La Policía Autonómica interviene el Ayuntamiento de Arboleas por orden judicial

ELALMERÍA* : La Policía Autonómica están interviniendo por orden judicial el Ayuntamiento de Arboleas (Almería) desde primera hora de la mañana de hoy, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación, que precisaron que agentes de paisano se encuentran en el interior del Consistorio gobernado por el PSOE solicitando documentación oficial relacionada con la concesión de licencias urbanísticas.

La operación, que se inició pasadas las 10,00 horas en presencia de un funcionario del juzgado de Huércal-Overa que instruye las diligencias y por agentes vestidos de paisano, se centra en la persona del ex secretario municipal, Fernando García, que se encuentra retenido en su despacho, que está siendo registrado mientras que el resto de dependencias del Ayuntamiento funcionan a pleno rendimiento y con normalidad.

Así lo reveló a Europa Press el alcalde, Ángel Jesús García, quien informó de que García fue cesado en las funciones que venía ejerciendo desde el año 2000 el pasado mes de julio en virtud de una de las primeras decisiones "que adopte --explicó-- al llegar a la Alcadía de Arboleas" tras el fallecimiento en enero del anterior regidor, Francisco Pérez Miras.

El primer edil aseguró, en esta línea, que los agentes de la Policía Autonómica le han informado de una orden judicial de registro para el despacho del ahora técnico de la Administración General y de la necesidad de intervenir una documentación oficial que se refiere "a los primeros años de su gestión como secretario municipal, pero no en periodos recientes".

Permisos de obras "conformes a la norma"

Si bien declinó precisar si la citada documentación está relacionada con la concesión de licencias urbanística presuntamente fuera de ordenación, defendió que los permisos de obra concedidos "siempre han sido conformes a las Normas Subsidiarias (NNSS) que operaban en el municipio", al tiempo que resaltó la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

García, quien asumió la Alcaldía el 30 de enero tras seis años como concejal en el equipo de Gobierno, afirmó sentirse "sorprendido" por la presencia de la Policía Autonómica en el Consistorio de Arboleas que --ahondó-- "nos ha pillado un poco a contrapié", aunque resaltó la "discreción" del operativo que le ha permitido continuar "con la agenda de visitas a obras y reuniones que tenía previsto para esta jornada".






* El Almería - E.P. - 16.11.09
Foto: Arboleas (Almería), ayuntamiento - ideal.es

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Una sentencia del TSJA anula la aprobación del plan general de La Viñuela

SUR/Málaga* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justifica de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga ha declarado la nulidad radical del acuerdo del pleno por el que el Ayuntamiento de La Viñuela, gobernado por el PSOE, acordaba en octubre de 2007 la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU), por silencio administrativo de la Junta de Andalucía.

El Consistorio axárquico, presidido por el socialista Juan Millán, que se enfrenta a varias denuncias por presuntos delitos urbanísticos todavía pendientes de resolución judicial, justificaba en su momento la aprobación del documento sin el visto bueno de la Junta al no pronunciarse en ningún sentido la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes (hoy de Vivienda y Ordenación del Territorio), dentro del plazo de cinco meses que establece la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, expresa que no sólo no hubo silencio administrativo, sino que además el Ayuntamiento no cumplió con su obligación de remitir el expediente del plan general completo, a pesar de los reiterados requerimientos realizados desde la Consejería.
Mismo color político
Obras Públicas decidió recurrir el acuerdo plenario al negarse el Ayuntamiento a proceder a su revocación, a la vez que por no contar el documento con las bendiciones de la Junta. El hecho de compartir el mismo color político que el Gobierno andaluz no impidió al regidor viñolero continuar con el proceso de aprobación, todo ello en un momento en el que la política de la Junta con relación al urbanismo en la Axarquía se había endurecido de manera notable aprobando un plan de ordenación territorial para la comarca y recurriendo todas las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos para construcciones en el campo, actuación que ha desembocado en la anulación, también por vía judicial, de un buen número de licencias municipales.
Según el fallo del Contencioso Administrativo, la aprobación del PGOU por parte del pleno se produjo a pesar de que la Consejería había comunicado hasta en diversas ocasiones que el procedimiento para la aprobación definitiva del documento estaba interrumpido precisamente por estar incompleto.
La sentencia menciona que existen incluso hasta cuatro requerimientos por deficiencias y una amenaza de caducidad por paralización imputable al Ayuntamiento de La Viñuela.
No hubo silencio
«La Administración autonómica cumplió su obligación de requerir por una sola vez, lo hizo tres veces más innecesariamente, para que el instrumento de planeamiento estuviera completo. El Ayuntamiento consintió todos los requerimiento y actuó para cumplirlos, luego era consciente de que el expediente no estaba completo. Sin embargo, después decide cambiar de criterio, y sin motivo o justificación alguna, vuelve a remitir un expediente incompleto y ante la conducta de la Administración, que le recuerda que todavía no ha cumplido los anteriores requerimientos, y por tanto no está corriendo el plazo para aprobar el expediente originario, mantiene su postura y acabar declarando aprobado por silencio el PGOU», expresa la sentencia.
Además la sala hace constar que para que se produzca silencio administrativo positivo es necesario que el expediente esté completo, a la vez que señala que la resolución por silencio es una competencia de la Administración autonómica.
Asimismo expresa que se está ante un supuesto de nulidad radical del acuerdo, nulidad que alcanza incluso a la publicación de la decisión del pleno en el Boletín Oficial de la Provincia.
El fallo judicial ha sido recurrido por el Ayuntamiento de La Viñuela por entender, entre otras cosas, que es competencia municipal declarar la aprobación definitiva de los planes generales municipales en caso de silencio administrativo.






* SUR - 16.11.09 -AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es

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Aguirre cambia la Ley del Suelo

ELPAÍS/Madrid* : La Comunidad podrá autorizar proyectos urbanísticos de particulares sin el permiso de los ayuntamientos. Dos meses ha tardado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en incumplir su propia promesa de modificar la Ley del Suelo con un amplio debate en la Asamblea de Madrid. "Quiero que la ley sea más transparente, ágil y sostenible", dijo a los diputados autonómicos el pasado 15 de septiembre, durante el debate del estado de la región.

La Ley del Suelo se modificará antes de final de año, pero por la vía acelerada. Porque el Gobierno de Aguirre ha incluido la reforma en el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como Ley de Acompañamiento, que de un plumazo revisará 11 normas regionales. Eso evita la discusión pormenorizada del articulado de cada texto legal, primero en comisión y luego en el pleno de la Cámara regional. Y los diputados votarán el próximo diciembre en conjunto todas las modificaciones. La ley saldrá adelante, porque el PP cuenta con la mayoría absoluta: 64 diputados de los 120 de la Asamblea.

Además de que la forma sea cuestionable, también lo es el fondo de la reforma, según las fuentes del sector consultadas, que la tachan de "aberración jurídica". Aguirre modificará el artículo 161 de la Ley del Suelo, que regula el procedimiento excepcional de urgencia de las actuaciones urbanísticas de las administraciones públicas. Ahora lo ampliará a proyectos de particulares.

Este procedimiento permite que, por razones motivadas de excepcionalidad, se eluda la obligación de obtener licencia municipal en un proyecto urbanístico, que se sustituye por una decisión motivada del Gobierno regional. Por ejemplo, es la vía que utilizó la Comunidad de Madrid para dar luz verde al Campus de la Justicia, el macroproyecto para agrupar las sedes de los juzgados en Valdebebas.

Con la modificación de la ley, el Gobierno regional permite este procedimiento excepcional para "cualquier tipo de proyecto", sea "promovido por particulares o administraciones públicas", según la nueva redacción del artículo 161. Es decir, que se amplía el supuesto a los proyectos de promotores privados.

La ley actual lo limita a actuaciones de los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid o "entidades por ella creadas, de ella dependientes o adscritas a la misma". Porque se entiende que es un procedimiento excepcional destinado a actuaciones supramunicipales, como ha reiterado la jurisprudencia. El Tribunal Supremo establece, desde 1984, que no es necesaria licencia para grandes obras públicas del Estado o de las comunidades autónomas, que justifica en la distinción entre obras urbanísticas y obras de ordenación del territorio.

Además, el Supremo (14 de octubre de 1992) sostiene que "no sólo las razones de urgencia o excepcional interés público han de estar debidamente justificadas, sino que su interpretación ha de hacerse con carácter restrictivo". Parece dudoso que los proyectos de un promotor particular sean de interés público.

Además, la modificación que está tramitando el Gobierno de Aguirre permitirá aprobar fuera de un planeamiento urbanístico -y, por tanto, en contra- un desarrollo urbanístico de un particular (que no tiene por qué ser el titular del suelo) como si fuera una simple licencia de obras. Este cambio contraviente la autonomía municipal, al permitir que los proyectos se salten los procedimientos de información de los municipios, que pasan de ser superiores a un mes a 15 o 10 días, según el caso. De ahí que, previsiblemente, la Comunidad de Madrid va a tener de frente a los ayuntamientos, si persiste en esta reforma legal.Para compensar, la nueva Ley del Suelo establece la necesidad de que los ayuntamientos emitan un informe previo para actuaciones que no sean de la Comunidad. Por tanto, no será necesario para las actuaciones del Gobierno regional o de las entidades creadas por él.

Es decir, que el Ejecutivo de Aguirre podría decidir la construcción en cualquier localidad de un vertedero, un campo de golf o incluso un asentamiento para realojar a la población marginal de la Cañada Real, por ejemplo, sin tener que contar con el visto bueno del Consistorio de ese término municipal. Hasta podría hacerlo en suelo no urbanizable, sin que pudiera impedirlo el Ayuntamiento afectado. Bastaría alegar interés regional, ni siquiera público.

Otro de los aspectos en reforma es el concepto de "urgente o de excepcional interés público" de la ley, que se sustituye por el de "urgencia o un motivado interés regional". La reforma de la Ley del Suelo va en contra de la autonomía municipal y deja a la discreción del Ejecutivo de Aguirre la promoción urbanística.







* ELPAIS.com - SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 16/11/2009
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)

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Condenan a cinco ex alcaldes de la provincia de Jaén en un año, y sólo a un regidor en el cargo

IDEAL* : Tenían el bastón de mando de sus pueblos y lo usaron para amenazar con él a sus vecinos, negarles información, cometer delitos urbanísticos o desobedecer a los tribunales de Justicia. Luego las urnas, el partido o las circunstancias de la vida los sacaron de la alcaldía. Y después llegaron las condenas. Hay constancia de al menos cinco ex alcaldes de la provincia de Jaén condenados por los tribunales en apenas un año. Sin embargo, la Justicia aún no ha castigado a ningún alcalde en activo, pese a que actualmente hay abiertas más de una docena de causas penales contra regidores.

La veda al ex alcalde se abrió con Antonio Castillo (PSOE) a finales de octubre de 2008. El Penal 1 de Jaén lo condenó a seis meses de inhabilitación por permitir urbanizaciones ilegales en La Iruela, en el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Una condena significativa, por que aún es la primera y única a un regidor jienense por omisión del deber de perseguir delitos. Junto al ex alcalde cayeron cuatro compañeros socialistas que formaban la Junta de Gobierno.
José Antonio Álvarez López (PSOE) fue alcalde de Torres de Albanchez. Ahora es habitual de los juzgados. Acumula ya varias condenas de diez años de inhabilitación cada una por permitir naves industriales ilegales en el Parque Natural de Sierra Mágina, Aún le falta al menos un juicio por salir. Se está declarando culpable en todos.
Más curiosa -por urbanismo hay una decena de alcaldes imputados- es la condena al ex alcalde de Cazorla, José Luis Díaz (PSOE). Los dos alcaldes citados anteriormente están hoy fuera de la política. Díaz es diputado provincial, y según su curriculum en la web de Diputación es secretario general del PSOE de Cazorla y secretario de Ciudades y Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén. Además, ostenta el cargo de vicepresidente de la Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En abril de este año la Audiencia confirmó una condena contra él por amenazas a un ciudadano de Cazorla. «Tarde o temprano pagará el daño que hace», dijo sobre él en un medio de comunicación. No llega a delito. Se queda en falta.
También por una falta, de desobediencia, fueron condenados en junio pasado los ex alcaldes de Castellar María Inmaculada Ortega (PSOE) y Juan Escudero (PA) por no cumplir una sentencia del TSJA que les obligaba a reintegrar a una trabajadora municipal en su puesto y a pagarle una indemnización.
El único alcalde en activo del que hay constancia de una condena por una falta es a Amador Santiago (PSOE) tras una denuncia del PP por no facilitarles información municipal.
De la nómina de alcaldes en activo, la Justicia ha estado a punto de sentar en el banquillo a dos en poco más de un mes. Primero fue Manuel Vallejo (PSOE), al que iban a juzgar en el Penal 1 por supuestos delitos urbanísticos. El juicio ya venía suspendido de meses atrás. Un día antes de celebrar el 8 de octubre, su abogado renunció a llevar el caso. Le han vuelto a dar fecha: para dentro de un año.
El martes 10 de noviembre debía haberse celebrado el juicio por el caso Megatín, con el alcalde de Torredelcampo, Blas Sabalete, en el banquillo de los acusados. Otro de los acusados aportó parte de enfermedad y forzó la tercera suspensión ya.






* Ideal - J. E. POVEDA- 16.11.09
Foto: Jaen, parador - elviajero.elpais.com

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Santa Pola incumplió el PGOU en dos edificios

ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Santa Pola, gobernado por el PP con mayoría absoluta, autorizó en 2004 a dos promotores levantar en dos edificios tres alturas más de lo permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente. La irregularidad no fue corregida hasta cinco años después con el nuevo planeamiento, y con uno de los edificios ya terminado y habitado.

Propietarios de una urbanización afectada por las dos nuevas torres denunciaron primero los hechos al Consistorio y, más adelante, llevaron la infracción urbanística a los tribunales con el propósito de demoler el exceso de obra, en total 50 viviendas.

Los dos edificios supuestamente ilegales se ubican a unos 500 metros de la primera línea del mar de la población, frente a las viviendas de la urbanización Paraíso II. El origen de estas dos promociones de viviendas se remonta a 2004, cuando el Ayuntamiento y las mercantiles Gecoinsa, SL, y Promociones Las Gaviotas, SA, acordaron dos permutas, recogidas en sendos convenios urbanísticos. El Ayuntamiento compensó el valor del suelo entregado por los promotores con un aumento de edificabilidad en dos promociones, Miramar II y Las Gaviotas, que estaban desarrollando en la mencionada zona del casco urbano. En el primer caso amplió la edificabilidad de 57 a 82 casas; y en el segundo, de 36 a 61.

Los propietarios de la urbanización Paraíso II reaccionaron de inmediato contra las dos futuras edificaciones: primero por el negativo impacto visual (los bloques actúan de pantalla sobre sus casas) y, segundo, por vulnerar el planeamiento vigente y, según un informe pericial, la Ley de Costas.

Las denuncias de los afectados surtieron un efecto pasajero. El Consistorio abrió sendos expedientes por infracción urbanística el 17 de octubre de 2006 y paralizó las obras. En el caso del promotor de Miramar II el expediente se incoó por comenzar las obras sin licencia.

No obstante, el 17 de enero de 2007 el Consistorio atendió el recurso del empresario relativo a que tenía licencia por silencio administrativo y prosiguieron los trabajos. Este bloque fue terminado y habitado antes de entrar en vigor el actual planeamiento urbano, en mayo pasado. Mientras, el Consistorio revocó el expediente al promotor de Las Gaviotas el 1 de abril de 2007. El Ayuntamiento cedió al argumento del empresario de que era necesario continuar las obras para rematar los forjados de la estructura. Este bloque en la actualidad no está terminado, pero la obra alcanza ya la quinta planta.

El visto bueno del Ayuntamiento a las obras obligó a los afectados a recurrir a los tribunales y en 2008 presentaron dos demandas que instruye el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche.

En su recurso, los afectados adjuntan un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana que ratifica la nulidad de la licencia otorgada al promotor de Miramar II y un informe pericial de un ingeniero de caminos del Colegio de Cantabria. El técnico concluye que las dos nuevas urbanizaciones vulneran la Ley de Costas por constituir una pantalla visual a menos de 500 metros de la primera línea del mar. El juzgado todavía no ha emitido ninguna resolución.

El Ayuntamiento de Santa Pola, a través de la concejal de Urbanismo, Dolores Gadea, defiende la "legalidad" de las dos construcciones. "Las permutas estaban plenamente justificadas", señala. "Y el exceso de edificabilidad ya estaba previsto en el PGOU que estaba en trámite y, ahora, ya aprobado definitivamente", añade la edil popular.







* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 16/11/2009
Foto: Santa Pola (Alicante) - elportaldelosbarcos.es

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Veinte años esperando la piqueta

ELCORREO/Bilbao* : Suena muy fuerte cuando oyes a algún vecino de El Peñascal decir que ojalá las inundaciones del 83 se hubiesen llevado -sin dramas personales, por supuesto- toda la infravivienda de Iturrigorri y Gardeazabal. Esta expresión de hartazgo tiene su explicación: un cuarto de siglo después de las riadas, las viviendas de estas zonas que se salvaron entonces siguen en pie, desafiando al tiempo, a los planes urbanísticos y a las normas de habitabilidad.

No sucumbieron al agua ni a los derribos posteriores, que echaron abajo casas afectadas de enclaves cercanos, entre ellas, todo el barrio de San Antonio. Así que, a día de hoy, los dos vecindarios, donde residen unas 70 familias, siguen ahí y se han convertido en uno de los últimos reductos de infravivienda de Bilbao.
«Casi todos los residentes son familias de etnia gitana. Queda poca gente del barrio de toda la vida. Más que nada algunas viudas sin recursos económicos para marcharse a otro sitio. Porque casi todos los que han podido se han ido», explica Pedro Castañares, presidente de la Asociación de Familias de Iturrigorri-Peñascal. «Como agrupación, llevamos quince años luchando para que se regenere la zona, pero la reivindicación viene de antes. Hubo un acuerdo con el anterior Gobierno vasco y yo les decía a los vecinos que me preguntaban por el tema que ya estaba el asunto 'amarrao'. Pero ahora, con el cambio de Ejecutivo, lo que les tengo que contar es que todo depende de que dejen una partida en los presupuestos. Si no lo hacen y tenemos que esperar otros cuatro años....». Castañares resopla. «La zona está fatal. Sin saneamiento y con graves problemas de accesibilidad -apunta mientras muestra unas empinadísimas escaleras-. Hay grietas imponentes, nadie sabe cómo está la cimentación, ni por dónde van las tuberías. Los bomberos no pueden acceder, es imposible meter el gas, el butanero y el cartero tampoco suben... No valen parches, esto tiene que desaparecer ya».
Según explica, quienes llevan en el barrio el suficiente tiempo recuerdan cómo en la década de los sesenta aparecieron muchas de esas viviendas de la noche a la mañana. Literalmente. «Las levantaron de noche, para que no les viese la Guardia Civil. Y, cuando les pillaban, les invitaban a un café y listo -asegura-. Eran otros tiempos».
Tras muchas reivindicaciones, en abril de este año, Javier Madrazo, el anterior consejero de Vivienda del Gobierno vasco, firmó en uno de sus últimos actos oficiales un convenio de intenciones para recuperar la zona con la construcción de pisos de promoción pública que permitan derribar la infravivienda y realojar a sus habitantes. Esta misma semana, responsables del Ayuntamiento y del Ejecutivo autonómico han abordado en una reunión la marcha del proyecto -cuya primera fase prevé la construcción de 30 pisos cerca de Iturrigorri y 45 en la ladera de Uretamendi- que no acaba de salir de una madeja interinstitucional de requisitos burocráticos.
«Les toca mover ficha»
Según explica Julia Madrazo, edil de Urbanismo del Consistorio, los trámites municipales para edificar los bloques de Uretamendi se han solventado ya en el pleno y el Gobierno vasco asegura que ya trabaja en el proyecto de urbanización. Y los otros 30 están pendientes de que la Comisión de Ordenación del Territorio, dependiente del Ejecutivo autonómico, dé el visto bueno a un informe de Urbanismo para la aprobación definitiva del Plan General. «Les toca mover ficha. No dudo de que lo vayan a hacer, pero tienen que meter caña y crear las viviendas previstas, si no el realojo no será pacífico», advierte Madrazo.
Portavoces del gabinete de Patxi López zanjan estos temores y aseguran que se mantienen los planes de sus antecesores en cuanto a número de pisos. Y, según recuerdan, terminadas las dos primeras promociones, se prevé la construcción de un inmueble con otras 85 viviendas en Gardeazabal. Aunque en la reunión de la pasada semana no se avanzaron fechas, fuentes cercanas al proyecto afirman que los primeros pisos podrían empezar a edificarse a principios de 2011.







* El Correo Digital - SOLANGE VÁZQUEZ | BILBAO - 16.11.09
Foto: Las casas están en malas condiciones. / M. ATRIO, elcorreodigital.com

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La fiebre de la corrupción urbanística

ELPAÍS/Cataluña* : El caso Pretoria ha destapado una trama con patas, por ahora, en Santa Coloma, Llavaneres y Badalona. No son los únicos casos en Cataluña. Desde el año 2000 la justicia ha destapado al menos 11 casos de corrupción de distintas envergadura, cerrados o aún investigándose, que tienen como protagonistas a alcaldes o ediles.

- Extorsión en el Eixample. Desde abril está pendiente de juicio la trama de corrupción en la que está acusado el inspector técnico de licencias del distrito del Eixample, en Barcelona, Eduard Cabestany, y siete personas más, que supuestamente cobraron a cambio de tramitar expedientes para legalizar locales comerciales. Las diligencias se iniciaron en 2004 y el Ayuntamiento ejerce de acusación particular. El fiscal solicita entre 8 y 21 meses de cárcel.

- Licencia del Store Café. La gerente del distrito de Gràcia, María Carmen Fernández, el consejero de distrito del PP Alberto Belón y el concejal del Ayuntamiento de Vallirana Antonio Penalba, también del PP, están imputados por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el caso Store Café. Según la querella, Penalba y Belón exigieron a la dueña 6.000 euros para agilizar la apertura. En fase de instrucción.

- Pagos en Santa Susanna. El alcalde de Santa Susanna (Maresme) Joan Campolier, de CiU, dimitió en 2007. La Audiencia de Barcelona le condenó a cuatro años de inhabilitación por prevaricación. Campolier, que gobernó con mayoría absoluta desde 1976, recurrió sin éxito al Constitucional. El ex alcalde encargó y pagó proyectos municipales al que era arquitecto municipal, al margen del sueldo de funcionario.

- Indemnización en Canet. El TSJC condenó en 2007 al Ayuntamiento de Canet a indemnizar con 60.000 euros al promotor Manuel Fernández por los perjuicios causados por la demora en los trámites para construir viviendas en Cal Rectoret. Fernández acabó vendiendo el terreno. El promotor denunció en 2004 por prevaricación y falsedad en documento público al alcalde Joaquim Mas (PSC) y los entonces concejales Ibis Puig (CiU) y Òscar Figuerola (ERC).

- Terres Cavades. El proyecto de construir en Terres Cavades (Tarragona) casi 5.000 pisos desató una tormenta política en 2004. El entonces concejal de Urbanismo, Ángel Fernández (CiU), votó a favor del plan ocultando que él y su hermano eran accionistas de una de las constructoras. Le costó el cargo. La Generalitat anuló la urbanización. En 2007 la Audiencia de Tarragona advirtió indicios de tráfico de influencias y sentó a los principales actores en el banquillo.

- Los Ferran de Salou. En 2006 la fiscalía investigó a Esteve Ferran Gombau, entonces edil de urbanismo de Salou e hijo del alcalde Esteve Ferran Ribera. El padre supuestamente consiguió plusvalías en 2004 por la venta de una finca comprada en 2000 que cambió de uso. Padre e hijo eran del partido Ferran Units per Salou y gobernaban con CiU que abandonó el gobierno cuando el alcalde mantuvo a su hijo en el cargo. Los Ferran esperan sentencia.

- Pelotazo en Querol. El juez imputó en 2008 en Querol (Alt Camp) al ex alcalde, el independiente Albert Carreño, al actual edil Miguel Uroz (PSC) y otras siete personas por el planeamiento urbanístico de L'Arboçar. La zona fue comprada por 70.000 euros a comienzos de esta década y revendida por 700.000 cuatro años después, tras la aprobación inicial de un Plan de Ordenación Urbana que preveía la construcción de 550 casas. Un segundo plan permitió hasta 1.400 pisos y el valor del suelo ascendió a 3,68 millones. Querol no llega a los 500 habitantes. El caso está pendiente de juicio. La Generalitat suspendió el plan urbanístico.

- El alcalde de Ginestar. El alcalde de Ginestar (1.098 habitantes, Ribera d'Ebre) Josep Bru (CDC) renunció a su cargo en 2007, cuando se hallaba en funciones tras perder la alcaldía a favor del PSC, en vísperas del juicio al que le llevó un empresario de la construcción que le denunció por corrupción. Bru, que acumuló mayorías absolutas desde 1987, fue grabado por unos detectives negociando con unos compradores de fincas a quienes aconsejaba cómo sortear los trámites para edificar en un solar agrícola. El ex alcalde fue expulsado del partido.

- Vilaller.

La fiscalía acusó en 2007 y 2008 por un presunto delito urbanístico y de tráfico de influencias al entonces alcalde, Josep Monsó, que concurrió por ERC, y a cinco concejales de Vilaller (700 habitantes, Alta Ribagorça) por autorizar en 2006 la construcción de 24 viviendas en una zona de equipamientos. El caso no está cerrado y la fiscalía ha extendido el cargo de prevaricación a otros tres ex ediles.

- Culebrón en la Vall de Ruda. El grupo ecologista Ipcena denunció en verano al ex alcalde de Naut Aran (342 habitantes, Val d'Aran) Víctor León por prevaricación al dar una licencia de obras en 2004 para la urbanización de 500 viviendas en la Vall de Ruda, en Baqueira Beret. El TSJC anuló en abril la urbanización por no ajustarse a la normativa. En octubre, la fiscalía archivó la causa contra León: no apreció indicios de delito, pero sí irregularidades administrativas.

- Almacelles. El alcalde de Almacelles (Segrià), Josep Ibarz (CiU), el secretario del Ayuntamiento y un policía local fueron imputados en septiembre por prevaricación y falsedad documental. La denuncia, presentada por una vecina, les acusa de falsificar un documento para multar una supuesta irregularidad urbanística.

- Palau-saverdera. El TSJC ratificó en primavera el derribo de la urbanización de lujo Sun Village, de Palau-saverdera (Alt Empordà), construida en un solar para equipamientos. A regañadientes, el Ayuntamiento, gobernado desde hace 30 años por Narcís Deusedas (CiU), se ha visto obligado a acatar la orden, que prevé que sean los 42 vecinos quienes costeen el derribo. Deben hacerlo antes del día 5 y piden 12 millones de indemnización al Consistorio, que podría verse obligado a ejecutar subsidiariamente los derribos.







* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 16/11/2009
Foto: Badalona (Barcelona), front marítim - elperiodico.com

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Vigo: Medio millar de personas salen a la calle para reclamar "el fin de la destrucción de la ría"

FARODEVIGO* : "Es hora de respetar el medioambiente, el paisaje, el marisqueo, y la forma de vida de miles de personas". La marcha organizada por la red "A Ría non se vende" congregó ayer a medio millar de personas, según los datos de la Policía, para exigir "el fin de la destrucción del litoral". Grupos ecologistas y numerosos marineros y mariscadores recorrieron el centro desde Plaza de España hasta las inmediaciones de la sede de la Autoridad Portuaria, y leyeron un manifiesto en el que proclamaron que "llegó el momento de decir basta a los rellenos, los puertos deportivos y las macrodepuradoras".

La protesta provocó atascos durante una hora y media.
Los manifestantes reclaman el fin de las obras en los dos márgenes de la ría desde Baiona a Cangas. Entre otras se oponen a las ampliaciones de Areal, Bouzas y el muelle de trasatlánticos; la construcción de la macrodepuradora proyectada en el Lagares; y los puertos deportivos en la ETEA y Massó (Cangas); además de exigir la paralización de la construcción del silo para vehículos de Bouzas. Bajo el lema "Os recheos matan a Ría", y con cánticos como "Goberne quen goberne, a Ría non se vende", descendieron por el centro, en algunos momentos con una intensa lluvia, para terminar haciendo un alegato en defensa de la Ría. "Es uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo, fuente de vida y sustento para siempre. Están destruyendo un tesoro común de una forma irresponsable", explicó una de las lectoras del manifiesto.
Los participantes mostraron su satisfacción además por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el relleno de 300.000 metros cuadrados de Marín, y defienden que "es válida para Vigo y cualquier lugar". Ya han iniciado trámites para recurrir las ampliaciones previstas en el puerto en base al fallo judicial. Sus críticas se extendieron desde a la presidenta del Puerto, Corina Porro, a la que acusan de "creer que es dueña de la Ría", hasta el alcalde, Abel Caballero; los demás regidores de los municipios del litoral; y las empresas que proyectan obras a pie de mar. Por la noche se celebró un concierto solidario en un local de Churruca.







* Faro de Vigo - 15.11.09
Foto: Los manifestantes bajaron por Gran Vía hacia la sede de la Autoridad Portuaria. // Jesús de Arcos, farodevigo.es

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El Defensor del Pueblo dice que los costes recaigan en los dueños de casas ilegales

EUROPASUR/Cádiz* : Las consideraciones de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sobre las parcelaciones ilegales, a través de un informe presentado el pasado 10 de noviembre en el Parlamento de Andalucía, fueron contundentes a la hora de definirse sobre quién debería afrontar los costes de urbanización en cualquier proceso de regularización de viviendas.

Así, en ese informe se deja claro que los gastos deben soportarlos los propios beneficiarios de la parcelación "que, además, es frecuente que adquieran sus parcelas a un precio menor porque las parcelaciones ilegales no habían asumido las obligaciones que deben abordar los promotores privados, e incluso es probable que muchos participaran como promotores en la propia edificación de las viviendas, evitando unos costes muy diferentes de los que tendrían que asumir si hubieran realizado la construcción en una urbanización legal", dice literalmente.

Estas observaciones engloban a todo el conjunto de la Comunidad andaluza, aunque cabe precisar que a nivel provincial e incluso nacional, Chiclana es la población donde se ha puesto en marcha uno de los procesos más ambiciosos y controvertidos sobre la legalización de viviendas, ya que la aplicación de unas nuevas ordenanzas en este municipio afectarán a 10.500 parcelaciones.

El reseñado informe del Defensor del Pueblo incide en la idea de que son los propios vecinos los que tienen que enfrentarse a los pagos de urbanización, al considerar esta institución que los propietarios de esas viviendas serían los beneficiarios, sin que el Ayuntamiento tenga que desembolsar importe alguno. En este sentido, destaca que "a la hora de abordar esa regularización y sin perjuicio de la cooperación pública a la hora de redactar proyectos técnicos, asesoramiento, mediación ante los residentes, etc., se evite que los costes de la regularización de las parcelaciones ilegales se trasladen a las arcas municipales, debiéndola afrontar los promotores y los residentes en ellas".

Este punto de vista se ve reforzado al entender la institución que se cometería un agravio comparativo con aquellos vecinos que aportaron sus correspondientes pagos en conceptos de licencias y otras exigencias administrativas cuando construyeron o adquirieron sus viviendas de manera legal. Es por ello que en el documento se hace hincapié en el concepto de que "el resto del vecindario no tiene por qué asumir los costes de regularización, por vía indirecta con cargo a sus impuestos, o dejando de recibir servicios de calidad que no se podrían atender por destinar recursos públicos a aquella finalidad".

Según el Defensor otra de las causas que tal vez esté presente en los referidos procesos de urbanización es la relativa a la "escasa cultura urbanística existente en la población, donde el Urbanismo y las consecuencias de la regulación no se han asumido por los ciudadanos como una garantía de calidad de vida, de bienestar a medio y corto plazo, sino como una injerencia en su patrimonio. Y es que la función social de la propiedad no ha sido asumida por muchos ciudadanos como límite y condicionamiento de su utilización". En esa línea, cree que no resulta extraño que algunos ayuntamientos "hayan propuesto que se realicen campañas de información para hacer comprender el significado del concepto de función social de la propiedad", indica.

Chiclana no es el único municipio que se enfrenta a un proceso de regularización de viviendas, sino que también se aplicará en otros de la provincia, como, por ejemplo, puede ser el caso de El Palmar (Vejer). Esta medida acarrea polémica, impopularidad y disputas entre los ayuntamientos y los vecinos afectados. Sin embargo, el Defensor del Pueblo se inclina por la regularización "siempre que las circunstancias lo permitan y lo aconsejen, porque estamos convencidos de que la clandestinidad y, en general, la ilegalidad o la simple irregularidad, cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrolla, si no es afrontada termina por generar graves problemas".






* Europa Sur - F. M. / Chiclana - 15.11.09
Foto: Chiclana (Cádiz), zona diseminados - lavozdigital.es

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Las medidas anticorrupción se quedan en el papel

PÚBLICO* : No basta con tomar medidas si luego no se llevan a la práctica. La primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero ha sida la más prolífica de la democracia en medidas contra la corrupción pero, como subrayan unánimemente los expertos en derecho consultados por Público, también han resultado ser (con muy pocos matices) absolutamente ineficaces.

Entre las más destacadas se cuentan la modificación de la ley de financiación de los partidos políticos, la nueva regulación de los contratos del sector público, la reforma de la Ley del Suelo, las creación de secciones de medio ambiente y urbanismo en todas las fiscalías, la aprobación del Código del Buen Gobierno, la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, o el Estatuto Básico del Empleado Público.

Manuel Villoria, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité de dirección de la sección española de Transparencia Internacional (TI), destaca en la lista de actuaciones positivas la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención de la OCDE contra el soborno a funcionarios extranjeros en transacciones internacionales, así como la firma (pendiente de ratificación) de la Convención Penal contra la Corrupción del Consejo de Europa. Pero "el problema es que estas convenciones y las normas españolas deben implementarse para que sirvan para algo y muchas de ellas no se implantan adecuadamente. Parece como si una vez aprobada la norma ya todo se olvidara", lamenta Villoria. Y "la norma hay que desarrollarla, cumplirla, ejecutarla".
Sin informe anual

Un buen ejemplo, razona, es el Código de Buen Gobierno, que "no lo conocen ni los ministros, ni los altos cargos", del que nunca "se ha redactado el informe anual" estipulado y para el que no existe ningún órgano independiente encargado de vigilar su cumplimiento.

Algo parecido pasa con la reforma de la Ley del Suelo que introdujo la exigencia de dar publicidad a los registros de patrimonio e intereses de los alcaldes y concejales. "No llega al 10% el número de ayuntamientos donde eso se ha hecho", denuncia. "Sí ha mejorado", admite Villoria, "el trabajo de la Guardia Civil, de la Unidad de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía o de la Fiscalía, pero estas instituciones trabajan ya cuando el mal se ha producido".

Lo que mejor ha funcionando es el refuerzo de la investigación

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Rafael Bustos coincide con esta opinión ("lo que mejor está funcionando es el reforzamiento de las unidades especializadas de represión de la corrupción", asegura) pero Jorge F. Malem, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, echa en falta más medios materiales y humanos al servicio de la fiscalía anticorrupción y de los distintos organismos policiales encargados de luchar contra "la delincuencia político-económica".
Sin comparación

Entre lo que no está funcionando Bustos incluye también el Código de Buen Gobierno. "Si lo comparamos con otros códigos parecidos, por ejemplo el del gobierno británico, resulta un poco ridículo". Y "la nueva ley de financiación de los partidos, sinceramente, me parece que no cambia los aspectos esenciales y problemáticos de la financiación".

El profesor salmantino es más benévolo a la hora de juzgar la Ley del Suelo. "Lo cierto es que la gestión del urbanismo es tan compleja que sólo la ley no puede evitar la aparición de fenómenos de corrupción", expone. Y es que, como señala Francisco Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, las medidas adoptadas no atajan las verdaderas causas del problema: un modelo de crecimiento económico basado en "el todo vale de la construcción, que exige negocios rápidos y connivencias múltiples para maximizar el beneficio en el menor tiempo posible", y unos partidos políticos que insisten en hacer listas electorales sin atender al interés público y en jugar a la falta de transparencia.

En parecidos términos se expresa el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada Rafael Vázquez, según el cual los fallos en la puesta en marcha de muchas medidas anticorrupción son consecuencia de que la cultura política de los ciudadanos "se acerca mucho más a los parámetros de la cultura de súbdito (aquel que asume y hasta legitima cualquier actuación de los poderes públicos) y cultura política parroquial (propia de los individuos preocupados por el entorno privado más inmediato) que a una verdadera cultura cívica, el modelo ideal de ciudadano respetuoso con los valores democráticos".

Un problema al que hay que sumar, añade, "la tradicional forma de hacer política y de gestionar cualquier asunto público", que "se ha venido basando en la maximización del beneficio propio a cualquier precio". Es "la cultura del pelotazo, que ya existía en el franquismo y que ha seguido desarrollándose", explica.

Entre los fallos de las medidas anticorrupción Vázquez, como muchos de los expertos consultados, destaca el escaso éxito cosechado por la reforma de la Ley del Suelo. Puesto que la gestión urbanística corresponde por lo general a los ámbitos municipales, donde menor control ha existido hasta el momento, los gobiernos autonómicos "aún no han sido capaces de atajar los excesos urbanísticos existentes", muchas veces por imposibilidad normativa de actuación y en otras ocasiones por connivencia con los propios consistorios municipales, asegura.
La complejidad urbanística

En opinión de Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, en España "conviven problemas de naturaleza normativa (una regulación deficiente que introduce incentivos para la corrupción) con problemas de aplicación efectiva de las normas". A veces se regula "más o menos bien un tema (por ejemplo las incompatibilidades), pero fallan los mecanismos para que tales normas se apliquen en la práctica y se sancionen adecuadamente los incumplimientos". En su opinión, "quizás el campo que tenga una mejor regulación es el de la contratación pública, pero tiene una aplicación ciertamente mejorable: habría que mejorar la transparencia de las adjudicaciones y la aplicación de sanciones a las desviaciones".

La ley de financiación de los partidos, que debería ser la clave de bóveda de la lucha contra la corrupción, ha seguido siendo un coladero incapaz de cortar el flujo irregular de fondos del sector privado hacia las arcas de las organizaciones políticas. Aunque Enrique García Viñuela, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, se distancia de las críticas a la nueva ley de financiación de los partidos polítcios. "No sabemos cómo está funcionando en la práctica debido a que no disponemos de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las contabilidades de los partidos. La ley entró en vigor en enero de 2008 y el último informe publicado por el Tribunal de Cuentas corresponde al año 2005. Por tanto, desconocemos si los partidos están aplicando la nueva ley o si van a ser sancionados por las infracciones que cometan. Mientras estuvo en vigor la ley de financiación de los partidos anterior, la de 1987, no se hizo ninguna de ambas cosas", asegura.







* Público - FERNANDO VARELA - MADRID - 15/11/2009
Foto: Funcionarios policiales registran las dependencias del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, centro de la última gran operación contra la corrupción. - EFE

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Quinientos vecinos protestan contra el centro de residuos de Alcazarén

ELNORTE/Valladolid* : Medio millar de personas se manifestaron ayer por las calles de la capital en contra del proyecto del Centro de Transferencia de Residuos que se pretende instalar en Alcazarén (726 habitantes). Entre pitos y al grito de 'Alcazarén unido jamás será vencido' y 'Tengo un burro muy inteligente que no se parece nada a los de Medio Ambiente', los asistentes, muchos de ellos ataviados con mascarillas y batas blancas, llevaron un burro con una pancarta que rezaba: 'Soy técnico de Medio Ambiente'.

La pancarta que encabezó la protesta, con el lema 'Alcazarén por una comarca limpia. Residuos tóxicos y peligrosos no', era portada por vecinos de pueblos de la comarca como Cogeces, Megeces, Hornillos, Mojados, Olmedo, Íscar, Pedrajas y Matapozuelos. Junto a la cabecera unos niños llevaban otro cartel en el que se podía leer: 'Comisión de Urbanismo. Nuestro futuro depende de vosotros'.
Con más de una hora de retraso sobre el horario previsto -los asistentes fueron llegando en distintos autobuses-, la marcha partió de la plaza de Zorrilla para recorrer la calle Santiago y llegar a la Plaza Mayor, donde un vecino de Alcazarén, Justino Yastas, leyó un manifiesto en el que advirtió de que aún no han leído ni un sólo informe sobre los riesgos de la futura planta.
El regidor del municipio, Alfonso García, criticó que los políticos «no hagan ni caso» a los vecinos que se manifiestan para evitar posibles problemas de salud y les acusó de interesarse por los vecinos tan sólo en época electoral. «Eso me duele muchísimo», dijo.
«Prefieren ponerse a favor de intereses de empresas privadas que de los vecinos», destacó el regidor, quien vaticinó que la Comisión de Urbanismo, tras la licencia concedida por Medio Ambiente, dictaminará en favor del proyecto, informa Europa Press.
Sobre un acuífero
Tras reiterar que el centro se ubicaría junto a la carretera, sobre un acuífero, en medio de dos empresas agroalimentarias y a 800 metros del casco urbano, García acusó a la Junta de decir «verdades maliciosas», ya que, aunque la decisión final tendrá que tomarla el Consistorio, cuando éste deniegue el permiso, la empresa acudirá a los tribunales.
«Que se mentalicen de que abren la puerta a que decida un juez cuando ellos lo podrían parar», criticó el regidor antes de calificar de «irónica» la postura de la Junta, a la que pidió que «no engañe a la gente».
«No vamos a dejar nunca que nos lo coloquen», defendió Alfonso García antes de calificar el proyecto de «barbaridad», apostar por que el pueblo decida sobre las empresas que quiere que se asienten allí, pedir que les dejen «vivir en paz» y reclamar información sobre las consecuencias en caso de un accidente en el centro.






* El Norte de Castilla - 15.11.09
Foto: Los vecinos de Alcazarén llevaron a la protesta un burro con una pancarta. / RICARDO OTAZO, nortecastilla.es

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Cómo garantizar el derecho a la vivienda

RAFAEL PLA LÓPEZ* : Para garantizar el derecho a la vivienda en el Estado Español desde un marco de viviendas vacías e hipotecas fallidas se plantea en primer lugar estimar el coste asumible por cada persona en función de sus ingresos, en segundo lugar resolver los impagos de hipotecas evitando desahucios y inmovilización de viviendas y en tercer lugar articular un parque público de viviendas en alquiler de gestión pública. Para ello es necesario establecer un salario social que garantice unos ingresos mínimos y asegurar su financiación pública, contemplándose un impuesto adicional sobre los ingresos elevados que puede suponer un tope superior variable de los ingresos netos.

Introducción

La conjunción de miles de personas sin hogar y miles de viviendas vacías a fecha de hoy, en mayo de 2009, revela una clara ineficiencia del sistema de gestión de viviendas en el Estado Español, que por un lado genera insatisfacción de necesidades sociales, y por otro lado inmovilización de activos inmobiliarios con consecuencias negativas para la actividad económica del país.

Señalemos que de acuerdo con el artículo 47 de la vigente Constitución Española "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho". En lo que sigue se plantean una serie de criterios para el cumplimiento de esta norma constitucional.

Señalemos no obstante que lo que se expone es un modelo matemático genérico, cuya aplicación debería hacerse a partir de los datos de que los mismos poderes públicos pueden disponer. Cuando se planteen concreciones numéricas será únicamente a guisa de ejemplo.

Por otra parte, dado que los procesos sociales están sistémicamente inter-relacionados, para conseguir el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda se hace imprescindible abordar otras cuestiones, como la garantía de unos ingresos mínimos y la fiscalidad.


El coste asumible de la vivienda

En ocasiones se plantea limitar tanto el eventual pago de un alquiler como el de las cuotas de una hipoteca por un porcentaje de los ingresos. Pero ello no parece razonable, dado que alguien con ingresos suficientemente elevados podría optar por dedicar una parte mayor de los mismos a sufragar una vivienda de mayor valor, siempre que con la parte restante pueda subvenir al pago de sus demás necesidades. Será por tanto preferible determinar el máximo dedicable a sufragar la vivienda con un criterio sustractivo y no de proporcionalidad.

Así, si tenemos

1. = ingresos netos
2. = coste mínimo de la satisfacción de las necesidades independientes de la vivienda
3. = proporción estimada del coste de la vivienda para sufragar gastos de mantenimiento y uso de la misma (luz, agua, limpieza, etc.)

entonces, si se dedica una cantidad D' a sufragar la vivienda, D'+D'·C=D'·(1+C) no podrá ser mayor que A-B, y por tanto la cantidad máxima que podrá dedicarse a sufragar la vivienda, bien por el pago de un alquiler, bien por el pago de una cuota hipotecaria, será

4. = (A-B)/(1+C)

Señalemos que ese tipo de cálculo lo realiza normalmente un banco solvente previamente a la concesión de un crédito, y los poderes públicos para estimar el coste de la vida en que se habría de basar la fijación del salario mínimo interprofesional. Señalemos también que el coste mínimo D de necesidades será menor si los poderes públicos aseguran la gratuidad de servicios públicos como la sanidad y la educación.

Así por ejemplo, si se estimara mensualmente B=600€ y C=1/3, alguien cuyos ingresos netos fueran de 1000€ podría dedicar al pago de la vivienda
D = (1000-600)/(1+1/3) = 400/(4/3) = 300€

Por tanto, con un salario mínimo interprofesional neto de 1000€ al mes los poderes públicos deberían garantizar la existencia en número suficiente de viviendas en alquiler con un precio no superior a 300€ . Si por el contrario el salario mínimo interprofesional neto es de 800€ deberían garantizarse viviendas con un alquiler mensual no superior a
D = (800-600)/(1+1/3) = 200·3/4 = 150€

Naturalmente, los cálculos hacen referencia al coste asumible por una persona. En caso de que una vivienda fuera compartida por un determinado número de personas, deberíamos multiplicar por dicho número el valor de D correspondiente a los ingresos netos medios de las mismas. Así, dos personas con un ingreso neto medio de 800€ podrían compartir una vivienda con coste de 300€ mensuales.

En todo caso, los poderes públicos habrían de optar o bien por aumentar los ingresos mínimos (correspondientes al salario mínimo interprofesional, las pensiones mínimas o un salario social) o bien por garantizar viviendas de un coste inferior. Ambas políticas serían compatibles con el modelo aquí expuesto.


Evitar los desahucios

Evitar los deshaucios por impago de hipotecas debe ser una prioridad, dado que dichos deshaucios agravan por partida doble el problema de la vivienda, generando por una parte más personas sin hogar y cargando por otra parte a los bancos con viviendas que tienen muy difícil rentabilizar.

En las actuales circunstancias no parece razonable pretender una solución en la que todos ganen, por lo que deberíamos conformarnos con una solución que minimice las pérdidas de las distintas partes.

Para ello habría que regular debidamente las condiciones en que puede darse la ejecución de las hipotecas fallidas, y en segundo lugar dar a los bancos la opción de optar entre dicha ejecución o renegociar el pago de las mismas.

En primer lugar, habría que establecer que la ejecución de una hipoteca cancele la deuda correspondiente. Si de alguna manera el establecimiento de una hipoteca supone una apuesta por ambas partes, quien la solicita y quien la concede, si las circunstancias económicas de los hipotecados les impiden seguir pagando las cuotas y la desvalorización de la vivienda lleva a que su valor tasado sea inferior a la deuda pendiente, la ejecución de la hipoteca debe implicar que ambas parten pierdan: el hipotecado la propiedad de la vivienda, y el prestatario el resto de la deuda. Por otra parte, si se trata del domicilio habitual y no de una segunda vivienda, habría que garantizar que el hipotecado pueda seguir ocupándolo durante un período de tiempo adecuado (por ejemplo, de un año) desde la ejecución de la hipoteca hasta que los poderes públicos puedan proporcionarle en su caso una vivienda alternativa. Durante ese período, el hipotecado debería pagar un alquiler igual al coste asumible D de la vivienda en función de sus ingresos.

En caso de que el banco o entidad prestataria quisiera evitar dichas condiciones para la ejecución de la hipoteca, debería renegociarla a su costa, con una cuota no superior al coste asumible D de la vivienda en función de los ingresos de los hipotecados, hasta la cancelación de la misma. En caso de que una ulterior disminución de los ingresos de los hipotecados hiciera también inasumible dicha cuota, la entidad prestataria podría optar de nuevo entre la ejecución de la hipoteca en las condiciones anteriormente indicadas o una nueva renegociación adaptando de nuevo la cuota al coste asumible D en función de los nuevos ingresos.

Al mismo tiempo, para las futuras hipotecas habría que regular sus condiciones para evitar que devengan en fallidas. Se han hecho propuestas de limitar las cuotas por un porcentaje fijo de los ingresos y fijar también de modo general un período de tiempo máximo para su amortización. Pero ello no parece razonable por los mismos motivos aducidos en relación al coste asumible de la vivienda. Se trataría, por el contrario, de establecer que la cuota no fuera superior a dicho coste asumible D en función de los ingresos de los hipotecados, práctica por otra parte normal en bancos solventes que no concedan hipotecas "subprime" o basura. Por lo que se refiere al tiempo de amortización, parece razonable que éste no supere el tiempo pendiente hasta la edad de jubilación obligatoria, a no ser que se garantice que las pensiones de jubilación no sean inferiores a los ingresos previamente percibidos, en cuyo caso la referencia podría ser la esperanza de vida. En todo caso, habría que establecer que la defunción conllevara la anulación de la deuda pendiente, salvo en caso de suicidio doloso, que la causa de la muerte conllevara una indemnización que permitiera el pago de la misma, o la existencia de otras propiedades cuyo valor pudiera compensarla.

Asimismo, y para que las proyecciones fueran fiables, habría que establecer que el interés con el que se calcula el tiempo de amortización de una hipoteca no pudiera sufrir un incremento superior al del coste de la vida.

Es claro que esta regulación dificultaría en determinados casos la concesión de hipotecas para acceder a la propiedad de una vivienda, por lo que debería acompañarse de una actuación de los poderes públicos para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler.


Alquilar bajo gestión pública

Se han hecho propuestas para la adquisición con fondos públicos de las viviendas invendibles. Pero no parece razonable incrementar el déficit público para garantizar beneficios a quienes impulsando la burbuja inmobiliaria han obtenido beneficios desmesurados y sido detonantes de la crisis. Otra opción es que los poderes públicos asuman la gestión de dichas viviendas, sin alteración de su propiedad, poniéndolas en alquiler a precios asequibles y entregando a sus propietarios el importe del alquiler (descontando, en su caso, gastos de gestión). Ello permitiría por un lado atender a las necesidades sociales de vivienda y por otro lado proporcionar a las empresas inmobiliarias, o en su caso a las entidades bancarias propietarias de las viviendas, unos ingresos que faciliten su actividad, respectivamente inmobiliaria o financiera, aunque dichos ingresos sean inferiores a sus expectativas previas en el contexto del boom inmobiliario. Y todo ello sin coste para el erario público.

En caso de que se optara por la expropiación de viviendas para pasarlas a propiedad pública, su indemnización debería abonarse también con el importe obtenido de su alquiler, hasta cubrir su valor tasado en el momento de la expropiación.

En todo caso, debería regularse la intervención pública forzosa de las viviendas que hubieran permanecido deshabitadas durante un año, excluyendo así las que tuvieran una ocupación estacional, bien como segunda residencia de sus propietarios, bien en alquiler durante períodos de vacaciones.

En el caso de viviendas transferidas a entidades bancarias por ejecución de hipoteca, dichas entidades podrían optar por solicitar la intervención pública una vez transcurrido una vez transcurrido el período adicional garantizado de ocupación por el hipotecado. En caso contrario, pasarían a intervención forzosa al año de estar deshabitadas. Naturalmente, en caso de prorrogarse el alquiler al anterior hipotecado no procedería la intervención.

El alquiler de las viviendas bajo gestión pública debería regularse de forma precisa.

En primer lugar, deberían catalogarse dichas viviendas en una escala de alquileres.

En segundo lugar, debería calcularse el coste asumible F del alquiler de una vivienda por quienes tuvieran un puesto de trabajo predeterminado, que sería su coste asumible D de vivienda menos

5. = coste estimado del transporte mensual entre la vivienda y el puesto de trabajo
6. = D - E

En ausencia de un puesto de trabajo predeterminado sería E=0, y por tanto F=D . En todo caso, únicamente podría optarse al alquiler de una vivienda en caso de que el importe del mismo no fuera superior al del coste asumible F del alquiler en función de los ingresos y en su caso el puesto de trabajo.

En tercer lugar, tendría preferencia en su caso el anterior hipotecado que estuviera ocupando la vivienda, siempre que su alquiler catalogado no fuera superior a su coste asumible F del alquiler. En tal caso, se estipularía el alquiler por una cantidad igual a dicho coste F. Ahora bien, si el alquiler catalogado fuera inferior, tendría opción a la recompra de la vivienda, recuperando su propiedad sin cargos en el momento en amortizara el resto de su valor, tasado en el momento en que adopte dicha opción, con una tasa de interés igual al incremento del coste de la vida, con el fin de que la entidad bancaria propietaria de la vivienda, aunque no se lucre por ella, no tenga nuevas pérdidas por la misma.

En su defecto, y entre quienes pudieran optar a ella, tendrían preferencia para el alquiler de una vivienda aquéllos cuyo coste estimado D de vivienda estuviera dentro de una franja inferior de la escala de alquileres, dado que quienes tuvieran ingresos superiores podrían tener la posibilidad de optar a una vivienda con un alquiler superior. Y dentro de la misma franja, deberían tener preferencia quienes tuvieran un menor coste estimado E de transporte entre dicha vivienda y su eventual puesto de trabajo, a fin de minimizar los costes globales de transporte con sus consiguientes efectos nocivos para el medio ambiente.

En cuarto lugar, y para garantizar que todo solicitante sin hogar pueda acceder a una vivienda en tanto haya viviendas disponibles, el sistema debe funcionar a medio plazo a modo de una subasta inversa, como corresponde a un mercado bien regulado en el que los precios bajan cuando la oferta excede de la demanda solvente. Así, si hubiera solicitantes que no pudieran optar a ninguna vivienda con un alquiler no superior a su coste asumible F del alquiler de la misma, se procedería a rebajar la catalogación de tantas viviendas como fuera necesario, escogiéndolas de modo que se hiciera mínimo el coste estimado E de transporte entre las viviendas en cuestión y los eventuales puestos de trabajo predeterminados de dichos solicitantes, es decir, de modo que su ubicación fuera próxima al correspondiente puesto de trabajo, minimizando así los costes globales de transporte.

Señalemos que, en tanto que los solicitantes sin un puesto de trabajo predeterminado tendrían un coste estimado de transporte E=0, podrían optar a cualquier vivienda cuyo alquiler no fuera superior al coste estimado D de vivienda de dichos solicitantes. Por tanto, solamente sería necesario rebajar la catalogación de viviendas para ellos cuando se hubieran agotado todas las viviendas de catalogación inferior. En tal caso no se podría recurrir al coste estimado E de transporte para escogerlas, y deberían utilizarse otros criterios, como el arraigo familiar o las tareas socialmente necesarias que pudieran realizar en una zona determinada.


Garantizar unos ingresos mínimos

Para que todo lo anterior sea viable es necesario garantizar unos ingresos mínimos. En caso contrario, si los ingresos mínimos fueran A=0, incluso en el caso de que se subviniera públicamente a cubrir las necesidades independientes de la vivienda (y por tanto B=0), la cantidad que podría dedicarse a sufragar la vivienda sería D=0, es decir, habría que garantizar la gratuidad de la vivienda para quienes no tuvieran ingresos. Esta es también una opción posible, pero que no resulta compatible con el modelo aquí propuesto de alquiler bajo gestión pública con un efecto reactivador de la economía.

La opción alternativa es que los poderes públicos garanticen unos ingresos mínimos que permitan subvenir a las necesidades, incluyendo el pago de la vivienda. Tal como se explicaba en el coste asumible de la vivienda, el establecimiento de dichos ingresos mínimos condiciona el alquiler mínimo de las viviendas (por ejemplo, 300€ de alquiler con unos ingresos mínimos de 1000€, o 150€ de alquiler con unos ingresos mínimos de 800€).

La propuesta sería establecer un
G. = salario social
para quien no tuviera otros ingresos, en principio equiparable al salario mínimo interprofesional neto. Dicho salario social no tendría un carácter de "beneficiencia", sino que estaría sujeto a la contraprestación de la realización de actividades de interés comunitario o de formación para la adquisición de capacidades profesionales socialmente necesarias. El conjunto de dichas actividades supondría un tiempo de dedicación equivalente al de la jornada laboral máxima ordinaria legalmente regulada (por ejemplo, de 35 horas a la semana). El coste del alquiler se establecería en
H. = (G-B)/(1+C)

Recordemos que es este caso se estimaría un coste de transporte E=0, en tanto que se asegure la proximidad de las actividades a realizar y la ubicación de la vivienda concedida. El coste H del alquiler podría abonarse directamente por los poderes públicos a la entidad propietaria de la vivienda, previniendo así posibles impagos del mismo, de modo que la cantidad entregada en metálico sería
I. = G-H

Alternativamente, y de forma subsidiaria en caso de impago de las mismas, podría establecerse también el pago directo de las necesidades vinculadas a la vivienda (luz, agua...) para evitar la interrupción de su suministro, en cuyo caso la cantidad entregada en metálico sería
I. = G-H(1+C) = B

Naturalmente, en caso de incumplimiento de las actividades de contraprestación del salario social, se dejaría de abonar éste, y en su caso se procedería al desahucio de la vivienda concedida (a menos, naturalmente, que el abandono de dichas actividades se produjera por la incorporación a un puesto de trabajo en el mercado laboral). En este caso, la satisfacción de las necesidades de alojamiento, como las de manutención u otras, se situaría en el marco de la beneficiencia o del sistema sanitario en caso de incapacidad psicológica de trabajar o estudiar, en albergues, residencias o centros hospitalarios en condiciones estrictamente controladas. Ésta, naturalmente, es una situación indeseable a la que habría que recurrir únicamente en última instancia para la preservación de la vida. El sistema de contraprestaciones vinculadas al salario social debe permitir que, salvo casos patológicos, todo el mundo pueda realizar actividades socialmente útiles, adaptando éstas a las capacidades de cada persona o alternativamente proporcionando una formación adecuada.

Debe entenderse que el sistema de salario social correspondería a personas en edad laboral, en tanto que complementariamente habría que asegurar una pensión mínima por una cantidad equivalente a las personas en edad de jubilación.


La financiación pública del salario social

Señalemos que en el modelo propuesto para garantizar el derecho a la vivienda el único gasto público directo es el correspondiente al abono del salario social, dado que en éste se incluye el coste del alquiler. Suponiendo
J. = número de personas perceptoras del salario social
el gasto público necesario será
K. = J·G

Por ejemplo, si (tal como se estima actualmente) hay un millón de personas en España sin ninguna fuente de ingresos, y se fijara el salario social en G=1000€ mensuales, el gasto público necesario sería de K=1000 millones de euros mensuales.

Si se opta por impulsar un fuerte sector público productivo, dicho gasto público, junto a otros gastos sociales, podría financiarse con los beneficios de dicho sector público. Para ello no bastaría con nacionalizar sectores estratégicos como la energía o las comunicaciones, no tanto para obtener beneficios como para garantizar su suministro a precios asequibles a la ciudadanía y a las empresas, sino que se requeriría hacer descansar en buena medida los presupuestos del Estado sobre los beneficios de las empresas públicas, más que sobre los impuestos, siguiendo así una vía socialista como la de Venezuela, donde se utilizan los beneficios del petróleo para financiar gastos sociales.

Si por el contrario se opta por mantenerse, aunque sea temporalmente, en el marco de un sistema económico capitalista, los gastos sociales deberán financiarse mediante impuestos. Y para cubrir el gasto correspondiente al salario social podría establecerse un impuesto especial fuertemente progresivo a las personas con ingresos elevados. Para ello habría que sumar todos los ingresos de cada persona, y añadir un porcentaje (calculado por ejemplo a partir del Euríbor) de su patrimonio inactivo, es decir aquél que no genera renta directamente pero supone una acumulación de anteriores ingresos.

A tal efecto habría que decidir la cantidad
L.= ingreso mínimo a partir del cual aplicar el impuesto adicional
de modo que, siendo
M. = ingreso neto después de deducir los otros impuestos
se calcularía
N. = (M-L)/L
fijándose una cuota diferencial
P. = (exp(N)-Q)/(exp(N)+Q)
de modo que con
R(N). = integral de P desde 0 a N = 2·ln((exp(N)+Q)/(1+Q)) - N
(que naturalmente vale cero si N=0, es decir, si M=L) el monto del impuesto adicional fuera
S(M).= R·L
De este modo, el ingreso neto resultante sería
T(M). = M-S = L·[1+2·ln((1+Q)·exp(N)/(exp(N)+Q))]

representa gráficamente el cálculo del impuesto adicional en el caso particular de Q=1 y L=renta media (estos valores no estaban pensados para este problema, sino para la devolución de un préstamo-renta), de modo que el área más oscura correspondería al valor de R(N) con N=3 (para M=4L), y el área más clara al ingreso neto relativo, T/L.

El parámetro Q deberá fijarse de modo que la recaudación total cubriera el gasto público total K necesario para pagar el salario social.

De este modo, si la distribución de los ingresos M viene dada por una función
U(M). = número de personas con ingresos M
deberá cumplirse
K = sumatorio de U(M)·S(M) desde L a infinito

Supongamos, por ejemplo, que tomamos L=5000€ mensuales y que la distribución de los ingresos M superiores L, calculados por tramos de un euro, es U(M)=1'5·1013/M3 , lo que supondría un número total de 300000 personas con ingresos M superiores a L (para hacer los cálculos podemos aproximar el sumatorio por la integral, de modo que obtendríamos 300000 al integrar U(M) entre 5000 e infinito). De modo que, suponiendo K=109=1000 millones de euros, debería cumplirse que la integral de
U(M)·S(M) = U(M)·L·R(N) = U(M)·L·R((M-L)/L) = U(M)·L·[2·ln((exp((M-L)/L)+Q)/(1+Q)) - (M-L)/L] =
= 1'5·1013/M3·5000·[2·ln((exp((M-5000)/5000)+Q)/(1+Q)) - (M-5000)/5000] entre 5000 e infinito valga 109.
A través de un proceso iterativo podemos encontrar que ello ocurre cuando Q=0'56831, a lo que correspondería un impuesto adicional
S(M) = 100000·ln((exp((M-5000)/5000)+0'56831)/1'56831) - M - 5000
y el ingreso neto resultante sería
T(M) = 5000·[1+2·ln(1'56831·exp(N)/(exp(N)+0'56831)] con N=(M-5000)/5000
En estas condiciones el ingreso neto resultante máximo mensual sería
V. = lim (M tiende a infinito) T(M) = 5000·[1+2·ln(1'56831)] = 9500€

En general, sería
T(M) < v =" L·[1+2·ln(1+Q)]" q="0," v="L,">1 el impuesto adicional sólo se aplicaría a quienes tuvieran un ingreso neto después de deducir los otros impuestos mayor que
W. = L·(1+2·ln(Q))
dado que para ingresos M comprendidos entre L y W daría S(M)<0 k =" sumatorio" q="1," g="1000€," l="5000€" k="1000·J">


* FUENTE:http://www.uv.es/pla/models/derevivi.htm

* Rafael Pla López Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de València

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Andalucía: Ecologistas critican que la disciplina urbanística "ha sido la gran ausente en la gestión municipal"

GRANADADIGITAL* : La organización Ecologistas en Acción criticó hoy que la proliferación de urbanizaciones y viviendas ilegales se ha convertido en un "cáncer que devora territorio y paisaje en toda Andalucía, crea situaciones de absoluta impunidad, genera corrupción y termina por justificar todo tipo de infracciones al planeamiento urbanístico", lamentando que la disciplina urbanística "ha sido la gran ausente en la gestión municipal, y el gran pacto político y ciudadano para hacer frente a este problema sigue sin aparecer".

Tal y como señalaron en un comunicado, los procesos urbanizadores son "un modo más de contaminación y destrucción de recursos naturales no renovables como el suelo y el paisaje", lamentando la existencia de un modelo de ciudad "extensivo y que se hace insostenible, la agudización de los problemas de la movilidad urbana y la dependencia del vehículo motorizado para los desplazamientos, el encarecimiento de los servicios urbanos, los incrementos en los consumos de agua, o los de contaminación de los acuíferos por las infiltraciones de las aguas fecales de este tipo de edificaciones, carentes de cualquier sistema de tratamiento de vertidos".

"Sólo cuando aparecen sentencias judiciales a tantas infracciones de las leyes, el debate se reabre y la búsqueda de soluciones globales, que no son otras que la legalización de todo lo construido ilegalmente, se plantean", reprocharon. Ante ello, insistieron en que la medida "más eficaz" para impedir nuevas urbanizaciones y construcciones ilegales es la prevención.

Por ello, pidieron tanto a las corporaciones municipales como a la Junta de Andalucía que "paralicen todo proceso de parcelación o construcción ilegal desde sus inicios, imponiendo las medidas sancionadoras y de restauración de la legalidad estipuladas en la legislación y planeamientos urbanísticos vigentes, y muy particularmente convirtiendo en normal la demolición de todo lo ilegalmente construido".

Asimismo, instaron a poner todas las construcciones ilegales en suelo no urbanizable en conocimiento de la Fiscalía y no considerar a las asociaciones de propietarios de viviendas ilegales como "interlocutores válidos a la hora de modificar planeamientos para favorecer la situación de estas urbanizaciones y construcciones ilegales".

Además, señalaron que la legalización de estas urbanizaciones y construcciones ilegales "debe de ser la excepción, planteándose sólo la legalización de las urbanizaciones y construcciones en las que por su antigüedad hayan prescrito las infracciones urbanísticas y sea inviable su demolición".

Insistieron en que "no se legalice ninguna urbanización, vivienda, ni construcción existente en Sistemas Generales, suelos no urbanizables de especial protección por razones forestales, medioambientales o culturales, o terrenos de propiedad o dominio público, incluidas las vías pecuarias estén deslindadas o no".

Igualmente, apostaron porque la superficie de las urbanizaciones ilegales que se recalifiquen a suelo urbano o urbanizable computen como "nuevos suelos urbanos o urbanizables a efecto del cálculo del 40 por ciento máximo de crecimiento previsto en el POTA, pero no a efectos del cálculo de la tendencia de crecimiento seguida en los últimos diez años".

Apuntaron que la legalización de las urbanizaciones ilegales "debe de contar las infraestructuras necesarias para la correcta depuración de sus aguas residuales y un compromiso temporal de cierre de los pozos ciegos y fosas sépticas que, en todo caso, debe de estar concluido antes de la legalización o la concesión de licencias de obras o de primera ocupación".

DERECHO DE ACCESO A VPO

En el caso de las vías pecuarias y caminos públicos ocupados ilegalmente y para los que no exista solución urbanística para su recuperación, "hay que garantizar trazados alternativos financiados por los dueños de las viviendas ilegales, manteniendo como mínimo la misma superficie, la continuidad de los trazados y la interconexión con el resto de la red pecuaria".

De otro lado, señalaron que las urbanizaciones ilegales construidas parcial o totalmente en suelo forestal "tienen que llevar como medidas compensatorias la cesión de suelos en su periferia de la misma superficie para reforestarlos e incorporarlos al patrimonio forestal municipal".

Indicaron que los propietarios de las viviendas que se legalizarán deberán hacerse cargo del coste de la urbanización interna y de la parte correspondiente de las infraestructuras generales --carreteras de accesos, variantes, conducciones y depósitos de agua, conducciones y estaciones de bombeo de aguas residuales-- que no se hubieran construido si no existieran estas urbanizaciones ilegales.

Por último, subrayaron que la lucha contra el urbanismo ilegal tiene que ir pareja al fomento de políticas de las administraciones públicas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna de todos los ciudadanos, en base a la construcción de las VPO que demande la población, a viviendas sociales para las rentas más bajas, a viviendas para jóvenes en régimen de bajo alquiler con opción a compra, y destinando suelos públicos a planes racionales de autoconstrucción en terrenos urbanizados y con los servicios y equipamientos necesarios.








* Granada Digital - E.P. - 12.11.09
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales - diariodecadiz.es

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Millet desvió dinero público a las obras de su casa de L'Ametlla del Vallès

ELPAÍS/Barcelona* : Ya hay pruebas para un posible delito de malversación de fondos públicos. Así lo afirmaron ayer los nuevos gestores del Palau de la Música, que cifran en 23,7 millones de euros la estafa que cometió Fèlix Millet al frente de la institución. De esta cantidad, al menos 2,95 millones proceden de subvenciones públicas que en su mayor parte fueron a parar a obras de la casa de Millet en L'Ametlla del Vallès, regalos y viajes familiares.

El nuevo equipo gestor y la Generalitat presentaron ayer el resultado de sus auditorías al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona.

De momento, Millet y Montull están imputados por apropiación indebida y falsedad documental. Pero las administraciones públicas manifestaron, a través de sus representantes en el Palau, que confían en que la justicia recoja también las pruebas que indican que Millet malversó dinero público, puesto que así lo determina la auditoría elaborada por los interventores del Departamento de Economía y Finanzas.

El Palau está gestionado por tres entidades: la asociación, propietaria del edificio; la fundación, que se nutre de aportaciones privadas, y el consorcio, integrado por las administraciones. El ex presidente del Orfeó usó a su antojo las tres entidades. El director general del Palau de la Música, Joan Llinares, explicó que el modus operandi era casi siempre el mismo: aprovechaba que el Orfeó no estaba auditado para derivar dinero del consorcio y la fundación hacia allí.

La mayor parte del dinero del consorcio se desvió a través de las aportaciones que el organismo -integrado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura- efectuaba a la asociación. Entre 2002 y 2008, Millet se embolsó 1,7 millones de euros con el pretexto de que era dinero que iba al Orfeó, cuando éste nunca llegaba a ingresar esas cantidades. De hecho, las auditorías que el Departamento de Economía había elaborado sobre los ejercicios de 2002 y 2003 ya advertían de que había ingentes cantidades de dinero público que iban a la asociación y que no estaban debidamente justificadas. Finalmente, tras entrevistar a dos empleados del consorcio, la Generalitat ha acreditado que Millet extendía cheques al portador que cobraban varios empleados en Caixa Catalunya y que luego le entregaban. Algunas cantidades también se retiraron en efectivo.

La segunda fórmula era la falsificación de facturas. En conjunto, Millet se hizo con 750.154 euros procedentes del consorcio a través de certificados que validaron las empresas Triobra, Clos 9, Clos Interiors, Manteniments Integrals FM2, Eiffage Energía, Instal·lacions i Manteniments Tècnics de Catalunya y Vigilancia y Sistemas de Seguridad. La empresa Triobra facturó al Palau 392.175,43 euros que correspondían a las obras que realizó en su casa de L'Ametlla del Vallès, según admite el anterior consejero delegado de la sociedad, Emilio Vidal, a los interventores. Vidal fue presidente hasta enero de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos, que reúne a las empresas que, curiosamente, deben encargarse de controlar que no haya desvíos presupuestarios o temporales en las obras.

Además, el Instituto Catalán de Finanzas, el banco de crédito de la Generalitat, concedió dos créditos al consorcio, uno por 1,26 millones y otro por 731.710 euros. La auditoría acredita que Millet usó al menos 172.308,45 euros de este dinero para su uso particular y, además, la mayoría de este dinero corresponde a las facturas de Triobra, por lo que fuentes de la investigación apuntan que también fueron a sufragar su casa de L'Ametlla. A todo este dinero hay que añadir varias cantidades que suman 637.286,37 euros, aportadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (ICAEM), sin justificar.

El fraude final en las tres entidades suma más de 23 millones, y eso sin contar las remuneraciones que cobraron Millet, Montull, la ex directora financiera Gemma Montull y la ex directora general Rosa Garicano. Los cuatro, según Llinares, se subieron el sueldo sin motivo alguno ni amparo legal.







* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 14/11/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org


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Greenpeace, contra la ley que legaliza el Algarrobico

ELALMERÍA* : La asociación ecologista Greenpeace ha presentado un recurso contra la adaptación de las normas subsidiarias de Carboneras a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que convierten en urbanizable el paraje protegido de la playa del Algarrobico, donde se asienta el hotel.

La organización ecologista considera que tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Medio Ambiente "han faltado a su compromiso de demolición y promueven con sus actos y pasividad que el hotel ilegal siga en pie". Asimismo, acusa al Ayuntamiento de Carboneras de seguir apostando "por el desarrollo más insostenible de su municipio".

"A la paralización de la expropiación de los terrenos por parte del Gobierno se suma ahora que el Ayuntamiento de Carboneras pretenda aprobar una norma del todo ilegal. El caso de El Algarrobico sobrepasa todos los límites de la vergüenza administrativa conocidos", aseguró el director de Greenpeace España, Juan López de Uralde.

Para Greenpeace, esta norma urbanística es "del todo inviable" e indica que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural (PORN) Cabo de Gata-Níjar está paralizado cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), organismo que, según la ONG, consideró que urbanizar El Algarrobico sería "demoledor" para el Parque.

Así, recuerda que el TSJA devolvió a El Algarrobico la protección que tenía en el PORN de 1994, es decir espacio protegido no urbanizable y, por tanto, las normas urbanísticas de Carboneras "son ilegales".

Greenpeace recuerda también que la licencia de construcción del hotel de Azata del Sol debe ser revisada, según establece la sentencia de septiembre de 2008 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Almería. Según los ecologistas, el hotel acumula 18 pronunciamientos judiciales a favor del medio ambiente y de su demolición desde que los tribunales comenzaron a pronunciarse en el año 2006.






* El Almería - Agencias / Almería, carboneras - 14.11.09
Foto: El Algarrobico (Almería), protesta Greenpeace (archivo) - A.Rodríguez, Greenpeace

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Valencia: Cercle Obert de Benicalap solicita la aprobación de un plan destinado a la regeneración de zonas urbanas degradadas

Cercle Obert de Benicalap* solicita la creación de un fondo especial para acometer la regeneración de La Parreta, rehabilitando Agryfersa y creando equipamientos y servicios públicos básicos en su entorno inmediato. A juicio de "Cercle Obert de Benicalap", el gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia deben consensuar un programa de inversiones, destinados a reurbanizar adecuada y dignamente la zona conocida como La Parreta, al lado del barrio de Benicalap.

Al lado del Hospital LA FE, muy cerca de la Avenida de Campanar, hay un enorme bloque de edificios, con una antigüedad superior a los 50 años, conocido popularmente como “Agryfersa” donde hay cerca de 400 pequeños apartamentos. A la carencia histórica de equipamientos sociales, culturales, deportivos, asistenciales, lúdicos… en la mencionada zona de La Parreta, se une la falta total de programas institucionales destinados a la rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios donde viven personas mayores, con escasos recursos, emigrantes…

Para nuestra entidad “Cercle Obert de Benicalap” – Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro, se impone la necesidad urgente de que se invierta en aquellos edificios donde se detecten grandes y crónicas problemáticas sociales y asistenciales, como el referido edificio de Agryfersa. Rehabilitar las zonas comunes y dotar de bancos, zonas ajardinadas y espacios de encuentro (guarderías, ludotecas, centro socio-cultural, centros de formación profesional, oficinas de atención municipal, reten de policía local…) a los numerosos habitantes de la zona, debe constituir una prioridad municipal y autonómica, en aras a favorecer la socialización e integración de los diversos colectivos humanos que habitan en el mencionado espacio urbano y alrededores.

El elevado número de personas en situación de precariedad, marginación y exclusión, nos obliga a solicitar al Ayuntamiento de Valencia, que proceda a destinar parte del presupuesto que ha destinado el gobierno de España, a la atención de las necesidades y demandas que precisan recibir los vecinos y residentes de la Comunidad de Agryfersa – La Parreta.

Somos conscientes de que los más de 141 millones de € que le corresponderían a Valencia suponen el doble del presupuesto de inversiones para 2009 del Ayuntamiento de Valencia y sobrepasa en 24’2 millones los 116.933.530 € de la Generalitat.La aportación extra supondrá triplicar el presupuesto municipal de inversiones para 2009 y que pase de los 71’9 millones previstos a en torno 213 millones de €.

La financiación prevista debe estar destinada a proyectos que conlleven mejoras en las dotaciones municipales de infraestructuras, tanto productivas como de utilidad social.

Promover la construcción y rehabilitación de viviendas sociales y degradadas, así como potenciar programas formativos, asistenciales, lúdicos… entre la población ubicada en los barrios periféricos como Benicalap… deben ser prioridades municipales. Por tanto, y a tenor de la existencia de los 141 millones de euros que le corresponden a la ciudad de Valencia, nuestra entidad cívica y cultural, reclama que se atiendan las legítimas e históricas propuestas de “Cercle Obert de Benicalap” a favor de la Comunidad de Agryfersa y resto de la zona conocida como “La Parreta”, recordando la intolerable e inadmisible existencia de espacios y solares convertidos en basureros y ubicados al lado de la Ciudad Sanitaria La FE.

Conviene que el Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con la Diputación Provincial, el gobierno central (Ministerio de la Vivienda) y la Generalitat, elaboren un programa destinado a potenciar la rehabilitación, urbanización y saneamiento de las calles, plazas, solares... que conforman la zona denominada La Parreta, reservando las correspondientes Partidas Presupuestarias y asignando los recursos técnicos y humanos que permitan la regeneración del tejido urbano y social en un plazo no superior a cinco años, dada la alarmante existencia de numerosas personas y colectivos en situación de precariedad y exclusión social.

Recordamos que Benicalap, La Parreta y Ciudad Fallera, son los espacios urbanos de Valencia con mayor número de emigrantes y personas de escasos recursos económicos, formativos... de toda la Comunidad Valenciana, así como la que menos atención y ayuda recibe de las instituciones públicas.

Se impone con urgencia, la implantación de programas de inversión pública, que permitan la regeneración urbanística, ambiental y social de la zona, así como la creación de los equipamientos y servicios públicos adecuados al alto nivel demográfico existente.

"Cercle Obert de Benicalap" - Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro, estima básico y prioritario, dotar de un comedor social y un albergue para indigentes y personas sin recursos a la zona conocida como La Parreta, así como se valora por las instituciones públicas valencianas, la creación de un fondo económico especial que permita la total y completa rehabilitación del conjunto de edificios conocido como AGRYFERSA, donde conviven cerca de 400 familias con muy escasos recursos y casi nula formación laboral...

El edificio y toda la zona merece recibir una especial protección por parte de las instituciones públicas competentes en materia de rehabilitación y regeneración urbanística, ambiental, social, dada las peculiaridades extraordinarias que concurren, tal y como disfruta la FINCA ROJA de Valencia.

Luchar contra la exclusión y contra la existencia de zonas marginadas y degradadas, es una labor urgente y básica que deben acometer y asumir con rigor y esmero todas las instituciones públicas, desde el Congreso de los Diputados, el gobierno central, hasta la Generalitat (Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos), Defensor del Pueblo, Cortes Valencianas y el Ayuntamiento de Valencia, contando siempre con el concurso y colaboración de los colectivos vecinales activos, que han demostrado a través del tiempo, su implicación solidaria y altruista en aras a favorecer la convivencia pacífica y armónica de todas las personas.






* Otro Madrid - Antonio Marín Segovia - 6.11.09
Foto: Valencia - Cercle Obert de Benicalap

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