz destrucción de puestos de trabajo.
Un lastre, el del paro, que va ligado a un sector de la vivienda rígido, mayoritariamente en propiedad, que impide la movilidad laboral. Varios expertos reclaman reformar el mercado inmobiliario para impulsar el alquiler a través de ayudas, pero también eliminar la vivienda de protección pública (VPP). ¿No creará eso más exclusión? ¿Supondría eso ir hacia una política de cheques también en vivienda?
Tras la controvertida propuesta de crear un contrato laboral único, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaboró un texto con medidas para potenciar el alquiler, que en España sólo supone el 13,2% de todo el parque de vivienda (hasta hace un año era el 11%, como indica el gráfico), muy lejos, por ejemplo, de Alemania, donde el 51% de sus ciudadanos arrienda su casa. La medida más polémica es la que propugnan algunos de los economistas que firman el documento: dejar de construir vivienda pública y crear un sistema permanente de subsidios al alquiler. El debate está servido. Todos los países europeos tienen un parque de VPP, aunque para arrendar. Y España ahí está a la cola: sólo un 1% de todos los pisos son de alquiler social, frente al 19% de Francia o el 21% de Suecia.
El informe de Fedea hace hincapié en todos los males que acarrea un mercado inmobiliario arraigado en la propiedad: un excesivo endeudamiento de las familias, una baja movilidad laboral que impide que los trabajadores del sur se desplacen al norte, donde hay menos paro, o una tasa de emancipación muy baja en comparación con otros países. Según Fedea, el 65% de los jóvenes de entre 25 y 29 años vive con sus padres, cuando en Francia, Holanda y Reino Unido está proporción se mueve entre el 20% y el 22%.
Ahora bien, ¿por qué debe dejarse de construir VPP? El profesor de la London School of Economics y firmante del documento Luis Garicano sostiene que una primera razón es coyuntural. Con un stock de pisos que las estimaciones más conservadoras sitúan en un millón, levantar más pisos sociales supondrá "agravar" la crisis del sector. Pero hay más. "El principal motivo es el componente de lotería que tiene una vivienda pública, además del fraude que hay en las adjudicaciones. A quien le toca uno de estos pisos recibe una subvención enorme, mientras que otros se quedan sin nada", afirma Garicano.
A su juicio, el Gobierno debe eliminar, primero, las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda. A la vez, prosigue, el Ejecutivo debe poner las bases para fomentar el alquiler de precio de mercado, dejar de construir VPP y crear un sistema de ayudas para subvencionar parte de la renta a las familias que no puedan acceder a una vivienda. Son palabras mayores para un país de propietarios y donde la construcción de pisos públicos es una de las principales políticas sociales de la agenda de cualquier partido.
Desde el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero la respuesta es clara: se coincide en el fin, el fomento del alquiler, pero no en el método. El subsecretario de Vivienda, Marcos Vaquer, explica que, a raíz de la crisis inmobiliaria y de las nuevas medidas del Gobierno, los contratos de alquiler subieron un 18%, lo cual ha permitido que el arrendamiento haya pasado del 11% del parque de viviendas español al 13,2%. Y este incremento se da incluso en ciudades donde el mercado de alquiler era más amplio y en el que se temía que hubiera tocado techo, como Barcelona, donde uno de cada cuatro ciudadanos arrienda.
Vaquer asegura que el Ministerio apuesta por el alquiler. Ahora bien, también "por un parque amplio y estable de vivienda protegida en régimen de arrendamiento. No hay país que carezca de él". En estados como Dinamarca, Francia, Austria o Suecia el alquiler social representa más del 15% de todas las casas, y eso que en algunos países las políticas de signo neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 liquidaron parte de ese parque. En Holanda, los pisos protegidos que se arriendan suponen incluso el 35% del total.
En cualquier caso, Vaquer rechaza que la política de vivienda se base "al 100% en cheques". Una fórmula que también rechazan los sindicatos. La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, recuerda que "la vivienda es un derecho constitucional" que requiere "políticas activas y no simplemente regulaciones del mercado". Por ello, López defiende "patrimonios públicos de suelo" y más VPP. Fuentes de CC OO aseguran, por su parte, que basarse en el alquiler libre es inviable, puesto que la oferta es reducida y los precios todavía son muy altos.
Tampoco las inmobiliarias lo aceptan, puesto que temen que el efecto acabe siendo nulo, como ocurre con las desgravaciones por la compra de vivienda. Pedro Pérez, presidente del G-14, la asociación de grandes inmobiliarias, opina que hay que ir "con mucha cautela" con las ayudas permanentes. "Hay fórmulas alternativas mejores y más limpias que estas subvenciones", sostiene.
Sin embargo, Pérez admite que la obtención de un piso protegido en propiedad sí es una lotería. "Resulta una política poco ponderada: o accedes a una vivienda en propiedad o bien te quedas sin tus necesidades resueltas", añade. La propiedad de la VPP plantea, además, otro debate: el de la inequidad.
Los detractores de la vivienda protegida de compra ponen siempre el mismo ejemplo: un joven de 24 años, por ejemplo, puede ser beneficiario de una VPP. Y este joven, al cabo de tres años, puede conseguir un buen empleo. Incluso puede ser directivo de una empresa al cabo de otros tres. Y no tendrá la obligación de devolver su piso a pesar de que ya puede acceder al mercado libre. En cambio, en el mismo concurso se habrá presentado alguien sin recursos que transcurridos seis años se hallará en la misma situación. Y además, al cabo de unos años -por regla general, 30- el piso pondrá venderse a precio de mercado libre.
Para evitar que la subvención acabe siendo un negocio y tener un parque de VPP estable, la Generalitat decidió que los pisos en suelo público sean protegidos durante 90 años. La secretaria de Vivienda del Gobierno catalán, Carme Trilla, rebate, además, el argumento de la inequidad. "Los veinteañeros no son el perfil de los que buscan un piso protegido de propiedad, entre otras cosas porque la mayoría no tiene los ingresos necesarios para comprarlo. Estamos viendo que la mayoría de los que tienen entre 22 y 30 años nos está pidiendo alquiler", asegura Trilla, que opina que la política de vivienda debe ser el resultado de usar "todos los instrumentos disponibles".
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, que también firma el documento de Fedea, rechaza la VPP de compra, pero no se opone a un parque público de vivienda de alquiler. "Lo ideal sería que los subsidios al alquiler funcionaran bien, pero el problema es que pueden ser inflacionistas", indica.
Ahí está el ejemplo de las ayudas al alquiler para jóvenes, de 210 euros, que en algunos casos supusieron que los alquileres se encarecieran porque el propietario sabía que el inquilino iba a disponer de más recursos. Luis Garicano, no obstante, no cree que ese sea ahora el problema más acuciante. "Puede ser un revulsivo. Imaginemos que una ayuda de 120 euros se reparte a partes iguales entre arrendador y arrendatario. Es una forma de ayudar a la oferta y a la demanda", asegura.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER 16/11/2009
Foto: La recesión no ha facilitado el acceso a las viviendas protegidas. En la imagen, uno de estos edificios en Barcelona- elpais.com
El Ayuntamiento de Arboleas preveía construir 6.000 viviendas y multiplicar por 15 su población
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ELCONFIDENCIAL/Almería* : El Ayuntamiento de Arboleas, intervenido ayer para recabar documentación de licencias urbanísticas, preveía construir 6.000 viviendas para multiplicar por 15 su población. De esta forma, la localidad almeriense, de 4.000 habitantes, alcanzaría los 50.000 habitantes, según las denuncias de Ecologistas en Acción ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
Estas “ilegalidades urbanísticas”, como critican los grupos ecologistas, se están cometiendo en siete pedanías del municipio de Arboleas: Los Carrascos, Los Garcías, La Perla, El Germán, Los Llanos de Arboleas, Limaria y Los Higuerales.
“La situación de efervescencia urbanística que presenta este municipio ha hecho que al mismo lleguen promotoras de municipios vecinos, sobre todo de Albox, y promotoras de otros puntos de la provincia, Almería capital fundamentalmente, todas ellas atraídas por la facilidad con que se gana dinero con el ladrillo”, critican en Ecologistas en Acción.
El modus operandi en este municipio se basaba en crear “nuevos macro-núcleos de población dotados con centro comercial”. Es el caso de la construcción en los Llanos de Arboleas con más de 2.000 viviendas, arrancando numerosas hectáreas de arbolado y destruyendo parte de la Cañada Real Cullar-Arboleas.
Un pueblo copado por británicos
El municipio, en el que residen 1.000 británicos, aprobó su PGOU a finales de la década de los noventa con la bendición de la Junta de Andalucía. El problema fue la manga ancha en la aplicación de las normas subsidiarias urbanísticas, ya que se aplicó como núcleo de población consolidada cualquier cortijo de Arboleas, “ante lo que podría ser un claro ejemplo de abuso de ley de la figura urbanística de los diseminados de ámbito rural”, según destacó a este diario un portavoz del grupo ecologista. En Arboleas se han construido nuevos núcleos de población donde antes sólo existían dos o tres cortijos.
Para Ecologistas en Acción, además de la “destrucción del territorio” y el avance del desierto se une la “contaminación producida por el ingente volumen de aguas residuales sin depurar provocada por las miles de viviendas ilegales, y los pozos ilegales que se están realizando, para -entre otros usos- piscinas, en una zona de una gran dependencia y escasez de agua”.
Según un comunicado de prensa enviado ayer por la tarde por el alcalde socialista del municipio, Ángel Jesús García, el registro sólo se había limitado al despacho del que ha sido secretario accidental del Ayuntamiento de Arboleas, Fernando García. Este secretario accidental ha desarrollado esta función desde el año 2000 hasta el mes de junio de 2009, cuando fue sustituido por una secretaria de habilitación.
* El Confidencial - Agustín Rivera (Málaga).- 17/11/2009
Foto: Vista de Arboleas (web del municipio)
El TSJA anula el acuerdo para urbanizar un monte en Málaga
ELPAÍS* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado en sentencia firme el acuerdo que en septiembre de 2002 adoptó el pleno municipal de Málaga, con los votos del PP, que declaró de utilidad pública el complejo residencial centro ruso de Málaga, lo que significaba la autorización a construir en suelo no urbanizable con protección paisajística en el monte San Antón, uno de los pulmones de la ciudad.
