DIARIODEMALLORCA* : Aunque nombres como Antònia Ordinas, Jaume Massot, los alcaldes del caso Caballistas o Joaquín Rabasco están desplazando últimamente al caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), este presunto entramado de corrupción político-empresarial sigue vivo en los juzgados y lleva camino de dar muchas sorpresas.
Los fiscales Anticorrupción -Pedro Horrach y Juan Carrau- acusan a varios políticos de UM y del PP de haber facilitado información privilegiada a un reducido grupo de promotores amigos que les permitió adquirir a precio de suelo rústico terrenos que después serían reclasificados a urbano, mediante las ya famosas ART (áreas de reconversión territorial) directa. El Ministerio Público ve indicios de delito en trasvases de edificabilidad que considera desorbitados, como el derribo del hotel Don Pedro (en Pollença, de 284 plazas), y el Rocamar (Sóller), a cambio de tres nuevos urbanizables en sa Ràpita (Campos), pero de unas nuevas 2.300 plazas. Lo más llamativo de esta permuta es que el Rocamar fue dado de baja en 2002, con lo que los fiscales se preguntan qué plazas podían intercambiarse.
Horrach y Carrau han puesto también la lupa en el traslado de unos dudosos derechos urbanísticos en el Port d´Alcúdia (el antiguo urbanizable AS-16, desclasificado hace años, aunque en litigio) hasta la finca dels Crevers (en Marratxí), con la posibilidad de generar unas 3.500 nuevas plazas. Por este motivo ya han tenido que desfilar ante el juez que instruye el caso PTM, Miquel Florit, los promotores inmobiliarios Mateu y Cristòfol Sastre -dueños de la conocida firma Ibercon-, o el ex presidente del Real Mallorca y conocido empresario Vicenç Grande. En cuanto a los políticos, las comparecencias más destacadas han sido las del portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, y el ex diputado de UM Bartomeu Vicens. Con todo, la lista de imputados es larga, y puede crecer.
Los fiscales calculan elevadas plusvalías
La Fiscalía cuantificó inicialmente en casi 300 millones de euros el alcance de los ´pelotazos´ obtenidos por los promotores mediante estos y otros trueques urbanísticos del PTM. En la querella inicial, se incluyó la operación para reconvertir una antigua vaquería, también en sa Ràpita, en un centro de interpretación del espacio natural del salobral y las dunas del Trenc. Como compensación a sus propietarios, se permitiría el desarrollo de un urbanizable anexo para más de 2.000 plazas. Con todo, algunas fuentes señalan que la Fiscalía retirará los cargos contra los promotores de este proyecto, ya que al parecer habrían adquirido la finca dos años después de haberse aprobado el Plan Territorial de Mallorca, y por consiguiente la ART prevista en el lugar ya era de dominio público.
* Diario de Mallorca - M. FERRER. PALMA - 29.12.2008
Foto: mallorcaweb.com
Un ´pelotazo´ de 300 millones
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29.12.08
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La ley del Suelo prevé suprimir las recalificaciones que investiga la Fiscalía
DIARIODEMALLORCA* : Las polémicas recalificaciones de terrenos aprobadas por el anterior gobierno UM-PP en el Consell de Mallorca en el marco del Plan Territorial, muchas de las cuales han sido denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción, podrían tener los días contados. Se trata de las llamadas áreas de reconversión (ART) directa -consistentes en trasvasar edificabilidad de un municipio a otro, aumentando en muchos casos el aprovechamiento urbanístico-, y que se sospecha que propiciaron ´pelotazos´ millonarios.
El Bloc, que promueve la futura ley del Suelo desde la conselleria de Movilidad y Ordenación del Territorio, se ha valido del anteproyecto de la misma para tejer toda una astucia legal que -de aprobarse- impediría desarrollar la mayoría de las ART tal y como fueron concebidas en la pasada legislatura por PP y UM. Y es que a través de esta fórmula urbanística, el anterior gobierno insular dio luz verde a nuevos urbanizables en Mallorca a cambio de esponjar puntos degradados. La arbitrariedad de las parcelas elegidas, y la llamativa desproporción entre la edificabilidad a eliminar y la de nueva creación, dieron pie al escándalo político-empresarial y a la posterior intervención de la Justicia.
El borrador de la nueva ley no menciona para nada las ART investigadas, pero como novedad prohíbe con carácter general aquellas que impliquen nuevas plazas turísticas o residenciales, salvo casos "excepcionales". Precisamente, la mayoría de las llamadas áreas de reconversión directa -además de ser el objeto principal de la investigación judicial abierta- se saltan este precepto, al suponer notables crecimientos urbanísticos. Como la futura ley obliga al Plan territorial de Mallorca a tener que adaptarse a la misma, una vez aprobada, las controvertidas ART que prevean un incremento del aprovechamiento urbanístico existente, ya no podrán ejecutarse.
Para evitar disgustos mientras no se formalice este trámite, el anteproyecto de la nueva normativa incluye una disposición transitoria que deja "sin efecto" todo lo concerniente al desarrollo de las ART en cuestión en el vigente Plan Territorial de Mallorca.
Con la futura ley del Suelo en la mano, el Bloc quiere garantizarse que los nuevos urbanizables impulsados por el anterior gobierno insular -independientemente de si están o no siendo investigados- desaparezcan del planeamiento insular una vez entre en vigor la nueva normativa.
Pollença, Marratxí o Campos
Entre las operaciones urbanísticas que podrían verse ahora abortadas, figuran las tres nuevas zonas urbanizables en sa Ràpita (Campos), para unas 2.300 plazas, a cambio de derribar un hotel en Pollença y otro en Sóller. También en sa Ràpita, se frustraría una urbanización para unas 2.100 personas a cambio de reconvertir una antigua vaquería en un centro de interpretación.
Otro de los intercambios más sonados afecta a es Crevers (Marratxí): allí el Plan Territorial contempla el traslado de un antiguo urbanizable en el Port d´Alcúdia, con la posibilidad de generar unas 3.600 nuevas plazas. En Pollença, podría quedar afectado el trasvase de edificabilidad previsto de Cala Carbó a l´Ullal, aunque este caso reviste complejidad. Y en s´Arenal, se impedirían nuevos residenciales para más de mil personas a cambio de ceder unos inmuebles en Llucmajor para uso municipal.
Estos proyectos contemplados en el Plan Territorial implican nuevo crecimiento urbanístico, por lo que se verían imposibilitados, y coinciden en su mayoría con los denunciados por la Fiscalía.
*Diario de Mallorca - MATEU FERRER. PALMA - 29.12.2008
Foto: En es Crevers (Marratxí) se proyectan 3.600 nuevos habitantes. - G. Bosch, diariodemallorca.es
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29.12.08
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El fiscal jefe exige una policía especializada para investigar los delitos urbanísticos
FARODEVIGO* : La Fiscalía quiere evitar que el efecto Marbella se extienda a Galicia. Por este motivo, en la agenda de prioridades del fiscal superior, Carlos Varela, está la lucha contra la corrupción urbanística. Con el objetivo de reforzar la investigación de los delitos contra el territorio, la Fiscalía gallega ya ha reclamado al Gobierno central, a través del secretario de Estado de Interior, la creación de una policía especializada para los casos de urbanismo, medio ambiente y patrimonio.
"Si conseguimos un Seprona autonómico, bien reforzado y dotado de medios personales y materiales que se dedique a esas tres áreas, la respuesta de la Fiscalía será más eficaz", asegura Varela.
Pero en su labor contra la corrupción urbanística, el fiscal superior de Galicia también quiere implicar a los ayuntamientos y a la propia Xunta. Una de las causas que, según advierte, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" está en el debilitamiento de las competencias de control municipal. El fiscal jefe alerta de que secretarios, interventores y tesoreros municipales deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística, a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. Pero su papel es cada vez menor y los casos de corrupción urbanística van a más.
El fiscal superior advierte a Interior de que las unidades policiales en Galicia están "desbordadas" en las investigaciones urbanísticas. "Si el dictamen del secretario municipal fuese vinculante y advirtiese de una ilegalidad, el Ayuntamiento no podría buscar un dictamen a medida a través de un asesoramiento externo", argumenta Carlos Varela, al tiempo que denuncia que "muchas veces, los comportamientos corruptos no son detectados porque la Administración local no ha reforzado sus sistemas de control".
