ELMUNDO/Madrid* : La coordinadora de organizaciones ecologistas serranas Salvemos la Sierra ha convocado para este domingo una marcha de protesta contra el desdoblamiento de la carretera de Navacerrada (M-601), por el impacto ecológico que supondría en la Sierra del Guadarrama.
La Comunidad de Madrid tiene previsto convertir en autovía la M-601, desde la conexión con la N-VI en Collado Villalba hasta la unión con la M-623 en el término de Collado Mediano, junto a Becerril de la Sierra.
Salvemos la Sierra considera que la operación "se orienta a favorecer el crecimiento urbanístico desaforado de los pueblos incluidos en el entorno serrano, desatendiendo cualquier criterio medioambiental y de ordenación del territorio".
La organización denuncia que el desdoblamiento supondrá la eliminación de 1.095 árboles. El proyecto atraviesa la Cañada Real Segoviana, un cordel, cuatro veredas y cuatro coladas y su presupuesto es de 23 millones de euros, según Salvemos la Sierra.
Por su parte, desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid insisten en que lo que se está realizando es "un estudio de viabilidad" para ver si es conveniente o no realizar la carretera, y que de momento "no existe ningún proyecto de desdoblamiento".
Alpedrete y Collado Mediano
Los planes urbanísticos de Alpedrete y Collado Mediano también estarán presentes en la protesta. La organización denuncia que estos proyectos pretenden un desarrollo exponencial de la población "sin atender a un crecimiento vegetativo racional y sobre todo sin planificar estratégicamente la adecuación de los servicios a los ciudadanos, protegiendo los valores únicos medioambientales que posee la Sierra de Guadarrama".
La manifestación servirá asimismo para informar y protestar por la futura construcción de un hospital público bajo gestión privada en la Chopera de Collado Villalba, "último eslabón del corredor ecológico que une la sierra con la Dehesa Boyal".
. Por ello, solicitan la suspensión cautelar del proyecto hasta que se presente el Estudio de Impacto Ambiental de otras parcelas propiedad del Ayuntamiento de Collado Villalba, como los terrenos del Caño de la Fragua, que "por su ubicación, accesibilidad, clasificación urbanística en el vigente planteamiento y dimensiones, serían una alternativa mucho más racional para albergar la infraestructura hospitalaria, aunque el Gobierno municipal pretende destinarlos, sin embargo, a un nuevo centro comercial". Además, piden que la gestión del nuevo hospital sea pública, no privada como está previsto.
La marcha saldrá a las 10.15 horas de la estación de tren de Villalba y terminará hacia las 13.30 horas en la estación ferroviaria de Collado Mediano. Después habrá una comida comunitaria en un jardín cercano a la estación.
La marcha se desarrollará por vías pecuarias de fácil recorrido: pasa por la calle Real de Villalba, vía pecuaria de la Dehesa de Villalba, y luego coge la vía pecuaria que recorre la dehesa de Alpedrete.
* El Mundo - 04/10/2008
Salvemos la Sierra convoca una marcha contra el desdoblamiento de la carretera M-601
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4.10.08
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Las Palmas: Anulada la licencia de Las Torres del Canódromo
CANARIAS7* : La licencia de obra mayor otorgada por el Ayuntamiento de la capital grancanaria a Realia para construir las dos torres del canódromo ha sido anulada. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº2 da la razón de nuevo al colectivo de Avecalta. La licencia de obra mayor de las torres del Canódromo fue concedida por el Ayuntamiento capitalino a Realia el 21 de marzo de 2006.
La sentencia conocida ayer responde al recurso interpuesto por la asociación de vecinos Avecalta del mismo modo que se habían recurrido antes el Plan Especial y las determinaciones del Plan General de Ordenación que justificaron el desarrollo del convenio urbanistico firmado en su día por la Corporación municipal (entonces gobernada por el PP) para convertir en suelo público el solar que hoy ocupa el Parque del Canódromo.
La resolución judicial, pronunciada ahora en primera instancia, se limita a suscribir los argumentos expuestos por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en las dos sentencias previas que anularon el Plan Especial, la primera de ellas fechada el 3 de septiembre de 2007, y la segunda, a instancias de la citada asociación, el pasado 10 de enero. De hecho, el texto de la sentencia conocida ayer transcribe en 13 folios las consideraciones ya expuestas en las anteriores sentencias del caso, y considera nula la licencia de obra mayor al compartir «plenamente los argumentos expuestos por la Sala respecto a la ilegalidad tanto del Pan Especial como del PGO de Las Palmas, disposiciones al amparo de las cuales se dictó la que es objeto de impugnación en este juicio». Por ello, «procede igualmente declarar la ilegalidad» de la licencia, «y la consiguiente anulación».
Mba y Tetares, testigos.
El juez que instruye la querella presentada contra la anterior alcaldesa de la ciudad, Pepa Luzardo, y su concejal de Urbanismo, Felipe Afonso, ha citado como testigos para el próximo miércoles 8 de octubre al que fuera responsable de los Servicios Jurídicos y actual director general de Ejecución Urbanística, Antonio Sánchez Tetares, y al secretario general técnico de la Junta de Gobierno, Felipe Mba.
El Ayuntamiento anuncia recurso.
El concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Néstor Hernández, confirmó ayer que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia que anula la licencia concedida por el anterior grupo de gobierno para la construcción de las torres del Canódromo. El edil expresó su «absoluto respeto a las iniciativas ciudadanas, y a los pronunciamientos de los tribunales, en plural», antes de recordar que pertenece a un gobierno municipal «que gobierna», acción que significa «tomar decisiones». Por ello, desde que se conoció el texto de la sentencia «la hemos estudiado con atención, y con toda la seguridad jurídica y la urgencia que requiere el caso».
La decisión de recurrir la sentencia conocida ayer se tomó en consonancia con la estrategia seguida tras la anulación del Plan Especial dictada en enero pasado por la Sala de lo Contencioso del TSJC, que actualmente está pendiente de lo que resuelva el Tribunal Supremo. Hernández advirtió de que, a diferencia del conflicto del Plan Especial, el recurso contra la anulación de la licencia se agota en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que «convendría esperar a conocer el resultado del litigio sobre el Plan Especial antes de convertir en definitivo el proceso de la licencia».
En todo caso, el concejal de Urbanismo recalcó que de no agotar la vía judicial, «las indemnizaciones serían millonarias y gravarían los intereses de todos los ciudadanos y los intereses generales del Ayuntamiento». Del mismo modo, precisó que «conviene no confundir más a la ciudadanía con la complejidad jurídica de este asunto, que mantiene en el aire una de las principales iniciativas urbanísticas heredadas del mandato del Partido Popular. Las obras de las dos torres del Canódromo continúan a buen ritmo, de tal forma que desde que se conoció la anulación del Plan Especial en enero, se ha completado la mitad del proyecto.
* Canarias 7 - J.D. / G.H.M. - 4.10.2008
Foto: Las distintas sentencias judiciales no han afectado a las obras de las torres del Canódromo - Juan Carlos Alonso, canarias7.es
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AMA pide a la Fiscalía que investigue a constructores y alcaldes
DIARIOMONTAÑÉS* : La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) solicitará a la Fiscalía que investigue el enriquecimiento determinados constructores y alcaldes de Cantabria y que tome declaración como testigo al propio presidente, Miguel Ángel Revilla, ya que ha dicho que hace años alguien intentó sobornarle.
AMA, que agrupa a la mayoría de los propietarios de las alrededor de 600 viviendas con sentencia de derribo, se refiere a las declaraciones que el presidente del Gobierno cántabro hizo al programa de Telecinco "Diario de...", en el que explicó que un constructor llegó a ofrecerle cien millones de pesetas hace tiempo porque dependía de los votos del PRC para conseguir unas obras.