El TSJA ha dictaminado que una declaración de utilidad pública en no urbanizable requiere el visto bueno de la Junta, que primero lo negó y luego impugnó judicialmente el acuerdo municipal. La sentencia considera además que el Ayuntamiento optó por una vía equivocada, un plan especial, que "se excedía" porque alteraba el plan general de ordenación urbana.
El centro ruso, que contemplaba 70 viviendas, hoteles e instalaciones deportivas y culturales, quedó desechado en 2005. Su promotor ha sido sancionado varias veces por construir en suelo no urbanizable y desobediencia.
* ELPAIS.com - D. N. - Málaga - 17/11/2009
Foto: Málaga, monte san Antón - diariosur.es
Castelló: El PP vuelve a aprobar en solitario el mismo PGOU de 2000 que anuló el Supremo
LEVANTE* : El Partido Popular del Ayuntamiento de Castelló utilizó ayer su mayoría absoluta para volver a aprobar en solitario el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 - anulado desde diciembre por el Tribunal Supremo- y rechazó tanto las 662 alegaciones ciudadanas como los requerimientos legales del secretario.
La revisión del plan se rubricó en un pleno extraordinario que, diez años después, ha ratificado un documento idéntico al de 1999 que finalmente fue anulado por los tribunales, punto por punto, coma por coma... El gobierno local argumenta que no fue el contenido del plan lo que el Supremo invalidó, sino un mero "error formal de procedimiento".
La sentencia del Alto Tribunal concluye que el ayuntamiento privó a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones y anula el PGOU al tiempo que ordena un nuevo proceso de alegaciones.
Dicho periodo se abrió el pasado mes de julio después de más de seis meses de pugna del ayuntamiento para eludir la ejecución del fallo y tras una decisión definitiva del Tribunal Constitucional, que rechazó la admisión del recurso del consistorio. El documento se expuso en su totalidad a los ciudadanos por orden de la Conselleria de Territorio y Vivienda y la posibilidad de interponer alegaciones se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sin embargo, tanto el PP como el Arquitecto Director del Plan General, Javier Vidal, descartan 617 de los escritos por "improcedentes" al considerar que no se refieren a las modificaciones sustanciales. Además, desestiman por razones técnicas los 45 restantes que sí son relativos a las mencionadas modificaciones.
Debate
Los concejales iniciaron el debate siendo conocedores de que hasta dos informes del secretario advertían sobre deficiencias legales del plan y reclamaban que la asesoría jurídica clarificara si era necesario adaptarlo a la legislación actual -especialmente a la Ley Urbanística Valenciana (LUV)-. Entre las supuestas irregularidades destaca la autorización para construir en zonas verdes.
La sesión estuvo marcada por las pancartas de protesta contra el proyecto del trolebús en el parque Ribalta y por la intervención del alcalde, Alberto Fabra, para prohibir el aplauso vecinal a la oposición. "Les advierto que no se puede aplaudir para mostrar agrado o rechazo y es una falta grave; si aplauden tendrán que abandonar la sala y, lamentablemente, someterse además a esa falta grave".
Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. La primera de ellas llegó de la mano del portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, que cuestionó que el PP considere la mayor parte de las alegaciones "improcedentes" y puso en duda que el proceso haya cumplido la sentencia del Supremo. "Si ustedes invitan a la población a presentar alegaciones, incluso en el Boletín Oficial, a todo el documento, cómo nos dicen después que no se puede. No tiene sentido. Por otro lado, los informes técnicos hacen dudar de si con esto hemos cumplido la sentencia del Supremo. No podemos votar a favor".
Por su parte, el portavoz socialista, Juan María Calles, hizo hincapié en "la falta de sensatez y la ceguera del PP al despreciar todas las opiniones de los ciudadanos sin dar la respuesta motivada que exige la ley. Este Plan General agoniza ¿Me dice que ni un solo ciudadano tenía una idea positiva?".
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 17.11.09
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
La presidenta del Parlamento de Baleares declara como imputada en un caso de corrupción urbanística
ELPAÍS* : La presidenta del Parlamento de Baleares e imagen de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar (Barcelona, 1955), declara hoy como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Está citada por el magistrado Javier Muñoz que investiga el caso de supuesta corrupción en el proceso de venta a mitad de su precio real de la parcela pública de Can Domenge, apta para 600 viviendas, cerca del centro de Palma de Mallorca.
"Me he sentido realmente apoyada por los míos", ha asegurado Munar, tras su declaración en el juzgado, en una breve comparecencia en la que no ha admitido preguntas. La presidenta del Parlamento ha añadido que los políticos sufren "penas de telediario" y que cualquier cargo con responsabilidad puede tener que ir a declarar si alguien presenta una querella.
A la entrada de Munar en el tribunal un centenar de personas exigían su dimisión, mientras un grupo de seguidores de su partido la vitoreaban.
El caso penal nació de la querella criminal que presentó en 2007 contra políticos de UM y PP del Consell de Mallorca el promotor barcelonés José Luís Núñez, que ofertó 60 millones de euros por el negocio inmobiliario que se adjudicó en 2006 a la firma catalana Sacresa por 30 millones. En la causa se investigan supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales, negociaciones prohibidas y revelación de secretos en el proceso de adjudicación.
La minoría bisagra UM decide el signo del poder en Baleares desde 1983. En la actual legislatura 2007-2011 Munar y sus otros dos diputados 'bisagra' de UM apoyan la mayoría de centro izquierda que encabeza el PSOE, en los gobiernos de Palma, Mallorca y Baleares. Durante más de una década el urbanismo en Mallorca ha estado controlado por los mallorquinistas, alternativamente con la derecha y los socialistas. El negocio de Can Domenge, según un diseño de Jean Nouvel, fue anulado por la actual alianza de gobierno.
Además de Munar otras tres figuras de UM están encausadas en este asunto de Can Domenge: Miquel Nadal, consejero de Turismo y ex líder de UM; Tomeu Vicens, ex secretario general del partido y diputado (suspendido de militancia), y el actual presidente del grupo y consejero insular, Miquel Àngel Flaquer. El diputado del PP, Fernando Rubio, está imputado y hoy acudirá a declarar. También está implicado en la causa el ex consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña por CIU, Joan Maria Pujals, que trabajaba como mediador asesor para la expansión de la inmobiliaria Sacresa que adquirió el solar. Pujals trató con Miquel Nadal -que era vicepresidente del Consell- detalles del concurso antes de que fuera público.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma - 16/11/2009
Foto: Palma, Can Domenge - concatel
La Policía Autonómica interviene el Ayuntamiento de Arboleas por orden judicial
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ELALMERÍA* : La Policía Autonómica están interviniendo por orden judicial el Ayuntamiento de Arboleas (Almería) desde primera hora de la mañana de hoy, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación, que precisaron que agentes de paisano se encuentran en el interior del Consistorio gobernado por el PSOE solicitando documentación oficial relacionada con la concesión de licencias urbanísticas.
La operación, que se inició pasadas las 10,00 horas en presencia de un funcionario del juzgado de Huércal-Overa que instruye las diligencias y por agentes vestidos de paisano, se centra en la persona del ex secretario municipal, Fernando García, que se encuentra retenido en su despacho, que está siendo registrado mientras que el resto de dependencias del Ayuntamiento funcionan a pleno rendimiento y con normalidad.
Así lo reveló a Europa Press el alcalde, Ángel Jesús García, quien informó de que García fue cesado en las funciones que venía ejerciendo desde el año 2000 el pasado mes de julio en virtud de una de las primeras decisiones "que adopte --explicó-- al llegar a la Alcadía de Arboleas" tras el fallecimiento en enero del anterior regidor, Francisco Pérez Miras.
El primer edil aseguró, en esta línea, que los agentes de la Policía Autonómica le han informado de una orden judicial de registro para el despacho del ahora técnico de la Administración General y de la necesidad de intervenir una documentación oficial que se refiere "a los primeros años de su gestión como secretario municipal, pero no en periodos recientes".
Permisos de obras "conformes a la norma"
Si bien declinó precisar si la citada documentación está relacionada con la concesión de licencias urbanística presuntamente fuera de ordenación, defendió que los permisos de obra concedidos "siempre han sido conformes a las Normas Subsidiarias (NNSS) que operaban en el municipio", al tiempo que resaltó la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
García, quien asumió la Alcaldía el 30 de enero tras seis años como concejal en el equipo de Gobierno, afirmó sentirse "sorprendido" por la presencia de la Policía Autonómica en el Consistorio de Arboleas que --ahondó-- "nos ha pillado un poco a contrapié", aunque resaltó la "discreción" del operativo que le ha permitido continuar "con la agenda de visitas a obras y reuniones que tenía previsto para esta jornada".
* El Almería - E.P. - 16.11.09
Foto: Arboleas (Almería), ayuntamiento - ideal.es
Una sentencia del TSJA anula la aprobación del plan general de La Viñuela
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SUR/Málaga* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justifica de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga ha declarado la nulidad radical del acuerdo del pleno por el que el Ayuntamiento de La Viñuela, gobernado por el PSOE, acordaba en octubre de 2007 la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU), por silencio administrativo de la Junta de Andalucía.
El Consistorio axárquico, presidido por el socialista Juan Millán, que se enfrenta a varias denuncias por presuntos delitos urbanísticos todavía pendientes de resolución judicial, justificaba en su momento la aprobación del documento sin el visto bueno de la Junta al no pronunciarse en ningún sentido la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes (hoy de Vivienda y Ordenación del Territorio), dentro del plazo de cinco meses que establece la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, expresa que no sólo no hubo silencio administrativo, sino que además el Ayuntamiento no cumplió con su obligación de remitir el expediente del plan general completo, a pesar de los reiterados requerimientos realizados desde la Consejería.
Mismo color político
Obras Públicas decidió recurrir el acuerdo plenario al negarse el Ayuntamiento a proceder a su revocación, a la vez que por no contar el documento con las bendiciones de la Junta. El hecho de compartir el mismo color político que el Gobierno andaluz no impidió al regidor viñolero continuar con el proceso de aprobación, todo ello en un momento en el que la política de la Junta con relación al urbanismo en la Axarquía se había endurecido de manera notable aprobando un plan de ordenación territorial para la comarca y recurriendo todas las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos para construcciones en el campo, actuación que ha desembocado en la anulación, también por vía judicial, de un buen número de licencias municipales.