Sobre la actuación de la Administración autonómica, el fiscal superior insta a reforzar los mecanismos de control a través de la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística, creada a finales del 2007 por la Consellería de Política Territorial con el objetivo de evitar irregularidades y distorsiones en los usos sociales del suelo.
Pero la cifras hablan por sí solas. En 2007, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó en Galicia 560 infracciones urbanísticas. Unos datos que la convirtieron en la cuarta comunidad, sólo por detrás de Andalucía (1.775), Canarias (1.258) y Castilla-La Mancha (604), con más actuaciones policiales contra supuestas vulneraciones de normativas urbanísticas. Ante esta situación, el fiscal superior advierte de la necesidad de reforzar las unidades policiales que investigan delitos urbanísticos, ya que -afirma- están "desbordadas" por el aumento de denuncias en este ámbito.
"Para evitar que las investigaciones se demoren y para que la Fiscalía pueda cumplir su papel, necesitamos un refuerzo en las unidades de investigación", reclama Varela, al tiempo que asegura que "la mejor forma" sería la "constitución" de un "Seprona autonómico" que trabaje para la Fiscalía. "Siempre que demos una respuesta especializada, daremos una respuesta jurídica de mejor calidad. Así mejoraremos nuestros mecanismos de investigación y atajaremos los comportamientos prohibidos antes de que vayan a más", sentencia.
El mensaje, según asegura, no va dirigido a nadie en concreto, sino a "todos los que cometan infracciones urbanísticas". "La Fiscalía analiza hechos y si estos tienen potencialidad penal los abordamos -añade- con independencia de la organización política o el estrato social del infractor".
Su objetivo es "evitar" que estos comportamientos corruptos se produzcan y no llegar al "grado de deterioro" que se ha dado ya en otras comunidades autónomas. "Quien tenga alguna tentación, que sepa que la Fiscalía va a estar muy vigilante", advierte el fiscal superior de Galicia.
* Faro de Vigo - R. PRIETO / A CORUÑA - 28.12.2008
Foto: Un trabajador carga ladrillos para trasladarlos a una obra. FDV, farodevigo.es
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29.12.08
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La ciudad contra el capital
JORDI BORJA* : “La ciudad nos impone el deber terrible de la esperanza” escribió Borges. La recomendación ignaciana de “en tiempos de desolación no hacer mudanza” se presta a interpretaciones conservadoras, aunque quizás podríamos matizarla en sentido opuesto. Si el “enriqueceos, enriqueceos” tan a la moda las últimas décadas nos ha conducido al empobrecimiento de muchos mientras algunos enriquecidos se salvaban sería bueno recuperar el principio de esperanza propio de la izquierda, o dicho de una forma más clara: recuperar sus ideas, sus valores y sus análisis críticos del capitalismo. La “mudanza” se hizo asumiendo los principios y los procedimientos conservadores, es la hora del cambio, de ser lo que fuimos, de resistir a las propuestas interesadas de unos y cobardes de otros, de recuperar lo fundamental del pasado para que en el futuro no se repita la crisis del presente.
Los defensores del “desorden establecido” nos dicen que la crisis es saludable puesto que el sistema se autocorrige, elimina a los perdedores, reduce los excesos inherentes al modo de acumulación de riquezas, y al cabo de unos años la expansión renace. No cuantifican la destrucción de bienes que se ha producido y menos aún los costes sociales que pagan la mayoría de los ciudadanos. Hemos vivido una época de despilfarro, de sobreproducción de viviendas que los que las necesitan no podían adquirir, de estimulo al endeudamiento al cual muchos no podrían hacer frente si se reducían lo más mínimo sus ingresos, de destrucción ambiental y crecimiento insostenible, de segregación y desigualdad sociales crecientes. La ciudad, la forma más elevada de civilidad y de progreso, por su potencial de generar convivencia y redistribución, se ha ido fragmentando, disolviendo en las periferias suburbanas, sin cohesión ni sentido. Uno de los aspectos más negativos del tipo de desarrollo promovido por un capitalismo financiero especulativo y salvaje ha sido generar esta dinámica disolutoria de la ciudad.
La historia de la izquierda social, cultural y política va estrechamente unida a la crítica de la economía y a la defensa de la ciudad. Sorprende el grado de desinterés o ignorancia de las izquierdas institucionales y de las cúpulas políticas actuales en ambos temas. La crítica rigurosa del actual capitalismo globalizado, de su modelo de acumulación, ha estado ausente de la reflexión de gobernantes y dirigentes partidarios y por lo tanto es lógico que a la hora de buscar soluciones no se les ocurre nada más que limitar algunos excesos (vincular las transferencias de recursos públicos a las grandes empresas a una reducción que no resulte demasiado escandalosa de los puestos de trabajo) y crear condiciones para volver a la situación anterior (salvar bancos y grandes promotores por medio del dinero público o comprando sus activos). Los reformistas cuando aparece la necesidad de hacer reformas en serio se asustan y caminan para atrás.
La ciudad ha sido en España durante dos décadas el espejo de la democracia. En todo el país los años 80 y 90 la mayoría de las ciudades se han transformado espectacularmente, ha florecido un urbanismo ciudadano expresado principalmente por medio del espacio público, bien diseñado en lo físico y animado en lo social y cultural. Pero progresivamente la lógica de un mercado que la acción pública había convertido en apetitoso fue imponiéndose. En las ciudades compactas aparecieron las operaciones terciarias ostentosas, públicas y privadas, y en aras de la competitividad global, los espacios centrales se especializaron y se hicieron excluyentes. Los precios del suelo se dispararon y las hipotecas facilitaron que los sectores acomodados de las clases medias accedieran al mercado libre y se mantuvieran en la ciudad junto a los barrios residenciales de las minorías ricas. Algunas zonas antiguas o marginales fueron ocupadas por inmigrantes y los sectores populares y medios, los jóvenes especialmente, fueron emigrando a las periferias segregadas por niveles de renta, pobres en espacio público y equipamientos, los territorios “urbanalizados” según el afortunado palabro de Francesc Muñoz. Los gobiernos locales a veces han sido cómplices, otras veces se han mostrado impotentes, pocas veces han denunciado esta degradación del urbanismo democrático.
Este proceso disolutorio de la ciudad integradora ha tenido unos actores conocidos: bancos y cajas adquirieron por lo menos la mitad del suelo urbanizable, los propietarios del suelo se enriquecieron vendiendo con el único mérito de esperar al comprador, los promotores y los constructores se endeudaron esperando vender a una demanda que consideraban infinita y convencidos que su producto solamente podía aumentar del valor con el tiempo. Ciudadanos de ingresos medianos o modestos compraron por necesidad o para colocar sus ahorros hipotecándose con la complicidad de las entidades financieras y de los sucesivos gobiernos sin suponer que ni sus ingresos ni la vivienda adquirida iban a tener un crecimiento sostenido ni que las hipotecas podrían resultar más onerosas.
Ahora se plantea una cuestión bien sencilla. Los dueños del capital quieren que el Estado con el dinero de todos los ciudadanos les subvencione para pagar deudas o impagados o les compre lo que no pueden vender y para repartirse beneficios o indemnizaciones. Los ciudadanos con una vivienda hipotecada que no pueden pagar ni vender por el coste de la deuda en cambio lo que necesitan son que se imponga al sistema financiero una moratoria hasta que la economía se reactive y sus ingresos le permitan volver a pagar las cuotas de la hipoteca. Los gobiernos, imbuidos por la creencia que solo el mercado capitalista puede reactivar la economía, se colocan decididamente al lado de bancos y empresas constructoras y promotoras, especialmente las grandes. Hay matices significativos pues mientras el gobierno británico asume un rol parcialmente protagonista nacionalizando una parte de la banca el gobierno español ofrece el “talante” para convencer a los grupos económicos que no sean malos y tengan un poco de paciencia.
