Detenido el ex alcalde de San Miguel (Tenerife) por un presunto caso de corrupción urbanística

EUROPAPRESS/Tenerife* : La Policía Judicial de La Guardia Civil ha detenido este martes al ex alcalde de la localidad tinerfeña de San Miguel de Abona Arturo González (CC), al que se le acusa de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Con ésta serían cinco las detenciones llevadas a cabo por el cuerpo armado durante las investigaciones de un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio localizado al sur de la isla de Tenerife. El Juzgado número 4 de Granadilla de Abona es quien lleva a cabo las pesquisas y quien ha decretado el secreto de sumario.

Las investigaciones continúan, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, y no se descartan nuevas detenciones. Las imputaciones se basan en actos cometidos entre los años 2006 y 2007 por adjudicación de obras municipales de forma ilícita.

Además del ex alcalde también han sido detenidos el ex interventor municipal que actualmente ejerce como tal en el Ayuntamiento de Candelaria y la aparejadora de la localidad de San Miguel. Desde hace algunos meses se investigaba la actividad del anterior equipo de gobierno de la localidad.

El pasado 4 de junio se hicieron públicos varios registros realizados días anteriores en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil. Las pesquisas se iniciaron tras una denuncia a raíz de la gestión realizada y relacionada en materia urbanística.

La documentación que se requirió procedía de la oficina técnica municipal. Allí se investigaban proyectos contratados por el gobierno que presidió Arturo González. La Fiscalía Anticorrupción rehusó pronunciarse el pasado 4 de junio al respecto de este asunto y apuntó que no podía confirmar la existencia de la denuncia.

González permanecía en la oposición tras las elecciones locales. Su compañero de filas hasta entonces, Valentín González, le arrebató la alcaldía al pasarse a las filas del CCN tres meses antes de los comicios. El CCN cuenta con 5 concejales y el PSOE con otros cinco forman el equipo de gobierno. En la oposición está CC, con 6 ediles, y el PP que cuenta con uno.







* Europa Press - 18.06.09
Foto: San Miguel de Abona (Tenerife) - webtenerife.com

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Sevilla: El TSJA anula la decisión de construir la Biblioteca del Prado

ELCORREODEANDALUCÍA* : El PGOU de 1987 decidió proteger el parque del Prado de San Sebastián por ser el único reducto verde junto al casco histórico que aún podía reservarse para el uso y disfrute ciudadanos, y "cualquier intervención en él que fuera más allá de la aceptación del valor de su vacío sería una estridencia tanto en el recuerdo como en la realidad urbana de la ciudad".

Con este argumento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) echa para atrás la decisión de construir en los terrenos del Prado la Biblioteca Universitaria Central de la Universidad de Sevilla, al estimar el recurso de los vecinos de la calle Diego de Riaño contra la resolución de la Junta que aprobó en 2006 la revisión del PGOU en el solar. El TSJA anula ahora ese cambio del PGOU, la decisión de la Universidad de edificar la Biblioteca en el parque y cualquier acto posterior que se derive de ellos. Contra la sentencia, que no especifica si hay que frenar de inmediato las obras iniciadas hace meses para levantar el edificio diseñado por la arquitecta iraní Zaha Hadid, cabe recurso ante el Tribunal Supremo en el plazo de 10 días.

La sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA abunda en argumentos medioambientales y recuerda que Sevilla, con una huella ecológica 24 veces por encima de su extensión, no puede permitirse alterar una zona verde que en 1987 fue protegida, precisamente, por la escasez de estos espacios en la ciudad frente al afán constructivo. De hecho, insiste en que la delimitación del parque casi no necesitaba argumentación por su obviedad, pero que arañarle metros para dedicarlos a otro uso es una decisión de tal importancia medioambiental que tiene que estar sustentada en argumentos de mucho peso, lo que no ocurre en este caso.

Según el TSJA, la necesidad de crecimiento sostenible y la protección del parque están muy por encima del uso educativo propuesto por la modificación del PGOU. Cambiar la calificación "no favorece los intereses generales de la ciudad que supone el parque público, antes al contrario los debilita en un claro retroceso para favorecer intereses educativos universitarios que no pueden primar sobre los generales". Y en todo caso, según la sentencia, esos intereses no se verán dañados porque la administración admite que hay otros lugares en los que poder construir la Biblioteca. Los jueces consideran que calificar ese solar como equipamiento educativo supone "olvidar" que existe un deber de protección sobre el parque de aquí en adelante, y eso "atenta frontalmente contra la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanísitco". Añade el tribunal que trasplantar los árboles a otros lugares no compensa la pérdida que se produce.

La Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento, que recibieron ayer esta sentencia, fechada el 4 de junio, están ahora estudiándola para poder valorarla.






* El Correo de Andalucía - Iria Comesaña - 16.06.09
Foto: Sevilla, Prado de San Sebastián (archivo)- sevilla.org

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Unas 185.000 familias madrileñas viven todavía en viviendas insalubres

20MINUTOS* : Vivir en pleno centro de Madrid es una aspiración para muchas personas. Pero cuando comienza la búsqueda de piso llega la desilusión. Detrás de las imponentes e históricas fachadas se esconde una bolsa de viviendas que no cumplen los mínimos requisitos de habitabilidad: son casas de menos de 28 metros cuadrados, donde viven familias hacinadas sin iluminación, con ventanas minúsculas que impiden la ventilación y con focos de bacterias e insectos.

En toda la región hay 184.665 infraviviendas verticales, es decir, casas insalubres situadas en edificios, no en poblados chabolistas.

Son el 9,8% del total de pisos de la comunidad. En la capital hay 123.056 (el 11,3% de todo su parque residencial), según un informe del Equipo de Investigación Sociológica.

Lo peor está en el distrito Centro, principalmente en el barrio de Embajadores (Lavapiés): el 31% de sus casas son consideradas infraviviendas por el área municipal de Urbanismo. También hay una elevada proporción de cuchitriles en los barrios traseros de Gran Vía. Son infraviviendas el 24% de las casas de Universidad (Noviciado y zona de Ballesta) y el 18% de las de Justicia (Chueca y Malasaña).

"Un mero escaparate"

"Muchas fachadas de toda la almendra central son un mero escaparate. Si viéramos lo que hay detrás, nos asustaríamos. Las condiciones indignas en las que está viviendo esa gente son francamente tristes», comenta la decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, Paloma Sobrini.

Son edificios construidos a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX. "La normativa de aquella época no era tan exigente como ahora; hoy en día esas casas no obtendrían la licencia de ocupación", explican fuentes de Gerencia de Urbanismo.

Desde los años 80, las construcciones nuevas deben lograr la cédula de habitabilidad o licencia de ocupación para poder ser habitadas. Sin embargo, las casas anteriores a esa época (el 65% de todas las que hay en Madrid) no debían pasar ese trámite. "Había menos control en la construcción de los edificios", añaden.

Para que aflore esa bolsa oculta, el Colegio de Arquitectos, junto con la Comunidad y el Ayuntamiento, está estudiando implantar una revisión de la habitabilidad de las viviendas cada vez que se vendan o alquilen.

"La inspección técnica de edificios (ITE) no es suficiente. Sólo valora la estructura y habría que inspeccionar también la higiene y la iluminación", dice Sobrini.

Además, el Ayuntamiento está trabajando en un plan de erradicación de infraviviendas. La idea es modificar el Plan General de Ordenación Urbana para facilitar las obras de reforma en estas casas. Estará listo a finales de este año.

Los datos

* Más de 12.000 vecinos, sin váter en casa. Un total de 12.493 familias madrileñas tienen que salir de su vivienda para hacer sus necesidades, ya que no tienen váter en casa. Es más habitual en Centro y en Puente de Vallecas. Esto ocurre en el 5% de los pisos de Embajadores.
* 10 m2 por persona y 34.600 hacinados. Las viviendas en las que tocan a menos de 10 m2 por habitantes están en situación de hacinamiento. En la región viven así 34.638 familias y en la capital ocurre en 26.240 casas. En Centro están así el 5,4% de los pisos.
* Casi 3.000 pisos sin agua ni desagüe. En toda la capital hay 2.827 familias que no disponen de las instalaciones de fontanería básicas para vivir. De ellas, hay 1.260 sin agua corriente en sus casas y 1.567 que no tienen desagües para evacuar las aguas residuales.


15 m2 con chinches y a oscuras

"He pasado dos meses y pico viviendo de forma inhumana. Tenía grietas y goteras, las ventanas sin cristales y lo peor eran las plagas de chinches y cucarachas. Me daba asco comer, no dormía porque corrían por mi espalda al caer del techo y ni siquiera me duchaba porque invadían el aseo", dice Gema mientras contiene las ganas de llorar.

La mujer que ha vivido este infierno, de 38 años, no es chabolista ni vive apartada de la civilización. Vivía en una casa de alquiler, en una corrala en la calle Amparo, cerca de la plaza de Lavapiés. Pagaba 400 euros por una vivienda de sólo 15 metros cuadrados construida en 1895. "Hice reparaciones y las pagué de mi dinero, pero ni aún así se podía vivir allí. Ahora el casero no me quiere pagar los arreglos", protesta.

Al final, se cambió: "Ahora vivo en una casa de verdad por el mismo dinero. Los propietarios que alquilan este tipo de pisos no tienen escrúpulos".

La cama en el techo

Los edificios del centro de Madrid esconden muchas sorpresas. A cada cual más desagradable. En la calle Puebla, a dos pasos de la Gran Vía, abundan los pisos divididos en varias casas del tamaño de un zulo. Cada uno de esos cuchitriles, de menos de 10 m2, se alquila por 420 euros a familias de inmigrantes.

Para aprovechar el espacio se construye un doble techo sobre el que se coloca la cama y en la mayoría de las ocasiones no tienen ni váter. "Por aquí alquilan de todo, nadie cumple la ley", dice la propietaria de un hostal de la calle Barco...

Muchos edificios son auténticas colmenas. Uno de los portales de la calle Valverde tiene más de 100 minipisos que rozan el tamaño legal (28 m2) y llegan a pedir hasta 700 euros por ellos. Pese a vivir apretados, tienen algo de suerte: al menos tienen luz natural. No como Juan, un joven de 20 años que vive en un patio estrecho de la Nao: "No veo el sol en todo el día; si acaso, algo de claridad".






* 20 Minutos - MARIO TOLEDO. 15.06.2009
Foto: Gema, en su casa de Lavapiés: "Tenía grietas, goteras, ventanas sin cristales, chinches y cucarachas..." - Jorge París, 20minutos.es

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Se derriba - El Roto



Viñeta: El Roto -junio 2009, elpais.com

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En Jerez hay barriadas sin alumbrado ni alcantarillado

ELPAÍS* : Más de 6.000 ciudadanos viven a 10 minutos de la urbe, pero en muchas de sus calles no hay farolas; pagan impuestos, pero ellos tienen que barrer las aceras; acuden a las urnas cada cuatro años, pero el correo no llega a sus casas; constan como habitantes de un municipio ya calificado por el Parlamento andaluz de gran ciudad, pero algunos no tienen agua potable.

Las mejoras llegan, pero a cuentagotas para estos vecinos de Jerez, que esperan desde hace 40 años la legalización de sus viviendas. El actual gobierno socialista ha iniciado el proceso de regularización dando escrituras a unas 800 familias. Aún quedan 1.200 más.

La zona rural de Jerez vuelve a alzar su voz. Los vecinos de la barriada de Cuartillos salieron ayer a la calle. Se sienten discriminados. Quieren disfrutar de los servicios básicos que la Administración local sí garantiza a los jerezanos del casco urbano.

En Cuartillos habitan unas 700 personas. Decenas de ellos viven a oscuras porque en varias de sus calles no hay alumbrado público. En cuatro viales no hay alcantarillado y en otros tres, ni siquiera se pisa sobre asfalto. En 26 casas no hay agua ni luz. El Ayuntamiento les reitera que las deficiencias se van a subsanar, pero, como recuerda Paco Candelera, delegado de Alcaldía, llevan dos años esperando.

Toñi Gutiérrez es vecina de Paco. Esta jerezana de Cuartillos recorre dos kilómetros varias veces por semana hasta la barriada de Cartuja para poder tener agua en su casa. La lluvia que almacena en un aljibe sólo le sirve para fregar. Dispone de luz gracias a un alternador, pero la potencia no es suficiente para la energía que consume un refrigerador. Toñi lo soluciona comprando la comida a diario y guardándola en una nevera de playa repleta de hielo. A pesar de las dificultades, esta mujer de 59 años no quiere abandonar Cuartillos. "Es mi pueblo, aquí han vivido mis padres, aquí he crecido y en Cuartillos está mi casa", dice a modo de retahíla.

En Las Quinientas, a 8 kilómetros del casco urbano jerezano, otras 20 familias no disponen de agua, alcantarillado, alumbrado, ni acerado. Acuden a una fuente situada en Los Albarizones, a varios miles de metros de distancia. Según explica Julio Morillo, secretario de Unión Rural, en 2006 el Ayuntamiento firmó por escrito su compromiso de llevar el agua hasta la barriada. En junio de 2009 siguen esperando.

A la barriada de La Guareña llegó el agua hace dos años. El gobierno municipal que preside la socialista Pilar Sánchez invirtió 1,5 millones de euros en esta infraestructura. Ahora el consistorio está en proceso de hacer llegar este bien básico a tres núcleos poblacionales más.

A pesar de los esfuerzos para erradicar un problema histórico, los vecinos se sienten "abandonados". En La Guareña sigue sin haber alumbrado público, en las calles hay hoyos y el asfaltado no pasa de ser un sueño para sus 400 habitantes.

Sacar la basura no es una simple rutina a la que se dedica un momento. Algunos vecinos de este núcleo rural tienen los contenedores a 25 metros y otros, a casi dos kilómetros. "De limpieza, mejor ni hablamos", apostilla Ángel Ruiz, delegado socialista de alcaldía.

En La Ina, a 12 kilómetros de Jerez, son unos 500 ciudadanos los que sufren un alcantarillado "insuficiente". Mónica Castellet es la delegada de alcaldía, también socialista. "Aquí hemos mejorado en los últimos años, pero no demasiado". "Con la llegada de fuertes lluvias sufrimos inundaciones; la policía se ve poco por las calles, hay farolas, pero sin recambios; y el día a día de la limpieza lo hacen voluntarios del pueblo", resume resignada.

El goteo de carencias no acaba. En El Mojo no hay correo. El delegado de alcaldía, Diego Sánchez, es el cartero oficial desde hace 25 años. Va a Jerez con su coche y reparte la correspondencia entre sus vecinos por pura vocación.

En la barrida colindante de Gallardo, como en las demás, los vecinos pagan la contribución desde hace cinco lustros. Este año han conseguido que el concejo asfalte una calle de 600 metros con un presupuesto aprobado en 2004.







* ELPAIS.com - ANA HUGUET - Jerez - 15/06/2009
Foto: Jerez (Cádiz), barrio la Guareña - webjerez.com

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Granada: La crisis sorprende a 73 pueblos bloqueados por no adaptarse a tiempo a la ley de suelo

IDEAL* : A principio de 2003 entró en vigor la Ley de Suelo de Andalucía (LOUA), que obligaba a todos los municipios a adaptar sus planeamientos -los conocidos 'pegous'- a estas nuevas directrices. Daba cuatro años de plazo. Llegó el 20 de enero de 2007 y pilló a la inmensa mayoría de los ayuntamientos fuera de juego. Fue algo general en toda Andalucía. En el caso de Granada 154 pueblos no se habían adaptado a tiempo.

¿Cuáles son las consecuencias? Mientras no cumplan este trámite no pueden impulsar ningún proyecto que no esté recogido ya en su plan, no pueden modificar nada ni alterar el uso previsto en un solar. Se acaban las populares recalificaciones.
A muchos ayuntamientos el corsé no les agobiaba pero para otros, aquellos que habían agotado prácticamente su PGOU -como era el caso de la capital-, el nuevo escenario era demoledor.
No es que los municipios se quedaran de brazos cruzados, muchos intentaron adaptarse a la LOUA. Entre 2004 y 2005 llegaron propuestas ambiciosas que planteaban hasta quintuplicar el número de viviendas de algún pueblo en cuestión de una década. Por ejemplo, los primeros documentos enviados a la Consejería de Obras Públicas por Atarfe contemplaban 21.165 casas nuevas y pasar a 94.500 habitantes; Gójar pretendía crecer de 4.913 vecinos a 12.316; Pulianas de 1.381 a 6.074 o Ugíjar de 2.524 a 13.479.
En la Costa se dibujaba una explosión mayúscula. Motril era el más comedido, con 17.785 viviendas nuevas, un crecimiento del 63,7%. Según los informes iniciales de Obras Públicas, Gualchos preveía pasar de 2.973 habitantes a 17.741; Salobreña de 11.750 a 65.170; y Almuñécar de 24.713 a 143.956. Además, muchos ayuntamientos incluían en esos 'pegous' iniciales algún que otro campo de golf.
Era el 'boom' del ladrillo y el mapa que proponían esos ayuntamientos era lícito. Pero en ésas estaban cuando llegó el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y frenó en seco las expectativas con dos premisas básicas: un municipio no puede declarar suelo urbanizable nuevo más del 40% del que ya tiene y la población no puede incrementarse en ocho años más del 30%. Una horquilla que se ha flexibilizado para los pequeños.
Sirva un sólo ejemplo para resumir en qué se ha traducido todo esto: el anterior concejal de Urbanismo de la capital, Luis Gerardo García Royo, presentó en el verano de 2005 un nuevo PGOU para Granada con 15.223 viviendas nuevas y todavía no ha salido adelante.
Después del POTA llegó la crisis y el 'ladrillazo'. Para contrarrestarlo, el Gobierno y la Junta han puesto a disposición de los ayuntamientos un presupuesto extraordinario para que hagan obras y se han aprobado distintos planes para fomentar la construcción de viviendas protegidas. El último que firmaron el consejero de Vivienda, Juan Espadas, y la ministra del ramo, Beatriz Corredor, recoge una inversión de 1.440 millones de euros en toda Andalucía para rehabilitar viviendas y edificar 45.029 VPO.
Pero aquí se origina la contradicción: más dinero que nunca pero los ayuntamientos que ya habían agotado su suelo están bloqueados.
Adaptación parcial
Sacar adelante un PGOU nuevo lleva tiempo y es farragoso. Pero existe un atajo. Un decreto del 22 de enero de 2008 permite lo que se denomina una adaptación parcial a la LOUA, que se puede conseguir en tres meses. No es un plan nuevo, pero sí posibilita romper el bloqueo. La filosofía es «garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de viviendas protegidas».
Es lo que ha hecho la capital, que con este retoque al antiguo plan podrá construir 6.000 VPO y, en un momento dado, tramitar por ejemplo el hipotético traslado de la fábrica de Cervezas Alhambra.
Granada es la provincia andaluza con más municipios que buscan esta adaptación parcial, hasta 73. De ellos, 44 localidades están interesadas, 23 están redactando el documento y seis han terminado o están en fase de exposición pública: además de la capital, Monachil, Alhama, Peligros, Loja y Vegas del Genil. Muy avanzados están Fuente Vaqueros, Churriana, Morelábor, Albuñuelas, Las Gabias, Galera, Calicasas, Salar y Maracena.
Se han montado seis oficinas de asesoramiento (OTAU) y el 86,8% de los municipios que podían optar por esta variante han puesto en marcha el proceso. 48 pueblos han solicitado además la subvención para costear los trámites.
En cuestión de meses se romperá el bloqueo.







* Ideal - QUICO CHIRINO - 15.06.09
Foto: El parón de la construcción coincide con que tampoco queda mucho suelo por urbanizar. /IDEAL

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Palma: El TSJB paraliza Son Espases

DIARIODEMALLORCA* : El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) dictó hoy un auto en el que ordena la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2009 por el que se suspende la eficacia de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Palma relativa la construcción del Hospital de Son Espases.

La modificación del PGOU fue aprobada de forma definitiva por el pleno del Consell de Mallorca el 5 de junio de 2006, y contra ella la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones había presentado un recurso pidiendo su anulación. El TSJB dictó sendos autos en diciembre de 2006 y mayo de 2007 en los que desestimaba la medida cautelar de suspensión de dicha modificación.