Según el fallo del Contencioso Administrativo, la aprobación del PGOU por parte del pleno se produjo a pesar de que la Consejería había comunicado hasta en diversas ocasiones que el procedimiento para la aprobación definitiva del documento estaba interrumpido precisamente por estar incompleto.
La sentencia menciona que existen incluso hasta cuatro requerimientos por deficiencias y una amenaza de caducidad por paralización imputable al Ayuntamiento de La Viñuela.
No hubo silencio
«La Administración autonómica cumplió su obligación de requerir por una sola vez, lo hizo tres veces más innecesariamente, para que el instrumento de planeamiento estuviera completo. El Ayuntamiento consintió todos los requerimiento y actuó para cumplirlos, luego era consciente de que el expediente no estaba completo. Sin embargo, después decide cambiar de criterio, y sin motivo o justificación alguna, vuelve a remitir un expediente incompleto y ante la conducta de la Administración, que le recuerda que todavía no ha cumplido los anteriores requerimientos, y por tanto no está corriendo el plazo para aprobar el expediente originario, mantiene su postura y acabar declarando aprobado por silencio el PGOU», expresa la sentencia.
Además la sala hace constar que para que se produzca silencio administrativo positivo es necesario que el expediente esté completo, a la vez que señala que la resolución por silencio es una competencia de la Administración autonómica.
Asimismo expresa que se está ante un supuesto de nulidad radical del acuerdo, nulidad que alcanza incluso a la publicación de la decisión del pleno en el Boletín Oficial de la Provincia.
El fallo judicial ha sido recurrido por el Ayuntamiento de La Viñuela por entender, entre otras cosas, que es competencia municipal declarar la aprobación definitiva de los planes generales municipales en caso de silencio administrativo.
* SUR - 16.11.09 -AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
Aguirre cambia la Ley del Suelo
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ELPAÍS/Madrid* : La Comunidad podrá autorizar proyectos urbanísticos de particulares sin el permiso de los ayuntamientos. Dos meses ha tardado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en incumplir su propia promesa de modificar la Ley del Suelo con un amplio debate en la Asamblea de Madrid. "Quiero que la ley sea más transparente, ágil y sostenible", dijo a los diputados autonómicos el pasado 15 de septiembre, durante el debate del estado de la región.
La Ley del Suelo se modificará antes de final de año, pero por la vía acelerada. Porque el Gobierno de Aguirre ha incluido la reforma en el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como Ley de Acompañamiento, que de un plumazo revisará 11 normas regionales. Eso evita la discusión pormenorizada del articulado de cada texto legal, primero en comisión y luego en el pleno de la Cámara regional. Y los diputados votarán el próximo diciembre en conjunto todas las modificaciones. La ley saldrá adelante, porque el PP cuenta con la mayoría absoluta: 64 diputados de los 120 de la Asamblea.
Además de que la forma sea cuestionable, también lo es el fondo de la reforma, según las fuentes del sector consultadas, que la tachan de "aberración jurídica". Aguirre modificará el artículo 161 de la Ley del Suelo, que regula el procedimiento excepcional de urgencia de las actuaciones urbanísticas de las administraciones públicas. Ahora lo ampliará a proyectos de particulares.
Este procedimiento permite que, por razones motivadas de excepcionalidad, se eluda la obligación de obtener licencia municipal en un proyecto urbanístico, que se sustituye por una decisión motivada del Gobierno regional. Por ejemplo, es la vía que utilizó la Comunidad de Madrid para dar luz verde al Campus de la Justicia, el macroproyecto para agrupar las sedes de los juzgados en Valdebebas.
Con la modificación de la ley, el Gobierno regional permite este procedimiento excepcional para "cualquier tipo de proyecto", sea "promovido por particulares o administraciones públicas", según la nueva redacción del artículo 161. Es decir, que se amplía el supuesto a los proyectos de promotores privados.
La ley actual lo limita a actuaciones de los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid o "entidades por ella creadas, de ella dependientes o adscritas a la misma". Porque se entiende que es un procedimiento excepcional destinado a actuaciones supramunicipales, como ha reiterado la jurisprudencia. El Tribunal Supremo establece, desde 1984, que no es necesaria licencia para grandes obras públicas del Estado o de las comunidades autónomas, que justifica en la distinción entre obras urbanísticas y obras de ordenación del territorio.
Además, el Supremo (14 de octubre de 1992) sostiene que "no sólo las razones de urgencia o excepcional interés público han de estar debidamente justificadas, sino que su interpretación ha de hacerse con carácter restrictivo". Parece dudoso que los proyectos de un promotor particular sean de interés público.
Además, la modificación que está tramitando el Gobierno de Aguirre permitirá aprobar fuera de un planeamiento urbanístico -y, por tanto, en contra- un desarrollo urbanístico de un particular (que no tiene por qué ser el titular del suelo) como si fuera una simple licencia de obras. Este cambio contraviente la autonomía municipal, al permitir que los proyectos se salten los procedimientos de información de los municipios, que pasan de ser superiores a un mes a 15 o 10 días, según el caso. De ahí que, previsiblemente, la Comunidad de Madrid va a tener de frente a los ayuntamientos, si persiste en esta reforma legal.Para compensar, la nueva Ley del Suelo establece la necesidad de que los ayuntamientos emitan un informe previo para actuaciones que no sean de la Comunidad. Por tanto, no será necesario para las actuaciones del Gobierno regional o de las entidades creadas por él.
Es decir, que el Ejecutivo de Aguirre podría decidir la construcción en cualquier localidad de un vertedero, un campo de golf o incluso un asentamiento para realojar a la población marginal de la Cañada Real, por ejemplo, sin tener que contar con el visto bueno del Consistorio de ese término municipal. Hasta podría hacerlo en suelo no urbanizable, sin que pudiera impedirlo el Ayuntamiento afectado. Bastaría alegar interés regional, ni siquiera público.
Otro de los aspectos en reforma es el concepto de "urgente o de excepcional interés público" de la ley, que se sustituye por el de "urgencia o un motivado interés regional". La reforma de la Ley del Suelo va en contra de la autonomía municipal y deja a la discreción del Ejecutivo de Aguirre la promoción urbanística.
* ELPAIS.com - SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 16/11/2009
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Condenan a cinco ex alcaldes de la provincia de Jaén en un año, y sólo a un regidor en el cargo
IDEAL* : Tenían el bastón de mando de sus pueblos y lo usaron para amenazar con él a sus vecinos, negarles información, cometer delitos urbanísticos o desobedecer a los tribunales de Justicia. Luego las urnas, el partido o las circunstancias de la vida los sacaron de la alcaldía. Y después llegaron las condenas. Hay constancia de al menos cinco ex alcaldes de la provincia de Jaén condenados por los tribunales en apenas un año. Sin embargo, la Justicia aún no ha castigado a ningún alcalde en activo, pese a que actualmente hay abiertas más de una docena de causas penales contra regidores.
La veda al ex alcalde se abrió con Antonio Castillo (PSOE) a finales de octubre de 2008. El Penal 1 de Jaén lo condenó a seis meses de inhabilitación por permitir urbanizaciones ilegales en La Iruela, en el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Una condena significativa, por que aún es la primera y única a un regidor jienense por omisión del deber de perseguir delitos. Junto al ex alcalde cayeron cuatro compañeros socialistas que formaban la Junta de Gobierno.
José Antonio Álvarez López (PSOE) fue alcalde de Torres de Albanchez. Ahora es habitual de los juzgados. Acumula ya varias condenas de diez años de inhabilitación cada una por permitir naves industriales ilegales en el Parque Natural de Sierra Mágina, Aún le falta al menos un juicio por salir. Se está declarando culpable en todos.
Más curiosa -por urbanismo hay una decena de alcaldes imputados- es la condena al ex alcalde de Cazorla, José Luis Díaz (PSOE). Los dos alcaldes citados anteriormente están hoy fuera de la política. Díaz es diputado provincial, y según su curriculum en la web de Diputación es secretario general del PSOE de Cazorla y secretario de Ciudades y Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén. Además, ostenta el cargo de vicepresidente de la Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En abril de este año la Audiencia confirmó una condena contra él por amenazas a un ciudadano de Cazorla. «Tarde o temprano pagará el daño que hace», dijo sobre él en un medio de comunicación. No llega a delito. Se queda en falta.
También por una falta, de desobediencia, fueron condenados en junio pasado los ex alcaldes de Castellar María Inmaculada Ortega (PSOE) y Juan Escudero (PA) por no cumplir una sentencia del TSJA que les obligaba a reintegrar a una trabajadora municipal en su puesto y a pagarle una indemnización.
El único alcalde en activo del que hay constancia de una condena por una falta es a Amador Santiago (PSOE) tras una denuncia del PP por no facilitarles información municipal.
De la nómina de alcaldes en activo, la Justicia ha estado a punto de sentar en el banquillo a dos en poco más de un mes. Primero fue Manuel Vallejo (PSOE), al que iban a juzgar en el Penal 1 por supuestos delitos urbanísticos. El juicio ya venía suspendido de meses atrás. Un día antes de celebrar el 8 de octubre, su abogado renunció a llevar el caso. Le han vuelto a dar fecha: para dentro de un año.
El martes 10 de noviembre debía haberse celebrado el juicio por el caso Megatín, con el alcalde de Torredelcampo, Blas Sabalete, en el banquillo de los acusados. Otro de los acusados aportó parte de enfermedad y forzó la tercera suspensión ya.
* Ideal - J. E. POVEDA- 16.11.09
Foto: Jaen, parador - elviajero.elpais.com
Santa Pola incumplió el PGOU en dos edificios
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Santa Pola, gobernado por el PP con mayoría absoluta, autorizó en 2004 a dos promotores levantar en dos edificios tres alturas más de lo permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente. La irregularidad no fue corregida hasta cinco años después con el nuevo planeamiento, y con uno de los edificios ya terminado y habitado.