En Catalunya en un periódo de crisis, distinta a la actual ciertamente, el gobierno republicano municipalizó el suelo urbano y colectivizó las empresas de construcción. Un gobierno cuya composición era muy similar al actual tripartito. No creo que ahora se pueda repetir tamaña hazaña pero aún aceptando las limitaciones que impone el marco europeo y español algo más se podría hacer. Comprar las hipotecas, imponer moratorias, prohibir la distribución de beneficios o dividendos al sistema financiero, obligar a dar créditos al tejido empresarial pequeño o mediano, etc como medidas coyunturales. Y también es el momento de plantear iniciativas que se opongan a las dinámicas especulativas que han propiciado la burbuja que ahora ha explotado: reformar la legislación urbanística para que imponga por lo menos un 60% de vivienda protegida y un 20% de vivienda social, recuperar el 90% de las plusvalías urbanas, penalizar fuertemente las operaciones urbanizadoras segregadas de la ciudad compacta, crear una banca pública hipotecaria, impulsar un programa de transporte colectivo en detrimento del crecimiento urbanizador de la red viaria.
Pero nada de esto ocurrirá, ni tan solo se convertirá en debate público sino emerge un amplio movimiento social de los que tienen más deudas que vivienda, más hipotecas que trabajo remunerado, más indignación que paciencia, más confianza en la fuerza popular que en las promesas vacuas de los gobernantes. En estos momentos la izquierda demuestra su naturaleza. Es capaz de explicar la perversidad del sistema económico o no, se adapta o transforma la realidad, moviliza a las mayoría populares o se muestra pusilánime enroscada en las instituciones. Volvemos a otra cita de Borges: nadie se arrepiente de haber tenido un momento de coraje en su vida.
* Jordi Borja es un sociólogo y urbanista radicado en Barcelona,
y uno de los luchadores más conocidos de la resistencia clandestina catalana contra el franquismo.
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2227
* Rebelión - 17.12.2008
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29.12.08
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Para la Federación de Vecinos, la Operación Chamartín ahonda el desequilibrio territorial
MADRIDDIGITAL* : La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) entiende que la extensión del centro de negocios hacia el norte de la Castellana, a la que ha dado paso la firma del convenio firmado entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid, constituye “un atentado contra cualquier modelo de crecimiento urbano sostenible”.
Además, "la Operación Chamartín no es en modo alguno urgente y, desde luego, no resuelve ninguno de los problemas de la ciudad. En caso de que existiera alguna necesidad de desarrollar una operación de uso terciario, debería hacerse fuera del anillo de la M-30 para evitar colapsar más aún el centro de la capital”, asegura Vicente Pérez, responsable del área de Urbanismo de la FRAVM.
Pérez agrega que de esa manera también se evitaría que el norte se convierta en el epicentro financiero, “en detrimento de otras zonas menos favorecidas por la atención de las administraciones y los recursos públicos, como los distritos de Villaverde, Puente y Villa de Vallecas o Vicálvaro”.
“Si el principal argumento para firmar el convenio, tras 15 años de retrasos, es el de la creación de empleo, los vecinos recordamos a las administraciones que podrían destinar la misma inversión pública a la promoción de otros proyectos más sostenibles”, advierte.
Por otro lado, los vecinos aseguran que la construcción de 16.000 nuevas viviendas “desbordará la capacidad de recepción de una zona ya sobresaturada y muy pobremente dotada de equipamientos públicos y zonas verdes como la de los distritos de Chamartín, Fuencarral y Tetuán”.
La FRAVM, por tanto, pide la calificación expresa de al menos el 50% de las 16.000 viviendas como vivienda protegida, y que las administraciones doten de los equipamientos públicos necesarios (escuelas infantiles, centros de salud...) para atender a los cerca de 50.000 nuevos vecinos, así como a resolver los déficit dotacionales acumulados en los tres distritos afectados.
Por último, a juicio de la Federación vecinal, deberán ser las promotoras de la operación las que sufraguen el coste del transporte público y las infraestructuras viarias que conecten el ámbito con el resto de la ciudad, no los contribuyentes.
* Madrid Digital - 26.12.2008
Foto: madriddigital.info
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28.12.08
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Tema: NOTICIAS Madrid
Investigan el urbanismo de la Marina Alta tras 'pinchar' los teléfonos de funcionarios
ELMUNDO/Valencia* : El cerco a todo lo que desprenda cualquier atisbo de corrupción está en marcha y quienes lo comandan no sueltan el acelerador. Los pinchazos telefónicos autorizados por una juez de Valencia en la Conselleria de Medio Ambiente tras la llegada de un sobre con 3.000 euros para un alto funcionario, cuando se pretendía recalificar lo que hoy es el Parque Natural del Túria destaparon hace un mes otros posibles movimientos de la misma naturaleza en la provincia de Alicante.
Pese a que este desdoblamiento del proceso inicial todavía se encuentra en un estado embrionario, ya hay una comarca señalada. Según ha podido saber EL MUNDO, la lupa de los investigadores está sobre planes urbanísticos fraguados en los últimos años en la Marina Alta en los que podrían haber intervenido funcionarios y empresarios.
De este modo, el proceso impulsado por la magistrada y la Fiscalía Anticorrupción contra la presunta trama que pretendía urbanizar La Vallesa -incluida en el Parque Natural del Túria- hizo emerger otra fase de la investigación centrada en la provincia de Alicante, cuyo patrón urbanístico ha sido tan elástico como polémico.
Se trata de dos investigaciones con un nexo común: la supuesta intervención de funcionarios de la Conselleria en la recalificación de terrenos.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre otras comarcas alicantinas en las que se centran las pesquisas aunque, no obstante, se podrían haber dado en toda la provincia, tal como precisaron fuentes próximas al caso consultadas por este periódico.
* El Mundo - GEMA PEÑALOSA - 27.12.2008
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28.12.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Audiencia rechaza acumular los casos por convenios presuntamente irregulares de Marbella
SUR* : La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado la petición de acumular diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella (Málaga) a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre convenios urbanísticos presuntamente irregulares firmados entre el Ayuntamiento marbellí y determinadas empresas.
En concreto, la defensa del ex alcalde marbellí Julián Muñoz pidió que se acordara la unión de dos de las 27 causas en las que se desglosó dicha querella, en concreto, las referentes a los convenios suscritos por el Consistorio con dos sociedades, según los autos dictados por la Sección Segunda, que rechaza esta pretensión.
En una de esas resoluciones, se argumenta la decisión en que no concurre la conexidad delictiva "por falta de identidad de los imputados", al no existir una total identificación de los sujetos, y por no coincidir "exactamente" el elemento temporal, rechazando la continuidad delictiva.
Según la Sala, se conseguiría el efecto contrario a la economía procesal, ya que se trata de causas con instrucción "muy compleja" y un enjuiciamiento único "supondría un entorpecimiento importante en la administración de justicia, con efecto dilatorio contrario a las garantías que a todo justiciable le ampara".
"Difícil es ya la instrucción de una causa por los delitos de prevaricación, malversación y contra la ordenación del territorio derivados de las irregularidades ocasionadas con la suscripción de convenios, irregularidades en las ventas de terrenos, subastas..., para que, además, se tramiten simultáneamente y en la misma causa y por irregularidades en otros convenios urbanísticos, pero que se han espaciado en el tiempo y no existe una total identidad de sujetos activos", precisa la resolución.
Anticorrupción presentó una única querella, que se desglosó en 27 diligencias, contra el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, en la que situaba a ambos como "los artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles propiedad del Consistorio a unos precios muy inferiores a los del mercado". El escrito tuvo como base el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Dicho informe cuestionaba la valoración hecha de los inmuebles enajenados, puesto que el Ayuntamiento prescindió de los funcionarios municipales con competencia para esto y "contrató, a través de la sociedad Planeamiento 2000, S.L., a tasadores externos", que fueron quienes realizaron todas las tasaciones contenidas en los expedientes de los convenios, señala el escrito.
En la causa en la que se pide la acumulación, se investiga un convenio firmado en mayo de 1995 entre el Consistorio y la sociedad Emasa, vinculada al empresario Tomás Olivo, procesado en 'Malaya', según el auto, acuerdo por el que el Ayuntamiento "reconocía adeudar a dicha empresa 1,9 millones de euros y como pago se le cedieron ciertos aprovechamientos".
Aunque en principio este convenio "es semejante" a otro suscrito en su momento con General Galerías Comercial (GGC), sociedad también vinculada a Olivo y por el que se siguen otras diligencias en el mismo juzgado instructor, existen para la Sala de apelación "ciertas diferencias", como consta en el informe del fiscal.