"Lo denuncié y, claro, no había testigos", precisó Miguel Ángel Revilla en esa entrevista en el programa de Mercedes Milá.
La asociación de afectados también se refiere a las afirmaciones del presidente regional sobre la existencia de gente que "pone el cazo" y sobre el enriquecimiento rápido de determinadas personas que poseen "un cochazo de 40 millones, yate y chalé de 3.000 metros cuadrados", cuando hace treinta años "eran tíos normales".
"Que se averigüe de dónde han sacado esa fortuna. No es tan difícil", concluía Revilla.
Los afectados por las sentencias de derribo le toman la palabra y van a pedir a la Fiscalía Anticorrupción abra una investigación al respecto, ha asegurado el presidente del AMA, Antonio Vilela.
"Esa gente es la culpable de que nosotros hoy estemos así y de que nuestras familias hayan sufrido lo que han sufrido. Esa gente que va con fajos de billetes comprando las voluntades de las administraciones es realmente la culpable de nuestra situación. Esos, y los que han cogido los billetes, por supuesto", recalca.
Vilela argumenta que las afirmaciones de Revilla han suscitado "alarma social", no porque AMA no sospechara ya que había corrupción en determinadas promociones urbanísticas, sino porque quien lo denuncia ahora es el propio presidente de Cantabria .
"El presidente del Gobierno ha tirado la piedra y ha dicho que hay corrupción, que hay gente con fajos de billetes por ahí, que hay alcaldes que están corrompidos... Bueno, si eso es cierto, y nosotros no tenemos por qué dudar de ello si lo dice el presidente del Gobierno, el Parlamento también debería investigar cuál es la situación", defiende el presidente AMA.
Antonio Vilela ha hecho estas declaraciones durante la presentación del "Museo del horror" que los propietarios de los apartamentos de la playa de La Arena (Isla) han realizado para mostrar a la sociedad el sufrimiento que han pasado desde que sus viviendas recibieron una sentencia de derribo, hace 14 años.
AMA ha hecho hoy un llamamiento a los jueces y fiscales a que traten a los propietarios de la veintena de urbanizaciones con sentencia de derribo que hay en Cantabria como lo que son, "víctimas", y ha pedido a las administraciones que "dejen de atacarles" y que busquen una solución para todos.
Vilela ha reclamado además que se pida responsabilidades a los directivos de las empresas constructoras que no han cumplido sus obligaciones con los compradores de las viviendas.
Este portavoz de los afectados ha incidido especialmente en el caso de la promoción de viviendas que construía Fadesa en el Alto del Cuco, cuyos compradores tenían, en principio, garantizada la recuperación de su dinero gracias una serie de avales.
"Hace mucho tiempo que Fadesa tenía que haber devuelto el dinero a los compradores. No hay derecho a que lo haya tenido secuestrado. Ese es un secuestro de un dinero que no era de ellos. Había unos avales para ejecutar y han estado impidiéndolo de todas las maneras posibles", ha denunciado.
* El Diario Montañés - EFE - 4.10.2008
Foto: Presentación, hoy, del 'Museo del horror'./ Sane, eldiariomontanes.es
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VdeVivienda okupará una entidad bancaria del centro de Madrid para denunciar la especulación
VdeVivienda* va a okupar el próximo sábado 4 de octubre un banco del centro de Madrid para denunciar el papel de la banca, principal culpable de la burbuja financiera e inmobiliaria. Frente a este modelo, que ha causado el endeudamiento insostenible de las familias, el Alquiler Social Universal garantiza el acceso a la vivienda sin ser esclavo de un banco.
Ha llegado el momento de la respuesta ciudadana. En estos tiempos de crisis los poderes públicos y económicos se están volcando en la salvación de los constructores y especuladores, pero nadie está haciendo nada por garantizar el derecho a la vivienda. Desde VdeVivienda pensamos que en este momento crítico la ciudadanía debe tomar la iniciativa y proponer su propia solución al problema de la vivienda: Alquiler Social Universal.
Porque esta es la crisis que vivimos y no otra, la asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna V de Vivienda exige los siguientes cambios para revertir la situación y salir de esta crisis:
· Creación de un parque público de vivienda en alquiler, con un precio basado en el coste de mantenimiento del inmueble, usando para ello la gran cantidad de viviendas vacías que hay en este país, calculado en torno a las 4 millones y medio de viviendas vacías sin contar segundas residencias.
· Cambio de la ley hipotecaria de forma que cualquiera que no pueda afrontar el pago al banco nunca tenga que responder más allá del precio de subasta de la casa ante el banco.
· Ni un euro de dinero público para entidades privadas, rechazo frontal a los planes usar el ICO para donar 3.000 millones a los constructores ni a las billonarias inyecciones de dinero público por medio del Banco Central Europeo.
· Despenalización del uso de viviendas vacías para vivir o crear espacios sociales.
¿Por qué?
La banca ha sido la principal causante de la subida de los precios de las viviendas, excluyendo a millones de ciudadanas que no alcanzamos esas rentas de un derecho básico. La banca ha concedido créditos a promotoras inmobiliarias y constructoras que han contribuido al frenético ritmo de construcción -500.000 viviendas anuales en una década- que estamos sufriendo, y que se conoce en todo el mundo como ‘tsunami urbanizador’.
La banca también ha sido la principal beneficiada de los millones de familias que se han hipotecado a tipo variable, endeudándose más de lo que la prudencia del Banco de España aconsejaba: un 30% de la renta disponible de cada familia. Ahora, cuando la burbuja inmobiliaria ha pinchado y su modelo de negocio ha fracasado, dejando ‘ciudades fantasma’ sin apenas habitantes por todo el territorio, el Estado, con el dinero de todos los contribuyentes, financia las pérdidas millonarias de esas empresas, socializando las pérdidas entre las víctimas de la especulación.
Convocatoria: próximo sábado 4 de octubre, a las 21 horas en la Puerta del Sol (sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid)
* V de Vivienda - 01 de octubre de 2008
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Querella del fiscal contra el alcalde de Baiona por un delito de prevaricación urbanística
ELPAÍS/Vigo* : El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, y los miembros de la Xunta de Goberno local responderán la próxima semana en el juzgado por un supuesto delito de prevaricación formulado en una querella de la Fiscalía de Pontevedra a instancias de la Consellería de Política Territorial.
El presunto delito consistiría en imponer de modo ilegal un "área de reparto" en suelo urbano consolidado para favorecer los intereses de Jesús Pérez Gil, dueño del hotel-balneario Talaso, sobre el que por otra parte pesa una orden de demolición desde hace dos años.
El asunto, que se verá en diligencias previas en un juzgado de Vigo el martes y miércoles próximos, remite a unas parcelas situadas enfrente del vial que conduce al parador Conde de Gondomar. La promotora sevillana Herederos de Concepción Taboada del Río solicitó en marzo de 2007 licencia para construir en una de ellas un edificio de bajo y cinco plantas.
Al tratarse de suelo urbano consolidado, según el plan general de urbanismo vigente, el Ayuntamiento debió otorgar licencia directa para esa ejecución. En lugar de ello, realizó sucesivos requerimientos a la promotora, entre ellos el sorprendente de que acreditara la condición de solar (suelo urbano consolidado) de la parcela, lo que es patente en el plan general pero que el Ayuntamiento no reconoce. Con tal motivo, en febrero de este año denegó la licencia a la promotora, que ésta ya había dado por concedida por silencio administrativo.
En marzo la Xunta de Goberno local aprobó, contra toda norma, la imposición de un "área de reparto" formada por la citada parcela y otra colindante, de menor edificabilidad y en la que tiene intereses el dueño del hotel Talaso, Jesús Pérez Gil, ya que su casa ocupa 27 metros cuadrados de la parcela de menor edificabilidad, los cuales actúan como "llave" para que se pueda construir en el área de reparto impuesta por el Ayuntamiento. A ese efecto, Pérez Gil ha pedido a la promotora 1,8 millones de euros por su propiedad.
El alcalde Vázquez Almuíña expresó ayer su confianza en la Justicia y se mostró "deseoso" de prestar declaración. Según él, las decisiones se adoptaron con los preceptivos informes técnicos. El informe determinante, no obstante, fue el del asesor jurídico municipal, el abogado Juan Colón, primo de Pérez Gil. Colón ya desempeñó la misma función en el ayuntamiento de Salceda de Caselas, donde la compatibilizó con sus tareas de abogado de las inmobiliarias que actuaban en el municipio.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 04/10/2008
Foto: Baiona (Pontevedra) - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Galicia
El Consell ignora el agua en su propuesta para evaluar el impacto de los PAI
ELPAÍS/Valencia* : El Consell obvia la consulta a los organismos competentes sobre disponibilidad de recursos hídricos de programas urbanísticos en el borrador del decreto de Evaluación Ambiental Estratégica de los Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística. Mediante este decreto la Generalitat adaptará al ámbito de Comunidad Valenciana la Directiva Europea y la ley estatal 9/2006 vigentes en la materia.
El olvido de la garantía de agua en los planes urbanísticos por parte del Gobierno que preside el popular Francisco Camps ha motivado una investigación de la Comisión Europea que afecta a 129 PAI aprobados sin el preceptivo informe de las confederaciones.
La propuesta de decreto que plantea el Consell ha sido rechazada por Ecologistas en Acción del País Valenciano. El grupo ha presentado alegaciones en las que se opone al documento porque no incluye en la elaboración de la memoria ambiental el contenido de las consultas a las administraciones de costas, aguas y carreteras sobre la existencia de recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público marítimo-terrestre. Los ecologistas resaltan, además, la "inadecuación" del rango de la norma (decreto) para trasponer esa directiva y proponen que se regule con una Ley de Evaluación Ambiental.
Por último, creen "injustificable" la exclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica cuando la reclasificación del suelo no urbanizable sea inferior a 40 hectáreas, siempre que se implanten usos residenciales vinculados a viviendas sociales. "Una reclasificación de suelo de 400.000 metros cuadrados tendrá un efecto previsiblemente significativo sobre el medioambiente, por lo que debería ser evaluada", precisa el texto de las alegaciones.
* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 04/10/2008
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Melilla se inunda por su mala planificación urbanística
ECOLOGISTASENACCIÓN* : Aunque se han realizado enormes y costosísimas obras de saneamiento que evacuan una gran cantidad de agua, siempre acaba siendo insuficiente ya que la propia concepción urbanística de la ciudad es defectuosa en este sentido. Los nuevos barrios, carreteras y soluciones con piso de cemento como la nueva feria, implica que cada gota de agua que cae no sea absorbida por la tierra y debe ser evacuada por medios artificiales.
En el caso de la nueva explanada de la feria, antes de tierra, en una noche de lluvia como las pasadas puede emitir al alcantarillado más de tres millones de litros de agua.
Esto se ha visto por ejemplo en la zona de Huerta Salama, donde se han construido urbanizaciones sin dejar espacios abiertos de tierra que absorban el agua de lluvia hacia los acuiferos, y los muros como el de La Granja o la urbanización de la Base Alfonso XIII no hacen sino agravar el problema. Las carreteras previstas en esa zona agravarán todavía más el problema de las inundaciones.
Por otro lado vemos como la zona centro se sigue inundando por las mismas causas a pesar de llevar muchas obras de saneamiento, pero las riadas del centro pueden ser catastróficas si los barrancos de Cabrerizas y de Horcas Coloradas se entuban y hormigonan tal y como pide la ciudad a la Confederación Hidrográfica. El efecto de esponja que hacen estos espacios, desaparecería y todo el agua caída iría a parar al alcantarillado de la ciudad agravando las inundaciones.
Por otro lado se observa también como el agua que inunda las calles tienen gran carga de tierra. Esa tierra es arrancada al terreno erosionándolo gravemente. Esto ocurre al no tener la necesaria cobertura vegetal que agarraría la tierra para no dejarla erosionar. La ciudad sigue en su política de no vigilar el poco terreno rural que nos queda, permitiendo y fomentando construcciones y actividades perjudiciales para el terreno que pueden tener graves consecuencias y costos ambientales y económicos. Estamos viendo en pocos años como el casco urbano está llegando a la misma valla fronteriza y se talan cientos de árboles para hacer aparcamientos, cuarteles y carreteras, el resto que no se hormigona pasa a ser zonas de vertidos o campos de prueba para los todo terreno asegurando su destrucción para luego poder ser urbanizada.
Además hay que tener en cuenta que el cambio climático está haciendo que en el Mediterráneo se concentren cada vez más las precipitaciones en pocos días del año, esto quiere decir que tras largas épocas de sequías, llegarán días de intensas lluvias que provocarán fenómenos de inundaciones y riadas. A la vista de esto hay que crear un urbanismo más adecuado a nuestra geografía de grandes desniveles y poca cuenca hidrográfica teniendo en cuenta el fenómeno del cambio climático que parece ser que la ciudad no quiere darse por enterada.
Ecologistas en Acción de Melilla presentó más de mil firmas exigiendo un cambio en la política urbanística para que se creen más zonas verdes, que no grises, y respetando un cinturón verde en toda la ciudad cubriendo de vegetación autóctona toda su superficie. Es urgente que los ciudadanos se conciencien y tomen las decisiones sobre el diseño de su ciudad y no la dejen en las manos de políticos y especuladores.
* Ecologistas en Acción de Melilla - 1.10.2008
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Vecinos y ecologistas critican que no se proteja expresamente el Mar Menor
ELFARO/Cartagena* : La Federación de Asociaciones de Vecinos, expectante ante una próxima reunión monográfica con el edil de Urbanismo, Joaquín Segado, y la Asociación de Naturalistas del Sureste, absolutamente crítica, coincidieron ayer, por boca de dos representantes autorizados, en reprochar que la desclasificación como urbanizable de toda la fachada marítima del Mar Menor no vaya acompañada, en el avance del Plan General que se abordará la próxima semana en pleno, de una figura de protección ambiental concreta.
El presidente de la Federación vecinal, Leandro Sánchez consideró “irrenunciable” el mantenimiento de la franja litoral de la laguna como no urbanizable “para evitar la proliferación de campos de golf¨” y echó de menos, por ello, “una mayor protección específica.
Y es que, el nuevo avance establece que esa zona será no urbanizable inadecuada, pero no subraya ninguna razón ambiental para ello.
Para el presidente de ANSE, Pedro García, la eliminación de esa razón ambiental “convertirá en más sencilla la conversión de ese suelo en urbanizable cuando interese en el futuro, sin necesidad de hacer informes de evaluación previa”.
Esa coincidencia entre vecinos y ecologistas no se mantiene en la otra gran zona que quedará sin urbanizar, la del oeste perteneciente al área protegida de la Sierra de La Muela y Cabo Tiñoso. En ese caso, la Federación aboga por una reducción de la parcela mínima para poder construir, actualmente situada en 80.000 metros cuadrados, según Sánchez. Para García, sin embargo no es posible entrar en eso mientras se mantenga la ilegalidad de “viviendas cuyos propietarios sabían perfectamente que vulneraban la ley cuando las construyeron”.
Respecto al centro de la ciudad, García deploró que se mantengan como urbanizables las laderas del Monte San Julián; mientras que Francisco Rodríguez, vocal de Urbanismo de la Federación consideró beneficioso que se permita a los propietarios de viviendas en San Antón y Santa Lucía concentrar edificabilidad para dejar más espacios libre para zonas verdes, viales más anchos y equipamientos.
“Alumbres no sale perjudicada”
“La previsión de suelo para una futura estación intermodal entre Alumbres y El Borricén no afectará negativamente a Alumbres sino todo lo contrario”, según el parecer del vocal de Urbanismo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Francisco Rodríguez. En esta zona aumenta también el suelo industrial.
* El Faro de Cartagena - Eduardo Ribelles - 2.10.2008
Foto: La Manga (Murcia) - JM.Rodríguez, AGM (laverdad.es)
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3.10.08
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Tema: NOTICIAS Murcia
Una nueva sentencia judicial anula la licencia de 934 plazas turísticas en Costa Teguise
DIARIODELANZAROTE* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado en sentencia firme la resolución del alcalde de Teguise por la que concedió una prórroga del plazo de ejecución de las obras de construcción de apartamentos turísticos (934 plazas), centro administrativo y locales comerciales, tras el recurso interpuesto por la Fundación César Manrique (FCM).
Las obras corresponden a la parcela 242-B del Plan Parcial Costa Teguise, y fueron autorizadas con una licencia concedida en 1989.
El TSJC ha anulado la licencia al entender que el Estudio de Detalle no entró en vigor al no haber sido publicado, “por lo que nunca debió otorgarse ni prorrogarse una licencia con arreglo a las determinaciones ni publicadas e ineficaces del mismo”.
Como señala la sentencia, “la Jurisprudencia ha señalado reiteradamente que el principio de publicidad plena exige la publicación del texto íntegro de las ordenanzas y demás normas de los planes urbanísticos”.
Con este fallo ya son 17 los recursos presentados por la FCM que han sido estimados por los tribunales, 15 de ellos con sentencias firmes, que han supuesto la anulación de más de 7.000 camas turísticas y 4.500 residenciales.
* Diario de Lanzarote - 2 de octubre de 2008
Foto: Teguise (Lanzarote), costa - diariodelanzarote.com
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Urbanismo y autovías frente a biodiversidad
PÚBLICO* : La riqueza natural de España es única en Europa: es el país con más diversidad biológica del continente. Sin embargo, este privilegiado lugar no cuenta con la protección adecuada, según un informe de Ecologistas en Acción, presentado ayer como anticipo a la celebración del Congreso Mundial de la Naturaleza, que comenzará el domingo en Barcelona.
"Los esfuerzos de protección de la naturaleza están siendo prácticamente inútiles" frente a un modelo de desarrollo que "prescinde" de las políticas ambientales en tiempos de crisis, advierte el informe de la ONG ecologista.
La apuesta del Gobierno y las Comunidades Autónomas por fomentar la obra pública tiene sus consecuencias en el entorno, recuerdan los ecologistas, para los que el crecimiento urbanístico basado en grandes complejos de ocio y turismo es "desmesurado" y las infraestructuras suponen las "más frecuentes agresiones a la naturaleza". Los proyectos de autovías previstos más dañinos hacia el entorno son, a juicio de esta ONG, la A-43 Puertollano-Mérida; la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba; la autovía Linares-Albacete; diferentes tramos de la ruta de la plata A-66 de Gijón a Sevilla; la A-48 Costa de la Luz (Cádiz-Algeciras); la autovía Cuenca-Teruel; así como la IV centenario (Ciudad Real-Valencia). Son señaladas porque sus trazados atraviesan parques naturales, zonas de especial protección para aves, espacios Red Natura 2000 o lugares de interés comunitario.
Otras infraestructuras con impactos ambientales incluidas en el informe son la línea de tren de alta velocidad Madrid-Extremadura, la ampliación del puerto norte de Valencia y el nuevo puerto de Granadilla (Tenerife), así como el desdoblamiento de la carretera M-501 (Madrid) y la construcción del aeropuerto de Ciudad Real. En Murcia, recoge el documento, se ha modificado la Ley de Espacios Naturales "para sacar de la lista de espacios protegidos zonas que se pretenden urbanizar".
Además, Ecologistas en Acción cree que la unión del Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura, realizada en esta legislatura, ha sido "una mala decisión" que perjudica al medio ambiente. Este hecho puede suponer, "un retroceso en la política de conservación y protección activa de la biodiversidad", según vaticinan. En este sentido, se apunta que comunidades autónomas como Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha ya han suprimido sus Consejerías de Medio Ambiente y se ha utilizado "como excusa la necesidad de reducir gastos".
Para hacer frente a esta construcción insostenible, los ecologistas piden una revisión de los proyectos susceptibles de afectar gravemente al medio natural y la aprobación del Plan Estratégico del Patrimonio Natural.
* Público - MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE - Madrid - 01/10/2008
Foto: Obras de desdoblamiento de la carretera M-501 (Madrid). - Gente , publico.es
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Madrid: Los vecinos exigen que se retiren los parquímetros tras la sentencia
ELPAÍS* : Ni Sangenjo ni nada. Da igual lo que ponga en la placa. "Esta es la plaza del Parquímetro". Así, con mayúscula. Jesús Otero, uno de los cabecillas del movimiento antiparquímetros que comenzó hace más de dos años, está radiante. Le felicitan por la calle en el distrito de Fuencarral-El Pardo. "Enhorabuena, Jesús". "Gracias, gracias". Es como si él hubiera redactado la sentencia que declara nula la ampliación de los parquímetros al exterior de la M-30. Como si los fueran a quitar mañana.
Da igual que la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 de Madrid no sea firme y que el Ayuntamiento le restara ayer importancia asegurando que la va a recurrir.
Los parquímetros de la periferia, según una nota municipal, seguirán donde están. Pero el fallo judicial fue ayer como un soplo de aire fresco para las plataformas antiparquímetros en los tres distritos afectados (Fuencarral, Hortaleza y Carabanchel). Pidieron la retirada "inmediata" de las máquinas y recuperar el dinero de los tiques y de las multas. El grupo municipal socialista, que presentó el recurso contra la ampliación de los parquímetros, cifró ayer en 206 millones de euros el perjuicio económico por los dos últimos años. Los madrileños afectados por la medida, según los cálculos del grupo socialista, pagaron a lo largo de 2007 30,5 millones de euros por la compra de tiques, 2,1 millones por las tarjetas de residentes y otros 31 millones más por las multas. El resto corresponde al canon que reciben las concesionarias, según las cifras facilitadas por el PSOE. El Ayuntamiento no ofreció ninguna estimación.
Los socialistas recomendaron ayer a los vecinos que guarden los recibos y reclamen sus derechos, aunque recuerdan que, mientras el decreto actual siga en vigor "prevalece la legalidad". Es decir, ni un coche sin tique. Pero en la calle de Sangenjo no había ayer ni rastro de rebeldía. Casi todos los coches lucían tarjeta de residente o boleto. Los más afectados por los estacionamientos regulados, los comerciantes, tiran de la picaresca o del bolsillo. Pilar Carazo, que regenta una óptica, sale corriendo cada vez que pasa la vigilante para cambiar el tique. "Es que, si lo cambio cada hora, me sale por un pico", añade. La otra opción es perder más de una hora en el metro desde Las Musas. Maite López, la de la tienda de aluminios y persianas, se ha buscado "una trampilla": empadronarse en casa de su madre para poder traer el coche al barrio desde El Pilar. O Francisco, el quiosquero, que subalquila la plaza de garaje de un taxista por 30 euros de 6.00 a 14.00. Lo cuenta con cuatro plazas de aparcamiento libres delante del puesto. "Cuando hay problemas de aparcamiento es por la noche, al volver los vecinos que han salido a trabajar", explica Juan García, que vive en el barrio. "A esa hora ya no hay que pagar parquímetros... pero tampoco encuentras sitio".
Unos metros más abajo, la noticia también es comidilla en el bar de José Lozano. "La de clientes que hemos perdido estos dos años", dice el hombre. Él y su hijo Francisco alquilaron dos plazas de garaje para dejar el coche, más de 200 euros al mes. María Carmen García, la peluquera, renunció a sacarlo de casa. Llega al trabajo todos los días después de más de una hora entre el tren desde Vallecas y el paseo desde la estación. No ha encontrado un estacionamiento por menos de 100 euros. "Desde que están los parquímetros, los garajes han subido de precio", asegura. Y no puede permitírselo. Lleva nueve multas desde noviembre: "tres pagadas, seis recurridas". En casa de Jesús Otero se acumulan las carpetas con multas recurridas de todo el vecindario. No quieren pagarlas y exigen que se devuelva el dinero, como piden las plataformas antiparquímetros de los otros dos distritos afectados. En Carabanchel Alto se congregaron por la tarde una decena de vecinos para precintar los parquímetros con bolsas de basura.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 03/10/2008
Foto: Madrid, parquímetro - adn.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
Separar vivienda de negocio especulativo
XERARDO ESTÉVEZ* : Ante el horizonte global de crisis, cabe preguntarse si en un sector de la economía donde predominan, por lo que se ve, los neocon-pillos, una administración en Washington más sagaz no podía haber previsto el terremoto hipotecario americano. En otro contexto financiero, pero de alguna forma agravado por aquel, sí era, en mi opinión, predecible la crisis inmobiliaria española, con la desmesurada construcción de más de 800.000 viviendas al año y el precio subiendo; sólo que en aquellos momentos de euforia pocos quisieron escuchar el razonable pronóstico del estallido de la burbuja.
Hay que admitir, con todo, que el crecimiento sostenido durante tantos años ha mejorado apreciablemente la calidad de vida; eso sí, por lo general a costa del deterioro del territorio. Un satélite que fotografió el ladrillo nos hizo advertir los efectos de una ciudad en huida, con una excesiva colonización y un crecimiento desordenado y disperso, sobre el que no se quiso echar cuentas de sus costes de conexión, movilidad, seguridad y mantenimiento.
Cuando se "calienta" el suelo y, al mismo tiempo, unos bancos espléndidos catapultan la demanda con un Euríbor asequible y tasaciones un tanto sobrevaloradas para comprar, de paso, muebles y coche, la conclusión que se puede sacar es que la subida del precio de la vivienda es imparable; por cierto, muy al contrario de la filosofía de la ley del Suelo de 1998, derogada en 2007, que relacionaba de forma simplista una liberalización del mercado de suelo con una reforma estructural de la economía española. En los ciclos de máximo beneficio al mercado le molesta lo público y grita, como en el boxeo, segundos fuera, pero luego pide socorro en la adversidad.
En esta ciudad-negocio lo que se compra no es tanto la casa para vivir, que se deprecia, sino más bien la parte proporcional de suelo alcista. En cierto modo, nos vemos todos convertidos en especuladores pasivos, atrapados en una contradicción: somos conscientes de que el precio de la vivienda no puede seguir subiendo desmesuradamente, pero al mismo tiempo rezamos para que no baje; sólo a aquellos que aspiran a adquirir un piso les conviene que el precio se contenga. El problema surge ahora, cuando muchos se encuentran pagando una hipoteca superior al precio de mercado de su vivienda y con el Euríbor inestable.
La Administración central enfatizó quizá en exceso la aportación coyuntural del cemento al PIB y al empleo, y evitó abordar el tema de una financiación municipal suficiente para que los ayuntamientos no sean tan dependientes de la marea inmobiliaria. Porque a la administración local esta actividad le permite recaudar y realizar inversiones y, con cierta candidez, ha vinculado la construcción masiva con el éxito electoral. Mientras, las autonomías más constructoras dedicaron demasiado tiempo a legislar minuciosamente, para luego ser demasiado flexibles en la aprobación de los planes generales y eludir el deber de coordinar las políticas municipales con planes territoriales que acotasen los desmadres de algunos ayuntamientos.
Si algo positivo tienen las crisis es que nos mueven a sacar conclusiones. En primer lugar, no es cierto que el territorio lo aguante todo: su ocupación extensiva produce desajustes y desequilibrios costosos. No necesitamos que la Unión Europea venga a contárnoslo para decir no a la avaricia de unos cuantos grandes propietarios de suelo que lo han ido adquiriendo como rural pensando en convertirlo en edificable, al margen de cualquier previsión urbanística.
Una buena ordenación territorial, como la que admiramos en otros países de nuestro entorno, evitará dedicar el tiempo de la política y los recursos públicos a reparar errores y permitirá, a cambio, invertirlos en una economía de innovación. Es verdad que el urbanismo tendrá que actualizarse a través de planes viables donde la vivienda se incardine en lugar de ir por libre y las infraestructuras, además de comunicarnos, sirvan para ordenar el país. Es aquí donde las autonomías, junto con la inversión y la prestación de servicios, tienen que dedicarse a regular el territorio con criterios supralocales.
Para acometer políticas sostenidas y no cíclicas al albur del interés o desinterés económico es necesario deslindar el problema real de la vivienda del negocio de la vivienda. Debe mantenerse una cooperación continuada entre lo público y lo privado para construir viviendas de protección, en venta o en alquiler, y con una arquitectura innovadora para dar satisfacción a las demandas de una sociedad cambiante. Es decir, hay que racionalizar el sector residencial a fin de permitir una revalorización equilibrada y un dinamismo que impida la formación de grandes stocks de pisos vacíos que conformen una ciudad de persianas bajas.
La política ha de realizar cierto grado de prognosis, ir un palmo por delante de la realidad y dotarse de una perspectiva global que reemplace el pensamiento cortoplacista. El Gobierno no deja de darnos ánimos, mientras la oposición insiste en infundir pesimismo. Ambos habrían de coincidir en que se debe introducir sostenibilidad en el mercado, para que no pase de la euforia a la depresión, dejando familias hipotecadas generacionalmente hacia atrás, padres y abuelos que ayudan hoy, y hacia delante, hijos que heredarán la carga.
* Xerardo Estévez es arquitecto.
* ELPAIS.com - Opinión - 2.10.2008
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3.10.08
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Castro Urdiales: Abiertas dos nuevas causas por presuntos delitos de prevaricación
DIARIOMONTAÑÉS* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha abierto dos nuevas causas por presuntos delitos de prevaricación, para las que se ha llamado a declarar al alcalde, Fernando Muguruza; el concejal de Hacienda y portavoz del PP, José Miguel Rodríguez; los ex concejales de Obras e Industria, Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, respectivamente; y el ex secretario municipal, César Saiz, entre otros.
Estas nuevas causas se suman a otras abiertas en el mismo Juzgado, y aunque se desconoce a qué asuntos concretos se refieren, todo apunta a que puedan estar relacionados con los distintos reparos de legalidad dictados por el interventor municipal ante distintas contrataciones irregulares realizadas desde el Ayuntamiento.
De hecho, recientemente se dictó auto de transformación en procedimiento abreviado en el que se veían "indicios racionales" de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación, durante la pasada legislatura, de las obras de mejora del túnel de Mioño y de la instalación de un ascensor en el mercado municipal. En el citado auto, ya se aludía a la existencia de más reparos similares a los que habían dado pie a este proceso.
Por el momento, el próximo jueves, 16 de octubre, se ha llamado a declarar en calidad de imputados, asistidos por sus abogados, a Concepción Carranza, concejala de Educación por el PP; José Miguel Rodríguez López, concejal de Hacienda y portavoz del PP; Marta González, ex concejal del PRC y César Saiz, que fuera secretario municipal.
Al día siguiente, y por los mismos hechos, han sido llamados a declarar el ex concejal de Industria por el PRC, Jaime Díez Muro; el ex concejal de Obras por IU Salvador Hierro y, finalmente, el alcalde, Fernando Muguruza.
En otra causa distinta, pero también por un presunto delito de prevaricación, el Juzgado ha llamado a declarar para el 29 de octubre como imputados al ex secretario César Saiz; a los ediles José Miguel Rodríguez López y Concepción Carranza; y al ex concejal de Industria, Jaime Díez Muro.
Por su parte, en esta segunda causa, el 31 de octubre están llamados a declarar el ex concejal de IU Santiago Vélez, el edil de IU Salvador Hierro y, nuevamente, el regidor castreño, Fernando Muguruza.
Es decir, por ambas causas están imputados, en cada una de ellas, siete personas, todas integrantes de la Junta de Gobierno local durante la pasada legislatura, además del secretario.
Seis de ellas (el secretario, el alcalde, el portavoz del PP, los entonces responsables de Obras y de Industria y la concejala Concepción Carranza), repiten en las dos causas. Por el contrario, en la primera aparece la ex concejal regionalista Marta González, y en la segunda, el ex edil de IU Santiago Vélez.
La pasada legislatura, en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, gobernó un equipo tripartito con el regionalista Fernando Muguruza al frente, en coalición con el Partido Popular, cuyo portavoz, José Miguel Rodríguez, ocupa la cartera de Hacienda; y con IU, con su portavoz Salvador Hierro al frente de Obras. La concejalía de Industria la ocupaba Jaime Díez Muro, del PRC.
Sin embargo, tras las elecciones municipales de 2007, Muguruza fue expulsado del PRC, siendo investido de nuevo alcalde, con el apoyo del PP, que sigue en responsabilidades de Gobierno, y de los ex socialistas de Acuerdo por Castro (AxC), en un acuerdo del que ya no formó parte Izquierda Unida, ahora en la oposición.
* El Diario Montañés - E.P. - 02.10.2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - eldiariomontanes.es
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2.10.08
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Tema: NOTICIAS Cantabria
El fiscal abre diligencias penales por la falta de alcantarillado en las urbanizaciones de Llíria
LEVANTE/Valencia* : La Fiscalía de Medio Ambiente ha iniciado diligencias penales contra el Ayuntamiento de Llíria después de que el Consejo de Urbanizaciones de este municipio, una asociación formada por varios representantes vecinales, denunciase el pasado mes de julio la carencia de alcantarillados en sus núcleos de viviendas y la existencia por ello de fosas sépticas que contaminan los acuíferos del término.
El pasado 18 de septiembre, la Fiscal Jefe de Valencia, Teresa Gisbert informó a los denunciantes que había incoado diligencias a este respecto y designado ya un fiscal instructor de la investigación. Precisamente, los vecinos que han interpuesto la denuncia -y que también han puesto el caso en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Conselleria de Medio Ambiente- son propietarios de chalés con fosas sépticas en zonas sin urbanizar.
Precisamente, el consistorio pretende que sean los propietarios de las viviendas quien asuman la urbanización de los núcleos, lo que incluiría la construcción del alcantarillado hasta conectarlo con los colectores principales, mientras que los dueños de las casas quieren que esta labor la asuma el consistorio porque es un servicio básico. Según señala la asociación vecinal en la denuncia que remitió en julio y que ahora investiga la fiscalía, la red subterránea de alcantarillado "es una competencia directa del municipio y es su obligación, según establece el articulo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, prestar este servicio a sus vecinos, ya que por el contrario se estaría vulnerando la legislación medioambiental por la contaminación directa de los acuíferos que están provocando las miles de fosas sépticas de los diferentes núcleos urbanos que existen en el termino municipal de Llíria".
El Consejo de Urbanizaciones asegura que la alcaldía y la concejalía de Urbanismo no han hecho nada para solucionar el problema de las filtraciones desde las fosas a los acuíferos "bloqueando los proyectos que las diferentes asociaciones de vecinos han presentado hace varios años en el ayuntamiento y en los cuales se contempla la conexión mediante alcantarillado a la red general de colectores".
Según investiga el fiscal, al no proveer a los vecinos del servicio de alcantarillado, el ayuntamiento podría estar vulnerando la el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Urbanística Valenciana y la legislación europea sobre Medio Ambiente.
Fuentes del equipo de gobierno del PP recordaron que la Fiscalía únicamente ha iniciado una investigación y que ésta puede ir en contra del consistorio "pero también de las personas físicas que construyeron sus chalés de forma alegal y que no tienen el alcantarillado y sí una fosa séptica a pesar de que el ayuntamiento ha intentado darles una solución a esta situación".
* Levante-EMV - Voro Contreras - 02 de octubre de 2008
Foto: colector. Los colectores se están instalando pero no las alcantarillas.
levante-emv
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2.10.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
23 grupos llevan a Arrigorriaga a la Fiscalía por prevaricación en un plan urbanístico
ELPAÍS/Bilbao* : Una plataforma que integra a 23 grupos de Miraballes y Arrigorriaga presentó ayer ante la Fiscalía de Bilbao sendas denuncias por presunta prevaricación y vulneración de la ley de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arrigorriaga, en un plan urbanístico que intenta ejecutar desde 1990.
El solar, de 18,5 hectáreas, se mantiene hoy como suelo no urbanizable y los denunciantes señalan que en la operación de recalificación estuvieron implicados familiares de la anterior alcaldesa de Arrigorriaga, María José Albizua (PNV).
El caso se remonta a 1990, cuando el pleno municipal de Arrigorriaga aprobó un convenio para recalificar el paraje denominado Bentako-Erreka con la empresa Desarrollo y Gestión para desarrollar un proyecto industrial. En dicha firma figuraba como socio un hermano de la alcaldesa, según el escrito presentado ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Pero la Diputación de Vizcaya rechazó el cambio de uso por tres ocasiones (en 1990, 1993 y 1996), ante lo que la compañía Desarrollo y Gestión denunció al Ayuntamiento en los tribunales. El Tribunal Superior le dio parcialmente la razón en 2000, y, tras los sucesivos recursos, que llegaron al Supremo, se obligó al consistorio a pagar más de 6 millones de euros por incumplir el convenio.
Los denunciantes señalan que esa valoración económica era "totalmente desproporcionada" -el fallo sólo dio la razón a la empresa a la hora de recuperar unos terrenos suyos que cedió al consistorio- y que se basó sólo en la petición de Desarrollo y Gestión. "El Ayuntamiento no ejerció su derecho de tasación".
En octubre de 2007, el consistorio planteó de nuevo la recalificación urbanística, y la denuncia señala que antes de esta fecha se empezaron a comprar terrenos en la zona, "sin informar del objetivo final de los mismos y, en ocasiones, diciendo que querían poner ovejas". Con la nueva Ley de Suelo el Ayuntamiento tiene que disponer de un informe del Departamento de Medio Ambiente, que en marzo calificó el impacto de "severo" y, tras recordar que una parte de la zona tiene una protección especial, censuró la falta de medidas para preservar el aire y el ruido. El Ayuntamiento aprobó inicialmente en julio el convenio con Eroski, pero aún debe enviar el informe de impacto ambiental al Gobierno.
La denuncia incluye otro acuerdo municipal, de diciembre de 2007, por el que se compran a la empresa Desarrollo y Gestión terrenos "sin valor apreciable ni edificabilidad urbanística" por 2,7 millones. Agrega que es un "intento de liquidar la deuda" de los seis millones. El alcalde de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua, respondió que estudia querellarse contra la plataforma por "injurias, calumnias y falsedad documental", pero no quiso valorar los hechos concretos que se aportan.
18 años de intentos
- El Ayuntamiento de Arrigorriaga porfía desde 1990 por la recalificación de 18,5 hectáreas en el paraje de Bentako-Erreka, pero la Diputación de Vizcaya lo ha desestimado por tres veces al tratarse de suelo no urbanizable.
- Ahora, con la nueva ley de Suelo, y al ser un municipio de más de 7.000 habitantes, no requiere el aval foral. El consistorio ha aprobado un convenio con Eroski para que instale una plataforma logística, pero el suelo aún no se ha recalificado.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 02/10/2008
Foto: Arrigorriaga (Vizcaya) - arrigorriaga.org
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2.10.08
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Tema: NOTICIAS País Vasco
Vecinos no quieren más pisos junto al Nou Camp y piden una consulta popular
LAVANGUARDIA/Barcelona* : La coordinadora de vecinos de Les Corts comunicó a los responsables municipales y de la directiva del FC. Barcelona, que no aceptará la recalificación de los terrenos del club para construir pisos - con los que el Barça quiere financiar la reforma del Nou Camp - y piden una consulta popular sobre el plan.
Aunque la concejal del distrito, Montserrat Sánchez, tras un reunión dijo hoy que había notado un cambio de actitud de los vecinos, sobre la construcción de pisos en los terrenos del Mini Estadi - siempre y cuando se aumenten los equipamientos para el distrito - las mayor parte de los portavoces vecinales no indicaban lo mismo.
La presidenta de la Coordinadora de asociaciones de vecinos y entidades, Montse Prats, ha sido rotunda: "no queremos ni un solo piso, pedimos los equipamientos que el distrito necesita", afirmó.
El club de futbol proyecta construir cerca de 1.600 viviendas en esta zona, así como diversos establecimientos hoteleros, con los que quiere financiar la reforma del Nou Camp, proyectada por Norman Foster, que costará unos 250 millones de euros.
Por parte del club, asistió a la reunión el vicepresidente de Patrimonio, Joan Franquesa, y dijo que algunos vecinos parecían dispuestos a aceptar la construcción de pisos si conllevaba más equipamientos para Les Corts.
El portavoz de la coordinadora vecinal, Alfonso Huescar, ha dejado un pequeño resquicio a la negociación sobre la viabilidad de que se construya "algún piso", aunque siempre vinculado al aumento de los equipamientos.
Huescar, "seguro de representar el sentir mayoritario de los vecinos", ha adelantado a Efe que planteará a los abogados de la coordinadora el poder reclamar al consistorio un referendo en el distrito sobre este proyecto urbanístico, al igual que el que se baraja en el conjunto de la ciudad para la reforma de la Avenida Diagonal.
"No nos da miedo ninguna consulta, porque los vecinos están en contra", ha añadido Andreu Gripè, representante de la asociación vecinal Avenida de Chile, quien apuntado que "cuando el Real Madrid hizo una operación similar, aquí se dijo que era un pelotazo inmobiliario, y esto lo es también, sin duda, porque generará una plusvalías desmesuradísimas".
Antes de la reunión, el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, aseguró que la operación "nunca" supondrá un "pelotazo", y que las plusvalías que se obtengan deberán invertirse en las instalaciones deportivas y no servirán para "hacer fichajes".
* La Vanguardia - EFE - 1.10.2008
Foto: Barcelona, el Camp Nou desde el aire - Domenec Umbert, elmundo.es
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2.10.08
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Demolición exprés en la Cañada
ELPAÍS/Madrid* : El Ayuntamiento de Madrid derribó ayer ocho casas del Sector IV de la Cañada Real sin una orden judicial, la autorización indispensable para desalojar y demoler una vivienda. Un portavoz del Ayuntamiento reconoció la ausencia de la orden pero explicó que ésta no era necesaria porque las casas estaban inhabitadas.
"Algunas estaban sin terminar de construir. Tenemos la seguridad de que allí no había nadie", señaló el mismo portavoz.
Efectivamente, a la hora en la que comenzó el derribo, pocos minutos antes de las nueve de la mañana, no había nadie en las casas. Todas ellas pertenecen a marroquíes y en ese momento se encontraban rezando en la mezquita con motivo del último día del Ramadán. Incluso uno de los propietarios estaba en Marruecos y aún no se ha enterado de que su casa ha sido demolida.
Los vecinos consideran que la actuación del Ayuntamiento es ilegal y que podrán acreditar que vivían en esas casas en los próximos días. "Tenemos la seguridad de que al menos cinco personas estaban empadronadas en algunas de las viviendas que se han derribado y lo vamos a demostrar", comentó ayer Lidia, presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector IV.
Sobre las nueve de la mañana, decenas de policías antidisturbios y agentes de la Policía Municipal llegaron a la parte madrileña de la vía pecuaria, en Vicálvaro, y cortaron los accesos a las calles. Cuatro máquinas excavadoras se emplearon en derribar las viviendas hasta las 12.30. Los policías permitieron entonces la entrada de los vecinos a lo que quedaba de sus casas. Esta vez no hubo incidentes como los que se produjeron hace un año en el Sector V. En aquella ocasión, los desalojos terminaron con 27 heridos durante los enfrentamientos a pedradas entre la policía y los habitantes de la Cañada Real. Ayer no hubo piedras. Sólo algún insulto a los policías por haber montado las barricadas que no dejaron a los vecinos acceder a las calles y cierto enfado por haber derribado en el último día de fiesta del Ramadán.
Ayad, un marroquí de 52 años que vivía en una de las casas derribadas, se lamentaba ayer de lo ocurrido: "No nos han dejado entrar", comentó poco después de que excavadoras y policías hubiesen dejado la Cañada. "¿Adónde vamos a ir ahora? Puedo irme tres días con alguien, pero no más. ¿Qué vamos a hacer?".
El asunto de la orden judicial es lo que tiene a los vecinos preocupados. Los derribos de algunas de las viviendas de la Cañada Real Galiana se han hecho siempre según el auto de un juez. Los vecinos sienten ahora miedo por la demostración de poder del Ayuntamiento. Éste se ha propuesto acabar con este asentamiento ilegal, el más grande de España, con 2.000 casas y unos 40.000 habitantes. Los problemas causados por las lluvias hace dos semanas en este poblado, con zonas anegadas por completo, y el peligro de riadas, son las razones que esgrime para defender el desalojo del poblado. El Consistorio avisa: "Lógicamente, las más fáciles de derribar serán aquellas en las que no vive nadie".
"¿Y cómo saben ellos que no vivo aquí? Tengo aquí mis cosas, mis muebles. He vivido aquí con mis hijos. ¿Dónde dice que yo no resido aquí?", se preguntaba ayer Ayad.
* ELPAIS.com - ÁLVARO DE CÓZAR - Madrid - 02/10/2008
Foto: Derribo en la Cañada Real- SAMUEL SÁNCHEZ, elpais.com
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2.10.08
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Vecinos piden una "sanción ejemplar" para el promotor que derribó en Leganés una ermita del XVI
EUROPAPRESS/Madrid* : La asociación vecinal 'Ciudadanos por el cambio' exigió al Ayuntamiento de Leganés (Madrid) que imponga una "sanción económica ejemplar" por "derribo del patrimonio histórico de la ciudad" al propietario de la Finca de la Mora por proceder a la demolición de una ermita del siglo XVI.
En la misma línea, el colectivo reclamó que la Dirección Facultativa de las obras y el propietario de la finca procedan a la reconstrucción de la ermita y de sus edificaciones aledañas.
La asociación denunció el pasado mayo la maniobra del propietario de esta finca para emprender unas obras que sólo autorizaban la rehabilitación de este complejo histórico y que, finalmente, se saldaron con su demolición.
La asociación justifica ahora la petición porque, a su entender, "la propiedad (de la finca) engañó al Ayuntamiento al pedir una licencia para rehabilitar y conservar las edificaciones, cuando lo que llevó a cabo fue el derribo de las mismas".
"Lo hizo a sabiendas de las limitaciones y condicionantes que tenían las edificaciones", recuerdan en un comunicado sus integrantes, quienes consideran que el Ayuntamiento "conocía que se actuaba sobre bienes del siglo XVI, por lo que debería haber extremado las medidas de vigilancia y seguimiento de la obra".
NUEVA LICENCIA
Por otro lado, 'Ciudadanos por el cambio' denunció que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento habría admitido la tramitación del expediente de legalización de estas obras en la finca por 292 euros en concepto de tasa por licencia.
La asociación entiende que este procedimiento supondría una contradicción, ya que --según explicaron sus responsables-- "carece de sentido reclamar desde el Ayuntamiento a la propiedad documentación y tasas para tramitarla legalización de unas obras no legalizables".
"No parece lógico tramitar una segunda licencia cuando, previamente, Urbanismo tenía informes reiterativos de sus técnicos sobre la gravedad e ilegalidad de la demolición", agregaron.
* El Economista - E.P. - 1/10/2008
Foto: Leganés (Madrid), ermita demolida - madridiario.es
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1.10.08
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CAVA denunciará delitos urbanísticos
ADN/Cádiz* : La Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) anunció ayer que, junto con las federaciones adscritas, ha decidido remitir a la Fiscalía "todas las denuncias sobre aquellos que permitan construir en suelo no urbanizable".
En un comunicado, la CAVA explicó que ésta fue una de las conclusiones a las que llegó el pasado fin de semana tras las jornadas realizadas en El Puerto de Santa María sobre urbanismo, con el fin de "poner punto y final" a la situación de "irregularidad urbanística que se está llevando a cabo en casi todos los puntos de Andalucía".
Comisiones de trabajo
Para ello, indicó, pretende motivar un pacto entre grupos parlamentarios, para la "corresponsabilidad entre administración y parcelistas a la hora de asumir responsabilidades y medidas a la hora de legalizar". Así, crearán comisiones de trabajo donde participarán afectados, no afectados y administraciones para valorar qué puede legalizarse. La CAVA hizo hincapié en que la legalización debe suponer "un coste cero para todos".
Según dijo, su objetivo es "perseguir a todo aquel que participe o se vea involucrado en actividades que incurran en delito, tales como la construcción de viviendas en suelo fuera de planeamiento urbano".
Además, anunció que también tramitará a la Fiscalía las denuncias que se hagan hacia ayuntamientos y Administraciones Públicas por "dejadez en sus funciones". La CAVA aludió al informe presentado el año pasado por Greenpeace, que catalogó la costa andaluza como "la más saturada" ya que, según dicho informe, sólo en el litoral andaluz hay proyectadas "casi 700.000 viviendas y en la costa 41.800 son ilegales". Además de varios espacios naturales sufren el acoso urbanístico".
* ADN - 01 de octubre de 2008
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos
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Aguas de Calpe pagó 790.000 e por trabajos que no se ejecutaron
INFORMACIÓN/Alicante* : En el movimientos de tierra está el grueso de ese más de un millón de euros de sobrecoste que detectó la Comisión de Precios en las obras de la red transversal del agua de Calpe. La citada comisión, que depende de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, rebajaba en 1.073.316 euros las nuevas tarifas del agua aprobadas en el anterior mandato por el entonces gobierno local del PP.
Sin embargo, la resolución de la Comisión de Precios, a la que ha tenido acceso este diario, entra en más detalle y revela que las tarifas estaban infladas porque, principalmente, se sobrevaloraron los trabajos de excavación.
Este organismo advierte en su dictamen de "diferencias sustanciales" entre los movimientos de tierra previstos en el proyecto y los que, finalmente, se efectuaron. La diferencia es de 790.256 euros de obras que no llegaron a efectuarse respecto a los 1.479.486 euros presupuestados, "lo que supone un decremento del 53,41%", según indica el dictamen.
La empresa mixta Aguas de Calpe, que fue la que contrató el proyecto, ya ha pagado los 3,3 millones del total de las obras, aunque la Comisión de Precios, en su dictamen sobre las nuevas tarifas, las valoraba en 2.220.446 euros.
La resolución también pasa examen a los tramos de la red transversal. De los 29 tramos, 16 se consideran en situación "crítica o inadecuada" y sólo 13 se califican de "adecuados o correctos". Las deficiencias que se detectan son que las tuberías no se han hormigonado o las zanjas no se han rellenado con arena o materiales margosos.
La resolución de la Comisión de Precios indica que los precios aplicados en los materiales son correctos. "La instalación (tubería, valvulería y piezas especiales) se han ejecutado sensiblemente igual" al proyecto.
Sin embargo, donde sí se observan "fuertes desviaciones" es en los movimientos de tierra. El dictamen achaca a la falta de informe geológico que las excavaciones no se ajustaran a lo que estaba previsto. Así, en el proyecto se preveía mover un 1% de terreno blando y luego se excavó un 66%; en cambio en terreno de roca se pensaba excavar un 16% y se disparó al 61% y en terreno compacto se excavó el 18% cuando lo previsto era el 38%.
Además, el dictamen advierte de que en el relleno de materiales se utilizó el obtenido de la excavación, cuando el proyecto apuntaba que se emplearían arena o firme asfáltico.
Paradójicamente, el consejo de administración de Aguas de Calpe, a propuesta del portavoz del Bloc, Ximo Tur, decidió presentar un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Comisión de Precios que constata el sobrecoste en las obras del agua.
Ahora, el gobierno de Calpe (en minoría tras presentar Tur y el concejal del PSD, Antonio Romera, una moción de censura con el PP) ha solicitado al consejo de Aguas de Calpe que desista de ese recurso.
La ejecutiva del PSPV reta a Camps
La nueva dirección del PSPV se presentó ayer en Calpe. La secretaria de Organización, Elena Martín, y el dirigente de política municipal, José María Ángel, acompañaron al alcalde, Luis Serna, en una rueda de prensa en la sede de la agrupación socialista local. Martín desafío al presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, a "venir a Calpe y explicar a los ciudadanos que su voluntad expresada en las urnas se verá frustrada" gracias a la moción de censura contra el alcalde, firmada por Ximo Tur (Bloc), Antonio Romera (PSD), y los nueve ediles del PP. Asimismo, la secretaria socialista reconoció que "lo tenemos difícil" dada la coyuntura actual.
* Información - A. P. F. - 1.10.2008
Foto: Calpe (Alicante) - elpais.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana