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ELFARO/Cartagena* : La Federación de Asociaciones de Vecinos, expectante ante una próxima reunión monográfica con el edil de Urbanismo, Joaquín Segado, y la Asociación de Naturalistas del Sureste, absolutamente crítica, coincidieron ayer, por boca de dos representantes autorizados, en reprochar que la desclasificación como urbanizable de toda la fachada marítima del Mar Menor no vaya acompañada, en el avance del Plan General que se abordará la próxima semana en pleno, de una figura de protección ambiental concreta.
El presidente de la Federación vecinal, Leandro Sánchez consideró “irrenunciable” el mantenimiento de la franja litoral de la laguna como no urbanizable “para evitar la proliferación de campos de golf¨” y echó de menos, por ello, “una mayor protección específica.
Y es que, el nuevo avance establece que esa zona será no urbanizable inadecuada, pero no subraya ninguna razón ambiental para ello.
Para el presidente de ANSE, Pedro García, la eliminación de esa razón ambiental “convertirá en más sencilla la conversión de ese suelo en urbanizable cuando interese en el futuro, sin necesidad de hacer informes de evaluación previa”.
Esa coincidencia entre vecinos y ecologistas no se mantiene en la otra gran zona que quedará sin urbanizar, la del oeste perteneciente al área protegida de la Sierra de La Muela y Cabo Tiñoso. En ese caso, la Federación aboga por una reducción de la parcela mínima para poder construir, actualmente situada en 80.000 metros cuadrados, según Sánchez. Para García, sin embargo no es posible entrar en eso mientras se mantenga la ilegalidad de “viviendas cuyos propietarios sabían perfectamente que vulneraban la ley cuando las construyeron”.
Respecto al centro de la ciudad, García deploró que se mantengan como urbanizables las laderas del Monte San Julián; mientras que Francisco Rodríguez, vocal de Urbanismo de la Federación consideró beneficioso que se permita a los propietarios de viviendas en San Antón y Santa Lucía concentrar edificabilidad para dejar más espacios libre para zonas verdes, viales más anchos y equipamientos.
“Alumbres no sale perjudicada”
“La previsión de suelo para una futura estación intermodal entre Alumbres y El Borricén no afectará negativamente a Alumbres sino todo lo contrario”, según el parecer del vocal de Urbanismo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Francisco Rodríguez. En esta zona aumenta también el suelo industrial.
* El Faro de Cartagena - Eduardo Ribelles - 2.10.2008
Foto: La Manga (Murcia) - JM.Rodríguez, AGM (laverdad.es)
Vecinos y ecologistas critican que no se proteja expresamente el Mar Menor
Una nueva sentencia judicial anula la licencia de 934 plazas turísticas en Costa Teguise
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DIARIODELANZAROTE* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado en sentencia firme la resolución del alcalde de Teguise por la que concedió una prórroga del plazo de ejecución de las obras de construcción de apartamentos turísticos (934 plazas), centro administrativo y locales comerciales, tras el recurso interpuesto por la Fundación César Manrique (FCM).
Las obras corresponden a la parcela 242-B del Plan Parcial Costa Teguise, y fueron autorizadas con una licencia concedida en 1989.
El TSJC ha anulado la licencia al entender que el Estudio de Detalle no entró en vigor al no haber sido publicado, “por lo que nunca debió otorgarse ni prorrogarse una licencia con arreglo a las determinaciones ni publicadas e ineficaces del mismo”.
Como señala la sentencia, “la Jurisprudencia ha señalado reiteradamente que el principio de publicidad plena exige la publicación del texto íntegro de las ordenanzas y demás normas de los planes urbanísticos”.
Con este fallo ya son 17 los recursos presentados por la FCM que han sido estimados por los tribunales, 15 de ellos con sentencias firmes, que han supuesto la anulación de más de 7.000 camas turísticas y 4.500 residenciales.
* Diario de Lanzarote - 2 de octubre de 2008
Foto: Teguise (Lanzarote), costa - diariodelanzarote.com
Urbanismo y autovías frente a biodiversidad
PÚBLICO* : La riqueza natural de España es única en Europa: es el país con más diversidad biológica del continente. Sin embargo, este privilegiado lugar no cuenta con la protección adecuada, según un informe de Ecologistas en Acción, presentado ayer como anticipo a la celebración del Congreso Mundial de la Naturaleza, que comenzará el domingo en Barcelona.
"Los esfuerzos de protección de la naturaleza están siendo prácticamente inútiles" frente a un modelo de desarrollo que "prescinde" de las políticas ambientales en tiempos de crisis, advierte el informe de la ONG ecologista.
La apuesta del Gobierno y las Comunidades Autónomas por fomentar la obra pública tiene sus consecuencias en el entorno, recuerdan los ecologistas, para los que el crecimiento urbanístico basado en grandes complejos de ocio y turismo es "desmesurado" y las infraestructuras suponen las "más frecuentes agresiones a la naturaleza". Los proyectos de autovías previstos más dañinos hacia el entorno son, a juicio de esta ONG, la A-43 Puertollano-Mérida; la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba; la autovía Linares-Albacete; diferentes tramos de la ruta de la plata A-66 de Gijón a Sevilla; la A-48 Costa de la Luz (Cádiz-Algeciras); la autovía Cuenca-Teruel; así como la IV centenario (Ciudad Real-Valencia). Son señaladas porque sus trazados atraviesan parques naturales, zonas de especial protección para aves, espacios Red Natura 2000 o lugares de interés comunitario.
Otras infraestructuras con impactos ambientales incluidas en el informe son la línea de tren de alta velocidad Madrid-Extremadura, la ampliación del puerto norte de Valencia y el nuevo puerto de Granadilla (Tenerife), así como el desdoblamiento de la carretera M-501 (Madrid) y la construcción del aeropuerto de Ciudad Real. En Murcia, recoge el documento, se ha modificado la Ley de Espacios Naturales "para sacar de la lista de espacios protegidos zonas que se pretenden urbanizar".
Además, Ecologistas en Acción cree que la unión del Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura, realizada en esta legislatura, ha sido "una mala decisión" que perjudica al medio ambiente. Este hecho puede suponer, "un retroceso en la política de conservación y protección activa de la biodiversidad", según vaticinan. En este sentido, se apunta que comunidades autónomas como Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha ya han suprimido sus Consejerías de Medio Ambiente y se ha utilizado "como excusa la necesidad de reducir gastos".
Para hacer frente a esta construcción insostenible, los ecologistas piden una revisión de los proyectos susceptibles de afectar gravemente al medio natural y la aprobación del Plan Estratégico del Patrimonio Natural.
* Público - MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE - Madrid - 01/10/2008
Foto: Obras de desdoblamiento de la carretera M-501 (Madrid). - Gente , publico.es
Madrid: Los vecinos exigen que se retiren los parquímetros tras la sentencia
ELPAÍS* : Ni Sangenjo ni nada. Da igual lo que ponga en la placa. "Esta es la plaza del Parquímetro". Así, con mayúscula. Jesús Otero, uno de los cabecillas del movimiento antiparquímetros que comenzó hace más de dos años, está radiante. Le felicitan por la calle en el distrito de Fuencarral-El Pardo. "Enhorabuena, Jesús". "Gracias, gracias". Es como si él hubiera redactado la sentencia que declara nula la ampliación de los parquímetros al exterior de la M-30. Como si los fueran a quitar mañana.
Da igual que la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 de Madrid no sea firme y que el Ayuntamiento le restara ayer importancia asegurando que la va a recurrir.
Los parquímetros de la periferia, según una nota municipal, seguirán donde están. Pero el fallo judicial fue ayer como un soplo de aire fresco para las plataformas antiparquímetros en los tres distritos afectados (Fuencarral, Hortaleza y Carabanchel). Pidieron la retirada "inmediata" de las máquinas y recuperar el dinero de los tiques y de las multas. El grupo municipal socialista, que presentó el recurso contra la ampliación de los parquímetros, cifró ayer en 206 millones de euros el perjuicio económico por los dos últimos años. Los madrileños afectados por la medida, según los cálculos del grupo socialista, pagaron a lo largo de 2007 30,5 millones de euros por la compra de tiques, 2,1 millones por las tarjetas de residentes y otros 31 millones más por las multas. El resto corresponde al canon que reciben las concesionarias, según las cifras facilitadas por el PSOE. El Ayuntamiento no ofreció ninguna estimación.
Los socialistas recomendaron ayer a los vecinos que guarden los recibos y reclamen sus derechos, aunque recuerdan que, mientras el decreto actual siga en vigor "prevalece la legalidad". Es decir, ni un coche sin tique. Pero en la calle de Sangenjo no había ayer ni rastro de rebeldía. Casi todos los coches lucían tarjeta de residente o boleto. Los más afectados por los estacionamientos regulados, los comerciantes, tiran de la picaresca o del bolsillo. Pilar Carazo, que regenta una óptica, sale corriendo cada vez que pasa la vigilante para cambiar el tique. "Es que, si lo cambio cada hora, me sale por un pico", añade. La otra opción es perder más de una hora en el metro desde Las Musas. Maite López, la de la tienda de aluminios y persianas, se ha buscado "una trampilla": empadronarse en casa de su madre para poder traer el coche al barrio desde El Pilar. O Francisco, el quiosquero, que subalquila la plaza de garaje de un taxista por 30 euros de 6.00 a 14.00. Lo cuenta con cuatro plazas de aparcamiento libres delante del puesto. "Cuando hay problemas de aparcamiento es por la noche, al volver los vecinos que han salido a trabajar", explica Juan García, que vive en el barrio. "A esa hora ya no hay que pagar parquímetros... pero tampoco encuentras sitio".
Unos metros más abajo, la noticia también es comidilla en el bar de José Lozano. "La de clientes que hemos perdido estos dos años", dice el hombre. Él y su hijo Francisco alquilaron dos plazas de garaje para dejar el coche, más de 200 euros al mes. María Carmen García, la peluquera, renunció a sacarlo de casa. Llega al trabajo todos los días después de más de una hora entre el tren desde Vallecas y el paseo desde la estación. No ha encontrado un estacionamiento por menos de 100 euros. "Desde que están los parquímetros, los garajes han subido de precio", asegura. Y no puede permitírselo. Lleva nueve multas desde noviembre: "tres pagadas, seis recurridas". En casa de Jesús Otero se acumulan las carpetas con multas recurridas de todo el vecindario. No quieren pagarlas y exigen que se devuelva el dinero, como piden las plataformas antiparquímetros de los otros dos distritos afectados. En Carabanchel Alto se congregaron por la tarde una decena de vecinos para precintar los parquímetros con bolsas de basura.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 03/10/2008
Foto: Madrid, parquímetro - adn.es
Separar vivienda de negocio especulativo
XERARDO ESTÉVEZ* : Ante el horizonte global de crisis, cabe preguntarse si en un sector de la economía donde predominan, por lo que se ve, los neocon-pillos, una administración en Washington más sagaz no podía haber previsto el terremoto hipotecario americano. En otro contexto financiero, pero de alguna forma agravado por aquel, sí era, en mi opinión, predecible la crisis inmobiliaria española, con la desmesurada construcción de más de 800.000 viviendas al año y el precio subiendo; sólo que en aquellos momentos de euforia pocos quisieron escuchar el razonable pronóstico del estallido de la burbuja.
Hay que admitir, con todo, que el crecimiento sostenido durante tantos años ha mejorado apreciablemente la calidad de vida; eso sí, por lo general a costa del deterioro del territorio. Un satélite que fotografió el ladrillo nos hizo advertir los efectos de una ciudad en huida, con una excesiva colonización y un crecimiento desordenado y disperso, sobre el que no se quiso echar cuentas de sus costes de conexión, movilidad, seguridad y mantenimiento.
Cuando se "calienta" el suelo y, al mismo tiempo, unos bancos espléndidos catapultan la demanda con un Euríbor asequible y tasaciones un tanto sobrevaloradas para comprar, de paso, muebles y coche, la conclusión que se puede sacar es que la subida del precio de la vivienda es imparable; por cierto, muy al contrario de la filosofía de la ley del Suelo de 1998, derogada en 2007, que relacionaba de forma simplista una liberalización del mercado de suelo con una reforma estructural de la economía española. En los ciclos de máximo beneficio al mercado le molesta lo público y grita, como en el boxeo, segundos fuera, pero luego pide socorro en la adversidad.
En esta ciudad-negocio lo que se compra no es tanto la casa para vivir, que se deprecia, sino más bien la parte proporcional de suelo alcista. En cierto modo, nos vemos todos convertidos en especuladores pasivos, atrapados en una contradicción: somos conscientes de que el precio de la vivienda no puede seguir subiendo desmesuradamente, pero al mismo tiempo rezamos para que no baje; sólo a aquellos que aspiran a adquirir un piso les conviene que el precio se contenga. El problema surge ahora, cuando muchos se encuentran pagando una hipoteca superior al precio de mercado de su vivienda y con el Euríbor inestable.
La Administración central enfatizó quizá en exceso la aportación coyuntural del cemento al PIB y al empleo, y evitó abordar el tema de una financiación municipal suficiente para que los ayuntamientos no sean tan dependientes de la marea inmobiliaria. Porque a la administración local esta actividad le permite recaudar y realizar inversiones y, con cierta candidez, ha vinculado la construcción masiva con el éxito electoral. Mientras, las autonomías más constructoras dedicaron demasiado tiempo a legislar minuciosamente, para luego ser demasiado flexibles en la aprobación de los planes generales y eludir el deber de coordinar las políticas municipales con planes territoriales que acotasen los desmadres de algunos ayuntamientos.
Si algo positivo tienen las crisis es que nos mueven a sacar conclusiones. En primer lugar, no es cierto que el territorio lo aguante todo: su ocupación extensiva produce desajustes y desequilibrios costosos. No necesitamos que la Unión Europea venga a contárnoslo para decir no a la avaricia de unos cuantos grandes propietarios de suelo que lo han ido adquiriendo como rural pensando en convertirlo en edificable, al margen de cualquier previsión urbanística.
Una buena ordenación territorial, como la que admiramos en otros países de nuestro entorno, evitará dedicar el tiempo de la política y los recursos públicos a reparar errores y permitirá, a cambio, invertirlos en una economía de innovación. Es verdad que el urbanismo tendrá que actualizarse a través de planes viables donde la vivienda se incardine en lugar de ir por libre y las infraestructuras, además de comunicarnos, sirvan para ordenar el país. Es aquí donde las autonomías, junto con la inversión y la prestación de servicios, tienen que dedicarse a regular el territorio con criterios supralocales.
Para acometer políticas sostenidas y no cíclicas al albur del interés o desinterés económico es necesario deslindar el problema real de la vivienda del negocio de la vivienda. Debe mantenerse una cooperación continuada entre lo público y lo privado para construir viviendas de protección, en venta o en alquiler, y con una arquitectura innovadora para dar satisfacción a las demandas de una sociedad cambiante. Es decir, hay que racionalizar el sector residencial a fin de permitir una revalorización equilibrada y un dinamismo que impida la formación de grandes stocks de pisos vacíos que conformen una ciudad de persianas bajas.
La política ha de realizar cierto grado de prognosis, ir un palmo por delante de la realidad y dotarse de una perspectiva global que reemplace el pensamiento cortoplacista. El Gobierno no deja de darnos ánimos, mientras la oposición insiste en infundir pesimismo. Ambos habrían de coincidir en que se debe introducir sostenibilidad en el mercado, para que no pase de la euforia a la depresión, dejando familias hipotecadas generacionalmente hacia atrás, padres y abuelos que ayudan hoy, y hacia delante, hijos que heredarán la carga.
* Xerardo Estévez es arquitecto.
* ELPAIS.com - Opinión - 2.10.2008
Castro Urdiales: Abiertas dos nuevas causas por presuntos delitos de prevaricación
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DIARIOMONTAÑÉS* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha abierto dos nuevas causas por presuntos delitos de prevaricación, para las que se ha llamado a declarar al alcalde, Fernando Muguruza; el concejal de Hacienda y portavoz del PP, José Miguel Rodríguez; los ex concejales de Obras e Industria, Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, respectivamente; y el ex secretario municipal, César Saiz, entre otros.
Estas nuevas causas se suman a otras abiertas en el mismo Juzgado, y aunque se desconoce a qué asuntos concretos se refieren, todo apunta a que puedan estar relacionados con los distintos reparos de legalidad dictados por el interventor municipal ante distintas contrataciones irregulares realizadas desde el Ayuntamiento.
De hecho, recientemente se dictó auto de transformación en procedimiento abreviado en el que se veían "indicios racionales" de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación, durante la pasada legislatura, de las obras de mejora del túnel de Mioño y de la instalación de un ascensor en el mercado municipal. En el citado auto, ya se aludía a la existencia de más reparos similares a los que habían dado pie a este proceso.
Por el momento, el próximo jueves, 16 de octubre, se ha llamado a declarar en calidad de imputados, asistidos por sus abogados, a Concepción Carranza, concejala de Educación por el PP; José Miguel Rodríguez López, concejal de Hacienda y portavoz del PP; Marta González, ex concejal del PRC y César Saiz, que fuera secretario municipal.
Al día siguiente, y por los mismos hechos, han sido llamados a declarar el ex concejal de Industria por el PRC, Jaime Díez Muro; el ex concejal de Obras por IU Salvador Hierro y, finalmente, el alcalde, Fernando Muguruza.
En otra causa distinta, pero también por un presunto delito de prevaricación, el Juzgado ha llamado a declarar para el 29 de octubre como imputados al ex secretario César Saiz; a los ediles José Miguel Rodríguez López y Concepción Carranza; y al ex concejal de Industria, Jaime Díez Muro.
Por su parte, en esta segunda causa, el 31 de octubre están llamados a declarar el ex concejal de IU Santiago Vélez, el edil de IU Salvador Hierro y, nuevamente, el regidor castreño, Fernando Muguruza.
Es decir, por ambas causas están imputados, en cada una de ellas, siete personas, todas integrantes de la Junta de Gobierno local durante la pasada legislatura, además del secretario.
Seis de ellas (el secretario, el alcalde, el portavoz del PP, los entonces responsables de Obras y de Industria y la concejala Concepción Carranza), repiten en las dos causas. Por el contrario, en la primera aparece la ex concejal regionalista Marta González, y en la segunda, el ex edil de IU Santiago Vélez.
La pasada legislatura, en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, gobernó un equipo tripartito con el regionalista Fernando Muguruza al frente, en coalición con el Partido Popular, cuyo portavoz, José Miguel Rodríguez, ocupa la cartera de Hacienda; y con IU, con su portavoz Salvador Hierro al frente de Obras. La concejalía de Industria la ocupaba Jaime Díez Muro, del PRC.
Sin embargo, tras las elecciones municipales de 2007, Muguruza fue expulsado del PRC, siendo investido de nuevo alcalde, con el apoyo del PP, que sigue en responsabilidades de Gobierno, y de los ex socialistas de Acuerdo por Castro (AxC), en un acuerdo del que ya no formó parte Izquierda Unida, ahora en la oposición.
* El Diario Montañés - E.P. - 02.10.2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - eldiariomontanes.es
El fiscal abre diligencias penales por la falta de alcantarillado en las urbanizaciones de Llíria
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LEVANTE/Valencia* : La Fiscalía de Medio Ambiente ha iniciado diligencias penales contra el Ayuntamiento de Llíria después de que el Consejo de Urbanizaciones de este municipio, una asociación formada por varios representantes vecinales, denunciase el pasado mes de julio la carencia de alcantarillados en sus núcleos de viviendas y la existencia por ello de fosas sépticas que contaminan los acuíferos del término.
El pasado 18 de septiembre, la Fiscal Jefe de Valencia, Teresa Gisbert informó a los denunciantes que había incoado diligencias a este respecto y designado ya un fiscal instructor de la investigación. Precisamente, los vecinos que han interpuesto la denuncia -y que también han puesto el caso en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Conselleria de Medio Ambiente- son propietarios de chalés con fosas sépticas en zonas sin urbanizar.
Precisamente, el consistorio pretende que sean los propietarios de las viviendas quien asuman la urbanización de los núcleos, lo que incluiría la construcción del alcantarillado hasta conectarlo con los colectores principales, mientras que los dueños de las casas quieren que esta labor la asuma el consistorio porque es un servicio básico. Según señala la asociación vecinal en la denuncia que remitió en julio y que ahora investiga la fiscalía, la red subterránea de alcantarillado "es una competencia directa del municipio y es su obligación, según establece el articulo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, prestar este servicio a sus vecinos, ya que por el contrario se estaría vulnerando la legislación medioambiental por la contaminación directa de los acuíferos que están provocando las miles de fosas sépticas de los diferentes núcleos urbanos que existen en el termino municipal de Llíria".
El Consejo de Urbanizaciones asegura que la alcaldía y la concejalía de Urbanismo no han hecho nada para solucionar el problema de las filtraciones desde las fosas a los acuíferos "bloqueando los proyectos que las diferentes asociaciones de vecinos han presentado hace varios años en el ayuntamiento y en los cuales se contempla la conexión mediante alcantarillado a la red general de colectores".
Según investiga el fiscal, al no proveer a los vecinos del servicio de alcantarillado, el ayuntamiento podría estar vulnerando la el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Urbanística Valenciana y la legislación europea sobre Medio Ambiente.
Fuentes del equipo de gobierno del PP recordaron que la Fiscalía únicamente ha iniciado una investigación y que ésta puede ir en contra del consistorio "pero también de las personas físicas que construyeron sus chalés de forma alegal y que no tienen el alcantarillado y sí una fosa séptica a pesar de que el ayuntamiento ha intentado darles una solución a esta situación".
* Levante-EMV - Voro Contreras - 02 de octubre de 2008
Foto: colector. Los colectores se están instalando pero no las alcantarillas.
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23 grupos llevan a Arrigorriaga a la Fiscalía por prevaricación en un plan urbanístico
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ELPAÍS/Bilbao* : Una plataforma que integra a 23 grupos de Miraballes y Arrigorriaga presentó ayer ante la Fiscalía de Bilbao sendas denuncias por presunta prevaricación y vulneración de la ley de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arrigorriaga, en un plan urbanístico que intenta ejecutar desde 1990.
El solar, de 18,5 hectáreas, se mantiene hoy como suelo no urbanizable y los denunciantes señalan que en la operación de recalificación estuvieron implicados familiares de la anterior alcaldesa de Arrigorriaga, María José Albizua (PNV).
El caso se remonta a 1990, cuando el pleno municipal de Arrigorriaga aprobó un convenio para recalificar el paraje denominado Bentako-Erreka con la empresa Desarrollo y Gestión para desarrollar un proyecto industrial. En dicha firma figuraba como socio un hermano de la alcaldesa, según el escrito presentado ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Pero la Diputación de Vizcaya rechazó el cambio de uso por tres ocasiones (en 1990, 1993 y 1996), ante lo que la compañía Desarrollo y Gestión denunció al Ayuntamiento en los tribunales. El Tribunal Superior le dio parcialmente la razón en 2000, y, tras los sucesivos recursos, que llegaron al Supremo, se obligó al consistorio a pagar más de 6 millones de euros por incumplir el convenio.
Los denunciantes señalan que esa valoración económica era "totalmente desproporcionada" -el fallo sólo dio la razón a la empresa a la hora de recuperar unos terrenos suyos que cedió al consistorio- y que se basó sólo en la petición de Desarrollo y Gestión. "El Ayuntamiento no ejerció su derecho de tasación".
En octubre de 2007, el consistorio planteó de nuevo la recalificación urbanística, y la denuncia señala que antes de esta fecha se empezaron a comprar terrenos en la zona, "sin informar del objetivo final de los mismos y, en ocasiones, diciendo que querían poner ovejas". Con la nueva Ley de Suelo el Ayuntamiento tiene que disponer de un informe del Departamento de Medio Ambiente, que en marzo calificó el impacto de "severo" y, tras recordar que una parte de la zona tiene una protección especial, censuró la falta de medidas para preservar el aire y el ruido. El Ayuntamiento aprobó inicialmente en julio el convenio con Eroski, pero aún debe enviar el informe de impacto ambiental al Gobierno.
La denuncia incluye otro acuerdo municipal, de diciembre de 2007, por el que se compran a la empresa Desarrollo y Gestión terrenos "sin valor apreciable ni edificabilidad urbanística" por 2,7 millones. Agrega que es un "intento de liquidar la deuda" de los seis millones. El alcalde de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua, respondió que estudia querellarse contra la plataforma por "injurias, calumnias y falsedad documental", pero no quiso valorar los hechos concretos que se aportan.
18 años de intentos
- El Ayuntamiento de Arrigorriaga porfía desde 1990 por la recalificación de 18,5 hectáreas en el paraje de Bentako-Erreka, pero la Diputación de Vizcaya lo ha desestimado por tres veces al tratarse de suelo no urbanizable.
- Ahora, con la nueva ley de Suelo, y al ser un municipio de más de 7.000 habitantes, no requiere el aval foral. El consistorio ha aprobado un convenio con Eroski para que instale una plataforma logística, pero el suelo aún no se ha recalificado.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 02/10/2008
Foto: Arrigorriaga (Vizcaya) - arrigorriaga.org
Vecinos no quieren más pisos junto al Nou Camp y piden una consulta popular
LAVANGUARDIA/Barcelona* : La coordinadora de vecinos de Les Corts comunicó a los responsables municipales y de la directiva del FC. Barcelona, que no aceptará la recalificación de los terrenos del club para construir pisos - con los que el Barça quiere financiar la reforma del Nou Camp - y piden una consulta popular sobre el plan.
Aunque la concejal del distrito, Montserrat Sánchez, tras un reunión dijo hoy que había notado un cambio de actitud de los vecinos, sobre la construcción de pisos en los terrenos del Mini Estadi - siempre y cuando se aumenten los equipamientos para el distrito - las mayor parte de los portavoces vecinales no indicaban lo mismo.
La presidenta de la Coordinadora de asociaciones de vecinos y entidades, Montse Prats, ha sido rotunda: "no queremos ni un solo piso, pedimos los equipamientos que el distrito necesita", afirmó.
El club de futbol proyecta construir cerca de 1.600 viviendas en esta zona, así como diversos establecimientos hoteleros, con los que quiere financiar la reforma del Nou Camp, proyectada por Norman Foster, que costará unos 250 millones de euros.
Por parte del club, asistió a la reunión el vicepresidente de Patrimonio, Joan Franquesa, y dijo que algunos vecinos parecían dispuestos a aceptar la construcción de pisos si conllevaba más equipamientos para Les Corts.
El portavoz de la coordinadora vecinal, Alfonso Huescar, ha dejado un pequeño resquicio a la negociación sobre la viabilidad de que se construya "algún piso", aunque siempre vinculado al aumento de los equipamientos.
Huescar, "seguro de representar el sentir mayoritario de los vecinos", ha adelantado a Efe que planteará a los abogados de la coordinadora el poder reclamar al consistorio un referendo en el distrito sobre este proyecto urbanístico, al igual que el que se baraja en el conjunto de la ciudad para la reforma de la Avenida Diagonal.
"No nos da miedo ninguna consulta, porque los vecinos están en contra", ha añadido Andreu Gripè, representante de la asociación vecinal Avenida de Chile, quien apuntado que "cuando el Real Madrid hizo una operación similar, aquí se dijo que era un pelotazo inmobiliario, y esto lo es también, sin duda, porque generará una plusvalías desmesuradísimas".
Antes de la reunión, el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, aseguró que la operación "nunca" supondrá un "pelotazo", y que las plusvalías que se obtengan deberán invertirse en las instalaciones deportivas y no servirán para "hacer fichajes".
* La Vanguardia - EFE - 1.10.2008
Foto: Barcelona, el Camp Nou desde el aire - Domenec Umbert, elmundo.es
Demolición exprés en la Cañada
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ELPAÍS/Madrid* : El Ayuntamiento de Madrid derribó ayer ocho casas del Sector IV de la Cañada Real sin una orden judicial, la autorización indispensable para desalojar y demoler una vivienda. Un portavoz del Ayuntamiento reconoció la ausencia de la orden pero explicó que ésta no era necesaria porque las casas estaban inhabitadas.
"Algunas estaban sin terminar de construir. Tenemos la seguridad de que allí no había nadie", señaló el mismo portavoz.
Efectivamente, a la hora en la que comenzó el derribo, pocos minutos antes de las nueve de la mañana, no había nadie en las casas. Todas ellas pertenecen a marroquíes y en ese momento se encontraban rezando en la mezquita con motivo del último día del Ramadán. Incluso uno de los propietarios estaba en Marruecos y aún no se ha enterado de que su casa ha sido demolida.
Los vecinos consideran que la actuación del Ayuntamiento es ilegal y que podrán acreditar que vivían en esas casas en los próximos días. "Tenemos la seguridad de que al menos cinco personas estaban empadronadas en algunas de las viviendas que se han derribado y lo vamos a demostrar", comentó ayer Lidia, presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector IV.
Sobre las nueve de la mañana, decenas de policías antidisturbios y agentes de la Policía Municipal llegaron a la parte madrileña de la vía pecuaria, en Vicálvaro, y cortaron los accesos a las calles. Cuatro máquinas excavadoras se emplearon en derribar las viviendas hasta las 12.30. Los policías permitieron entonces la entrada de los vecinos a lo que quedaba de sus casas. Esta vez no hubo incidentes como los que se produjeron hace un año en el Sector V. En aquella ocasión, los desalojos terminaron con 27 heridos durante los enfrentamientos a pedradas entre la policía y los habitantes de la Cañada Real. Ayer no hubo piedras. Sólo algún insulto a los policías por haber montado las barricadas que no dejaron a los vecinos acceder a las calles y cierto enfado por haber derribado en el último día de fiesta del Ramadán.
Ayad, un marroquí de 52 años que vivía en una de las casas derribadas, se lamentaba ayer de lo ocurrido: "No nos han dejado entrar", comentó poco después de que excavadoras y policías hubiesen dejado la Cañada. "¿Adónde vamos a ir ahora? Puedo irme tres días con alguien, pero no más. ¿Qué vamos a hacer?".
El asunto de la orden judicial es lo que tiene a los vecinos preocupados. Los derribos de algunas de las viviendas de la Cañada Real Galiana se han hecho siempre según el auto de un juez. Los vecinos sienten ahora miedo por la demostración de poder del Ayuntamiento. Éste se ha propuesto acabar con este asentamiento ilegal, el más grande de España, con 2.000 casas y unos 40.000 habitantes. Los problemas causados por las lluvias hace dos semanas en este poblado, con zonas anegadas por completo, y el peligro de riadas, son las razones que esgrime para defender el desalojo del poblado. El Consistorio avisa: "Lógicamente, las más fáciles de derribar serán aquellas en las que no vive nadie".
"¿Y cómo saben ellos que no vivo aquí? Tengo aquí mis cosas, mis muebles. He vivido aquí con mis hijos. ¿Dónde dice que yo no resido aquí?", se preguntaba ayer Ayad.
* ELPAIS.com - ÁLVARO DE CÓZAR - Madrid - 02/10/2008
Foto: Derribo en la Cañada Real- SAMUEL SÁNCHEZ, elpais.com
Vecinos piden una "sanción ejemplar" para el promotor que derribó en Leganés una ermita del XVI
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EUROPAPRESS/Madrid* : La asociación vecinal 'Ciudadanos por el cambio' exigió al Ayuntamiento de Leganés (Madrid) que imponga una "sanción económica ejemplar" por "derribo del patrimonio histórico de la ciudad" al propietario de la Finca de la Mora por proceder a la demolición de una ermita del siglo XVI.
En la misma línea, el colectivo reclamó que la Dirección Facultativa de las obras y el propietario de la finca procedan a la reconstrucción de la ermita y de sus edificaciones aledañas.
La asociación denunció el pasado mayo la maniobra del propietario de esta finca para emprender unas obras que sólo autorizaban la rehabilitación de este complejo histórico y que, finalmente, se saldaron con su demolición.
La asociación justifica ahora la petición porque, a su entender, "la propiedad (de la finca) engañó al Ayuntamiento al pedir una licencia para rehabilitar y conservar las edificaciones, cuando lo que llevó a cabo fue el derribo de las mismas".
"Lo hizo a sabiendas de las limitaciones y condicionantes que tenían las edificaciones", recuerdan en un comunicado sus integrantes, quienes consideran que el Ayuntamiento "conocía que se actuaba sobre bienes del siglo XVI, por lo que debería haber extremado las medidas de vigilancia y seguimiento de la obra".
NUEVA LICENCIA
Por otro lado, 'Ciudadanos por el cambio' denunció que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento habría admitido la tramitación del expediente de legalización de estas obras en la finca por 292 euros en concepto de tasa por licencia.
La asociación entiende que este procedimiento supondría una contradicción, ya que --según explicaron sus responsables-- "carece de sentido reclamar desde el Ayuntamiento a la propiedad documentación y tasas para tramitarla legalización de unas obras no legalizables".
"No parece lógico tramitar una segunda licencia cuando, previamente, Urbanismo tenía informes reiterativos de sus técnicos sobre la gravedad e ilegalidad de la demolición", agregaron.
* El Economista - E.P. - 1/10/2008
Foto: Leganés (Madrid), ermita demolida - madridiario.es
CAVA denunciará delitos urbanísticos
ADN/Cádiz* : La Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) anunció ayer que, junto con las federaciones adscritas, ha decidido remitir a la Fiscalía "todas las denuncias sobre aquellos que permitan construir en suelo no urbanizable".
En un comunicado, la CAVA explicó que ésta fue una de las conclusiones a las que llegó el pasado fin de semana tras las jornadas realizadas en El Puerto de Santa María sobre urbanismo, con el fin de "poner punto y final" a la situación de "irregularidad urbanística que se está llevando a cabo en casi todos los puntos de Andalucía".
Comisiones de trabajo
Para ello, indicó, pretende motivar un pacto entre grupos parlamentarios, para la "corresponsabilidad entre administración y parcelistas a la hora de asumir responsabilidades y medidas a la hora de legalizar". Así, crearán comisiones de trabajo donde participarán afectados, no afectados y administraciones para valorar qué puede legalizarse. La CAVA hizo hincapié en que la legalización debe suponer "un coste cero para todos".
Según dijo, su objetivo es "perseguir a todo aquel que participe o se vea involucrado en actividades que incurran en delito, tales como la construcción de viviendas en suelo fuera de planeamiento urbano".
Además, anunció que también tramitará a la Fiscalía las denuncias que se hagan hacia ayuntamientos y Administraciones Públicas por "dejadez en sus funciones". La CAVA aludió al informe presentado el año pasado por Greenpeace, que catalogó la costa andaluza como "la más saturada" ya que, según dicho informe, sólo en el litoral andaluz hay proyectadas "casi 700.000 viviendas y en la costa 41.800 son ilegales". Además de varios espacios naturales sufren el acoso urbanístico".
* ADN - 01 de octubre de 2008
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos
Aguas de Calpe pagó 790.000 e por trabajos que no se ejecutaron
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INFORMACIÓN/Alicante* : En el movimientos de tierra está el grueso de ese más de un millón de euros de sobrecoste que detectó la Comisión de Precios en las obras de la red transversal del agua de Calpe. La citada comisión, que depende de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, rebajaba en 1.073.316 euros las nuevas tarifas del agua aprobadas en el anterior mandato por el entonces gobierno local del PP.
Sin embargo, la resolución de la Comisión de Precios, a la que ha tenido acceso este diario, entra en más detalle y revela que las tarifas estaban infladas porque, principalmente, se sobrevaloraron los trabajos de excavación.
Este organismo advierte en su dictamen de "diferencias sustanciales" entre los movimientos de tierra previstos en el proyecto y los que, finalmente, se efectuaron. La diferencia es de 790.256 euros de obras que no llegaron a efectuarse respecto a los 1.479.486 euros presupuestados, "lo que supone un decremento del 53,41%", según indica el dictamen.
La empresa mixta Aguas de Calpe, que fue la que contrató el proyecto, ya ha pagado los 3,3 millones del total de las obras, aunque la Comisión de Precios, en su dictamen sobre las nuevas tarifas, las valoraba en 2.220.446 euros.
La resolución también pasa examen a los tramos de la red transversal. De los 29 tramos, 16 se consideran en situación "crítica o inadecuada" y sólo 13 se califican de "adecuados o correctos". Las deficiencias que se detectan son que las tuberías no se han hormigonado o las zanjas no se han rellenado con arena o materiales margosos.
La resolución de la Comisión de Precios indica que los precios aplicados en los materiales son correctos. "La instalación (tubería, valvulería y piezas especiales) se han ejecutado sensiblemente igual" al proyecto.
Sin embargo, donde sí se observan "fuertes desviaciones" es en los movimientos de tierra. El dictamen achaca a la falta de informe geológico que las excavaciones no se ajustaran a lo que estaba previsto. Así, en el proyecto se preveía mover un 1% de terreno blando y luego se excavó un 66%; en cambio en terreno de roca se pensaba excavar un 16% y se disparó al 61% y en terreno compacto se excavó el 18% cuando lo previsto era el 38%.
Además, el dictamen advierte de que en el relleno de materiales se utilizó el obtenido de la excavación, cuando el proyecto apuntaba que se emplearían arena o firme asfáltico.
Paradójicamente, el consejo de administración de Aguas de Calpe, a propuesta del portavoz del Bloc, Ximo Tur, decidió presentar un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Comisión de Precios que constata el sobrecoste en las obras del agua.
Ahora, el gobierno de Calpe (en minoría tras presentar Tur y el concejal del PSD, Antonio Romera, una moción de censura con el PP) ha solicitado al consejo de Aguas de Calpe que desista de ese recurso.
La ejecutiva del PSPV reta a Camps
La nueva dirección del PSPV se presentó ayer en Calpe. La secretaria de Organización, Elena Martín, y el dirigente de política municipal, José María Ángel, acompañaron al alcalde, Luis Serna, en una rueda de prensa en la sede de la agrupación socialista local. Martín desafío al presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, a "venir a Calpe y explicar a los ciudadanos que su voluntad expresada en las urnas se verá frustrada" gracias a la moción de censura contra el alcalde, firmada por Ximo Tur (Bloc), Antonio Romera (PSD), y los nueve ediles del PP. Asimismo, la secretaria socialista reconoció que "lo tenemos difícil" dada la coyuntura actual.
* Información - A. P. F. - 1.10.2008
Foto: Calpe (Alicante) - elpais.com
Los vecinos defienden la consulta por la reforma de la Diagonal
ELPAÍS/Barcelona* : Sí a la consulta ciudadana. Para la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) la decisión de convocar a la ciudadanía para que se exprese en torno a la reforma de la Diagonal es una buena idea.
La iniciativa fue defendida por Esquerra Republicana el pasado viernes en el pleno municipal y fue bien acogida por el resto de los grupos municipales.
Lo que prevé la Carta Municipal y el Reglamento de Participación del Ayuntamiento es la posibilidad de realizar consultas ciudadanas en torno a grandes proyectos de ciudad. Los grupos municipales tienen que concretar cómo se hace, qué se pregunta, el universo de la consulta -de salida son los empadronados mayores de 16 años- y cómo se ejecuta esa participación. En el pleno se dio una fecha para concretar esos extremos: la comisión de urbanismo del mes de enero de 2009. Paralelamente, desde el sector de Urbanismo y Movilidad, entre otros, se trabajará en la concreción de un proyecto que persigue convertir la Diagonal, desde Francesc Macià a Glòries, en un gran paseo urbano del siglo XXI, además de enlazar el tranvía del Baix con el del Besòs.
Para la presidenta de la FAVB, Eva Fernández, la consulta ciudadana "sería un ejercicio de democracia directa que ya es hora que el Ayuntamiento aplique". Sin embargo, todo parece indicar que al alcalde, Jordi Hereu, le ha entrado cierto vértigo en la realización de la consulta. Ayer dijo, por ejemplo, que se tardará "meses" en concretar la forma y que no hay que "sacralizar" la idea. Todo lo contrario opina Jordi Portabella, padre de la iniciativa.
Y en relación con otro proyecto, el del túnel del AVE por Barcelona, la FAVB manifestó ayer su protesta por el incumplimiento por parte del Adif del nombramiento de un técnico independiente para su asesoramiento. Poco después, el Adif comunicó que ya había contratado el técnico.
* ELPAIS.com - B. C. - Barcelona - 30/09/2008
Foto: Barcelona, casa Les Punxes, Avinguda Diagonal - panoramio.com
Investigan 178 casos de corrupción urbanística en España, un 40% más
EFE* : Los procedimientos en trámite en los que participa la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada crecieron en 2007 un 8,9%, un aumento menor que el de años anteriores que se debe a la asunción de casos de corrupción urbanística por las fiscalías territoriales. Las cuestiones urbanísticas fueron la principal causa del aumento de las investigaciones de la Fiscalía Especial en 2006, en el que tramitó 178 casos, un 40,1% más que en el ejercicio precedente.
Sin embargo, en 2007 la actividad de la Fiscalía Especial «irrumpiendo» en el ámbito de las entidades locales por asuntos relacionados con la corrupción urbanística se ha sustituido paulatinamente por la de las territoriales.
Entre los procedimientos incoados destacan el caso Intervida, donde se investiga un presunto fraude a miles de personas que hicieron donaciones para apadrinar niños y ayudar a familias de países pobres, el del bufete Feliu, relacionado con el blanqueo de capitales, y la supuesta estafa a la Seguridad Social de Mutua Universal.
Además, inició un nuevo procedimiento relacionado con el caso Malaya (Ayuntamiento de Marbella) y continúo otros abiertos en años anteriores (Grupo Torras, Gran Tibidabo, Gescartera, Forum Filatélico, Afinsa, Andratx, entre otros).
En cuanto a las actividades contra los delitos económicos de la delincuencia organizada, la Fiscalía asumió las investigaciones sobre las ramificaciones o efectos de la mafia rusa o georgiana en España, caso en el que ha sido imputado el ex subdelegado del Gobierno de Barcelona, Eduard Planells.
También recibió la competencia sobre una causa relacionada con tramas de fraudes del IVA «de una enorme complejidad y dimensión».
* La Verdad - EFE - 30.09.2008
Foto: Viñeta de Quesada - Corruptelas urbanísticas - farovigo 26feb07
Lanzarote: Una sentencia anula la licencia para construir 150 apartamentos en Playa Blanca
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CANARIAS7* : El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo Nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la licencia de obra concedida por el ayuntamiento de Yaiza para construir 150 apartamentos en una de las parcelas del Plan Parcial Costa Papagayo, en Playa Blanca, tras el recurso interpuesto en su momento por la Fundación César Manrique (FCM).
Según explica la propia Fundación, " el motivo de la anulación de la licencia ha sido, nuevamente, la ausencia del informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT)". Según la sentencia, en un caso "en que el propio Secretario municipal en su informe previo a la licencia pone de relieve la necesidad de dicho informe de compatibilidad por tratarse de un Plan Parcial no adaptado al PIOT”.
Según la FCM, la sentencia destaca que "el Ayuntamiento demandado considera que la falta de dicho informe de compatibilidad es una mera irregularidad formal no invalidante del acto en sí”, algo que, a jucio de la FCM "rebate el Juzgado". La FCM destaca que el propio Juzgado señala que el informe “es un trámite unido a la necesidad de garantizar los intereses insulares unidos al cumplimiento del PIOT e impedir que puedan desarrollarse actuaciones urbanísticas incompatibles con las determinaciones de ordenación establecidas por el planeamiento insular, jerárquicamente superior a los intrumentos de planeamiento municipales”.
La Fundación César Manrique destaca que "frente al argumento del consistorio de Yaiza de que la omisión del informe de compatibilidad no representa ninguna disminución efectiva en cuanto a las garantías omitidas", el fallo judicial recalca que esa tésisa “ no puede ser aceptada por esta Sala pues es tanto como considerar a los informes del procedimiento como trámite supérfluo e innecesario”.
El fallo judicial va más lejos y destaca que “el informe era si cabe más necesario ante la situación tras los pronunciamientos judiciales a que hacen referencia las partes codemandadas y, desde luego, no es el Ayuntamiento el que debe decidir si es o no necesario un informe de otra Administración que se configura como preceptivo, sino que lo que debe hacer es,simple y llanamente, cumplir la legalidad vigente y solicitar dicho informe”.
La Fundación César Manrique destaca en el comunicado que "con este nuevo fallo ya son 16 los recursos presentados por la FCM que han sido estimados por los tribunales, 14 de ellos con sentencias firmes".
* Canarias 7 - ACN Press - 30.09.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), vista Playa Blanca - lavozdelanzarote.com
Carballo: Las irregularidades en el litoral de la comarca copan cien expedientes
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LAVOZ/A Coruña* : Ni los 500 metros de protección del litoral ni los servicios de vigilancia de Costas, la Xunta y los ayuntamientos han conseguido acabar con las irregularidades urbanísticas en la Costa da Morte, sobre todo en el litoral. En los concellos sí se aprecia un descenso en el número de casos abiertos en los últimos meses, pero siguen en marcha otros cuya instrucción comenzó hace varios años y todavía no han finalizado.
Carballo es el municipio donde se concentra el mayor número de procesos abiertos -también es el más poblado-, acercándose los casos a 40, la mayor parte de ellos concentrados en los lugares de Os Peados y Pedra do Sal. El pasado octubre se derribaba una vivienda en Os Peados construida sin licencia. En enero del 2008 el TSXG confirmaba al derribo de otra en Arou (Camariñas). A esas dos se sumarían dos órdenes más a lo largo de los últimos meses: dos en Pedra do Sal y una más en Calcoba, en Fisterra, pendiente para su demolición solo de que la empresa que tiene adjudicada la obra encuentre fecha para ella.
Son las cinco últimas en caer por orden judicial, aunque es seguro que habrá más, porque los procesos abiertos se acercan en toda la comarca al centenar.
En la mayoría de los casos se trata de viviendas construidas sin permiso alguno en suelo rústico o dentro de la zona de protección de Costas o demasiado cerca de otra vivienda. El número de expedientes varía dependiendo de los ayuntamientos. Los casos graves son escasos en los ayuntamientos más pequeños. Así, en Cabana hay cuatro, tres en A Ourixeira y otro en Canduas. En Malpica son algo más de media docena, casi todos situados en la zona costera de Seiruga. También cerca de media docena puede haber en Fisterra y Camariñas y algunos más en Cee, Fisterra, Muxía y Corcubión. En A Laracha, explica el alcalde, no hay ninguno, pero pasa por ser el único municipio en esa situación. A los expedientes abiertos habría que sumarle un número mucho mayor de viviendas en situación irregular y construidas en su día completamente al margen de la ley. No todas acaban en un proceso administrativo porque no todas son denunciadas. En Camariñas, por ejemplo, hasta hace poco se podía apreciar una obra junto al camino de la antigua cetaria, a escasos metros del mar. Pero en la zona, en general, los ayuntamientos prefieren no abrir investigaciones de oficio y muchos solo inician los trámites sancionadores cuando algún particular presenta una denuncia.
Así, es fácil encontrar viviendas en algunas zonas de la comarca que difícilmente hubieran obtenido un permiso municipal si lo hubieran solicitado. Sin embargo, muchas veces la pasividad administrativa o la falta de medios permitió que muchas de ellas se rematasen, permaneciendo en lugares, como Reira, en Camariñas, donde con las normas actuales -y seguramente con las antiguas- no deberían estar. A los expedientes abiertos por los ayuntamientos hay que sumarle también varios procesos iniciados por la Xunta, entre los que destacan los que están en marcha en Fisterra, donde Política Territorial denunció la ilegalidad de cerca de 400 viviendas, cuyo futuro se dirime en los tribunales sin que hasta ahora haya fecha para que se sepa que será de ellas. En general, casi todos los procesos importantes, abiertos por la Xunta o por los ayuntamientos, terminan en los tribunales, por lo que muchas veces las órdenes de reposición de la legalidad tardan años en llegar.
* La Voz de Galicia - E.E. - 30.09.2008
Foto: Carballo (A Coruña) - LuisM. Bugallo Sánchez, wikipedia.org
Crisis / Forges
Viñeta Forges - elpais.com - 2008.09.29
La Fiscalía denuncia la carencia de medios para perseguir los delitos urbanísticos
SER* : La Fiscalía General del Estado denuncia la preocupante carencia de medios de la mayoría de las fiscalías que se ocupan de delitos urbanísticos. Especialmente complicada es la situación de la Fiscalía de Baleares, que solo tiene un funcionario. Además critica la falta de colaboración de los ayuntamientos en la persecución de este tipo de delitos. A pesar de esto, las condenas han aumentado un 26 % en el último año.
Las Fiscalías españolas cuentan con muy pocos medios para perseguir la corrupción urbanística. La Memoria de la Fiscalía General del Estado recoge sus reclamaciones, en las que señalan lo difícil que es actuar contra este tipo de delitos, especialmente complejos, con las carencias que tienen de medios humanos y materiales. La situación de Baleares, es según el Ministerio Público "especialmente complicada", ya que sólo cuenta con un funcionario disponible, a pesar de los importantes delitos urbanísticos descubiertos últimamente en las islas.
En Fiscalías como la de Las Palmas o la de Bilbao, la falta de conexión con los Juzgados hace que sea habitual que existan procesos tramitados desde hace años sin que el Fiscal los conozca. Otras Fiscalías, como la de Teruel, llegan a pedir instrumentos tan básicos como un ordenador portátil. En la actualidad, el Fiscal ni siquiera puede visionar los atestados policiales que le llegan en formato electrónico.
Falta de colaboración de los Ayuntamientos
Además, La Fiscalía General del Estado critica la falta de colaboración de los ayuntamientos para perseguir este tipo de delitos. Sólo se hace más frecuente esta colaboración cuando los consistorios están inmersos en procesos electorales. A pesar de esta situación, las condenas han aumentado un 26 por ciento en el último año, lo que supone un incremento 10 veces superior a la media.
* Cadena SER - 29.09.2008
Foto: casas viñeta 120107, Maria Titos- el Periódico
Medina del Campo: Vecinos reúnen más de tres mil firmas contra la pasarela
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ELNORTE/Valladolid* : Las familias del barrio de la Mota de Medina del Campo salieron ayer a la calle para recoger firmas en contra de la pasarela peatonal que el Ayuntamiento quiere construir desde el castillo hasta el centro del pueblo por encima de las casas. Los afectados han conseguido reunir más de 3.000 firmas durante esta semana pero ayer, «el día grande», pensaban tener muchas más.
Sin embargo, la policía les pidió que se retiraran de los dos puestos en los que estaban, una mesa en la Plaza Mayor y otra en la puerta del mercadillo, «por orden de un superior».
«Ya no nos dejan ni expresarnos», se quejaba ayer uno de los vecinos de La Mota que estuvo en la puerta del mercadillo. «Vino un responsable del recinto y nos dijo que no teníamos que quitar porque iba a venir la Policía, pero nosotros seguimos recogiendo firmas hasta que nos echaron porque no teníamos permiso», explicó Dionisio, uno de los afectados. Los medinenses involucrados en el caso piensan que fue el propio alcalde, Crescencio Martín Pascual, quien dio la orden expresa de retirar las mesas de ambos lugares para evitar que recojan más solicitudes, ya que el proyecto es iniciativa suya. La idea es que la pasarela una la explanada del Castillo de la Mota con el centro del pueblo para dinamizar el turismo en la localidad pero, según Dionisio, propietario de una de las casas afectadas, «ni siquiera llega hasta el centro, porque la pasarela termina en el cruce entre las calles Isabel la Católica y Fernando el Católico, después hay que cruzar el río y pasar una calle hasta llegar al centro».
Sin alternativas
La polémica pasarela, con un presupuesto de 1.300.000 euros, «vulnera la intimidad» de los vecinos del barrio porque pasaría a tan sólo dos metros y medio aproximadamente por encima de las casas. El pasado lunes los vecinos pidieron entrevistarse con el alcalde de Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual, y con el arquitecto que lleva el caso para que les explicase el proyecto que tenían, pero en su lugar, se presentó el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, quien «no propuso ninguna alternativa». Una de las afectadas declaró que el concejal además les contestó que «bastante ya hacían por los vecinos de La Mota y que no podían hacer nada más».
Los perjudicados apuntan en su petición, «que se lleve a cabo en una explanada» que se encuentra muy cerca de las viviendas, a 60 metros, «lugar donde no perjudica a ningún vecino». «Si esto supone un bienestar para Medina y que atraerá a los turistas, que se construya, pero por favor que no la levanten encima de nuestras casa porque nos van a quitar el aire», dijeron dos vecinas.
* El Norte de Castilla - 30.09.2008
Foto: Medina del Campo (Valladolid), proyecto pasarela castillo - medinapatasarriba.com