En esta otra causa se investigan decretos que dieron lugar a las escrituras de dación en pago por las que se adjudicaba a GGC una serie de fincas inmuebles valorados en 13.362.734,85 euros como pago de parte de la deuda por obras encargadas a esa sociedad "pese a la ausencia de justificación en cuanto a la ejecución" de las mismas.
* SUR - EUROPA PRESS - 27.12.2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
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27.12.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Mogán tarda 21 años en publicar el planeamiento del municipio
CANARIAS7* : El Ayuntamiento de Mogán lleva camino de convertirse en un verdadero récord guinnes del despiste. Después de veintiún años y de miles de camas turísticas, ahora se dan cuenta que las Normas Subisidiarias no estaban publicadas en el Boletín Oficial y que todo lo aprobado está, en teoría, «ilegal».
Los vecinos que tuvieron ocasión de leer el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas del pasado 19 de diciembre de 2008 y ver publicado en esa fecha el anuncio de la aprobacion definitiva de las Normas Subisidiarias del Planeamiento Municipal de Mogán, conforme el texto acordado por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias el 17 de noviembre de 1988, no han podido menos que echarse manos a la cabeza y pensar que todo se trataba de una broma o de una inocentada de mal gusto.
En efecto, el Ayuntamiento de Mogán reconoció ayer que esa publicación no ha sido un error o una inocentada, sino que es una realidad, que el documento con la aprobación definitiva del planeamiento ha estado veintiún años esperando su envío al Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) y que todo lo actuado hasta la fecha, en función de ese planeamiento, en teoría, «podría ser declarado ilegal, siempre y cuando alguien alegando perjuicios y legitimado para recurrir, interponga el recurso contencioso administrativo y un juez le otorgue la razón».
Todos quieren creer que se trata de un enorme despiste pero no sólo del Ayuntamiento, sino del Cabildo y del Gobierno de Canarias, administraciones que en su momento debieron detectar el error y realizar la correspondiente advertencia al Consistorio moganero, para que corrigiera o subsanara el defecto de forma que arrastraba el planeamiento municipal.
Acuerdos. Sin embargo, eso no se hizo y desde dichas instituciones continuaron aprobando planes parciales, construcciones de hoteles, apartamentos, bungalós, viviendas y decenas de otras obras. Incluso una infraestructura de comunicaciones con una inversión millonaria, como el trazado de la autopista Arguineguín-Puerto Rico, tampoco detectó el defecto de forma.
Algunos letrados consultados aseguran que la publicación del planeamiento municipal en el Boletín Oficial de la Provincia es un requisito formal que tiene como única función otorgar validez al acto administrativo ante terceros. «El error es más de forma que de fondo, y en principo parece que no invalida, ni anula los acuerdos que hayan tomado al amparo del mismo», apuntan.
Asimismo, señalan que lo más importante son los acuerdos del pleno y de la Cotmac aprobando el documento, «y esos compromisos son totalmente legales y están jurídicamente reconocidos», por lo que no creen que haya recursos y mucho menos que, si los hubiera, estos puedan prosperar, «porque estamos ante un defecto de forma sin mayores consecuencias».
* Canarias 7 - Gabriel Suárez - 27.12.2008
Foto: Actuaciones. Vista parcial de Puerto Rico, uno de los enclaves turísticos del municipio de Mogán, que más camas acumula - canarias7.es
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27.12.08
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Tema: NOTICIAS Canarias
La burocracia empantana el urbanismo
ELPAÍS/Valencia* : Un paseo por el centro histórico de Valencia cámara en mano llena un álbum de bellas imágenes de monumentos y rincones con encanto. Y parte de otro con instantáneas de solares invadidos por las malas hierbas y basuras de las que escapa un hedor que apenas contienen las tapias que los rodean. Son parcelas por edificar fáciles de identificar, sus muros son el lienzo ideal de los grafiteros. Salpican el casco urbano desde hace años, en algún caso décadas.
Son los PAI (planes de actuación integrada) empantanados de Valencia. Una cincuentena que no acaba de salir adelante, según el PSPV-PSOE; muchos menos, en torno a 30, según el gobierno del PP.
Mientras se han despachado PAI con miles de pisos a buen ritmo, proyectos de menor tamaño, a veces de cirugía urbana, han quedado atrapados en el laberinto administrativo o en el olvido. No se cumplen los tiempos para adjudicar y reparcelar unidades urbanísticas con viviendas y dotaciones. A escasos metros de la plaza de Tetuán, detrás de la sede de Bancaja, el paisaje parece de posguerra. Un grupo de solares rodeados de edificios con las medianeras al aire espera una intervención desde 1992, cuando se aprobó el plan de reforma interior de la Seu-Xerea. Una década después se modificó el plan de esta unidad de actuación de las calles del Conde de Montornés y del Poeta Liern, pero no se puso ni un ladrillo a pesar de permitir el Ayuntamiento mayor edificabilidad. El Consistorio afirma que ha iniciado ahora el proceso para fijar las bases del concurso de la unidad.
La crisis pesará como una losa sobre este y otros PAI, que parecen abocados a seguir estancados mucho tiempo. A la vuelta de la esquina de la plaza del Temple hay otro ejemplo. El PAI de la calle de la Espada, también del plan de la Seu-Xerea, llegó a presentarse en 2003, pero al final caducó. Se comenzó a tramitar de nuevo en 2005, y aún está pendiente de un informe de la Consejería de Cultura que determine el destino de un refugio de la Guerra Civil que está en medio de uno de los solares.
También hay un caso junto al Mercado Central. El terreno está pegado a la plaza de la Mercé. Adjudicado el PAI en 2004, la reparcelación no salió adelante hasta hace un año. De momento, en el gran solar solo se ha movido la tierra para unas excavaciones arqueológicas. Otros dos PAI que no salen del cajón son los de la calle de Llíria, con unas antiguas naves industriales y pendiente de estudio, y el de la muralla árabe, que supuso en 2004 un esfuerzo de concertación de vecinos, Ayuntamiento y Consell que se ha visto defraudado por la inactividad de las administraciones.
Junto a estos PAI salpican el centro histórico numerosos terrenos menores que están tapiados desde hace años. Una parte los recoge el reciente catálogo de fotografías de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen, para la que el corazón de la ciudad "merece un mejor trato". Otros barrios también conviven con planes paralizados, como el que denunció el Grupo Socialista en torno a la calle de Guillem de Anglesola, cerca de la avenida del Puerto, donde en 1999 se comenzó a trabajar por iniciativa pública hasta que una empresa presentó un PAI que sigue pendiente.
El concejal socialista Vicente González Móstoles calcula que una treintena de PAI urbanos están así pendientes de reparcelación y otros 20 no tienen licencia para empezar. Con la ley en la mano, en dos años debería tramitarse un plan, "pero lo más frecuente es que tarden seis". Hay excepciones, "como el de Mestalla", que se aprobó en tiempo récord. "Falta liderazgo público en la gestión. La ciudad se mueve, pero su urbanismo no lo mueve nadie", critica el concejal, que pide que la empresa municipal Aumsa asuma estos PAI.
La concejalía de Urbanismo admite que unos 30 están parados, y espera sacarlos adelante con un estudio "pormenorizado" de las causas de retraso y de su viabilidad económica en el nuevo plan general. El asunto va para largo. El concejal Jorge Bellver destaca que "la tramitación administrativa es larga y compleja". Según sus datos, desde que se aprobó la LRAU en 1994 se han tramitado 64 PAI en suelo urbano y 42 reparcelaciones. Por el camino se han quedado otros muchos, a veces retrasados por errores de los propios promotores. La demora ha provocado más de una anulación o renuncia a ejecutar un plan. Es el caso de uno del entorno de la avenida de los Naranjos, presentado en 1999 con reserva para vivienda protegida y un jardín público. Tras una primera retirada del promotor se permitió la construcción de un tanatorio, y a pesar de que hubo nuevas ofertas en 2002, se ha dado licencia para un hotel. El PAI ya no está simplemente retrasado. Es inviable y ha desaparecido. Y con él un jardín público.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 26/12/2008
Foto: Una vista del solar de la calle del Conde de Montornés, en Valencia- TANIA CASTRO, elpais.com
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27.12.08
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Orihuela Sin Murallas se plantea más movilizaciones y cortar las vías del tren
INFORMACIÓN/Alicante* : La Plataforma Ciudadana Orihuela Sin Murallas no descarta cortar las vías del tren para reivindicar el soterramiento a su paso por Orihuela. Fuentes de este colectivo indicaron que se trata de acciones de protesta que deben acordarse a partir de ahora. Los principales representantes de este colectivo realizaron una reunión en la que se valoró muy positivamente la respuesta ciudadana del domingo a la reclamación del Ave.
Sin embargo, el día después a esa multitudinaria manifestación ha abierto muchas interrogantes. El portavoz de Orihuela Sin Murallas, Quintín Gómez, lamentó la total la ausencia de reacciones institucionales a la respuesta ciudadana desde el Gobierno Central y Autonómico. Este colectivo, con más de doscientos socios y que en 2006 logró aunar a miles de personas en la calle y recoger siete mil firmas contra el modelo de Fomento, tiene previsto reunirse con el concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá y la oposición para resolver si el tono reivindicativo que van a sostener lo ejercerán en solitario o con el apoyo de los grupos políticos. Gómez indicó que ha causado un gran malestar la retirada de los más de 200 carteles que reivindicativos del soterramiento de la Glorieta Gabriel Miró tras la protesta. "No lo entendemos. Queremos que la gente que venga sepa que la reivindicación sigue en pie".
* Información - D.P. - 26.12.2008
Foto: Orihuela (Alicante) - comunitatvalenciana.com
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26.12.08
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El TSJ de Castilla y León vuelve a rechazar el Plan de Saneamiento de Campo Azálvaro
ÁVILADIGITAL* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha vuelto a rechazar el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales de las urbanizaciones proyectadas en la zona de Campo Azálvaro. El primer plan fue aprobado por el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo en 1989 y posteriormente fue rechazado por el TSJ.
Tras esto, según afirma Carlos Bravo, presidente de la asociación ecologista Centáurea, la Consejería de Fomento dio orden a la Comisión Territorial de Urbanismo, en junio de 2005, de aprobar dicho trámite como una modificación no sustancial.
Según la nueva normativa, los vertidos ya no irían a parar al embalse de Voltoya o Serones -principal fuente de abastecimiento de agua de Ávila capital-, sino que se canalizaban hasta superar el pantano. Sin embargo, asegura Bravo, esa zona es un área crítica de la cigüeña negra.
Recurso
Por estos motivos, Comisiones Obreras (CC OO) y Centáurea –junto con otros organismos, como el Ayuntamiento de Ávila- recurrieron en febrero de 2007 dicho plan, y ahora el TSJ de Castilla y León les da la razón, al entender que debe tramitarse como un nuevo proceso y no como una modificación -lo que evita que pueda salir a información pública-. La sentencia, contra la que sí cabe recurso en el plazo de diez días, retrotrae el proceso al año 1989, ya que “todo lo que ha pasado desde entonces ha sido anulado”, afirma el representante de Centáurea.
En su opinión, es algo “disparatado intentar urbanizar en esta zona de Campo Azálvaro”, ya que las construcciones previstas -que suponen tres planes parciales y 2.370 viviendas- se encuentran a 16 kilómetros del casco urbano de Santa María del Cubillo, se sitúan en un área con “malas” condiciones meteorológicas, e incumplen las normativas medioambientales. Todo esto se une a que “el trámite seguido está totalmente viciado”.
Bravo también señala que la sentencia vuelve a rechazar el argumento esgrimido por el Ayuntamiento y la promotora de que el proyecto no está sujeto a las leyes sobre Medio Ambiente actuales porque se inició en los años 80.
Protección especial
Por otra parte, CC OO y Centáurea han denunciado que, un año después de realizar la petición, no han recibido respuesta sobre su solicitud de declarar a la zona de Campo Azálvaro como Paisaje Protegido.
“No sabemos nada por parte de la Junta de Castilla y León”, lamenta Carlos Tomás, responsable de Medio Ambiente de CC OO Ávila, quien asegura que ya se han recogido más de 2.000 firmas de apoyo a una propuesta respaldada por distintos organismo, desde el Ayuntamiento de Ávila –que aprobó una moción en este sentido- a GreenPeace o WWF / Adena.
* Ávila Digital - Pablo Garcinuño - 26.12.2008
Foto: Santa María del Cubillo (Ávila), urbanización Campo Azálvaro - aviladigital.com
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26.12.08
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El Puerto de Vigo tala y asfalta 40.000 metros junto al mar para contenedores
ELPAÍS* : El espacio se agota y el Puerto de Vigo tira de lo que tiene para almacenar contenedores. Aunque esté junto al mar y forme parte de la Red Natura. Es el caso de Rande, en el antiguo muelle de Duchess, donde la entidad que preside Jesús Paz ha talado y asfaltado 40.000 metros cuadrados para aliviar la falta de espacio que asfixia a la plataforma de Guixar, donde se concentra el tráfico de portacontenedores. La obra cuenta con una firme oposición vecinal.
Los detractores denuncian además defectos de forma. De un lado, que no ha sido sometido a información pública ni a declaración de impacto ambiental. De otro, que carece de permiso del Ayuntamiento de Redondela, en cuyo término municipal se ejecutan casi la mitad de las obras.
La Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón ha trasladado la denuncia a la nueva Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, que depende de la Consellería de Política Territorial. Los trabajos de acondicionamiento comenzaron en septiembre. Los afectados se dirigieron entonces al Ayuntamiento de Redondela, para saber si tenía conocimiento del proyecto. Las autoridades municipales confirmaron la inexistencia de expediente alguno relacionado con las obras.
También quisieron consultar el proyecto en la Autoridad Portuaria de Vigo, donde les comunicaron que la naturaleza de las obras no hacen necesario un procedimiento de información pública. "No son trámites necesarios, porque se trata de obras del puerto en terrenos que le son propios a la Autoridad Portuaria. Para limpiar y asfaltar no es necesario ese trámite", afirma un portavoz de Jesús Paz. "El presidente del Puerto quiso exponer en persona el proyecto a los afectados", aseguran las mismas fuentes.
Según la plataforma de defensa de San Simón, lo que Jesús Paz hizo fue "enseñar un par de planos", sin posibilidad de formular alegaciones. Los vecinos sostienen que afecta en parte a una zona de servidumbre de protección y, de otra, a zona de servicio del Puerto de Vigo, donde la ejecución de proyectos está pendiente de la aprobación de un Plan Especial, según recordó en una reciente resolución el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.
El puerto alega en su defensa que, antes del comienzo de las obras, la zona estaba "impracticable" de maleza. "No se va a depositar en la superficie afectada más que contenedores vacíos, con el objetivo de aliviar la zona de Guixar", añade.
La Autoridad Portuaria está gestionando la consecución de parcelas en parques industriales de nueva construcción, con el objetivo de trasladar actividades del puerto que no están relacionadas con su presencia en primera línea marítima. Pero como todavía no dispone del espacio necesario, la entidad ha optado por hacer uso de terrenos portuarios pegados al mar para aliviar la terminal de contenedores de Guixar. "En realidad, no linda exactamente con el mar", argumenta el mismo portavoz de la Autoridad Portuaria, en referencia a un estrecho sendero que separa la superficie asfaltada de la escollera marítima.
Las obras de tala y asfaltado no son la única irregularidad que denuncian los vecinos. El pasado 15 de diciembre, la concesionaria del servicio de abastecimiento en Redondela, Aqualia, comenzó a instalar una tubería de canalización de agua sin expediente administrativo tramitado en el Ayuntamiento de Redondela. Se trata de una "obra mayor", con tuberías soterradas que ocupan un camino público y parte de un monte vecinal. También incluyen la ejecución de un depósito de 1.000 metros cúbicos y otro de 300. Los hechos también han sido trasladados a la Agencia de la Legalidad Urbanística de la Xunta.
La amenaza constante
Una vieja estructura metálica recuerda todavía el uso que se le dio al embarcadero durante la Segunda Guerra Mundial. Desde esa zona de Rande (Redondela) embarcaban los cargueros el wolframio gallego destinado a la industria militar de la Alemania nazi. Después se reconvirtió en embarcadero de minerales varios, para recobrar relevancia después con otro controvertido proyecto, el de una planta de cemento que provocó una gran oposición vecinal. Los promotores tuvieron que renunciar a la cementera. La Autoridad Portuaria rescató la concesión a cambio de tres millones de euros, según datos de la plataforma de afectados.
Las constantes amenazas que acechan al muelle, conocido como de Duchess, se extienden al proyecto de reordenación y ampliación de la Autoridad Portuaria, ya durante el actual mandato de Jesús Paz, que prevé un total de 270.000 metros cuadrados de rellenos. En la zona, la ampliación hacia el mar sería de 30.000 metros cuadrados, hasta embeber el embarcadero exterior. La oposición vecinal hizo de nuevo rectificar al Puerto, aunque la Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón recela de sus auténticas intenciones: "Dicen que no lo van a hacer, pero no hay constancia de que hayan retirado oficialmente la propuesta".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - 26.12.2008
Foto: Vigo, muelle puerto - galiciadigital.com
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Las viviendas ilegales se mudan de la costa andaluza a la sierra
ELCORREO* : La sierra y el interior de Andalucía han desplazado a la costa como zonas más problemáticas de la ilegalidad urbanística. Los inspectores de la Junta se afanan en luchar contra la ocupación irregular del territorio en colaboración con los alcaldes. Unos 40 ayuntamientos hacen ya recuento del número de casas levantadas en suelo no urbanizable.
Los 25 inspectores de ordenación del territorio y urbanismo de la Junta –cuerpo que tiene dos años de vida creado para perseguir los delitos urbanísticos– centran su labor en ámbitos estratégicos donde la ocupación del suelo no urbanizable pone en peligro a territorios vírgenes o se lleva a cabo sin los equipamientos necesarios. Los equipos de inspectores –que tienen consideración de agentes de la autoridad– trabajan in situ en las zonas calientes de la ilegalidad, que han salido de un estudio previo exhaustivo. Se trata, sobre todo, de municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, que cuentan con muy pocos medios para luchar contra las irregularidades.
Aunque la costa sigue siendo un foco importante –en Marbella hay una actuación excepcional y el litoral de Cádiz también es problemático–, a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio le preocupa el hábito que está tomando la sierra. Ejemplos como el de Aracena (Huelva), que acaba de emerger, Castilblanco (Sevilla), la Sierra de Cazorla, Segura, Las Viñas (Jaén) y Freila y el entorno del Negratín (Granada) son algunas de las prioridades en el control urbanístico, según explicó a este periódico el director general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, José Ortiz. La lista se completa con áreas del prelitoral que estallaron hace tiempo, como La Axarquía (en Málaga) y un poco más hacia el interior, Almanzora (en Almería). En La Axarquía –comarca formada por 31 municipios– se calcula que hay unas 10.000 casas ilegales y ya se ha derribado la primera.
Las construcciones irregulares suelen escapar de las capitales porque ahí no abunda el suelo no urbanizable. El ejemplo más acuciante son las viviendas de Medina Azahara en Córdoba, levantadas en el entorno arqueológico. Saber la cifra de las casas ilegales en Andalucía es “imposible”, según Ortiz, pero es un objetivo de la Junta. Para ello han trasladado a los ayuntamientos un inventario para que hagan recuento de las construcciones fuera de la legalidad. Unos 40 consistorios están ya elaborándolo, al igual que los respectivos planes de inspección municipales, para cumplir con sus competencias.
Y es que el Gobierno andaluz tiene que jugar un papel subsidiario, es decir, de apoyo, al ayuntamiento. “Nosotros podemos, de forma elegante pero no ofensiva porque somos los recién llegados, proponerle al consistorio medidas para que cumpla con su labor de control urbanístico. La gran mayoría se muestra dispuesto a colaborar”, asegura el director general de Inspección. Pero, ¿qué ocurre cuando un municipio se niega, por ejemplo, a ejecutar una demolición? “Entonces interponemos un contencioso, pero no es lo habitual”, añade.
La Junta gana el 85% de las demandas urbanísticas que interpone, pero José Ortiz argumenta que al Gobierno lo que le interesa es actuar antes para evitar llegar a juicio. “Los recursos tardan cuatro o cinco años y luego hay que esperar a que se tramite la ejecución de la sentencia. Preferimos que la labor de la inspección se mida en cuántos contenciosos se han eludido”, dice.
Apoyo al alcalde. El trabajo del inspector debe realizarse siempre mano a mano con el alcalde. Cuando se detecta una licencia ilegal –puede ser a raíz de la denuncia de un particular–, el técnico tiene que conseguir que el ayuntamiento paralice la obra. Si el propietario no hace caso de la orden del regidor, la Junta instará al fiscal a que actúe contra él. Si las casas ilegales están ya construidas e incluso habitadas, se abren dos posibilidades: con el planeamiento, el ayuntamiento podrá legalizar algunas y el resto tendrá que demolerse. Esta debe ser la última opción porque, como señala Ortiz, “la sociedad no entiende que nuestra función sea tirar casas donde viven familias sin que hayamos sido capaces de parar esa construcción antes”.
Buena parte de la tarea de los inspectores es concienciar a la sociedad de que es importante que se acate la ley urbanística. “Hace 20 años, esto no le importaba a nadie”, recuerda el director general de la Junta. Cree que en Andalucía existe la tendencia desde hace décadas “de ocupar los suelos bonitos”, pero advierte de que esta práctica le sale muy caro a los vecinos que sí cumplen las normas. “Son ellos los que terminan pagando los equipamientos de las casas ilegales”, afirma.
En definitiva, el cometido de estos trabajadores públicos es vigilar que los PGOU se llevan a buen puerto y verificar que los suelos destinados a VPO en el plan general se dedican a ese fin. En 2009 se incorporan 11 plazas y antes de que acabe este año saldrá la nueva orden de inspección 2008-2012, que fijará los criterios preferentes en las demoliciones y ampliará la colaboración con las diputaciones.
* El Correo de Andalucía - Mónica Ureta - 26.12.2008
Foto: elcorreodeandalucia.es
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26.12.08
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El PGOU de Fontanars prevé un plan privado de urbanización con golf
ELPAÍS/Valencia* : La pequeña localidad valenciana de Fontanars dels Alforins ubicada en una planicie de La Vall d'Albaida conocida como La Toscana valenciana, vuelve a estar en el punto de mira de los especuladores. Allí, promotores privados quieren construir una urbanización de lujo con más de un centenar de chalés y campo de golf.
Una iniciativa privada que el gobierno municipal, del PP, ha hecho suya hasta el punto de incluirla en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya sometido a exposición pública y cuyo periodo de alegaciones concluye el sábado 27 de diciembre. El nuevo planeamiento urbanístico incluye al efecto la clasificación de algo más de 100.000 metros cuadrados de suelo rústico alejados del núcleo principal para convertirlos en un área residencial de baja intensidad con campo de golf.
Ante este proyecto, las alarmas se han disparado de nuevo en Fontanars. Como hace ahora casi cuatro años, cuando, también por iniciativa de un fuerte empresario de la zona, se proyectó una gran urbanización de 800 viviendas con campo de golf. La diferencia, ahora, es precisamente la inclusión del proyecto en el documento del nuevo Plan General, un instrumento de planificación en el que, en teoría -según la ley-, sólo se deben contemplar los intereses generales y que debe dictar las líneas generales del desarrollo urbanístico, pero no que no puede incluir proyectos puntuales y menos a instancia de un interés privado.
Al margen de este detalle -que ya sería suficiente, según técnicos urbanistas, para rechazar la iniciativa- este nuevo proyecto urbanístico en Fontanars dels Alforins adolece de los mismos problemas que el que se intentó en 2005. Porque Fontanars continúa en el mismo sitio -una zona de alto interés ecológico y paisajístico, con áreas de especial protección incluidas en el lugar de interés comunitario (LIC) 62 de la Red Natura 2000-; sigue teniendo los mismos problemas de abastecimiento de agua que hace ahora casi cuatro años y sus habitantes ven con recelo este nuevo intento de colonización de una parte de su territorio. Lo único que ha cambiado desde entonces es que en esta privilegiada zona, desde hace mucho tiempo dedicada al cultivo de la vid, se han creado nuevas explotaciones para la producción de unos vinos que, desde hace unos años, han acrecentado la fama de los caldos de Fontanars.
El nuevo proyecto urbanístico se sitúa a Levante del pueblo de Fontanars -que apenas llega al millar de habitantes-, muy cerca de las conocidas como les casetes de Vidal, un caserío típico de jornaleros del siglo XIX, cuyos moradores han dado la voz de alarma. Temen perder no solo sus viviendas, sino, sobre todo, su forma de vida y su paisaje. Algunos propietarios de la zona han recibido ya ofertas de compra de sus propiedades. La mayoría se ha negado a vender.
También el lobby enológico de la zona -del que forman parte afamados productores de vinos- se muestra en desacuerdo con el proyecto.
Pero, como ya sucediera en 2005, el alcalde, Vicent Ribera, del PP, ha apelado al "progreso". Palabra mágica en la que se apoya para justificar el proyecto, que, según ha defendido ante el foro de participación ciudadana del pueblo, es "una apuesta para desarrollar la economía" de la localidad. Mientras, la oposición socialista rechaza el proyecto, critica que el PP quiera llevarlo adelante sin consenso y ha invitado a los ciudadanos a presentar alegaciones. Los socialistas no se oponen a una nueva urbanización, pero proponen que se haga a continuación del pueblo actual, como una extensión del mismo y no mediante la creación de un núcleo aislado. Donde le convenga al pueblo, no donde quieran, con el apoyo del PP, los promotores privados.
* ELPAIS.com - JUANJO GARCÍA DEL MORAL - Valencia - 26/12/2008
Foto: Fontanars (Valencia) - valenciaterraimar.org
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26.12.08
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La crispación de un pueblo enfrentado por el urbanismo
LAVOZ/Pontevedra* : El día en el que el pueblo de Chandebrito se amotinó junto a la casa de Josefa Gallego escribió una de las páginas de la historia para olvidar en esta parroquia del municipio de Nigrán. Una empleada del Ayuntamiento denunció a esta mujer por una supuesta irregularidad y la afectada respondió mostrando en el Concello una gran cantidad de fotografías conforme la mayor parte de las viviendas de Chandebrito son ilegales.
Eso le costó una rebelión de muchos de los vecinos que se dieron por aludidos, que apedrearon su casa, la amenazaron de muerte, la secuestraron durante horas en el interior de la vivienda y la amedrentaron colocando una tumba en la puerta de su domicilio.
Han pasado ya siete años desde entonces, pero aquella brecha aún no se ha cerrado, puesto que el caso sigue todavía pendiente de un juicio para el que aún no existe fecha por las trabas que ponen las decenas de vecinos que fueron denunciados.
La mujer no se amedrentó por las amenazas recibidas y continuó señalando otras irregularidades urbanísticas en todo el término municipal.
El matrimonio cuyo coche apareció en llamas la pasada madrugada prefirió mantenerse al margen de la conducta poco civilizada de sus convecinos, lo que les valió para que también fueran objeto de insultos, amenazas, pintadas y pancartas colocadas frente a su vivienda. Cuando estalló el conflicto tuvieron que abandonar su casa durante meses al no poder soportar la presión vecinal.
* La Voz de Galicia - 24.12.2008
Foto: Nigrán (Pontevedra) - mma.es
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25.12.08
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La federación de vecinos pide que la mitad de las viviendas de la "operación chamartín" sean protegidas
ECODIARIO/Madrid* : La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha recibido "con reservas" la "Operación Chamartín" presentada ayer por el alcalde de la capital y la ministra de Fomento, y pidió que la mitad de las viviendas promovidas por esta iniciativa sean protegidas.
Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la FRAVM, dijo a Servimedia que "no nos parece que hoy esta sea la operación más importante y urgente que tiene que abordar la ciudad" y consideró que al menos el 50% de las 16.000 viviendas que promueve esta iniciativa deben ser protegidas.
"No se puede preparar una operación para que les salgan los números a las empresas privadas", precisó el portavoz de la FRAVM, quien subrayó que la iniciativa debería aprovechar para cubrir los déficits dotacionales, de zonas verdes, etc., de los distritos y barrios de alrededor de Chamartín.
Explicó que el proyecto lleva aparejadas unas infraestructuras, por lo que habrá que hacer viarios de conexión con el resto de la ciudad o ampliar las líneas de Metro, unas actuaciones que deberán pagar los promotores, no la Comunidad o el Ayuntamiento de Madrid.
"No estamos de acuerdo con que el erario público, con dinero del contribuyente, asuma los gastos enormes que va a tener esta operación", insistió Pérez, quien concluyó que lo que se está haciendo es reforzr el centro de negocio de Madrid, como ya se ha hecho con el proyecto de Las Cuatro Torres.
* Ecodiario.es - Servimedia - 24.12.2008
Foto: Madrid, imagen Operación Chamartin - abc.es
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24.12.08
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La plataforma vecinal de Arzúa lleva el Plan Xeral a los juzgados
ELCORREO/A Coruña* : La Plataforma Vecinal de Arzúa, creada a raíz de la actuación municipal con respecto al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la aprobación definitiva del documento urbanístico.
Los vecinos protagonizaron incluso alguna manifestación en la localidad al considerar que la forma de actuar de los munícipes no había sido la correcta.
Desde la Plataforma Vecinal consideran que la aprobación del PXOM no se ajusta a la legalidad por lo que interponen el recurso por responsabilidad y en legítima defensa de los vecinos afectados. En un comunicado remitido ayer mismo confiesan que se decidieron a recurrir a la vía judicial "coa esperanza e o desexo de que se resolva en conformidade coa lexislación e se respecten os dereitos dos veciños".
Los miembros de la Plataforma Vecinal entienden que el gobierno del BNG debería haber recapacitado en su momento y atender las demandas que se le hicieron llegar "e así evitar chegar a este punto, pero dado que non accederon a tales peticións non nos queda outro remedio que presentar este recurso".
Los vecinos basarán el recurso que presentan en las modificaciones después de la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal sin exposición pública y otras actuaciones sectoriales al margen de la legalidad.
Estas variaciones, según indica la Plataforma Vecinal, "afectan a maioría das parroquias, tramos do Camiño de Santiago, variacións do catálogo arquitectónico civil, as variacións do solo urbanizable, recortes na edificabilidade ou a redución dos núcleos rurais, e a súa expansión sen base legal ou criterios urbanísticos son suficientes para pensar que o PXOM ven a ser un documento con tintes políticos que foron asumidos desde a Dirección Xeral de Urbanismo por resolución de aprobación definitiva".
La Plataforma Vecinal cree que "esta resolución responde máis a un pacto político que a os intereses urbanísticos consensuados".
* El Correo Gallego - C.G./S.S - 24.12.2008
Foto: Arzúa (A Coruña), concello - concellodearzua.org
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Fiscalía investiga irregularidades en la permuta de terrenos de Mestalla
ELPAÍS* : La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal por la permuta de los terrenos del estadio de Mestalla. El ministerio público persigue averiguar si se produjeron irregularidades administrativas en el proceso de permuta de los terrenos que hoy ocupa el nuevo estadio del Valencia en el barrio de Benicalap. La investigación se ha abierto tras la denuncia presentada por la asociación de vecinos afectados por la nueva construcción.
Según los datos de que dispone la Fiscalía, que en breve reclamará información al Ayuntamiento sobre el proceso que se ha seguido, podrían existir irregularidades administrativas respecto a la volumetría aprobada en la permuta. Los vecinos denunciaron a la sección de urbanismo de la Fiscalía de Valencia que el Ayuntamiento vulneró la Ley Urbanística Valenciana y el reglamento de bienes de las entidades locales. Según la denuncia, la propia documentación que describe el proceso de permuta en el que han participado Generalitat, Ayuntamiento y Valencia CF recoge las diferentes justificaciones que se han dado a las recalificaciones en función de las exigencias impuestas por el club deportivo. Los vecinos ponen en duda, esencialmente, que el Ayuntamiento haya usado el argumento del interés general para hacer, por ejemplo, modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana. El gabinete jurídico de la asociación considera que el Ayuntamiento aplicó una normativa de forma incorrecta y que favoreció los intereses del club deportivo contra los de los vecinos.
La Fiscalía revisará toda la documentación y requerirá al Ayuntamiento explicaciones sobre algunos extremos. La Asociación de Vecinos ya denunció ante un juzgado contencioso estos mismos hechos y perdió.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 24/12/2008
Foto: Una vista de las obras del nuevo estadio del Valencia- TANIA CASTRO, elpais.com
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Un año y medio de prisión para el ex alcalde de Gondomar
FARODEVIGO* : El magistrado del Juzgado de lo Penal nº2 de Vigo ha condenado hoy al ex alcalde de Gondomar, José Carlos Silva (del PP), y a los cinco concejales que formaban su comisión de gobierno a una pena de año y medio de prisión por un delito de prevaricación urbanística, cometido de forma continuada.
Según la sentencia comunicada hoy, José Carlos Silva Mariño, José Luis Mosquera Veleiro, Angel Gregores Méndez, Jaime Rial González, Abelardo Meneses González e a José Misa Salgueiro, han sido condenados a pena de cárcel y a una inhabilitación para el ejercicio de cargo municipal durante 8 años.
La vista oral se desarrolló en tres jornadas, dos de ellas celebradas el pasado noviembre y una en diciembre, y en las que el Ministerio Fiscal acusaba a los seis de haber otorgado licencias entre el 7 de diciembre de 2005 y 17 de enero de 2006 a pesar de que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) había sido anulado por los tribunales, lo que consideraba un delito continuado contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 320.2 del Código Penal.
La Fiscalía había pedido año y medio de prisión para cada uno de los acusados (pena que coincide con la reflejada en la sentencia), mientras que la solicitud de inhabilitación ascendía a los 10 años, dos más que los finalmente impuestos. Por su parte, la defensa planteó la libre absolución, puesto que el ex alcalde y sus entonces concejales aseguraron haber dado los permisos con informes favorables de los técnicos.
En la sentencia, que podrá ser recurrida en un plazo de 10 días desde su notificación, el juez considera que, una vez conocido el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que suspendía de forma cautelar el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Gondomar con el que se pretendía adaptar el PGOM a la legalidad y "sin que dicho acuerdo fuese conocido por la señora secretaria del Ayuntamiento" ni por la técnica de la Administración que llevaba los asuntos urbanísticos, las juntas de gobierno local decidieron otorgar cerca de 40 licencias a pesar de que "sabían que las normas no eran aplicables".
OCULTACION
De esta forma, se considera constatada la "ocultación" de la resolución que advertía de la paralización, así como el hecho de que las personas responsables de aprobarlas, los componentes de la junta de gobierno, tenían conocimiento de la irregularidad.
En este sentido, la resolución judicial advierte de que, a pesar de que Silva aseguró no haber tenido conocimiento del contenido del auto de 21 de noviembre hasta el 16 de enero, cuando se lo entregó a la secretaria, el documento había sido remitido vía fax al Ayuntamiento el 30 de noviembre.
"No es de recibo pretender que desde esa fecha hasta el día 16 de enero no se tuvo conocimiento de la resolución", asegura, para añadir que esta falta de información es contradictoria con el hecho de que se recurriese la resolución el mismo día 21 de noviembre (el recurso fue desestimado el 22 de diciembre). Asimismo, también se alude a la "falta de explicaciones" de los acusados, especialmente del ex regidor, y la valora como un "contraindicio" fuerte de que tenían conocimiento de la resolución".
El magistrado afirma en su escrito que, "no se sostiene" la pretensión de la defensa de "amparar" la actuación de los acusados en el hecho de que las licencias las otorgaron en base a los informes técnicos de los funcionarios, dado que los técnicos desconocían el auto de suspensión. "La ocultación de información fue consciente con la clara finalidad de seguir otorgando licencias al amparo de la normativa ilegal".
Además, debido a que las irregularidades se sucedieron en varias juntas de gobierno, durante más de un mes, se ha tenido en cuenta la "continuidad delictiva" en los hechos.
* Faro de Vigo - EFE - 23.12.2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
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Piden una moratoria del Plan de Protección de la Huerta que suspenda licencias y PAI
LEVANTE/Valencia* : Per L'Horta (PLH), Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Xúquer Viu i CCOO-PV pedirán una moratoria del Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta Valenciana (PATPHV) que incluya la suspensión de licencias y de acuerdos de aprobación de Programas de Actuación Integrada (PAI), así como un estricto control de sobre todas las actuaciones que directa o indirectamente puedan suponer una disminución del suelo no urbanizable catalogado como de valor agrícola.
Así lo anunciaron hoy representantes de estos colectivos en rueda de prensa, después de que ayer concluyera el período de participación pública del Plan, al que han presentado 11 alegaciones, por considerarlo "insuficiente, limitado, sin ambición y carente de compromisos económicos concretos", que se conforma con una "visión paisajística".
De seguir así, "a la huerta le quedan entre 15 y 20 para desaparecer tal y como la conocemos ahora", advirtieron, ya que, según un estudio que están realizando, "se han perdido 12,5 millones de metros cuadrados de huerta desde el año 2000". Ante esta situación, consideraron que debe ampliarse el período de alegaciones, puesto que, según dijeron, el proceso de participación pública ya cerrado, ha resultado "corto", además de estar "manipulado y teledirigido".
Para Per L'Horta (PLH), Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Xúquer Viu i CCOO-PV es necesario que el Plan incorpore un completo estudio sobre la movilidad e infraestructuras de transporte metropolitano de ciudadanos y mercancías, además de la creación de un ente supranacional con competencias efectivas de dirección y coordinación en materia territorial.
Asimismo, reclamaron un plan de viabilidad económico financiera para que el PATPHV incluya compromisos efectivos que sirva para asegurar e impulsar la agricultura, y para crear un Fondo Autonómico de Compensación Interterritorial que corrija los desequilibrios territoriales y socioeconómicos.
Solicitaron también que se hagan desaparecer las llamadas "reservas de estudio" para zonas en las que algunos ayuntamientos están haciendo o piensan hacer "actuaciones claramente contradictorias con el PATPHV". En este sentido, el presidente de Per L'Horta, Antonio Montiel, consideró con este Plan, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "reconoce su debilidad al dejar cosas para un futuro estudio".
"PRISIONERO DE INTERESES INMOBILIDARIOS Y ALCALDES"
En su opinión, el jefe del Consell "es prisionero de un puñado de intereses inmobiliarios y de un puñado de alcaldes de su propio partido que condicionan su política territorial". "Le falta voluntad", lamentó.
En este línea, Montiel apuntó que "más allá de la selección natural del mercado", propiciada por la recesión económica, "ahora es el momento en que el gobierno de la Generalitat podría hacer un acto real y ambicioso" y aplicar una moratoria al PATPHV. Además, "ahora encontrará menos resistencia por parte de la gente que lo condicionó en su momento", indicó.
"Creo que llevamos mucho tiempo conformándonos con aquello que es mejor que nada, y creo que ahora es un momento histórico, una oportunidad que no debemos perder porque estaríamos perdiendo algo más, la huerta", sentenció.
Por su parte, Joan Martínez de CCOO-PV puso de manifiesto las posibilidades que podría ofrecer un Plan mejorado "dinamizando aspectos que generen empleo, con una mejora de los usos del suelo, que genere actividades para la agricultura, por ejemplo agricultura especializada.
Martínez puso de manifiesto la "falta de coherencia de un Plan que no recoge aspectos como son el reto del desarrollo portuario y de infraestructuras, eludiendo así la oportunidad de mejorar la movilidad de los ciudadanos y las mercancías", lamentó.
Por su parte, el presidente de ACPV, Eliseu Climent, hizo hincapié en la "indefensión" en la que deja el texto actual a la huerta, donde "cada ayuntamiento hará lo que quiera" a través de los planes locales.
Ante esta situación, consideraron que "paralelamente" a la solicitud de la moratoria, la ciudadanía habría de movilizarse porque "además de pedir aspectos jurídicos, los ciudadanos también tenemos que demostrar que estamos en contra".
* Levante-EMV - EUROPA PRESS - 23.12.2008
Foto: Valencia, huerta - cma.gva.es
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23.12.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana