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ELPERIÓDICO/Barcelona* : A L'Hospitalet le quedan poco menos de 30 hectáreas de campos de cultivo como último vestigio de un fértil pasado agrícola que entró en declive hace medio siglo. El último reducto rural (la Marina) se ubica en una finca de unas 43 hectáreas, arrinconada entre Bellvitge, la Gran Via y la Ronda Litoral, en la que resisten tres masías: Ca l'Esquerrer, Cal Trabal y Cal Masover Nou.
El espacio está afectado por el proyecto municipal de prolongación de la cobertura de la Gran Via y de reordenación del entorno. El ayuntamiento plantea crear allí el parque de la Marina pero también edificar un hotel, oficinas y una zona industrial. Pero vecinos, ecologistas e incluso el Consell Municipal de la Sostenibilitat se oponen al proyecto. Quieren que se preserve el 100% del suelo agrícola.
El primer esbozo de reordenación urbanística del sector de la Marina --delimitado por la carretera del Mig, la Feixa Llarga y el nudo del Llobregat-- ha caído como un jarro de agua fría a los vecinos, que soñaban con que los actuales cultivos se preservarían e incluso se integrarían en el Parc Agrari del Baix Llobregat. Los terrenos están actualmente calificados como zona verde metropolitana.
MODIFICAR EL PGM
El proyecto, elaborado por la Agencia de Desarrollo Urbanístico de L'Hospitalet (ADU), requiere una modificación del Plan general Metropolitano (PGM) y ubica en los aledaños de Cal Masover Nou tres edificios destinados a concesionarios de coches y un cuarto con usos por determinar. Además, sitúa una zona industrial en el entorno de Ca l'Esquerrer y una retahíla de nueve torres de oficinas (de 14 plantas de altura) en la fachada de la Feixa Llarga. Para parque se reservan 21 hectáreas.
En cuanto la propuesta se ha hecho llegar al tejido asociativo local se han encendido todas las luces de alarma y ha empezado a fraguarse una sólida oposición ciudadana. El último paso se dará hoy con la constitución de la plataforma por la conservación de la última zona agrícola de L'Hospitalet, a la que ya se han adherido la Asociación de Vecinos de Bellvitge, la Federación de Asociaciones de Vecinos de L'Hospitalet (FAVLH), la entidad ecologista La Saboga, ERC y EUiA (socio de gobierno del PSC en la alcaldía). Esta última formación no esconde sus "reticencias" a la propuesta.
PRIMER REVÉS
Pero el proyecto se llevó su primer revés en la sesión del Consell Municipal de la Sostenibilitat celebrada hace unos días, que rechazó de plano la propuesta. El organismo solicitó que se paralice su aprobación inicial para que pueda revisarse a fondo (con la elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental) y que se abra un proceso participativo. "No se puede perder la oportunidad de preservar la última zona agrícola de la ciudad", explica Ricard Gutiérrez, miembro de la Comissió del Riu Llobregat.
Antoni Nogués, gerente de la ADU, defiende la propuesta municipal porque es la única forma de garantizar la viabilidad del parque de la Marina. "A los terrenos no se les puede dar la protección que requiere una zona agrícola y debe actuarse para que no acaben teniendo otros usos, como el actual aparcamiento de camiones de Ca l'Esquerrer", recalca Nogués. El gerente del ADU insiste en que con esta fórmula se ganará un parque "que será 2,5 veces mayor que el de Les Planes", etiquetado hasta ahora como el más grande de la ciudad.
Fernando Martínez, miembro de la Plataforma por la conservación de la última zona agrícola de L'Hospitalet y de la Asociación de Vecinos de Bellvitge, recuerda que en la Marina pervive "el 80% de la flora y la fauna de L'Hospitalet", que incluye dos especies de aves amenazadas. "No podemos permitir que no quede ni un palmo de lo que fue L'Hospitalet", advierte Martínez.
PRÓXIMAS MOVILIZACIONES
El vecino insiste en que la plataforma no se rendirá hasta que se consiga "que todo sea una zona verde con usos agrícolas y que se preserven las masías para usos pedagógicos", y que se vincule con el Llobregat, que discurre a pocos metros. Es decir, lo mismo que se proponía hace una década. La plataforma tiene previsto iniciar pronto movilizaciones.
* El Periódico - XAVIER ADELL - 17.11.2008
Foto: L'Hospitalet (Barcelona), plan urbanístico - elperiodico.com
Un plan urbanístico de L'Hospitalet suprimirá su última zona agrícola
El juez certifica que el puerto vigués de A Guía carece de licencia
ELPAÍS* : El puerto deportivo de A Lagoa, en A Guía (Vigo), también carece de licencia de actividad. La marina del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, se construyó sin licencia de obras y entre órdenes de derribo.
El Ayuntamiento de Vigo desestimó en mayo de 2006, con el puerto ya construido y en funcionamiento, los permisos de actividad que solicitaban los promotores del proyecto. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad acaba de refrendar la denegación de la licencia.
La asociación Voces polo Litoral de Teis, donde se encuentra el puerto, ha presentado en el Ayuntamiento de Vigo una copia de la sentencia y un escrito en el que solicita su ejecución al alcalde, Abel Caballero. Los vecinos reclaman al regidor que "curse las órdenes oportunas e impida ejercer las actividades descritas en el fallo". Éstas son las de servicios de embarcaciones deportivas y de recreo -"puerto deportivo, atraque, fondeo y estacionamiento de embarcaciones"- y de "invernaje y guardería" de los yates.
La sentencia del juzgado vigués desmonta los argumentos de la promotora del puerto contra la denegación de licencia. Según el juez, el proyecto no se puede beneficiar de la condición de interés general del que goza el puerto de Vigo, ya que su carácter es "lúdico y recreativo". Por lo tanto, está "sometido a la obtención de licencia urbanística municipal". También rechaza la sentencia, por "absoluta falta de fundamento", la supuesta carencia de motivación de la resolución impugnada.
La denegación de licencia de actividad se basó en un informe jurídico que concluye que el puerto se construyó sin licencia de obras, y que éstas "no pueden ser legalizadas" al no existir un planeamiento específico en la zona. "La falta de autorización de la actividad principal impide la autorización de la actividad complementaria", añade el informe, refrendado por el juez.
Pese a las reiteradas sentencias que declaran la ilegalidad del puerto, de 355 plazas, y el uso irregular que sus responsables realizan de un cortafuegos municipal, el puerto mantiene la actividad y el tráfico pesado sigue circulando por el mismo paso. Es la única alternativa a la angosta calle que da acceso a las instalaciones, demasiado estrecha para los camiones de gran tonelaje que utilizan las instalaciones portuarias. El pasado abril, Caballero anunció que cortaba el camino. Siete meses después, el tráfico portuario sigue transitando por el cortafuegos.
El Ministerio de Medio Ambiente, mientras, permanece a la espera de que el ayuntamiento le transfiera ese camino para poder ejecutar el paseo marítimo de A Guía, para el que año tras año consigna una partida presupuestaria de tres millones de euros que no ejecuta.
El conflicto del puerto de A Lagoa surge con la autorización por la Autoridad Portuaria de Vigo, en 1999, del pliego de condiciones para una dársena deportiva en la zona. Desde un primer momento, el Ayuntamiento se opuso a ese proyecto, entre otras razones por la ausencia de los accesos necesarios. Pero durante el mandato del PP en el Ayuntamiento de Vigo, el proyecto de Fernández de Sousa utilizó el cortafuegos municipal para ejecutar las obras.
La ilegalidad del uso que Astilleros y Construcciones A Lagoa hace del cortafuegos está avalada por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), que a principios de año respaldó un acuerdo plenario de enero de 2005 que instaba al gobierno local a prohibir el acceso rodado por ese camino. Aunque aquel acuerdo sólo se hizo efectivo durante unas pocas semanas, los promotores del puerto lo recurrieron igualmente, para perder en primera instancia y después ante el TSXG. No es la única sentencia contra la marina de Fernández de Sousa sin ejecutar. Dos grandes naves levantadas en las instalaciones portuarias cuentan con fallos judiciales que avalan su demolición.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 17/11/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
Castelló: El ayuntamiento privatiza los servicios de planeamiento urbanístico
LEVANTE* : El equipo de Gobierno de Castelló sigue con su proceso de privatización de servicios públicos. Fuentes municipales informaron ayer en un comunicado que el ayuntamiento, del Partido Popular, ha externalizado los servicios de planeamientos urbanísticos.
El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Javier Moliner, afirmó en la nota que con esta medida se pretende "dar una mayor agilidad y rapidez a la realización de proyectos en beneficio de toda la ciudadanía y, de esta forma, aminorar las tiempos en pro de las y los castellonenses".
Concretamente, el Ejecutivo local externaliza los trabajos de redacción de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización y gestión urbanística del consistorio.
Así, el objetivo de esta nueva iniciativa municipal, que sale a concurso y que cuenta con un presupuesto de 172.413,79 euros para dos años, es dotar a los servicios urbanísticos de la documentación técnica necesaria para la tramitación formal de expedientes y, de esta manera, "dotar de una mayor celeridad a la gestión municipal", según apuntó Moliner.
Así, el vicealcalde comentó que la privatización de estos servicios permitirá acelerarlos, "lo que beneficiará de forma considerable al ciudadano".
Además, Moliner recordó que, "con el fin de acelerar estos trámites en beneficio de los ciudadanos, el consistorio ya ha adjudicado, en este sentido, los proyectos de estudio de impacto ambiental, el de estudio de paisaje, el de integración paisajística de la ciudad, el de riesgos ambientales y la redacción de proyectos paisajísticos o de jardinería".
Los planes urbanísticos auspiciados por el ayuntamiento van con un importante retraso. Por ejemplo, las obras del Plan Especial de la Marjaleria aún no se han iniciado pese a estar aprobado desde hace dos años. El ayuntamiento contempla partidas presupuestarias desde hace dos años sin que al final llegue a ejecutarlas. En este caso ya encomendó además a una firma privada la realización de unos estudios previos. Ahora de parte de la planificación urbanística que le correspondía hasta ahora a firmas privadas.
* Levante-EMV - 17.11.2008
Foto: Castellón, vista - google.es
No es una pesadilla, es el urbanismo salvaje
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ELPAÍS/Reportaje* : Jueces, fiscales y empresarios ya son conscientes de que la construcción descontrolada matará la gallina de los huevos de oro. ¿Quiere usted descubrir por sí mismo el sentido de la expresión "impacto visual"? Véngase a la playa almeriense del Algarrobico, en pleno corazón del parque natural del Cabo de Gata, colóquese de espaldas al mar y recibirá la descomunal bofetada del monstruo de 75.000 metros cúbicos de hormigón que ha tomado posesión de las entrañas mismas de la montaña.
Darse la vuelta y posar la vista en el horizonte marino tampoco es solución, porque le resultará imposible sustraerse a la abrumadora presión del intruso: un gigante de cemento de 20 alturas que cae a pico sobre el mar, horadado por cientos de agujeros negros destinados a albergar los ventanales del complejo hotelero.
El engendro habría pasado más desapercibido camuflado en cualquiera de los museos de los horrores urbanísticos que pueblan el litoral español, pero clama al cielo que haya recibido todos los permisos, parabienes e incluso subvenciones de las administraciones públicas que hicieron posible su construcción.
A estas alturas, buen número de jueces y fiscales han llegado ya a la conclusión de que sólo la demolición de las obras ilegales pondrá coto a los desmanes y al expolio del patrimonio natural público. "La demolición de la obra contraria al ordenamiento jurídico no debe ser la excepción, sino la regla", subraya la Audiencia de Cádiz en sintonía con otros tribunales y fiscalías. "Lo que está en juego es la propia vigencia del orden jurídico y, en definitiva, la restauración del orden legal (...) De lo contrario, habría que resignarse a que el infractor se salga con la suya, bendiciéndose absurdamente el agotamiento del delito", advierte el fiscal jefe de Córdoba en un testimonio incluido en la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Porque el juego en estas últimas décadas ha sido burlar las leyes e ignorar las prohibiciones, hacer oídos sordos a las sentencias y culminar las obras para presentarlas como hechos consumados. "En la mayoría de los supuestos de delito urbanístico, el autor continúa construyendo de manera deliberada pensando que una vez finalizada la obra, y precisamente por el hecho de serlo, no será derribada", se explica en otro de los informes de la Fiscalía.
La situación ha llegado al punto de que los propios empresarios de la industria turística han manifestado su inquietud por la pérdida de la calidad medioambiental y el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro que conlleva el enladrillado insostenible de la costa. En eso coinciden con los investigadores del Parlamento Europeo que, año tras año, regresan horrorizados de sus visitas al litoral español.
España ha ido escalando puestos en el ranking internacional de corrupción política a medida que la justicia ha hecho aflorar los atropellos urbanísticos perpetrados a lo largo de las últimas décadas en un clima de impunidad que ahora toca a su fin. Ya hay un centenar y medio de alcaldes procesados por delitos urbanísticos, pero por abultada que parezca esa cifra apenas representa la punta del iceberg de un fenómeno, el de la corrupción municipal, y de una industria, la de la especulación inmobiliaria y el urbanismo salvaje, engrasada con la pasividad o complicidad de las administraciones locales y autonómicas y de los partidos que las dirigen. Todavía hoy, los fiscales siguen quejándose amargamente del silencio y de la escasa colaboración que les prestan las autoridades en la mayoría de las comunidades autónomas.
En Canarias, por ejemplo, donde no faltan las construcciones ilegales a la vista, la administración autonómica presentó durante el pasado ejercicio una única denuncia por este delito, según la Fiscalía de Tenerife. Y, de acuerdo con otro de los testimonios recogidos en la memoria de la Fiscalía, las propias autoridades del Gobierno de Murcia se han visto implicadas en "maniobras normativas" dirigidas a "desproteger parte de su espacio natural". ¿No es inquietante para la salud democrática de un país que los políticos procesados por corrupción obtengan con tanta frecuencia el amparo y el respaldo público de sus dirigentes? ¿Cabe luego extrañarse del escaso reproche social a los munícipes corruptos -el 70% de los alcaldes procesados vuelve a gozar del beneplácito de las urnas-, del clientelismo y de los votos cautivos, de la consideración, en suma, de que la corrupción está firmemente enraizada en los partidos?
"El Estado ha sido sustituido por la partitocracia y, en última instancia, por una oligarquía económico-política. Y la política se ha convertido en un negocio. Los partidos compiten en un mercado inspirado por el lucro personal y apoyado en la corrupción más descarnada". Quien se expresa así no es un radical alternativo del movimiento antiglobalización, sino Alejandro Nieto, ex director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), catedrático emérito de la Universidad Complutense y uno de los grandes expertos en la materia.
"La justicia llega muy tarde, cuando los daños causados al paisaje son irreversibles y están asentadas las urbanizaciones ilegales", admite Antonio Morales, fiscal jefe de Málaga. "Tenemos un sistema de garantías procesales que permite recurrir sistemáticamente las sentencias y ganar tiempo, de forma que, al final, la demolición del inmueble ilegal resulta una decisión comprometida y costosa porque ya hay terceros de buena fe". El fiscal malagueño reprocha a las direcciones del PP y del PSOE: "Una cosa es que haya políticos de los llamados independientes que se enriquecen con la democracia mientras simulan que trabajan por el interés general y otra que lo hagan los representantes de los grandes partidos nacionales".
Contra lo que pueda pensarse, el litoral del sur y el Levante puede cementarse aún más. Los promotores inmobiliarios expertos en burlar la ley y comprar voluntades no creen que se haya llegado a un punto de saturación. "El asunto se ha aquietado a causa de la crisis, pero los proyectos se reactivarán en cuanto la situación lo permita. Los especuladores suelen ser gente echada para adelante y aquí hay mucho en juego", comenta el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher.
A pesar de este panorama sombrío, la creación de las fiscalías de Medio Ambiente y de Anticorrupción y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está acabando con la sensación de impunidad. "El miedo empieza a guardar la viña", apunta el general José Antonio Ramos, máximo responsable del Seprona. A los éxitos de la Fiscalía Anticorrupción, hay que sumar casi 800 condenas logradas por las fiscalías de Medio Ambiente en los últimos dos años.
Después de la intervención de Greenpeace -en julio del año pasado irrumpieron en la obra y pintaron con caracteres gigantescos la palabra ilegal-, el complejo del Algarrobico se ha convertido en piedra de toque del pulso democrático contra las tropelías medioambientales. La sentencia del pasado septiembre del juzgado de Almería constituye una durísima descalificación del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andalucía. Tras escandalizarse por que una construcción a 50 metros del mar en el espacio protegido no urbanizable del parque natural del Cabo de Gata-Níjar haya podido obtener permisos y ayudas públicas, el magistrado Jesús Rivera afirma que el comportamiento de las dos administraciones se ha caracterizado por la "abulia" y la "desidia" en la defensa del interés general. Y es que considera probado que el Ayuntamiento de Carboneras, municipio en el que se asienta el hotel, "conocía hace ya 20 años" la prohibición de edificar a menos de cien metros de la zona marítimo-terrestre y que la Junta adoptó una actitud "pasiva y condescendiente con las infracciones". Aún más: el fallo establece que la Junta modificó la planimetría del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque, en "una burda maniobra" para legalizar el hotel. El magistrado observa delitos de prevaricación y contra la administración del territorio, por lo que pide al ministerio fiscal que actúe.
Podría pensarse que cualquier responsable político desautorizado de manera tan contundente por la justicia optaría por replantearse su postura, pero no es el caso de Cristóbal Fernández, el alcalde de Carboneras (Almería). "Hemos recurrido la sentencia porque es un proyecto de la Junta de Andalucía destinado a crear puestos de trabajo". A su juicio, el problema se reduce a una cuestión estética: "Yo no veo ese impacto, a mí el hotel me gusta". El alcalde añade: "Somos un modelo, no hemos firmado un convenio urbanístico en 20 años y eso que tenemos 17 kilómetros de costa", aunque no niega el desastre. "Nos hemos cargado el país entre todos. Ha sido entre todos, ¿eh?", señala, con ese énfasis especial que ponen los políticos a la hora de lanzarse al "y tú más".
Como se apunta en la memoria de la Fiscalía, la discusión pública sobre la corrupción política está resultando estéril "debido al empleo de las tácticas del ventilador o de la tinta de calamar que anulan todo debate fructífero y acrecienta el cinismo político de los ciudadanos ante su clase política". Solo que es el erario público quien paga la factura. Y la del Algarrobico no es pequeña. La tasación del complejo hotelero y de los terrenos, adquiridos a precio de saldo a una sociedad participada por la Junta, realizada por el Ministerio de Medio Ambiente en marzo último con vistas a una hipotética expropiación, arroja la cifra de casi 200 millones de euros (33.000 millones de pesetas).
"Pretender recuperar aquel terreno es una entelequia. Hay muros de hasta tres metros encastrados en la roca, de forma que derribar el hotel sería tirar la montaña", asegura Antonio Baena, representante de la promotora Azata del Sol. "Nos dieron todos los permisos, las subvenciones (el 20% de la inversión) y la exención del pago de las licencias porque el hotel fue considerado obra de interés general para el desarrollo económico de la zona", indica. Pese a que la sentencia cuestiona el derecho de la empresa a ser indemnizada en un caso como este, el directivo de Azata del Sol se muestra seguro de que en el peor de los supuestos serán compensados con esos 200 millones de euros. El secretario provincial del PSOE de Almería, Diego Asensio, piensa que hay que buscar un arreglo con la promotora. Fiado, dice, a su experiencia, se muestra convencido de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no respaldará la sentencia del juzgado almeriense.
Si como establece el experto en corrupción Robert Klitgaard, ésta es la resultante de sumar el monopolio de la decisión, la discrecionalidad y la ausencia de rendición de cuentas, nuestro país parece particularmente agraciado. De entrada, porque la rendición de cuentas judicial solo se produce, si llega, al cabo de largos años de proceso.
Añade Klitgaard: "Hay santos que resisten todas las tentaciones y funcionarios honrados que resisten la mayoría de ellas. Pero cuando el tamaño del soborno es considerable y el castigo en caso de ser atrapado es pequeño, muchos funcionarios sucumbirán. El combate contra la corrupción empieza con la mejora de los sistemas". Precisamente, son las peculiaridades del modelo español -y no la mayor o menor predisposición moral de nuestros políticos y funcionarios-, las quemultiplican las probabilidades de corrupción. De acuerdo con los expertos, la configuración del plan de urbanismo como un ilimitado instrumento de reparto de poder económico y la gran discrecionalidad de que gozan los ayuntamientos componen una mezcla de elevada potencialidad corruptora.
A su vez, la autonomía municipal ha eliminado en la práctica toda tutela del resto de las administraciones, de forma que el único control sobre los ayuntamientos es la aplicación de la pura legalidad, lo que significa adentrarse en la vía judicial, extraordinariamente lenta y, por lo tanto, escasamente operativa. La actividad inmobiliaria es una fuente principal de ingresos para buena parte de los 8.000 ayuntamientos españoles. En este contexto de presiones empresariales, alta discrecionalidad y difusa rendición de cuentas, la tentación es grande porque basta un papel, un permiso, una recalificación, la omisión de un trámite, una modificación mínima en el planeamiento para que surja petróleo en terreno baldío y para que el munícipe corrupto no tenga que preocuparse más por su futuro económico.
"No pongo la mano en el fuego por nadie, pero creo que en la mayoría de las actuaciones irregulares no hay soborno de por medio sino, simplemente, la convicción de que todo vale con tal de atraer inversiones y turismo", indica Cristina Carbona. La ex ministra de Medio Ambiente, hoy embajadora de España en la OCDE, no se inmuta cuando se le recuerda el aviso que lanzó el alcalde de Carboneras cuando supo de su decidida oposición al proyecto del Algarrobico: "Esto le va a costar a Narbona el sillón".
* ELPAIS.com - JOSÉ LUIS BARBERÍA 16/11/2008
Foto: La justicia determinó la demolición del Algarrobico- FRANCISCO BONILLA, elpais.com
El urbanismo valenciano, en jaque
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LEVANTE* : Nunca un mapa será lo suficientemente exhaustivo ni tampoco una cifra será lo suficientemente exacta para establecer la geografía y la medida de la corrupción. En la Comunitat Valenciana, cada año se abren alrededor de un centenar de diligencias , sólo en la Fiscalía, para investigar a políticos corruptos y empresas fraudulentas.
El recorrido es largo, como la Comunitat Valenciana. Sin pretender abarcar todos los casos abiertos, ofrecemos un ejemplo de los más significativos que jueces y fiscales siguen investigando en los últimos años.
Un buen ejemplo es la Fiscalía de Castelló, que tiene abiertos varios frentes en la provincia por temas urbanísticos, algunos de ellos remitidos ya a los juzgados.
- orpesa
El juzgado ha imputado al alcalde, Rafael Albert, a cinco ediles, a la secretaria y al empresario Jesús Ger por prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación definitiva del PAI de Les Amplaries. La Fiscalía acusa al alcalde, Rafael Albert, y a otros siete concejales de prevaricación urbanística por vender 200.000 metros cuadrados del paraje de la Renegà. También ha remitido al juzgado la denuncia de la concejala del PSPV, Rosa Sabater, por la contratación irregular del servicio de prensa.
- moncofa
Se investiga la venta de suelo municipal por debajo del precio de mercado en el PAI Belcaire Sur y el del sector Camí de Cabres, por un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio al dar licencia de obras en un PAI anulado por el TSJ.
- AlcalÀ del xivert
La Fiscalía investiga al ayuntamiento por permitir la construcción de un edificio de cuatro alturas en la playa de Alcossebre que no se ajusta a las licencias. También investiga la aprobación del presupuesto de 2008 y la inexistencia de una depuradora de aguas residuales que debe dar servicio a Alcossebre.
- cabanes
La Fiscalía ya ha remitido al juzgado la investigación de presuntos aterramientos y vertidos en el entorno del parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. Además, ha abierto diligencias contra el alcalde por conceder licencias en el PAI Torre la Sal y por retirar la gestión del agua potable a la empresa Facsa para concedérsela a Marina D´Or.
- burriana
La Fiscalía ha remitido al juzgado la denuncia contra el concejal Francisco Isach (PP) por perdonar las tasas de la grúa a familiares y amigos.
- almassora
La Fiscalía de Castelló ha remitido al juzgado la primera denuncia contra un particular por construir de forma ilegal en la desembocadura del Millars. El grupo conservacionista Gecen denunció hasta 120 edificaciones.
- nules
Siguen las diligencias contra el presidente de la Diputación de Castelló por fraude fiscal y prevaricación. Además, el fiscal jefe, Javier Carceller, denuncia al anterior alcalde de Nules, Salvador Górriz, al secretario y al ex concejal de Urbanismo por movimientos de tierra y construcciones ilegales en el marjal. Y acusa a más de 100 propietarios.
- l´alcora
Unos vecinos denunciaron al alcalde por vender el PAI Santa a un precio muy inferior al valor de mercado.
- sagunt
Denuncia en la Fiscalía contra la anterior alcaldesa, la socialista Gloria Calero, por prevaricación al tramitar la solicitud de la empresa Fertiberia para ampliar sus instalaciones. La Fiscalía todavía no se ha pronunciado.
- zarra
La Fiscalía investiga la concesión de 87 licencias para casas de aperos, que acabaron convirtiéndose en chalés con piscina construidos en suelo rústico. el alcalde y su hijo fueron detenidos hace dos semanas.
- paiporta
Denuncia en el juzgado contra el ex alcalde socialista Bertomeu Bas por malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación. El Ayuntamiento de Paiporta se ha personado.
- pobla de farnals
El ex alcalde José Manuel Peralta llevó a la Fiscalía la auditoría urbanística que inició a los pocos meses de ganar las elecciones municipales tras 20 años de gobierno socialista. No se ha abierto expediente alguno.
- benimodo
El fiscal denunció en el juzgado al alcalde de Benimodo, José Luis Sanchis (PSOE), por un delito contra el patrimonio histórico y la ordenación del territorio por haber autorizado una obra en el centro histórico.
- montserrat
La Fiscalía denunció en el juzgado al ex alcalde de Montserrat, Josep María Mas, por prevaricación en la modificación de un Plan de Reforma Interior (PRI) de una urbanización. También se investiga a la actual alcaldesa, la popular Laura Sanjuán, y el concejal de Urbanismo, Joan García Perales, por un delito contra la ordenación del territorio al permitir construir el colegio provisional Evarist Calatayud en suelo no urbanizable.
- alberic
La Fiscalía denuncia al arquitecto municipal en relación a las obras de rehabilitación del convento capuchino por un delito contra el patrimonio histórico.
- tous
El juzgado investiga si el alcalde de Tous, Cristóbal García (PP), cometió un delito de prevaricación al denegar al PSOE un local municipal para una asamblea informativa.
- algemesí
La Fiscalía investiga irregularidades en el concurso-oposición para una plaza de intendente principal de la Policía Local.
- ontinyent
La Fiscalía investiga a la alcaldesa de Ontinyent por el PP, Lina Insa, por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por caducar los expedientes de 61 infracciones urbanísticas en el diseminado.
- benicolet
EL juzgado investiga al ex alcalde del PP y a siete concejales por un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación entre 2003 y 2007, al aprobar licencias de obra en contra de los informes técnicos.
- beniatjar
La Fiscalía denunció al ex alcalde José Cortell Cortell (PP) por utilizar información privilegiada para comprar unos terrenos rústicos en los que una promotora pretendía urbanizar.
- dénia
La Fiscalía de Alacant investiga, tras una denuncia del PP, a la ex alcaldesa socialista Paqui Viciano por prevaricación administrativa en la venta por el ayuntamiento de 240 metros cuadrados de un antiguo camino catastral.
- xàbia
El juez investiga al actual alcalde, Eduardo Monfort, del Bloc, y a su antecesor, Juan Moragues, del PP, junto a otros ocho ex ediles, por prevaricación en la concesión de una licencia para ampliar el apartahotel El Rodat..
- benitatxell
La Guardia Civil detuvo en julio al alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, y a su edil, Hannelore Rheindorf, ambos independientes, por pedir 50.000 euros a un vecino para que su terreno siguiera siendo urbanizable en la revisión del PGOU..
- calp
El equipo de gobierno del ayuntamiento ha llevado a la Fiscalía y a la Sindicatura de Comptes los 14 millones de facturas del gobierno del PP, incluida la documentación del «caso aguas de Calp».
- l´atzúvia
La asociación ecologista Gelibre, Agró y el Bloc de l´Atzúvia denunciaron la proliferación de casas de lujo en suelo no urbanizable. La Guardia Civil detuvo al promotor, Klaus Dieter May, y a su esposa a principios de año por un presunto delito urbanístico. La conselleria alertó de la concesión irregular de licencias por parte del Ayuntamiento de l´Atzúvia.
- san fulgencio
Otro soborno por favores urbanísticos está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, tras la difusión de un vídeo en el que se ofrecía dinero. La alcaldesa y cuatro concejales han sido detenidos y puestos en libertad.
- bigastro
El alcalde socialista, José Joaquín Moya, acaba de dimitir desde la cárcel, donde se encuentra por el famoso «permutazo» de suelo y por varias irregularidades urbanísticas.
* Levante-EMV - 16.11.2008
Foto: Montserrat (Valencia) - lasprovincias.es
Los cargos públicos y los funcionarios que silencien los delitos urbanísticos serán castigados penalmente
ABC* : La corrupción urbanística tiene un capítulo propio en la reforma del Código Penal. A partir de su aprobación, incurrirán en delito los cargos públicos y los funcionarios que conozcan la comisión de alguna infracción urbanística y no la denuncien. Además, la persecución penal de la realización de obras ilegales se extenderá al momento de la urbanización, y no sólo al de la edificación, que es posterior.
Delito serán también el acoso laboral, tanto en el ámbito privado como entre funcionarios; los daños efectuados en bases de datos o sistemas informáticos, así como el acceso sin autorización a los mismos; la estafa a los inversores falseando balances, actividades o negocios.
La reforma pretende también regular más claramente en qué momento queda interrumpida la prescripción del delito. A partir de ahora, interrumpirá el cómputo del plazo la mera presentación de denuncia o querella, cuando se dirija a una persona determinada (no hay que esperar a la admisión a trámite); la práctica de diligencias orientadas a la detención de una persona concreta; y también cualquier actuación del juez que se considere sustancial para la incriminación de una persona. Además, se ampliará a 10 años el plazo de prescripción de los delitos contra el fisco o la Seguridad Social.
Por primera vez, se regulará la responsabilidad penal de las personas jurídicas (garantizará una mayor eficacia de la lucha contra las mafias internacionales dedicadas a blanquear dinero procedente de la droga o la trata de seres humanos).
* ABC - N. C. - 15.11.2008
El cámping del piso barato hace de su promotor un héroe inmobiliario
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ELPERIÓDICO* : José Moreno culminó ayer su ascenso al casi desierto Olimpo de los héroes inmobiliarios mediante un acto tan sencillo como la entrega de unos papeles. Tras varios días acampados en Fuenlabrada (Madrid), en las inmediaciones de la asociación de vecinos de este promotor de pisos a un precio cercano al de coste, más de 2.000 jóvenes entraron por orden en el local, le entregaron 120 euros, firmaron un papel que les acreditaba como futuros cooperativistas y salieron coreando su nombre, sonriendo, abrazándose entre sí y, en algunos casos, incluso llorando de alegría.
Todo por la promesa de ser propietarios en un futuro indeterminado de una vivienda barata que no existe. Aunque ha anunciado que espera comenzar a construir a comienzos del próximo año las primeras 200 viviendas de las 2.100 totales, Moreno carece de suelo por el momento.
El fenómeno dice tanto sobre la capacidad de atracción de este hombre como sobre la situación inmobiliaria en España, que tras una década de crecimiento se encuentra ahora bordeando el colapso debido a los recortes globales a los créditos y el frenesí constructivo. El precio de la vivienda empieza a descender debido a la crisis financiera, pero se dobló entre el 2001 y el 2007. Con los salarios subiendo apenas por encima de la inflación, los jóvenes se enfrentan a enormes dificultades para hacerse con un piso que puedan pagar. Lo que Moreno les ofrece es precisamente eso: una vivienda al alcance de su bolsillo para que vuelen de una vez del nido familiar.
600 EUROS AL MES
De acuerdo con lo anunciado por el promotor inmobiliario --conocido como el Robin Hood del ladrillo porque su margen de beneficio, de solo un 3%, es sensiblemente inferior al del resto-- las viviendas para personas de 18 a 35 años, en el sur de Madrid y el norte de Toledo, serán de entre dos y tres habitaciones, contarán con los mejores materiales y su precio oscilará entre los 120.000 y los 168.000 euros según sean de protección oficial o de renta libre, de los cuales el cooperativista pagará una entrada de 9.000 y mensualidades de un máximo de 600. Solo hay que creer en él. Y los jóvenes le creen, aunque la única garantía que ofrezca resida en el hecho de que en las otras ocasiones que ha construido en régimen de cooperativa --72 viviendas hace una década, 170 pocos años después y otras 402 en el 2007-- todo haya salido estupendamente.
LA ASOCIACIÓN
Por eso llegaron a Fuenlabrada en cuanto supieron que el 15 de noviembre, ayer, iba a inscribir en la futura cooperativa a las primeras 2.000 personas que se presentaran, pues los 100 inmuebles restantes hasta llegar a 2.100 irán a parar a miembros de su asociación de vecinos, llamada La Avanzada por el barrio en el que reside Moreno. La primera en llegar, el pasado domingo junto a su marido y su bebé, fue Deyaniry Feliz, ama de casa de 24 años. Al instalarse, Feliz provocó un efecto dominó: los interesados en el proyecto de Moreno, temerosos de no poder formar parte de él si se retrasaban, comenzaron a llegar sin pausa. El lunes sumaban 1.500, cifra que el viernes llegaba a los 2.500, convirtiendo así el barrio en un improvisado campamento de jóvenes sedientos de piso sobre el que también se dejaron caer muchas promotoras inmobiliarias que los tentaban, sin éxito, con sus ofertas en estos tiempos de crisis.
"¡Moreno, campeón, saluda a la afición!", exclamaban los jóvenes tras pagar los 120 euros que les convierten en miembros de la futura cooperativa y que, según los folletos informativos del héroe inmobiliario, les serán devueltos si esta no comienza a andar "en un año por motivos achacables a la gestora". Cuando posaban para las decenas de medios que se congregaron en el local vecinal, algunos también sustituían el tradicional grito de "¡patata!" por otro más adecuado para la ocasión: "¡Hipoteca!".
* El Periódico - JUAN RUIZ SIERRA, FUENLABRADA - 16.11.2008
Foto: La larga cola de los aspirantes a un piso de bajo coste, antes de formalizar la inscripción, ayer. - JUAN MANUEL PRATS, elperiodico.com
Manifestación en defensa del patrimonio alcarreño
LATRIBUNA/Guadalajara* : Los representantes de Ecologistas en Acción, Tierra Comunera, el Grupo para la Defensa del Patrimonio Histórico- Artístico de Guadalajara, (Dalma) y la asociación La Camada se concentraron ayer en la plaza del Concejo contra la escasez de políticas de conservación y «el abandono de las autoridades».
La manifestación comenzó entorno a las 11,00 horas en la plaza del Concejo para continuar hasta la Plaza de Santo Domingo, donde se leyó un manifiesto. Durante el desarrollo de la misma, la decena de concentrados se equiparon con pancartas en las que se podía leer ‘Urbanismo imparable’, ‘Patrimonio cultural, patrimonio mundial’ o ‘ ¿Quién es el responsable? ¡Intereses políticos y económicos!’. Además de corear diferentes lemas como «¿Qué van a ver de Guadalajara los turistas, sino dejamos nada?».
Alberto Mayor, portavoz de Ecologistas en Acción, denunció que «no hay conservación de ningún tipo». Como ejemplo puso el ábside de la iglesia de San Gil, en la plaza del Concejo, quejándose del lamentable estado en el que se encuentran estos restos y su entorno.
En su manifiesto los convocantes llamaron a los alcarreños a salir a la calle, para evitar «el deterioro del casco antiguo» y «el desmantelamiento del patrimonio artístico, cultural y natural». En este documento destacaron que el detonante de la concentración del sábado fue la «destrucción» de un yacimiento de la Edad de Bronce de las Terreras del Henares y la «ocultación de información» en este caso. Además los manifestantes denunciaron «la descoordinación entre las administraciones públicas: Cultura, Medio ambiente y Ayuntamiento». Al respecto, constataron «el escaso control en las obras públicas y la falta de parcialidad en los casos en que se ejecuta». Recordaron también que es la misma Administración quien controla los restos arqueológicos e impone las sanciones pertinentes.
malas prácticas. Luego procedieron a leer un listado de las malas actuaciones, que han destruido «gran parte del patrimonio histórico de Guadalajara» desde los años 50: la desaparición del Convento de Santa Clara (hoy sede de Ibercaja y del Hotel España) en los sesenta, del antiguo recinto amurallado medieval (ocupado en la actualidad por las viviendas de la calle Ramón y Cajal) o en 2001 la reconstrucción total del Palacio de Dávalos y la demolición, sin autorización, del edificio de Guardahermosa de la Plaza de los Caídos, entre otros muchos casos. A juicio de las asociaciones convocantes la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla La-Mancha tiene por objetivo «inventariar y tirar» la mayoría de los restos hallados en las obras. La concentración finalizó entre aplausos de los presentes y gritos de «¡Basta ya de destrucción!». Marta Arias, una de las manifestantes, constató que Guadalajara es una «ciudad escasa en edificios de interés turístico».
* La Tribuna de Guadalajara - carlos manso - 16.11.2008
Foto: Guadalajara, ayuntamiento - wikipedia.org
Los jueces anulan un PAI de Valencia por vulnerar la libre competencia
ELPAÍS* : La adjudicación del programa de actuación integrada (PAI) del sector urbanizable de Patraix en Valencia, con más de 3.000 viviendas, vulneró las reglas de la libre concurrencia. Aprobado definitivamente en 2002, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anula ahora el proyecto, con la urbanización ya avanzada y cuando el agente urbanizador, una empresa encabeza por el promotor Juan Soler, ejecuta un tramo del bulevar sur para mejorar las conexiones viarias de la zona.
La sentencia, notificada el pasado 6 de noviembre, refleja la larga controversia en torno a las condiciones de adjudicación de los PAI con la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que ha desembocado en una denuncia del urbanismo valenciano ante la Unión Europea.
El plan bendecido por el Ayuntamiento de Valencia y la entonces Consejería de Obras Públicas fue recurrido por numerosas empresas con intereses o propiedades en el área urbanizable. Los recursos alegan motivos diversos, pero la mayoría conduce a una misma acusación: la Administración local incumplió la normativa de contratación europea y estatal, que está en el centro de la polémica sobre la falta de transparencia y libre competencia en la adjudicación de planes en las leyes urbanísticas valencianas.
Los magistrados entran en el debate al analizar los argumentos de las partes, y aunque desechan la anulación del PAI de Patraix por una posible infracción de las normas europeas y apuntan que la discusión sigue abierta, sí defienden que el expediente no respetó los principios de publicidad y libre concurrencia de todos los interesados en la adjudicación como marca la normativa estatal de contratación. El fallo del TSJ no es firme, por lo que el Ayuntamiento deberá decidir si lo recurre o intenta subsanar, de ser posible, las irregularidades de la tramitación.
El PAI del nuevo barrio de Patraix ocupa casi medio millón de metros cuadrados y es uno de los sectores urbanizables más grandes de la ciudad de Valencia. A su desarrollo se presentaron varias empresas con alternativas técnicas, entre ellas la opción ganadora, encabezada por la empresa de Juan Soler DUPSA (Desarrollo Urbano de Patraix, SA).Durante la larga gestación del proyecto, que arrancó en 1999, la propuesta de urbanización estuvo abierta a alegaciones, pero una parte de las empresas demandantes denuncia que hasta la aprobación final en el pleno de octubre de 2002 se produjeron modificaciones que no llegaron a salir a exposición pública, por lo que se conculcó el principio de no discriminación y libre concurrencia. Tanto el Ayuntamiento como DUPSA rechazan este argumento y alegan que los cambios en el plan no fueron "sustanciales", y que se cumplió la previsión de la LRAU sobre la información pública. También esgrime una de las partes que pretendió presentar una nueva oferta, pero que el procedimiento no lo permitió, con lo que cree que DUPSA "obtuvo una posición absolutamente privilegiada" y no hubo igualdad de condiciones.
En respuesta a todos las objeciones, el tribunal de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sustenta su decisión en la ya amplia jurisprudencia que ha generado el choque de la LRAU con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en relación con la selección del agente urbanizador, su calificación para la adjudicación, los procesos de expropiación, publicidad e información pública, entre otros aspectos. Los magistrados citan diversas sentencias al respecto y se reafirman en que no basta con argumentar que un plan cumple la LRAU -ya sustituida por la Ley Urbanística Valenciana (LUV)-. Si la tramitación del proyecto se contradice con la norma básica estatal, que asume las directrices europeas, ésta debe prevalecer.
Los magistrados concluyen así que la adjudicación del PAI vulneró "los principios de no discriminación y libre concurrencia". Además, el adjudicatario "no estaba debidamente clasificado para contratar con la Administración", y aunque la LRAU no se lo exigía, tampoco excluía "expresamente" esta condición, por lo que una vez más prevalece la "normativa estatal básica".
El PAI de Patraix se queda sin urbanizador y sin proyecto válido. La sentencia deja en el aire una urbanización que incluyó expropiaciones y está ya avanzada.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 16/11/2008
Foto: Valencia, barrio Patraix - picasaweb.google.com
Amigos del Patrimonio denuncia que está en peligro la singularidad de la ciudad histórica
ELNORTE/Segovia* : La Asociación de Amigos del Patrimonio celebró ayer una asamblea ordinaria en la que mantuvo el tono crítico con las actuaciones urbanísticas que, a su juicio, van desfigurando poco a poco la singularidad de la ciudad histórica.
Su presidente, Pedro Montarelo, advirtió de que esa singularidad que diferencia Segovia de otras ciudades corre peligro «con esas pequeñas intervenciones que se van haciendo y que van suponiendo un cambio sustancial en la fisonomía urbana».
Montarelo lamentó el «culto al automóvil» existente en ciudades en las que debería respetarse el patrimonio histórico de manera exquisita. En este sentido, censuró los proyectos de aparcamientos subterráneos para recintos amurallados como el de Segovia, «que esconden los coches pero suponen una mella irreparable en el paisaje de la ciudad, como el que se está proyectando bajo el paseo del Salón, al que nos oponemos rotundamente porque esa zona ya nunca quedará igual que estaba», manifestó. Esta asociación segoviana aboga por una planificación general de la ciudad histórica «porque no podemos esconder o guardar todos los coches en aparcamientos subterráneos».
El presidente de Amigos del Patrimonio recordó que Segovia fue en su día declarada Patrimonio de la Humanidad, no por sus monumentos, sino por el conjunto que éstos conforman con el caserío, las tapias, las huertas, los espacios libres... «Si bien esos grandes monumentos no corren peligro, se están llevando a cabo intervenciones muy cuestionables en la calle de San Geroteo, en la Calle Real, en el paseo de Juan II, etcétera, que contribuyen a acabar con esa singularidad que posee el recinto amurallado de Segovia, al cual no podemos aplicar la misma normativa urbanística que a las ciudades nuevas, porque no es una ciudad en construcción, sino hecha, terminada».
Sensibilización
Amigos del Patrimonio quiere seguir desempeñando la labor de vigía de la conservación del legado histórico y artístico segoviano, pero también quiere extender la sensibilización por el patrimonio. Para ello, prepara unos encuentros en los que dará cabida a otros colectivos sociales. «El objetivo es charlar sobre el patrimonio segoviano con instituciones, medios de comunicación, organizaciones vecinales y otros colectivos sociales, no desde una perspectiva especializada, sino desde el punto de vista del ciudadano de a pie que está interesado en la conservación del patrimonio de su ciudad». Estos 'encuentros con el patrimonio' tendrán un carácter mensual y arrancarán el próximo mes de diciembre.
* El Norte de Castilla - 16.11.08 -CARLOS ÁLVARO
Foto: Segovia, plaza Mayor - segoviayprovincia.com
La Fiscalía de Valencia investiga un centenar de casos de corrupción en los últimos dos años
LEVANTE* : Terra Mítica, Fabra y, Orihuela son nombres ya conocidos en los pasillos de los juzgados y entre la opinión pública. Pero no son los únicos. En dos años, la Fiscalía de Valencia lleva investigando de forma callada un centenar de casos de corrupción política y de fraude empresarial. En Alicante y Castelló el panorama es tanto o más desolador, donde la promoción turística ha ido pareja a la especulación urbanística.
Con la crisis económica y financiera a escala mundial, los pelotazos urbanísticos, los hombres del maletín y el negocio del ladrillo son más difíciles de ocultar. La prueba está en la Comunitat Valenciana, hecha a golpe de PAI, en la que la corrupción comienza a aflorar. Sólo en la provincia de Valencia, entre 2007 y lo que va de 2008, la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Valencia abrió 86 diligencias de investigación penal, que se pueden ampliar hasta final de año. Y no ha hecho más que empezar.
El fraude fiscal denunciado en 2005 por las obras de jardinería en Terra Mítica fue el detonante. Tres años después, la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, con Jesús Carrasco al frente, ha consolidado su sección de delitos económicos con un equipo formado por Carmen García, Teresa Lorente, Carlos Díez, Francisco Ceacero, Vicente Torres y, hasta hace poco, Ricardo Olivares.
La lista de delitos sería interminable, aunque algunas de las denuncias se utilizan como armas políticas por parte de la oposición. Acaban archivadas.
Sólo seis fiscales investigan en estos momentos los casos de corrupción que salpican los municipios valencianos. De ámbito provincial, en 2007 la Fiscalía de Valencia abrió 55 diligencias de investigación penal contra políticos, ayuntamientos y empresas por delitos que les pueden llevar a prisión: prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos. fraude a la Hacienda Pública, falsedad documental, estafa, contrabando, delitos contra la ordenación del territorio, irregularidades contables...
Así, el año pasado fue prolífico en denuncias de la Agencia Tributaria contra diversas empresas por un presunto fraude a la Hacienda Pública. Nuevas Residencias 2000 SL, Lava Tap Norte SL, Glasbusiness Invest SL y Avanzza Soluciones SL., figuran entre las primeras. Las constructoras también han sido denunciadas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social por fraude.
Pero las que abundan son las que denuncian irregularidades en los ayuntamientos, la mayoría de ellas, archivadas. Como las denuncias contra los alcaldes de Rafelbunyol, Benaguasil o Xàtiva. Ninguna de ellas prosperó.
También es normal que se abran diligencias contra algún diputado o algún miembro del Consell, incluso contra el Presidente de la Generalitat. Un ejemplo es la denuncia de un empresa contra Francisco Camps por prevaricación, que fue archivada dos meses después. Se busca el titular.
Fraudes de empresas
Las cifras de 2008 no difieren mucho. Hasta el 10 de noviembre, la sección de delitos económicos ha abierto 31 diligencias de investigación. En esta ocasión, proliferan las denuncias contra las pequeñas empresas por fraude a Hacienda o a la Seguridad Social. Y, cómo no, en año de elecciones destacan las denuncias por delito electoral, como la que presentó EUPV contra el alcalde de Alberic, el asesor de Seguridad y el jefe de la policía local. Sigue adelante.
Destaca la actuación de la recién creada Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Valencia, Grupo II, que detuvo al alcalde de Zarra y a su hijo tras una investigación de cinco meses por varios delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
* Levante-EMV - Regina Laguna, Valencia - 16.11.2008
Foto: ciudad de la justicia. La sección de delitos económicos de la Fiscalía ha abierto ya 86 diligencias en 2008 - manuel molines, levante-emv.com
El fiscal pide cárcel para el ex regidor de Gondomar
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ELPAÍS/Vigo* : El anterior alcalde y actual portavoz del PP en el ayuntamiento de Gondomar, Carlos Silva, será juzgado a partir del lunes, junto a los otros cinco ediles que formaban la Xunta de Goberno local en el anterior mandato, por un presunto delito de prevaricación urbanística, por el que el fiscal pide para cada uno de ellos 18 meses de cárcel y su inhabilitación durante 10 años.
Carlos Silva y los demás concejales que formaron parte de la Xunta de Goberno responderán en el juzgado de lo penal número 2 de Vigo por la concesión de 37 licencias de obra entre noviembre de 2005 y enero de 2006 de acuerdo al plan general de urbanismo de 1997, que el Tribunal Supremo anuló definitivamente en 2005 en un procedimiento que había suscitado el PSOE en 2001.
La denuncia ante la fiscalía por el otorgamiento de las licencias fue presentada por el BNG y el actual alcalde, Antón Araúxo, que prestará declaración en la vista oral como testigo el martes.
Sólo el ex alcalde y otro concejal, Ángel Gregores Méndez, forman parte del grupo popular en la actual corporación. Otro de los concejales imputados, José Luis Mosquera, también está imputado por la fiscalía, junto con el que era concejal de urbanismo, Alejandro Gómez, de tres presuntos delitos de cohecho.
Estos dos concejales fueron detenidos en febrero de 2007 en una encerrona policial, cuando cobraban los primeros 50.000 euros de los 180.000 apalabrados por firmar un convenio urbanístico en el marco del plan general de 2006, entonces con aprobación inicial y en fase de redacción, el cual iba a cubrir el vacío del plan de 1997.
* ELPAIS.com - P. CARBAJO - Vigo - 15/11/2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Juez y fiscales revisan ´in situ´ las deficiencias del Palma Arena
DIARIODEMALLORCA* : Una comisión judicial, integrada por el juez José Castro, los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach y agentes de Policía, inspeccionaron ayer, durante más de cuatro horas, las instalaciones y deficiencias del Palma Arena, el velódromo de Sant Ferran objeto de investigación por una supuesta trama de corrupción de alcance millonario.
La comisión detectó, entre otras anomalías, que el pabellón, construido por el anterior Govern del PP, carece de certificado final de obras.
El juez José Castro investiga desde el pasado agosto una querella de los delegados en Balears de la fiscalía anticorrupción, Juan Carrau y Pedro Horrach, por los descuadres millonarios en el proyecto de construcción del estadio deportivo y por presuntas desviaciones e fondos de partidas no menos importantes. Básicamente el velódromo fue proyectado con un coste de 48 millones de euros, pero finalmente costó a las arcas públicas aproximadamente 110 millones, mucho más del doble de lo previsto.
Ayer al mediodía en la conselleria de Deportes del Govern se recibió el aviso de la inminente visita de la comisión judicial a las instalaciones del Palma Arena, un recinto construido entre 2005 y 2007 y diseñado ex professo para acoger el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de marzo-abril del último año mencionado.
Gili y García Coll
Como anfitriones de la comisión judicial actuaron ayer, entre otros, Gabriel Gili, director general de Deportes del Govern, y Margarita García Coll, la gerente del Palma Arena.
Juez, fiscales y policías del Grupo de Delitos Económicos fueron ilustrados durante las cuatro horas por los responsables y empleados del recinto acerca de su estructura, equipamientos y otras características técnicas.
La inspección ocular se prolongó durante tanto tiempo debido al gran tamaño y complejidad del pabellón deportivo. La comisión judicial recorrió con mucho detenimiento todos los rincones del estadio y se entretuvo, entre otros elementos, en el vídeo-marcador central, las gradas y la pista del velódromo.
La visita judicial se inició alrededor de la una de la tarde y culminó hacia las 17. Ni visitantes, ni anfitriones comieron nada en ese tiempo y únicamente bebieron agua para soportar las largas las idas y venidas.
El objetivo del juez Castro y de los fiscales delegados anticorrupción de Balears fue el comprobar in situ las características del pabellón deportivo para recopilar información de cara a las pesquisas que se están practicando y a otras futuras diligencias.
Entre los descubrimientos realizados ayer por los investigadores destaca el que el estadio carece de certificado final de obras, una irregularidad desconocida por fiscalía y juzgado.
La inspección ocular también permitió constatar otra larga serie de deficiencias y malos acabados del estadio. Entre las disfunciones del proyecto que ya se conocían destacan la lejanía de las gradas respecto a la parte de pista dedicada a otros deportes.
El juzgado practicará en los próximos días nuevas pruebas y diligencias sobre el caso de presunta corrupción.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J. F. MESTRE. PALMA- 15.11.2008
Foto: El juez Castro inspecciona las instalaciones del Palma-Arena. - B. Ramon, diariodemallorca.es
La UE investiga el PAI de 780 chalés y un campo de golf en Alzira
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LASPROVINCIAS/Valencia* : La alcaldesa de Alzira y los vecinos de la plataforma Salvem la Casella ven de manera opuesta el futuro del proyecto urbanístico de la finca de Sos. Los vecinos miembros de la plataforma Salvem la Casella consideran que este plan, que prevé la construcción de 780 chalés y un campo de golf en la finca de Sos, en Alzira, está "más lejos que nunca", según un comunicado remitido ayer.
El motivo de este optimismo se debe a la reciente comunicación de Marcin Libicki, presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en el que señala que seguirá investigando el proceso.
Por contra, Elena Bastidas, alcaldesa de la ciudad, afirmó que la Unión Europea "no tiene competencias en este caso. Puede comentar lo que le parezca sobre esta cuestión, pero nada más, porque, en caso contrario, vulneraría la autonomía local".
Bastidas añadió que el proyecto "va a seguir su tramitación" y aventuró a apuntar, como posible fecha de inicio de las obras "la próxima legislatura. Si el nuevo Plan General está a punto en 2011, a partir de ahí ya nos pueden presentar el proyecto", a pesar de que, como reconoció, la crisis podría ralentizarlo en cierta medida.
Después de que el Ayuntamiento lo aprobara de manera provisional, la alcaldesa destacó que seguirán los dictámenes que les marque la Conselleria para continuar con un proyecto que "va a seguir adelante con normalidad" y que calificó de sostenible.
Petición vecinal
En la comunicación a los vecinos, Libicki recuerda que la Comisión de Peticiones prosiguió el examen de la petición vecinal en una reunión celebrada los pasados días 10 y 11 de septiembre "basándose especialmente en la información escrita y oral transmitida por la Comisión de las Comunidades Europeras".
A continuación, apunta que la Comisión Europea "informó a los diputados que, dentro del procedimiento de infracción contra España por supuesta infracción de las directivas 93/37/CE y 92/50/CEE (contratos públicos de obra y de servicios, ha decidido recurrir al Tribunal Europeo de Justicia". De este modo, la Comisión de Peticiones "proseguirá el examen de su petición tan pronto como reciba nueva información de la Comisión Europea".
Desde la plataforma Salvem la Casella afirman que el objetivo de este proceso es "restablecer el marco legislativo de los mercados públicos conforme al Derecho Comunitario, cosa que continúa sin suceder pese a haber sustituido la antigua ley urbanística (LRAU) por la nueva (LUV)".
La posición de la Comisión, según los vecinos, es que los PAI "deben concederse respetando plenamente las normas y principios de la Unión Europea en materia de contratación pública. La ejecución de las obras de urbanización, competencia municipal, no se pueden adjudicar a la iniciativa privada sin previa publicación de la convocatoria en el Diario de la Unión Europea".
Además, como otro argumento apuntan la jurisprudencia existente en materia de medidas cautelares. En la misma se señala que el juez nacional, conocedor de la existencia de un litigio regido por el Derecho Comunitario, estará facultado para conceder las medidas cautelares para garantizar la plena eficacia de la resolución judicial que recaería sobre los derechos comunitarios invocados".
Cabe recordar que el pleno del Ayuntamiento alcireño desestimó todos los recursos presentados, tanto por la plataforma vecinal como por formaciones de la oposición como el PSPV y el Bloc.
* Las Provincias - 15.11.08 -MANUEL GARCÍA
Foto: Terrenos en los que se construirá un campo de golf y 780 chalés - lasprovincias.com
Imputados dos ex alcaldes de Rincón por un convenio con el grupo Mirador
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ELPAÍS/Málaga* : El Juzgado de Instrucción nº8 de Málaga tiene abiertas diligencias para esclarecer si los ex alcaldes de Rincón de la Victoria Francisco Salado (PP) y José Domínguez Palma (PSOE) pudieron incurrir en presuntos delitos de prevaricación y malversación en la firma de un convenio urbanístico con el grupo inmobiliario Mirador para ceder 5.175 metros cuadrados de suelo urbanizable.
La operación se justificó para compensar al polémico grupo inmobiliario por no autorizarle construir en una parcela junto al arroyo Totalán por el fuerte impacto que suponía al estar en una pendiente muy pronunciada, por lo que el equipo de Gobierno iba a desclasificarla como urbanizable en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La investigación debe determinar si ha habido perjuicio a las arcas municipales.
El convenio se firmó en febrero de 2007, cuando Salado era alcalde y Domínguez Palma concejal de Urbanismo. En la causa también están imputados el consejero delegado del grupo Mirador, Enrique Faura, y el secretario del Ayuntamiento, Miguel Berbel. Salado, que actualmente es portavoz del PP en la Diputación de Málaga y será nombrado dentro de una semana secretario general del partido en la provincia, explicó ayer que el convenio se firmó justamente para evitar que se construyera en un suelo donde era una barbaridad hacerlo y con todas las garantías legales y un estudio minucioso de los derechos de edificabilidad que correspondía a la promotora. La vigencia del convenio está en suspenso porque no se ha aprobado la revisión del PGOU.
Una de las curiosidades del convenio es que lo firmó Urbanización Valle Rosario, sociedad del grupo Mirador, pero que no es la propietaria del suelo y de los derechos urbanísticos, que pertenecen a Sherry Mirador.
Incumplimientos dolosos
Sherry Mirador nunca obtuvo licencia municipal de obras para construir la promoción Mirador de la Cala, pese a lo cual firmó contrato de venta de pisos con clientes en los que hacía constar que las obras ya estaban en ejecución, falsedad que se repite en otras promociones del grupo.
El pasado octubre, un juzgado de primera instancia de Málaga condenó a Mirador al pago de sendas indemnizaciones de 54.994 y 55.142 euros a dos parejas que habían firmado contratos de compra de una vivienda en Mirador de La Cala. Cada una de ellas entregó más de 24.000 euros por anticipado por unas viviendas que, en teoría, debían haber sido entregadas en el primer trimestre del año 2005. Grupo Mirador no llegó siquiera a pedir nunca la licencia de obras, como ha acreditado la secretaría del Ayuntamiento de Rincón.
Entre los argumentos que da la sentencia para estimar "plenamente el incumplimiento doloso" del contrato por parte de la promotora, se expone que ésta "debía conocer las particularidades urbanísticas de la zona donde publicitaba construir y pese a ello realizó contrato y recibió cantidades a plazo".
Sherry Mirador tuvo problemas para hacerse con toda la propiedad del suelo y para elaborar el proyecto de la urbanización hasta que después de las inundaciones de marzo de 2004 causadas por la ocupación de cauces y las construcciones en pendiente, el Ayuntamiento decidió no permitir más en la zona y se fraguó el convenio de cesión de suelo para compensar.
Pero esta forma de actuación del grupo Mirador no es privativa de este caso. La inmobiliaria ha firmado ventas de viviendas en Vélez Málaga, Villanueva del Rosario, Benalmádena, Fuente de Piedra y Loja que no ha construido. Más de 200 afectados por estos incumplimientos tienen en marcha numerosas denuncias, aunque hasta ahora no ha prosperado ninguna en la vía penal. Los jueces no llegan a ver indicios de estafa, sino meros incumplimientos de contrato.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 15/11/2008
Foto: Rincón de la Victoria (Málaga) - mma.es
La FCM podría pasar de la vía administrativa a la penal en sus denuncias contra hoteles ilegales en Lanzarote
SANBORONDÓN* : Desde el año 2000, la Fundación César Manrique de Lanzarote, ha interpuesto una serie de recursos contra apartamentos y hoteles ilegales en la Isla. En todos estos años, de forma permanente y en cascada, el TSJC les ha dado la razón respecto a las tesis que defiende la Fundación, afirmando que la mayor parte de éstas construcciones son ilegales. “No irregulares: Ilegales”, puntualiza Alfredo Díaz, portavoz de la Fundación.
De esta manera, 22 hoteles y complejos de apartamentos se encuentran en esta situación. “Esto es absolutamente tremendo. Estamos ante una situación de ilegalidad generalizada en la Isla que aquí nos preocupa muchísimo. Es muy preocupante lo que hay detrás de esto”, comenta Díaz.
Según el mismo Alfredo Díaz, detrás de esta ilegalidad generalizada se halla la apuesta decidida por un modelo, que tal y como ahora se observa también en la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias, se orienta a seguir apostando por un modelo desarrollista. “Parece que se desdicen de una cosa que plantearon ellos hace un tiempo con la Ley de Directrices, que es verdad que podíamos tener algunas discrepancias con ella, pero mantenía una dirección encaminada a lo que nosotros pensamos que debe ser, un control responsable del crecimiento, y tener en cuenta que las Islas son territorios pequeñitos y que aquí no vale cualquier cosa”, dice el portavoz de la Fundación.
La Ley de Medidas Urgentes camina en la dirección contraria. “Se van a cargar de un plumazo lo que era el stato quo anterior: el control de crecimiento de las Islas, el tratar de que el desarrollo turístico no se disparatara, ...y más de lo mismo, seguir apostando por un modelo desarrollista que nos va a llevar a donde nos está llevando: a la ruina”, sentencia.
Explica Díaz que todas estas sentencias poseen una característica en común fácil de entender: para conceder una licencia urbanística-turística en Lanzarote es necesario un informe, preceptivo y vinculante, del Plan Insular de Ordenación de la Isla, en vigor desde 1991. Señala Díaz que el Texto Refundido de la Ley canaria sobre ordenación del territorio data de mayo de 2000.
“Y ahora los tribunales vienen a decir que sin ese informe vinculante y preceptivo, que por supuesto estos hoteles y apartamentos no tienen, (porque si lo hubieran pedido en la mayoría de los casos habría sido negativo, y por lo tanto no podrían haber sido construidos), ahora viene el Gobierno de Canarias con esta Ley de Medidas Urgentes que tiende a decir que ese informe deja de ser vinculante y sólo es preceptivo, y se le resta fuerza en cuanto a la planificación territorial a los Cabildos, porque no están adaptados, según ellos, a la Ley de mayo de 2000. Pero es que tenemos leyes anteriores. Y la moratoria es de 2000. ¿De qué estamos hablando?”, pregunta.
En cuanto al Consejo de la Reserva de la Biosfera, según el portavoz de la Fundación César Manrique, un órgano que, aunque tiene un carácter no decisivo, sí consultivo, “no cabe duda que tiene un peso importante”. Considera que constituye una representación amplia de la sociedad lanzaroteña: partidos políticos, sindicatos, personal de las dos universidades canarias, la propia Fundación César Manrique... que le convierten en un órgano “interesantísimo”.
En ese Consejo de la Reserva, recuerda Díaz que unos días atrás el Cabildo de Lanzarote presentó un informe absolutamente demoledor, y además con una profusión de datos y una visión didáctica que a su juicio entiende cualquiera. “Se llega a la conclusión de que se han cometido auténticas barbaridades, a las que hay que buscar solución, pero no sin coste alguno, que es en la mayoría de los casos lo que parece plantear el Gobierno de Canarias con esta Ley de Medidas Urgentes”, dice.
“Si usted ha cometido una irregularidad, habrá formas de compensar, sí. Vamos a analizar caso por caso, vamos a estudiar qué se puede hacer en cada caso”, opina, observando que habrá hoteles que se podrán legalizar, pero no a precio cero.
“Eso es lo que hay que discutir. Lo que la Fundación no está dispuesta, y así lo manifestamos en el Consejo de la Reserva, es que una documentación tan valiosa como ésta, unas sentencias tan contundentes como éstas, veintitantas ya, se queden en agua de borrajas. ¿Qué vamos a hacer? Llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción. A lo mejor ya no es una opción sólo llevarlo por la vía de los contenciosos administrativos, sino por la vía penal”, concluye.
* Revista San Borondón - 13.11.2008
Foto: Lanzarote, Casa Taro de Tahíche - fcmanrique.org
La juez confirma el procesamiento del alcalde de Tui por cinco delitos
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ELPAÍS* : El denominado caso Patazumba, por el que se atribuyen cinco delitos al alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, y a otros siete implicados, será juzgado por la Audiencia Provincial de Pontevedra, después de que la juez instructora rechazara el recurso presentado por el regidor tudense y confirmara los cargos. Se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico.
El proceso está motivado por una urbanización de 300 viviendas de la inmobiliaria Tuyvi, una empresa del hijo de Fernández Rocha, José Luis Fernández Estévez, de la que es apoderado el propio alcalde, del PP. La compañía compró la finca en abril de 2003 por 1,7 millones de euros. Cuatro meses más tarde, el Ayuntamiento de Tui duplicó las alturas permitidas respecto al resto de polígonos del entorno. Las obras comenzaron sin licencia, según la juez que instruye el caso, y que ordenó la paralización de los trabajos a finales de 2006.
A los imputados ya conocidos -el alcalde, su hijo, su asesora y cuatro funcionarios-, el nuevo auto suma uno nuevo: el concejal Moisés Rodríguez, empleado de la empresa del hijo del alcalde y compañero sentimental de la hija de Rocha. "No consta en autos que se haya abstenido de votar en plenos donde se adoptaban resoluciones que favorecían a la empresa para la que trabaja", señala la resolución judicial.
Rocha se ha beneficiado recientemente de una sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestima un recurso de la Xunta contra planes urbanísticos de la localidad, entre ellos el de Patazumba. Dicho recurso, formulado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando estaba al frente de Política Territorial, se descartó por un defecto formal: fue presentado fuera de plazo. Fuentes próximas al caso consideran que el fallo del TSXG no afecta al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tui.
El nuevo auto confirma otro anterior contra el que presentaron recurso los procesados. El ministerio fiscal y la acusación particular, una asociación social y cultural, reclamaron la confirmación del proceso y la ampliación de las diligencias a Moisés Rodríguez, concejal de Cultura cuando ocurrieron los hechos.
Según el auto de la jueza, el pleno de Tui modificó la normativa municipal y aprobó estudios de detalle que posibilitaron "la superación de las alturas máximas permitidas, favoreciendo los intereses de las empresas promotoras del hijo del alcalde". Además, otro estudio de detalle permitió realizar "diversas obras sin contar con la preceptiva autorización de la Dirección General de Patrimonio de Galicia". La jueza imputa a los procesados el delito contra el patrimonio, por no respetar la zona de protección de un hórreo catalogado y por la tala de árboles centenarios, de los que ya no queda rastro en la finca afectada.
En agosto de 2003, cuatro meses después de que Tuyvi comprara la parcela, de casi 6.000 metros cuadrados, el Ayuntamiento aprobó el estudio de detalle de la zona, que autorizaba a la inmobiliaria a construir hasta una altura de bajo, cinco plantas y una más bajo cubierta, casi el doble que en el resto de polígonos del entorno. Las alturas permiten a Tuyvi consumir toda la edificabilidad autorizada por el planeamiento municipal. El alcalde intentó validar la edificabilidad con un nuevo Plan General, aprobado inicialmente en diciembre de ese mismo año y anulado por Feijóo.
La promoción prevista por la empresa del alcalde y su hijo es la mayor llevada nunca a cabo en Tui, pero las obras están paralizadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra desde diciembre de 2006. La decisión juega doblemente en contra de los intereses de la promotora de la familia Fernández Rocha, que en 2003 compró los terrenos por 1,7 millones de euros. Según la escritura de compra de la parcela, la inmobiliaria deberá indemnizar con 1,1 millones de euros a sus antiguos propietarios si antes de abril de 2009 no les entrega 11 viviendas en la urbanización que pretende construir, como parte del precio pagado por la finca. Por todo ello, la acusación particular solicita para el alcalde cuatro años de prisión y 19 de inhabilitación para cargo público.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 15/11/2008
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org
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Torres califica como corrupción el nepotismo que se practica en las administraciones públicas
LAOPINIÓN/Málaga* : Era la primera vez que el ex instructor de la operación ´Malaya´ y actual titular del juzgado de lo Penal nº5 de Granada, Miguel Ángel Torres, hablaba sobre el fenómeno de la corrupción en la capital. Y no defraudó a nadie. En unas jornadas organizadas por el Instituto Superior de Economía Social (ISEL) en el Ateneo, el magistrado afirmó que la corrupción no va ligada exclusivamente a la licencia de obra...
..."Nos olvidamos de otras formas de corrupción de las que no se habla o no se persiguen: los concursos y las adjudicaciones de obras, la malversación de caudales, los concursos de personal, la utilización de medios públicos para fines privados y los gastos excesivos en la administración, como se ha puesto de manifiesto últimamente".
El granadino atacó así aquellos concursos de contratación que no se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad, realidad que se conoce como nepotismo.
El magistrado, que ayer demostró una vez más no tener pelos en la lengua, aseguró: "Si se devuelven los capitales o lo percibido por una actividad ilegal no tendría problemas para que se rebajara la pena al imputado ni para que se dieran beneficios penitenciarios a quien cuenta la realidad".
En definitiva, premiar al delator que, en el seno de una corporación, se arrepiente de sus actos y decide ´cantar´. Él, precisamente, fue muy criticado por ello durante la operación ´Malaya´, pero coincide con el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, también presente ayer, en reclamar que se permita la figura del arrepentido.
Beneficios. Esta actividad, al generar empleo y movimiento de dinero en una localidad puede "ser beneficiosa a corto plazo", lo que, según Torres, explicaría que "cuando se imputa a un político una parte de su municipio lo proteja y diga que es inocente".
Sin embargo, el juez afirma que la corrupción socava los cimientos del Estado de derecho y de la democracia, además de alterar el mercado local de viviendas, subir su precio y favorecer la corrupción de parte de los abogados y asesores fiscales de la zona para proteger el blanqueo. "Donde hay corrupción se instala el crimen organizado", dijo.
Torres recalcó además que "no es incompatible que en un contexto en el que la situación económica no es la mejor se siga apretando a la corrupción. Es como si a un hambriento se le dan alimentos envenenados". También atacó a los "profetas" que, en estos momentos, van a pedir que se relajen las normas sobre el urbanismo.
Considera que en Málaga no hay más corrupción que en otros sitios y asegura que, cuando "hay una persona corrupta en un ayuntamiento, la mayor parte de la corporación está inmersa en estas prácticas".
Ineficacia. Las sanciones administrativas son "ineficaces. La multa le sale rentable al empresario". Incluso aludió a la laxitud en la persecución de estos delitos: "Hay que investigar con técnicas policiales, poniendo de manifiesto los capitales ilícitos. Estas investigaciones pueden levantar protestas, pero se debe seguir esa línea, aunque con ello no hagamos amigos. No hacer todo lo posible o tener miedo de perseguir la corrupción es, en sí mismo, otra forma de corrupción".
Entre otras cosas, solicitó una reforma legal para que las intervenciones telefónicas cuenten con la seguridad jurídica adecuada de forma que no sean anuladas después por un juez, así como también exigió juzgados específicos de ámbito autonómico en la materia y equipos multidisciplinares (con expertos en Hacienda y en Urbanismo). E incidió, al igual que hizo López Caballero, en la necesidad de que se instaure la figura del delator o arrepentido, las entregas vigiladas y los agentes dobles.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 13.11.2008
Los vecinos de Puente Castro llevan sus protestas a la calle
LEONOTICIAS/León* : Los vecinos de Puente Castro llevan sus protestas a la calle. Lo hacen impulsados por la asociación de vecinos 'Aljama' que ya ha enviado información puntual "a todos los vecinos sobre los planteamientos y 'proyectos estrella' sobre la ubicación y construcción de entre 100 y 150 viviendas para personas en riesgo de exclusión social en terrenos dotacionales para equipamientos de las necesidades vecinales".
La Asociación denuncia "los incumplimientos que el Ayuntamiento de León" en cuestiones como el desarrollo "del polideportivo y centro cívico anunciado" y "ofertado por el PSOE y que ahora dicen no construirán, a pesar de que el presupuesto no saldrá integramente de las arcas municipales, sino que forma parte de la dotación y equipación del otro nuevo poligono tambien en construcción".
Los jovenes de Puente Castro han comenzado sus reivindicaciones y protestas con las pintadas aparecidas en las proximidades de la parcela dotacional del polígono de Santo Tomás o Puente Castro Sur.
"No se descarta que en pocos dias comienzen otro tipo de protestas de Puente Castro ante esta forma de entender a 'su manera' lo que quieren los vecinos, sin tener en cuenta las peticiones y necesidades de este barrio que siempre esta en desventaja sin nada digno para las necesidades de sus habitantes y ofreciendo servicios que no dan ni quieren dar el resto de barrios: cementerio, crematorio, área deportiva", asegura Aljama en una nota pública.
* Leonoticias - 5.11.2008
Foto: Una de las pintadas realizadas como protesta en el barrio de Puente Castro - leonoticias.com
Los Juzgados suspenden las obras de otras 105 viviendas en el Plan Parcial Playa Blanca
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DIARIODELANZAROTE* : Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo nº1 y 3 de Las Palmas han dictado dos recientes resoluciones, de 22 de octubre y 4 de noviembre, mediante las que acuerdan suspender con carácter inmediato las obras de construcción de un total de 105 viviendas que se venían realizando en varias parcelas del Plan Parcial Playa Blanca.
La Justicia ha decidido dejar sin efecto las licencias que el Ayuntamiento de Yaiza concedió el 3 de noviembre de 2006 a la empresa “Prolar Inversión Tenerife” para la construcción de un complejo de 37 bungalós en la parcela R-9ª de dicho Plan Parcial, así como la licencia que el mismo Ayuntamiento también concedió el 29 de mayo de 2006 a la empresa “Playa Blanca 6” para la construcción de otros 68 chalets en la parcela R-14A y B del mismo Plan Parcial.
Los Tribunales también han ordenado que se comunique al Registro de la Propiedad la existencia del recurso contra las licencias que autorizaron las obras y la paralización de los trabajos de construcción que ha sido acordada por los Juzgados a la vista de los motivos expuestos en los recursos que han sido formulados por el Cabildo de Lanzarote contra el desarrollo de este Plan Parcial, que la primera corporación insular considera extinguido e ineficaz desde el año 2001.
Doce órdenes de suspensión
Con estas dos nuevas resoluciones judiciales, el número de suspensiones de obras que ha acordado la Justicia en esta urbanización del sur de Lanzarote asciende a un total de 12, todas ellas favorables al Cabildo de Lanzarote.
Asimismo, el número de viviendas cuyas licencias de obras han sido suspendidas por los Juzgados en el Plan Parcial Playa Blanca asciende a un total de 468, de las cuales algo más de 200 están terminadas, otras 150 se encuentran iniciadas y el resto no han iniciado obras al haberse decretado la suspensión de la licencia antes del comienzo de los trabajos.
En este último caso, las obras de los 37 bungalós que han sido paralizados en la parcela R-9 se encuentran en fase de estructura, mientras que de los 68 chales de la parcela R-14, una parte se encuentra en estructura y otra en un grado de ejecución más avanzada.
* Diario de Lanzarote - ACN - 14.11.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa_blanca - diariodelanzarote.com