Sin embargo, la Congregación, no satisfecha con los autos de la Sala de lo contencioso-administrativo, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, sobre el que el Alto Tribunal dictó sentencia el pasado 3 de febrero de 2009, en la que ordenaba la suspensión de las obras del citado centro, acordando "la suspensión de eficacia de la modificación puntual de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma".

Quedaba pendiente el pronunciamiento del TSJB, que el auto de hoy ordena la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo para la paralización de las obras. El auto recoge que deberá publicarse en el BOIB la "suspensión de la eficacia" de la modificación del PGOU relativa a la implantación de un sistema general de equipamiento comunitario sanitario supramunicipal denominado Son Dureta II".

Asimismo, también ordena que el Ayuntamiento de Palma presente en la Sala la relación de las licencias concedidas con posterioridad al 5 de junio de 2006 en el ámbito territorial relativa a la construcción del hospital.






* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS - 15.06.09
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)

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El caso de Dimas y la isla del 10%

ELPAÍS/Lanzarote* : Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), había abierto despacho en su celda. Allí acudían políticos de todas las fuerzas de la isla para negociar pactos en ayuntamientos y cabildos de la isla. Aunque parezca increíble, este veterano político disponía en la cárcel de teléfono móvil y ordenador portátil, lo suficiente para presuntamente convertirse, tras los barrotes de su celda, en el gran muñidor de una trama de supuesto cobro de comisiones ilegales desde el Ayuntamiento de Arrecife e incluso de Yaiza, de forma que se llegaba a decir que Lanzarote era la isla del 10%, el porcentaje que se cobraba por dar el visto bueno o acelerar un proyecto.

Tres frentes forman parte del esqueleto de la Operación Unión, desarrollada en la isla por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, llamada así en referencia a una cafetería de la capital donde se reunían los implicados. Dos de esos frentes estaban dirigidos desde la cárcel por Dimas Martín con un largo historial a sus espaldas de delitos de corrupción.

Los agentes registraron su celda, su casa y dos oficinas que usaba como cuartel general. En su casa, los agentes hallaron, por ejemplo, los documentos del Plan de Ordenación Urbana del municipio de Yaiza que aún no tenía nadie, ni eran públicos. A Martín se le identifica como el gran muñidor de, en primer lugar, una trama urdida para cobrar comisiones desde el Ayuntamiento de Arrecife, bien si se quería que se abonasen facturas por trabajos realizados, bien si se optaba a licitaciones. Además, aparece como el posible cerebro de la trama alrededor de la golosa redacción del plan urbanístico de Arrecife, para lo que se habría contactado con tres despachos de arquitectos y varios empresarios. Éstos habrían participado en lo que algunos consultados por este periódico definieron como "el supermercado de las licencias", con posibles sobornos a partir de 3.000 euros a cambio de concesiones de suelos, modificaciones de usos del territorio y variaciones en los criterios de edificabilidad. Y todo con Dimas Martín como cerebro tras los barrotes de la cárcel.

Dimas Martín es uno de los 10 hijos de un humilde camionero. Ya en los años ochenta fue de los primeros políticos en ser condenado por cohecho. Sin embargo, accedió a una alcaldía tras haber comprado el voto de un concejal. Ahora acumula casi media docena de condenas por casos relacionados con la corrupción y se le considera el responsable de haber dejado un agujero de más de 12 millones en el complejo agroindustrial de Teguise. Además, ya tiene colocados al menos a seis de sus familiares en distintas administraciones.

Todas las obras de Arrecife, bajo mandato socialista, las controlaba el PIL. También controlaba Hacienda y la redacción del nuevo Plan General. Los más de 22 millones llegados del Plan E de Zapatero y de inversiones del plan de barrios también han podido hacer girar la máquina registradora del PIL."No sabíamos que Dimas actuaba como un capo de la mafia", asegura Carlos Espino, el secretario general de los socialistas conejeros al semanario Lancelot de esta misma semana. El alcalde de Arrecife, el histórico socialista Enrique Pérez Parrilla, destituyó a todos los concejales del PIL en cuanto supo de sus detenciones e imputaciones.

Ese partido respondió dando por rotas las relaciones en otras cuatro corporaciones, pero ninguno de sus consejeros ni concejales abandonó la silla. Horas después, el PSOE rompía los cinco pactos de Gobierno, enviaba a sus socios a la oposición, se queda gobernando en minoría y se arriesga a censuras. "No es lo mismo pactar con un PIL sin Dimas ni ninguno de sus concejales con causas pendientes en la justicia que tener la certeza de que dirigía una trama de comisiones al 10% desde la cárcel", justifica el máximo responsable socialista.

Y nadie en la isla cree que una operación como ésta hubiera podido ser ejecutada por alguien de la isla de toda la vida, por alguien que hubiera tenido contacto o conociera el poder insular de Dimas Martín y de su red de contactos. De hecho, la Operación Unión está coordinada por un juez y un fiscal relativamente nuevos en la isla (César Romero e Ignacio Stampa), que han guardado el sumario en un cofre con siete llaves, junto a toneladas de material incautado en oficinas, hogares y despachos profesionales.

"Esto no habría sido posible con alguien que llevara algo de tiempo aquí; por eso hasta han traído a la Guardia Civil en aviones", insisten varios testigos, que según sueltan la frase piden que su nombre quede en el anonimato, no vaya a saberse quién abre la boca en una isla donde se conocen todos. Todo eran sospechas en Lanzarote, la isla del tesoro, pero en este territorio de fuego se aplicaba el Ensayo sobre la ceguera mucho antes de que Saramago decidiera convertirla en su hogar. Dimas Martín sigue preso.







* ELPAIS.com - JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife - 14/06/2009
Foto: Arrecife (Lanzarote) - flickr.com

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Todos somos Marbella

MÁLAGAHOY* : Los alcaldes de los municipios pequeños buscan el foco para hacer valer la presión social y, como sucedió en la localidad costera, tratar de buscar acuerdos ventajosos para las causas judiciales por delitos contra el territorio. El próximo 16 de julio el alcalde de Viñuela, Juan Millán (PSOE), se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por conceder entre 2001 y 2003 dos licencias de obras para construir en terreno no urbanizable.

Ochenta y un días después lo hará el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, antiguo GIL y luego independiente, acusado de cobrar dinero para elevar la densidad residencial en una finca conocida como La Parrada. El primero se enfrenta a 18 meses de cárcel y 17 de inhabilitación. El segundo a dos años de cárcel, 3 millones de multa y siete de inhabilitación.

Ambos son sólo los dos casos más próximos de la cara oculta segunda fase del boom inmobiliario. Primero fue la Costa con epicentro en Marbella la que sucumbió al cóctel de ladrillo, poder y política. Después, con todas las lupas ya sobre Gil y sus secuelas, desde Julián Muñoz hasta Marisol Yagüe, la presión inmobiliaria y las sospechas de delitos contra el territorio se fueron extendiendo hacia pueblos pequeños alejados del litoral y de los focos, pero enclavados en parajes naturales de gran valor paisajístico.

La Consejería de Obras Públicas ya reconocía en 2005 que habían comenzado a crecer las denuncias por construcciones irregulares en el interior. Aquel mismo año, la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente hacía constar que las ilegalidades urbanísticas se estaban desplazando hacia el interior de la provincia y la organización Ecologistas en Acción corroboraba que el fenómeno estaba socavando la Axarquía.

Cuatro años después prácticamente el 25% de los alcaldes de los cien municipios de la provincia tiene abierto algún procedimiento judicial relacionado con su gestión pública y de ellos al menos 15 están imputados en causas contra la ordenación del territorio o delitos como prevaricación, cohecho o alteración del precio de las cosas vinculados al negocio inmobiliario.

Los rasgos comunes de esta segunda etapa del lado oscuro del ladrillo residen en que afecta a autoridades de municipios pequeños. Entre ellos figuran el alcalde de Carratraca, Óscar Román (IU), que se enfrenta a 18 meses de prisión y 10 de inhabilitación por permitir en 2002 una segregación de suelo en terreno presumiblemente no urbanizable, el de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza); a quien el fiscal atribuye 23 delitos urbanísticos por autorizar entre 2002 y 2006 un total de 2.000 viviendas supuestamente ilegales. Además, la Fiscalía reclama 30 años de prisión y 111 de inhabilitación para el alcalde de Valle de Abdalajís, Tomás Gómez (PP), por 12 presuntos delitos de prevaricación urbanística.

El ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) también está pendiente de sentarse en el banquillo acusado por el Ministerio Público de un delito continuado contra la ordenación del territorio por autorizar en 2003 diez licencias para construir en suelo que se considera no urbanizable. Corbacho, ya condenado por malversación, se enfrenta a 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación.

En fases previas de tramitación hay abiertos procedimientos judiciales por actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio contra el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE); el concejal de Hacienda y ex concejal de Casares Juan Sánchez (IU), Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE) o Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), así como contra el ex alcalde de Coín Juan José Rodríguez Osorio (PA) por autorizar una edificación, luego paralizada por el actual regidor, Gabriel Clavijo (PSOE), lo que le valió una querella de los propietarios del terreno. Además, se ha admitido otra denuncia contra el ex alcalde y actual concejal de Urbanismo de Manilva, el independiente Emilio López Berenger, por autorizar una promoción de viviendas libres en suelo de uso educativo.

Además, se instruye otra causa contra el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), imputado en el caso Troya, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción por presunto cohecho y prevaricación en actuaciones vinculadas a la contratación de obras.

También está en el ojo del huracán el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE tras su detención hace ahora un año, en el caso Astapa contra la corrupción política, al tiempo que acaba de salir de la cárcel el regidor de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, expulsado de las filas socialistas tras su arresto por presunto cohecho, blanqueo, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística.

La caída de Manilva y Estepona en la sospecha de la corrupción política fueron consecuencia inmediata de la presión ejercida sobre Marbella. Los demás municipios, en cambio, aparecieron como un refugio discreto para los intereses que buscaban negocio fácil y enriquecimiento rápido. Fuera de la primera línea, no se ha tenido una idea cabal de las magnitudes que podría haber alcanzado el fenómeno hasta muchos años después.

Pero los alcaldes de los pueblos pequeños no quieren discreción y han reaccionado para situarse en el centro del foco. Animados por una supuesta absolución en las urnas, que ha revalidado prácticamente los mandatos de todos los imputados, quieren seguir el ejemplo de Marbella, hacer valer el impacto social de las causas judiciales abiertas y sacar ventaja. No en vano, en Marbella están en vías de legalización la abrumadora mayoría de las viviendas ilegales y los imputados por delitos contra la ordenación del territorio han sellado un favorecedor pacto con la Fiscalía.

En este sentido 17 de los 31 alcaldes de la Axarquía pidieron a comienzos de junio al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que se les aplique la legislación contencioso administrativa en lugar del Código Penal.

Es decir pretenden que se obvie el impacto penal de su gestión y únicamente se analice la legalidad de sus actos administrativos. En la práctica esto significa que sería la jurisdicción más colapsada, con una demora media de cuatro años, la que se encargaría de analizar la validez de sus licencias urbanísticas. Y en el supuesto de que se tratara de actos ilegales las consecuencias las pagarían las arcas municipales que, además, también deberían hacerse cargo de la defensa de los actos administrativos de los alcaldes y demás cargos públicos.






* Málaga Hoy - 15.06.09
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es

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Decálogo del Plan Rabassa

JOSÉ RAMÓN NAVARRO VERA/Alicante* : El proyecto de los promotores se presenta con los alicientes del lugar y ocasión privilegiados: lugar de dicha en una vida cotidiana milagrosa y maravillosamente transformada", Henri Lefebvre, en "El Derecho a la Ciudad". El largo proceso de tramitación de este plan residencial acaba de terminar con la firma del conseller García Antón. Aunque tengo la impresión, por ciertos signos de cambio que parecen percibirse en la política urbanística de la Generalitat, que lo ha refrendado sin gran entusiasmo. En cualquier caso, la aprobación definitiva de la gigantesca operación inmobiliaria sobre casi cuatro millones de metros cuadrados y de trece mil quinientas viviendas, resta credibilidad a un hipotético cambio de rumbo de esa política urbanística y territorial.

¿Qué se puede decir del Plan Rabassa que no se haya dicho ya? El 2 de mayo del 2004, cuando se iniciaba la tramitación del polémico plan, INFORMACION publicó mi primer artículo crítico sobre la operación inmobiliaria de mayor magnitud en la historia de la ciudad. Desde entonces, y a lo largo de estos últimos cinco años, se han publicado siete u ocho textos más en los que de una manera directa o indirecta he pretendido transmitir a los ciudadanos los argumentos por los que sostengo que este plan no es positivo para la ciudad y no supone ninguna innovación ni avance, ni en el terreno de la política urbana y territorial ni por los contenidos disciplinares propios de la urbanística, de la ordenación del territorio y de la arquitectura.
Este texto está concebido como una síntesis de alguna de las cuestiones más relevantes del Plan Rabassa, así como de otras relacionadas con él desde la perspectiva del tiempo transcurrido.

URBANISMO DEL PROMOTOR
Operaciones residenciales como la de Rabassa constituyen la práctica de lo que llamamos "urbanismo del promotor" (noción que debemos a Henri Lefebvre, filósofo de lo urbano). Las características de este modelo de producción de suelo urbanizable lo podemos resumir en los siguientes aspectos:
-Hegemonía de la iniciativa privada en el planeamiento y gestión del suelo ligados a tendencias monopolistas u oligopolistas (hay que recordar que con la aprobación del Plan Rabassa, su promotor, que lo es también de su vecino PAU 1, sólo en esa zona de la ciudad gestiona del orden de cinco millones de metros cuadrados de suelo urbanizable).
-Un modelo en el que se impone el concepto de venta del territorio sobre su gestión pública.
-Un planeamiento desregulado, en la medida que operaciones como la de Rabassa se desarrollan sobre suelo no urbanizable al margen del planeamiento general de los municipios.
-Una práctica profesional rutinaria desde el planeamiento a las tipologías arquitectónicas residenciales.
-Un modelo insostenible ambientalmente, tanto por el emplazamiento territorial de las grandes piezas residenciales como por las características internas de las mismas.
-El urbanismo del promotor no sólo vende viviendas, también vende un imaginario de ciudad ideal que abarca desde el modo de vida al paisaje.
-Esta modalidad del urbanismo se funda en la emergencia de un nuevo tipo de promotor que extiende su actividad, más allá de la promoción y construcción de viviendas, a otros sectores de servicios y equipamiento urbano, desde aparcamientos a gestión de residuos, cuyos efectos a largo plazo en la vida social y política de las ciudades pueden ser imprevisibles.

TERRITORIO
El Plan Rabassa no contribuye al fortalecimiento del territorio metropolitano de Alicante-Elche, ya que ignora y desaprovecha las condiciones de centralidad de su emplazamiento, inducidas por la accesibilidad privilegiada, así como la proximidad a potentes actividades metropolitanas como la Universidad y el futuro Parque Científico. En este sentido, una alternativa de terciario avanzado junto a otras actividades emergentes para ese sector hubiera contribuido a recalificar un proyecto más coherente con el de periferia metropolitana contemporánea. Pero al optar por un uso residencial dominante para el sector, repite el modelo tradicional de los crecimientos de periferia de las ciudades de los sesenta del siglo pasado, aunque las viviendas tengan mayor calidad que aquellas. Por eso, entre otras cosas, el Plan Rabassa no es una ciudad, es un "polígono".

SOSTENIBILIDAD
La repetición banal de las ideas termina por vaciarlas de significado. Es lo que está ocurriendo con la noción de "sostenibilidad". Las declaraciones de la secretaria autonómica de Territorio, a mediados del 2007, según las cuales el Plan Rabassa no sólo no ofrecía las más mínima duda sobre su rigor y calidad ambiental, sino que es un "ejemplo de urbanismo ambiental y sostenible" (sic) todavía causa perplejidad. En primer lugar, por lo rotundo de la afirmación, y, en segundo lugar, porque sus declaraciones estaban fundadas en la cuestión de la protección de las lagunas de la zona comprendida en el proyecto, que, en mi opinión, no es el problema ambiental relevante de este gran sector residencial.
Las declaraciones de este cargo de la Administración Autonómica denota el estrecho, y poco riguroso, concepto de medio ambiente y de sostenibilidad que se ha manejado durante la tramitación del Plan Rabassa. ¿Dónde quedan las cuestiones sobre consumo de recursos, desde el suelo al agua; las derivadas de incremento de la demanda de movilidad privada, efectos sobre la cohesión social, etc.? ¿Y qué hay de la inexistencia de propuestas innovadoras con relación a la eficacia energética y de recursos en las viviendas previstas? Respuestas a estas preguntas es lo que cualifica a los mejores sectores residenciales que se proyectan y construyen en otras ciudades españolas y europeas.

CULTURA URBANA
Si entendemos por cultura urbana el conjunto de ideas, valores, sensibilidades, representaciones, etc. que identifican una manera de mirar y habitar la ciudad y el territorio como paisaje construido, no parece que esa cultura sea muy vigorosa en Alicante. El necesario debate y reflexión crítica sobre las cuestiones acuciantes que han planteado desde los intensos y alarmantes procesos de crecimiento y ocupación de suelo como Rabassa no se ha producido, ni auspiciado por el Ayuntamiento ni por sectores profesionales.
Es sorprendente que ningún representante del Ayuntamiento con responsabilidad en la tramitación de este plan, ni políticos ni técnicos, haya tenido el más mínimo interés en explicar la mayor operación urbanística de la historia de Alicante, salvo las consabidas razones de que hacen falta VPO y de que el sector propuesto tiene mucha zona verde.
En mi opinión, los colectivos profesionales más implicados, arquitectos e ingenieros, han tenido una actitud que oscila entre la tibieza y el silencio. Entre otras razones, lo que ha ocurrido refleja una concepción del urbanismo como un conjunto de saberes jurídicos y técnico-ingenieriles, pretendidamente neutrales, dirigidos, en esencia, a preparar el suelo para la producción inmobiliaria. Es un urbanismo que reproduce, sin cuestionarlo, el modelo espacial y social, urbano y territorial, impuesto por el mercado, quedando relegado a una herramienta que se desentiende de los fines y efectos que pueden producir en el territorio urbano operaciones como Rabassa, erigiéndose en un instrumento legitimador de la razón del mercado.
TRANSPORTE

En las dos exposiciones públicas del Plan Rabassa el documento no contenía ninguna cuantificación ni previsión sobre la movilidad inducida en el sector residencial ni sobre los efectos que produciría en el sistema viario de la ciudad. Parece que algún documento de esta clase se ha ido añadiendo más tarde, aunque estamos demasiado acostumbrados a que estos estudios sectoriales de los planes sean un simple expediente a cumplimentar, a pesar de la entidad que tienen para justificar la elección de un modelo de crecimiento.
Con un volumen de población entre 35.000 y 40.000 habitantes y unos índices de movilidad en la ciudad por persona y día de entre 1,5 y 2 (según la última encuesta de que se dispone), se puede pronosticar un volumen muy importante de desplazamientos que se generaran cotidianamente en el sector Rabassa. La práctica inexistencia de oferta de empleos en el nuevo sector no colaborará en la disminución de los flujos cotidianos de viajes al trabajo. Es cierto que hay previstos potentes viarios nuevos que darán servicio al nuevo sector residencial, pero resolver el problema de la congestión de tráfico aumentando la capacidad del sistema viario para coches cumple ese papel a corto plazo, pero a largo plazo lo agrava.
En la segunda exposición pública del proyecto de Rabassa se introdujeron precipitadamente unas rayitas de color con una leyenda que aseguraba que aquello era la línea tranviaria del sector, pero en realidad se trataba de algo para cubrir el expediente. Puede, y será necesario, conectar el sector internamente y con la ciudad a través del tranvía si se quiere reducir los costes indirectos generados por le tráfico privado.
¿Qué ocurre cuando no se planifica conjuntamente un plan urbano con la red de transporte que debe servirle?, sucede lo que ha pasado con el tranvía que se esta implantando en el resto de la ciudad: en ocasiones, se ha tenido que insertar de un modo forzado en el tejido urbano a costa de recortar espacio público peatonal o verde, perdiendo su capacidad de captar demanda, o dicho de otro modo, de no dar un servicio óptimo. Y todo ello porque cuando se redactó el Plan General del 79, el que ahora se revisa, ni a técnicos ni a políticos se les ocurrió que el tranvía moderno estaba a la vuelta de la esquina, como algunos, infructuosamente, les advertimos. Si entonces se hubiera previsto, hubiera pasado lo que en los mejores proyectos tranviarios europeos en los que la línea del tranvía aparece como una pieza estratégica en los planes de urbanismo, convirtiéndose en un elemento articulador que ordena y da forma a la parte de la ciudad que atraviesa, y no como ocurre en Alicante, donde la red no tiene esa función sino la de conexión entre puntos.

URBANIDAD
Las condiciones de la urbanidad de un sector residencial como Rabassa se cumplen cuando hay una adecuación entre forma social y forma física construida: cuando el espacio público se erige en el protagonista, haciendo posible el intercambio y el encuentro; cuando la forma y la arquitectura lo hacen reconocible; cuando una cuidada mezcla de usos y actividades favorecen la diversidad y la amenidad; en fin, cuando los ciudadanos se sienten participes de su barrio y ciudad.
En mi opinión el Plan Rabassa no se funda en estas condiciones para hacer ciudad. El resultado de este plan, si finalmente se construye, conformará un paisaje muy similar al que está emergiendo en el PAU 1, pero cuatro veces mayor: un archipiélago desarticulado en el que dominan las manzanas cerradas (las "urbas") que suelen dar la espalda a la calle, que queda relegada a una función de viario de circulación, mientras que las condiciones de homogeneidad, tanto de las tipologías arquitectónicas como de los usos, casi exclusivamente residenciales, difícilmente contribuirán a crear un espacio urbano diverso, ameno o atractivo.
En resumen, el espacio proyectado para Rabassa producirá un "no-lugar", en el sentido que lo ha definido Marc Augé como lugares sin identidad ni memoria. Rabassa será un lugar sin memoria no porque sea nuevo, sino porque la memoria la encontramos en los lugares que se construyen y reconstruyen con el tiempo y no en esta enorme área residencial proyectada en su totalidad hasta en sus mínimos detalles.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Durante el dilatado proceso de tramitación del Plan Rabassa no se ha impulsado desde el Ayuntamiento ninguna actividad de información ni de participación, en realidad es lo que viene sucediendo con otros proyectos de la ciudad, salvo las derivadas del estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación.
A pesar de que, como he señalado en otro punto de este decálogo, encuentro a faltar una mayor implicación en el debate sobre el Plan Rabassa de algunos sectores de la ciudad, por otro lado, se ha producido una de las más intensas movilizaciones ciudadanas de los últimos tiempos en torno a la Plataforma contra el Plan Rabassa (ahora denominada Plataforma de Iniciativas Ciudadanas). Es cierto que también han existido otros movimientos ciudadanos en la ciudad, recordemos a la plataforma por el soterramiento, así como la del puerto, pero mientras estas planteaban reivindicaciones o críticas a problemas urbanos concretos vinculados a sus barrios, lo novedoso de la Plataforma contra Rabassa fue, y sigue siendo, la de posicionarse por una nueva manera de pensar, planear y gestionar la ciudad, alejada de esa otra manera de hacer urbanismo representada por el Plan Rabassa.
A movilizaciones ciudadanas como las que han tenido lugar en torno a este plan, el Ayuntamiento no les ha dado la más mínima oportunidad de debate. Para ellos puede ser una buena táctica, ya que el tiempo juega a su favor, pues son movilizaciones que llevan adelante ciudadanos que emplean su tiempo desinteresadamente y la ausencia de diálogo por parte municipal puede terminar por ahogarlas. Aunque, en el caso de Rabassa, no ha sido así.
Con esa actitud cerrada ante la participación pública espontánea, el Gobierno Municipal despilfarra un capital social con el que otros buenos políticos locales quisieran contar, además de constituir un desprecio hacia unos ciudadanos que, como decía, han empleado muchas horas en pensar y actuar buscando la posibilidad de cambiar o mejorar esta ciudad. Lo primero que debía de saber un buen político local es que una ciudad avanza cuando se asumen y se gestionan los conflictos y no buscando el camino más fácil, rodeándolos.

COHESIÓN SOCIAL
La cohesión social es una cualidad del espacio humano de una ciudad que tiene su reflejo en el espacio construido. Una ciudad cohesionada, urbana y socialmente, es aquella que ha superado las desigualdades, integrando las diferencias de raza y renta a lo largo y ancho de su territorio. Equilibrio social y espacial es lo que resume la cohesión social en una ciudad. Una aproximación al diagnóstico de la cohesión social en Alicante muestra debilidades importantes.
A escala del territorio urbano, la ausencia de una política vigorosa, urbana y de vivienda, en barrios y otras zonas del tejido continuo de la ciudad, se ha traducido en una baja calidad del espacio público, los equipamientos o el parque de viviendas, lo que unido al intenso estímulo hacia el crecimiento periférico del parque de viviendas ha contribuido a un vaciamiento de estos barrios de la ciudad interior en donde permanecen los ciudadanos de rentas más bajas e inmigrantes. El Plan Rabassa puede contribuir a acelerar este proceso.
En segundo lugar, la necesidad de una mezcla social equilibrada para asegurar la cohesión social en la escala del barrio no parece que se haya buscado en la operación de Rabassa, donde el 60% del total de viviendas (8.047) serán VPO. Una buena política de cohesión social debería haber distribuido el parque de este tipo de viviendas por toda la ciudad; sin embargo, es sabido que durante los mejores años de crecimiento inmobiliario en Alicante, apenas se han construido VPO .

PLAN GENERAL
Uno de los argumentos críticos que con más insistencia se han escuchado acerca del Plan Rabassa es el relacionado con que no estuviese contenido en el planeamiento general del municipio.
La exigencia de esa inserción en el planeamiento general de una operación de la magnitud de Rabassa es debida a que un marco territorial amplio es el adecuado para evaluar su impacto y grado de coherencia con el modelo territorial proyectado. En ese sentido, el Plan General debía de dar respuestas a cuestiones derivadas de los efectos de la inclusión de esta gran urbanización, entre otras, de la idoneidad de su emplazamiento, justificación de la demanda residencial y proyecciones de suelo adicionales y efectos ambientales de todo tipo.
Sin embargo, el planeamiento general, actualmente en tramitación, ha pasado "de puntillas" por esta operación inmobiliaria y la única justificación que se da para su incorporación al mismo es de índole jurídica. Es un buen ejemplo de cómo en el discurso profesional relativo a la planificación urbana los instrumentos jurídicos se imponen sobre otras consideraciones relativas a lo que llamamos habitar la ciudad y el territorio, algunas de las cuales han sido expuestas en este texto.

ÉTICA
Para cumplimentar este punto, y terminar este decálogo, traigo una cita muy clara de la que es autor Giulio Carlo Argan, crítico de urbanismo y arquitectura y ex-alcalde de Roma: "Es fácil precisar que el desarrollo urbano es moral cuando adviene en el interés y para ventaja de todos los ciudadanos y es inmoral cuando adviene en interés y para ventaja de un grupo o de un individuo y causa daños a los demás".



* José Ramón Navarro Vera es catedrático de Urbanística de la Universidad de Alicante.






* Información - Opinión - 14.06.09

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La CHJ ha recurrido ante el TSJ 15 planes urbanísticos en Castellón con 12.000 viviendas

LASPROVINCIAS* : La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha votado en contra de la aprobación de un total de 40 instrumentos urbanísticos planteados en la provincia de Castellón desde enero de 2007 por considerar que los respectivos ayuntamientos no habían acreditado la disponibilidad de recursos hídricos suficientes. En 15 de estos 40 expedientes, el organismo de cuenca ha recurrido a la vía judicial para defender su oposición al desarrollo urbanístico de unos planes que suponen la ejecución de más de 12.000 viviendas y varios campos de golf.

Los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el Estado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) afectan a Bejís, Vall d'Alba, Vinaròs, Torreblanca, Almenara, Xilxes, Segorbe, la Pobla Tornesa, Sant Jordi, Sant Rafel del Riu, Les Useres y Fuentes de Ayódar. La respuesta judicial, sin embargo, ha tenido hasta el momento escaso éxito para la CHJ, entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que ha visto cómo hasta en diez ocasiones el alto tribunal se ha pronunciado en contra de sus pretensiones.
Unas veces por inadmisión del recurso, caso de la modificación nº7 del Plan General de Vall d'Alba, de la modificación del sector 2 de Segorbe, del Plan Parcial La Carrasca de Sant Jordi y el Plan General de Les Useres; por auto denegatorio (modificación nº11 del Plan General de Vinaròs, Plan Parcial La Foia de Torreblanca, Plan Parcial Barranc Talavera Almenara, Plan Parcial Salinas de Vinaròs y un Plan Parcial de ampliación casco urbano de Vall d'Alba) o bien porque el Estado ha desistido, en el caso del Plan General de Bejís.
El TSJ todavía tiene que pronunciarse respecto a cinco expedientes recurridos por la CHJ después de que se aprobaran en la Comisión Territorial de Urbanismo pese al voto en contra del organismo por falta de disponibilidad de agua. Los expedientes se refieren a la modificación nº10 de las normas subsidiarias de Xilxes, a la modificación nº4 de las normas subsidiarias de la Pobla Tornesa, el Plan Parcial San Rafael Golf, el Plan Parcial Sant Jordi Golf y el Plan General de Fuentes de Ayódar.
En toda la Comunitat Valenciana, el TSJ tiene que pronunciarse sobre la viabilidad de 180 planes urbanísticos, todos ellos impugnados por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Una situación que, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, Edilberto Narbón, calificó de «pique» político entre el Gobierno y la Generalitat durante su participación en las jornadas 'La estrategia y la planificación territorial en la Comunitat Valenciana' organizadas por el Colegio de Arquitectos a principios de junio en Valencia.
Tal como publicó este diario en su edición del 3 de junio, Narbón sostiene que el informe de la CHJ, que es preceptivo pero no vinculante, deberá ser «razonado» y deberá especificar la existencia de agua, la calidad, el tipo, la disponibilidad presente y futura así como las infraestructuras necesarias para transportarla.
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente suscriben la opinión del magistrado y recuerdan que el criterio que aplica la CHJ para votar en contra de los instrumentos urbanísticos en la Comisión Territorial de Urbanismo por no acreditar la disponibilidad de los recursos hídricos no se sigue en otros organismos de cuenca, como ocurre en la Confederación Hidrográfica del Ebro, con competencias en el norte de la provincia.







* Las Provincias - 14.06.09 -
PAQUI TERCERO

Foto: PLANES. Terrenos donde se proyecta desarrollar el PAI La Carrasca, en el municipio de Sant Jordi. /JORDI MAURA, lasprovincias.es

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‘Caso Cretu’: punto y final a un esperpento urbanístico

ELMUNDO/Ibiza* : El culebrón urbanístico con más repercusión del archipiélago quedó reducido a escombros con el último muro derribado el pasado 2 de junio. La casa del afamado músico y compositor rumano, Michael Cretu, es historia. La demolición de la mansión ilegal deja tras de sí un rastro de diligencias judiciales, recursos, titulares de prensa y declaraciones, esparcidos a lo largo de 12 años de pugnas en los tribunales.

Las máquinas excavadoras que eliminaron cualquier vestigio de construcción en el monte de Santa Inés no borrarán, sin embargo, el esperpento urbanístico de una obra cuya construcción y posterior proceso de demolición quedarán en los anales de la controversia.

El despropósito se remonta a 1996, cuando el productor del grupo Enigma proyectó un coloso inmobiliario de 3.115 metros cuadrados en la cima de Can Guillem, un monte que cuenta con la máxima protección en la ley balear de espacios naturales. Cretu rebajó tres metros la altura de la montaña y alzó una especie de fortaleza de estilo árabe, valorada en 18 millones de euros, con un volumen de 7.000 metros cúbicos, más de cuatro veces de los visados en el proyecto.

El entonces alcalde de San Antonio de Portmany, el popular Antoni Marí Tur, concedió la licencia de obra a la vivienda en 1997. El grupo ecologista Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció entonces que la construcción vulneraba la ley, al estar edificada en la cima de una montaña. A partir de ahí, tanto Cretu como el propio Consistorio se embarcaron en una carrera por evitar lo que hace sólo doce días puso punto y final al caso.

Pero el GEN no tardó en actuar. En febrero de 2000, el grupo ecologista presentó una denuncia contra la licencia ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Palma. Previamente, la asociación había solicitado al Consistorio de Portmany, en 1999, la revisión del documento, al considerar que, con esta construcción, se perjudicaba notoriamente a una de las áreas con más valor paisajístico y ambiental de la isla de Ibiza.

Los ecologistas argumentaron también en su denuncia el hecho de que la construcción se hubiera ejecutado sobre la cima de una colina y en una zona protegida como área natural de especial interés (ANEI).

En 2001, la Audiencia Provincial dictaminó que la casa, a pesar de tener licencia municipal, era ilegalizable por estar construida en la cima de una montaña. El mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ratificaría esta decisión. La mansión se tenía que demoler.

Cretu, a través de su abogado, Jaume Roig, recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, que, en 2006, confirmó el derribo. Antes, en 2003, la disposición adicional decimoctava de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004, aprobada siendo presidente del Govern el popular Jaume Matas, legalizaba las construcciones levantadas en su día sin permiso de obra por encima de una cota de 200 metros, sin rebasar la de 250, siempre dentro de la franja de los 250 metros siguientes a la ribera del mar y sin estar emplazadas en la zona A señalada en las Normas Subsidiarias dictadas por el Govern el 26 de julio de 1990.

La disposición del PP causó un gran revuelo entre los demás grupos del Parlament. Tanto fue así, que el entonces diputado de Esquerra Unida y actual conseller insular de Urbanismo, Miquel Ramon, irrumpió en la Cámara balear con una pancarta en contra de la legalización de la mansión.

La Amnistía Cretu, derogada en 2007 por el hexapartito progresista presidido por Francesc Antich, no tuvo efectos duraderos. De nada sirvió. La justicia la declaró ilegal y volvió a exigir la demolición de la casa.

El caso tomó un giro hacia la vertiente penal, poco propicia para las aspiraciones del músico y del Ayuntamiento de San Antonio. En 2003, la Fiscalía de Ibiza abrió esta vía contra los responsables de la concesión de la licencia de la mansión. El entonces primer edil de Portmany, Antoni Marí Tur, y Cretu tuvieron que declarar como imputados en un proceso que todavía no se ha cerrado. El Consistorio ibicenco continuó intentando por todas las vías legales que legalizaran la casa. El alcalde actual, José Sala, primer edil del municipio desde 2003, repitió en varias ocasiones su deseo de que el derribo no llegara a hacerse realidad.






* El Mundo - Israel Rodríguez | Ibiza - 14.06.09
Foto: Ibiza, casa Cretu - diariodeibiza.es

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Gijón: Golpe judicial a un urbanismo inmune

LNE* : «En Gijón nunca se ha visto cosa igual». Quienes suscriben son miembros de la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes. El colectivo, en su particular lucha contra el proyecto de construir 655 pisos en la parroquia, ha sacudido los cimientos del urbanismo local. Sus averiguaciones sobre el llamado plan de Cabueñes sentarán ante el juez al que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento, Ovidio Blanco. Impensable en un municipio que se mantenía inmune al escándalo urbanístico.


La Plataforma de Cabueñes, respaldada por 63 vecinos, ha conseguido lo que no consiguieron tres multitudinarias «marchas verdes»: poner judicialmente en entredicho una actuación salida de las recalificaciones del último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Será el primer juicio de estas características que se celebra en la ciudad», sostiene Ignacio Martínez. Como especialista en temas urbanísticos, ha ayudado a la plataforma en sus investigaciones sobre la operación de Cabueñes.

Cristina Moreno, periodista de profesión, y Francisco Díaz-Cadórniga, médico endocrino, han sido la voz y la imagen de esta iniciativa vecinal sin precedentes. Detrás de sus declaraciones y de sus denuncias hay más de un año de obstinado trabajo. Basándose en la documentación recabada por los vecinos, la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias decretó el pasado lunes que se formule denuncia contra Ovidio Blanco en el Juzgado de instrucción que corresponda.

El fiscal ve indicios de tres posibles delitos: cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. La plataforma se personará como acusación particular en el procedimiento judicial que ahora se abre para determinar si Blanco es realmente culpable de esas ilegalidades. Llegados a este punto, ni Cristina Moreno ni Francisco Díaz-Cadórniga se olvidan del «desprecio» con el que -critican insistentemente- fueron tratados por el gobierno municipal.

Quizá los subestimaron cuando, antes de trasladar el llamado «caso Blanco» a la opinión pública allá por mediados de marzo, pusieron sus sospechas en conocimiento del concejal de Urbanismo. Cuando el equipo de gobierno quiso reaccionar ya era demasiado tarde para detener la tormenta que se le venía encima. La primera semana de polémica desbordó a más de uno dentro y fuera de la Casa Consistorial.

Los documentos aportados por los vecinos revelan que, en marzo de 1992, Ovidio Blanco compró una finca en Cabueñes a la sociedad Hoyant, S. L.; que se la vendió a esa misma empresa en octubre de 1998 y que, en julio de 2004, se la volvió a comprar. A lo largo de todo ese tiempo se producen dos cambios reseñables. Por un lado, Blanco abandona el Ayuntamiento para incorporarse a Sogepsa con un contrato de servicios y ejercer la arquitectura desde la iniciativa privada. Por otro, el PGOU recalifica en Cabueñes una bolsa de suelo en la que está incluida la finca objeto de compraventa entre Blanco y Hoyant.

El terreno que el ex arquitecto municipal compró en 1992 por 7.513 euros lo vende finalmente en enero de 2006 a la promotora Reyal Urbis -una de las que intervienen en el desarrollo residencial de Cabueñes- por 617.420 euros. Blanco estaba en excedencia del Ayuntamiento de Gijón desde el 1 de enero de 2004. Aunque la Plataforma de Cabueñes matiza que, para entonces, las recalificaciones del PGOU ya estaban decididas y a punto de iniciar su primera fase de información pública.

Blanco insiste en que no cometió ningún delito. Y el gobierno de Paz Fernández Felgueroso avala su trayectoria como arquitecto municipal, aunque se desvincula de actuaciones posteriores como la que pudo haber tenido en la parroquia de Cabueñes. Es más, suya fue la iniciativa de acudir a la fiscalía. Pero esta demostración de transparencia no ha podido evitar las repercusiones políticas del caso. Ovidio Blanco ha sido, durante casi 25 años, hombre de confianza de los servicios urbanísticos municipales y el PP ya pide responsabilidades más allá de su persona. La Plataforma de Cabueñes ha puesto en tela de juicio su reputación y, en definitiva, la del Ayuntamiento.







* La Nueva España - M. SUÁREZ -14.06.09
Foto: Cabueñes (Gijón)), vecinos contra Plan - lne.es

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Viaje al corazón del caos urbanístico

PÚBLICO/Málaga* : El reglamento les exige conocer al detalle la topografía de la demarcación en la que trabajan y los recursos naturales de los que dispone.Se les conoce como Seprona, aunque tras las siglas se esconde el único grupo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dedicado al Servicio de Protección de la Naturaleza; es decir, a velar, dentro de la Guardia Civil, por el cumplimiento de las disposiciones que fomentan la conservación de todos los recursos medioambientales.

Público ha pasado 24 horas de patrullaje con el Equipo de Protección de la Naturaleza de Málaga, por cuyas investigaciones, a las que dedicaron más de un año, y registros durante la denominada operación Arcos el pasado marzo fue desarticulada la trama de corrupción urbanística presuntamente integrada por el ya ex alcalde de la población malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y por otros 28 imputados.

A las ocho de la mañana, el sargento y jefe de la Patrulla Urbana del Seprona de Málaga, José Benito, realiza el briefing del día en su modesto despacho de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, mientras sujeta con una mano el frasco de un pigmento ilegal requisado durante la última inspección de un centro de belleza de la Costa del Sol.

"Fue durante una inspección rutinaria. Muchos se quedan sorprendidos cuando ven entrar en su negocio a un agente de la Guardia Civil porque nos relacionan más con actividades vinculadas a la naturaleza. En este caso, los tintes estaban etiquetados en inglés, fueron comprados a través de Internet a una empresa gibraltareña para su uso en la micropigmentación de la piel y sin autorización de la Agencia Española del Medicamento. Un peligro para los clientes, que podrían sufrir a corto plazo daños irreparables", cuenta.

Sobre el escritorio del sargento, el 80% de los expedientes corresponde a casos de delito urbanístico. "Por mi experiencia, puedo decir que, en comparación con el norte de España, en el sur existen muchísimas más casas ilegales. La cultura de construir ilegalmente y que no suceda nada se ha instalado aquí desde hace mucho tiempo y es muy difícil de erradicar. Nos hemos visto en la situación de leer los derechos a gente del campo, gente humilde en principio. Y nos preguntamos por qué esta gente lo sigue haciendo en el sur tan tranquilamente y sin miedo. La respuesta creo que es la desidia administrativa que existe", asegura Benito.

Para que la construcción de una casa se considere ilegal deben cumplirse dos requisitos: que se construya en suelo no urbanizable y que no pueda legalizarse. Sólo la patrulla urbana del Seprona de Málaga realizó en 2008 más de 2.500 actuaciones, por las que quedaron imputadas 65 personas. "La mayoría de los delitos eran urbanísticos o relacionados: falsedad documental o prevaricación urbanística en ayuntamientos".

El boom de 2006 y 2007

En la comarca malagueña de la Axarquía, a la que pertenece la población de Alcaucín, se estima que existen más de 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, de las que más de la mitad se construyeron en los últimos diez años. Y el boom llegó entre 2006 y 2007. "En el Parque Natural de Los Montes de Málaga tenemos denunciado e imputado por delito urbanístico al dueño de una vivienda unifamiliar. El problema es que no damos abasto", añade Benito. "Necesitamos más personal para poder controlar toda la Costa del Sol".

La petición parece razonable teniendo en cuenta que sólo son nueve agentes. Hoy, como casi cada día, el sargento Benito y el cabo Pedro Pérez Pinto peinan en todoterreno los Montes de Málaga, a 20 kilómetros del centro de la ciudad. A cada paso, una parada para señalar alguna de las innumerables viviendas construidas ilegalmente, algunas sin ni siquiera licencia de obra. En el lugar donde se levantan estas casas no debería haber más que casas de aperos.

"La cultura de construir ilegalmente y que no suceda nada es muy difícil de erradicar"

"Los constructores tienen gran parte de la culpa por acceder a construir en suelos sobre los que saben a la perfección que no dan licencia", dice el cabo Pinto, mientras señala al menos tres chalés sobre los que recae en estos momentos una orden de paralización de obra por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.

"El truco que usan los propietarios de las casas para no levantar nuestras sospechas es pintarlas por fuera y acabar cuanto antes el exterior de la vivienda. Dentro, sin embargo, sólo hay ladrillos", añade.

Para comprobar la situación legal de estas casas, algunas incluso construidas con grandes piscinas o con hasta cuatro alturas y garaje, el Seprona consulta las ortofotos de varios años atrás. Este procedimiento les permite saber si el propietario de la supuesta casa ilegal dice la verdad. "Muchos nos dicen que la casa ya existía antes y se escudan en que lo que están haciendo es una reforma. A través del GPS, sacamos las coordenadas de la casa, consultamos la ortofoto de la base de datos del catastro y lo comprobamos. Si hay delito, la responsabilidad es tanto del propietario como del constructor y el técnico". "Por eso caen tantos en operaciones como la de Alcaucín y otros ayuntamientos", asegura Benito.

Tatuajes

El Seprona, pese a la relevancia de su cometido, sigue siendo un cuerpo muy desconocido. Su abanico de responsabilidades es variopinto. Por ejemplo, y aunque parezca chocante, entre sus competencias está la de actuar de oficio en casos en los que las tiendas de tatuajes no cumplan con los requisitos de esterilización y de desecho por incineración controlada del material punzante usado.

Es un trabajo que realizan empresas autorizadas y que impide que se produzca la llamada contaminación cruzada. "Las agujas tocan sangre y estas, a su vez, contaminarían el medio ambiente", cuenta ItziarOrozco, propietaria de la tienda Tarántula, que los agentes acaban de inspeccionar.

Lo mismo se hace en las tintorerías, donde la contaminación proviene de percloroetileno, ese producto que hace tan reconocible al olfato estos establecimientos y cuya eliminación debe realizarse por parte de un gestor autorizado, pues es altamente tóxico y cancerígeno.







* Público - ESTHER RAMOS - MÁLAGA - 14/06/2009
Foto: Un agente del Seprona señala una vivienda supuestamente irregular - publico.es


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El patrimonio cultural de Galicia, en "serio peligro"

ELCORREOGALLEGO* : El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, advirtió ayer en A Coruña de que "una parte sustancial" del patrimonio cultural de Galicia se encuentra "en serio peligro". Varela, durante la clausura de las V Jornadas de Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico que se celebraron en el Museo de Bellas Artes de A Coruña, subrayó que esta situación se debe tanto al número de atentados que sufre este patrimonio, como a la insuficiente conservación y protección "por parte de los que tienen la titularidad de estos bienes o son depositarios de su tutela".

Así, hizo hincapié en la necesidad de completar los medios destinados a su preservación e incidió en la importancia de que la Administración haga "todo lo posible por afrontar la protección del patrimonio mediante la potestad sancionadora y de tutela que tiene encomendadas legalmente". Además, apeló también a la "responsabilidad" de la sociedad e instó a los ciudadanos a que pongan en conocimiento de la Administración y Ministerio Fiscal "toda conducta atentatoria contra bienes patrimoniales".

Por otra parte, remarcó el número de daños a cruceiros y hórreos que recogen las memorias provinciales, aunque admitió que muchas de estas causas acaban en archivo al desconocerse la autoría de los mismos.







* El Correo Gallego - E.P. - 13.06.09
Foto: La campana de Santa María de Caranza fue robada en 2007 - kiko delgado, elcorreogallego.es

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La corrupción sale gratis

ELPAÍS/Reportaje* : En enero pasado, el pequeño pueblo canario de Mogán fue noticia destacada. La policía detenía de nuevo a su alcalde y a otros cuatro colaboradores y funcionarios. La acusación: prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Ese alcalde se llama Francisco González y es del Partido Popular. Cinco meses más tarde, ese partido ha aumentado su apoyo electoral en el pueblo logrando el 69% de los votos en las elecciones europeas.

El caso de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, es paradigmático. Este dirigente del PP ha dado a su partido una victoria electoral tras otra a pesar de ser perseguido por la Justicia y estar imputado por la Fiscalía Anticorrupción por fraude fiscal y delitos contra la Administración pública. Su partido ha superado los ya espléndidos resultados de 2004.

Tras la aplastante victoria de las elecciones municipales en 2007, Carlos Fabra proclamó que el PP había sido absuelto con sobresaliente cum laude por los ciudadanos. Ahora, tras las europeas de 2009, ha declarado: "La gente es muy lista y le preocupa más el paro que saber si Carlos Fabra o Paco Camps somos culpables o inocentes".

Análisis electorales diversos demuestran que, en España, para desánimo de muchos, Carlos Fabra tiene razón y que incluso se queda corto en sus valoraciones. Las urnas no castigan la corrupción, sino que en muchas ocasiones parece que la premian. "En efecto, todo hace pensar que la corrupción da votos", comenta el cabeza de lista de IU para el Parlamento Europeo, Willy Meyer, mientras pasea por Gran Vía. "Es como si la sociedad española no considerara la ética civil".

¿Es este fenómeno exclusivo de la joven democracia española? ¿Por qué las urnas no han pasado factura al PP y, sin embargo, sí han castigado a los socialistas allá donde se han destapado casos de corrupción similares como ha ocurrido en los pueblos de Lorca, Arrecife o Alcaucín, por citar unos pocos?

El caso Berlusconi hace sospechar que hay otros electorados que, como el español, parecen insensibles al escándalo y la presunta corrupción de algunos políticos. El catedrático de Ciencias Políticas Julián Santamaría habla de una cultura de la derecha mediterránea que genera similitudes entre España e Italia frente a los países anglosajones y los nórdicos, donde los electorados son extremadamente exigentes.

Los profesores en Ciencia Política Fernando Jiménez, de la Universidad de Murcia, y Manuel Villoria, del Instituto Ortega y Gasset y de la Universidad Rey Juan Carlos, se han centrado en el comportamiento electoral español. Para empezar, Villoria considera que en España hay una menor cultura cívica y una visión más negativa sobre los políticos que en el resto de Europa. "Se ve en los datos del CIS. Hay poca afiliación, poco compromiso social", añade. El perfil medio del español se traduciría, por tanto, en un votante menos sensible a la corrupción.

Del franquismo, dice Meyer, "los españoles sacaron la conclusión de que la política es un negocio y eso permanece en las mentes conservadoras". Así que, como varios coinciden en señalar, es idea generalizada en España que "todos los políticos son iguales" y que la corrupción es casi consustancial al desempeño de un cargo público.

Tales principios, sumados a la polarización bipartidista de la vida política actual, genera en el electorado, según Villoria, una defensa a ultranza de sus líderes políticos aunque éstos estén acusados de corrupción. Si todos son corruptos, prefiero a mi político corrupto que al de enfrente, que también lo es, sería el resultado lógico de ello.

¿Inmadurez democrática? "No lo creo", dice el profesor de Cambio Social en la Universidad a Distancia UNED Ramón Adell. "Es puro pragmatismo. Antes los políticos eran aficionados. Ahora son profesionales de la política. Ya no hay ideología y el bipartidismo español produce un desapego por la política".

En efecto, dada la elevada abstención de las recientes elecciones, todo parece indicar que sólo se han acercado a las urnas los militantes, los convencidos. Y en ese escenario, la agresión contra dirigentes políticos por casos de presunta corrupción ha generado una identificación con el líder atacado. "El nivel de linchamiento ha beneficiado al PP en Valencia y otros de sus feudos", ratifica Francesc Homs, jefe de campaña de Convergència i Unió. Es lo que Homs y el propio Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista del PP a la Eurocámara, llaman "efecto bumerán". "El PP juega al victimismo allá donde dispone de un amplio poder mediático y financiero", explica Antonio Hernando, responsable de política municipal del PSOE. Es evidente que ha ganado esa partida.

Tanto Hernando como Meyer tienen por seguro que la corrupción le sale gratis a la derecha; no a la izquierda. En principio, los datos de las recientes elecciones al Parlamento Europeo les dan la razón. Allá donde ha habido casos públicos de presunta corrupción por parte de líderes socialistas, el PSOE ha perdido votos, algo que al PP no le suele ocurrir. La mayoría de los consultados hablan de un electorado de izquierdas más estricto, con un alto nivel de exigencia ética. Hernando añade el lastre que pesa todavía sobre la izquierda tras la década de los noventa, con Felipe González en el poder, cuando a la crisis económica se unió el desgaste del poder y casos de escándalo y corrupción.

La profesora de Conflicto Social de la UNED Begoña Alonso tiene un elaborado discurso al respecto. "La incertidumbre trastoca al ser humano y los cambios generan incertidumbre", explica Alonso. "La gente más conservadora es acrítica hacia su propia ideología. No quiere cambiar su posición porque le genera incertidumbre. A la hora de votar se podría decir que el conservador aplica el dicho de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer".

Frente a esa derecha que se resiste al cambio, la izquierda sería más dinámica, variopinta y crítica, especialmente con sus propias posiciones y sus líderes políticos. Y Alonso añade: "La religión es un factor importante y recordemos que hay una identificación evidente entre la derecha y la cúpula eclesiástica. Y no olvidemos que el pecado se perdona, pero que en la izquierda nunca hay absolución".

Es de suponer que en el PP se revolverían contra tales afirmaciones. En el partido han remitido a las declaraciones públicas de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su presidente, Mariano Rajoy. Ambos han considerado que los ataques hacia sus líderes han sido exagerados y que los ciudadanos les han exculpado con sus votos en las europeas.

"Ese juego del PP de intentar resolver en las urnas lo que hay que resolver en los tribunales le va a pasar factura a medio y largo plazo", señala Hernando. "Hasta ahora han obstaculizado la acción de la justicia, pero llegarán las condenas y entonces la gente no les perdonará".

A favor de la tesis de que la izquierda paga un precio mayor por sus desmanes podría sumarse el caso de Reino Unido, donde los laboristas han sufrido un serio revés electoral, a pesar de que las prebendas y abusos de los políticos salpican a todos los partidos, si bien es cierto que este caso requiere un análisis más profundo que tenga en cuenta la crisis de liderazgo del primer ministro Gordon Brown. Julián Santamaría señala todavía un aspecto distintivo más que suele darse entre derecha e izquierda en los países nórdicos y anglosajones: "Los escándalos económicos suelen castigar más a la izquierda. Los escándalos sexuales o que tienen que ver con la moral familiar suelen castigar más a la derecha".

Pero no todo el mundo está de acuerdo en que los comportamientos electorales de la derecha y la izquierda respecto a la corrupción sean distintos. Así lo viene a demostrar a nivel nacional el estudio conjunto publicado por la Fundación Alternativas de Jiménez y Villoria respecto a las elecciones municipales de 2007. Estos dos expertos en la corrupción política y sus consecuencias analizaron los resultados de 133 municipios salpicados por la presunta corrupción de sus regidores.

El 70% de los alcaldes sospechosos ganaron en las urnas y mantuvieron sus cargos. Y no hubo diferencias entre PSOE y PP. El porcentaje de victorias y derrotas fue similar.

Pero el análisis de Jiménez y Villoria desvela un resultado llamativo: en las municipales, a pesar de los primeros análisis periodísticos, la corrupción sí que pasa factura a los partidos políticos; incluido el PP. "Atendiendo a la ganancia o pérdida de apoyo electoral sobre censo en relación con 2003", dice el estudio, "se ve que sólo el 30% de los alcaldes [presuntamente corruptos] mantuvieron o ganaron en 2007 más apoyo sobre censo que en 2003, mientras que el 70% perdió apoyo en términos relativos".

Homs también se resiste a analizar comportamientos distintos a un lado y otro. "Tal diferencia la desmiente el 14-M. Cuando se engaña y se miente, cuando el electorado percibe un comportamiento éticamente incorrecto, lo sanciona en las urnas", dice este político de CiU. Mientras tanto, con los recientes éxitos electorales del PP en la mano, la izquierda siente cierta frustración. "Todo da lo mismo y se vota masivamente a Mayor Oreja, un eurodiputado que no ha dado un palo al agua", dice Meyer. "Sí, es frustrante, pero esto no nos va a disuadir de seguir persiguiendo la corrupción", asevera Hernando. "Me preocupa que no haya un pacto de Estado contra la corrupción firmado por los grandes partidos", añade Villoria. "Si se acusan pero no hacen nada, lo único que logran es dañarse mutuamente y aumentar la degradación de la política y la tradicional visión cínica del poder de la ciudadanía española".







* ELPAIS.com - GABRIELA CAÑAS 12/06/2009
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com

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La UE pide a Sinde que salve Numancia

ABC/Soria* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha estudiado el nuevo asedio urbanístico a Numancia y ha recabado testimonios sobre el futuro de uno de los más importantes yacimientos de Europa, ha decidido pasar a la acción. Su presidente, Marcin Libicki, ha remitido una carta a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en la que le reclama que «tome cartas en el asunto y haga todo lo posible para preservar Numancia de las actuales presiones urbanística a las que se ve sometido»

En la misiva, Libicki afirma que la Comisión de Peticiones está «muy preocupada por la presión a la que este sitio singular se ve sometido por parte del Ayuntamiento de Soria y la Sociedad Gesturcal». El presidente del órgano del Parlamento Europeo subraya que «no está en absoluto justificada» la necesidad de construir un polígono industrial (Soria II) en los terrenos colindantes a la zona arqueológica. «En caso de llevarse a efecto», continúa, «representarían un daño irreversible para el sitio de Numancia así como para la ciudad de Soria, a la que cambiarán radicalmente el paisaje».
Libicki recuerda que los males no acaban aquí, puesto que está el proyecto de la «Ciudad del Medioambiente, proyectada por la Junta de Castilla y León. Los efectos cumulativos de los dos proyectos serían nefastos para la preservación de un paraje tan especial como el de Numancia.»
El Parlamento Europeo valora la movilización que este caso ha provocado. La carta recuerda que esta Comisión de Peticiones «no es la única institución en haberse interesado en que esto no ocurra, también lo han hecho un sinfín de organismos científicos y culturales en toda Europa y por ello esperamos que nuestro interés sea tenido en cuenta». De ahí que Libicki concluya con la petición a la ministra Ángeles González-Sinde de que tome cartas en el asunto. «No dudo, señora ministra, en su interés en preservar unos vestigios arqueológicos únicos en Europa y de especial relevancia para nuestra historia común».
Informe de impacto severo
A la carta se sumó ayer el contenido del estudio de impacto ambiental de Gesturcal sobre el polígono industrial Soria II, que afirma que su incidencia sobre Numancia es negativa, directa, permanente, irrecuperable, irreversible, que afecta a un recurso protegido y que su intrusión visual en el paisaje es severa, implicando un impacto negativo, directo, permanente, extenso, irrecuperable e irreversible. El estudio no fue incorporado al expediente de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Soria (mayo de 2007) para la construcción del polígono.








* ABC - J. G. CALERO | SORIA - 13-06-09
Foto: Numancia (Soria) - elimparcial.es

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Casi la mitad de las 613.000 viviendas terminadas sin vender se concentran en el litoral mediterráneo

COTIZALIA* : El número de viviendas de obra nueva terminadas en venta asciende a 613.512 a 31 de diciembre 2008, de las cuales el 45,7% se concentran en la costa mediterránea, según el primer informe sobre el 'stock' de vivienda nueva presentado por el Ministerio de Vivienda. Del total de las viviendas sin vender, se estima que el 70% será primera residencia mientras que el 30% tendrá uso vacacional o se destinará a otros usos teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las viviendas terminadas sin vender y la distribución actual del parque de viviendas según su uso reflejado en la última estadística del Ministerio correspondiente a 2007.

Así, en dicha estadística, el 68,5% de las viviendas constituyen la residencia habitual de los hogares, el 21,3% son viviendas secundarias utilizadas ocasionalmente por los hogares en periodos vacacionales y el 11,2% restante se destina a otros usos.

Por provincias, Barcelona con 55.315 viviendas sin vender, Madrid con 51.034, Alicante con 46.366, Valencia con 30.038, Murcia con 27.279 y Málaga con 21.092 concentran el 37,7% del 'stock'.

La media de las viviendas sin vender en España se sitúa en 13,3 por cada 1.000 habitantes. Por provincias, Castellón con 30, Toledo con 29,1, Lleida con 27,6 y Almería con 27,3 encabezan el ranking, mientras que Ceuta y Melilla (2,2), Vizcaya (3,8), Cantabria (4,6) y Cáceres (5) presentan los porcentajes más bajos.

626.691 viviendas en construcción

Otro de los resultados que presenta el informe es el número de viviendas en construcción. A finales del año 2008, había en España 626.691 viviendas en construcción, de las que el 61,3% estaban en venta (384.050 viviendas) y el 38,7% ya están vendidas (242.641 viviendas).

Clasificadas éstas, según el estado de la obra, el 70,8% de estas viviendas están en fase de terminación, (443.673 viviendas), el 22,9% en cubierta (143.268 viviendas), 27.526 en estructura, el 4,4% y 12.224 en cimentación, el 1,9%.

Por comunidades autónomas, en Andalucía está el 19,4% de las viviendas en construcción, en Cataluña, el 12,7%, la Comunidad Valenciana tiene el 11,6%, Galicia, el 8,5% y Castilla y León, el 7,8%. El periodo medio de construcción de una vivienda es de 24 meses.







* Cotizalia - EP - 12/06/2009

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