+-+alcarras.ddl.net.jpg)
EUROPAPRESS/Lleida* : El alcalde de Alcarràs (Lleida), Gerard Serra (CiU), es uno de los 20 imputados por construir en suelo no urbanizable en el municipio, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, que también informaron de que otro de los imputados es un secretario municipal.
La Guardia Civil detuvo a una persona e imputó a otras 20 por la construcción no autorizada de 15 edificaciones en suelo no urbanizable en la localidad. El detenido por un delito contra la ordenación del territorio es un promotor y constructor, G.T.S. Entre los imputados hay también promotores, constructores y propietarios de los inmuebles.
Según informó hoy la Guardia Civil, la investigación conjunta con la Fiscalía se inició en diciembre del año pasado tras la denuncia de un ciudadano. Los investigadores hallaron tres viviendas adosadas edificadas en un vial sin licencia, nueve chalés edificados con licencia de almacén agrícola, dos naves comerciales edificadas sin licencia ni proyecto de reparcelación y una empresa comercial construida con licencia de almacén agrícola.
El Ayuntamiento de Alcarràs emitió un comunicado dejando claro que el Consistorio ha colaborado en todo momento desde la denuncia y que lo continuará haciendo hasta que se aclaren los hechos.
Sin hacer referencia al alcalde, subrayan que, por lo que respecta a la lista de imputados, "no se conoce la tarea de promotores ni de constructores en las personas implicadas".
Respecto a los edificios en cuestión, el Ayuntamiento aclara que los casos de las viviendas adosadas y las dos naves quedan solventados con el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal, pendiente de publicación una vez acabados todos los trámites desde la aprobación provisional entregada a Urbanismo en 2007.
En cuanto a los nueve chalés, un caso ha sido archivado por Fiscalía y otro provisionalmente por el juzgado.
* Europa Press - 25.11.2008
Foto: Alcarràs (Lleida) - alcarras.ddl.net
El alcalde de Alcarràs es uno de los 20 imputados por construir en suelo no urbanizable
La Fiscalía pide a los alcaldes un listado de casas ilegales en suelo no urbanizable
,+casas+ilegales+-+C.Lucas+(El+Mundo).jpg)
ELMUNDO/Valencia* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia va a protagonizar una actuación sin precedentes que pasa por localizar las viviendas ilegales de la provincia de Valencia y acabar con la inmunidad de la que han disfrutado hasta ahora.
El Ministerio Público no va a dar tregua y ya ha puesto a funcionar una maquinaria creada para barrer los 265 municipios en busca de casas levantadas al margen de la ley. Por eso ha pedido a todos los ayuntamientos un informe sobre construcciones ubicadas en suelo no urbanizable o protegido.
Medio Ambiente cifra en 4.000 el número de viviendas edificadas en terreno rústico aunque la iniciativa que acaba de echar a andar puede destapar más casos.
Las pesquisas serán largas y complejas y se producen después de localizar 73 chalés edificados sobre suelo rústico en Zarra y 61 casas al margen de ordenación en Ontinyent cuya sanción, supuestamente, el consistorio dejó caducar para integrarlas en el marco legal.
El primer edil de Zarra, Juan José Rubio, está imputado por varios delitos, entre ellos, contra la ordenación del territorio mientras que la alcaldesa de Ontinyent, Lina Insa, (PP), está acusada de corrupción urbanística. Ambos procesos corresponden a la Fiscalía Anticorrupción.
Los estudios más recientes, incluyendo informes catastrales e informes cartográficos, revelan una profusión de viviendas ilegales, sobre todo, en la zona litoral de la Comunidad Valenciana. En total, se han contabilizado un mínimo de 40.000 viviendas en situación irregular en municipios como Orihuela, Sueca, Catral, Castellón de la Plana o La Vila Joiosa.
* El Mundo - GEMA PEÑALOSA - 26.11.2008
Foto: Catral (Alicante), zona casas ilegales - C.Lucas (El Mundo)
Fraude legal y medioambiental
JUAN CLAVERO* : Se ha consumado un fraude legal y medioambiental de consecuencias impredecibles. El Parlamento de Andalucía, a propuesta y con los votos del grupo socialista, ha aprobado la modificación de siete leyes medioambientales y de ordenación del territorio, encubriéndola en una Ley de Medidas Tributarias y Financieras y de Impulso de la Actividad Económica en Andalucía.
Cuando creíamos ya superada la controversia entre conservación del medio ambiente y desarrollo, cuando había pasado la época en la que se planteaba el desmontaje de la protección medioambiental para favorecer el desarrollo económico, llega el PSOE y decide que para "impulsar la actividad económica en Andalucía" hay que desproteger incluso nuestros más emblemáticos espacios naturales. ¡Increíble, pero cierto! Ni la derecha más recalcitrante habría osado semejante maniobra.
Estas modificaciones pretenden agilizar la recalificación y urbanización de suelos. Parece que no hemos aprendido nada. Andalucía ha apostado estas últimas décadas por el sector de la construcción como motor de su desarrollo, y así nos va. Se han construido cientos de miles de viviendas, no para satisfacer el derecho constitucional de una vivienda digna para todos, sino para invertir y especular. Dinero fácil que ha condicionado y modificado muchas normas legales y muchas voluntades. Se ha modificado la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía para permitir grandes actuaciones urbanísticas e infraestructuras que sean declaradas por el Consejo de Gobierno "de interés autonómico", saltándose incluso los Planes Generales de Ordenación Urbana.
Es el urbanismo a golpe de decreto. Se puede adivinar en qué dirección irá, y a quién beneficiará este "interés autonómico". También se ha modificado el reciente decreto del golf, cediendo a todas las demandas de los promotores urbanísticos. La Junta ha pasado de asegurar que los campos de golf serían instalaciones turísticas sin desarrollos urbanísticos -y así los contempla el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)- a permitir urbanizaciones en los campos declarados de "interés turístico" (por la Junta, claro), y que estuvieran contemplados en los correspondientes planes subregionales. Ahora se elimina este último requisito. Queda así despejado el campo a los pelotazos urbanísticos y a la corrupción.
Con esta ley tributaria se han modificado de una tacada las principales leyes medioambientales: Ley Inventario de Espacios Naturales Protegidos, Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley Forestal, Ley de Fauna y Flora Silvestres, y las leyes de Doñana, del Paraje Natural de las Marismas del Odiel y del Paraje Natural de Alborán. El objetivo es eximir de la autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) a una serie de actuaciones "que no pongan en peligro los valores objeto de protección". Y, ¿quién decide que no ponen en peligro los valores de los espacios naturales? Pues la Junta, claro.
La discrecionalidad política, y el consiguiente clientelismo, se instaurarán en la gestión de los espacios naturales, vaciando de contenido y eficacia los respectivos Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Esta modificación abre las puertas a actuaciones de enorme impacto, como la autovía Huelva-Punta Umbría por las marismas el Odiel, el desdoble de la carretera El Rocío-Matalascañas, o la carretera norte de Doñana, que puede provocar la asfixia definitiva de nuestro más importante espacio protegido.
Tan grave como el fondo han sido las formas. No se ha tramitado una modificación de estas leyes medioambientales, sino que se han aprovechado las enmiendas a una ley tributaria para hurtar así el debate y la participación pública. Al tramitarse la ley en la Comisión de Economía y Hacienda, se ha eludido el debate en la de Medio Ambiente, y se ha impedido la participación -en contra de lo que estipula el Reglamento- de las entidades sociales interesadas, entre ellas los ecologistas. Tampoco se ha informado de estas modificaciones legales al Consejo Andaluz de Medio Ambiente, organismo asesor de la Junta de Andalucía en el que están representadas las administraciones, las Universidades y las entidades sociales, sindicales, empresariales…
Ha sido un golpe de Estado legal y medioambiental, con la total aquiescencia de la Consejería de Medio Ambiente, cuya titular ni ha rechistado ante esta reducción de protección de los espacios naturales y de competencias de su departamento. En definitiva, un filibusterismo parlamentario indigno de un Estado democrático avanzado. Andalucía está "al máximo", como pregona la Junta, pero de poca vergüenza política y de campo abierto a la especulación y a la corrupción urbanística.
* Europa Sur - Opinión - 26.11.2008
La Comisión Europea abre una investigación sobre el sector MR-10 de La Marina
,+nueva+urbanizaci%C3%B3n+-+diarioinformacion.com.jpg)
INFORMACIÓN/Elche* : La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el proyecto urbanístico del sector MR-10 en La Marina, ante la denuncia formulada por vecinos de esta pedanía del litoral ilicitano que están en contra de los planes de expansión diseñados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la zona, en donde está previsto construir 1.200 viviendas.
El presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki, ha comunicado a vecinos del sector objeto de urbanización que este organismo, tras analizar los argumentos vecinales, ha solicitado a la Comisión Europea que "inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema". Desde la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se indica asimismo que se está en fase de elaborar "un nuevo informe sobre problemas derivados de los proyectos de ordenación urbanística en España", entre los que entraría el MR-10 de La Marina.
Lejos de solucionarse el conficto abierto hace unos meses por los pequeños propietarios de terrenos y casas en el sector MR-10 de La Marina, que motivó la presentación de más de 10.000 firmas en contra del proyecto, el problema se ha demostrado que sigue latente con motivo de la presentación del programa de actuación urbanística, que ha estado en exposición pública en una notaría. Afectados por la urbanización han iniciado procesos contencioso administrativos al considerar que la actual legislación les deja en una absoluta indefensión y en un callejón sin salida, según han manifestado a este diario varios de los afectados, quienes han solicitado expresamente mantener el anonimato.
Entre las quejas que manifiestan está el haber tenido conocimiento del proyecto a través de la notaría en la que ha estado en exposición pública hasta el pasado 15 de noviembre, así como el ser socios forzosos en un proceso en el que estiman que las empresas promotoras se adueñan de las agrupaciones urbanísticas y los propietarios de pequeñas parcelas apenas tienen peso y simplemente se cuenta con ellos para pagar, según afirman.
En el caso del sector MR-10, el coste del proyecto asciende a 1,2 millones de euros y la urbanización de los 460.643 metros cuadrados está presupuestada en 26 millones de euros, lo que supone que cada metro cuadrado tenga un coste de urbanización de 56,44 euros. Un propietario con 2.000 metros cuadrados tendrá que abonar por la urbanización 112.800 euros (19 millones de las antiguas pesetas), para obtener, según aseguran, 594 metros cuadrados de techo edificable en un proindiviso con otros propietarios. En caso de carecer de dinero para edificar, lo normal es que se acuda al cambio por obra, "con lo que los 2.000 metros cuadrados acaban convirtiéndose en un apartamento o, con mucha suerte, dos; no se sabe dónde, donde diga la agrupación", indicaron algunos afectados, que critican el impacto paisajístico que los edificios tendrán en la zona.
* Información - M. SABUCO - 25.11.2008
Foto: La nueva urbanización se desarrollará hacia la pinada, en la zona sur de la carretera nacional 332 - diarioinformacion.com
Un tribunal popular juzgará al ex jefe de la 'patrulla verde' de Cártama
+++-+malagapueblos.com.jpg)
MÁLAGAHOY* : Miguel Ángel G.R., ex encargado del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales del Ayuntamiento de Cártama, se sentó ayer en el banquillo para ser juzgado por, supuestamente, intentar 11 sobornos con dueños de viviendas ilegales, pero el tribunal admitió la cuestión previa presentada por su defensa y el caso será enjuiciado por un tribunal popular.
La vista quedó suspendida y la nueva tramitación podría demorarla, según coincidieron las partes, un mínimo de un año.
El ex jefe de la conocida como patrulla verde de Cártama está acusado de cohecho y coacciones y se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de nueve años de prisión. El Ministerio Público también imputa al propietario de una vivienda porque, supuestamente, accedió al pago de 9.000 euros y a un ciudadano extranjero que actuó de intérprete en uno de los sobornos. El Ayuntamiento de Cártama, personada como acusación particular, imputa a una cuarta persona, otro propietario que habría abonado la cantidad requerida y que al final denunció los hechos.
La Fiscalía sostiene en su escrito de calificación provisional que Miguel Ángel G. R., "abusando de sus funciones", solicitó el pago de dinero para impedir la paralización de obras o de una sanción, e incluso esconder expedientes de disciplina urbanística. Alude a un mínimo de 11 intentos de soborno, uno de ellos consumado, en los que se habría exigido el pago de 111.000 euros. Los presuntos casos de cohecho se llevaron a cabo en apenas dos meses.
* Málaga Hoy - E.C. - 25.11.2008
Foto: Cártama (Málaga) - malagapueblos.com
La superficie construida en la costa sube un 22% en sólo seis años
,+costa+-+elpais.com.jpg)
ELPAÍS/Reportaje* : Para ver bien la huella del urbanismo salvaje en el litoral conviene tomar distancia. Lo mejor es elevarse miles de metros, donde los satélites miden con frialdad y precisión la superficie urbanizada. Así lo hace periódicamente el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, que está terminando de analizar el censo del suelo de 2005 y cuya comparación con el último dato, de 2000, es escalofriante.
Según un avance de las cifras, el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa ha aumentado un 21,85% en sólo seis años. El ritmo se ha duplicado respecto al anterior periodo estudiado (1987-2000).
Carolina de Carvalho, investigadora del Observatorio de la Sostenibilidad de España, un organismo del Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Alcalá (Madrid), anunció el lunes en unas jornadas sobre gestión del litoral en A Coruña que está ultimando un informe a partir de los datos de Fomento y que ya están los primeros datos. Aunque este estudio por satélite no es tan preciso como otros más recientes, tiene de bueno que ya se hizo un estudio similar en 1990 (con imágenes de 1987) y otro en 2000. El estudio, llamado Corine Land Cover, se hace en toda Europa y es la principal fuente para medir la tendencia y la evolución del urbanismo. Los datos, pendientes de las últimas revisiones, pueden variar en décimas, pero no en lo sustancial.
En sólo seis años, la superficie cementada aumentó un 23% en el Mediterráneo y un 19% en el Atlántico (incluye el Cantábrico y Huelva y Cádiz). Esto significa que en seis años se construyó la cuarta parte de lo edificado los 2.000 años anteriores. Los datos de Canarias no están disponibles.
El ritmo de destrucción del litoral se duplicó con respecto al periodo anterior (1987-2000). Entonces, el hormigón se comía al día 73.000 metros cuadrados, y entre 2000 y 2005, casi el doble: 140.044 metros cuadrados diarios (14 hectáreas). Aunque en el Atlántico se construye la mitad que en el Mediterráneo, también allí se ha duplicado la velocidad.
Los expertos destacan que en los años 90 la construcción estuvo parada entre 1992 y 1997 y que en el periodo ahora analizado el boom fue constante. Eso explica lo espectacular de los datos. Y es que la burbuja inmobiliaria no sólo ha dejado una generación de españoles hipotecados por pisos que no valen lo que pagan sino que se ha cebado con un recurso no renovable y uno de los principales activos de España: la costa.
Actualmente, el 27,5% del Mediterráneo está ya cementado, cuando cinco años antes sólo el 22% estaba construido y en 1987 sólo el 16%.
Al ritmo de los últimos años, en 2071 no quedaría un metro libre en los dos primeros kilómetros de la costa mediterránea. Además, hay que tener en cuenta que la ocupación sería aún mayor si el estudio tratase los primeros 500 metros de litoral. Las costas de Valencia y Huelva, con un aumento del suelo urbanizado de alrededor del 50%, son las que más han visto crecer el ladrillo, según el avance de los datos.
Aunque el Observatorio de la Sostenibilidad no hace públicos los datos, ya ha circulado entre investigadores. En toda la provincia de Murcia, la superficie urbanizada aumentó un 58%; en Alicante, un 32%; en Castellón, un 134%, según las cifras preliminares del Corine Lan Dover 2005.
Carvalho explicó en el seminario organizado por la Fundación Pedro Barrie de la Maza que España ha creado "un muro de cemento en la costa que está vacío la mayor parte del año", en alusión a las segundas residencias.
En la misma jornada, el subdirector general para la Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Peña, definió con sinceridad: "La costa está hecha unos zorros y cada uno va a lo suyo. Los constructores quieren edificarlo todo, los de Greenpeace, que no se toque nada y los pescadores, pescarlo todo. El resultado es lamentable".
Juan López de Uralde, director de Greenpeace, afirmó que la situación del litoral demuestra que la Ley de Costas, aprobada en 1988, "no ha funcionado". "Nos explicaron que el litoral se había destruido en los años 70, cuando se cargaron La Manga del Mar Menor o Benidorm. Pero era falso. El ritmo de construcción actual es mucho mayor que entonces". López de Uralde alertó de que el riesgo ahora es que quedan millones de metros cuadrados recalificados y listos para que los construya quien tenga dinero, si puede -y se atreve-. Si no lo hace ahora, lo hará en unos años. Y puso como ejemplo que el hotel del Algarrobico comenzó a construirse en 2003 pero que fue aprobado en 1988, antes del estallido inmobiliario de principios de los 90: "Dentro de 10 años saldrá un plan salvaje y la gente dirá que eso se aprobó antes del crack de Lehman Brothers".
Para preservar lo que queda de costa, Peña reveló que entre las medidas que impulsa el Gobierno está la adquisición de todo el suelo agrícola de los primeros 500 metros del litoral mediterráneo peninsular. El ministerio está dispuesto a comprar todo ese suelo pero lo hace ofreciendo precios muy bajos, sin "tener en cuenta las expectativas de revalorización, a un precio de uno o dos euros por metro cuadrado", según Peña.
Medio Ambiente considera que en el litoral mediterráneo peninsular pueden quedar unas 1.500 hectáreas aún no declaradas urbanizables y que comprarlas todas costaría entre 150 y 300 millones de euros, aunque el Gobierno es consciente de que la mayoría de los propietarios no aceptarán su oferta. "El plan de compra es aceptable porque no esperamos una avalancha. No podemos pagar las expectativas si alguien pretende enriquecerse, pero sí pagar a un euro el metro cuadrado y hacer una expropiación por mutuo acuerdo".
Aunque no hay una partida presupuestaria específica para esta compra, Peña zanja: "No se dejará de adquirir ninguna parcela por falta de dinero. Tenemos un presupuesto de 200 millones que podemos enfocar a las compras. En el peor de los casos habría que retrasar alguna operación". Medio Ambiente ya ha adquirido así unos terrenos en el Delta del Ebro. Estos terrenos pasan a formar parte del dominio público marítimo terrestre, lo que implica que nunca podrán urbanizarse. Así se salvaría algo de costa virgen. Porque la virginidad sólo se pierde una vez.
Freno a los puertos deportivos
El Ministerio de Medio Ambiente preparó en la pasada legislatura una estrategia de sostenibilidad para el litoral, en realidad un plan muy ambicioso que incluía derribos masivos y expropiaciones para preservar el litoral. El plan está encallado en la discusión con las comunidades autónomas.
Entre las propuestas que menos ha gustado a éstas es la intención del Gobierno de no aprobar nuevos puertos deportivos a no ser que la comunidad afectada realice un plan integral sobre puertos. Los actuales refugios están saturados y la demanda crece, pero cada puerto altera la dinámica de la costa y siempre limpia de arena una de las playas contiguas, con las protestas que eso genera. Según Greenpeace, sólo en 2008 se han planteado 137 ampliaciones o nuevos puertos deportivos e industriales.
El subdirector de Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Peña, define el plan como "una propuesta de máximos" y admite: "Hemos levantado muchas ampollas y no sé dónde llegaremos".
Siete siglos de ocupación
Al subdirector general para la Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Peña, le gusta citar a Alfonso X el Sabio. Especialmente las Siete Partidas, el texto del siglo XIII en el que el Rey avanzó la definición de dominio público marítimo-terrestre: Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven de este mundo son éstas: el aire, el agua de la lluvia, el mar y su ribera. Y más adelante, añade: No se puede edificar en la ribera de modo que se embargue el uso comunal de la gente. Así suele comenzar Peña sus exposiciones y así lo hizo el lunes pasado en las jornadas sobre gestión del litoral.
Desde Alfonso X hasta la Ley de Costas, de 1988, el litoral ha sido público. Pero 20 años después de la ley, y con los estatutos de autonomía como el catalán, que dan más competencia en el litoral a las comunidades, y las protestas masivas sobre los derribos, muchas voces piden la reforma de la ley. El ministerio afirma que no está trabajando en ese cambio. Juan López de Uralde, de Greenpeace, opinó: Preferiría que no se abriera la caja de Pandora, porque con la política ambiental del Gobierno no sé qué saldría.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 24/11/2008
Foto: Costa de Benitatxell, Alicante- CARLES FRANCESC, elpais.com
C. Valenciana: Ecologistas en Acción pide cambios en urbanismo
DIARIOCRÍTICO* : Ecologistas en Acción reclamó "cambios estructurales" en la ordenación territorial de la Comunitat Valenciana, puesto que el modelo urbanístico actual conlleva "graves impactos ambientales, segregación social e ineficacia económica", y porque el suelo, "tratado hasta ahora como un mero recurso económico es un recurso natural escaso y no renovable".
Este será uno de los asuntos que se debatirán en el congreso de la entidad que se celebrará del 6 al 8 de diciembre en Valencia.
En este sentido, criticaron que el urbanismo valenciano "ha consumido el territorio, el litoral ha sido transformado, la huerta está prácticamente esquilmada y pende la amenaza de la piqueta sobre barrios tradicionales". Así, los datos ofrecidos por esta organización revelan que entre 1997 y 2007, en la Comunitat se han construido 927.320 viviendas, el 14,5 por ciento del total del territorio español, lo cual sitúa a la región como la segunda autonomía con mayor construcción, sólo por detrás de Andalucía con un 19,5 por ciento. De este volumen total, 478.898 viviendas, se han construido en los últimos seis años, entre 2001 y 2007.
Desde la organización señalaron que la crisis económica ha puesto de manifiesto "el carácter especulativo de la actividad urbanística valenciana", y cifraron el stock actual entre las 120.000 y 160.000 viviendas, es decir, entre el 25 y el 33 por ciento del total construido en el periodo desde 2001 a 2007. Estas cifras "evidencian que se ha construido más de lo necesario", subrayaron.
No obstante, lamentaron que pese al volumen construido, la vivienda de protección ha sido "la gran olvidada", ya que en el periodo entre 1997 y 2007, se ha producido una reducción en el número de viviendas de protección construidas desde los 13.271 casas finalizadas en 1997 frente a las 5.317 del año pasado. En ese ejercicio, se iniciaron 74.765 viviendas libres frente a las 4.872 de protección (el 6,5 por ciento).
De este modo, concluyeron que "la función social del urbanismo no ha sido el motor de la actividad urbanística valenciana, es decir, la destrucción del territorio valenciano, la transformación del paisaje y de parajes con altos valores culturales como la huerta, no ha perseguido el acceso a la vivienda". Desde Ecologistas en Acción lamentaron que se trata de puntos "denunciados reiteradamente" por la asociación en los últimos años y que, "ahora, resultan de una evidencia indiscutible".
Entre otras consecuencias de "la especulación vinculada al urbanismo", apuntaron que "la urbanización dispersa y desordenada asociada, en muchos casos, a resorts con campos de golf, es ineficiente económicamente por los elevados costes energéticos, de construcción y de mantenimiento de infraestructuras y prestación de servicios públicos".
Por ello, insistieron en que "es necesario un cambio en la concepción actual del urbanismo" que considere el suelo como "un recurso natural, escaso y no renovable" y en el que el territorio no urbano, protegido, la agricultura y los demás usos del suelo sean "valorados adecuadamente". Añadieron que el urbanismo "debe minimizar los impactos del crecimiento apostando por la ciudad compacta y la regeneración de la ciudad existente, respetando en todo caso la idiosincrasia de los barrios y poblaciones actuales".
* DIARIO CRITICO CV / PANORAMA-ACTUAL - 24/11/2008
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - EFE
Madrid: Aguirre cede los bienes del Canal a una sociedad que sacará a Bolsa
ELPAÍS* : Un considerable patrimonio, en su mayoría inmobiliario y hasta ahora público, se integrará en la sociedad anónima que creará el Canal de Isabel II para salir a Bolsa. Es la operación que esconde el art.16 del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (conocida como Ley de Acompañamiento), que asegura que la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II ceden a la sociedad anónima -de la que un 49% será de capital privado, una vez cerrada la operación bursátil- la "titularidad de los bienes patrimoniales" de la empresa pública de aguas que no formen parte de la red de infraestructuras hidráulicas.
No es lo único. La sociedad (que aún no tiene nombre) también asumirá "la titularidad de todas las acciones y participaciones en sociedades de carácter mercantil" que corresponden al Canal. El grupo cuenta con siete filiales de actividades de gestión del agua.
El anteproyecto no fija ninguna contraprestación para el Canal de Isabel II por ceder la titularidad de inmuebles, terrenos y sociedades, pero deja en manos del Consejo de Gobierno que preside Esperanza Aguirre la decisión sobre el inventario de bienes y su valoración económica. Además, el Ejecutivo regional tendrá que aprobar un contrato-programa para regular los servicios que prestará la futura sociedad, de explotación, mantenimiento, operación y conservación de la actual red del Canal.
Una vez creada la sociedad, al menos el 49% saldrá a Bolsa, según ha explicado el Ejecutivo regional, por lo que también se privatizarán los inmuebles y sociedades que absorba. Pero eso no ocurrirá hasta dentro de unos años, porque el vicepresidente regional, Ignacio González, que también preside el Canal, ha explicado en varias ocasiones que la constitución de la sociedad tardará al menos un año. Y no habrá operación bursátil hasta que mejore la situación económica, para "capitalizar" en las mejores condiciones.Ni una palabra. Ni el vicepresidente regional, Ignacio González, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, ni la posterior nota de prensa, mencionaron el pasado jueves, cuando fue aprobado el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento, la intención de que el Canal de Isabel II cediera su patrimonio de inmuebles y acciones a la sociedad anónima que saldrá a Bolsa. Tampoco se entregó el texto de la ley a los periodistas.
El Ejecutivo regional acude una vez más a una ley escoba -que en esta ocasión modificará de un plumazo hasta 20 normas regionales- a la hora de elaborar una norma de trascendencia política, para eludir el debate en profundidad en la Asamblea regional. La Ley de Acompañamiento se tramita en pleno y, como las cuentas regionales, los grupos que quieran oponerse deberán presentar enmiendas a la totalidad. Después, ya sólo se discuten las enmiendas parciales. Como el PP tiene mayoría absoluta con 67 de los 120 diputados, es casi imposible que no salga adelante. En la Ley de Acompañamiento del año pasado, por ejemplo, se modificó la Ley del Suelo, sin apenas discusión.
Ahora la cesión de los bienes del Canal de Isabel II a la sociedad anónima abre la posibilidad de que ésta ponga en venta el amplísimo patrimonio inmobiliario del Canal, de valor incalculable, y que la empresa pública no detalla oficialmente. Incluye alrededor de unas 200 viviendas por toda la región, así como terrenos en casi todos los municipios. Tradicionalmente, el Canal compraba pisos y los alquilaba a sus empleados. Hoy es difícil saber cuántos de estos inmuebles siguen en sus manos.
Pero sólo en la capital, la empresa pública es propietaria de edificios históricos, que en su día albergaron depósitos de agua, como el del Campo de Guardias, en Bravo Murillo, o el de Islas Filipinas y Santa Engracia. También son suyos los Teatros del Canal y los terrenos de la plaza de Castilla, donde hoy se levanta la Fundación del Canal. Fuentes de la empresa pública calculaban a finales de septiembre que el precio en el mercado de patrimonio podría superar los 2.900 millones de euros.
"Detrás de esto puede haber una operación inmobiliaria brutal, en el centro mismo de la ciudad", afirma el portavoz de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas. Sostiene que no hay justificación para la operación de privatización del Canal porque es "una empresa rentable, que da todos los años cuantiosos beneficios económicos". Precisamente por ello ha sido considerada "la joya de la corona" de las empresas públicas de la región.
El proyecto de los Presupuestos regionales calcula que en 2009 la empresa pública del agua obtendrá 99,7 millones de euros de beneficios, y cifra las ventas en 737 millones. También prevé que aumente la plantilla: de 2.484 empleados en 2008 se llegará a 2.530. Esas mismas cuentas dan, al cierre de 2008, unos beneficios de 98,5 millones de euros.
La justificación que ha dado hasta ahora el Gobierno de Aguirre sobre la venta de parte de la empresa pública del agua es la falta de liquidez de la Comunidad de Madrid. Porque debe hacer frente en los próximos 10 años a inversiones por valor de 4.000 millones de euros y se niega a endeudarse aún más. La deuda de la región era en el segundo trimestre de este año de 10.613 millones y las cuentas regionales planean ampliarla en 1.297 millones más en 2009.
El portavoz de los ecologistas recuerda que hace unos años el Canal de Isabel II financió "importantes actuaciones de carácter puramente ambiental, con inversiones de varios millones de euros". Como ejemplo, cita la restauración de riberas de los ríos en la región. "Es impensable que acciones de este tipo vuelvan a repetirse si la entidad llega a privatizarse", vaticina.
Pero para eso queda aún mucho tiempo. Primero deberá aprobarse la Ley de Acompañamiento, en fase muy inicial. Mañana expira el plazo previsto para que termine el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) y, luego, éste reenviará el anteproyecto al Consejo de Gobierno para que dé inicio a su tramitación parlamentaria. Pero la ley no estará en vigor hasta finales de año.
Esta tarde está prevista la comparecencia del presidente del Canal en la Cámara regional ante la comisión de Presupuestos. Los diputados esperan que detalle algunas claves más.
Filiales del Canal de Isabel II
- Hidráulica de Santillana. Dedicada a la explotación de energía eléctrica hidráulica.
- Hispanagua. Construye, mantiene y explota las infraestructuras del agua.
- Canal de Comunicaciones Unidas. Operador de telecomunicaciones en Madrid y Guadalajara.
- Canal Energía. Actúa en el sector energético.
- Canal Extensia. Gestiona los procesos del ciclo del agua en Latinoamérica.
- GSS Venture. Servicios de telemarketing.
- Hidroser. Actividad mercantil en el ciclo del agua.
* ELPAIS.com - SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 25/11/2008
Foto: Teatros del Canal y parque en la plaza de Castilla - COMUNIDAD DE MADRID / M. ESCALERA
Techo o voto
PASCUAL SERRANO* : Durante mi residencia en Caracas me indignó un programa de una de sus televisiones privadas que consistía en un concurso, en el que el premio era poder recibir la asistencia sanitaria para una grave dolencia, en algunos casos mortal. No entendía la miseria de esa televisión que no percibiera el lógico derecho humano a la salud sin la convocatoria de un concurso. Algo similar he vuelto a sentir ahora en España al contemplar a cinco mil personas acampando una semana en Fuenlabrada bajo el invernal frío madrileño para poder apuntarse a la cola de la compra de una vivienda por 120.000 o 168.000 euros, de la que no existe ni suelo todavía.
Uno de los acampados se encaraba con los responsables municipales reclamando suelo para lo construcción: “hay suelo de sobra y que los políticos sepan que los que estamos aquí tenemos una cita con las urnas dentro de tres años”. No hay suelo de sobra, lo que hay de sobra son casas ya construidas y sin habitar, tres millones para ser exactos.
Al igual que en Estados Unidos el ciudadano ha perdido la dignidad para exigir a sus poderes públicos una asistencia sanitaria adecuada, en España asistimos impasibles a que para acceder al derecho constitucional a una vivienda haya que humillarse acampando con la aspiración de que un constructor privado se digne a venderte una casa a un precio razonable.
Nuestra sumisa mentalidad nos lleva a exigir que los ayuntamientos privaticen suelo público para hacer más casas sin plantear el debate de qué sociedad estamos haciendo en la que millones de edificios están vacíos mientras millones de personas no pueden acceder a un derecho constitucional. La ideología del mercado no permite otra interpretación que la de aceptar que algunos puedan ser propietarios de todas las viviendas que su poder adquisitivo les permita, y que no existe responsabilidad pública ni garantía social para atender a quienes no tengan ingresos para pagarse un alojamiento.
Si realmente se tratara de una limitación de medios económicos en una sociedad, el problema de la vivienda se iría resolviendo a medida que se fuera disponiendo de los materiales necesarios, y según se fueran adquiriendo se construirían casas para habitar. Esa situación, dentro de su precariedad, es lógica y racional y permitiría llegar a la conclusión de que la necesidad de vivienda se afronta construyendo casas. Si medio millón de personas no tienen donde vivir, cuando se construyan medio millón de casas se habrá resuelto. Pero nuestro capitalismo, ¿cómo propone resolver el problema de la vivienda si ya hay millones de casas de sobra y siguen sin techo quienes las necesitan?
Es inquietante el modo en el que estamos vaciando de derechos sociales nuestro sistema político. ¿Qué hubieran hecho esos cinco mil acampados -y otros muchos miles- si les hubiéramos dado a elegir entre el derecho constitucional a una vivienda o el derecho a votar en las próximas elecciones? Todos sabemos que la gran mayoría hubieran elegido lo primero. Es un claro ejemplo del fraude que supone nuestro modelo político, que te da derecho a votar y luego te deja sin techo.
www.pascualserrano.net
* Rebelión - Opinión - 25..1.2008
Casi un millar de personas exigen infraestructuras para Ferrolterra
,+protesta+infraestructuras+-+lavozdegalicia.es.jpg)
LAVOZ/A Coruña* : La diversificación económica de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, tradicionalmente vinculadas al monocultivo industrial del naval, pasa por materializar las grandes infraestructuras pendientes prometidas para la zona por el Gobierno central y por la Xunta.
Esta es, a grandes rasgos, la tesis que sacó ayer a las calles de la ciudad a cerca de un millar de personas, según la Policía Local, en una movilización convocada por la Asociación Impulsora del Plan Ferrol (AIPF), creada tras la última gran reconversión naval para canalizar las demandas de los agentes sociales. En su dirección se integran las patronales de la zona, la Cámara de Comercio, CC.?OO., UGT y CIG. A sus representantes se les sumaron ayer la práctica totalidad de los alcaldes del territorio -a excepción de los del BNG, que se desvincularon de la iniciativa-, diputados autonómicos del PSOE y el PP y colectivos vecinales, entre otros.
Tras un recorrido entre el muelle de la urbe naval y el Ayuntamiento, fue el presidente de turno -el cargo es rotatorio- de la AIPF, Francisco Cruz, el encargado de, desde el balcón de la casa consistorial, pronunciar el discurso. Destacó la principal bandera de la manifestación: el desarrollo del tren al puerto exterior de Ferrol, una dársena que se encuentra en plena expansión, a un ritmo de crecimiento muy superior a la media del país. Pero también recordó: «En marzo do 2007 o presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, presentou nun acto público en Ferrol o proxecto de desenvolvemento integral das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal 2007-2011, e neste proxecto están comprometidos tanto o Goberno da Xunta de Galicia como o Goberno central, e nel están recollidas as nosas principais demandas».
Con ese marco, se subrayaron necesidades urgentes y prometidas: desde el desarrollo de un plan industrial para Navantia hasta el saneamiento de la ría. También la relevancia de concluir la autovía Ferrol-Vilalba y la «construción da vía de alta capacidade Costa Norte, entre Ferrol e San Cibrao». Creación de suelo industrial y que Fomento despeje el proyecto del AVE Ferrol-A Coruña fueron otras de las demandas. El portavoz de la AIPF concluyó que se seguirá profundizando «nesta concertación social aberta para presionar ás Administracións».
* La Voz de Galicia - A. Vellón / Rocío Pita Parada - 24/11/2008
Foto: MARCOS CREO, lavozdegalicia.es
Una "histórica" marcha en Callosa exige que se cambie el trazado del Ave
,+manifa+contra+trazado+AVE+-+EFE.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : La manifestación contra el trazado del Ave diseñado por Fomento, a través de la sierra y con entrada y salida al corazón de la montaña sobre unos taludes de 12 metros de altura, congregó en Callosa de Segura a miles de vecinos: unos 3.000 de media en los diferentes puntos del recorrido según la Policía Local, casi 5.000 según los cálculos de la plataforma La Sierra No Se Toca.
A pesar de los cánticos -"Mañana diréis que somos cinco o seis"- resultó difícil acordar una cifra, pues varió la participación a lo largo de los dos kilómetros que separan La Punteta y la Cueva Ahumada, puntos por los que Fomento quiere hacer entrar y salir el Ave de la sierra. Se dijo que jamás hubo una movilización así en Callosa, y es que hablar de miles en un pueblo de 18.000 vecinos es hablar de muchas personas.
"Que nos oigan en Madrid"
Con sus proclamas en pancartas y a viva voz los callosinos dejaron claro que quieren ver pasar el tren de Alta Velocidad soterrado por el actual trazado del regional, manteniendo la estación en su lugar. Así, corearon "La sierra no se toca, la estación no se regala. Las vías soterradas, la sierra liberada" y se opusieron al "terrorismo medioambiental" explicando: "Vuestro progreso, nuestra destrucción". Pedían a Fomento que estudiase el plan alternativo y se cuestionaban "¿Habéis preguntado al pueblo? Ahora estamos aquí". Decenas de jóvenes a la cola de la manifestación representaron el entierro de la sierra, con maqueta de la fallecida y obispo incluidos, y alternaron la marcha con sentadas. Finalmente, dos niñas leyeron un manifiesto en el que se dijo: "No podemos permanecer impasibles ante un aberrante proyecto que pretende convertir nuestro pueblo en una enorme balsa rodeada por murallas de hasta 14 metros de altura".
Apoyo de otras localidades
Un grupo de vecinos de Cox se sumó a la protesta, con pancarta incluida: "Cox no quiere Ave". Y es que, según explicaron, el peligro de inundaciones es "peor que la riada de 1987, cuando no había ni vía rápida ni Ave". Además, argumentaron que "destrozarán la huerta completamente y el paisaje de la montaña. Nos van a tapar hasta la brisa de verano".
Aunque los manifestantes aseguraron que la protesta no tenía color político, el PSOE local echó en falta alusiones al Consell, "que dio el visto bueno al proyecto junto a Murcia en julio de 2005". Los socialistas solicitaron al alcalde poder acudir a la próxima cita con el secretario de Estado de Infraestructuras, que la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, estaría gestionando para fechas cercanas.
* Información - ELISA G. BROTONS - 24.11.2008
Foto: marcha. Cientos de ciudadanos salieron en la mañana de ayer a la calle para reclamar que soterren el AVE - efe/manuel lorenzo
Victoria vecinal contra un plan de viviendas en Santa Coloma
,+acampada+La+Bastida+-+elperiodico.com.jpg)
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Las protestas de las entidades de Santa Coloma contrarias a la construcción de viviendas en uno de los pocos espacios verdes del municipio ha forzado al ayuntamiento a reconsiderar el polémico plan ARE (Área Residencial Estratégica), un proyecto aprobado en junio pasado que preveía levantar 537 pisos en el parque de La Bastida, cerca de la autopista B-20.
El ayuntamiento anunció el viernes que renuncia a la construcción de las 537 viviendas y que presentará alegaciones contra el plan, redactado por la Generalitat. Los responsables municipales explicaron que abrirán un proceso de consulta para formular alegaciones contra el proyecto, que tiene "un fuerte impacto paisajístico en la zona". Aprobado el pasado junio por el propio pleno municipal --de mayoría socialista--, el polémico plan se enmarca dentro del Pacte Nacional per l'Habitatge, que prevé construir 90.000 viviendas en 80 municipios catalanes.
UN ESPACIO DE LOS NIÑOS
Miembros de la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina y Can Zam y decenas de vecinos acamparon ayer en el parque de La Bastida para reivindicar el espacio como uno de los pocos pulmones naturales de la ciudad y protestar contra el avance inmobiliario hacia la montaña. Àngel Pla, miembro de la plataforma y concejal de IC-V, dijo que es inaceptable plantear la construcción de grandes bloques en uno de los pocos espacios verdes de Santa Coloma. La plataforma sostiene que no basta con modificar el plan y exige su derogación.
El parque de La Bastida ha sido utilizado por muchas escuelas de Santa Coloma para desarrollar programas educativos en los que los niños aprenden a plantar árboles. Los padres y profesores se preguntan qué lección recibirán los estudiantes cuando vean que los árboles han sido arrasados para la construcción de bloques de viviendas. "Hay que entender que es necesario compatibilizar la protección ecológica con el desarrollo de la ciudad", explica Begoña Bellete, concejal de Educación y Medio Ambiente de Santa Coloma.
Los responsables municipales dicen que el proyecto también permitirá solventar problemas urbanísticos en el barrio de Riera Alta, colindante con el espacio verde, donde es necesaria la reforma de varias calles.
MAYOR PARTICIPACIÓN
El ayuntamiento anunció que el próximo jueves presentará las alegaciones al plan en el Consell de Ciutat, un órgano compuesto por las autoridades municipales, entidades y las asociaciones de vecinos, que reclaman mayor participación en la redacción de este tipo de proyectos. El polémico ARE --único planificado sobre una zona verde, según la plataforma-- fue modificado a mediados de año para aumentar de 400 a 537 las viviendas previstas. El plan incluye la construcción de un edificio de 23 plantas y contempla la tala de una gran cantidad de árboles.
* El Periódico - DAVID PLACER - 23.11.2008
Foto: Acampada popular de protesta contra el plan municipal, ayer, en Santa Coloma de Gramenet. - ALBERT BERTRAN, elperiodico.com
Librilla: El juez sostiene que «son muy sólidos» los indicios de comisiones abonadas al alcalde
+-+librilla.es.jpg)
LAVERDAD/Murcia* : La trama delictiva se constituyó en el 2001 para intentar quedarse con la mayor parte posible de las subvenciones para reparar los daños que causó el terremoto de Mula. Río revuelto desean los pescadores. Y comarcas convulsionadas buscan los cazadores de subvenciones públicas. En el mismo ambiente donde unos todo lo pierden es donde otros, los más avispados, más tienen que ganar.
José Luis Cano Valverde, funcionario en excendencia de la Consejería de Presidencia, lo debió ver así de claro desde su privilegiada atalaya de responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios cuando, corriendo el año 2001, un terremoto causó daños muy cuantiosos en la comarca del río Mula y la Administración Regional pronto estableció una línea de ayudas a los damnificados. Fue entonces cuando, según diversos datos que surgen de la investigación realizada con motivo de la Operación Biblioteca, Cano decidió supuestamente constituir una trama dirigida a lucrarse con ese dinero público.
Fuentes próximas a la investigación han señalado a La Verdad que fue entonces cuando el funcionario buscó a un ingeniero conocido suyo, Domingo Peñalver Rojo, y le ofreció constituir entre ambos una sociedad llamada Asesores de la Calidad y Desarrollo de la Ingeniería S.L. (ACADI), dirigida a elaborar informes para los ayuntamientos -en los que Cano tenía buenos contactos por razón de su puesto en la Comunidad Autónoma- con los que solicitar y obtener esas subvenciones públicas.
Para evitar posibles incompatibilidades, Cano habría convencido a Peñalver para que sólo éste figurase al frente de la sociedad, aunque él tuviese el 50% de las acciones, que tampoco declaró ante el Registro Mercantil.
Tal es el germen de la presunta trama de corrución desmantelada esta semana por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) y del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo.
OTRAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Una vez que la sociedad Cano-Peñalver comenzó a funcionar, fue ampliando con el paso de los años sus actividades, siempre orientadas a seguir lucrándose presuntamente de sus privilegiadas relaciones con la Comunidad Autónoma y con diversos ayuntamientos.
Según relata textualmente el fisval en los autos de prisión dictados este viernes, y a los que La Verdad ha tenido acceso, contra el alcalde de Librilla, José Martínez García; el teniente de alcalde de Urbanismo Pedro Martínez Muñoz; el gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés Otálora y el referido José Luis Cano (sólo Peñalver quedó en libertad con cargos), «la presunta trama se habría urdido por José Luis Cano, con la colaboración de Domingo Peñalver, para constituir una serie de sociedades con las que enriquecerse mediante la adjudicación de contratos públicos a través de esas empresas, bien utilizando el puesto de don José Luis en la Consejería de Presidencia o bien favoreciéndose de los contactos de este último con otros funcionarios públicos, a los que se habrían pagado comisiones ilegales por esas actividades».
Es en este punto donde entran en escena el alcalde y el concejal de Urbanismo de Librilla, así como el gerente de IDL, José Andrés Cortés.
Aprovechándose supuestamente de las buenas relaciones que Cano tenía con el equipo de gobierno de Librilla, el funcionario de la Comunidad consigue lo que el juez llama «el desembarco de Domingo Peñalver en el Ayuntamiento de Librilla». Primero, como técnico municipal; y después, al conseguir que «a una empresa con tan poco bagaje económico como ACADI -presidida por Peñalver-, se le adjudique la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de ese municipio».
«BENEFICIOS MUY IMPORTANTES»
Para completar la trama, el equipo de gobierno habría situado al frente de la sociedad municipal IDL a un hombre de confianza, José Andrés Cortés, quien acabó convirtiéndose en funcionario en unas oposiciones de cuyo tribunal formó parte José Luis Cano.
Con este panorama, al juez Carrillo no le extraña que ACADI -la sociedad que era propiedad de Cano y Peñalver- «haya extraído beneficios tan importantes como los obtenidos de la sistemática adjudicación de los contratos de IDL a esa ACADI. Y ello en repetidos concursos que, según refiere el mismo Domingo Peñalver, no eran tales por fijarse unos perfiles específicos para el adjudicatario que prácticamente sólo encajaban con la referida empresa». Es decir, que según el instructor, los contratos públicos estaban amañados de antemano para que fueran siempre a parar a ACADI.
«SOBRES CON DINERO»
¿Qué habrían ganado el alcalde y el teniente de alcalde de Urbanismo, así como el gerente de IDL, con esa adjudicación sistemática de los concursos públicos a la sociedad controlada por Cano y Peñalver? Tal es la pregunta que se hace el juez y que se contesta de la siguiente forma: dinero. Dinero obtenido en forma de comisiones, que constituirían un presunto delito de cohecho.
Así, el magistrado otorga gran credibilidad a las confesiones de uno de los imputados y presuntos integrantes de la trama, Domingo Peñalver, quien ha reconocido haber abonado cuantiosas comisiones al gestor de IDL y al alcalde y al edil de Urbanismo. El instructor considera que no parece que existan «intereses espurios» en las acusaciones de Peñalver, ya que él mismo está autoinculpándose de delitos tan graves como el cohecho y la falsedad en documento.
En concreto, el administrador de ACADI relató en su declaración ante la Guardia Civil, luego ratificada en el juzgado, que hizo diversos pagos de 30.000, 40.000 y 60.000 euros (entre cinco y diez millones de pesetas) a José Martínez, Pedro Martínez y José Andrés Cortés. Peñalver contó además que, de entrada, IDL se quedaba ya con el 10% de todos los contratos, y que luego Cortés y Pedro Martínez comenzaron a exigirle otro 20% para ellos y para el alcalde.
«ME TIENES QUE DAR LO MÍO»
El juez sigue señalando que la credibilidad indiciaria de Peñalver en su relato es elevada y que «se aprecian muy serios indicios sobre la comisión de delitos graves, como lo es sin ir más lejos el cohecho de José Martínez García y de Pedro Martínez Muñoz. Domingo Peñalver da datos concretos acerca de circunstancias temporales y espaciales relativas a la entraga de cantidades a estos últimos, como medio para conseguir desbloquear el pago de cifras a favor de ACADI».
Y es que el gerente de ACADI declaró que los responsables municipales y el gerente de IDL le retrasaban los pagos de dinero público, con el presunto fin de forzarle a entregarles más comisiones. De esta forma, durante un año y medio casi no habría percibido dinero alguno; una circunstancia que el alcalde, el teniente de alcalde y el responsable de IDL admiten, pero que achacan a otras circunstancias de procedimiento y no a un intento de extorsionarle.
Respecto a la aportación de datos concretos sobre el pago de comisiones a que se refiere el instructor, Peñalver llega a relatar cómo en una ocasión se reunió en una cafetería llamada Mulligan's con su socio Cano, el alcalde y el edil de Urbanismo, y él mismo le entregó un sobre con dinero a su amigo para que a su vez se lo entregase a los dos cargos públicos de Librilla.
Cuando a lo largo del interrogatorio el juez le pregunta si José Martínez le pidió directamente dinero, el administrador de ACADI responde: «Me dijo que le tenía que dar lo suyo».
-«¿Y usted a qué cree que se estaba refiriendo con esa expresión?», le insistió.
-«Pues a que le diera su dinero, aunque no lo nombró de esa forma expresa», aclaró.
UN ESTADO CASI DEPRESIVO
Habrían sido presuntamente las continuas e imperiosas solicitudes de dinero las que habrían llevado a Domingo Peñalver a querer apartarse totalmente de Cano y de sus relaciones con Librilla. Tanto es así que en el último año no había vuelto por el pueblo y que había regalado ACADI a su socio, después de haber despedido e indemnizado a los empleados.
Ese estado casi próximo a la depresión es el que habría llevado a Peñalver a confesar de plano cuando la Guardia Civil le anunció que estaba detenido y lo condujo al cuartel para tomarle declaración. La misma que le llevó este viernes a ratificar su testimonio ante el juez instructor. Y la misma que, por colaborar con la justicia, le ha permitido eludir por ahora una prisión en la que ya están cuatro de quienes, durante años, fueron sus presuntos compinches.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 23.11.2008
Foto: Librilla (Murcia) - librilla.es
El hogar sin techo de más de 30.000 personas
ELPAÍS* : "No tener hogar significa mucho más que estar sin techo". Bajo ese lema, arranca este año el Día de los Sin Techo que este domingo se celebra. Las ONG responsables de la iniciativa -Cáritas, la Federación Europea de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados (FACIAM) y la Federación Europea de Asociaciones nacionales que trabajan con personas sin hogar (FEANTSA)- recuerdan que más de 30.000 personas viven en España sin techo. Y sin hogar.
Las organizaciones denuncian en esta cuarta edición del Día de los Sin Techo el "muchas veces imposible acceso al derecho social de una vivienda digna y adecuada, que afecta con especial dramatismo a las personas sin hogar" y tratan de llamar la atención sobre las condiciones de precariedad severa y extrema vulnerabilidad de las personas que viven en la calle.
Por ello solicitan la aplicación de una política estatal, autonómica y local que favorezca la inclusión de los colectivos más vulnerables, así como medidas fiscales que favorezcan el alquiler y programas de rehabilitación de viviendas.
Hombre, extranjero, con estudios de secundaria
El 82% de las personas sin hogar son varones; casi la mitad -el 48%- son extranjeros; el 30% tienen entre 18 y 29 años; el 13% ha recibido enseñanza superior y el 63,9% ha acabado la secundaria.
Casi tres de cada diez, explican las ONG, tuvieron padres con problemas de alcohol o drogas y el 30% padeció malos tratos. Además, el 44% ha abusado en algún momento de las drogas; el 10% tiene problemas graves de salud mental y el 16% fue expulsado del hogar antes de los 18 años.
Detrás de muchas de sus historias, las organizaciones recuerdan que se encuentran motivos como los desahucios por impago de deudas, el abandono del hogar familiar sin recursos, las rupturas familiares, las depresiones o los trabajos temporales e inseguros.
* ELPAIS.com - EFE - Madrid - 23/11/2008
Foto: Cartel del Día de los Sin Techo 2008.- Cáritas
Un juez anula la licencia que dio el alcalde de Hellín para construir chalés de lujo
+-+hellin.net.jpg)
EUROPAPRESS/Albacete* : El Juzgado nº2 de lo Contencioso - Administrativo de Albacete ha anulado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Hellín, de 15 de marzo de 2007, por el que se concedió la licencia urbanística para realizar obras contempladas en el proyecto básico y de ejecución de construcción de 105 viviendas unifamiliares de lujo en la Fase 1 de la urbanización "Las Higuericas", por no "ajustarse a derecho".
Según informa el diario ABC y recoge Europa Press, grupos ecologistas habían denunciado que la edificación de los chalés tendría lugar en terrenos protegidos, ya que se trata de una zona de especial protección para las aves (ZEPA) incluida en la red Natura 2000.
A pesar de la denuncia de los ecologistas, continúa el diario, la propia Junta de Castilla-La Mancha negó en su día que el proyecto de urbanización de "Las Higuericas" afectara a terrenos protegidos. Así el entonces consejero de Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil, afirmó que, tras los informes de su Consejería, este proyecto "se redujo considerablemente" y se restringió a terrenos agrícolas sin valor.
La urbanización proyectada en el municipio de Hellín preveía la construcción de 700 chalés con piscina. El proyecto de la urbanización comenzó después de la recalificación como urbanizable y correspondiente reparcelación de más de sesenta hectáreas, solicitada por el Pleno del Ayuntamiento de Hellín y aprobada en mayo de 2005 por la Mesa Provincial de Urbanismo.
Según el diario, en mayo de 2006, se iniciaron las obras del chalet piloto de la futura urbanización. Ecologistas en Acción, entre otros colectivos, presentó alegaciones a la aprobación de la recalificación, reparcelación, y al estudio preliminar de impacto ambiental, que según esta organización "fueron desestimadas sin ninguna respuesta", a pesar de que posteriormente, después de recabar su apoyo, la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha instara al Ayuntamiento de Hellín y a la Junta a contestar a las alegaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Hellín mantuvo durante todo el procedimiento que el suelo donde se ubicarían las viviendas "es un suelo urbano y que los objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) no estaban determinados aún en el momento de la aprobación del proyecto".
Sin embargo, en su fundamente jurídico tercero, la sentencia señala que durante la tramitación de un PORN "no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del plan", lo que determina la anulación de la licencia.
* Europa Press - 23.11.2008
Foto: Hellin (Albacete) - hellin.net
La Axencia Urbanística logra los dos primeros derribos de edificios ilegales
FARODEVIGO* : Después de muchos meses insistiendo, incluso años en uno de los casos, de "reiteradas" multas coercitivas, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) acaba de conseguir las dos primeras demoliciones de edificios ilegales en la comunidad. Hasta ahora, las únicas ejecuciones realizadas eran de obras menores, como muros o galpones.
El ente, que la Consellería de Política Territorial puso en marcha el pasado abril, certificó ya que los dueños de una nave industrial en Pontevedra y de una casa en la localidad coruñesa de Arteixo han llevado a cabo el derribo para cumplir con la orden del departamento que dirige María Xosé Caride. Las construcciones ocupaban suelo rústico no urbanizable.
Las obras, muy avanzadas, de la nave industrial en el concello de Pontevedra estaban vetadas desde el 23 de junio de 2005. Ocupaba una superficie de casi 2.900 metros cuadrados y sus propietarios estaban levatándola en terrenos clasificados como rústicos sin contar con la autorización del Gobierno gallego. Tras cumplirse el plazo establecido para la demolición en la orden emitida, Política Territorial inició el envío de sucesivas multas que, tres años y medio después han dado sus frutos, tal y como pudieron comprobar en su última visita a la zona los inspectores de la APLU.
Los inquilinos del chalet de planta baja construido en Arteixo tampoco contaban, según la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, con el correspodiente permiso autonómico. El inmueble, de 122 metros cuadrados en suelo rústico protegido por la normativa de costas, ya estaba habitado. La orden de derribo se remonta en este caso al mes de enero y fueron necesarias también varias multas coercitivas para lograr que los dueños restituyeran la legalidad.
Ambos son ejemplos de lo complicado que para una Administración resulta la resolución de las actas de infracción urbanística. Entre 2006 y 2007, la Consellería de Política Territorial ordenó la apertura de 238 expedientes ante los indicios de que se estaba incumpliento la ley. Desde construcciones de uso residencial -la mayoría, 106-, a naves industriales (36), pasando por movimientos de tierra (14) o pequeñas instalaciones y obras como cierres de fincas. El departamento resolvió 168 en los dos ejercicios.
Desde el pasado mes de abril, las competencias de inspección urbanística pasaron a manos de la Axencia, concebida como un consorcio de la Xunta, a través de Política Territorial, con los ayuntamientos de la comunidad que "libremente" se unan por falta de medios para vigilar lo que ocurre en su territorio. De momento, son 21 los concellos que se han unido al ente. Siete de ellos ya han firmado -A Baña, Cedeira y Sada, en la provincia de A Coruña; Carballeda de Avia, Castrelo de Val y Vilardevós, en Ourense; y en Pontevedra, el de A Guarda- y está previsto que la próxima semana lo hagan otros catorce: Abengondo, Oroso, Val do Dubra, Becerreá, Castroverde, Ribeira de Piquín, Castrelo de Miño, Gomesende, Maside, Piñor, Verín, Vilamarín, Moraña y Pontecesures.
Con un especial cuidado de lo que ocurre en la zona de litoral y el medio rural, las funciones de la APLU abarcan, entre otras, la inspección y vigilancia urbanística sobre la edificación, la imposición de todas las medidas cautelares que contempla la Lei do Solo, la instrucción de los expedientes de reposición de la legalidad o los que recogen sanciones muy graves y todas las competencias de control urbanísticos que cedan los ayuntamientos que se adhieran al consorcio. La intención del Gobierno gallego es doblar el número actual de inspectores, un total de 15.
* Faro de Vigo - JULIO PÉREZ - 23.11.2008
Foto: Axencia de Protección da Legalidade Urbanística - farodevigo.es
El ex alcalde de Benalmádena, condenado a ocho años de inhabilitación por prevaricar
.jpg)
RTVE/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 20 euros durante 12 meses, por un delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia en la zona de La Leala en 2002.
El ex regidor benalmadense tiene la intención de recurrir esta sentencia y pretende, en el caso de que sea revocada, poder presentarse a las próximas elecciones municipales, según publican hoy los diarios 'Málaga Hoy' y 'El Mundo'.
Durante el juicio, la Fiscalía de Málaga mantuvo la acusación contra Bolín por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que concedió la licencia en la zona de La Leala "a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística".
La fiscal sostuvo la petición de ocho años de inhabilitación y una multa de 16.200 euros, según la defensa de Bolín, que pidió la libre absolución del ex regidor, quien ha asegurado al final de la vista que actuó "correctamente" y no había cometido "ningún delito".
Para la representante de la acusación pública, "se construyó en suelo no permitido" y se cambiaron los usos "para una mayor densidad" en una operación en la que "se tenía que haber seguido un orden riguroso", según ha dicho, y en la que Bolín "omitió los trámites necesarios a sabiendas de que no podía ser modificado el planteamiento general".
Asimismo, ha asegurado que el acusado "aprobó los decretos con informes contrarios de los técnicos" y precisó que "es posterior a la concesión de la licencia cuando se hizo la modificación de elementos necesaria", por lo que ah apuntado que "no se puede presumir buena fe" en el acusado.
Por su parte, la defensa ha insistido en que el suelo era urbanizable y que la licencia "no es ni injusta, porque el acto administrativo está legalizado, ni arbitraria ni se dio a sabiendas de su injusticia", al tiempo que ha señalado que el Ayuntamiento era competente para modificar los parámetros urbanísticos.
El letrado ha explicado que había un desfase en superficie de la parcela de unos particulares y se le iba a dar un uso diferente para las vías del tren, por lo que se firmó un convenio "con el que se pretendía compensar esos usos". Además, ha asegurado que la operación fue "amparada por el pleno y los informes técnicos" y dijo que en todo caso pudo haber "un desfase procedimental administrativo", pero no un delito.
* RTVE.es - Agencias - MÁLAGA 22.11.2008
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
Los ingenieros vinculan falta de servicios con la ausencia de planificación urbanística
ELCORREOGALLEGO* : El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia abogó por "planificar los servicios que se prestan a los ciudadanos al tiempo que se hace el planeamiento urbanístico". Para Carlos Nárdiz "es algo que ha estado ausente en los últimos años en Galicia, en donde se han hecho planes urbanísticos sin pensar en el crecimiento futuro, lo que ha generado graves problemas que siempre están en los medios de comunicación".
Nárdiz puso como ejemplo el área metropolitana de Santiago, "donde se observan carencias de infraestructuras básicas que tendrían que estar recogidas en algún tipo de planificación urbanística que incluyese a varios municipios y los servicios que se podrían prestar, recogiendo incluso la reserva de suelos para nuevas infraestructuras viarias o para el transporte público por ferrocarril o autobús".
Estas declaraciones las realizó en la jornada técnica sobre urbanismo y servicios organizada por el Colegio de Ingenieros y la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), que se celebró en Santiago, reuniendo a más de medio centenar de responsables municipales de urbanismo de Galicia.
El presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, apostó por ampliar el cuadro de ingenieros de Caminos en los ayuntamientos para facilitar su crecimiento.
* El Correo Gallego - SANTIAGO - 23.11.2008
Fórmula Verda ve ´aberrante´ el circuito en tiempo de crisis
LEVANTE/Valencia* : La plataforma ciudadana Fórmula Verda, que engloba a varias asociaciones ecologistas, consideró hoy que el circuito urbano de F-1 de Valencia es "una aberración" en tiempos de crisis económica, y exigió una auditoría pública para "valorar" la rentabilidad económica y social del proyecto, según informaron en un comunicado fuentes de Ecologistes en Acció.
Esta organización ecologista subrayó que, "ya que no hubo el debate previo a la construcción del circuito, al menos ahora se debe llevar a cabo una auditoría independiente --en la que Ecologistes en Acció y el resto de colectivos de la plataforma ciudadana Fórmula Verda puedan participar a través de expertos y auditores-- "a fin de valorar los impactos ambientales, sociales, urbanísticos y económicos del circuito".
En este sentido, la plataforma apuntó que "si el circuito es tan rentable para la ciudad como se dice, no debería haber problema en asumir este compromiso. Pero, si se demuestra lo que es palpable, que no es sino es un tremendo despropósito, las consecuencias deberían ser su desmantelamiento y la asunción de responsabilidades políticas", señaló.
Por otro lado, Fórmula Verda también exigió el "cumplimiento de la legalidad y de las múltiples promesas incumplidas" con respecto a este proyecto "tan duro urbanística y económicamente", del que consideró que está "alejado de las necesidades reales de la población y de la calidad ambiental".
Esta organización ecologista también afirmó que la puesta en funcionamiento del circuito urbano de F-1 en Valencia "ha vulnerado, y lo sigue haciendo, la legislación autonómica, estatal y europea". "No en vano, --continuaron-- el asunto acaba de ser admitido a trámite en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a través de una denuncia de Ecologistes en Acció", explicó.
Desde esta plataforma también argumentaron que, además de las "deficiencias" existentes en la tramitación del proyecto, "como el hecho de que no se justificara adecuadamente la declaración de interés general", otro problema es la "fortísima contaminación acústica", así como las "emisiones contaminantes que empeoran el ya malsano aire valenciano, la ocupación del antiguo cauce del Turia, la vulneración del Plan General de Ordenación Urbana, y así una larga lista", señalaron.
No obstante, calificaron de "sangrante" el "tremendo dispendio de fondos públicos en momentos de crisis que supone este circuito". En este sentido, aseguraron que "clama al cielo que, mientras se gastan decenas de millones de euros con el circuito, se creen enormes problemas a barrios que ni siquiera tienen un centro de salud, como es el caso del Grau".
En este sentido, afirmaron que con la construcción de este circuito "se ha perdido la gran oportunidad de abordar racionalmente la urbanización de la ciudad". Asimismo, criticaron que el dinero para construir este tipo de proyectos "cuesta mucho, sale de las administraciones públicas, pero los beneficios se los llevan unos pocos".
El Congreso de Ecologistas en Acción, que se celebrará en Valencia entre los días 5 y 8 de diciembre, tratará, entre otras cuestiones, los temas de urbanismo y movilidad urbana "con una mayor prioridad, dada su gran incidencia sobre la calidad de vida de la población", señalaron las mismas fuentes.
* Levante-EMV - Europa Press - 21.11.2008
Foto: Valencia, vista circuito F1 - levante-emv.com
El Juzgado imputa al alcalde de Orxeta un delito de prevaricación
,+planta+hormigonera+-+diarioinformacion.com.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Villajoyosa, imputa al alcalde de Orxeta, Vicente Llinares Sellés, de un presunto delito de prevaricación, a raíz de una denuncia presentada por dos vecinos del municipio por permitir el funcionamiento de una planta de transformación de áridos y fabricación de hormigones en el paraje de la Foieta Blanca, a la que en su día se le denegaron los permisos para iniciar su actividad.
La planta está emplazada en unos terrenos que el primer edil de Orxeta vendió a la empresa propietaria de la hormigonera, calificados de Interés Comunitario. La planta no pudo obtener permiso por los informes medioambientales desfavorables, pese a lo cual está funcionando desde hace quince años, aunque ahora tiene una orden judicial de cese de actividad y desmantelamiento de la industria.
El auto del Juzgado de Instrucción número dos de Villajoyosa se ha conocido ahora y obedece a que el abogado de Vicente Llinares presentó un recurso contra el auto de incoación de procedimiento abreviado por desobediencia contra Hilario Cañadas, el propietario de la hormigonera, y contra el alcalde de Orxeta. En este este sentido el Juzgado estima el recurso de reforma, al considerar que "los hechos calificables como desobediencia le son imputables a D. Hilario Cañadas, ya que en cuanto a D. Vicente Llinares Sellés, los hechos que se le imputan podrían constituir un delito de prevaricación".
La denuncia contra el alcalde de Orxeta por presunta prevaricación fue presentada por dos vecinos del municipio, afectados por el funcionamiento de la planta hormigonera sin ningún tipo de autorización : Arnaldo Jaime Sellés Lloret y Francisco Llorca Lucas.
En este sentido, en un pleno celebrado recientemente en Orxeta, ante la alarma suscitada al solicitar la empresa Hormigones Orxeta S.L. un certificado de compatibilidad urbanística con el fin de solicitar licencia ambiental para una industria, sin determinar la naturaleza de la misma, el alcalde explicó que el Ayuntamiento no tenía medios ni fuerzas policiales para paralizar la citada hormigonera, sobre la que pesa una orden judicial de cese de actividad, y que reclamó en su día la intervención de la Conselleria de Medio Ambiente para que tomara medidas y cerrara la industria, una actividad que se vienen manteniendo de forma irregular desde hace quince años y para la que la propia mercantil ha pedido un plazo de tres meses para poder atender "las obligaciones de suministro contraídas con clientes", antes de cerrarla.
* Información - V. ZARAGOZA - 22.11.2008
Foto: Una imagen tomada la pasada semana de la planta hormigonera de Orxeta en la partida de Foieta Blanca - V. ZARAGOZA, diarioinformacion.com
