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LAVANGUARDIA* : El Día sin coches, que se celebra hoy en las principales ciudades europeas con motivo del fin de los actos de la Semana Europea de la Movilidad, arrancó con la retenciones "habituales" en las principales ciudades españolas, según aseguraron fuentes de la DGT.
"Ha sido una mañana normal" en la que no "ha sucedido nada extraordinario" ni se ha notado una circulación de coches "por debajo" de lo habitual, tal y como señalaron las mismas fuentes, que concentraron las principales retenciones en Madrid y Barcelona entre las 07.00 y las 09.30 horas.
Concretamente, en Madrid, a esa hora se registraron algunos atascos en la A-2, a la altura de Alcalá de Henares, en la A-4, a su paso por Pinto, en la A-5 cerca de Móstoles y en la A-6, en las proximidades de Majadahonda. Mientras, en Barcelona, las principales problemas se localizaron en las rondas, la B-10, la B-20, la B-23, la C-31, y en general en las vías que conectan las ciudades dormitorios de la periferia con la Ciudad Condal.
Ecologistas en Acción criticó ayer al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y a los ayuntamientos por su "escasa implicación" en el Día sin coches, al tiempo que denunció las "contradicciones" entre los discursos de movilidad sostenible y las políticas reales, que "siguen apostando por vender más y más coches y facilitar su uso en las ciudades y zonas metropolitanas".
Así, a juicio de la organización ecologista, estas "contradicciones" tienen consecuencias "nefastas para la calidad de vida y para el cambio climático". Asimismo, reconocen que "el Día sin Coches ya ha perdido empuje y contenido en manos de unos gobiernos municipales que, en su gran mayoría, continúan desarrollando cada día una política de movilidad destinada a favorecer la circulación de coches como principal modo de transporte urbano".
Según un artículo del Anuario de la Movilidad 2008 del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), un ciudadano pierde en atascos en el área metropolitana de Barcelona 49 horas anuales, mientras que en Madrid pierde 55 horas, lo que equivale aproximadamente a más de siete días laborables de vacaciones extra al año y un coste por trabajador de entre 460 euros al año en Barcelona y 538 en Madrid.
Estos datos también revelan que las retenciones suponen una pérdida media diaria para el usuario de 11,9 minutos en la región metropolitana de Barcelona, y de 14 en Madrid, y en hora punta, sobre todo por motivos laborales, la pérdida asciende a 18 minutos diarios en Barcelona y 33 en Madrid.
En otro trabajo del RACC también se realiza una comparativa entre los tiempos de desplazamiento invertido en transporte privado versus transporte público. En los 10 itinerarios tipo analizados, el tiempo perdido en transporte público es superior al del privado. Destacan aquéllos donde se utiliza el autobús o donde se hace un trasbordo.
* La Vanguardia . E. P. - 22.09.09
Foto: Atascos y contaminación Madrid (Archivo)- Uly Martín (El País)
Fracaso absoluto del 'Día sin coches'
Una sentencia ordena el derribo de una nave ilegal en la marina viguesa de A Lagoa
ELPAÍS* : Una y otra vez, el puerto deportivo de A Lagoa choca con la justicia. Esta vez ha sido un juzgado vigués el que ha ratificado las irregularidades de unas instalaciones promovidas por el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, al pie del monte de A Guía (Vigo), y construidas con el único permiso de la Autoridad Portuaria, sin licencia municipal de ningún tipo.
La sentencia desestima un recurso presentado por los responsables de la marina, por lo que ratifica la orden de derribo dictada por el Ayuntamiento vigués de la nave principal del puerto.
La nave cuya ilegalidad confirma ahora el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Vigo tiene una superficie de casi 1.000 metros cuadrados. Según la sentencia, las obras fueron ejecutadas sin licencia y son incompatibles con la ordenación urbanística de la zona. No es la única nave construida sobre el puerto deportivo, que cuenta con otra orden de derribo, en este caso firme, contra un segundo almacén de embarcaciones.
El rosario de actuaciones ilegales se completa con un restaurante de lujo precintado este verano por el Ayuntamiento por orden judicial. Con un permiso para una caseta desmontable de 30 metros cuadrados destinada a taberna, la empresa de Fernández de Sousa levantó un edificio cinco veces superior al autorizado y que carece de la posibilidad de ser desmontado.
Los promotores de la marina, con capacidad para 355 embarcaciones, contaron con autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo, entonces presidida por Julio Pedrosa, del PP, para la ocupación de una lámina de agua. Pero las instalaciones carecen de permisos para las obras en tierra, que consistieron en la ejecución de las dos naves y el restaurante declarados ilegales.
Para la construcción del complejo y como vía de acceso a los actuales usuarios, la empresa empleó reiteradamente un cortafuegos municipal sin permiso del Ayuntamiento. El paso constante de vehículos retrasó varios años una inversión de casi tres millones de euros del Ministerio de Medio Ambiente para un paseo marítimo, actualmente en obras, cuyo trazado coincide con el del cortafuegos. Según un escrito de la fiscalía de la Audiencia Provincial, el puerto deportivo supera las dimensiones del informe de impacto y careció de vigilancia y control, pese a realizarse con materiales de desecho y sobre un banco marisquero de gran valor.
* ELPAIS.com - P.L. - 22.09.09
Foto: Vigo, muelle puerto (archivo)- galiciadigital.com
El TSJC 'tumba' otra operación urbanística en Sant Cugat
ELMUNDO/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado nula la modificación puntual del Plan General Metropolitano en el sector de Can Marcet de Sant Cugat del Vallès, aprobada definitivamente por la Generalitat, tras un nuevo recurso presentado por la inmobiliaria Núñez y Navarro.
El pleno municipal de Sant Cugat aprobó en 2004 dicha modificación puntual para permitir la implantación en la ciudad de la nueva sede de Laboratoris Esteve, todavía sin construir, y trasladar la cesión del 10% de aprovechamiento que estipula la ley a la zona de Can Cabassa para construir vivienda pública de alquiler para jóvenes.
Sin embargo, el alto tribunal catalán considera en su sentencia que esta promoción de pisos para jóvenes no se puede considerar equipamiento municipal, ya que en el momento del acuerdo del pleno la ley no contemplaba estas edificaciones como equipamientos.
Del mismo modo, el TSJC argumenta que los equipamientos municipales que debían construirse fruto de la operación urbanística tendrían que implantarse en la zona de Can Marcet y no en otros sectores de la ciudad.
Por último, la sentencia recoge la ausencia de un informe ambiental y de la reserva del 5% de la superficie para equipamientos dentro del sector modificado, hechos que le llevan a declarar nula la modificación urbanística.
La promotora Núñez y Navarro, que no tiene propiedades en la zona pero que es propietaria de parte del sector de Torre Negra, aseguró en un comunicado que la sentencia "es una muestra más" de cómo las actuaciones del consistorio se apartan de la legalidad.
En cambio, el Ayuntamiento, en un comunicado, negó "rotundamente" que actúe al margen de la legalidad y acusó a Núñez y Navarro de "obstruir judicialmente" el planeamiento urbanístico general del municipio, ya que la inmobiliaria no tiene intereses particulares en esa zona.
Anunció que acata y cumplirá la sentencia, que anula la modificación urbanística por "defectos de tramitación", dijo el Consistorio, que anunció que iniciará una nueva tramitación para llevar a cabo "esta importante actuación urbanística".
* El Mundo - E.P. - 21.09.09
Foto: Sant_Cugat, Nou_Ajuntament - wikimedia.org
Anulada en Lugo una urbanización de seis bloques
ELPAÍS* : El juzgado de lo contencioso-administrativo de Lugo anuló la aprobación de un proyecto de urbanización impulsada por el Ayuntamiento de esta ciudad, por no respetar los perímetros de protección con dos edificios incluidos en el inventario general del patrimonio cultural de Galicia.
La sentencia no cuestiona la volumetría del complejo -seis edificios de nueve plantas- pero estima el recurso presentado por la Asociación Cultural en Defensa del Parque Rosalía de Castro y su Entorno, sobre la legalidad de la urbanización de viales y servicios realizada en este espacio próximo al parque más importante de la ciudad.
La Consellería de Cultura ya había instado al Ayuntamiento de Lugo el 26 de junio de 2007 a paralizar de forma "cautelar e inmediata" las actuaciones realizadas en lo que se conoce, en términos urbanísticos, como la unidad de actuación CS-5, por tratarse de obras que pudieran afectar a edificios inventariados como patrimonio cultural de Galicia como son el Sanatorio Portela o las termas romanas.
Al no existir un informe previo de la comisión territorial del patrimonio histórico de Lugo, el juzgado entiende que procede la estimación de la demanda y obliga a retrotraer el procedimiento al momento en que "debió evacuarse el informe emitido". La asociación demandante, que lleva más de tres años de trabajo contra esta urbanización y que ha tramitado 12.500 firmas oponiéndose a la misma, ha recibido la resolución con "una inmensa alegría" y asegura que pone de manifiesto "la ilegalidad del proyecto".
Versión municipal
Desde el Ayuntamiento de Lugo, la responsable de Urbanismo, María Novo, avanzó que presentarán recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al entender que en la sentencia existe jurídicamente algún "error grave". Novo sostiene que la resolución judicial se base en normas subsidiarias que no rigen para ayuntamientos que, como el de Lugo, disponen de un Plan General de Ordenación Municipal y aplica ámbitos de protección que sólo son imputables a suelo no urbanizable cuando, asegura, en este caso se trata de "suelo urbano".
La concejala de Urbanismo advirtió además que los argumentos de la sentencia afectan a un porcentaje elevado de una de las zonas que ha presentado mayor volumen de edificación en los últimos años, Aceña de Olga.
* ELPAIS.com - A. SILVOSA - Lugo - 22/09/2009
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv.com
Madrid: Campaña contra la privatización del Parque de Valdebernardo
KAOSENLARED* : A lo largo de todo el pasado fin de semana, la Plataforma en defensa del Parque de Valdebernardo viene desarrollando una campaña informativa en los barrios aledaños al parque de Valdebernardo (Vicálvaro, Valdebernardo y Valderrivas), con la instalación de mesas informativas, el reparto de octavillas y la pegada de carteles, contra la intención de la Comunidad de Madrid de ceder la Concesión Integral de la gestión del Parque de Valdebernardo a una empresa privada.
Tras ser rechazada por el PP, la propuesta de anular el concurso de privatización del parque, presentada por IU en el Ayuntamiento de Madrid el pasado 29 de Julio, y en la que se instaba al ayuntamiento a recuperar la gestión y dirección del parque, la plataforma vecinal inicia una recogida de firmas entre los vecinos contra su privatización e insta a la Junta Municipal de Distrito a que haga una consulta ciudadana para que sean los propios vecinos los que decidan el futuro del parque.
El pasado 8 de julio se convocó un concurso para la Concesión Integral de la gestión de todo lo relacionado con el Parque de Valdebernardo por una duración de 40 AÑOS. La Concesión incluye el mantenimiento y conservación del parque, de la estación depuradora de aguas residuales, la explotación de 5 quioscos (2 construidos y se construirían tres más), la explotación del vivero y la posesión de los terrenos de cuatro parcelas que suman 29.809 metros cuadrados edificables.
El Parque de Valdebernardo es propiedad de la Comunidad de Madrid y, hasta la fecha, se había negado a traspasar su competencia al Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que éste hace tiempo que se lo había solicitado.
Es el único parque urbano de la ciudad que no es competencia municipal. Ahora queda claro el por qué de la negativa de la Comunidad de Madrid. Con esta privatización de la gestión del Plan Especial Norte (en el que está incluido el parque) se pone de manifiesto una operación especulativa gracias a la que se ponen en manos privadas casi 30.000 metros cuadrados públicos, en una zona verde, para usos urbanísticos edificables para que algunas grandes empresas hagan grandes negocios. Suelo público que se regala a la empresa concesionaria por 40 años más una aportación máxima del Consorcio de 94 millones de euros durante todo el contrato para sufragar los costes de mantenimiento del parque y la depuradora. En definitiva un gran negocio a costa del patrimonio público.
No van a ser los vecinos, ni las entidades de Vicálvaro, ni siquiera el Ayuntamiento o la Comunidad como administraciones públicas, los que vamos a decidir qué se construye en estas cuatro parcelas del parque, sino que va a ser un empresario, o un grupo reducido de empresarios, los que, en función de las posibilidades de negocio, van a decidir qué se hace en el parque de Valdebernardo, dé un servicio necesario a los habitantes de este distrito o no.
La Plataforma en defensa del Parque de Valdebernardo denuncia esta Concesión Integral como una maniobra urbanística especulativa contraria a los intereses de los vecinos de Vicálvaro y solicita a la Comunidad de Madrid que sea anulada inmediatamente, así como que el parque de Valdebernardo, construido con el dinero de todos los vecinos, sea traspasado de forma inmediata al Ayuntamiento.
Una vez que el parque esté en manos municipales se deberían crear cauces para que, de forma democrática y participativa, se pueda debatir públicamente qué dotaciones son las más idóneas en las cuatro parcelas disponibles en ese entorno.
http://www.lollamandemocraciaynoloes.com/2009/09/campana-contra-la-privatizacion-del.html
* Kaos en la Red - Falsa democracia - 21.09.09
Foto: kaosenlared.net
El TSJ insta de nuevo al alcalde de Alcoi a reponer una zona verde
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ELPAÍS/Alicante* : Último y definitivo aviso de los tribunales al Ayuntamiento de Alcoi por el daño causado en el aparcamiento de La Rosaleda. Se destruyó una zona verde y la justicia insta, una vez más, a que se restituya. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha vuelto a desestimar el recurso presentado por el Ayuntamiento e insta a que reponga la zona verde destruida por la construcción de un aparcamiento subterráneo en La Rosaleda. Contra esta resolución no cabe recurso.
Tras recibir la última comunicación del TSJ, en la que desestima el recurso de súplica, el concejal de Promoción Económica, Rafael Sanus, explicó que los técnicos municipales estudiarían de nuevo la manera de poder adaptar el aparcamiento a lo que exige el TSJ, que cifró en una cantidad cercana a los 5 millones de euros. Los autos anteriores del TSJ tienen fecha de 22 de diciembre de 2008, 21 de mayo de 2009 y 2 de septiembre de 2009.
El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular (PP), ha presentado, desde que en 2005 fue declarada ilegal la construcción, diferentes escritos para evitar la reposición de la zona verde. En ellos alega que el cumplimiento de la sentencia contravendría el Plan General de Ordenación Urbana y la dificultad de adaptar la construcción del aparcamiento a lo que solicita el tribunal, ya que según el gobierno municipal la obra cumple los porcentajes mínimos que exige el PGOU de zona verde.
La construcción del aparcamiento se hizo con el anterior alcalde y actual diputado nacional por el PP Miguel Peralta. Un grupo de ciudadanos afectados por las obras y La Colla Ecologista La Carrasca presentaron una demanda por la destrucción de la zona verde que supondría la transformación de la antigua plaza de la Constitución en el aparcamiento de La Rosaleda.
Los denunciantes reclaman la eliminación de la planta superior y la reposición de los niveles de tierra y superficie de arbolado con los que contaba la plaza antes de su transformación en aparcamiento. El Ayuntamiento espera informes técnicos para elaborar el proyecto definitivo de remodelación y ajustarse a lo que reclama el TSJ.
* ELPAIS.com - L. GADEA - Alcoi - 21/09/2009
Foto: Alcoi (Alicante), puente - wikipedia.org
Semana de la Movilidad: España en la cola en el uso de bicicletas
El Estado español se encuentra en los últimos puestos en la utilización de la bicicleta en los desplazamientos urbanos. Y eso a pesar de sus mejores condiciones meteorológicas frente a otros países europeos de nuestro entorno. Por ello, Ecologistas en Acción* exige a los Ayuntamientos medidas para permitir y favorecer el uso la bicicleta en la ciudad como un modo de transporte cotidiano, alternativo al coche.
Ésta es una de las mejores políticas para reducir las emisiones urbanas de CO2, objetivo de la Semana Europea de la Movilidad de 2009, así como para mejorar la habitabilidad de nuestras ciudades.
Ecologistas en Acción considera que la utilización de la bicicleta como medio de transporte urbano es un derecho que numerosos ciudadanos y ciudadanas no pueden ejercer porque los Ayuntamientos no ponen los medios necesarios para que se pueda circular en bici por las ciudades en condiciones mínimas de seguridad y eficacia. De hecho, la mayoría de los Ayuntamientos tienen “políticas de tráfico” ancladas en el pasado, que no consideran que la bicicleta sea un medio de transporte más. Por ello, la bicicleta, salvo honrosas excepciones, nunca es tenida en cuenta en el diseño de las calles, la organización de la circulación, los cruces semafóricos o la provisión de aparcamientos para las mismas, así como en su combinación con el transporte público.
En este sentido, las ciudades españolas están a la cola de las urbes europeas, en muchas de las cuales las bicicletas han vuelto a reconquistar el espacio urbano gracias a sus innumerables ventajas. También hay ejemplos en el Estado español (San Sebastián, Barcelona, Córdoba, Sevilla…) pero en ningún caso se ha avanzado tanto como sería deseable y posible.
Según la Unión Europea, casi la mitad de los viajes que se realizan en coche en nuestras ciudades son recorridos de menos de 3 km, algo que costaría recorrer en bicicleta sólo unos pocos minutos. Además, la velocidad media de circulación no supera en muchas ciudades los 15 km/h, velocidad fácilmente alcanzable pedaleando. De hecho, en muchas pruebas comparativas de medios de transporte, se obtiene el mismo resultado una y otra vez: que la bicicleta es más rápida, más eficaz en el consumo energético y menos cara que cualquier otro medio de transporte urbano para distancias por debajo de los 6-8 km (la mayor parte de los desplazamientos urbanos). Sólo hace falta que se permita a las bicicletas circular en condiciones de confort y seguridad.
Este año, en que la Semana de la Movilidad se realiza bajo el lema “mejora el clima de tu ciudad”, conviene insistir en que cuanto más trayectos en coche se sustituyan por recorridos en bicicleta, menos emisiones de gases invernadero se producirán, aparte de que el aire será más sano y se reducirá el ruido. En definitiva, que como se comprueba una y otra vez en numerosas ciudades europeas, el entorno urbano es más habitable y grato con más bicis y menos coches.
Por estos motivos, Ecologistas en Acción exige a los Ayuntamientos las siguientes medidas a favor de la bicicleta:
* La construcción de una red de carriles-bici en las principales vías urbanas, sobre la calzada y con separador donde sea necesario, que permita circular en bici con seguridad interconectando todos los barrios de la ciudad y éstos con el centro.
* La pacificación del tráfico en el interior de los barrios, con “zonas 30” (donde no se permite rebasar los 30 km/h) que permitan sin peligro la coexistencia de los distintos usuarios de las calles, con prioridad a peatones y ciclistas.
* Aparcamientos seguros para bicicletas en los puntos neurálgicos de la ciudad: desde estaciones e intercambiadores de transporte, pasando por centros de enseñanza, centros públicos, polideportivos, zonas de ocio, etc.
* Medidas que permitan la combinación de la bici con el transporte público, que van desde la posibilidad de transportarla a la mejora de la accesibilidad de las estaciones.
Ha llegado la hora de democratizar la calle, dándole prioridad a sus principales usuarios, los peatones, y reduciendo el abusivo espacio ocupado por el automóvil, para permitir la expansión de otros modos de transporte menos contaminantes, más racionales, eficaces, seguros y sostenibles: no sólo el transporte público, sino también la bicicleta.
* Área de Transporte de Ecologistas en Acción - 18.09.09
Foto: bicis - bicing.com
A 'Sanse' le brota una autovía
MADRIDIARIO* : El cierre norte de la M-50 lleva más de diez años en los despachos de la administración madrileña. La última propuesta se reactivó en el mes de abril tras la reunión del ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Desde entonces la plataforma M-50 NO de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes está dando a conocer las afecciones que sufrirán estos municipios.
El cierre norte de la M-50, bautizado como M-61, tiene que sortear el monte de El Pardo, pero también su paso por los cascos urbanos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. El primer problema se ha solucionado proyectando un túnel que atravesará el espacio protegido, sobre el segundo inconveniente aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo.
Según denuncia la plataforma M-50 NO, el actual trazado elegido por la Comunidad entrará en San Sebastián de los Reyes atravesando a cielo abierto el parque forestal Retamar, donde crecen viejas encinas, robándole la mitad del espacio. Después continuará por el Cerro del Baile, un futuro desarrollo urbanístico donde está prevista la creación de viviendas protegida.
A continuación, un viaducto construido en el extremo oriental del parque de Arroyo Quiñones -financiado con fondos europeos- salvará el arroyo homónimo. Este viaducto pasará junto a un polideportivo municipal, que es el lugar más frecuentado del municipio, según el propio Ayuntamiento. En concreto, la autovía quedará casi pegada a la piscina descubierta para niños.
Después, la carretera continúa en falso túnel por el nuevo parque de la Dehesa, recientemente construido con un presupuesto de más de 10 millones de euros. Esto supondrá desmantelar tanto parte del parque como el sistema central de agua regenerada para construir el túnel desde la superficie. Su paso por estos cascos urbanos terminaría en los desarrollos de Tempranales (San Sebastián de los Reyes) y Fuentelucha (Alcobendas) pasando muy cerca de futuras viviendas.
Viviendas y espacios naturales
En resumen, cerrar por el norte la M-50 tendrá como consecuencia afectar durante los años de ejecución de las obras zonas urbanas consolidadas, así como la Dehesa Boyal, que forma parque del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y quedará junto al trazado de la autovía. Además, los habitantes de otras zonas urbanas, algunas en proyecto, por donde discurrirá a cielo abierto, tendrán que convivir con una autovía.
"Han puesto más empeño en la batalla política que en el diseño de la carretera", asegura Rubén Holguera, miembro de la plataforma. Y es que durante años el cierre norte de la M-50 ha causado polémica. Ya en 1998 los vecinos consiguieron detener su construcción con sus protestas y acampadas, recuerda Rafa Herguezabal, también de la plataforma.
Después, todos los grupos políticos se opusieron a su construcción salvo que un túnel atravesara toda la zona urbana. En 2007 volvió a resurgir el proyecto, que también contaba con tramos a cielo abierto, y el PP, ya en la Alcaldía, lo apoyó, aunque ha presentado una serie de alegaciones para minimizar el impacto ambiental. El único escollo que quedaba era que el Gobierno regional consiguiese autorización del central, y ahora ya la tiene. Aunque también tendrá que luchar contra la crisis.
Reforestación y pantallas
El Gobierno municipal de San Sebastián de los Reyes explicó a Madridiario que cuentan con que el Gobierno regional tenga en cuenta sus alegaciones, que pasan por volver reforestar todas las zonas afectadas, reconstruir la red de agua regenerada, hacer más largos los falsos túneles, garantizar los accesos a la nueva carretera a los vecinos del municipio y por poner pantallas acústicas en los tramos a cielo abierto.
Las alegaciones prestan especial atención a la zona colindante al polideportivo municipal, donde se ha pedido que la autovía vaya encapsulada y que el remate de la obra "se cuide en extremo para camuflar la infraestructura en este entorno privilegiado". "Si no se tienen en cuenta las alegaciones, no apoyaremos el proyecto", afirmó Raúl Terrón, concejal de Urbanismo de San Sebastián de los Reyes.
Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Alcobendas indicó que la nueva infraestructura es beneficiosa para el municipio donde "no hay ningún colectivo que esté haciendo campaña contra la M-50". No obstante, la asociación de vecinos de Fuentelucha critica que "pasará a poco más de cien metros de las casa más próximas y a cielo descubierto generando más ruido del que permite la normativa".
"Estamos totalmente en contra de esta barbaridad urbanística", sentenció David Arcos, presidente de la asociación, que solo apoyaría el soterramiento total de la carretera en los municipios. Ante todas estas opiniones y propuestas de mejora, que se materializaron en gran parte como alegaciones al proyecto, una portavoz de la Consejería de Transportes recordó que se estudiaron todas las posibilidades y se eligió la mejor, y que tendrán en cuenta todas las alegaciones interpuestas antes de presentar el proyecto definitivo.
Mejora del tráfico
Queda una pregunta: "¿Es necesario el cierre norte de la M-50?". El concejal de Urbanismo de San Sebastián de los Reyes explica que los atascos de la A-1 empiezan en el municipio y que esta carretera, que conectará con la A-1 y la A-6, puede descongestionar el tráfico.
Sin embargo, la plataforma asegura que no servirá de nada, ya que la M-40 está a una distancia de entre cinco y diez kilómetros del nuevo trazado y los atascos se deben a las entradas a los polígonos industriales, la Castellana y las nacionales, pero no a la falta de carriles. Además, las previsiones indican que esta M-61 se va usar menos que otros tramos de la M-50.
* Madridiario - 21-09-2009 - Carmen M. Gutiérrez
Foto: Gustavo San Miguel, madridiario.es
La ciudad "no motorizada"
ELPAÍS/Valencia* : "El uso de modos de transporte alternativos también depende de la voluntad y el convencimiento de las personas", señaló Vicente Dómine, el miércoles, ante varias decenas de esforzados universitarios que respondieron bajo la lluvia a una de las convocatorias con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. El colectivo estudiantil Conciencia Crítica organizó una marcha ciclista para pedir la conexión mediante carril-bici del campus de Burjassot de la Universitat de Valencia con la ciudad y el resto del área metropolitana (una petición avalada por más de 2.000 firmas), y reunió después a un geógrafo, un urbanista y representantes políticos en una mesa redonda.
Dómine, director general de Transportes y Logística de la Generalitat, criticó que las universidades, pese a los discursos a favor del medioambiente, "piden más plazas de aparcamientos gratuitos". "En los campus se siguen construyendo aparcamientos subterráneos", añadió. "Percibo cierta hipocresía de la comunidad universitaria en este tema".
Dómine, que recordó que la Generalitat tiene una inversión global en estos momentos de 1.700 millones de euros en transporte público y repasó algunas de las 54 actuaciones de su departamento en relación con los desplazamientos de peatones y ciclistas en el área metropolitana de Valencia, insistió en que "el problema no son las infraestructuras, sino que la gente toma sus decisiones". Y aseguró que, aunque los españoles han llegado tarde a la cultura de la sostenibilidad, tienen ventaja en algunos aspectos frente a los ciudadanos europeos que a veces sirven de modelos.
"Vamos poco en bici pero andamos muchísimo", puso como ejemplo, antes de apoyarlo con datos: "El 72% de los desplazamientos en Benidorm se hace a pie, el 55% en la ciudad de Castellón y un porcentaje muy importante en la ciudad de Valencia".
La Estrategia Española de Movilidad Sostenible, inspirada en el Libro Blanco del Transporte de la UE, incide en las cuestiones a que se refirió Dómine, es decir, la promoción del transporte público y su interconexión, así como el fomento de "la movilidad no motorizada". Pero también en otras, como la ordenación del territorio y la promoción de un "urbanismo de proximidad" que facilite el uso de medios de transporte alternativos al automóvil.
Josep Vicent Boira, profesor de Geografía de la Universitat de València y autor, junto a Evarist Almudéver, de un análisis de la movilidad en el área metropolitana de Valencia con atención específica a la comarca de L'Horta Sud, habla del "tercer carril como metáfora", en alusión a la presión para que se construyan carreteras con mayor capacidad.
"En cinco años, la cifra de vehículos ha aumentado más que la población", explica, "y se alcanzan tasas del 20% de motorización que no son sostenibles". Boira apunta que no se trata sólo de mejorar los transportes públicos (en L'Horta Sud hay un núcleo de población sin oferta alguna y tres que sólo disponen de autobús), sino de reducir los desplazamientos obligatorios.
Para reducir las cifras de 2,4 desplazamientos por persona al día en el área metropolitana, hay que actuar en la ordenación del territorio. Se trata de evitar que la gente tenga que usar su vehículo para ir al trabajo, a comprar, al cine... Boira aboga por "un modelo urbanístico que evite la zonificación y apueste por la ciudad compleja, de actividades mezcladas, compacta y plurifuncional".
En opinión de este especialista, "el área metropolitana necesita un plan estratégico que tenga en cuenta las conexiones transversales alternativas al modelo radial de transporte centrado en la ciudad de Valencia".
La exigencia de una coordinación de los crecimientos urbanos y sus redes de transporte se ha puesto también de manifiesto en el debate en torno al nuevo plan general de Valencia. Vecinos, ecologistas, expertos en movilidad y la oposición socialista insistieron el año pasado en la necesidad de dar un enfoque metropolitano al documento, que se limita básicamente a citar los planes de carreteras y líneas de metro de la Generalitat y a rematar los bordes urbanos con otros municipios. El plan proclama que debe recuperarse el espacio público frente al "predominio del coche privado", potenciar el transporte público y "favorecer modos de transporte más limpio". Pero no va más allá, por lo que el debate ha resurgido con motivo de la Semana de la Movilidad, que ha arrancado con polémica por la decisión del Ayuntamiento de Valencia de adelantar el Día Sin Coches del martes a hoy domingo para evitar el cierre de calles en día laborable y hacerlo coincidir con el Día de la Bicicleta.
Los actos y charlas organizados por los distintos colectivos coinciden también en pedir al Ayuntamiento una política decidida por la movilidad sostenible. La ciudad no tiene plan de movilidad, que creen necesario los vecinos y otras entidades, así como el grupo socialista. "Habría que sentar a todo el mundo para coordinarlo porque lo que tenemos ahora es la movilidad del coche, y aún eso con dificultades", apunta Carmen Castelló, vocal de la directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos. "Cada vez es más necesario", abunda el concejal socialista José Luis Ábalos. Demasiados coches para tan poco aparcamiento, deficiencias en la coordinación de autobuses y metro, carriles bici a ninguna parte, barreras arquitectónicas..., las quejas son múltiples.
La planificación urbana prima el coche y la premisa debe ser que circulen menos vehículos porque haya transporte alternativo, con los servicios bien repartidos, de modo que las distancias sean cortas y favorezcan la opción de dejar el coche en el garaje, opinan vecinos y colectivos.
El concejal de Circulación y Transportes, Alfonso Novo, se defiende: "Seguro que hacemos más acciones para coordinar la movilidad que algunas ciudades que dicen que tienen un plan específico. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo con la Entidad de Transporte Metropolitano un estudio con encuestas sobre la movilidad del área metropolitana".
El Consistorio, además, destaca que hay un plan de aparcamientos en marcha; se está mejorando la red de carriles bici; el alquiler público de bicicletas se adjudicará en breve; y las rutas de la EMT "se analizan permanentemente". Novo apunta también que se han introducido las ciclo calles, zonas de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en las que tienen preferencia las bicicletas. Las calles y plazas peatonalizadas en el centro alcanzan la cincuentena. Y pendientes de estreno y recogidas en el borrador de una nueva ordenanza están las zonas naranjas de aparcamiento para residentes, que comenzarán a aplicarse en Ciutat Vella.
'Bicis al tren', por la movilidad sostenible
Un tren de pega. Bicicletas de verdad. Con estos ingredientes, el colectivo Valencia en Bici organizó ayer un acto reivindicativo en la calle de Játiva de Valencia, frente a la estación del Norte. Era un tren de chapa fabricado a propósito y con todas las prestaciones para que los usuarios que viajan con bicicleta en el tren lo puedan hacer "sin problemas", como muestra la imagen. La acción se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible -que hoy incluye el día de la bicicleta y sin coche en la capital-, que revela la necesidad de un urbanismo metropolitano que favorezca el transporte público y que haga superfluo el coche.
* ELPAIS.com - ADOLF BELTRAN / SARA VELERT - Valencia - 20/09/2009
El vacío legal permite grandes infraestructuras en suelo protegido
ELPAÍS/Galicia* : Islas Cíes, 2015. Un enorme parque eólico se apodera de las montañas del Parque Nacional. ¿Ciencia-ficción? "Con la actual reglamentación, no", contesta con determinación Martiño Fiz, coordinador de la organización ecologista Adega. La razón es un vacío legal, el mismo que permitirá a Pescanova ocupar 360.000 metros cuadrados de Red Natura en Cabo Touriñán o a Iberdrola desecar este verano con reiteración el río Sil, a la altura de sus imponentes cañones.
No hay espacio protegido en Galicia que cuente con el necesario reglamento que lo desarrolle. Así las cosas, la instalación de infraestructuras agresivas queda a la libre interpretación del Gobierno de turno. "Y ya sabemos cómo interpreta Feijóo".
Un dato revela el desinterés de las autoridades gallegas por la protección ambiental: sólo el 11,6% del territorio de Galicia está integrado en la Red Natura 2000, lejos del 40% de comunidades como Madrid o del 26% de media estatal, y únicamente por delante de Melilla. Pero si la superficie protegida es poca, las garantías de amparo son menores. Sólo así se explica que en territorios sujetos a la Directiva del Hábitat de la UE se hayan instalado de parques eólicos a centrales eléctricas, pasando por rellenos portuarios, minas a cielo abierto, parques industriales y hasta un vertedero a un par de millas de Sálvora, en aguas del Parque Illas Atlánticas.
La legislación ambiental exige a las comunidades autónomas que desarrollen la protección de los espacios naturales. En el caso de Galicia, la Lei de Conservación da Natureza, de 2001, establece los instrumentos obligatorios de planificación. El determinante es el Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX). "Se aprobarán en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la declaración del espacio natural protegido", resuelve la ley. Ocho años después de su entrada en vigor, los PRUX en vigor son cero. Así, ni Illas Atlánticas, ni los seis parques naturales gallegos, ni un sólo metro cuadrado de la Red Natura está bajo su paraguas.
El caso de Iberdrola en el Sil ilustra mejor que ningún otro la importancia del citado plan, en el que se deben detallar -y justificar- las actividades permitidas, las zonas autorizadas y las medidas compensatorias. De no existir, toda obra queda a expensas de una simple autorización administrativa. En respuesta a las protestas que provocó el vaciado de la cuenca, el Ministerio de Medio Ambiente explicó que la ausencia del PRUX dejó el río desamparado. Otras 13 centrales eléctricas más están en lista de espera en el Sil.
La declaración de Red Natura y su posterior planificación ponen a Galicia a la cola de la cola. Andalucía, una comunidad con un potencial eólico similar al gallego, ronda el 30% de superficie declarada. Sólo los molinos más próximos al Estrecho han suscitado polémica con los ecologistas. Científicos españoles y portugueses han revisado las normativas relativas a la protección de espacios de la Red Natura en España. El estudio, publicado este año en una revista científica, revela que el 50% de la superficie estatal no está del todo protegida, un porcentaje que ya quisieran los ecologistas gallegos.
Lejos de proteger el territorio, la Administración de Fraga se cuidó de blindar el negocio. En la reforma de la Lei do Solo de 2004, "de tapadillo", según la socialista Carmen Gallego, la Xunta autorizó la instalación de plantas acuícolas en suelo rústico protegido. Un año más tarde, un Consello del Ejecutivo en funciones daba luz verde entre otras a la de Touriñán, después anulada por el bipartito. El Gobierno gallego ya venía autorizando granjas acuícolas en Red Natura, pero quería "allanar el terreno a la de Touriñán", acusa Gallego, ex conselleira de Pesca. En virtud de la misma modificación, Pescanova podrá edificar sobre el 40% de la superficie de su finca, en lugar del 20% que rige para el resto de construcciones en suelo protegido. El conselleiro de Política Territorial se llamaba Alberto Núñez Feijóo.
Uno de los objetivos del bipartito consistió en elevar ese deshonroso 11,6% de superficie de Red Natura. No lo logró. El entonces conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, presentó un proyecto para incrementarla en un 50% que resultó fallido. Sí prohibió las piscifactorías en los ámbitos acogidos a la Directiva Hábitat de la Unión Europea, una decisión que el PP ha convertido en papel mojado. También aprobó el anterior Gobierno un decreto eólico que impedía instalar nuevos parques eólicos en Red Natura. Su suspensión por el nuevo Gobierno gallego hace que, en la actualidad, cualquier empresa pueda proponer la ubicación de molinos donde le convenga. Por ejemplo, en las islas Cíes.
Eólicos al margen, el Gobierno de Feijóo ha empezado por segregar las competencias sobre espacios protegidos del área de Medio Ambiente. Su gestión pertenece ahora a la Consellería de Medio Rural, que ya no se atreve a prometer porcentajes de ampliación de la Red Natura como hicieran sus antecesores. En todo caso, el departamento de Samuel Juárez prevé incrementar los espacios de la red europea en dos fases. En una primera, para cumplir "las exigencias de la UE". La segunda, más compleja, consistente en buscar nuevos ámbitos de protección, "requerirá más tiempo", advierte una portavoz de la consellería. "Sobre un año", avanza.
Mientras Medio Rural pide tiempo, Medio Ambiente explica sus criterios de actuación. Las piscifactorías, por ejemplo, son un uso "autorizable" en Red Natura, como lo son las autovías o las depuradoras, "pero con criterios restrictivos". "Se puede construir una planta de acuicultura en Red Natura, pero no de cualquier manera; eso es lo que la consellería va a promover", explica un portavoz de la consellería. Contra el revuelo que esa política pueda ocasionar, el departamento de Agustín Hernández parece vacunado. "Las críticas ecologistas son inevitables, pero la Administración debe velar por el bien común".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 20/09/2009
Foto: Vista de las empresas y las canteras de Porriño que invaden la zona protegida de As Gándaras de Budiño.- LALO R. VILLAR, elpais.com
La auditoría eleva a más de 10 millones la estafa de Millet al Palau de la Música
ELPAÍS/Barcelona* : El rastreo de los movimientos que efectuó Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana, para apropiarse de fondos de la entidad está sirviendo para abultar la magnitud de la estafa. Según fuentes que investigan las cuentas de la entidad, el desvío de dinero de la Fundació Orfeó Català supera los 10 millones de euros.
Millet sólo confesó -en la carta del pasado miércoles al juez que investiga el caso- haberse quedado con 3,3 millones junto al anterior director administrativo, Jordi Montull, pero el barrido de documentos arrojan al menos 2,5 millones más en operaciones inmobiliarias y un millón en informes que la fundación encargó a sociedades de las familias de Millet y Montull sólo en 2009. Los más de tres millones restantes corresponden a remuneraciones, desvíos e informes, la mayoría anteriores a 2007.
La investigación interna de las cuentas está resultando más ardua de lo esperado, aunque estas fuentes prevén que finalice a finales de octubre. Para empezar, el análisis requiere el seguimiento de las casi 100 cuentas bancarias de las que disponía la fundación, de las cuales 10 podrían servir para desviar fondos. Una de ellas, según estos fuentes, está domiciliada en Suiza.
Millet confesó anteayer haberse apropiado de 3,3 millones. De éstos, 1,3 millones se destinaron a remodelar inmuebles de la familia y otro medio millón, con cargo al Palau, a sufragar viajes particulares. Millet admitió, además, haber comprado junto a Montull un local comercial por 1,5 millones y haberlo revendido, cuatro años después, al Orfeó por el doble de su precio inicial. La operación se produjo el día antes de que los Mossos d'Esquadra registraran el Palau y, según Millet, no se efectuó porque ofreció deshacer la operación.
Las fuentes consultadas discrepan. Para empezar, aseguran que esos 1,5 millones de euros con los que se pagó inicialmente el local salieron de las arcas de la institución. Y añaden más: primero, que Millet trató de cobrar el cheque, pero la nueva dirección se negó, y segundo, que el Orfeó tuvo que saldar la cancelación de una hipoteca por el inmueble por valor de 682.000 euros. Los mismos medios agregan que han hallado, además, otro local en la calle de Sant Pere Mitjà por el que se abonaron 360.000 euros. La auditoría está indagando la propiedad de otros inmuebles con los que Millet podría haber hecho negocio a través de la fundación.
Pero además, las investigaciones han hallado numerosos informes encargados a Aurea Rusula, Ayxl y Produccions 46, tres sociedades controladas por las familias Millet y Montull. Sólo entre enero y junio de 2009 facturaron 1.000.027 euros, según estas fuentes, por la elaboración de varios informes de dudosa utilidad -por ejemplo, uno sobre la internacionalización del Palau de la Música- y otros que, directamente, no existen.
Todas estas cantidades suman ya 6,8 millones de euros. Sin embargo, los auditores estiman que el desfalco llegó a los 10 millones si se suman otros desvíos que todavía están desglosando: informes encargados en años anteriores, remuneraciones de difícil justificación fiscal y desvíos a cuentas bancarias que están siendo investigados.
Millet, que ayer dimitió como vicepresidente de la fundación del Barça, preocupó también ayer a los políticos. Tanto PSC, CiU, ICV o ERC lamentaron y reclamaron responsabilidades por el hecho de que hayan fallado los controles de una entidad gestionada por un consorcio en el que participan la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 19/09/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_la_Musica_Catalana - wikimedia.org.jpg
El TSJ admite el recurso del Gobierno contra el plan Rabasa por falta de agua
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha admitido en un auto con fecha 7 de septiembre el recurso presentado por la Delegación del Gobierno en contra del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante del 27 de marzo de 2008 por el que se aprobó la homologación y el plan de las Lagunas de Rabasa, ampliándolo a la aprobación definitiva del plan por parte de la Conselleria de Infraestructuras el pasado mes de mayo.
El TSJ, que denegó inicialmente la suspensión cautelar del plan Rabasa que solicitaba la Delegación del Gobierno porque impugnaba un acto aún sin aprobar, admite ahora el recurso presentado por el abogado del Estado porque en este tiempo el plan Rabasa ha recibido el visto bueno del conseller de Infraestructuras.
El recurso del Gobierno Central impugnaba el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en el que se informó a favor de la polémica macroactuación urbanística porque no se había tenido en cuenta el informe contrario de la Confederación Hidrográfica del Júcar que advertía que el suministro de agua no está garantizado a los más de 40.000 habitantes de las más de trece mil viviendas previstas en el plan. Tras la primera denegación de recurso, la abogacía del Estado anunció la ampliación y actualización del mismo, y también lo avanzó en el mismo sentido la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares.
En el auto los magistrados dicen que la sala entendió en su momento que lo impugnado por la abogacía del Estado era "una propuesta de la Comisión Territorial de Urbanismo al conseller (...). Ahora bien, en el interín se ha producido la aprobación definitiva no supeditada sino directa por parte del conseller" (lo firmó el fallecido García Antón). En el auto, añaden que la sala ha venido manteniendo, en consonancia con la doctrina del Supremo, la "inadmisibilidad" de los recursos contra los actos de aprobación provisional de instrumentos de ordenación urbanística. Según este argumento, si en el proceso se produce la aprobación definitiva, los recursos pasan a admitirse. La sala entiende que al haberse producido la aprobación definitiva del plan Rabasa por parte del conseller procede admitir el recurso de la Delegación de Gobierno, ampliado.
La tramitación del plan sigue adelante, pero si el recurso del abogado del Estado ante el TSJ "gana", la actuación urbanística quedará paralizada, que es lo que pretende el Gobierno Central. También el grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante y los parlamentarios de este partido en las Cortes Valencianas han presentado ya ante el Tribunal Superior un anuncio de interposición de recurso.
Otro colectivo que ha recurrido la aprobación del plan Rabasa es la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que reclamó contra la decisión de la Conselleria de Urbanismo de darle su visto bueno por ignorar un informe del Ministerio de Fomento por el que se amplía la zona de dominio público ferroviario afectada por el AVE a su paso por Rabasa de los 107.670 metros cuadrados previstos inicialmente a más de 420.000.
* Información - J. HERNÁNDEZ - 19.09.09
Foto: Maqueta del plan Lagunas de Rabasa, que prevé la construcción de más de trece mil viviendas FERRÁN MONTENEGRO, diarioinformacion.com
Miles de firmas piden dar uso cultural a una antigua fábrica de gas en Oviedo
GLAYIU/REBELIÓN* : Más de 7.000 personas han firmado ya para defender la reconversión de la fábrica de Gas, propiedad de Hidrocantábrico, en un equipamiento cultural para exposiciones, cine y teatro. La campaña del Foro de Urbanismo Crítico comenzó hace unos meses, pero desde que arrancó San Mateo y se instaló en la plaza Porlier, ha logrado más de 5.000 firmas. Todas reclaman que se evite el «uso especulativo» del complejo industrial, donde la empresa proyecta 96 viviendas de lujo. Una iniciativa que va a tener su continuidad hasta la finalización de los actos festivos de San Mateo, el día 21.
Representantes del Foro de Urbanismo Crítico, de Ecologistas en Acción, el concejal de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz), Roberto Sánchez Ramos, el secretario de organización de Izquierda Unida (IU), Adolfo Saro, y el presidente de la asociación de vecinos del Oviedo Antiguo, Juan García, reivindicaron la necesidad de seguir con la presión social para tratar de convencer a Ayuntamiento, Principado y HC de la conveniencia de llegar a un consenso entre organismos que evite "la especulación".
Como primer paso dentro de esta campaña de movilización en la calle se ha convocado una concentración en la calle Paraíso, delante de la fábrica, con la que pretenden hacer visible el rechazo de la ciudadanía a este proyecto urbanístico que se logrará a través de "una recalificación salvaje". Los promotores de la iniciativa quieren cortar la calle y ofrecer música, poesía y arte ante la escasez de oferta de locales para los artistas.
Los integrantes de la Plataforma emplazaron al Grupo Municipal Socialista para que se sumen a su propuesta para dar un uso público a la antigua fábrica de gas.
Entre las actuaciones previstas se incluye una jornada de ventanas abiertas para que los ciudadanos vean las instalaciones desde los edificios anexos ante la negativa de la empresa a facilitar su acceso, y una protesta mañana viernes 18 a las seis de la tarde, en la calle Paraíso. «Tendrá un carácter lúdico, festivo, reivindicativo y cultural», explicó el portavoz del Foro, Diego Díaz. Cortarán la vía y ofrecerán en la calle de poesía, música y arte. El artista plástico Benjamín Menéndez realizará una performance, los poetas Pablo X. Suárez y Sergio Gutiérrez recitarán versos y el periodista Manolo Abad presentará el acto. «Si no hay presión, nos terminarán amputando este espacio en la ciudad», justificó Díaz.
* Glayiu/Rebelión - 19.09.09
El área protegida donde quiere edificar Torrelodones es intocable
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ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño (PP), lleva casi seis años empeñado en sacar adelante un proyecto urbanístico que convertiría una zona protegida en una macrourbanización de 1.536 viviendas y un campo de golf. Este empeño quedará en sueño, según el informe elaborado por la dirección del parque de la Cuenca Alta del Manzanares, que calificó el proyecto como "ambientalmente inviable".
Los terrenos que Galbeño quería recalificar están en el Área Homogénea Norte (AHN), una zona de 128 hectáreas de alto valor ecológico. Es un bosque de encinas y monte mediterráneo que acoge a más de medio centenar de especies de aves, según un informe de científicos del CSIC. Fuentes conocedoras del proyecto aseguraron ayer que no se llevará a cabo porque prevalecerá el respeto a la naturaleza.
El Ayuntamiento de Torrelodones necesita el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad. Y ese dictamen será previsiblemente negativo, porque recoge las opiniones de la dirección del parque de la Cuenca Alta del Manzanares, de la Dirección de Carreteras, de Patrimonio, del Canal de Isabel II y de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Y varias de estas instituciones ya han mostrado sus recelos al plan.
Un portavoz de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precisó ayer que el informe no es definitivo. "Aún no está visado, ni firmado. Aún no se ha presentado a la Dirección General de Medio Ambiente por lo que aún no es oficial", explicó.La recalificación de los terrenos del AHN provocó una guerra política en el municipio. Los grupos de la oposición (PSOE, Vecinos por Torrelodones, Actúa), asociaciones vecinales y ecologistas se han opuesto férreamente al proyecto. Para sacar adelante este plan urbanístico el alcalde destituyó a dos concejales de su propio partido porque lo cuestionaron y sospechaban de otras decisiones urbanísticas. La zona había sido protegida en mayo de 2003 por el anterior alcalde, Enrique Muñoz, también del PP, quien había declarado estos terrenos como suelo no urbanizable especialmente protegido. Esta calificación suponía un duro revés para los planes de Galbeño y nada más alcanzar la alcaldía, en junio de 2003, comenzó a planificar la recalificación de la zona, situada en el Parque Regional del Guadarrama, junto a la A-6 y el barrio de Los Peñascales.
Galbeño no tardó en comenzar los trámites para desproteger los terrenos con el fin de que pudieran acoger las 1.536 viviendas y un campo de golf. La zona despertaba muchos intereses inmobiliarios. La constructora de la hermana del alcalde, Cimaga, se hizo con terrenos en la zona junto con otras empresas y promotoras que financiaban a una fundación municipal. Finalmente, Galbeño logró, en febrero de 2007, modificar las normas urbanísticas del municipio. Pero antes de comenzar su plan necesitaba el visto bueno de la Comunidad de Madrid, que aún no ha emitido el informe preceptivo.
El retraso se debe al empeño de la oposición, que presentó una moción para revisar el proyecto en el municipio. Esto paralizó el trámite durante unos meses. Pero la mayoría del PP en Torrelodones devolvió enseguida la pelota a Medio Ambiente.
Ahora el Gobierno regional debe emitir un informe de impacto ambiental. Para ello ha solicitado informes a otros organismos dependientes, como la dirección del parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Canal de Isabel II, la Confederación Hidrográfica del Tajo... La conclusión técnica de los responsables del parque declara el proyecto inviable. "No nos vamos a pronunciar hasta que veamos el informe", asegura un portavoz municipal, que mostró su sorpresa porque un grupo político tenga acceso a este documento antes que el Ayuntamiento.
La concejal del grupo Vecinos Por Torrelodones, Elena Biurrún, afirmó ayer que, aunque quedan algunos trámites, "la decisión política sólo puede mantener el criterio técnico de los responsables del parque". Y agregó: "Es el fin del camino para el descabellado proyecto del PP". El portavoz socialista en el municipio, Juan Ignacio Bidart, apuntó que "este informe se trata de un serio revés a las intenciones de este equipo de gobierno". Bidart reclamó al Ayuntamiento que retire "de una vez por todas este proyecto".
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 19/09/2009
Foto: Torrelodones (Madrid), ayuntamiento - eleconomista.es
Sanxenxo asume una sentencia de 1997 que ordena revisar las licencias de un inmueble
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FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ha dirigido al concello de Sanxenxo para obligarle a retomar el procedimiento de revisión de licencias de obra y primera ocupación del edificio Graña, ubicado en la calle Cesteiros.
Esta construcción fue ejecutada en 1995 al amparo de una modificación puntual de las normas subsidiarias urbanísticas promovida desde el gobierno local. En aquel momento era alcalde José Luis Rodríguez Lorenzo, entonces en las filas del PSOE y hoy concejal por el grupo VIPS, según se encargó de recordar ayer el gobierno local.
El convenio de planeamiento suscrito en su día entre la promotora de la obra, Promociones La Graña, S.A., y el regidor municipal hizo posible la construcción del edificio, añaden las mismas fuentes. Esta ordenación urbanística fue anulada por una sentencia del máximo órgano judicial de Galicia dictada en 1997.
El concello presentó entonces un recurso de casación ante el TSXG que no fue admitido a trámite. La negativa del tribunal, que llegó en 1999, convirtió en firme la sentencia dictada dos años antes. Una vez inadmitido el recurso, el tribunal gallego ordenó la ejecución de la sentencia, obligando al concello a iniciar los trámites de revisión de licencias.
Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha solicitado este verano al concello de Sanxenxo información respecto a este proceso de revisión de licencias. En cumplimiento de la solicitud del tribunal, el concello ha procedido a notificar la sentencia a todos los ppropietarios del inmueble. La administración local debe afrontar de forma inmediata la solución de un expediente cuyo origen se remonta a 14 años atrás.
* Faro de Vigo - M.R. - 19.09.09
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Un informe dice que no hay suficiente agua para los 4.000 chalés del PAI de Villalonga
LASPROVINCIAS/Valencia* : El Plan de Actuación Integral de Villalonga, que prevé la construcción de dos campos de golf y 4.000 viviendas en el término, se ha topado con un nuevo obstáculo. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha evaluado desfavorablemente el proyecto al considerar que la urbanización «no acredita la disponibilidad de los recursos hídricos».
Así lo hace constar la CHJ en los informes que remitió al Ayuntamiento de Villalonga a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. En dichos documentos, solicitados por el organismo autonómico en octubre de 2006 como paso previo para poder aceptar el PAI, se concluye que el origen de los recursos hídricos «no permite atender la demanda que generará la actuación que se pretende desarrollar».
Esta demanda se establece, según la documentación presentada de la que se hace eco el informe de la CHJ, en 1.887.000 metros cúbicos de agua al año.
La documentación del PAI propone como origen para obtener dichos recursos el manantial de la Safor y pozo de Les Carboneres, los sondeos propiedad de la Mancomunitat de la Safor, los derechos sobre los canales altos del Serpis y las aguas subterráneas recogidos en diferentes expedientes de titularidad particular y los caudales que proporcione la estación depuradora que se prevé ejecutar dentro del PAI.
Desde los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Villalonga recuerdan que el informe negativo de la Confederación se suma a otros documentos también desfavorables de las Consellerias de Infraestructuras y Educación, y aseguran que el informe de la CHJ es «preceptivo y determinante para ejecutar cualquier proyecto urbanístico».
Bloc y PSPV reiteran que el proyecto del PAI de Villalonga «siempre ha destacado por las enormes deficiencias técnicas, consecuencia de las urgencias que tenía el alcalde por aprobarlo cuanto antes, costara lo que costara».
En este sentido, recuerdan que el Síndic de Greuges ya intervino el expediente y citó al Ayuntamiento de Villalonga como «ejemplo de lo que no hay que hacer en materia de urbanismo».
El PAI de Villalonga se presentó hace cuatro años y fue aprobado en 2006 por el gobierno del Partido Popular.
* Las Provincias - 19.09.09
Foto: LOS TERRENOS. Zona donde está proyectada la macrourbanización con campo de golf de Villalonga. /J. RIBES, lasprovincias.es
Almuñécar: El fiscal pide que Benavides pague la demolición del pabellón cubierto
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LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), se sentará en diciembre en el banquillo, esta vez junto a seis ediles del equipo de gobierno del mandato anterior, todos ellos acusados por un presunto delito contra la ordenación del territorio relacionado con la construcción del pabellón de La Herradura, cuyo proyecto se aprobó en 2005, según el fiscal, a sabiendas de que el terreno era protegido.
La fecha de juicio oral que tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril se ha fijado para el próximo 16 de diciembre, según informaron fuentes judiciales. Tanto Benavides como el resto de acusados se enfrentan a dos de años de prisión y a diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, según consta en el escrito del fiscal.
Después de la reciente condena a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de coacciones a la empresa adjudicataria de la televisión local de Almuñécar –sentencia recurrida ante la Audiencia–, el siguiente compromiso serio de Benavides con la Justicia guarda relación con la polémica decisión de construir un pabellón deportivo en terrenos "no urbanizables y de protección de cultivo".
El embrollo tiene su origen en una sesión de la junta de gobierno de 25 de enero de 2005 donde, previa declaración de urgencia, se aprobó el proyecto básico para la ejecución del polideportivo de La Herradura a sabiendas, según el fiscal, de que afectaba a suelo no urbanizable y sin que se hubiera procedido a cambiar la calificación de los terrenos. Además de Benavides, los que hicieron posible su aprobación fueron los concejales Jesús García Alabarce, Miguel Ávila, Emilio González Pavieso, José Rodríguez Jaime, María Victoria Ruiz y Dolores Rull.
El complejo deportivo se inauguró el 22 de marzo de 2007 y fue el 15 de mayo de ese mismo año cuando se informó en el pleno de que la construcción se había realizado sobre suelo urbanizable sectorizado de equipamientos, poniéndolo en conocimiento de la Junta dos días más tarde.
El ministerio público también solicita en concepto de responsabilidad civil que se restaure la legalidad urbanística. Para ello, no descarta la demolición del pabellón, cuyas costas, según el fiscal, deben correr a cuenta de los acusados.
Por este asunto, Benavides logró apuntarse una victoria al menos momentánea después de que el Juzgado Contencioso Administrativo 3 de Granada desestimara el recurso presentado por la Junta de Andalucía por un problema de forma.
La administración autonómica, que anunció el pasado mes de mayo que recurriría el fallo, presentó la revisión de oficio fuera del plazo reconocido por la normativa de Régimen Local. El juez entendió que la decisión municipal se ajustó a derecho en base a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) que permite autorizar actuaciones de interés público en el supuesto de que se destinen a utilidad pública o interés social.
* La Opinión de Granada - ÁLVARO CALLEJA - 19.09.09
Foto: El pabellón deportivo de La Herradura fue inaugurado en marzo de 2007.-baltasar g.cano, laopiniondegranada.es
La Muela: Unos 200 vecinos piden otra vez la disolución del ayuntamiento
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ELPERIÓDICO/Aragón* : Unos 200 vecinos de La Muela pidieron de nuevo la disolución del ayuntamiento. Se lo exigieron al Gobierno de Aragón, que hasta ahora ha hecho oídos sordos. Van ya tres movilizaciones. Y los hechos brillan por su ausencia. A pesar de ello, el ánimo vecinal no decae. Al contrario.
Y la manifestación de ayer, frente a la sede del Gobierno de Aragón, fue prueba de ello. No hubo apoyos políticos. Ningún diputado se dejó ver. Ni siquiera aquellos que piden explicaciones. Ni los que presentan mociones. Solo Marisol Aured, concejala del PP, estuvo presente en el acto. También la exdiela del PSOE Goya Torres, quien lamentó que algunos les sigan acusando de haber cobrado del ayuntamiento. "Algo que es falso. Solo nos pagaban las dietas de ir al pleno. Nada más". El resto, vecinos de La Muela, que clamaron las habituales consignas: "Que salga Biel, queremos hablar con él; Arturito, dame un milloncico".
"Queremos que lo que ha pasado en La Muela no se olvide, que permanezca presente para que no se repita", dijo José Sánchez, uno de los vecinos. Además, el catedrático de Historia, Pedro Gimeno Mateo leyó un comunicado en el que se calificaba de "lacra" la corrupción urbanística. Tampoco faltaron las alusiones al debate del estado de la comunidad. Adrián Tello, portavoz de la plataforma vecinal organizadora de la movilización, lamentó que el presidente Marcelino Iglesias no hiciese alusión alguna a este caso de corrupción. Aunque se felicitó de que el asunto surgiese en la segunda sesión. A pesar de ello, en el comunicado se dejó claro: "Perdamos cualquier esperanza en que las autoridades planteen al consejo de ministros la disolución del ayuntamiento".
* El Periódico - 19/09/2009 -M. VALLÉS
Foto: Los vecinos de La Muela, anoche, frente a la sede del Gobierno de Aragón.
-ÁNGEL DE CASTRO, elperiodicodearagon.com
El TSJ enmienda una ley del Consell por fijar unos límites permisivos de contaminación
LEVANTE/Valencia* : La Generalitat Valenciana deberá modificar la Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental de 2006, por ser contraria a la normativa estatal al fijar unos "valores límite de emisión" de determinados contaminantes atmosféricos de algunas instalaciones que, según la Abogacía del Estado, disminuyen el nivel protector establecido a nivel estatal.
Así lo establece la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que "anula" el párrafo primero de esta ley "por ser contraria a derecho", al no cumplir la normativa estatal ni la europea, que es la que rige la protección medioambiental.
La sentencia, dictada por la sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo, declara "contrarios a derecho los valores límite de emisión fijados en la disposición adicional primera" del Decreto de la Generalitat, que desarrolla la ley valenciana de calidad ambiental.
La Sala explica que la ley valenciana modifica los parámetros de contaminación y, al mismo tiempo, acepta su inaplicación diciendo que es posible que no existan técnicas para medir los valores establecidos. Así, según el tribunal, obvia la normativa sobre las "mejores técnicas disponibles", que es lo que debe exigir, y que están "desarrolladas a escala europea bajo el control de la Comisión europea".
El TSJCV da la razón al Estado, que presentó un recurso contra esta ley, al entender que "viene a disminuir el nivel protector establecido en la legislación básica estatal, ya que las concentraciones de los contaminantes superan los valores límite de la emisión".
También entendía conculcada la "unidad de mercado", ya que "no es admisible que en una zona se pueda actuar con unos valores inferiores diferentes a los aplicables en otras zonas, pues se altera el régimen de producción y los precios finales del producto".
Recurso del Estado
Aquí el Estado estaba aludiendo a los principios de competencia, al estimar que la Generalitat estaba favoreciendo a las industrias en el terreno de la Comunitat Valenciana, al rebajar el nivel permitido de contaminación ambiental.
El recurso añade que "algunos de los niveles fijados en la norma autonómica pueden ser más permisivo que los establecidos en la norma estatal", ya que la ley valenciana sustituye ciertos términos y unidades respecto de algunos contaminantes, con lo que "se han modificado los parámetros de referencia".
La Generalitat, no obstante, adujo en todo momento que no había reducido los niveles de emisión, sino sólo que modificaba los parámetros. Pero, como "los parámetros de la normativa estatal y autonómica no siempre coinciden" y, ante la falta de informes periciales, el tribunal manifesta que "no cuenta con suficientes elementos probatorios como para concluir la ilegalidad de los concretos valores numéricos fijados en la norma autonómica".
Sin embargo, la ley valenciana "condiciona expresamente la aplicación de los valores límite de emisión a la existencia de técnicas disponibles". Y ello significa que es posible que no existan técnicas disponibles para cumplir estos valores, con lo que serían inaplicables.
Así, la Sala anula esta disposición, ya que la Generalitat debería haber establecido que los valores límite deben basarse en "las mejores técnicas disponibles", según establece una Directiva Europea de control medioambiental.
* Levante-EMV -REGINA LAGUNA - 18.09.09
Foto: Contaminación atmosférica sobre Valencia. - josé aleixandre, levante-emv.com
Millet confiesa que pagó comisiones para costear las obras del Palau
ELPAÍS/Barcelona* : Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana, ha puesto en marcha el ventilador. Acorralado por las informaciones que han ido conociéndose este mes (avanzadas por EL PAÍS) sobre cómo se apropió de fondos de la entidad para lucro personal, ahora ha reconocido que pagó comisiones a particulares para lograr fondos públicos y privados con los que sufragar las obras de restauración y ampliación del simbólico edificio modernista.
En una carta dirigida al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona -que investiga una querella de la fiscalía contra él y otras cuatro personas por el desvío de 2,3 millones de euros de la Fundación del Orfeó Català y de esta asociación musical-, Millet reconoce que el pago de las comisiones nunca fue contabilizado "debidamente" en las cuentas del Palau, pero no detalla qué cargos ocupaban los beneficiarios, a excepción de la retribución fija de 12.000 euros al mes que cobraba un vicepresidente de la fundación y la comisión que percibía una directiva de la entidad.
La iniciativa puede tener repercusiones políticas ya que Millet fue patrono de la FAES catalana entre 2003 y 2007, cuando el Palau recibió importantes subvenciones de los gobiernos del PP, entre otros. Las obras de ampliación y reforma costaron 24 millones de euros, casi el triple de los 1.500 millones de pesetas (nueve millones de euros) en que se presupuestaron en 1999.
Además, después de que los Mossos registrasen el Palau, el 23 de julio, Millet pidió ayuda, sin éxito, a dirigentes de Convergència para que le ayudaran a poner al frente del Palau y de la aseguradora Agrupació Mútua a hombres de su total confianza: el ex presidente de Caixa Girona Arcadi Calzada y Miquel Navas, respectivamente. En su carta, Millet admite que se apropió de al menos 3,3 millones de euros de los fondos públicos con los que se nutre el Palau.De los 3,3 millones que Millet confiesa haberse quedado, 1,3 procedían de la Fundación Orfeó Català y se dedicaron a reformar inmuebles de su familia situados en L'Ametlla del Vallès y Barcelona. Otro medio millón de euros con cargo a las cuentas del Palau se gastó en subvencionar viajes privados de la familia Millet y de Jordi Montull, ex director administrativo y también querellado.
Finalmente, Millet confiesa en la carta que vendió al Orfeó por tres millones de euros un local tasado en la mitad de precio que había sido comprado por una sociedad de la que él y Montull eran propietarios en el 80% y el 20%, respectivamente. La venta se produjo el día antes de que los Mossos registrasen el Palau y se llevasen abundante documentación que los peritos están analizando.
En la misma línea que quien fue su jefe durante años, Montull confiesa que suscribe "plenamente" la inculpación de Millet y explica que fue él quien contactó con los industriales para que reformasen las casas particulares, quien negoció los viajes privados de sus familias y quien firmó los cheques para vaciar las cuentas del Palau. Montull va más allá y confiesa que, como consecuencia de la inspección de la Agencia Tributaria que se desarrolló en febrero de 2008, encargó la confección de facturas falsas para eludir al fisco. Las facturas las realizaron pequeñas empresas que estaban en quiebra o eran investigadas por Hacienda, y cuando Montull las tuvo en su poder, se las entregó a su hija Gemma, también querellada, y al abogado Santiago Llopart, del bufete Bergós. Según Montull, ambos desconocían la falsedad de las facturas cuando se las entregaron a los inspectores de Hacienda.
Fuentes judiciales explicaron que, con la intención de reparar el daño causado a las entidades que dirigió, Millet ha depositado 1,6 millones de euros en el juzgado, y Montull, 200.000 euros. A lo sumo eso le podría comportar una pequeña atenuante tras el juicio. En este sentido, la auditoría encargada por los nuevos gestores que se está realizando puede revelar otras muchas irregularidades, entre las que también se incluye la autoasignación de un sueldo de 1,6 millones de euros en 2008.
* ELPAIS.com - PERE RÍOS / MIQUEL NOGUER - Barcelona - 18/09/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
