SUR/Málaga* : La maquinaria de la Justicia es lenta pero pesada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado recientemente dos nuevas licencias urbanísticas concedidas en la 'era Gil' a dos empresas vinculadas al caso 'Malaya', Aifos y Turpiana, ésta última del Grupo Ávila Rojas. El alto tribunal andaluz sigue su curso mientras el Ayuntamiento tiene las miras puestas en la aprobación provisional provisional -la segunda- de su Plan Urbanístico que regularizará la situación de muchas de estas viviendas. Será el 29 de julio.
Estos dos fallos judiciales no son los primeros y tampoco serán los últimos a juzgar por el volumen de licencias impugnadas por la Junta de Andalucía contrarias al planeamiento urbanístico. Unas 380 en once años. Las dos sentencias fueron emitidas el mismo día, el pasado 30 de enero, y ambas hacen referencia a sendas licencias urbanísticas concedidas al amparo de un PGOU aprobado por el GIL que nunca llegó a ser legal.
La primera de ellas implica a 42 viviendas ya habitadas en la Urbanización Lunamar, en la playa de Las Dunas de Las Chapas. La comisión de gobierno otorgó la licencia de obras el 29 de agosto de 2001. En este caso, la calificación del suelo como comercial en el Plan del 86, el único aún vigente, es incompatible con el uso residencial previsto en el proyecto. Ni el Ayuntamiento ni la codemandada, la empresa, han puesto reparos en el procedimiento. El Consistorio incluso se ha allanado a la petición de la Junta de Andalucía, mostrando así su conformidad con que se anule la licencia.
El Ayuntamiento, como en casos anteriores, enviará un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir que no se ejecute el fallo y evitar la demolición, al menos hasta la aprobación definitiva del PGOU de la ciudad, prevista para este año.
La segunda sentencia hace referencia a 24 viviendas en la tercera fase de la Cañada de Gualdapín ejecutadas por la entidad mercantil Guadalpín Promociones y Obras S.L. tras obtener una licencia contraria a planeamiento en enero de 2002.
En ambos casos la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga del TSJA recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana de 1998 aprobado por silencio administrativo fue «expresamente» rechazado ese mismo año por los tribunales por lo que su eficacia «es nula».
* SUR - M. J. CRUZADO - 20.07.09
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
Marbella: El TSJA ignora el PGOU y sigue anulando licencias urbanísticas
Castelló: El ayuntamiento incumplió la venta de 9,8 millones de suelo para invertir en 2008
LEVANTE* : El equipo de gobierno de Castelló dejó pendientes de ejecución el 100% de las enajenaciones previstas en el presupuesto. El Ayuntamiento de Castelló cerró el presupuesto del año 2008 incumpliendo la venta de 9,8 millones de euros de patrimonio municipal del suelo que estaba prevista para hacer frente a inversiones de la ciudad que nunca se ejecutaron.
Así consta en el Informe General de Intervención relativo a la liquidación definitiva de un presupuesto marcado por la disparidad entre los números anunciados inicialmente por el Partido Popular y la realidad diametralmente opuesta que evidencian los resultados finales del ejercicio.
La previsión de obras públicas municipales publicitada por el alcalde, Alberto Fabra, no llegó a convertirse en realidad y el gobierno local dejó en el tintero la materialización de 41 de los 53 millones de euros de inversiones para la ciudad contemplados en el presupuesto de 2008, apenas un 25% de lo previsto.
Según la intervención municipal, este desfase se origina porque la mayor parte de las obras presupuestadas y anunciadas para el año 2008 ni siquiera fueron adjudicadas.
No pasa desapercibido que, retrasos de la adjudicación al margen, el incumplimiento de la venta de suelo prevista impedía la incorporación del presupuesto necesario para ejecutar la inversión.
Es por ello que los propios técnicos municipales advierten al equipo de gobierno de "la necesidad de proceder a una planificación estratégico-financiera de los recursos disponibles para la financiación de las inversiones".
La paralización de los planes de venta del patrimonio municipal para poder asumir el pago de inversiones es sólo una grieta más en unas arcas municipales que también sufren la caída vertiginosa de los ingresos por tasas de construcción y una demora persistente de los pagos de la Generalitat Valenciana.
El Consell de Francisco Camps cerró el año 2008 incumpliendo el pago de 3,3 de los 5,2 millones de euros que debía haber transferido al Ayuntamiento de Castelló, según evidencian los informes municipales de la liquidación definitiva del ejercicio.
La propia Intervención General Municipal constata que, en un contexto marcado por la crisis de la hacienda local, el Gobierno Valenciano ha incumplido el pago de más del 63% de las aportaciones comprometidas con el ayuntamiento.
Esta deuda afecta directamente a la partida de 1,8 millones de euros para el Palau de la Festa (incumplida y trasladada al presupuesto de 2009) y a una cantidad pendiente de más de 1,5 millones de euros que debería haber financiado gastos corrientes para servicios municipales.
En este último caso, destaca especialmente que la Generalitat Valenciana no ha ingresado ni una mínima parte de la consignación de 1,1 millones de euros destinada a servicios sociales generales, uno de los departamentos del ayuntamiento más debilitados por la creciente demanda de ayudas para bienes de primera necesidad que ha motivado la crisis económica.
La estadística se antoja inversamente proporcional en el caso de las transferencias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que a 31 de diciembre de 2008 había completado el 99% de los 29 millones que tenía previsto abonar a la entidad municipal.
En opinión del concejal socialista Javier Peris, esta comparativa evidencia el grado de compromiso real de cada una de las Administraciones con la capital de la Plana. "A corto o a largo plazo las verdades quedan reflejadas en la contabilidad, y la contabilidad evidencia que el Estado ha transferido la práctica totalidad del dinero comprometido y que la Generalitat, como hace año tras año, ha incumplido con más de un 63% de lo previsto".
Respecto a la enajenación del patrimonio municipal, Peris subrayó que los números "terminan demostrando que las cuentas del PP no son reales, porque no se ha vendido absolutamente nada de lo previsto para costear las inversiones por mucho que fueran publicitadas".
La virtualidad de la venta de patrimonio municipal para acometer inversiones durante el año 2008 se ha repetido casi como en papel de calco en el ejercicio 2009.
El Ayuntamiento de Castelló no ha sacado aún a la venta ni uno solo de los bienes inmuebles que deben financiar la mitad de los 29,7 millones de euros de inversiones para la ciudad previstos en el presupuesto de 2009.
Las obras anunciadas por el alcalde para 2009 dependen en casi un 50% de la venta de patrimonio municipal del suelo por valor de 14,2 millones de euros. Sin embargo, cuando ya se ha superado el ecuador del ejercicio económico, la operación todavía se encuentra pendiente del preceptivo permiso de la Generalitat Valenciana y ninguno de los solares ha podido salir todavía a pública subasta pública.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 20.07.09
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
Sant Antoni no podrá convertir en urbanas Punta Galera, Cap Negret y Cala Gració
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ÚLTIMAHORA/Ibiza* : El Ayuntamiento de Sant Antoni no podrá convertir en urbanas las zonas ya construidas de Punta Galera, Cap Negret y Cala Gració en su nuevo planeamiento urbanístico. La concejala de Urbanismo, Pepa Costa, reconoció ayer que la instrucción que les dio un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) durante una reciente conferencia del Consell fue muy clara: los 500 metros de Área de Protección Territorial (APT) de Costas tiene que mantenerse como suelo rústico protegido y no puede haber urbanos por consolidación.
Esta advertencia se dio al Consell y a todos los ayuntamientos para que lo tuvieran en cuenta a la hora de modificar sus planeamientos ya que supone dejar fuera de ordenación zonas urbanas. En el municipio de Sant Josep hay varias zonas hoteleras que quedan en esta situación, como el final de Platja d'en Bossa y una amplia zona de Cala Tarida.
El Consell decidirá
Costa explicó que están pendientes de que el Consell 'dibuje' esta APT de costas, aunque hay alguna esperanza de que algunos trozos sí que queden como suelos urbanos porque la máxima institución insular tiene que sacar lo que se llaman proyecciones ortogonales, que permitirían algunos trozos urbanos en estas zonas. «No sabemos qué tipo de modificación hará el Consell», explicó Costa, que indicó que están a expensas del PTI para saber cómo lo enfocan.
El mayor inconveniente que ve la concejala para las personas que tengan casas en estas zonas es que no se podrán dotar con alcantarillado y asfaltado, porque aunque son ya zonas consolidadas no podrán ser calificadas como urbanas y tendrá que permanecer como suelo rústico protegido.
«Están allí, pero no se les podrán dar servicios urbanos», expresó Costa, que aseguró que el equipo redactor del planeamiento urbanístico de Sant Antoni está estudiando qué hacer.
La concejala resaltó que esto afectará a amplias zonas de viviendas que ya están construidas y que no tendrán ni servicios urbanos ni pagarán la contribución urbana.
El Consell remarcó hace pocos días la gran complejidad de marcar las proyecciones ortogonales para marcar si puede haber algún suelo urbano en estas zonas.
La concejala de Sant Antoni también se mostró preocupada porque esta nueva jurisprudencia del TSJB afecta a ses Variades, donde había un proyecto para construir más de 400 viviendas. Según Costa, será el Consell el que marque si puede haber algún trozo urbano en la zona según la proyecciones ortogonales. «Es un tema muy complejo que tienen que hacer los técnicos y se hará a través de la modificación del PTI», expresó la concejala, que confió en que quizás quede algún «trocito» urbano, aunque reconoció que ahora todo queda a expensas del Consell.
* Última Hora de Ibiza - C. ROIG - 20.07.09
Foto: Sant Antoni (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es
Los peritos del 'caso Guateque' creen que de 47 locales sólo uno cumple la ley
ELPAÍS/Madrid* : La investigación del caso Guateque, la trama de corrupción en la concesión de licencias destapada en el Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 2007, sigue avanzando. El 28 de enero de 2008, poco después de que se destapara el caso, el juez Santiago Torres pidió a la empresa Tragsa un informe pericial sobre algunos de los locales y viviendas involucrados. Y el resultado, si se tiene en cuenta que se trata de inmuebles sospechosos de beneficiarse de algún tipo de agilización irregular, es sorprendente: sólo uno de los 47 establecimientos revisados por los peritos cumple la ley.
Los encargados del informe han realizado durante meses visitas a los locales para comprobar si la realidad correspondía con sus licencias y con los planos. Y, según el informe, 16 inmuebles de los investigados por el juez realizaron obras en su interior sin que estuvieran autorizadas por el Ayuntamiento. Pese a ello, funcionaban legalmente; es decir, seguían abiertos. Eran cuatro bares, un taller mecánico, un laboratorio de análisis clínico, una clínica, siete edificios de viviendas y un piso. Precisamente, este último pertenece al viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada.
Este alto cargo de Esperanza Aguirre está imputado en el caso Guateque por dos obras en su domicilio (una de ellas se ajusta a la ley, según el informe) y también por la licencia del hotel Comfortel -condicionada a otra autorización para levantar un hospital que no se hizo-, en la avenida de Pío XII, cuando era gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento.
Más grave es el resultado de las inspecciones en materia de protección contra incendios. En principio, este análisis no formaba parte del encargo que recibieron los peritos, pero tras constatar todas las irregularidades las reseñan en el citado informe y advierten al juez de que debe estudiarse más "exhaustivamente". En concreto, 13 de los expedientes comprobados no cumplen con las medidas de seguridad necesarias. Es decir, sobre todo tenían problemas con extintores y salidas de incendios mal señalizadas u obstruidas.
Entre todos estos locales se encuentra la discoteca Dink, propiedad del hijo de Joaquín Fernández de Castro, ex jefe de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente de la capital y presunto cabecilla de la trama, que además acumula 234 infracciones denunciadas por la Policía Municipal.
"Esto corrobora las denuncias en relación al incumplimiento sistemático de las normas en determinados locales. Pasado el tiempo, después de muchas inspecciones por parte de la Policía Municipal, las denuncias han caído en saco roto. Hay una responsabilidad política respecto a la permisividad de esta situación", denuncia el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas.También resulta alarmante que ocho de los expedientes revisados in situ arrojen la conclusión de que hay "elementos, no justificados o avalados por proyectos técnicos, que podrían afectar a la seguridad estructural". En este caso no hay ningún local de ocio nocturno, son todos locales comerciales y viviendas.
En otro de los apartados del informe, los peritos señalan una serie de locales que constan en el sumario del caso que han sido revisados y cuyas obras no se ajustan a la licencia concedida. En total son 21: 12 bares y discotecas, 2 oficinas, 2 locales comerciales, 1 hostal, 1 supermercado y 1 edificio de viviendas.
En uno de los expedientes, los peritos concluyen que Armada realizó obras sin licencia en su vivienda. Fueron, sin embargo, en 1980, y el presunto delito ha expirado. Según relata el documento, el actual viceconsejero de Transportes pidió licencia para realizar obras en su casa, pero le fue denegada. "Las obras señaladas se corresponden con la demolición de tabiques de distribución interior (tabiques de panderete), desmontaje de aparatos sanitarios, la ejecución de nuevos tabiques de distribución interior con ladrillo hueco sencillo, el alicatado de un baño, la instalación completa de un baño (con bañera, lavabos, bidé, desagües, etcétera), la instalación de un fregadero y el pintado final". Cuando los peritos comprobaron el estado actual de la vivienda, se encontraron con que las obras se habían realizado pese a no tener el permiso.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 20/07/2009
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es
En casa de Roca cuchillo de palo
SUR/Málaga* : Durante años, los promotores que querían construir en Marbella tenían que dirigirse a Juan Antonio Roca. Los empresarios debían esperar pacientemente ante la puerta de su despacho, en la oficina de Planeamiento, para ser atendidos. La obtención de licencias no tenía otro camino que el que desembocaba en las dependencias municipales que ocupaba el entonces asesor urbanístico, verdadero alcalde en la sombra, según relata el sumario del 'caso Malaya'. Especialmente desde la moción de censura al ex regidor Julián Muñoz y una vez fallecido Jesús Gil.
El auto de procesamiento de esta causa judicial señala que los concejales del equipo de gobierno también se veían obligados a desplazarse al biotopo profesional de Roca para despachar los asuntos urbanísticos. Firma de convenios, concesión de permisos para edificar, trámites para su aprobación. Unos trámites que, sin embargo, el ex asesor y principal procesado por el 'caso Malaya' no resolvió con garantías o simplemente obvió en lo que se refiere a diversas construcciones en fincas de su propiedad. Algunas no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, vigente hasta la aprobación de un nuevo documento. Otras sencillamente carecen de licencia.
Viviendas, oficinas, naves, cuadras, una clínica veterinaria, una sala de juegos, una bodega e, incluso, una capilla. La finca 'La Caridad', ubicada en San Pedro Alcántara y propiedad de Roca, alberga en su interior, multitud de edificaciones. Todas ellas levantadas sin licencia de construcción, según ha constatado el administrador judicial de las sociedades intervenidas al ex asesor urbanístico, Juan Macías. En un informe remitido al juez instructor del 'caso Malaya' sobre la empresa Mare Nectaris S.L., al que ha tenido acceso SUR, Macías señala que estas instalaciones se encuentran fuera de la legalidad urbanística al carecer de licencia, con la problemática de que la calificación de la parcela en el nuevo PGOU de Marbella, actualmente en trámite, impide la construcción de cualquier elemento.
Cambio de calificación
El administrador judicial ha comunicado al juez que está realizando las gestiones necesarias para modificar la calificación urbanística del suelo sobre el que se asientan las edificaciones ilegales y no descarta acudir a los tribunales para defender los derechos de la sociedad. La estrategia empresarial, según explica en su informe, se centra actualmente en intentar regularizar las instalaciones de la parcela con objeto de alquilarlas posteriormente, dado que ya se ha recibido alguna oferta relacionada con esta posibilidad.
17 parcelas
La administración judicial también pretende resolver la situación urbanística de las viviendas existentes en 17 parcelas propiedad de otra sociedad vinculada a Roca, Invest Arcela S. L., ubicadas en el núcleo poblacional marbellí de Nueva Andalucía. En 15 de esas fincas se han levantado edificaciones que se encuentran en distintas fases de construcción y que están fuera de ordenación en el PGOU de 1986. El nuevo documento urbanístico mantiene la calificación de estos terrenos como espacios libres, por lo que no permite la consolidación de los inmuebles.
No son los únicos conflictos en materia de licencias que asumen las empresas vinculadas a Roca. Según el juez del 'caso Malaya', el supuesto cerebro de la trama de corrupción controló a placer durante años el urbanismo en Marbella. En sus 'casas', sin embargo, la gestión parece que no fue muy acertada. La licencia de construcción del helipuerto privado concedida a la sociedad Helio Ponto Marbella S.L., vinculada al ex asesor urbanístico, ha sido revocada por el Ayuntamiento, que ha instado además al derribo de las instalaciones. El decreto, que responde a la sentencia dictada por un juzgado de Málaga que declaraba nulo el permiso de obras por ser contrario a la ordenación urbanística, ha sido recurrido por el administrador judicial.
* SUR - HUGO SIMÓN - 19.07.09
Foto: La finca 'La Caridad', en San Pedro Alcántara, albergaba una yeguada de pura raza. / SUR. ARCHIVO
Gijón: El plan urbano, bajo sentencia
LNE* : A la concejalía de Urbanismo le crecen los enanos. Cuando todavía no se ha sobrepuesto del escándalo de Cabueñes y del llamado «caso Blanco», una sentencia judicial determina que su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es contrario a derecho por irregularidades medioambientales y de tramitación. El Ayuntamiento, que recurrirá este fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, asegura que nada cambiará hasta que se pronuncie el Supremo.
Esta situación sin precedentes en el municipio deja a Gijón en una posición muy comprometida. Si el PGOU finalmente se anula, habrá que repetir su tramitación, lo que ralentizaría algunas de las actuaciones residenciales que iban a marcar el crecimiento de la ciudad, actuaciones que suman 3.036.284 metros cuadrados de terreno -además del suelo industrial generado en Casares -y 7.454 viviendas, esto es, un 75 por ciento de los pisos anunciados al otro lado de la Ronda Sur. Éstos son los proyectos en riesgo de paralización.
l Castiello de Bernueces. La mayor operación urbanística surgida del PGOU, con un ámbito de actuación que ronda el millón de metros cuadrados, donde está previsto levantar unas 4.000 viviendas. En el proyecto participan una treintena de particulares y 18 empresarios de la construcción, en su mayoría, locales. Hace un par de semanas el Ayuntamiento le daba luz verde a su junta de compensación, formulismo administrativo imprescindible para emprender una iniciativa privada de este tipo. Con este paso entraban en la recta final del proceso de tramitación. Los promotores mantenían su idea de iniciar las obras de urbanización el próximo año pese a la crisis. A ver.
l Cabueñes. Se encuentra empañado por otro juicio, en el que se deberá dilucidar si el ex jefe de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento, Ovidio Blanco, actuó delictivamente en relación con este proyecto. EL TSJA echa leña al fuego. En juego está la construcción de 655 viviendas. Esta nueva área residencial, muy contestada por los vecinos, se extendería entre la antigua carretera de Villaviciosa y el Hospital, ámbito en el que tienen intereses cuatro promotoras y varios particulares, que iniciaron en junio de 2007 las pertinentes gestiones administrativas. También son propietarios de suelo el Ayuntamiento y Cajastur.
l Granda. Está liderado por la promotora Covibarges, con presidente asturiano y sede en Madrid. Abarca una superficie de 321.633 metros cuadrados bajo el nudo de la Autovía Minera, entre la carretera de Pola de Siero y la senda fluvial del Piles. El diseño de la actuación se presentó en los servicios urbanísticos municipales en marzo de 2008. Se trabaja con la previsión de edificar unos 1.200 pisos.
l Alto del Infanzón. Se trata de una operación de 370 viviendas unifamiliares, cuya configuración administrativa y técnica todavía está en pañales. Habrá que ordenar unos 543.000 metros cuadrados de terreno. Esta nueva bolsa de suelo urbanizable está localizada en la zona de La Providencia. La operación tendrá que aunar los intereses de un amplio grupo de propietarios, entre ellos, una promotora gijonesa.
2002. Se inicia la actualización del PGOU. Se encomienda el trabajo al arquitecto madrileño Luis Felipe Alonso Teixidor.
Diciembre de 2003. Primer período de información pública, sólo para sugerencias. La zona rural empieza a movilizarse en contra del PGOU.
Diciembre de 2005. El Pleno municipal da su aprobación definitiva del Plan General, que recibió más de 3.000 alegaciones. Se abre un plazo para la presentación de recursos de reposición.
Abril de 2007. Se aprueba el texto refundido, que incorpora la respuesta a esos recursos. El PGOU entra en vigor. Varios colectivos ciudadanos, principalmente rurales, continúan su batalla contra el plan en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Julio de 2009. El TSJA responde al primero de los contenciosos, interpuesto por una familia de Mareo de Arriba. El alto tribunal asturiano atiende su petición de anular el PGOU; entiende que no se ajusta a derecho por irregularidades medioambientales y de tramitación. La patronal de la construcción llama a la calma, pese a que esta sentencia podría paralizar proyectos residenciales de gran envergadura. El PP pide dimisiones.
* La Nueva España - M. SUÁREZ - 19.07.09
Foto: Gijón, Cabueñes - fotolog.com
Aznalfarache: La plataforma de vecinos rechaza que se elimine el parque urbano de Los Pitufos
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DIARIODESEVILLA* : La Plataforma de vecinos de San Juan de Aznalfarache critica, en sus alegaciones a la adaptación del Avance del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que "se altera notablemente el uso del suelo y los espacios libres, zonas verdes y hacen desaparecer del mapa como por arte de magia el único parque urbano declarado" como es el de Los Pitufos, que desde hace dos años sirve de almacén de las obras que se están realizando en el Pueblo por "(incompetencia y deterioro del equipo socialista que gobierna".
La plataforma también se queja de que "nos quieren meter por la cara unas 1.500 viviendas más que no corresponden con el documento de Avance de PGOU sin comtemplar el desarrollo de las viviendas protegidas que exige la ley".
La entidad califica de "bastante picaresco o quizás no por menos malintencionado" que el Ayuntamiento no haya colgado en la web municipal el documento de adaptación ni siquiera el 15 de julio, cuando se cumplía el plazo para entregar las alegaciones al mismo.
En el documento presentado, la plataforma de vecinos considera, en primer lugar, que la adaptación parcial omite sistemas generales de espacios libres, contemplados en la planificación actual, tales como Vistahermosa (junto a Tomares), el escarpe del castillo hacia Mairena y el parque de Los Pitufos, por lo que se "modifica arbitrariamente la ordenación estructural" prevista en el decreto 11/2008.
En vivienda, la plataforma vecinal considera que la Adaptación Parcial "encubre un sustancioso incremento de edificabilidad y no contempla el desarrollo de viviendas protegidas", por lo que incumple también el decreto 11/2008 por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. Según los vecinos, se incrementa el número de viviendas en más de 1.500 y no se contempla para nada la vivienda de protección, por lo que debería ser propuesto y modificado en un documento de planeamiento posterior a éste de adaptación. La tercera alegación tiene que ver con la construcción de la vía Parque del Zaudín. Se incluye en la red de tráfico principal y como sistemas generales viario, lo que no sería de utilidad para el pueblo de San Juan como viario, a que su construcción sólo prestaría servicio a los usuarios del centro comercial donde se ubica Media Markt.
Por otro lado y al no recogerla ningún otro documento como viario metropolitano, su financiación la tendría que sufragar el Consistorio sanjuanero, y actualmente las arcas municipales no están para eso, San Juan tiene otras muchas necesidades mucho más prioritarias.
La plataforma considera que incluir esta vía incumple la normativa en cuanto a que se ha modificado estructuralmente el documento de adaptación.
* Diario de Sevilla - A. S. A. , San juan de aznalfarache - 18.07.09
Foto: San Juan de Aznalfarache (Sevilla) - sevillaactualidad.com
Gondomar "perdió" 700.000 euros en una permuta ilegal
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ELPAÍS/Pontevedra* : Carlos Silva Mariño, alcalde de Gondomar en el anterior mandato y, tras la moción de censura del pasado día 7, concejal de Hacienda y Personal, impulsó como regidor la permuta de una parcela municipal de 10.725 metros cuadrados, clasificada como suelo urbanizable, por otra de 1.450 metros, falseando los precios de una y otra. El Ayuntamiento "perdió" casi 700.000 euros en la operación, que ahora ha anulado en sentencia firme el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La permuta fue aprobada por el pleno municipal en julio de 2004 con los votos del grupo popular, que gobernaba bajo la presidencia de Carlos Silva, y los votos en contra del BNG y PSOE. El gobierno valoró la parcela municipal en 900.000 euros y la particular, propiedad de Promociones Colmeiro y Martínez SA, en 574.997 euros, y dos meses después rechazó un recurso de reposición contra ese acuerdo presentado por el BNG, que acabó llevando el asunto al juzgado de lo contencioso administrativo de Vigo.
La parcela de Promociones Colmeiro era de uso comercial que el plan general de entonces -anulado un año después por el Tribunal Supremo- hacía prácticamente inviable por las reservas de suelo para aparcamientos que requería su utilización teórica. La parcela municipal, a la entrada de la localidad por la carretera de A Ramallosa, admitía, sin embargo, un desarrollo residencial. El perito judicial fijó para la primera un valor de 418.116 euros y para la municipal, de 1.422.225 euros. El gobierno de Silva había aceptado una diferencia de valor de 325.000 euros cuando esa diferencia se elevaba, según el perito judicial, a 1.004.000 euros.
La sobrevaloración de la parcela privada y la infravaloración de la municipal había tenido el efecto de burlar el tope del 40% de la diferencia de valor entre ambas para permitir con ello la permuta, ya que de superar ese porcentaje, como era el caso, tendría que haberse tramitado por un sistema de subasta.
El juzgado estimó en su sentencia, en julio de 2007, que había una falta de motivación de la permuta y que hubo "una incorrecta o fraudulenta valoración de las parcelas". Promociones Colmeiro y Martínez recurrió el fallo ante el TSXG, que en sentencia firme, con fecha 30 de junio último, ha desestimado el recurso de la promotora y ha anulado el acuerdo plenario de julio de 2004 que aprobó la permuta.
Ahora el asunto se complica porque en la parcela municipal ya hay construido un bloque de unas 40 viviendas. "Un nuevo pelotazo urbanístico del gobierno de Carlos Silva queda al descubierto", señalaba ayer el BNG al dar a conocer la sentencia, después de la agitación que ha vivido el municipio en las últimas semanas por causa de la moción de censura que expulsó a los nacionalistas del gobierno para hacer alcalde al candidato del PP, Martín Urgal, en un confuso procedimiento de militancias aún no aclarado.
Una primera tentativa de moción de censura, en mayo, fracasó porque el candidato a sustituir al alcalde nacionalista, Antón Araúxo, era el ex alcalde Carlos Silva, condenado a prisión e inhabilitación, como toda su junta de gobierno -aunque están pendientes de que se falle su recurso-, por prevaricación urbanística en relación con un pequeño lote de las más de 300 licencias que concedieron al amparo del plan general de urbanismo anulado por el Tribunal Supremo. La candidatura de Urgal a la alcaldía, en lugar de la "poco estética" de Silva, permitió que la moción de censura prosperase con el apoyo de los cuatro concejales del grupo socialista y de un independiente.
En el nuevo gobierno, Carlos Silva figura como concejal de Hacienda y Personal y es el único que mantiene la militancia en el PP, ya que el resto del grupo pidió la baja momentos antes de ejecutarse la moción de censura, el pasado día 7, "para no perjudicar al partido" en relación con el pacto antitransfuguismo. Todo el grupo socialista, por su parte, fue expulsado del PSdeG por apoyar la moción.
En el pleno que sirivió de estreno al nuevo gobierno, el viernes, los concejales de ambos grupos, que teóricamente deberían engrosar un nuevo grupo de "no adscritos", se reivindicaron como miembros de sus anteriores grupos, un tema secundario, según explicó el nuevo alcalde, Martín Urgal, para quien lo importante es que "hay 12 actas legítimas de concejales que trabajan para que Gondomar avance".
En el PP provincial reafirman ese criterio, hasta el punto de que el vicepresidente de la Diputación y del partido, José Manuel Figueroa, presentó el pasado jueves en la sede de la Diputación en Vigo, junto a Martín Urgal y Carlos Silva, la I Festa da Anguriña, una estrambótica celebración para promocionar el turismo y esa "excelencia gastronómica" de Gondomar de la que no se tenía la menor noticia y que se limita a aprovechar una marca comercial de Pescanova. La festa se celebrará hoy y todo ello es reflejo, según el BNG, de la "corrupción rampante, en urbanismo y en todas las actividades", que se ha reinstalado en el ayuntamiento de Gondomar desde la moción de censura.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 19/07/2009
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Con tapón irrellenable
RAFAEL DE LA FUENTE* : La convocatoria del Consejo de Europa a la cuarta reunión para la implementación de la Convención Europea del Paisaje nos alegró a los españoles que trabajábamos en ella. En lo referente a las expectativas de España, la reunión prometía ser interesante. Tendría lugar los días del 10 al 13 de Mayo de 2006. En el Ljublijanski Grad, el castillo de Ljubljana, la bella capital habsbúrgica de Eslovenia. Parecía un buen augurio. En especial para nosotros. El Gobierno español había firmado la Convención en Florencia el 20 de Octubre del 2000. Pero este tratado internacional aún no había sido ratificado por el Congreso de España.
Los indicios nos confirmaban que la entonces ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona, cumpliría su compromiso con el Consejo de Europa: la convención debería ser ratificada antes del final de aquella legislatura, prevista para la primavera de 2008. Pensábamos que probablemente ésta sería nuestra última reunión antes de la entrada en vigor en nuestro país de este importante tratado internacional, en el que la mayoría de los españoles allí presentes habíamos puesto nuestras esperanzas.
Este convenio, como se le denomina en España, había nacido con dos versiones iniciales, una francesa y la otra en inglés: La Convention Européenne du Paysage (CEP) y la European Landscape Convention (ELC). Una convención es un tratado internacional de mayor rango que un convenio. No pude evitar la impresión que se nos aguaba el título – aunque lógicamente no el contenido– de un tratado que puede ser muy importante para los legítimos intereses de España, como país turístico. Y particularmente por representar este Convenio o Convención una oportunidad para cambiar una situación que desde hace medio siglo parecía no tener salida en nuestro país: la destrucción, impune demasiadas veces, de patrimonios naturales y urbanos muy valiosos, sobre todo desde el punto de vista de los intereses turísticos de España. Además de nocivos efectos colaterales, como la corrupción, enquistada en diversas zonas turísticas de la geografía de nuestro país.
Después de un retraso de siete años, gracias al empeño de la ministra Narbona, el Convenio Europeo del Paisaje fue ratificado por el Congreso el 26 de noviembre de 2007. El 29 de febrero de 2008 se celebró en Madrid el acto institucional que solemnizaba la entrada en vigor en nuestro país del tratado europeo para la protección del paisaje. Con la presencia de personalidades del Consejo de Europa y presidido por la ministra, ya en los últimos metros de su etapa política. El texto del tratado entró en el B.O.E. el día siguiente, el 1 de marzo de 2008. La ministra cumplió con su palabra. Muchos lamentamos que su mandato no continuara en la nueva legislatura.
Ha pasado más de un año y la Convención Europea del Paisaje parece ser uno de los secretos mejor guardados de España, tanto por las Administraciones Autonómicas como la Central. Y esto me trae a la memoria la aparente falta de entusiasmo por la Convención que observé entonces en un importante (y ligeramente despectivo) dignatario español presente en las sesiones de trabajo en aquel histórico castillo de la capital de Eslovenia: el Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno Balear, entonces presidido por don Jaime Matas. Seis meses después, me encontré en los periódicos con la noticia de la detención del Director General. Se le imputaban graves delitos relacionados con el caso Andratx. Un mayúsculo escándalo vinculado a la corrupción urbanística en Baleares y por los que parece ha sido recientemente condenado.
En los tiempos del "ancien régime" se decía que en el extranjero nos envidiaban, ya que España era la gran reserva espiritual de Europa. Pues sí. Y además con tapón irrellenable.
* La Opinión de Málaga - Opinión - 16.07.09
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ECOTICIAS* : Greenpeace propone colocar "un grano" en la cara de los que deben hacer desaparecer el hotel ilegal, como son José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, Elena Espinosa, Ministra de Medio Ambiente, y José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía. La organización invita a la sociedad a poner "un grano" a varios políticos en www.tehasalidounalgarrobico.com
Tras el archivo por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente de Almería de las Diligencias de Investigación sobre la construcción del Hotel de Azata de Sol en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería), Greenpeace ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que reclama la investigación de las numerosas ilegalidades que rodean al hotel y que podrían haber beneficiado a los Ayuntamientos de Níjar y Carboneras (Almería), así como a la mercantil Azata S.A., entre otros.
Al mismo tiempo, la organización pone en marcha la web www.tehasalidounalgarrobico.com. En ella Greenpeace propone colocar "un grano" en la cara de los que deben hacer desaparecer el hotel ilegal, como son José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, Elena Espinosa, Ministra de Medio Ambiente, y José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía. El hotel ilegal de El Algarrobico se ha convertido en un incómodo ejemplo de la destrucción del litoral español.
Greenpeace considera que los siguientes hechos deben ser examinados por la Fiscalía Anticorrupción:
1. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sustituyó los planos oficiales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sin ningún tipo de expediente y sin someterlo a publicidad alguna, para adaptarlos a las Normas subsidiarias de los Ayuntamientos de Níjar y Carboneras que permitían la urbanización irregular de 300 hectáreas de Parque.
2. Esa misma Consejería justifica el cambio en los planos porque hay un error de 400 hectáreas en las fotos de satélite. Esta decisión supone la amenaza por urbanización de un 10% del Parque Natural.
3. Esta actuación reiterada por parte de la Junta de Andalucía constituye un presunto delito de falsedad en documento público.
4. La Consejería de Medio Ambiente ha ocultado la planimetría oficial del PORN a la Audiencia Nacional, enviando en varias ocasiones una fotocopia de los planos completamente ilegible y que presenta manchas de tinta negra en la zona de El Algarrobico.
5. La parcela de El Algarrobico no está clasificada como suelo urbano en las Normas Subsidiarias de Carboneras, como defiende el alcalde de esta localidad, sino como suelo urbanizable. La diferencia es trascendental, ya que en los suelos urbanos la servidumbre de protección establecida por la Ley de Costas es de 20 metros y en los urbanizables de 100 metros.
6. El Ayuntamiento de Carboneras conoce, desde 1988, que el proyecto del hotel de El Algarrobico es ilegal porque el que era entonces Director General de Puertos y Costas envió al Ayuntamiento un informe vinculante indicando que la Zona de Servidumbre de Protección donde no se puede construir era de 100 metros. El Ayuntamiento hizo caso omiso: aprobó el Plan Parcial de El Algarrobico y otorgó la licencia de obras en 2003.
7. La promotora Azata S.A. y sus filiales sabían desde 1988 que el proyecto era ilegal, ya que así se lo había comunicado el Servicio Provincial de Costas de Almería. Además, Azata ha recibido un trato de favor por parte del Ayuntamiento de Carboneras que, incluso, ha adoptado acuerdos para eximir del pago de tasas a la empresa.
8. Finalmente, a pesar de las numerosas sentencias contrarias a la legalidad del hotel, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras continúan considerando como urbanizables los terrenos de la playa de El Algarrobico.
"Greenpeace no va cesar en su lucha por que se sepa la verdad y para que se depuren responsabilidades de aquellos que han permitido la construcción de este hotel en pleno Parque Natural y a 14 metros del mar", declara Pilar Marcos, responsable de la campaña Costas de Greenpeace. "Los presidentes del Gobierno y de la Junta de Andalucía; Ministra y Consejera tienen la inmediata responsabilidad de demoler este hotel, sin excusas y dilaciones", concluye Marcos.
Documentación disponible:
- Informe El Algarrobico, 20 años de ilegalidades:
www.greenpeace.org/espana/reports/el-algarrobico-20-a-os-de-ileg
* ECOticias - 16.07.09
Foto: Algarrobico ILEGAL pintado por Greenpeace - A.Rodríguez (EFE)
La crisis no evita que el ladrillo invada zonas vírgenes de La Marina
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ELPAÍS/Alicante* : Después de casi dos años de recesión y con los índices de ventas en caída libre, los restos del naufragio del sector de la construcción se agarran a una tabla de salvación: la urbanización de zonas exclusivas en la costa donde construir viviendas de lujo que ofrecer a clientes de alto poder adquisitivo, en buena parte de origen europeo, no afectados por la crisis.
De hecho, ayuntamientos de La Marina Alta gobernados en su mayoría por el PP han previsto, a través de planeamientos globales o de proyectos concretos, la urbanización de las últimas zonas vírgenes de sus respectivos litorales.
"La única alternativa que nos queda es la de construir para clientes extranjeros chalés de lujo en un entorno paisajístico lo más paradisíaco posible", señalan fuentes del sector inmobiliario de la comarca, quienes descartan el modelo de abigarradas urbanizaciones de adosados que había imperado hasta ahora y que ha sufrido un bajón de un 70%.
El Colegio de Arquitectos de Alicante avala la tendencia urbanística hacia la exclusividad, que se ha ido acentuando desde el último trimestre de 2008. Así, en toda la provincia, la media de viviendas por promociones ha descendido de 6 a 3 y muchas de estas últimas ni siquiera son para colocarlas en el mercado sino como "autoconsumo familiar".
Los ecologistas y la oposición alertan de los graves costes medioambientales de esta política: ya antes de la crisis, el mercado inmobiliario se había resentido precisamente porque los potenciales clientes europeos huían de la masificación urbanística propiciada por los tiempos dorados de la piqueta.
Calp y Benissa ya se aprestan a urbanizar los últimos parajes sin hormigón que quedaban en sus respectivas costas. El gobierno local de la primera de esas poblaciones, regido por Bloc y PP, aprobó esta misma semana un plan para construir 139 inmuebles de lujo distribuidos en siete bloques de cuatro plantas que se construirán por una empresa de Sevilla en la cala de la Manzanera, donde aún sobrevivía una pinada. El PSPV advierte del gran impacto visual que comportarán estas edificaciones sobre el acantilado de Calp y el perjuicio que supondrá para el resto de propietarios de la zona. Por su parte, el ejecutivo local recuerda que el proyecto se ajusta a la legalidad y que el plan viene de principios de los noventa, cuando aún gobernaban los socialistas.
También era virgen el paraje de la Llobella de Benissa, sobre el que, sin embargo, pesa otro proyecto para urbanizar 273.000 metros cuadrados y alzar 172 viviendas dispersas, así como zonas hoteleras y comerciales impulsadas por el ejecutivo de PP y PSI. Los socialistas alertan de que el plan "comete los mismos errores de la sierra de Bèrnia en Altea o el monte de Gata, con una mezcla desordenada de adosados, chalés, zonas comerciales y zonas verdes con un fuerte impacto estético y lumínico". El alcalde, el popular Juan Bautista Roselló, ha dicho que vigilará el plan con "lupa".
En Dénia, el nuevo Plan General que diseñan PP e independientes contempla la urbanización, en el litoral norte, de casi 400.000 metros cuadrados en el humedal de Racons, en el entorno de un área incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Generalitat que el anterior gobierno de PSPV y Bloc quería preservar frente al propio criterio de la Consejería de Territorio, que es el que ahora ha imperado. Ese futuro PGOU también prevé elevar de 800 a 1.352 casas la edificabilidad en la zona Rotes-Montgó, uno de los entornos turísticos más exclusivos de la Comunidad, y abre la puerta a campos de golf y complejos hoteleros en la costa de Les Marines. La edil de Ordenación del Territorio, la centrista Pepa Font, cree que el PGOU "abogará por un nuevo modelo turístico a favor de los hoteles y en detrimento de los apartamentos" y acusa a la izquierda de haber masificado la ciudad con más de 8.000 viviendas en seis años. PSPV y BNV alertan de que tras la moción de censura que les apartó del poder hace un año se escondían precisamente las numerosas inmobiliarias locales que tienen intereses en esas zonas residenciales.
El caso de Xàbia es peculiar. Su alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort, ha recurrido el último deslinde de Costas que deja fuera de ordenación más de mil chalés colgados de los acantilados de sus 15 kilómetros al sur del municipio e impide que prosiga sobre ese litoral de escarpados riscos la construcción un tanto desordenada de los últimos años. Los empresarios también se oponen al deslinde, "no tanto porque queramos seguir construyendo allí sino porque las viviendas que ya existen pierden su condición de urbanas y así será imposible venderlas", señalan desde la Asociación de Constructores del municipio. Además, una sentencia judicial permitirá ahora a otra mercantil urbanizar el paisaje de Cansalades-Umbría, donde sus 34 parcelas de lujo tienen un valor de mercado superior a los seis millones de euros.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 18/07/2009
Foto: Chalés construidos en la zona de la cala La Barraca, en el litoral de Xàbia.- NATXO FRANCÉS, elpais.com
Salvemos la Villa Romana estudian la posibilidad de denunciar en la Fiscalía al alcalde de Paterna
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PATERNA/Valencia* : Los integrantes del grupo de personas que pretende que se deje intacta la villa romana, encontrada en el sector de Los Molinos en la excavación para hacer un edificio, están estudiando la posibilidad de presentar una denuncia en la Fiscalía contra Lorenzo Agustí, alcalde de Paterna, para que investigue si existe algún tipo de delito, ante la negativa de éste a realizar acción alguna por las presuntas irregularidades en la permuta de los terrenos en que se encuentra.
Los servicios arqueológicos del Ayuntamiento de Paterna descartaron la posibilidad de conservar los restos de la villa romana de Paterna encontrados por casualidad en la excavación. El motivo es que sobre el yacimiento situado entre Paterna y Manises, se van a edificar unos bloques de viviendas. De hecho en una parte lindante al yacimiento ya se ha construido un supermercado. Pero, según estos vecinos preocupados por la historia de Paterna, podría existir una serie de irregularidades en la permuta de terrenos que permitiría salvar la villa, si el Ayuntamiento pusiese de su parte.
Los servicios arqueológicos del Ayuntamiento de Paterna descartaron la posibilidad de conservar los restos de la villa romana de Paterna encontrados por casualidad en la excavación. El motivo es que sobre el yacimiento situado entre Paterna y Manises, se van a edificar unos bloques de viviendas. De hecho en una parte lindante al yacimiento ya se ha construido un supermercado. Pero, según estos vecinos preocupados por la historia de Paterna, podría existir una serie de irregularidades en la permuta de terrenos que permitiría salvar la villa, si el Ayuntamiento pusiese de su parte.
En marzo del 2009 denunciaron en el Ayuntamiento las siguientes irregularidades:
1.
Un tramo de unos 6000m2 del vial Cristo de la Fe que es municipal, había sido cedido a Proyectos Paterna SL (una promotora del Grupo Siro) sin recibir el Ayuntamiento nada a cambio.
2.
Un tramo de unos 2500m2 de la Av. del Testar también fue cedido al mismo grupo empresarial.
Ese suelo municipal, junto con las zonas verdes obligatorias en la reparcelación, podría situarse sobre la villa romana descubierta en el barrio de Santa Rita de modo que no tuviese que destruirse.
"Así se podría aprovechar su potencial turístico y educativo", indica Jorge Cubells, portavoz de estos ciudadanos.
Los documentos que pudieran acreditar que los tramos viales son municipales son el acta del Pleno en que se aprobó la cesión y la historia registral de las parcelas en el año 2005, pero lo mas claro para los defensores de la villa, es que las calles están abiertas al tráfico desde que construyó la fábrica de galletas, existiendo un informe al respecto. A pesar de los mismos, según Cubells, la promotora inscribió a su nombre el tramo de la calle Cristo de la Fe usando un certificado expedido por el Ayuntamiento que sospecha que pueda ser un error del Registro.
Transcurridos varios meses desde la denuncia inicial y sin respuesta a la misma, aparece un informe del arqueólogo municipal en el que indica que la villa romana no tiene importancia suficiente como para impedir la promoción de viviendas, a pesar del entusiasmo que mostró en la rueda de prensa en el momento del descubrimiento.
El pasado mes de abril, ante la falta de contestación del Ayuntamiento, denunciaron la situación a la Consellería de Cultura y Presidencia de Gobierno, sin obtener de momento respuesta.
Ahora, Jorge Cubells, ha vuelto a pedir explicaciones al Alcalde sobre este asunto, solicitando "saber el motivo por el que se demora tanto este expediente estando tan documentado. Desde fuera da la impresión de que se demora adrede, hasta que la villa romana no sea un obstáculo en la trama urbanística que he denunciado tanta veces".
Cubells, indica a Agustí, en la instancia presentada este mes, que " no entiende el motivo por el que aún no se ha tomado ninguna acción el sentido de recuperar la titularidad de este suelo municipal para poder situarlo sobre la villa romana descubierta."
Junto con la instancia municipal, también ha presentado otro documento al Presidente de la Generalitat, mostrando su indignación por el desinterés que se han tomado para salvar la villa romana de Paterna.
En el caso de que no contesten esta última instancia y realicen las acciones oportunas, está estudiando presentar toda la documentación a la Fiscalía para que determine si existe algún tipo de delito.
* Paterna Actualidad - 17.07.09
Foto: Paterna (Valencia), VillaRomana - paterna.biz
Declarada firme la suspensión cautelar de más de 50 puntos del PORN de Cabo de Gata, entre ellos El Algarrobico
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TELEPRENSA/Almería* : Los dos autos de suspensión cautelar de todas las zonas C3 y D (núcleos urbanos preexistentes y zonas urbanas, respectivamente) del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) del Parque Naturald e Cabo de Gata-Nijar, que decretó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en respuesta a la denuncia de Salvemos Mojácar, el Grupo Ecologista Cóndor y Salvemos Macenas el pasado 31 de Marzo, ha sido declarado firme.
La suspensión afecta a más de 50 zonas del parque que habían sido ilegalmente desprotegidas en el nuevo PORN, tanto para legalizar viviendas ilegales como para preparar nuevos desarrollos urbanísticos en suelo protegido.
Los autos, sorprendentemente, no han sido recurridos por nadie, ni Junta de Andalucía, ni Ayuntamientos, ni particulares afectados.
Esto significa que durante los años que dure el proceso judicial, que se estiman en más de siete, la suspensión cautelar no podrá levantarse.
De esta manera quedan definitivamente ilegalidazas las miles de viviendas que ocupan suelo protegido del parque, en tanto no halla una sentencia, al final del proceso, que diga lo contrario, lo cual es improbable. Esto incluye el hotel del Algarrobico, así como viviendas ilegales en casi todos los núcleos del parque. A su vez este auto impide que se desarrolle ningún nuevo sector urbanístico ubicado en ninguna de las más de 50 zonas suspendidas queda definitivamente en suelo protegido.
Las asociaciones ya han comunicado a los ayuntamiento de Nijar, Carboneras y Almería que deben suspender cualquier actuación urbanística en los sectores afectados y que deben informar a los propietarios de las viviendas ilegales de su situación.
Se trata para los tres colectivos ecologistas de una victoria judicial sin precedentes, que tendrá consecuencias desconocidas ya que, por un lado, deja en suspenso miles de viviendas ilegales ya habitadas en el Parque y a su vez se suspenden los planes urbanísticos que pretendían desarrollarse para todas la áreas afectadas.
Por otro multiplica exponencialmente las razones de las diligencias por prevaricación que ordenó abrir el Juez Rivero el pasado septiembre contra la Junta de Andalucía por la manipulación ilegal de lo planos del Parque Natural, diligencias que se encuentran ahora en la mesa del Fiscal General del Estado, a quien las asociaciones remitirán inmediatamente este auto con un escrito solicitando que se amplien las diligencias.
Se trata pues de un varapalo sin precedentes para la Junta de Andalucía que esperamos tenga consecuencias políticas de primer orden ya que entendemos que la única salida digna para el presidente de la Junta, Manuel Chaves, seria el cese inmediato de todos los cargos políticos potencialmente implicados en este caso de extrema gravedad.
* Teleprensa - 17.07.09
Foto: El Algarrobico (Almería), aérea - greenpeace.org
El TSJC derriba el Plan General de Arucas
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha propinado un fuerte varapalo judicial al ordenamiento urbanístico de Arucas al anular un acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de 22 de junio de 2005.
Dicho acuerdo aprobaba definitivamente, en forma parcial, la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación del municipio al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
La sentencia del TSJC, emitida el pasado 30 de junio, estima en parte el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad de Regantes El Chorro y la Comunidad de Regantes Pozo de las Ñameras, contra esta decisión de la Cotmac. Las dos comunidades se oponen a la construcción de la variante de Bañaderos, por lo que en el recurso también solicitaron la anulación de la ordenación de la variante y del desdoblamiento de la vía Arucas-Guía, así como la nulidad del suelo urbano consolidado, aledaño a la planificación viaria de la costa del municipio norteño.
Sobre estos aspectos de la demanda, la sala del TSJC indica que no puede acceder a estas pretensiones, ya que "anulada la Adaptación desaparece del mundo jurídico, y no es posible que el Tribunal lleve a cabo una labor de ordenación del territorio que no le corresponde".
La Sala se basa en la existencia de una sentencia de 15 de diciembre de 2006, en la que a instancia del Ayuntamiento de Gáldar se anulan los acuerdos de la Cotmac de aprobación definitiva de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Arucas de 15 de febrero de 2001 y de 12 de marzo del mismo año, que originaron la famosa guerra por el centro comercial cerrado del Norte, entre ambas ciudades.
Además, se indica que la Comunidad Autónoma favoreció los intereses municipales frente a los generales, ya que aprobó el cambio de uso de varios suelos a conveniencia y otros los dejó suspendidos para una posterior revisión, alterando el modelo de territorio sin garantías legales.
También se señala en la sentencia que el Ejecutivo autónomo dio carácter de simples reparos a verdaderas omisiones de las que no podía asegurarse el resultado, vulnerando así la seguridad jurídica.
Según explicó el alcalde de Arucas, José María Ponce, la sentencia les llegó ayer, por lo que no han tenido tiempo de valorarla ni de decidir si se presetará recurso, ya que el fallo judicial no es firme.
Por otro lado, fuentes de la Mancomunidad del Norte han indicado, que en principio, esta sentencia no tiene por qué afectar a los proyectos viarios que se están ejecutando en la comarca, ya que el Gobierno regional ha presentado un recurso contra la anulación judicial del plan especial de carreteras del Norte.
Además, para la entidad supramunicipal, el proyecto de la variante ya no es prioritario para la comarca, dado que la construcción del cuarto carril está muy avanzada.
* La Provincia - M.J. MONZÓN - 16.07.09
Foto: Arucas (Gran Canaria), vista - wikipedia.org
Llanes: tres veces en la misma piedra
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LNE/Asturias*: Llanes sabe de anulaciones urbanísticas más que nadie. No en vano, el concejo ha visto cómo los tribunales le «tumbaban» los tres últimos planes urbanos, un hecho sin precedentes en España. Tanto así que el urbanismo de Llanes sigue funcionando en la actualidad «de prestado»: sólo porque el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento recurrieron ante el Tribunal Supremo la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
La amenaza de que el Supremo ratifique la anulación ha obligado al equipo de gobierno, que encabeza la socialista Dolores Álvarez Campillo, a iniciar la redacción de un nuevo planeamiento. Ni así acaba la polémica en Llanes: el PSOE ha optado por revisar el PGOU actual, que como se ha dicho podría ser declarado nulo de forma definitiva por el Supremo. ¿Puede revisarse un planeamiento nulo? Fácil que sean de nuevo los jueces los que tengan que dar una respuesta.
El urbanismo siempre ha provocado grandes polémicas en Llanes. Cuando gobernaba la derecha, antes de 1987, el PSOE local arremetió con extrema dureza contra la política urbanística del equipo de gobierno, al considerar que favorecía la masificación y un crecimiento desmesurado. El PSOE prometía entonces un urbanismo bien diferente, basado en un crecimiento armónico (aún no se había inventado el término sostenible), acorde con las necesidades de los vecinos.
En 1986, el Ayuntamiento aprobaba las normas subsidiarias municipales, una suerte de plan urbanístico, que nunca llegó a entrar en vigor. Un particular denunció que las normas llaniscas no habían sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA), por lo que debían ser declaradas nulas. Los tribunales ratificaron ese argumento y Llanes se quedó sin planeamiento.
Antes de que llegara la anulación definitiva de aquellas normas llegaron las elecciones municipales de 1987. El «cambio» llegaba a Llanes con cinco años de retraso: el PSOE arrasó. Con una holgada mayoría absoluta y un alcalde joven y, dinámico, Antonio Trevín, los socialistas se pusieron manos a la obra. En 1989 convocaron a los «inversores reales y comprometidos», interesados en impulsar actuaciones urbanísticas en el concejo. Fue el primer error del PSOE: no hubo un avance de planeamiento. Los posteriores recursos de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) y dos particulares incidieron en esta y otras irregularidades.
La polémica rodeó desde el primero momento la tramitación del plan urbanístico (en realidad una revisión de las normas anuladas anteriormente). Sobre todo porque el PSOE proponía una «franja de asentamiento costero» que hubiera permitido levantar miles de adosados entre la carretera N-634 y la zona de protección de Costas, y porque había firmado trece convenios urbanísticos con otros tantos «inversores reales y comprometidos» (la mayoría relacionados entre sí) que convertían en urbanizables miles de metros cuadrados de terrenos rústicos, buena parte de ellos en primera línea de costa.
Los jueces zanjaron la polémica al anular el plan urbanístico, que había sido aprobado en 1992, por los defectos de forma observados, entre ellos la ausencia de un avance de planeamiento abierto a toda la ciudadanía, y no sólo a los «inversores reales y comprometidos».
El Ayuntamiento redactó un nuevo planeamiento, en este caso un PGOU. Y de nuevo AVALL, Andecha Astur y un particular recurrieron. El Ayuntamiento y el Principado perdieron los tres juicios: el PGOU fue anulado por triplicado, también en este caso por la gravedad de sus defectos de forma, entre ellos, haber incluido los terrenos de los «convenios» a espaldas de la ciudadanía. Los recursos hacen que el PGOU aún siga vigente.
La Talá, un paraje situado junto a la costa, a la salida de la villa de Llanes hacia el Oeste, ha sido el centro de buena parte de la polémica urbanística en los últimos veinte años, más que por el número de viviendas, por su privilegiada situación. La Talá -en la imagen- es un símbolo, tanto para los partidarios como para los detractores de la política urbanística del PSOE de Llanes. Veinte años después continúan los recursos y las denuncias.
* La Nueva España - Ramón DÍAZ - 17.07.09
Foto: lópez de arenosa, lne.es
La alcaldesa de Marbella reta a la Junta al legalizar todas las viviendas
ELPAÍS/Málaga* : Ninguna casa habitada debe ser demolida por ilegal que sea. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), está dispuesta a llevar su compromiso electoral hasta las últimas consecuencias, por más que ello suponga romper el consenso mantenido hasta ahora con la Junta sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el riesgo de que sea rechazado por la administración autonómica, a la que compete su aprobación definitiva.
El desafío de la alcaldesa se confirmó ayer, cuando informó a los grupos de oposición de que que en el PGOU que someterá a la aprobación provisional del pleno el día 29 no habrá ni una sola vivienda habitada que quede fuera de ordenación, ni por tanto expuesta a una posible demolición. El Gobierno municipal ha modificado el documento elaborado por el equipo redactor, que mantenía como "incompatibles" con el modelo urbanístico unas 500 viviendas en tres promociones.
Muñoz explicó que evitar las demoliciones "ha sido siempre la postura coherente del PP y un compromiso personal". Muñoz dice no querer romper el consenso, pero su empeño es el de un equilibrio muy difícil porque la Junta también ha hecho una cuestión irrenunciable, al menos hasta ahora, la incompatibilidad de determinadas construcciones con el ordenamiento urbanístico que considera coherente y deseable para Marbella.
"La intención es que la Junta asuma el plan y no haya elementos de confrontación", insistió Muñoz, quien recordó como prueba "inequívoca" de su voluntad que cuando llegó a la alcaldía en junio de 2007 asumió el plan elaborado por el equipo redactor contratado por la Junta "sin cambiar ni una coma". "Pero tenemos que incluir criterios municipales, nuestra impronta, y los cambios entendemos que son asumibles", explicó.
El documento aprobado inicialmente en julio de 2007 establecía la normalización de la mayoría de las 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones en suelo por los espacios libres y equipamientos perdidos; y dejaba fuera de ordenación 700 casas. En el documento aprobado provisionalmente en julio de 2008 esta cantidad se redujo a 500. Ahora, después de una nueva información pública, el equipo redactor mantenía estas 500 viviendas como ilegalizables por ocupar suelos del frente litoral. Pero el gobierno del PP entiende que "es de justicia para los compradores de buena fe" no demoler una sola casa habitada.
Según explicó Muñoz, en el caso de Banana Beach y Río Real, que suman unas 350 viviendas, se harán entregas de suelo compensatorio que ahora son aparcamientos y jardines de las urbanizaciones, y en el edificio de La Víbora se harán modificaciones que impidan el riesgo de inundación.
El Ayuntamiento de Marbella además podrá seguir adelante con su propuesta de deslinde con Benahavís después de que el Consejo Consultivo haya emitido un dictamen que recomienda este procedimiento a seguir en el caso de suelos que han sido ordenados por un ayuntamiento aunque en la demarcación oficial de lindes del Instituto de Cartografía resulte que pertenezca a otro, siempre que esas actuaciones hayan sido de buena fe.
Y así ha ocurrido con los casi 400.000 metros cuadrados que son de Marbella pero que durante 30 años ha ordenado Benahavís y que el consistorio marbellí quiere que sean adscritos ahora su municipio vecino. Durante la tramitación del PGOU es el momento de hacerlo, según el Consejo Consultivo, aunque la decisión final compete a la Junta.
La administración autonómica encargó el informe al Consultivo después de la polémica originada por la pretensión del deslinde que afecta a la vivienda de la alcaldesa y a suelos de una promotora de su marido. En el PGOU de Marbella serían suelos no urbanizables, y en el de Benahavís si lo serán.
* ELPAIS.com -DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 17/07/2009
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
El TSJA anula el Plan General de Ordenación Urbanística de Gijón
20MINUTOS* : El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado el Plan General de Ordenación de Urbana de Gijón por ser "contrario a derecho". La sentencia fue dada hoy a conocer por el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento.
Sanjurjo anunció que el Ayuntamiento presentará un recurso a la resolución judicial que estima el contencioso administrativo presentado por cinco particulares contra el acuerdo del 23 de enero de 2009 relativo al documento de la adaptación a la ley autonomica del suelo y modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
En la sentencia, el Tribunal Superior considera que el Ayuntamiento "encubrió una genuina operación de Revisión del Plan general bajo un indebido supuesto de modificación puntual" porque "el conjunto de las variaciones introducidas exceden lo que representa una modificación puntual y de ajuste a la totalidad del Plan General, por más que afecte a la regulación de algunos de sus ámbitos y a aspectos concretos del Plan General". En opinión del TSJA, la modificación debió "tramitarse por el procedimiento de revisión".
A tenor de esto, el TSJA estima las alegaciones de los recurrentes asociadas al procedimiento a seguir "sobre el deficiente periodo de información pública anterior a la aprobación inicial, la falta de documentos esenciales, el deficiente estudio económico y financiero como consecuencia de la inadecuada tramitación de la adaptación como una modificación".
Para el tribunal, esto es motivo suficiente de anulación del plan por lo que "no hace necesario el examen de los restantes invocados por los recurrentes". Entre los motivos alegados por los recurrentes se encontraba la falta de un estudio de impacto ambiental al entender que se trataba de una transformación del uso del suelo. El Ayuntamiento alegó al respecto que en la legislación del Principado de Asturias no consta precepto que obligue a someter al trámite de evaluación de impacto ambiental el planeamiento general municipal, ni los demás instrumentos de ordenación urbanística".
Para el equipo de Gobierno, "esta situación es nueva y no esperada". El concejal indicó que no comparten los contenidos de la sentencia y, por ello, entiende "que la actuación municipal se ha ajustado a derecho en la tramitación del PGOU". Según Sanjurjo, el Plan seguirá vigente hasta que el Supremo decida sobre el recurso.
* 20 Minutos - Europa Press - 16.07.09
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com
Catral recupera el urbanismo y demolerá 251 casas ilegales
ELPAÍS/Alicante* : El municipio de Catral recuperó ayer las competencias en materia de urbanismo que el Consell le retiró en octubre de 2006 ante la proliferación de casas ilegales (1.200 viviendas unifamiliares levantadas con permiso para vallados o casa de labranza) en suelo no urbanizable, en plena huerta del término. Del total de casas ilegales, 251 serán demolidas, según informó la Consejería de Urbanismo.
El Ayuntamiento retoma esa competencia tras presentar un plan para regularizar esas obras ilegales, que motivaron una investigación judicial. En el sumario, entre otros, está imputado por prevariación el ex alcalde del municipio, el socialista José Manuel Rodríguez Leal.
El convenio para la devolución de competencias lo firmaron ayer en el Ayuntamiento el consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Agua, José Ramón García Antón, y el alcalde, Aurelio Albero, del PP. La Consejería accede a este trámite una vez que el Ayuntamiento ha presentado el concierto previo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
En la actualidad, la Consejería ha incoado 689 expedientes de restauración de la legalidad urbanística que se encuentran en diferentes fases de procedimiento, y que afectaban a 836 viviendas, De ellos, según una nota oficial de la Consejería, 196 están concluidos y suponen la demolición de 251 casas.
El concierto previo, según el alcalde, recoge la nueva "realidad" urbanística del municipio Catral. "Nuestra intención, más que legalizar es regularizar todas las casas de diseminado de la huerta, sobre todo las habitadas", explicó Albero.
* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 16/07/2009
Foto: Catral - 20minutos.es
Recalificación Miniestadi: Los vecinos amenazan con movilizarse
LAVANGUARDIA/Barcelona* : Los vecinos de Les Corts de Barcelona advirtieron hoy de que iniciarán un plazo de concentraciones y manifestaciones contra la recalificación del Miniestadi y señalaron que su propuesta continúa siendo la instalación de equipamientos para el barrio y no de pisos.
El portavoz de la coordinadora de asociaciones de vecinos de Les Corts, Alfons Huéscar, explicó que se reunieron esta tarde de urgencia tras las informaciones que apuntaban hoy que el alcalde, Jordi Hereu, y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo.
Sin embargo, más tarde Hereu negó dicho acuerdo y señaló que sigue trabajando en ello. Huéscar afirmó que el alcalde está "traicionando" la confianza de los vecinos y afirmó que ayer ellos mismos se reunieron con la gerente de Les Corts y no les informó sobre ningún avance en el acuerdo. "Sabemos que el Barça es muy poderoso, pero los vecinos unidos también", declaró.
Añadió que existe un grupo de trabajo sobre la transformación urbanística en la que participan los vecinos, por lo que se preguntó por qué no se les tiene en cuenta. Huéscar mostró su sorpresa e indignación por las informaciones aparecidas y señaló que los vecinos continuarán oponiéndose a un acuerdo que se base en la construcción de viviendas.
* La Vanguardia - E.P. - 15.07.09
Foto: El Barça quiere recalificar el Miniestadi para poder pagar la rehabilitación del Camp Nou con las plusvalías / Roser Vilallonga / Archivo lavanguardia.es
La UNESCO pide la paralización del proyecto del puerto de Ibiza
Ecologistas en Acción* y el GEN Eivissa, se felicitan por la advertencia de UNESCO al estado español, sobre la no remisión de informe, estudio o proyecto al Comité de Seguimiento del Listado de Patrimonio Mundial, para la valoración del proyecto de ampliación del puerto de Ibiza que, presumiblemente, ocasionaría daños irreparables en los ecosistemas de la zona.
El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, integrado por representantes de 21 países, reunido en su XXXIII sesión desde su constitución en 1972, y por primera vez en España, concretamente en la ciudad de Sevilla, (22/6-30/6), ha resuelto, ante las denuncias recibidas sobre por el proyecto de Ampliación del Puerto del Estado de la ciudad de Ibiza, remitir al Estado español la decisión adoptada por este organismo, donde se solicita la paralización del proyecto con la finalidad de estudiar el impacto que puede tener sobre los bienes declarados, tanto por encontrarse en el entorno de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial Cultural, como por los efectos que puede tener la obra sobre la biodiversidad y las praderas de Posidonia oceánica, declaradas también patrimonio de la humanidad.
En la decisión, el Comité también ha expresado su preocupación por el hecho de que el Estado español no ha remitido en ningún momento el proyecto a la UNESCO para su estudio, de acuerdo con lo que recoge la convención para la conservación del patrimonio mundial en su art 172.
En la resolución, la UNESCO da a España hasta el 10 de febrero del próximo año para que remita un informe sobre el estado de conservación de los bienes declarados para que sea examinado por el Comité Patrimonio Mundial en su próxima sesión, cuando expertos de ICOMOS y de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), órganos consultores de la UNESCO, hayan estudiado su contenido.
Esta decisión del Comité, pone de manifiesto aquello que ha estado reiteradamente denunciado por las organizaciones ecologistas: las autoridades implicadas han obviado en todo momento informar a la UNESCO sobre un proyecto que puede poner en serio peligro el mantenimiento de Ibiza en la lista espacios declarados como Patrimonio Mundial. Además, se trata de una omisión deliberada y consciente, cuando se consiguió entrar en la lista en 1999, tras asegurar a la UNESCO que no se llevaría a cabo la construcción de ningún tipo de plataforma en la zona de Es Botafoc (en ese momento las plataformas previstas tenían la mitad de la superficie de lo que es el proyecto actual -3,5 has-)
Desde el Ecologistas en Acción y el GEN-GOB Eivissa, felicitan a la UNESCO, por esta actuación y llamada de atención a las administraciones españolas, esperando que las autoridades responsables sepan reaccionar a tiempo, acatando las decisiones del Comité y, por tanto, paralizando la ejecución del proyecto hasta que se obtenga el dictamen definitivo de este organismo. La responsabilidad a la que se enfrentan los gobernantes en este caso es enorme, y las repercusiones ambientales y sociales pueden ser incalculables.
* Área Marina de Ecologistas en Acción - 13.07.09
Foto: ibiza - patrimonio-humanidad.com