Propietarios de una urbanización afectada por las dos nuevas torres denunciaron primero los hechos al Consistorio y, más adelante, llevaron la infracción urbanística a los tribunales con el propósito de demoler el exceso de obra, en total 50 viviendas.
Los dos edificios supuestamente ilegales se ubican a unos 500 metros de la primera línea del mar de la población, frente a las viviendas de la urbanización Paraíso II. El origen de estas dos promociones de viviendas se remonta a 2004, cuando el Ayuntamiento y las mercantiles Gecoinsa, SL, y Promociones Las Gaviotas, SA, acordaron dos permutas, recogidas en sendos convenios urbanísticos. El Ayuntamiento compensó el valor del suelo entregado por los promotores con un aumento de edificabilidad en dos promociones, Miramar II y Las Gaviotas, que estaban desarrollando en la mencionada zona del casco urbano. En el primer caso amplió la edificabilidad de 57 a 82 casas; y en el segundo, de 36 a 61.
Los propietarios de la urbanización Paraíso II reaccionaron de inmediato contra las dos futuras edificaciones: primero por el negativo impacto visual (los bloques actúan de pantalla sobre sus casas) y, segundo, por vulnerar el planeamiento vigente y, según un informe pericial, la Ley de Costas.
Las denuncias de los afectados surtieron un efecto pasajero. El Consistorio abrió sendos expedientes por infracción urbanística el 17 de octubre de 2006 y paralizó las obras. En el caso del promotor de Miramar II el expediente se incoó por comenzar las obras sin licencia.
No obstante, el 17 de enero de 2007 el Consistorio atendió el recurso del empresario relativo a que tenía licencia por silencio administrativo y prosiguieron los trabajos. Este bloque fue terminado y habitado antes de entrar en vigor el actual planeamiento urbano, en mayo pasado. Mientras, el Consistorio revocó el expediente al promotor de Las Gaviotas el 1 de abril de 2007. El Ayuntamiento cedió al argumento del empresario de que era necesario continuar las obras para rematar los forjados de la estructura. Este bloque en la actualidad no está terminado, pero la obra alcanza ya la quinta planta.
El visto bueno del Ayuntamiento a las obras obligó a los afectados a recurrir a los tribunales y en 2008 presentaron dos demandas que instruye el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche.
En su recurso, los afectados adjuntan un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana que ratifica la nulidad de la licencia otorgada al promotor de Miramar II y un informe pericial de un ingeniero de caminos del Colegio de Cantabria. El técnico concluye que las dos nuevas urbanizaciones vulneran la Ley de Costas por constituir una pantalla visual a menos de 500 metros de la primera línea del mar. El juzgado todavía no ha emitido ninguna resolución.
El Ayuntamiento de Santa Pola, a través de la concejal de Urbanismo, Dolores Gadea, defiende la "legalidad" de las dos construcciones. "Las permutas estaban plenamente justificadas", señala. "Y el exceso de edificabilidad ya estaba previsto en el PGOU que estaba en trámite y, ahora, ya aprobado definitivamente", añade la edil popular.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 16/11/2009
Foto: Santa Pola (Alicante) - elportaldelosbarcos.es
Veinte años esperando la piqueta
ELCORREO/Bilbao* : Suena muy fuerte cuando oyes a algún vecino de El Peñascal decir que ojalá las inundaciones del 83 se hubiesen llevado -sin dramas personales, por supuesto- toda la infravivienda de Iturrigorri y Gardeazabal. Esta expresión de hartazgo tiene su explicación: un cuarto de siglo después de las riadas, las viviendas de estas zonas que se salvaron entonces siguen en pie, desafiando al tiempo, a los planes urbanísticos y a las normas de habitabilidad.
No sucumbieron al agua ni a los derribos posteriores, que echaron abajo casas afectadas de enclaves cercanos, entre ellas, todo el barrio de San Antonio. Así que, a día de hoy, los dos vecindarios, donde residen unas 70 familias, siguen ahí y se han convertido en uno de los últimos reductos de infravivienda de Bilbao.
«Casi todos los residentes son familias de etnia gitana. Queda poca gente del barrio de toda la vida. Más que nada algunas viudas sin recursos económicos para marcharse a otro sitio. Porque casi todos los que han podido se han ido», explica Pedro Castañares, presidente de la Asociación de Familias de Iturrigorri-Peñascal. «Como agrupación, llevamos quince años luchando para que se regenere la zona, pero la reivindicación viene de antes. Hubo un acuerdo con el anterior Gobierno vasco y yo les decía a los vecinos que me preguntaban por el tema que ya estaba el asunto 'amarrao'. Pero ahora, con el cambio de Ejecutivo, lo que les tengo que contar es que todo depende de que dejen una partida en los presupuestos. Si no lo hacen y tenemos que esperar otros cuatro años....». Castañares resopla. «La zona está fatal. Sin saneamiento y con graves problemas de accesibilidad -apunta mientras muestra unas empinadísimas escaleras-. Hay grietas imponentes, nadie sabe cómo está la cimentación, ni por dónde van las tuberías. Los bomberos no pueden acceder, es imposible meter el gas, el butanero y el cartero tampoco suben... No valen parches, esto tiene que desaparecer ya».
Según explica, quienes llevan en el barrio el suficiente tiempo recuerdan cómo en la década de los sesenta aparecieron muchas de esas viviendas de la noche a la mañana. Literalmente. «Las levantaron de noche, para que no les viese la Guardia Civil. Y, cuando les pillaban, les invitaban a un café y listo -asegura-. Eran otros tiempos».
Tras muchas reivindicaciones, en abril de este año, Javier Madrazo, el anterior consejero de Vivienda del Gobierno vasco, firmó en uno de sus últimos actos oficiales un convenio de intenciones para recuperar la zona con la construcción de pisos de promoción pública que permitan derribar la infravivienda y realojar a sus habitantes. Esta misma semana, responsables del Ayuntamiento y del Ejecutivo autonómico han abordado en una reunión la marcha del proyecto -cuya primera fase prevé la construcción de 30 pisos cerca de Iturrigorri y 45 en la ladera de Uretamendi- que no acaba de salir de una madeja interinstitucional de requisitos burocráticos.
«Les toca mover ficha»
Según explica Julia Madrazo, edil de Urbanismo del Consistorio, los trámites municipales para edificar los bloques de Uretamendi se han solventado ya en el pleno y el Gobierno vasco asegura que ya trabaja en el proyecto de urbanización. Y los otros 30 están pendientes de que la Comisión de Ordenación del Territorio, dependiente del Ejecutivo autonómico, dé el visto bueno a un informe de Urbanismo para la aprobación definitiva del Plan General. «Les toca mover ficha. No dudo de que lo vayan a hacer, pero tienen que meter caña y crear las viviendas previstas, si no el realojo no será pacífico», advierte Madrazo.
Portavoces del gabinete de Patxi López zanjan estos temores y aseguran que se mantienen los planes de sus antecesores en cuanto a número de pisos. Y, según recuerdan, terminadas las dos primeras promociones, se prevé la construcción de un inmueble con otras 85 viviendas en Gardeazabal. Aunque en la reunión de la pasada semana no se avanzaron fechas, fuentes cercanas al proyecto afirman que los primeros pisos podrían empezar a edificarse a principios de 2011.
* El Correo Digital - SOLANGE VÁZQUEZ | BILBAO - 16.11.09
Foto: Las casas están en malas condiciones. / M. ATRIO, elcorreodigital.com
La fiebre de la corrupción urbanística
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ELPAÍS/Cataluña* : El caso Pretoria ha destapado una trama con patas, por ahora, en Santa Coloma, Llavaneres y Badalona. No son los únicos casos en Cataluña. Desde el año 2000 la justicia ha destapado al menos 11 casos de corrupción de distintas envergadura, cerrados o aún investigándose, que tienen como protagonistas a alcaldes o ediles.
- Extorsión en el Eixample. Desde abril está pendiente de juicio la trama de corrupción en la que está acusado el inspector técnico de licencias del distrito del Eixample, en Barcelona, Eduard Cabestany, y siete personas más, que supuestamente cobraron a cambio de tramitar expedientes para legalizar locales comerciales. Las diligencias se iniciaron en 2004 y el Ayuntamiento ejerce de acusación particular. El fiscal solicita entre 8 y 21 meses de cárcel.
- Licencia del Store Café. La gerente del distrito de Gràcia, María Carmen Fernández, el consejero de distrito del PP Alberto Belón y el concejal del Ayuntamiento de Vallirana Antonio Penalba, también del PP, están imputados por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el caso Store Café. Según la querella, Penalba y Belón exigieron a la dueña 6.000 euros para agilizar la apertura. En fase de instrucción.
- Pagos en Santa Susanna. El alcalde de Santa Susanna (Maresme) Joan Campolier, de CiU, dimitió en 2007. La Audiencia de Barcelona le condenó a cuatro años de inhabilitación por prevaricación. Campolier, que gobernó con mayoría absoluta desde 1976, recurrió sin éxito al Constitucional. El ex alcalde encargó y pagó proyectos municipales al que era arquitecto municipal, al margen del sueldo de funcionario.
- Indemnización en Canet. El TSJC condenó en 2007 al Ayuntamiento de Canet a indemnizar con 60.000 euros al promotor Manuel Fernández por los perjuicios causados por la demora en los trámites para construir viviendas en Cal Rectoret. Fernández acabó vendiendo el terreno. El promotor denunció en 2004 por prevaricación y falsedad en documento público al alcalde Joaquim Mas (PSC) y los entonces concejales Ibis Puig (CiU) y Òscar Figuerola (ERC).
- Terres Cavades. El proyecto de construir en Terres Cavades (Tarragona) casi 5.000 pisos desató una tormenta política en 2004. El entonces concejal de Urbanismo, Ángel Fernández (CiU), votó a favor del plan ocultando que él y su hermano eran accionistas de una de las constructoras. Le costó el cargo. La Generalitat anuló la urbanización. En 2007 la Audiencia de Tarragona advirtió indicios de tráfico de influencias y sentó a los principales actores en el banquillo.
- Los Ferran de Salou. En 2006 la fiscalía investigó a Esteve Ferran Gombau, entonces edil de urbanismo de Salou e hijo del alcalde Esteve Ferran Ribera. El padre supuestamente consiguió plusvalías en 2004 por la venta de una finca comprada en 2000 que cambió de uso. Padre e hijo eran del partido Ferran Units per Salou y gobernaban con CiU que abandonó el gobierno cuando el alcalde mantuvo a su hijo en el cargo. Los Ferran esperan sentencia.
- Pelotazo en Querol. El juez imputó en 2008 en Querol (Alt Camp) al ex alcalde, el independiente Albert Carreño, al actual edil Miguel Uroz (PSC) y otras siete personas por el planeamiento urbanístico de L'Arboçar. La zona fue comprada por 70.000 euros a comienzos de esta década y revendida por 700.000 cuatro años después, tras la aprobación inicial de un Plan de Ordenación Urbana que preveía la construcción de 550 casas. Un segundo plan permitió hasta 1.400 pisos y el valor del suelo ascendió a 3,68 millones. Querol no llega a los 500 habitantes. El caso está pendiente de juicio. La Generalitat suspendió el plan urbanístico.
- El alcalde de Ginestar. El alcalde de Ginestar (1.098 habitantes, Ribera d'Ebre) Josep Bru (CDC) renunció a su cargo en 2007, cuando se hallaba en funciones tras perder la alcaldía a favor del PSC, en vísperas del juicio al que le llevó un empresario de la construcción que le denunció por corrupción. Bru, que acumuló mayorías absolutas desde 1987, fue grabado por unos detectives negociando con unos compradores de fincas a quienes aconsejaba cómo sortear los trámites para edificar en un solar agrícola. El ex alcalde fue expulsado del partido.
- Vilaller.
La fiscalía acusó en 2007 y 2008 por un presunto delito urbanístico y de tráfico de influencias al entonces alcalde, Josep Monsó, que concurrió por ERC, y a cinco concejales de Vilaller (700 habitantes, Alta Ribagorça) por autorizar en 2006 la construcción de 24 viviendas en una zona de equipamientos. El caso no está cerrado y la fiscalía ha extendido el cargo de prevaricación a otros tres ex ediles.
- Culebrón en la Vall de Ruda. El grupo ecologista Ipcena denunció en verano al ex alcalde de Naut Aran (342 habitantes, Val d'Aran) Víctor León por prevaricación al dar una licencia de obras en 2004 para la urbanización de 500 viviendas en la Vall de Ruda, en Baqueira Beret. El TSJC anuló en abril la urbanización por no ajustarse a la normativa. En octubre, la fiscalía archivó la causa contra León: no apreció indicios de delito, pero sí irregularidades administrativas.
- Almacelles. El alcalde de Almacelles (Segrià), Josep Ibarz (CiU), el secretario del Ayuntamiento y un policía local fueron imputados en septiembre por prevaricación y falsedad documental. La denuncia, presentada por una vecina, les acusa de falsificar un documento para multar una supuesta irregularidad urbanística.
- Palau-saverdera. El TSJC ratificó en primavera el derribo de la urbanización de lujo Sun Village, de Palau-saverdera (Alt Empordà), construida en un solar para equipamientos. A regañadientes, el Ayuntamiento, gobernado desde hace 30 años por Narcís Deusedas (CiU), se ha visto obligado a acatar la orden, que prevé que sean los 42 vecinos quienes costeen el derribo. Deben hacerlo antes del día 5 y piden 12 millones de indemnización al Consistorio, que podría verse obligado a ejecutar subsidiariamente los derribos.
* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 16/11/2009
Foto: Badalona (Barcelona), front marítim - elperiodico.com
Vigo: Medio millar de personas salen a la calle para reclamar "el fin de la destrucción de la ría"
FARODEVIGO* : "Es hora de respetar el medioambiente, el paisaje, el marisqueo, y la forma de vida de miles de personas". La marcha organizada por la red "A Ría non se vende" congregó ayer a medio millar de personas, según los datos de la Policía, para exigir "el fin de la destrucción del litoral". Grupos ecologistas y numerosos marineros y mariscadores recorrieron el centro desde Plaza de España hasta las inmediaciones de la sede de la Autoridad Portuaria, y leyeron un manifiesto en el que proclamaron que "llegó el momento de decir basta a los rellenos, los puertos deportivos y las macrodepuradoras".
La protesta provocó atascos durante una hora y media.
Los manifestantes reclaman el fin de las obras en los dos márgenes de la ría desde Baiona a Cangas. Entre otras se oponen a las ampliaciones de Areal, Bouzas y el muelle de trasatlánticos; la construcción de la macrodepuradora proyectada en el Lagares; y los puertos deportivos en la ETEA y Massó (Cangas); además de exigir la paralización de la construcción del silo para vehículos de Bouzas. Bajo el lema "Os recheos matan a Ría", y con cánticos como "Goberne quen goberne, a Ría non se vende", descendieron por el centro, en algunos momentos con una intensa lluvia, para terminar haciendo un alegato en defensa de la Ría. "Es uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo, fuente de vida y sustento para siempre. Están destruyendo un tesoro común de una forma irresponsable", explicó una de las lectoras del manifiesto.
Los participantes mostraron su satisfacción además por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el relleno de 300.000 metros cuadrados de Marín, y defienden que "es válida para Vigo y cualquier lugar". Ya han iniciado trámites para recurrir las ampliaciones previstas en el puerto en base al fallo judicial. Sus críticas se extendieron desde a la presidenta del Puerto, Corina Porro, a la que acusan de "creer que es dueña de la Ría", hasta el alcalde, Abel Caballero; los demás regidores de los municipios del litoral; y las empresas que proyectan obras a pie de mar. Por la noche se celebró un concierto solidario en un local de Churruca.
* Faro de Vigo - 15.11.09
Foto: Los manifestantes bajaron por Gran Vía hacia la sede de la Autoridad Portuaria. // Jesús de Arcos, farodevigo.es
El Defensor del Pueblo dice que los costes recaigan en los dueños de casas ilegales
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EUROPASUR/Cádiz* : Las consideraciones de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sobre las parcelaciones ilegales, a través de un informe presentado el pasado 10 de noviembre en el Parlamento de Andalucía, fueron contundentes a la hora de definirse sobre quién debería afrontar los costes de urbanización en cualquier proceso de regularización de viviendas.
Así, en ese informe se deja claro que los gastos deben soportarlos los propios beneficiarios de la parcelación "que, además, es frecuente que adquieran sus parcelas a un precio menor porque las parcelaciones ilegales no habían asumido las obligaciones que deben abordar los promotores privados, e incluso es probable que muchos participaran como promotores en la propia edificación de las viviendas, evitando unos costes muy diferentes de los que tendrían que asumir si hubieran realizado la construcción en una urbanización legal", dice literalmente.
Estas observaciones engloban a todo el conjunto de la Comunidad andaluza, aunque cabe precisar que a nivel provincial e incluso nacional, Chiclana es la población donde se ha puesto en marcha uno de los procesos más ambiciosos y controvertidos sobre la legalización de viviendas, ya que la aplicación de unas nuevas ordenanzas en este municipio afectarán a 10.500 parcelaciones.
El reseñado informe del Defensor del Pueblo incide en la idea de que son los propios vecinos los que tienen que enfrentarse a los pagos de urbanización, al considerar esta institución que los propietarios de esas viviendas serían los beneficiarios, sin que el Ayuntamiento tenga que desembolsar importe alguno. En este sentido, destaca que "a la hora de abordar esa regularización y sin perjuicio de la cooperación pública a la hora de redactar proyectos técnicos, asesoramiento, mediación ante los residentes, etc., se evite que los costes de la regularización de las parcelaciones ilegales se trasladen a las arcas municipales, debiéndola afrontar los promotores y los residentes en ellas".
Este punto de vista se ve reforzado al entender la institución que se cometería un agravio comparativo con aquellos vecinos que aportaron sus correspondientes pagos en conceptos de licencias y otras exigencias administrativas cuando construyeron o adquirieron sus viviendas de manera legal. Es por ello que en el documento se hace hincapié en el concepto de que "el resto del vecindario no tiene por qué asumir los costes de regularización, por vía indirecta con cargo a sus impuestos, o dejando de recibir servicios de calidad que no se podrían atender por destinar recursos públicos a aquella finalidad".
Según el Defensor otra de las causas que tal vez esté presente en los referidos procesos de urbanización es la relativa a la "escasa cultura urbanística existente en la población, donde el Urbanismo y las consecuencias de la regulación no se han asumido por los ciudadanos como una garantía de calidad de vida, de bienestar a medio y corto plazo, sino como una injerencia en su patrimonio. Y es que la función social de la propiedad no ha sido asumida por muchos ciudadanos como límite y condicionamiento de su utilización". En esa línea, cree que no resulta extraño que algunos ayuntamientos "hayan propuesto que se realicen campañas de información para hacer comprender el significado del concepto de función social de la propiedad", indica.
Chiclana no es el único municipio que se enfrenta a un proceso de regularización de viviendas, sino que también se aplicará en otros de la provincia, como, por ejemplo, puede ser el caso de El Palmar (Vejer). Esta medida acarrea polémica, impopularidad y disputas entre los ayuntamientos y los vecinos afectados. Sin embargo, el Defensor del Pueblo se inclina por la regularización "siempre que las circunstancias lo permitan y lo aconsejen, porque estamos convencidos de que la clandestinidad y, en general, la ilegalidad o la simple irregularidad, cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrolla, si no es afrontada termina por generar graves problemas".
* Europa Sur - F. M. / Chiclana - 15.11.09
Foto: Chiclana (Cádiz), zona diseminados - lavozdigital.es
Las medidas anticorrupción se quedan en el papel
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PÚBLICO* : No basta con tomar medidas si luego no se llevan a la práctica. La primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero ha sida la más prolífica de la democracia en medidas contra la corrupción pero, como subrayan unánimemente los expertos en derecho consultados por Público, también han resultado ser (con muy pocos matices) absolutamente ineficaces.
Entre las más destacadas se cuentan la modificación de la ley de financiación de los partidos políticos, la nueva regulación de los contratos del sector público, la reforma de la Ley del Suelo, las creación de secciones de medio ambiente y urbanismo en todas las fiscalías, la aprobación del Código del Buen Gobierno, la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, o el Estatuto Básico del Empleado Público.
Manuel Villoria, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité de dirección de la sección española de Transparencia Internacional (TI), destaca en la lista de actuaciones positivas la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención de la OCDE contra el soborno a funcionarios extranjeros en transacciones internacionales, así como la firma (pendiente de ratificación) de la Convención Penal contra la Corrupción del Consejo de Europa. Pero "el problema es que estas convenciones y las normas españolas deben implementarse para que sirvan para algo y muchas de ellas no se implantan adecuadamente. Parece como si una vez aprobada la norma ya todo se olvidara", lamenta Villoria. Y "la norma hay que desarrollarla, cumplirla, ejecutarla".
Sin informe anual
Un buen ejemplo, razona, es el Código de Buen Gobierno, que "no lo conocen ni los ministros, ni los altos cargos", del que nunca "se ha redactado el informe anual" estipulado y para el que no existe ningún órgano independiente encargado de vigilar su cumplimiento.
Algo parecido pasa con la reforma de la Ley del Suelo que introdujo la exigencia de dar publicidad a los registros de patrimonio e intereses de los alcaldes y concejales. "No llega al 10% el número de ayuntamientos donde eso se ha hecho", denuncia. "Sí ha mejorado", admite Villoria, "el trabajo de la Guardia Civil, de la Unidad de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía o de la Fiscalía, pero estas instituciones trabajan ya cuando el mal se ha producido".
Lo que mejor ha funcionando es el refuerzo de la investigación
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Rafael Bustos coincide con esta opinión ("lo que mejor está funcionando es el reforzamiento de las unidades especializadas de represión de la corrupción", asegura) pero Jorge F. Malem, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, echa en falta más medios materiales y humanos al servicio de la fiscalía anticorrupción y de los distintos organismos policiales encargados de luchar contra "la delincuencia político-económica".
Sin comparación
Entre lo que no está funcionando Bustos incluye también el Código de Buen Gobierno. "Si lo comparamos con otros códigos parecidos, por ejemplo el del gobierno británico, resulta un poco ridículo". Y "la nueva ley de financiación de los partidos, sinceramente, me parece que no cambia los aspectos esenciales y problemáticos de la financiación".
El profesor salmantino es más benévolo a la hora de juzgar la Ley del Suelo. "Lo cierto es que la gestión del urbanismo es tan compleja que sólo la ley no puede evitar la aparición de fenómenos de corrupción", expone. Y es que, como señala Francisco Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, las medidas adoptadas no atajan las verdaderas causas del problema: un modelo de crecimiento económico basado en "el todo vale de la construcción, que exige negocios rápidos y connivencias múltiples para maximizar el beneficio en el menor tiempo posible", y unos partidos políticos que insisten en hacer listas electorales sin atender al interés público y en jugar a la falta de transparencia.
En parecidos términos se expresa el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada Rafael Vázquez, según el cual los fallos en la puesta en marcha de muchas medidas anticorrupción son consecuencia de que la cultura política de los ciudadanos "se acerca mucho más a los parámetros de la cultura de súbdito (aquel que asume y hasta legitima cualquier actuación de los poderes públicos) y cultura política parroquial (propia de los individuos preocupados por el entorno privado más inmediato) que a una verdadera cultura cívica, el modelo ideal de ciudadano respetuoso con los valores democráticos".
Un problema al que hay que sumar, añade, "la tradicional forma de hacer política y de gestionar cualquier asunto público", que "se ha venido basando en la maximización del beneficio propio a cualquier precio". Es "la cultura del pelotazo, que ya existía en el franquismo y que ha seguido desarrollándose", explica.
Entre los fallos de las medidas anticorrupción Vázquez, como muchos de los expertos consultados, destaca el escaso éxito cosechado por la reforma de la Ley del Suelo. Puesto que la gestión urbanística corresponde por lo general a los ámbitos municipales, donde menor control ha existido hasta el momento, los gobiernos autonómicos "aún no han sido capaces de atajar los excesos urbanísticos existentes", muchas veces por imposibilidad normativa de actuación y en otras ocasiones por connivencia con los propios consistorios municipales, asegura.
La complejidad urbanística
En opinión de Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, en España "conviven problemas de naturaleza normativa (una regulación deficiente que introduce incentivos para la corrupción) con problemas de aplicación efectiva de las normas". A veces se regula "más o menos bien un tema (por ejemplo las incompatibilidades), pero fallan los mecanismos para que tales normas se apliquen en la práctica y se sancionen adecuadamente los incumplimientos". En su opinión, "quizás el campo que tenga una mejor regulación es el de la contratación pública, pero tiene una aplicación ciertamente mejorable: habría que mejorar la transparencia de las adjudicaciones y la aplicación de sanciones a las desviaciones".
La ley de financiación de los partidos, que debería ser la clave de bóveda de la lucha contra la corrupción, ha seguido siendo un coladero incapaz de cortar el flujo irregular de fondos del sector privado hacia las arcas de las organizaciones políticas. Aunque Enrique García Viñuela, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, se distancia de las críticas a la nueva ley de financiación de los partidos polítcios. "No sabemos cómo está funcionando en la práctica debido a que no disponemos de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las contabilidades de los partidos. La ley entró en vigor en enero de 2008 y el último informe publicado por el Tribunal de Cuentas corresponde al año 2005. Por tanto, desconocemos si los partidos están aplicando la nueva ley o si van a ser sancionados por las infracciones que cometan. Mientras estuvo en vigor la ley de financiación de los partidos anterior, la de 1987, no se hizo ninguna de ambas cosas", asegura.
* Público - FERNANDO VARELA - MADRID - 15/11/2009
Foto: Funcionarios policiales registran las dependencias del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, centro de la última gran operación contra la corrupción. - EFE
Quinientos vecinos protestan contra el centro de residuos de Alcazarén
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ELNORTE/Valladolid* : Medio millar de personas se manifestaron ayer por las calles de la capital en contra del proyecto del Centro de Transferencia de Residuos que se pretende instalar en Alcazarén (726 habitantes). Entre pitos y al grito de 'Alcazarén unido jamás será vencido' y 'Tengo un burro muy inteligente que no se parece nada a los de Medio Ambiente', los asistentes, muchos de ellos ataviados con mascarillas y batas blancas, llevaron un burro con una pancarta que rezaba: 'Soy técnico de Medio Ambiente'.
La pancarta que encabezó la protesta, con el lema 'Alcazarén por una comarca limpia. Residuos tóxicos y peligrosos no', era portada por vecinos de pueblos de la comarca como Cogeces, Megeces, Hornillos, Mojados, Olmedo, Íscar, Pedrajas y Matapozuelos. Junto a la cabecera unos niños llevaban otro cartel en el que se podía leer: 'Comisión de Urbanismo. Nuestro futuro depende de vosotros'.
Con más de una hora de retraso sobre el horario previsto -los asistentes fueron llegando en distintos autobuses-, la marcha partió de la plaza de Zorrilla para recorrer la calle Santiago y llegar a la Plaza Mayor, donde un vecino de Alcazarén, Justino Yastas, leyó un manifiesto en el que advirtió de que aún no han leído ni un sólo informe sobre los riesgos de la futura planta.
El regidor del municipio, Alfonso García, criticó que los políticos «no hagan ni caso» a los vecinos que se manifiestan para evitar posibles problemas de salud y les acusó de interesarse por los vecinos tan sólo en época electoral. «Eso me duele muchísimo», dijo.
«Prefieren ponerse a favor de intereses de empresas privadas que de los vecinos», destacó el regidor, quien vaticinó que la Comisión de Urbanismo, tras la licencia concedida por Medio Ambiente, dictaminará en favor del proyecto, informa Europa Press.
Sobre un acuífero
Tras reiterar que el centro se ubicaría junto a la carretera, sobre un acuífero, en medio de dos empresas agroalimentarias y a 800 metros del casco urbano, García acusó a la Junta de decir «verdades maliciosas», ya que, aunque la decisión final tendrá que tomarla el Consistorio, cuando éste deniegue el permiso, la empresa acudirá a los tribunales.
«Que se mentalicen de que abren la puerta a que decida un juez cuando ellos lo podrían parar», criticó el regidor antes de calificar de «irónica» la postura de la Junta, a la que pidió que «no engañe a la gente».
«No vamos a dejar nunca que nos lo coloquen», defendió Alfonso García antes de calificar el proyecto de «barbaridad», apostar por que el pueblo decida sobre las empresas que quiere que se asienten allí, pedir que les dejen «vivir en paz» y reclamar información sobre las consecuencias en caso de un accidente en el centro.
* El Norte de Castilla - 15.11.09
Foto: Los vecinos de Alcazarén llevaron a la protesta un burro con una pancarta. / RICARDO OTAZO, nortecastilla.es
Cómo garantizar el derecho a la vivienda
RAFAEL PLA LÓPEZ* : Para garantizar el derecho a la vivienda en el Estado Español desde un marco de viviendas vacías e hipotecas fallidas se plantea en primer lugar estimar el coste asumible por cada persona en función de sus ingresos, en segundo lugar resolver los impagos de hipotecas evitando desahucios y inmovilización de viviendas y en tercer lugar articular un parque público de viviendas en alquiler de gestión pública. Para ello es necesario establecer un salario social que garantice unos ingresos mínimos y asegurar su financiación pública, contemplándose un impuesto adicional sobre los ingresos elevados que puede suponer un tope superior variable de los ingresos netos.
Introducción
La conjunción de miles de personas sin hogar y miles de viviendas vacías a fecha de hoy, en mayo de 2009, revela una clara ineficiencia del sistema de gestión de viviendas en el Estado Español, que por un lado genera insatisfacción de necesidades sociales, y por otro lado inmovilización de activos inmobiliarios con consecuencias negativas para la actividad económica del país.
Señalemos que de acuerdo con el artículo 47 de la vigente Constitución Española "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho". En lo que sigue se plantean una serie de criterios para el cumplimiento de esta norma constitucional.
Señalemos no obstante que lo que se expone es un modelo matemático genérico, cuya aplicación debería hacerse a partir de los datos de que los mismos poderes públicos pueden disponer. Cuando se planteen concreciones numéricas será únicamente a guisa de ejemplo.
Por otra parte, dado que los procesos sociales están sistémicamente inter-relacionados, para conseguir el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda se hace imprescindible abordar otras cuestiones, como la garantía de unos ingresos mínimos y la fiscalidad.
El coste asumible de la vivienda
En ocasiones se plantea limitar tanto el eventual pago de un alquiler como el de las cuotas de una hipoteca por un porcentaje de los ingresos. Pero ello no parece razonable, dado que alguien con ingresos suficientemente elevados podría optar por dedicar una parte mayor de los mismos a sufragar una vivienda de mayor valor, siempre que con la parte restante pueda subvenir al pago de sus demás necesidades. Será por tanto preferible determinar el máximo dedicable a sufragar la vivienda con un criterio sustractivo y no de proporcionalidad.
Así, si tenemos
1. = ingresos netos
2. = coste mínimo de la satisfacción de las necesidades independientes de la vivienda
3. = proporción estimada del coste de la vivienda para sufragar gastos de mantenimiento y uso de la misma (luz, agua, limpieza, etc.)
entonces, si se dedica una cantidad D' a sufragar la vivienda, D'+D'·C=D'·(1+C) no podrá ser mayor que A-B, y por tanto la cantidad máxima que podrá dedicarse a sufragar la vivienda, bien por el pago de un alquiler, bien por el pago de una cuota hipotecaria, será
4. = (A-B)/(1+C)
Señalemos que ese tipo de cálculo lo realiza normalmente un banco solvente previamente a la concesión de un crédito, y los poderes públicos para estimar el coste de la vida en que se habría de basar la fijación del salario mínimo interprofesional. Señalemos también que el coste mínimo D de necesidades será menor si los poderes públicos aseguran la gratuidad de servicios públicos como la sanidad y la educación.
Así por ejemplo, si se estimara mensualmente B=600€ y C=1/3, alguien cuyos ingresos netos fueran de 1000€ podría dedicar al pago de la vivienda
D = (1000-600)/(1+1/3) = 400/(4/3) = 300€
Por tanto, con un salario mínimo interprofesional neto de 1000€ al mes los poderes públicos deberían garantizar la existencia en número suficiente de viviendas en alquiler con un precio no superior a 300€ . Si por el contrario el salario mínimo interprofesional neto es de 800€ deberían garantizarse viviendas con un alquiler mensual no superior a
D = (800-600)/(1+1/3) = 200·3/4 = 150€
Naturalmente, los cálculos hacen referencia al coste asumible por una persona. En caso de que una vivienda fuera compartida por un determinado número de personas, deberíamos multiplicar por dicho número el valor de D correspondiente a los ingresos netos medios de las mismas. Así, dos personas con un ingreso neto medio de 800€ podrían compartir una vivienda con coste de 300€ mensuales.
En todo caso, los poderes públicos habrían de optar o bien por aumentar los ingresos mínimos (correspondientes al salario mínimo interprofesional, las pensiones mínimas o un salario social) o bien por garantizar viviendas de un coste inferior. Ambas políticas serían compatibles con el modelo aquí expuesto.
Evitar los desahucios
Evitar los deshaucios por impago de hipotecas debe ser una prioridad, dado que dichos deshaucios agravan por partida doble el problema de la vivienda, generando por una parte más personas sin hogar y cargando por otra parte a los bancos con viviendas que tienen muy difícil rentabilizar.
En las actuales circunstancias no parece razonable pretender una solución en la que todos ganen, por lo que deberíamos conformarnos con una solución que minimice las pérdidas de las distintas partes.
Para ello habría que regular debidamente las condiciones en que puede darse la ejecución de las hipotecas fallidas, y en segundo lugar dar a los bancos la opción de optar entre dicha ejecución o renegociar el pago de las mismas.
En primer lugar, habría que establecer que la ejecución de una hipoteca cancele la deuda correspondiente. Si de alguna manera el establecimiento de una hipoteca supone una apuesta por ambas partes, quien la solicita y quien la concede, si las circunstancias económicas de los hipotecados les impiden seguir pagando las cuotas y la desvalorización de la vivienda lleva a que su valor tasado sea inferior a la deuda pendiente, la ejecución de la hipoteca debe implicar que ambas parten pierdan: el hipotecado la propiedad de la vivienda, y el prestatario el resto de la deuda. Por otra parte, si se trata del domicilio habitual y no de una segunda vivienda, habría que garantizar que el hipotecado pueda seguir ocupándolo durante un período de tiempo adecuado (por ejemplo, de un año) desde la ejecución de la hipoteca hasta que los poderes públicos puedan proporcionarle en su caso una vivienda alternativa. Durante ese período, el hipotecado debería pagar un alquiler igual al coste asumible D de la vivienda en función de sus ingresos.
En caso de que el banco o entidad prestataria quisiera evitar dichas condiciones para la ejecución de la hipoteca, debería renegociarla a su costa, con una cuota no superior al coste asumible D de la vivienda en función de los ingresos de los hipotecados, hasta la cancelación de la misma. En caso de que una ulterior disminución de los ingresos de los hipotecados hiciera también inasumible dicha cuota, la entidad prestataria podría optar de nuevo entre la ejecución de la hipoteca en las condiciones anteriormente indicadas o una nueva renegociación adaptando de nuevo la cuota al coste asumible D en función de los nuevos ingresos.
Al mismo tiempo, para las futuras hipotecas habría que regular sus condiciones para evitar que devengan en fallidas. Se han hecho propuestas de limitar las cuotas por un porcentaje fijo de los ingresos y fijar también de modo general un período de tiempo máximo para su amortización. Pero ello no parece razonable por los mismos motivos aducidos en relación al coste asumible de la vivienda. Se trataría, por el contrario, de establecer que la cuota no fuera superior a dicho coste asumible D en función de los ingresos de los hipotecados, práctica por otra parte normal en bancos solventes que no concedan hipotecas "subprime" o basura. Por lo que se refiere al tiempo de amortización, parece razonable que éste no supere el tiempo pendiente hasta la edad de jubilación obligatoria, a no ser que se garantice que las pensiones de jubilación no sean inferiores a los ingresos previamente percibidos, en cuyo caso la referencia podría ser la esperanza de vida. En todo caso, habría que establecer que la defunción conllevara la anulación de la deuda pendiente, salvo en caso de suicidio doloso, que la causa de la muerte conllevara una indemnización que permitiera el pago de la misma, o la existencia de otras propiedades cuyo valor pudiera compensarla.
Asimismo, y para que las proyecciones fueran fiables, habría que establecer que el interés con el que se calcula el tiempo de amortización de una hipoteca no pudiera sufrir un incremento superior al del coste de la vida.
Es claro que esta regulación dificultaría en determinados casos la concesión de hipotecas para acceder a la propiedad de una vivienda, por lo que debería acompañarse de una actuación de los poderes públicos para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler.
Alquilar bajo gestión pública
Se han hecho propuestas para la adquisición con fondos públicos de las viviendas invendibles. Pero no parece razonable incrementar el déficit público para garantizar beneficios a quienes impulsando la burbuja inmobiliaria han obtenido beneficios desmesurados y sido detonantes de la crisis. Otra opción es que los poderes públicos asuman la gestión de dichas viviendas, sin alteración de su propiedad, poniéndolas en alquiler a precios asequibles y entregando a sus propietarios el importe del alquiler (descontando, en su caso, gastos de gestión). Ello permitiría por un lado atender a las necesidades sociales de vivienda y por otro lado proporcionar a las empresas inmobiliarias, o en su caso a las entidades bancarias propietarias de las viviendas, unos ingresos que faciliten su actividad, respectivamente inmobiliaria o financiera, aunque dichos ingresos sean inferiores a sus expectativas previas en el contexto del boom inmobiliario. Y todo ello sin coste para el erario público.
En caso de que se optara por la expropiación de viviendas para pasarlas a propiedad pública, su indemnización debería abonarse también con el importe obtenido de su alquiler, hasta cubrir su valor tasado en el momento de la expropiación.
En todo caso, debería regularse la intervención pública forzosa de las viviendas que hubieran permanecido deshabitadas durante un año, excluyendo así las que tuvieran una ocupación estacional, bien como segunda residencia de sus propietarios, bien en alquiler durante períodos de vacaciones.
En el caso de viviendas transferidas a entidades bancarias por ejecución de hipoteca, dichas entidades podrían optar por solicitar la intervención pública una vez transcurrido una vez transcurrido el período adicional garantizado de ocupación por el hipotecado. En caso contrario, pasarían a intervención forzosa al año de estar deshabitadas. Naturalmente, en caso de prorrogarse el alquiler al anterior hipotecado no procedería la intervención.
El alquiler de las viviendas bajo gestión pública debería regularse de forma precisa.
En primer lugar, deberían catalogarse dichas viviendas en una escala de alquileres.
En segundo lugar, debería calcularse el coste asumible F del alquiler de una vivienda por quienes tuvieran un puesto de trabajo predeterminado, que sería su coste asumible D de vivienda menos
5. = coste estimado del transporte mensual entre la vivienda y el puesto de trabajo
6. = D - E
En ausencia de un puesto de trabajo predeterminado sería E=0, y por tanto F=D . En todo caso, únicamente podría optarse al alquiler de una vivienda en caso de que el importe del mismo no fuera superior al del coste asumible F del alquiler en función de los ingresos y en su caso el puesto de trabajo.
En tercer lugar, tendría preferencia en su caso el anterior hipotecado que estuviera ocupando la vivienda, siempre que su alquiler catalogado no fuera superior a su coste asumible F del alquiler. En tal caso, se estipularía el alquiler por una cantidad igual a dicho coste F. Ahora bien, si el alquiler catalogado fuera inferior, tendría opción a la recompra de la vivienda, recuperando su propiedad sin cargos en el momento en amortizara el resto de su valor, tasado en el momento en que adopte dicha opción, con una tasa de interés igual al incremento del coste de la vida, con el fin de que la entidad bancaria propietaria de la vivienda, aunque no se lucre por ella, no tenga nuevas pérdidas por la misma.
En su defecto, y entre quienes pudieran optar a ella, tendrían preferencia para el alquiler de una vivienda aquéllos cuyo coste estimado D de vivienda estuviera dentro de una franja inferior de la escala de alquileres, dado que quienes tuvieran ingresos superiores podrían tener la posibilidad de optar a una vivienda con un alquiler superior. Y dentro de la misma franja, deberían tener preferencia quienes tuvieran un menor coste estimado E de transporte entre dicha vivienda y su eventual puesto de trabajo, a fin de minimizar los costes globales de transporte con sus consiguientes efectos nocivos para el medio ambiente.
En cuarto lugar, y para garantizar que todo solicitante sin hogar pueda acceder a una vivienda en tanto haya viviendas disponibles, el sistema debe funcionar a medio plazo a modo de una subasta inversa, como corresponde a un mercado bien regulado en el que los precios bajan cuando la oferta excede de la demanda solvente. Así, si hubiera solicitantes que no pudieran optar a ninguna vivienda con un alquiler no superior a su coste asumible F del alquiler de la misma, se procedería a rebajar la catalogación de tantas viviendas como fuera necesario, escogiéndolas de modo que se hiciera mínimo el coste estimado E de transporte entre las viviendas en cuestión y los eventuales puestos de trabajo predeterminados de dichos solicitantes, es decir, de modo que su ubicación fuera próxima al correspondiente puesto de trabajo, minimizando así los costes globales de transporte.
Señalemos que, en tanto que los solicitantes sin un puesto de trabajo predeterminado tendrían un coste estimado de transporte E=0, podrían optar a cualquier vivienda cuyo alquiler no fuera superior al coste estimado D de vivienda de dichos solicitantes. Por tanto, solamente sería necesario rebajar la catalogación de viviendas para ellos cuando se hubieran agotado todas las viviendas de catalogación inferior. En tal caso no se podría recurrir al coste estimado E de transporte para escogerlas, y deberían utilizarse otros criterios, como el arraigo familiar o las tareas socialmente necesarias que pudieran realizar en una zona determinada.
Garantizar unos ingresos mínimos
Para que todo lo anterior sea viable es necesario garantizar unos ingresos mínimos. En caso contrario, si los ingresos mínimos fueran A=0, incluso en el caso de que se subviniera públicamente a cubrir las necesidades independientes de la vivienda (y por tanto B=0), la cantidad que podría dedicarse a sufragar la vivienda sería D=0, es decir, habría que garantizar la gratuidad de la vivienda para quienes no tuvieran ingresos. Esta es también una opción posible, pero que no resulta compatible con el modelo aquí propuesto de alquiler bajo gestión pública con un efecto reactivador de la economía.
La opción alternativa es que los poderes públicos garanticen unos ingresos mínimos que permitan subvenir a las necesidades, incluyendo el pago de la vivienda. Tal como se explicaba en el coste asumible de la vivienda, el establecimiento de dichos ingresos mínimos condiciona el alquiler mínimo de las viviendas (por ejemplo, 300€ de alquiler con unos ingresos mínimos de 1000€, o 150€ de alquiler con unos ingresos mínimos de 800€).
La propuesta sería establecer un
G. = salario social
para quien no tuviera otros ingresos, en principio equiparable al salario mínimo interprofesional neto. Dicho salario social no tendría un carácter de "beneficiencia", sino que estaría sujeto a la contraprestación de la realización de actividades de interés comunitario o de formación para la adquisición de capacidades profesionales socialmente necesarias. El conjunto de dichas actividades supondría un tiempo de dedicación equivalente al de la jornada laboral máxima ordinaria legalmente regulada (por ejemplo, de 35 horas a la semana). El coste del alquiler se establecería en
H. = (G-B)/(1+C)
Recordemos que es este caso se estimaría un coste de transporte E=0, en tanto que se asegure la proximidad de las actividades a realizar y la ubicación de la vivienda concedida. El coste H del alquiler podría abonarse directamente por los poderes públicos a la entidad propietaria de la vivienda, previniendo así posibles impagos del mismo, de modo que la cantidad entregada en metálico sería
I. = G-H
Alternativamente, y de forma subsidiaria en caso de impago de las mismas, podría establecerse también el pago directo de las necesidades vinculadas a la vivienda (luz, agua...) para evitar la interrupción de su suministro, en cuyo caso la cantidad entregada en metálico sería
I. = G-H(1+C) = B
Naturalmente, en caso de incumplimiento de las actividades de contraprestación del salario social, se dejaría de abonar éste, y en su caso se procedería al desahucio de la vivienda concedida (a menos, naturalmente, que el abandono de dichas actividades se produjera por la incorporación a un puesto de trabajo en el mercado laboral). En este caso, la satisfacción de las necesidades de alojamiento, como las de manutención u otras, se situaría en el marco de la beneficiencia o del sistema sanitario en caso de incapacidad psicológica de trabajar o estudiar, en albergues, residencias o centros hospitalarios en condiciones estrictamente controladas. Ésta, naturalmente, es una situación indeseable a la que habría que recurrir únicamente en última instancia para la preservación de la vida. El sistema de contraprestaciones vinculadas al salario social debe permitir que, salvo casos patológicos, todo el mundo pueda realizar actividades socialmente útiles, adaptando éstas a las capacidades de cada persona o alternativamente proporcionando una formación adecuada.
Debe entenderse que el sistema de salario social correspondería a personas en edad laboral, en tanto que complementariamente habría que asegurar una pensión mínima por una cantidad equivalente a las personas en edad de jubilación.
La financiación pública del salario social
Señalemos que en el modelo propuesto para garantizar el derecho a la vivienda el único gasto público directo es el correspondiente al abono del salario social, dado que en éste se incluye el coste del alquiler. Suponiendo
J. = número de personas perceptoras del salario social
el gasto público necesario será
K. = J·G
Por ejemplo, si (tal como se estima actualmente) hay un millón de personas en España sin ninguna fuente de ingresos, y se fijara el salario social en G=1000€ mensuales, el gasto público necesario sería de K=1000 millones de euros mensuales.
Si se opta por impulsar un fuerte sector público productivo, dicho gasto público, junto a otros gastos sociales, podría financiarse con los beneficios de dicho sector público. Para ello no bastaría con nacionalizar sectores estratégicos como la energía o las comunicaciones, no tanto para obtener beneficios como para garantizar su suministro a precios asequibles a la ciudadanía y a las empresas, sino que se requeriría hacer descansar en buena medida los presupuestos del Estado sobre los beneficios de las empresas públicas, más que sobre los impuestos, siguiendo así una vía socialista como la de Venezuela, donde se utilizan los beneficios del petróleo para financiar gastos sociales.
Si por el contrario se opta por mantenerse, aunque sea temporalmente, en el marco de un sistema económico capitalista, los gastos sociales deberán financiarse mediante impuestos. Y para cubrir el gasto correspondiente al salario social podría establecerse un impuesto especial fuertemente progresivo a las personas con ingresos elevados. Para ello habría que sumar todos los ingresos de cada persona, y añadir un porcentaje (calculado por ejemplo a partir del Euríbor) de su patrimonio inactivo, es decir aquél que no genera renta directamente pero supone una acumulación de anteriores ingresos.
A tal efecto habría que decidir la cantidad
L.= ingreso mínimo a partir del cual aplicar el impuesto adicional
de modo que, siendo
M. = ingreso neto después de deducir los otros impuestos
se calcularía
N. = (M-L)/L
fijándose una cuota diferencial
P. = (exp(N)-Q)/(exp(N)+Q)
de modo que con
R(N). = integral de P desde 0 a N = 2·ln((exp(N)+Q)/(1+Q)) - N
(que naturalmente vale cero si N=0, es decir, si M=L) el monto del impuesto adicional fuera
S(M).= R·L
De este modo, el ingreso neto resultante sería
T(M). = M-S = L·[1+2·ln((1+Q)·exp(N)/(exp(N)+Q))]
representa gráficamente el cálculo del impuesto adicional en el caso particular de Q=1 y L=renta media (estos valores no estaban pensados para este problema, sino para la devolución de un préstamo-renta), de modo que el área más oscura correspondería al valor de R(N) con N=3 (para M=4L), y el área más clara al ingreso neto relativo, T/L.
El parámetro Q deberá fijarse de modo que la recaudación total cubriera el gasto público total K necesario para pagar el salario social.
De este modo, si la distribución de los ingresos M viene dada por una función
U(M). = número de personas con ingresos M
deberá cumplirse
K = sumatorio de U(M)·S(M) desde L a infinito
Supongamos, por ejemplo, que tomamos L=5000€ mensuales y que la distribución de los ingresos M superiores L, calculados por tramos de un euro, es U(M)=1'5·1013/M3 , lo que supondría un número total de 300000 personas con ingresos M superiores a L (para hacer los cálculos podemos aproximar el sumatorio por la integral, de modo que obtendríamos 300000 al integrar U(M) entre 5000 e infinito). De modo que, suponiendo K=109=1000 millones de euros, debería cumplirse que la integral de
U(M)·S(M) = U(M)·L·R(N) = U(M)·L·R((M-L)/L) = U(M)·L·[2·ln((exp((M-L)/L)+Q)/(1+Q)) - (M-L)/L] =
= 1'5·1013/M3·5000·[2·ln((exp((M-5000)/5000)+Q)/(1+Q)) - (M-5000)/5000] entre 5000 e infinito valga 109.
A través de un proceso iterativo podemos encontrar que ello ocurre cuando Q=0'56831, a lo que correspondería un impuesto adicional
S(M) = 100000·ln((exp((M-5000)/5000)+0'56831)/1'56831) - M - 5000
y el ingreso neto resultante sería
T(M) = 5000·[1+2·ln(1'56831·exp(N)/(exp(N)+0'56831)] con N=(M-5000)/5000
En estas condiciones el ingreso neto resultante máximo mensual sería
V. = lim (M tiende a infinito) T(M) = 5000·[1+2·ln(1'56831)] = 9500€
En general, sería
T(M) < v =" L·[1+2·ln(1+Q)]" q="0," v="L,">1 el impuesto adicional sólo se aplicaría a quienes tuvieran un ingreso neto después de deducir los otros impuestos mayor que
W. = L·(1+2·ln(Q))
dado que para ingresos M comprendidos entre L y W daría S(M)<0 k =" sumatorio" q="1," g="1000€," l="5000€" k="1000·J">
* FUENTE:http://www.uv.es/pla/models/derevivi.htm
* Rafael Pla López Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de València
