La Sociedad Pública de Alquiler sólo alquiló el 14,1% de los pisos recibidos en el primer semestre

TERRA* : La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) registró la entrada de 15.012 viviendas hasta el mes de junio, pero sólo entregó las llaves de 2.127, un 14,1% del total, según cifras del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda a los que tuvo acceso Europa Press.

Del total de viviendas entregadas, 2.904 fueron rechazadas antes incluso de su evaluación por no reunir las condiciones necesarias, al exceder, por ejemplo, las superficies mímimas o máximas requeridas o ser viviendas vacionales, ajenas a la finalidad de la SPA.

Asimismo, 10.430 viviendas recibieron la visita de un agente de la propiedad inmobiliaria y fueron evaluadas. De acuerdo con el proceso habitual, en este punto, unos inmuebles pasan a la reserva de viviendas disponibles para alquiler, mientras que el resto se acaban desechando por cuestiones como el desacuerdo económico entre los propietarios y la SPA o por impedimentos legales relacionados con la situación patrimonial de la vivienda (herencias, copropiedad, etc.).

Como resultado de este proceso, de las 15.012 viviendas iniciales, sólo 2.127 inmuebles fueron alquilados finalmente. Con todo, las viviendas entregadas hasta junio suponen un 20,3% más que en el mismo periodo de 2007, cuando se suscribieron 1.768 contratos de alquiler.

LA SPA HARÁ BALANCE EN 2010

Respecto al futuro de la SPA, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) hará balance de sus resultados en 2010 y definirá sus prioridades a partir de esa fecha, con lo que la entidad seguirá abierta pese a las duras críticas que viene cosechando hasta la fecha.

El plazo de duración inicialmente previsto para la SPA es de diez años, a partir de su creación en 2005, con lo que en 2010 se llegará al ecuador de la vida del órgano adscrito al Ministerio de Vivienda.




* Terra Actualidad - Europa Press - 28.07.2008
Foto: Se alquila, cartel - ladrillos

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La contaminación de origen urbano aumenta un 26% en el litoral andaluz

MÁLAGAHOY* : La falta de depuración de aguas residuales y la consiguiente carga contaminante de origen urbano que llega al mar sigue siendo uno de los "problemas ambientales más importantes" a los que hacer frente en Andalucía. Según el informe de la Consejería de Medio Ambiente de 2007, el nivel de vertidos urbanos en el litoral incrementó a lo largo de 2006 en un 26%, pero, lo que es más grave, un 35% de ellos carecían de autorización.

De las 588.866 de unidades de contaminación -toneladas al año de sólidos en sus pensión, materia orgánica, nitratos y fosfatos- que se registraron en la costa, 209.015 se vertieron de forma irregular, una responsabilidad que recae directamente sobre los ayuntamientos.

Pese a que el dato de vertidos sin autorización sigue siendo alto, para la Consejería es un avance en términos generales, ya que en 2005 el nivel era del 46%, aunque hay provincias en las que aún queda mucho por hacer. Sin ir más lejos, Cádiz está a la cabeza en los vertidos urbanos sin control, con un volumen de 116.964 unidades de contaminación, frente a las 35.199 que sí tiene autorizadas. Este dato arroja una tasa del 75% de vertidos sin autorizar, que dista mucho del resto de provincias, ya que la siguiente en vertidos desautorizados es Huelva con sólo un 30%, mientras Almería, Málaga y Sevilla están por debajo del 25% y Granada bate el récord al tener todos sus vertidos autorizados.

En la evolución por provincias, la Consejería no detecta variaciones importantes, salvo la disminución en Granada y Sevilla y el aumento en Málaga y Almería, justificado en la carga de población estacional que soportan, sobre todo, en el periodo estival, y que está muy por encima de la capacidad real de sus depuradoras.

En función de los aportes de toneladas de los vertidos analizados -materia orgánica, nitrógeno, fósforo y sólidos disueltos-, son los valores relativos a materia orgánica los más importantes en todas las provincias, en concreto, en las de mayor densidad de núcleos urbanos como Cádiz, Málaga y Sevilla, y en las que no está bien resuelta la depuración de aguas residuales como Almería, Cádiz y Huelva.

Frente a la dejación o incapacidad municipal, está la responsabilidad del sector industrial, que en el pasado ejercicio rebajó la tasa de vertidos en un 32% respecto al año 2002, consolidando así una tendencia inaugurada hace cuatro años. Según recoge este informe, lo más notorio es que sólo un 1% de la carga contaminante de efluentes industriales careció de autorización, mientras en el año 2005 esa tasa era del 11%.

Al contrario de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, ha sido el litoral atlántico el que de manera más evidente ha reducido el volumen de sus vertidos industriales, llegándose a recortar en un 30% respecto al año 2002, lo que ha venido propiciado por la disminución en un 63% los vertidos de metales, en su mayoría procedentes del Polo Químico de Huelva. Para la Consejería lo más destacado de 2006 fue la evolución positiva de las industrias que siempre presentan los peores valores, como la papelera y metalurgia -litoral atlántico- y la farmacéutica -litoral mediterráneo.





* Málaga Hoy - Charo Solís / SEVILLA - 28.07.2008
Foto: Andalucía, contaminación litoral - malagahoy.es

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Costas pone fin a la ocupación ilegal de la isla de Benidorm

ELPAÍS/Alicante* : La Dirección General de Costas culminará el próximo año su intervención sobre la Isla de Benidorm para su restauración medioambiental e incorporación al Parque Natural de Serra Gelada, del que forma parte, según confirmó el jefe provincial del departamento, Vicente Martínez.

Por un lado, pretende demoler la construcción que alberga un restaurante sin autorización, y por otro invertirá 135.000 euros en la reforma de la senda que atraviesa la roca y construirá un mirador en la cima. La isla es una Zona de Especial Protección, con presencia de especies como el cormorán moñudo y la gaviota audouin. Los ecologistas consideran que el excesivo tráfico de personas daña el ecosistema.

Un empresario local, José Cervera Rodríguez, explota desde 1968 un restaurante en la zona, al que lleva a los turistas desde el puerto de Benidorm a través del servicio de excursiones marítimas, con una firma también de su propiedad. La parte más farragosa de la tramitación para poder derribar el restaurante se desarrolló hace casi tres años, en octubre de 2005. El entonces director general de Costas, José Fernández Pérez, aprobó un nuevo deslinde y ordenó al Servicio de Costas de Alicante que rectificara "las situaciones jurídicas registrales contradictorias", según la orden ministerial, es decir, el derribo, que no llegó a realizarse en aquel momento debido a la polémica que suscitó la iniciativa. La inclusión de la isla en el dominio público provocó automáticamente la declaración de posesión y titularidad a favor del Estado de toda la finca, lo que negaba sistemáticamente el Consistorio, con mayoría del PP. Para Cervera, que desconocía la intención de Costas, "la cuestión quedó zanjada con un acuerdo entre todas las partes". El empresario alega que él paga un canon anual al Ayuntamiento por utilizar las instalaciones y dispone de todas las licencias, algo de lo que ni en Aperturas ni en Secretaría tienen constancia.

La gota que ha colmado el vaso para que Costas lleve a cabo la actuación ha sido la colocación de una plataforma de 50 metros cuadrados amarrada junto al embarcadero. La instalación flotante carece de permisos. Cervera alega que le ha autorizado el Ayuntamiento, lo que han negado a este periódico varias fuentes municipales. El empresario Cervera dice que el único fin de la plataforma es "facilitar el baño" a los turistas, debido al difícil acceso al agua desde las rocas.





+ ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 28/07/2008
Foto: Benidorm (Alicante), isla - flickr.com

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¿Y si volvemos al tren?

ELPAÍS/Reportaje* : España no tiene petróleo, pero lo disimula bien. Funciona como si los carburantes no fueran un bien escaso y como si los precios del petróleo no se hubieran duplicado en el último año. Y funciona como si las carreteras y las autovías fueran la única forma de trasladar personas o mercancías de un punto a otro del país. Como si no se hubiera inventado el ferrocarril, como si la inversión en infraestructuras sólo luciera, social y políticamente, en forma de cintas de asfalto.

Aparentemente, el Gobierno ha caído en la cuenta. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el discurso pronunciado en junio ante el Consejo Económico y Social (CES), adelantó su propósito de remediar la situación. "En el sector del transporte", dijo Rodríguez Zapatero, "impulsaremos el transporte de mercancías por ferrocarril y, con este propósito, antes de tres meses regularemos la separación de la actividad de mercancías de Renfe Operadora, creando una sociedad independiente y liberalizando la prestación de servicios auxiliares al transporte ferroviario". El anuncio ha provocado reacciones airadas. El sindicato CC OO, por ejemplo, se opone a la separación jurídica del área de mercancías en Renfe y la considera un paso más en el desmantelamiento de la empresa pública. Pero ese es otro debate.

Lógicamente, simular que se tiene lo que realmente no se tiene, petróleo en este caso, tiene su precio. La factura petrolera, que este año, si el petróleo se mantiene en precios de 140 dólares el barril, puede rondar los 47.000 millones de euros, en torno al 4% de la riqueza producida en un año, crece a tal ritmo que empieza a parecer insostenible. De hecho, el transporte será, previsiblemente, uno de los sectores en los que se centrarán los nuevos planes de ahorro y eficiencia energética que el Ministerio de Industria quiere anunciar mañana.

Porque lo planeado hasta ahora (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2007-2012) no es suficiente. Las importaciones de petróleo, unos 400 millones de barriles al año, convierten a España en el octavo importador mundial de crudo. Un dudoso puesto de honor en la clasificación de los menos previsores. Y los objetivos de ahorro, cuando la factura se ha encarecido en los últimos meses en 16.000 millones de euros, deben ser más ambiciosos.

Claro que ahorrar no es fácil. El 70% de las importaciones de petróleo se destina al transporte. Y de forma destacada al transporte de mercancías. Hasta tal punto, que el sector del transporte es el que más energía final consume en España, por delante de la industria. Según los expertos y el propio Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) este hecho supone una anomalía en el conjunto de la UE. Y es especialmente relevante porque el transporte origina más de un tercio aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que además crecen de forma exponencial.

Aunque no es un fenómeno sólo de España, la cuestión del crecimiento del transporte, y de cómo se afronta, sí se nota más al sur de los Pirineos. Según un estudio de la Universidad alemana de Karlsruhe (año 2004), el volumen del transporte en Europa se ha más que duplicado desde el año 1970. Con un precio muy elevado. De acuerdo con el citado estudio, que valoraba la situación en una UE de 15 países, más Suiza y Noruega, el coste total que el conjunto de los modos de transporte suponían para los 17 países considerados era de una media del 7,3% del producto interior bruto (PIB). En el caso de España, el coste se disparaba en un 30% respecto de la media y rondaba el 10% (9,56% del PIB).

Las causas de tal peculiaridad española también se enumeraban en el estudio: una mezcla del mayor peso en el país del transporte por carretera frente al ferrocarril, junto a condiciones geográficas y de modelo poblacional con un gran núcleo centralizado en Madrid. Los menores costes, siempre de acuerdo con el estudio de la universidad alemana, se daban en Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda, países donde el peso del ferrocarril es mayor.

El estudio alemán ponía ya entonces el dedo en una llaga que no ha hecho sino agravarse en España en los últimos años por el olvido del ferrocarril frente a otros modos de transporte y, en especial, frente a la carretera. Algunos datos ilustran ese olvido. En 1970, el ferrocarril tenía una cuota de mercado en el transporte de mercancías del 11,8% frente al 59% de la carretera. En 2004, las cifras habían cambiado. El ferrocarril había perdido cuota, hasta el 2,6%, mientras la carretera había aumentado la suya hasta el 86,1%. En 2002, sólo Grecia superaba a España en la escasa utilización del ferrocarril como medio de transporte de mercancías.

La pérdida progresiva del mercado del tren frente a la carretera, que ahora se intenta paliar, se explica por un conjunto de circunstancias. Entre ellas, la focalización de las inversiones hacia la alta velocidad y el dinamismo del sector del transporte por carretera, que en los últimos años se ha revelado eficiente, flexible y con precios bajos. Aunque las bases del boom del transporte por carretera hayan sido también la competencia feroz y la subcontratación brutal. Según las estadísticas del Ministerio de Fomento, por las carreteras circulan 5,1 millones de camiones y furgonetas y 61.000 autobuses. De ellos, 573.000 -los únicos que precisan licencia- están habilitados para transportar mercancías por encima de 3,5 toneladas.

Si a los precios atractivos del transporte por camión se une, además, un acceso deficiente del ferrocarril a los puertos -en un país en el que más del 50% de las importaciones llegan por vía marítima- y a las instalaciones industriales, se comprende la agonía del ferrocarril. Puertos fundamentales (los más importantes son Barcelona, Valencia y Algeciras) que en algún momento de la historia tenían vías de ferrocarril hasta los muelles son hoy puro asfalto. Una cuestión difícil de solucionar.

España tiene, además, problemas añadidos. Los trenes de mercancías en Europa -sin llegar a las dimensiones de los de Estados Unidos- son pesados (de 1.000 a 2.000 toneladas), largos (hasta más de 700 metros), lentos (18 kilómetros-hora de media) e impuntuales. En España, con cuotas de mercado ínfimas, los trenes se enfrentan al problema de dimensiones de andenes y apartaderos (cortos) y a velocidades ínfimas, de en torno a 12 kilómetros por hora de media. La pesadilla de cualquier encargado de logística.

Es cierto que se intenta poner remedio y que el futuro pasa por la mejora del transporte ferroviario. Pero queda mucho por hacer. El Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT) 2005-2020 apuesta por el ferrocarril. De los 241.400 millones de euros de inversión prevista, el 50% aproximadamente se destina al desarrollo del ferrocarril y "sólo" el 27% a la carretera. Aunque dentro del plan hay un cambio importante. Si hasta 2004 la inversión ferroviaria estaba centrada en la alta velocidad, ahora se tiene en cuenta también el transporte de mercancías.

La red ferroviaria española cuenta con 13.700 kilómetros de vías, de los cuales, unos 1.600 kilómetros son de altas prestaciones. Ahora se trata de aprovechar más las vías convencionales para transportar mercancías y abrir también la posibilidad de usar las líneas de altas prestaciones para trasladar productos de un punto a otro.

"El ferrocarril ha demostrado su gran capacidad para transferir viajeros y mercancías de un modo de transporte a otro", asegura el gerente de Medio Ambiente de Renfe, Santos Núñez. El ejemplo es la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que registra una alta ocupación y ha "robado" clientes al puente aéreo. "La línea", asegura Núñez, "ahorrará al año unas emisiones de gases de efecto invernadero de 200.000 toneladas". El equivalente a las emisiones de una ciudad como Zaragoza.

El secretario de la Federación de Transportes de UGT, Miguel Ángel Cillero, también ha mostrado públicamente la apuesta del sindicato por el ferrocarril. "En la red convencional van quedando surcos vacíos por la alta velocidad que se pueden aprovechar con un buen mantenimiento", señaló en un acto celebrado en Andalucía hace unos meses. Se trata, dijo, de potenciar el transporte de mercancías por tren, lo que también "puede servir para reducir el impacto medioambiental del sector productivo que tiene el mayor consumo energético y emite más gases de efecto invernadero en el país".

Y es que el ferrocarril, en un momento de carestía del petróleo y de preocupación por el medio ambiente, es un modo de transporte comparativamente limpio. El sector ferroviario es menos contaminante porq ue utiliza para su funcionamiento un 72% electricidad y sólo el 28% de diésel. El 90% de la energía que consume la destina a la tracción de los trenes y está en condiciones de hacer esfuerzos adicionales. Por ejemplo, Renfe, que consume al año dos teravatios-hora de electricidad y alrededor de 100 millones de litros de gasóleo, se ha comprometido a reducir el consumo energético en un 9,1% para el año 2009. El objetivo es el mismo que el Plan de Ahorro y Eficiencia en vigor establece para el conjunto del sector del transporte, pero tres años antes.

Como, según se supone, se avecinan tiempos mejores para el transporte de mercancías por ferrocarril, Renfe parece decidida a prepararse. La compañía ha invertido 237 millones de euros en 100 nuevas locomotoras eléctricas que permitirán dar un salto cualitativo muy importante en fiabilidad y capacidad de tracción. Las primeras unidades estarán listas después del verano. Paralelamente, continúa el proceso de transformación de las 28 últimas locomotoras diésel de un total de 91 que permitirá aumentar sus prestaciones. En cuanto a recursos de carga, Renfe ha decidido aumentar la inversión en nuevos vagones hasta alcanzar 72 millones de euros. A los 288 que ya se encuentran en proceso de fabricación (100 porta-automóviles, 78 tolvas, 60 vagones cisterna y 50 vagones plataforma) se sumarán aproximadamente otros 200 vagones cuyas características está terminando de configurar la compañía.

Industria, como coordinador de la media docena de ministerios que deben proponer medidas de ahorro efectivas, no lo tiene fácil. Para lograr ahorros significativos en el sector del transporte se precisan medidas regulatorias, medidas de gestión y mejora de las infraestructuras. Un reto.





* ELPAIS.com - SANTIAGO CARCAR 28/07/2008
Foto: Imagen de la estación de Múnich- REUTERS

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Sevilla: El problema de la vivienda

JOSÉ RAMÓN MORENO Y FÉLIX DE LA IGLESIA* : Que las grandes promociones de viviendas hayan terminado por construir un territorio con grandes carencias (no hay más que recorrer las periferias o pasear por algunos barrios de nuestras ciudades, veranear en el litoral, mirar hacia poniente desde Sevilla viendo el nuevo perfil dibujado sobre la cornisa del Aljarafe o simplemente tratar de bajar de cualquiera de sus urbanizaciones en hora punta) es un problema que debe de ser analizado y contestado desde la búsqueda de una nueva habitabilidad y cultura urbana.

Éste que se conoce como el problema de la vivienda es un lugar frecuentemente visitado desde hace dos siglos por la sociología, la política, la arquitectura, la literatura, la pintura o por cualquiera preocupado por una mejora de las condiciones de vida de la población occidental. Semejante romería ha terminado por decantar una mentalidad que residencia en el acceso, el disfrute y la cualificación de la vivienda, buena parte de la habitabilidad de nuestro entorno. Desde los reformistas ilustrados al Estado del Bienestar, cualquier proyecto transformador o revolucionario ha situado en la solución del problema de la vivienda sus esperanzas de una sociedad mejor.

En la actualidad, una mirada a nuestro entorno nos dice que esa certeza debe ser revisada. En primer lugar, porque la vivienda, como cualquier otro objeto de consumo, ha sido incluida en una lógica de producción cuyo objetivo principal es el financiero; en segundo lugar, porque su extensión sobre el territorio, como consecuencia de la necesidad del abaratamiento de sus costos, ha hecho que el suelo se convierta en un valor negociable desde la estricta lógica económica y, en tercer lugar, porque los hábitos de vida se han desplazado de su estricta residencia en la fábrica o en el domicilio, a una extensa red de localizaciones cuyas condiciones de habitabilidad compiten con las de la vivienda.

La oportunidad que surge ahora, sobrevenida en buena medida por el frenazo inmobiliario, de reparar los daños colaterales producidos por el último desarrollo urbanístico, algunos ya irreversibles, es grande y la responsabilidad de todos los agentes, también de los usuarios, máxima. Nos vale el ejemplo del Aljarafe sevillano.

Sin embargo, el que -como se ha anunciado días atrás- los Jardines de Forestier de Castilleja de Guzmán se quieran proteger en un entorno más amplio, con un PGOU listo para aprobarse que no renuncia a la ecovilla ni al complejo hotelero, o que la A-49 se vaya a ampliar con tres carriles en cada sentido hasta Benacazón para dar cabida a los casi 165.000 vehículos censados en estas poblaciones, no son sino aliños o actuaciones de emergencia para una situación de saturación insostenible. Si esto tiene que ver con aquel imaginario aún reciente del Aljarafe como entorno saludable o con la manera en la que deseamos vivir, arrullados por los vientos del bienestar económico y social, apañados estamos. Sí puede llegar a ser sustancial para un cambio de rumbo que cree nuevas inercias en la producción el reciente anuncio de adquisición de suelo privado para la construcción de viviendas protegidas, hecho tanto desde el Ministerio de Vivienda (300 millones de euros) como desde la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (150 millones). Ello, con unos criterios de selección que, favoreciendo a municipios que carecen de suelo público, tienen mayor demanda ciudadana o forman parte, como los del Aljarafe, de grandes áreas metropolitanas, se dirigen a los suelos susceptibles de transformación inmediata -los urbanizables sin problemas de movilidad y conexión con los núcleos urbanos existentes-, arbitrando medidas para adaptar sus planeamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) o sufragando la urbanización de esos terrenos.

Ahora bien, pensamos que debería ser no sólo una medida encaminada a lograr la construcción del número de VPO que establece el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-12 o a la reactivación de la economía andaluza, que no es poco, sino que además tendría que permitir tanto el desarrollo de nuevos modos de ocupación del territorio compatibles con criterios de sostenibilidad como la instalación de modelos de viviendas más comprometidos con sus futuros moradores. Una nueva urbanidad y vivienda para una sociedad que requiere de información, ensayos y especialistas que, contando con la participación ciudadana y la puesta en valor de lo que de bueno aún nos queda, sea capaz de ofrecerse en muy corto espacio de tiempo tan ilusionante para los usuarios como atractiva para un mercado inmobiliario más sostenible.

Tener un inventario de los terrenos susceptibles de ser adquiridos para su construcción, localizarlos en un mapa de posibles recursos donde lanzar estrategias coherentes y consecuentes con esta mentalidad, compartir las decisiones de manera participada con los ciudadanos, posiblemente nos descubriera las oportunidades de un extraordinario territorio aún disponible para la vida y de otros modelos de habitación, ya ensayados en otras latitudes, de tremenda eficacia.





* Diario de Sevilla - 28.07.2008

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El Pocero contra Izquierda Unida

ELPAÍS/Toledo* : Haberse enfrentado a Francisco Hernando, El Pocero, puede salirle caro a Izquierda Unida. El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y otros cuatro concejales de ese partido tienen hasta mañana para reunir 133.333 euros y pagar una fianza por una denuncia admitida a trámite en la que el constructor les acusa de calumnias.

El regidor de Seseña es uno de los abanderados contra la mega urbanización que el empresario levantó en un secarral del municipio toledano. Y ha visto cómo se le viene encima toda la maquinaria jurídica del empresario de los yates de lujo y los aviones privados. Hernando ha interpuesto seis querellas contra él.

Los cinco concejales de Izquierda Unida sólo han tenido una semana para recoger dinero. La juez que instruye el caso dio siete días de plazo el pasado martes para que pagase la cantidad que solicita. En ese momento, IU puso en marcha una colecta para recaudarlo. Ayer ya llevaban cerca de 90.000 euros.

El coordinador de IU en Castilla-La Mancha, Cayo Lara, ha sido uno de los responsables de la colecta. El mismo martes abrió una cuenta bancaria en la Caja de Castilla-La Mancha para hacer los ingresos, y pronto la cantidad se fue multiplicando. "Estamos recibiendo aportaciones de todas partes de España, no sólo de Seseña. La mayoría pone pequeñas cantidades: 50 o 100 euros. Algunos llegan a los 1.000", cuenta Lara. Todo el dinero será reembolsado a los colaboradores si ganan el juicio.

Fuentes, el alcalde, se emociona al ver el éxito de la campaña: "Sé que hay mucha gente que no llega a final de mes y que ha hecho un esfuerzo porque sabe que la situación no es justa". Ayer estuvo comiendo con sus compañeros de partido y comentaban cómo afrontar este proceso. No está nervioso, pero sí admite que la situación no es cómoda. "Queremos que termine ya y estamos convencidos de que saldremos adelante, porque no hemos hecho nada y tenemos el apoyo del pueblo de Seseña".

¿Qué tipo de calumnias han proferido Fuentes y sus concejales para tener que pagar semejante indemnización? Según explica el regidor, ninguna: "La querella se refiere a un artículo que salió en el boletín de Izquierda Unida de la localidad titulado El rey del ladrillo. No está firmado y no pertenece al ayuntamiento ni al grupo municipal, sino a IU de Seseña. Pero a mí nada me extraña, también me denunció por una rueda de prensa en la que yo no estaba".

El artículo habla sobre supuestas barbaridades urbanísticas de Hernando en Seseña y de la laxitud de algunos políticos con él. "Pero ese escrito no es realmente el problema", cuenta Fuentes. "Lo que pasa es que desde que le denunciamos ante la Fiscalía Anticorrupción, no para de querellarse contra mí y contra algunos concejales para amedrentarnos. Pero nosotros no nos achantamos", afirma.

Esta denuncia es la que ha llegado más lejos. De las seis que ha puesto Hernando contra Fuentes, tres han sido archivadas y las otras se siguen procesando. Si no logran recolectar los 133.333 euros mañana, la juez puede embargar bienes de los concejales. Pero IU ya ha previsto esto y, durante la semana de recaudación de fondos ha estado haciendo también avales de algunas propiedades para evitar que se eche mano del patrimonio de los denunciados. Hoy mismo tienen intención de presentarlas ante el juez para poder maniobrar hasta mañana si hay algún contratiempo.





* ELPAIS.com - PABLO LINDE - Madrid - 28/07/2008
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE

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Palacio Social Okupado Malaya

NODO50/Madrid* : El Palacio Social Okupado Malaya es un espacio expropiado a los especuladores en pleno centro de Madrid, precisamente allí donde el metro cuadrado de vivienda vale lo que muchos de nosotros no llegaremos ganar en nuestra vida de precariedad y explotación. Ha sido reapropiado para el barrio, para vecin@s, para colectivos y para los movimientos sociales madrileños. Puedes encontrar a su gente en la calle Atocha nº 49.

Si quieres colaborar puedes pasarte cualquier día por el edificio o escribir a atocha49 arroba riseup.net En su web encontrarás información actualizada sobre este espacio liberado.

Invitación a colectivos y asociaciones a participar en el Palacio Social Okupado Malaya

Desde la Asamblea del Palacio Social Okupado Malaya de la calle Atocha 49, queremos transmitir nuestro deseo de incluir nuevos proyectos dentro de este nuevo espacio liberado. Cómo muchxs sabeis, nos encontramos en un edificio de enormes dimensiones en el centro de Madrid, por lo que tenemos una oportunidad inmejorable para poder crecer en nuestra lucha contra el capitalismo, la injusticia, y por la autogestión de nuestras vidas, con nuevos proyectos y colectivos que necesiten de un espacio dónde trabajar.

La intención de nuestra Asamblea es, por un lado, ofrecer esta plataforma física a los movimientos sociales de Madrid para que desde ella puedan ofrecer su aportación a crear un barrio, una ciudad, y un mundo más justo y más humano, y por otro, crear un vínculo entre los colectivos que utilicen el espacio para gestionarlo, coordinarnos y construir iniciativas conjuntas de los que formamos el centro.

En definitiva nos gustaría compartir el edificio con todos los movimientos sociales autónomos y asamblearios de la ciudad, pero no quedarnos en lo superficial, sino crear un conjunto de personas y grupos que trabajan en diferentes proyectos dirigidos a un fin común, tomando la responsabilidad de lo que supone la gestión de un centro social okupado entre todxs por igual.

Tras un duro periodo de rehabilitación en el edificio, nos disponemos a inaugurar el 4 y 6 de Julio, para abrirnos por fin al barrio y los movimientos autogestionarios de la ciudad.

Las asambleas de gestión son los Jueves a las 20:00, dónde trataremos los temas de coordinación y necesidades logísticas. Sin más, os invitamos a participar activa y permanentemente del centro social, que esperamos sea un punto de encuentro de multitud de iniciativas que necesiten un espacio, y busquen compartir sus inquietudes con personas y colectivos que van en el mismo rumbo.

La Asamblea de Gestión del Palacio Social Okupado Malaya.

Carta para l@s vecinos, colectivos y asociaciones del barrio

Muy buenas, este texto se ha escrito a modo de presentación, de declaración de intenciones y de invitación para que conozcáis un nuevo espacio social que está empezando a abrir sus puertas: el Palacio Social Okupado y Autogestionado "Malaya", en la C/Atocha, 49 ( Antón Martín).

Se llama Malaya porque pertenece a uno de los principales imputados de la "Operación Malaya”, el escándalo de corrupción urbanística mas importante de los últimos años. Esta persona, Pedro Román, ha sido condenada y ahora mismo está en libertad bajo fianza de 300.000 euros. Fue el teniente alcalde de Marbella, y se ha hecho multillonario, amasando fortunas a base del negocio del ladrillo, la recalificación y la especulación inmobiliaria.

Se llama Palacio Social porque el edificio es una construcción de 1862, de 4500 m2, en la que vivía la alta burguesía hasta hace unos años (junto con el numeroso servicio que habitaba los entresuelos y viviendas secundarias). Ahora pretende ser de uso colectivo, pretende ser del barrio y de los movimientos sociales.

Este edificio llevaba vacío 15 años, y , como no consideramos que éste sea un uso legítimo, un grupo de personas, reunidas en asamblea, hemos decidido expropiarlo y abrir en él un espacio social, con la intención de que el barrio lo haga suyo, lo utilice y lo disfrute.

Hemos dado el paso de abrir este espacio para que tod@s podamos tener un lugar en el que encontrarnos, en el que poder reunirnos, organizar actividades y proyectos, y, desde abajo, desde la base, ver qué pasa en nuestro barrio y en la ciudad.

Ver qué queremos y qué no queremos. Identificar los problemas y entre tod@s, buscar soluciones, decidir. Nuestra voz, al hacerse colectiva, deja de ser muda y empieza a coger fuerza.

Vemos necesario defender los barrios del acoso y derribo al que se están viendo sometidos, luchando contra la especulación urbanística y contra el mobbing inmobiliario, que va vaciando los edificios de vecin@s que son poco rentables para convertirlos en hoteles, viviendas de lujo... todo para que se enriquezcan las inmobiliarias y l@s propietari@s, que van cambiando nuestro barrio a su antojo. Sin que nuestra opinión pinte nada en todo esto.

También vemos necesario empezar a organizar una respuesta a las continuas redadas policiales que se están llevando de Lavapiés a decenas de vecin@s a Centros de Internamiento para Inmigrantes, por el hecho de no tener "papeles". Nosotr@s decimos que nuestro barrio no es una aduana, y que la libre circulación de las personas por el mundo es un derecho fundamental.

Sobre todo, vemos necesario defendernos de la soberbia, que tanto le sobra a la clase política y empresarial, y de la imposición, de no poder hacer nada por intentar cambiar todo esto.

Aquí tenemos un espacio, con voluntad de ser utilizado para todo esto, con intención de que lo hagáis vuestro.

La Asamblea de Gestión del Palacio Social Okupado Malaya.

::Fuente de la info: www.malaya49.org




* Nodo 50 - Sábado 26 de julio de 2008
Foto: Madrid, Palacio Social Okupado Malaya - nodo50.org

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Alicante: La Ley de Costas cumple 20 años sin alcanzar su objetivo en la provincia

INFORMACIóN* : Mañana, lunes, se cumple el 20 aniversario de la Ley de Costas, una normativa que nació como respuesta a la gran presión urbanística en el litoral debido a que España ya era en 1988 "uno de los países del mundo donde la costa, en el aspecto de conservación del medio, esta más gravemente amenazada". Así lo reflejaba la propia ley en su exposición de motivos, donde se argumentaba que había llegado el momento "de poner fin a su grave y progresivo deterioro y a las alteraciones irreversibles de su equilibrio".

Pero dos décadas después se ha demostrado, al menos en esta provincia, que el texto legal resulta totalmente insuficiente para frenar las construcciones costeras y, además, ha creado un futuro incierto para los propietarios de miles de viviendas que se vieron afectadas por los deslindes. Es más, el aniversario se ha visto empañado por la decisión de Bruselas de investigar la aplicación de la ley, a petición de la Plataforma Nacional de Afectados que preside José Ortega
Son muchos los edificios que se han levantado por toda la costa durante estas dos décadas, sobre todo en los últimos años. Por el contrario, sólo se han derribado unos cuantos edificios y sí se ha generado una gran inseguridad jurídica a quienes ya tenían una casa junto al mar.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas apuntaba que el "doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza con extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca".
Mientras la Dirección de Costas ha declinado realizar una valoración de la aplicación de la ley en la provincia, Pablo Sánchez Jerez, profesor de Biología Marina en la Universidad de Alicante, y miembro de Ecologistas en Acción, explica que "la filosofía de la ley está muy bien pero, al no haberla asumido los municipios, el efecto ha sido muy pequeño". Según explica, "al depender la ocupación del litoral de los planes generales ha dado lugar a que se hayan levantado urbanizaciones de forma legal". En cambio, explica, la ley "sí está afectando a construcciones antiguas que la incumplen. Se está pagando con ellos su aplicación mientras las grandes constructoras siguen edificando, lo cual no deja de ser una aberración".
Sánchez Jerez opina que la mayoría de los ayuntamientos no apuestan por proteger el litoral. Sólo en alguna localidad como Dénia o Xàbia se ha intentado preservar la ribera, pero la mayoría de los planes generales tramitados -como El Campello, Santa Pola o La Vila- favorecen la construcción. Y esto con el beneplácito de la Generalitat.
El presidente de la Plataforma Nacional de Afectados denuncia que la aplicación de la ley "mantiene en una situación de indefinición, en el limbo jurídico" a 800 propietarios de los Arenales del Sol desde hace 11 años. "Costas está dando mucha prisa en deslindar, pero cuando tramita las operaciones debe regularizar las situaciones patrimoniales y no lo hace". En su opinión, "las líneas se fijan de forma arbitraria" ocupando en ocasiones viviendas pero no viales y, por ejemplo, a pesar de que el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado que se desafecten los terrenos de Rocafel, "se está tramitando un nuevo deslinde que mantiene el anterior", dejando fuera de ordenación parte de estos edificios.

ALICANTE
El contraste entre Cala Cantalar y Rocafel
Mientras los vecinos de Rocafel ven sus futuro inseguro, en cambio cerca de allí, en Cala Cantalar, se han construido viviendas y se ha urbanizado un paseo de forma legal a pocos metros del mar por arte y gracia del PGOU de 1987, que lo calificó como suelo urbanizable. También Alicante del antiguo hotel El Cabo sólo queda su estructura ya que la ley de Costas impide autorizar su reconstrucción. Y en Tabarca los nuevos bungalows enfrentaron años atrás al Gobierno central con la Generalitat y el Ayuntamiento porque una vivienda invadía incluso la servidumbre de paso. Actualmente la vivienda sigue estando al pie del acantilado.

ELCHE
Ochocientos afectados en Arenales del Sol
En la playa ilicitana de Arenales del Sol, cerca de 800 viviendas situadas en primera línea están afectadas por el deslinde marítimo terrestre surgido tras la Ley de Costas. Los propietarios de unos inmuebles vieron como, tras el deslinde, ocupaban unas viviendas que tienen una concesión de 30 años, prorrogable a otros 30. Iniciaron desde ese momento una batalla legal en los tribunales para intentar anular ese deslinde y, aunque recurrieron a todas las instancias, no lo han conseguido.
Lejos de claudicar en la batalla, hace meses volvieron a iniciar un procedimiento extraordinario de revisión de la sentencia judicial. Para ello solicitaron al Ayuntamiento que adoptara los acuerdos plenarios necesarios para instar a que los pisos queden excluidos de la afección de dominio público y los terrenos vuelvan a ser declarados urbanos.
De este modo, el Ayuntamiento ilicitano presentó el pasado mes de febrero ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente. El recurso nació a raíz de que el Estado no había contestado en el plazo legal de tres meses al requerimiento realizado desde Elche para que fuera revisado el deslinde de Costas aprobado en mayo de 1997 para Arenales del Sol.
El Consistorio ilicitano coincide con los vecinos en que el deslinde de 1997 no era correcto puesto que existía uno anterior, del año 1974, que dejaba fuera de la afección esa primera línea de edificios. Pero, por ahora, los inmuebles afectados siguen inmersos en la concesión administrativa de los 30 años prorrogables otros 30.

VEGA BAJA
Veinticinco chalés derribados y van más
En la Vega Baja el deslinde de Costas afectaba y afecta especialmente a más de un centenar de pequeños chalés en pleno dominio público habitados al pie de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura. Veinticinco han sido derribadas. El resto correrá la misma suerte con algunas excepciones de vecinos que han decidido tramitar y pagar una concesión y por 30 años más. En este caso el procedimiento se inició en 1995 y está cuajado de denuncias públicas de vecinos, procedentes del interior de la comarca, que acusan a la Dirección General de Costas de no usar con ellos el mismo rasero que con las construcciones de mercantiles.
Otra área donde el expediente de deslinde se eterniza es el iniciado hace dos décadas entre La Mata y Cabo Cervera de Torrevieja. 2.600 casas invaden la servidumbre de protección mientras que tan sólo una docena están en dominio público y deberán ser derribadas si no obtienen la concesión de 30 años.
Las implicaciones legales de estar en servidumbre de protección son importantes desde el punto de vista económico. Esta situación permite la compra venta de sus inmuebles y no está sujeta a ninguna concesión con plazo, pero exige la autorización de Costas, al margen de la que se solicite al Ayuntamiento, para acometer obras, y además -en teoría- impide que se aumenten las edificabilidades de lo ya construido. También se anota en el registro de la propiedad.
En esta zona está pendiente desde 2005 el derribo del edificio de nueva construcción Montegira, mientras que los funcionarios de Costas -sin explicación aparente, según el resto de vecinos afectados- excluyeron del dominio público en 2001 al inmueble del Lloyd´s Club (sólo afectado ahora por la servidumbre de protección) a pesar de que se edificó después de 1988 sobre la zona arenosa de la playa.
También está sujetas a expediente de deslinde sin terminar las orillas de las lagunas de Torrevieja y La Mata. En la Punta La Víbora, de la laguna torrevejense, el Ayuntamiento se apuntó a la arquitectura espectáculo y encargó el edificio de un balneario o parque de relajación al arquitecto japonés Toyo Ito. Lo hizo sin concesión de Costas y acogiéndose a la legislación autonómica. Costas mantiene paralizada la estructura en espiral del balneario desde hace años.
También en la costa oriolana los propietarios de las viviendas de Mil Palmeras en la urbanización Vistamar están en teoría afectados por la zona de dominio público. Este sector B-1 de Orihuela se construyó por la vía de los hechos consumados. La mayoría de los bloques fueron habitados a principios de los noventa por 600 propietarios, tres fueron derribados por la Administración autonómica socialista, que asumió -en una decisión inédita y cargada de conflictos legales-, las competencias ejecutivas del Gobierno central en esta materia.
El pasado mes junio las retroexcavadoras procedieron a demoler las estructuras de los edificios de La Torre de la Horadada paralizados a principios de los noventa por no cumplir con la legislación. Un acuerdo urbanístico con la empresa infractora ordenó urbanísticamente la zona en 2000 y la empresa ha iniciado la obras de demolición y construcción de otra urbanización dejando diáfana la primera línea de costa.

MARINA BAIXA
Las torres de Punta Llisera siguen adelante
En la Marina Baixa apenas hay dos conflictos con sendos edificios afectados por esta ley, aunque sólo uno de ellos está relacionado directamente con la ley. El deterioro progresivo de la construcción no finalizada del edificio Ánfora de Finestrat provocó que la Corporación local reclamase en numerosas ocasiones el derribo del mismo. Tras fijar las cantidades por la expropiación surgieron los desacuerdos con algunos propietarios que no estaban de acuerdo. En los últimos días Costas y el Ayuntamiento han emplazado a único propietario que quedaba por avenirse a que acepte la cantidad estipulada o se procederá a derribar en un mes, sin posibilidad de volver a levantarlo.
En Benidorm, mientras tanto continúa la construcción de las dos torres, Gemelos 25, en Punta Llisera. El Gobierno pretende recuperar ese lugar afectado por la servidumbre del dominio público marítimo terrestre, pero se ha encontrado con que las licencias de la constructora, Edificaciones Calpe, están en regla y avaladas por la justicia en diversas sentencias. El Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de expropiación, levantó acta notarial de lo construido, pero las obras han seguido, así como la venta de los pisos tras la última sentencia favorable. La indemnización a pagar, en cualquier caso, será muy cuantiosa para las arcas públicas. La empresa, mientras, afirma que sólo un juez le puede obligar a paralizar el proyecto.

MARINA ALTA
Pendientes del deslinde en dos playas de Dénia

La aplicación de la Ley de Costas en la Marina Alta tiene un punto principal de conflicto. El litoral norte de Dénia, en concreto su tramo más meridional. Varios kilómetros de costa, en especial los de las playas de l'Almadrava y les Deveses, están todavía pendientes de la aprobación del deslinde definitivo, que supondría la ampliación en seis metros de la franja de dominio público marítimo terrestre. Y ello colisiona con edificaciones y otros elementos existentes (vallas, escaleras, etcétera) en la zona. En concreto, según un informe elaborado por Costas, son un total de 242 los "elementos" que invadirían la zona pública.
Los vecinos han reaccionado con preocupación y aseguran que las consecuencias allí de la aplicación de la Ley de Costas serían mucho más drásticas.
A principios de este mismo año, constituyeron la llamada Plataforma de Afectados por el Deslinde de Marines-Racons, cuya primera medida ha sido presentar al Parlamento Europeo una queja por lo que consideran "aplicación abusiva de la Ley de Costas". Y es que, según sus estimaciones, la aprobación del deslinde definitivo afectaría a 600 propietarios.
El asunto del deslinde también ha llegado a los tribunales. En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, ha dado la razón al Ayuntamiento de Dénia que rechazó el recurso de una promotora a la decisión municipal de desclasificar terrenos del nuevo deslinde en la zona de mayor valor ecológico del litoral norte. En concreto, en el único tramo que queda virgen de dunas y vegetación en primera línea de playa.





* Información - 27 de julio de 2008
Foto: Benidorm (Alicante), construcción torres punta Llisera - diarioinformacion.com

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Balears: Aluvión de denuncias ante el fiscal por urbanismo ilegal y corrupción

DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía superior de Balears ha recibido en los últimos meses un auténtico aluvión de denuncias por presuntos casos de corrupción y/o urbanismo ilegal, según fuentes de dicha institución. Este aumento de los casos a investigar, junto a la complejidad y elevadísima carga de trabajo de los asuntos ya abiertos ha hecho que se plantee la conveniencia de duplicar la actual plantilla de fiscales anticorrupción de Balears, dotada con tan sólo dos fiscales.

La posibilidad de denunciar ante la fiscalía la comisión de un presunto delito ha existido desde tiempo inmemorial. Sin embargo, hasta hace unos años, los ciudadanos, entidades privadas o instituciones cuando tenían conocimiento de hechos aparentemente delictivos lo comunicaban a los cuerpos policiales o directamente al juzgado de guardia.
Hará unos cinco años empezó, tímidamente, un nuevo cauce para la interposición de denuncias en Balears: acudir a la fiscalía como paso previo a los juzgados. Inicialmente los más asiduos a esta nueva manera de denunciar fueron los políticos, que, en vez de dirigirse a los jueces, optaron por dejar en manos del ministerio público la papeleta de valorar si los hechos eran o no presuntamente delictivos.
De los políticos e instituciones la vía de la fiscalía pasó a ser usada por los ciudadanos de a pie y algunas entidades cívicas, como por ejemplo el Grup Ecologista de Balears (GOB). Así empezaron a llegar más denuncias a los despachos de la fiscalía, entre las que destacó en su día, por la ulterior trascendencia, la de un grupo de ciudadanos de Mallorca, encabezados por Ignasi Ribas, Ferrán Gomila, y los hermanos Carbonero, contra los responsables de los vuelos de aviones de la CIA que pasaron por Balears.
El punto de inflexión en las denuncias dirigidas a los fiscales de las islas fue la llamada Operación Voramar, desatada el 27 de noviembre del 2006 contra una presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento de Andratx, presidido por Eugenio Hidalgo (PP).
El caso Andratx tuvo como precedentes las denuncias de algunos concienciados vecinos de la localidad, entre ellos la edil Isabel Alemany y el policía local Juan Enseñat. A partir de entonces se unieron en la lucha contra la corrupción el nuevo ayuntamiento de Andratx, el Consell de Mallorca, y decenas de particulares que han informado a la fiscalía de numerosas irregularidades urbanísticas en todas las islas, especialmente Mallorca.
El GOB también ha seguido colaborando con la fiscalía y ha aportado importantes datos y valoraciones sobre otros casos de presunta corrupción, como el llamado del Plan Territorial de Mallorca.
El Govern de centro-izquierda se ha convertido en otra instancia denunciante por descuadres o irregularidades atribuidas a los anteriores gestores autonómicos del PP. Cort ha cursado ante fiscalía por lo menos 3 denuncias, 2 relacionadas con el ex edil conservador Rodrigo de Santos y la tercera por supuestas irregularidades de dos técnicos.
La fiscalía superior planea asignar dos fiscales más a anticorrupción, dado que Carrau y Horrach están desbordados de trabajo. Los refuerzos están supeditados a la disponibilidad de efectivos en una muy corta plantilla que ronda los 50 fiscales para toda Balears.
Los cambios ya se han extendido a otras dos fiscalías especializadas la delitos urbanísticos y antidroga. Adrián Salazar, anterior fiscal de delitos ecológicos, ha pasado a desempeñar un papel protagonista en la fiscalía antidroga.





* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 27 de julio de 2008
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org

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La propuesta del Ministerio de Vivienda de comprar suelo a las inmobiliarias no tiene justificación

Ecologistas en Acción* califica de injustificada la propuesta del Ministerio de Vivienda en relación a la compra de suelo a las inmobiliarias. El objetivo principal del Ministerio debería ser reducir el precio actual de la vivienda y garantizar la financiación crediticia del Programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008. El Gobierno, debería poner en marcha cuanto antes procedimientos que faciliten la reconversión de los trabajadores de la construcción. Comprar suelo a inmobiliarias no tiene relación con estos objetivos.

La propuesta del Ministerio de Vivienda de invertir 300 millones de euros, que podría incrementarse, a comprar suelo a inmobiliarias no tiene justificación. Cuando todavía se desconoce la cantidad de suelo público con que cuentan los municipios no parece lógico lanzarse a comprar suelo privado, sin fijar, ni siquiera el precio, dejando que se determine por la oferta que hagan los vendedores.

Las inmobiliarias ahora necesitan liquidez pero llevan años acaparando suelo y construyendo más viviendas de las que se necesitan. Los beneficios han sobrepasado la media de cualquier otra inversión. La destrucción del territorio vinculada al exagerado ritmo de construcción no tiene precedentes. Por otro lado, no cabe duda de que los excesos del sector inmobiliario son parte de la causa de la crisis económica. En estas circunstancias no existe justificación para comprar suelo, en lugar de centrar los esfuerzos en reducir el precio de la vivienda a niveles asequibles para la mayoría de los ciudadanos y asegurar la financiación del programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008, algo que no está claro.

En los últimos años se han construido muchas más viviendas de las necesarias, actualmente el número de viviendas acabadas y en promoción se calculan entre 800.000 y 1,2 millones que si se suman las de segunda mano suben a 1,6 - 2,7 millones. Esto supone una sobreoferta para cubrir las necesidades de cuatro años sin poner un ladrillo (al ritmo actual de unas 400.000 viviendas anuales). A esto habría que añadir las viviendas que se han comprado por inversión, alrededor del 40%, y que saldrán al mercado y las viviendas que finalicen en 2008 (iniciadas entre la segunda mitad de 2006 y la primera de 2007) que se calculan en otras 700.000.

A pesar de esta situación, el precio de la vivienda sigue siendo inaccesible para buena parte de la población y un problema para las familias que se han embarcado en una hipoteca que deberán estar pagando durante buena parte de su vida. Todo ello por la sobrevaloración de la vivienda (entre un 20% y un 30% según la OCDE y FMI), consecuencia de la burbuja inmobiliaria que ha permitido hacer fortunas millonarias en pocos años.

En este contexto ni el Gobierno, ni el Ministerio de Vivienda hablan de la necesidad y obligación de reducir el precio de la vivienda. A pesar del frenazo inmobiliario, los precios de la vivienda, en el Estado español, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Vivienda ha sido de un 3%. Una bajada muy escasa. Actualmente, hace falta los ingresos de siete años para acceder a una vivienda media. Para volver a la normalidad (cuatro años), los precios deberían caer un 42%.

Es ahí donde debería estar el reto del Ministerio, no en comprar suelo privado.





* Área de Urbanismo de Ecologistas en Acción - 25 de julio 2008

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Adena solicita el cumplimiento estricto de las sentencias que anulan las licencias de hoteles en Lanzarote

LAPROVINCIA* : La organización ecologista WWF/Adena ha solicitado al Cabildo de Lanzarote y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marina, que solicite "la ejecución inmediata" de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en las que declara ilegales a una veintena de hoteles y complejos turísticos en la isla de Lanzarote.

Según Adena, un total de 22 complejos turísticos, hasta el momento, pertenecientes a diversas cadenas hoteleras han sido declarados ilegales por decisión del TSJC, "quien da una respuesta ejemplarizante a los recursos interpuestos por la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote".

Los ecologistas añaden que el Tribunal ha resuelto la anulación de las licencias hoteleras otorgadas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise "tras vulnerar los preceptos de la moratoria urbanística aprobada en 2000 para Lanzarote, en un intento de frenar el crecimiento insostenible que protagonizaba la isla".

Adena exige también que los promotores implicados en estos complejos turísticos ilegales y beneficiados con ayudas de la Comisión Europea "que las devuelvan íntegramente". Y es que en caso de verificar que estos fondos hayan ido a parar a proyectos ilegales, Europa exigirá a España la devolución del dinero, que supera los 30 millones de euros.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF/Adena, manifiesta que estas sentencias son "sin duda, una buena noticia gracias al trabajo de la Fundación César Manrique a favor de un Lanzarote más sostenible. Por eso desde WWF/Adena les felicitamos, ya que ha sido una práctica extendida el incumplimiento reiterado de la moratoria turística en la Isla.".

Asimismo, desde Adena se exige que el Cabildo asegure una restauración a la situación original de estas zonas. "En un momento en el que el desarrollo inmobiliario está en crisis y los escándalos sobre ilegalidades aparecen continuamente, pedimos al Ministerio de Medio Ambiente una verdadera política de gestión integrada de la costa con un cumplimiento estricto de la Ley de Costas. Y que proteja las últimas zonas aún bien conservadas y evite que situaciones como la de Lanzarote vuelvan a ocurrir", afirman.





* La Provincia - D. R. - ARRECIFE - 25 de julio de 2008
Foto: Hoteles afectados por las licencias anuladas por los tribunales en Playa Blanca. JAVIER FUENTES, laprovincia.es

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Salva su chalé ilegal de la demolición en Otíñar porque hay más alrededor

IDEAL/Jaén* : El juzgado de lo Penal nº1 de Jaén ha condenado a A. V. A. por un delito contra la ordenación del territorio, ya que se construyó una casa ilegal en la carretera de Otíñar. El tribunal, sin embargo, no considera pertinente decretar la demolición de la construcción, ya que la casa está junto a otras construcciones, alguna de las cuales está condenada también y sin demolición, por lo que ya no puede ser derribada por la vía penal.

Así que el magistrado Lucini Nicás entiende que tirar la casa de A. V. A. no arreglaría nada respecto a la legalidad urbanística violada.

La vivienda fue detectada en septiembre de 2.006 a la altura del punto kilométrico 6,5 de la carretera de Otíñar, en las inmediaciones del Puente de la Sierra. Se trata de un suelo no urbanizable con especial protección por su inclusión en el plan de la vega de los ríos.

Allí, A. A. V. tiene su vivienda habitual, que no se ha sometido a juicio. Junto a ella plantó una vivienda unifamiliar de madera, autónoma, sobre una base de 50 metros cuadrados elevada sobre pilares y con unas escaleras de acceso. Ésta segunda construcción no es susceptible de ser legalizada de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana en vigor en Jaén.

En el juicio, el acusado se declaró culpable, y aceptó una pena de seis meses de prisión. Sin embargo, su defensa no se puso de acuerdo con el Fiscal en lo que se refiere a la demolición de lo construido al margen de la legalidad. El Fiscal insistió en demoler. De hecho, como la sentencia no contempla en derribo, presentará recurso que se verá en la Audiencia.

Antecedentes

El año pasado otro juzgado de lo Penal (el número 2) tomó la misma decisión con el chalé de V. B.M., a unos 500 metros del anterior, y también sobre suelo «no susceptible de legalización» porque no es compatible con el planeamiento vigente, de manera que las obras fueron paralizadas administrativamente el 25 de mayo de 2005. Pese que a que se considera que el chalé es ilegal no se ordena echarlo abajo, «pues en esta zona no es la única edificación ilegal que se ha realizado sin que se haya acordado administrativamente su demolición».

También en la carretera de Otíñar -y también el Penal 2- decretó en 2006 el derribo de un chalé tan ilegal como los dos anteriores. Esta disparidad de criterios de la Justicia es frecuente en casos urbanísticos.

Aunque la zona de chalés está en las inmediaciones de los puentes -protegidos por el plan de las vegas de los ríos-, el paraje de Otíñar goza de protección por su riqueza natural y patrimonial reconocida por la Junta.





* Ideal - 26.07.08 -J. E. P.
Foto: Otiñar (Jaén), castillo - wikipedia.org

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Málaga permitirá construir en un suelo que Costas y la Junta quieren proteger

ELPAÍS* : El futuro urbanístico de Arraijanal, un suelo de más de medio millón de metros cuadrados junto a la desembocadura del Guadalhorce que es la última parcela con linde a una playa que queda sin urbanizar en el término municipal de Málaga, bien puede servir de ejemplo de la obstinación del alcalde, Francisco de la Torre (PP). El Ayuntamiento de Málaga acaba de firmar un convenio urbanístico con Vallehermoso, sociedad propietaria de la mayoría del suelo, para levantar una urbanización con 664 viviendas, hoteles y equipamiento comercial.

El consistorio recibirá a cambio 28 millones de euros. El equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre no ha consultado a la Dirección General de Costas, que tiene en trámite la enajenación de 80.000 metros cuadrados de Arraijanal para ampliar la zona de servidumbre.

El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, ha llegado a afirmar que el Ministerio de Medio Ambiente tiene olvidada la enajenación, que sólo fue un anuncio en época electoral. Fuentes del ministerio confirmaron ayer que la expropiación sigue adelante y que en otoño se someterá a información pública la declaración de utilidad de la expropiación. Costas ha requerido al consistorio información sobre el convenio y el proyecto, y ha advertido que no lo autorizará si afecta a esos 80.000 metros cuadrados.

Otra circunstancia ignorada por De la Torre es que todo el suelo de Arraijanal está reservado en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) que promueve la Junta como parque marítimo-terrestre.

Arraijanal ha sido motivo de un largo enfrentamiento entre la administración autonómica y el Ayuntamiento. La Junta rechazó la modificación de elemento al vigente PGOU que el consistorio aprobó en 2000 para construir una marina deportiva y una urbanización con más de 1.300 viviendas. El proyecto fue rechazado por Costas y por Aviación Civil, pues afectaba a la zona de exclusión aérea del aeropuerto.

En la aprobación inicial del PGOU, de la que hoy se cumplen dos años, se mantuvo la marina deportiva, pero se eliminaron las viviendas. Ahora, según el convenio, es al revés, y en el PGOU que se llevará a pleno el próximo 14 de agosto para la aprobación provisional se incluye esta nueva urbanización y se elimina definitivamente la marina.

El PSOE inició ayer una campaña de recogida de firmas contra el proyecto de urbanizar en Arraijanal. Los socialistas se quejan de los numerosos convenios que el consistorio ha firmado con promotores desde la aprobación inicial del PGOU, y entienden que se han introducido modificaciones sustanciales, por lo que debería someterse a un nuevo proceso de información pública.

El alcalde, que considera que esa propuesta es bloquear y dilatar el plan, defendió ayer el convenio de Arraijanal porque "aportará ingresos" y defiende el interés general de la ciudad. De la Torre argumenta que impedir cualquier construcción obligaría a un desembolso excesivo en expropiaciones o compensaciones que perjudicarían a la ciudad.





* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 26/07/2008
Foto: Málaga, arraijanal - diariosur.es

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El juez condena al Ivvsa a reparar los daños de 396 viviendas protegidas en Alaquàs

LEVANTE/Valencia* : Trece años de reclamaciones administrativas e intensa batalla judicial han sido necesarios para que un juez dé la razón a los vecinos del Passatge 25 d'Abril de Alaquàs. El juzgado de primera instancia nº11 de Valencia ha condenado al Instituto Valenciano de la Vivienda, a la constructora, al arquitecto responsable del proyecto y a los aparejadores que supervisaron las obras a reparar los cientos de deficiencias que tienen estos inmuebles de pisos protegidos y los garajes.

La sentencia agrupa los daños en once tipologías diferentes y determina el procedimiento de reparación que se ha de seguir, dado que, a lo largo del juicio, se han producido algunas discrepancias por parte de la decena de peritos que han participado -de los demandantes, de las partes demandadas y del juzgado-. En cada caso, está determinado el porcentaje de responsabilidad que ha tenido cada parte y, en los problemas donde ha sido imposible dirimir la culpabilidad, se ha optado por la responsabilidad solidaria.
Costear los posibles realojos
Con todo, el fallo indica que la reparación se ha de realizar "previa elaboración del preceptivo proyecto técnico, bajo la preceptiva dirección facultativa". Además, los condenados han de costear "cuantas actuaciones accesorias sean necesarias, tales como el traslado de mobiliario y enseres en los casos en que la envergadura de las obras lo requiera", así como "el realojo en viviendas de condiciones análogas en los casos en que sea preciso tal desalojo".
Los edificios del Passatge 25 d'Abril se construyeron en los años 1995 y 1996. La promoción se compone de cuatro bloques con 396 viviendas protegidas y dos garajes. Desde los primeros meses comenzaron a aparecer deficiencias como inundaciones en los aparcamientos, desprendimientos y abombamientos en la fachada, grandes grietas interiores y exteriores, desprendimiento de azulejos y suelos, corrosión de la grifería y fuertes olores.
El juzgado ha admitido la propuesta de reparación que proponía el perito de los afectados casi en la totalidad. La excepción es la fachada; mientras el informe de los vecinos optaba por desmontarla integralmente y cambiarla, la sentencia determina que consiste en quitar los ladrillos de los puntos afectados y repararlos.




* Levante-EMV - Laura Sena, Alaquàs - 26 de julio de 2008
Foto: satisfacción. Un grupo de vecinas, ayer en el paseo peatonal central/ abelard comes, levante-emv.com

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La Fiscalía solicita dos años de cárcel para el ex alcalde de Alozaina por conceder presuntas licencias ilegales

SUR/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide un total de dos años de prisión para el ex alcalde de Alozaina Antonio Blanco (IU) por dos presuntos delitos urbanísticos al conceder sendas licencias de obras presuntamente ilegales para la construcción y reforma de dos viviendas en la localidad.

La petición fiscal para el ex regidor es de un año de prisión por cada uno de los delitos, la misma que se solicita para los que eran entonces concejales de Obras, Salvador Chaves, y de Hacienda, Salvador Arroyo, que formaban parte de la Junta de Gobierno Local, según ha confirmado el propio Blanco.
El Ministerio Fiscal considera que ambas licencias no son legales porque tanto la construcción como la reforma de estas viviendas se llevaron a cabo sobre suelo considerado como rústico.
Blanco ha explicado que las licencias se concedieron antes de que entrara en vigor la ley de ordenación urbana y ha defendido que en el pueblo "todo el suelo es rústico", porque no se trata de una localidad costera.
Estas construcciones se aprobaron con licencias condicionadas a pesar de que se emitieron en un principio informes técnicos desfavorables, y se paralizaron cuando se certificó que las parcelas no tenían los metros suficientes, según ha dicho el ex alcalde.
Ha manifestado que no se debe tratar como un tema muy importante porque son "casitas pequeñas de agricultores, no son una gran construcción como las de la costa", y por ello ha abogado por buscar una solución, ya que "parece que ha sido un tema más administrativo que penal".





* SUR - 25.07.08 - EFE
Foto: Alozaina (Málaga) - malagapueblos.com

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Madrid: Las obras de la M-30 incumplieron la ley, según el Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia sobre la legalidad de las obras de ampliación de la M-30. Los argumentos expresados en la sentencia son rotundos, y da la razón a Ecologistas en Acción* en todos y cada uno de ellos: el hecho de que una autovía se declare como urbana no la exime del cumplimiento de la legislación sobre evaluación ambiental; tampoco es admisible que se troceara en diferentes proyectos para eludir esta misma evaluación ambiental.

Ecologistas en Acción interpuso en julio de 2005 un recurso contencioso administrativo contra la aprobación de los proyectos de la M-30 que afectaban a las riberas del río Manzanares, tras haber presentado las correspondientes alegaciones y recursos administrativos ante el Ayuntamiento.

A lo largo del procedimiento, Ecologistas en Acción ha defendido la nulidad de los proyectos por la flagrante vulneración de la normativa medioambiental y de protección del patrimonio histórico y cultural que supuso su aprobación. El Ayuntamiento, como es sabido, se oponía arguyendo que no tenía obligación de someter a evaluación de impacto ambiental previa a este enorme obra en la M-30 por tratarse de una “vía urbana”.

Dado que la normativa de evaluación ambiental tanto española como autonómica derivan de la Directiva 85/377 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Juzgado núm. 22 de lo contencioso resolvió en enero de 2007 remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Como resultado de esta cuestión prejudicial, el más alto tribunal europeo acaba de dictar su sentencia, que resulta demoledora para las tesis del Ayuntamiento, mientras que da la razón a todos los argumentos expresados por Ecologistas en Acción.

Efectivamente, la sentencia concluye con rotundidad que “los proyectos de vías urbanas están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva modificada”, por lo que no cabe eximirlos de evaluación ambiental previa. Del mismo modo, la sentencia concluye que no es admisible el troceado en 15 proyectos que realizó el Ayuntamiento para evitar que alguno de ellos tuviese una longitud superior a 5 km (lo que infringiría la ley autonómica) o 10 km (que es el límite para realizar evaluación de impacto según la normativa estatal y europea). Efectivamente, el Tribunal Europeo concluye que “el objetivo de la Directiva modificada no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto y que el hecho de que no se considere el efecto acumulativo de varios proyectos no debe tener como consecuencia práctica que se sustraigan en su totalidad a la obligación de evaluación cuando, considerados conjuntamente, puedan tener efectos significativos en el medio ambiente”.

Por otro lado, la sentencia echa por tierra otros argumentos defendidos (y nunca demostrados) por el Ayuntamiento, como el hecho de que las obras tendrían una influencia positiva en el medio ambiente. Así, para el Tribunal de Luxemburgo “la circunstancia alegada por el Ayuntamiento de Madrid de que los proyectos controvertidos en el litigio principal producirán efectos beneficiosos para el medio ambiente no es pertinente cuando se trata de apreciar la necesidad de someter tales proyectos a una evaluación de su impacto ambiental”.

De este modo, el máximo intérprete de la legislación comunitaria ha sido tremendamente contundente contra las argumentaciones del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, será el Magistrado-Juez del Juzgado contencioso administrativo nº 22 quien dictará su sentencia. Pero, en buena lógica, no podrá contradecir a la más alta instancia judicial europea. Se hará así evidente lo que ha venido defendiendo Ecologistas en Acción desde el primer momento: que pese a los intentos de distracción del Ayuntamiento, pocas dudas hay de la continua vulneración de la legislación ambiental que ha supuesto esta obra, que sólo ha estado sujeta a los intereses electoralistas de Ruiz-Gallardón. Convienen recordar que entre otros, la obra acumula un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, un duro informe del Parlamento Europeo y, ahora, un claro refrendo de su ilegalidad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.





* Ecologistas en Acción de Madrid - 25 de julio 2008
Foto: Madrid, túnel M30 - ayto. Madrid

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Los municipios gallegos, los que menos suelo destinaron a vivienda protegida

FARODEVIGO* : Sólo el 3,9% de los terrenos de los concellos se usan para pisos oficiales. Ahora que la crisis inmobiliaria es evidente, desde las administraciones y las empresas relacionadas con el sector recetan como uno de los antídotos para superar el bache la apuesta por la vivienda protegida.

Fue uno de los acuerdos en la reunión que la Xunta mantuvo el pasado miércoles con constructores y promotores de la comunidad, el mismo día en el que el Gobierno central anunció una inversión de 300 millones el próximo otoño para adquirir suelo destinado a pisos de promoción pública. Lo cierto es que hasta el momento, los inmuebles de protección han sido los niños menos mimados de la familia del ladrillo, incluidos los ayuntamientos, que reservaban un porcentaje casi anecdótico de su patrimonio municipal en terrenos a este tipo de edificación. ¿Cuánto? Pues alrededor de un 4% en el caso de los gallegos, según un estudio que acaba de realizar el Tribunal de Cuentas, con datos de 2004. Muy lejos de la media nacional, un 16,3%, y del 30% y el 40% que, en función de su tamaño, tienen que reservar con la nueva normativa del suelo en Galicia en todos los desarrollos.

Por ley se garantizará una oferta a la que en el mercado libre dio la espalda. Los números hablan por sí solos. Frente a volúmenes de 38.000, de 40.000 viviendas levantadas cada ejercicio durante los años del boom del sector en Galicia, el número de pisos con alguno de los tres posibles tipos de protección nunca superó los 4.000. En 2007, por ejemplo, se terminaron 3.774 y empezaron las obras de 3.000.
¿A qué se dedican entonces los terrenos que los concellos tienen en propiedad, con la suma de los sucesivos 10% de los aprovechamientos urbanísticos que se desarrollan y que la legislación obliga a cederles? Pues la inmensa mayoría, el 79,2%, a fines, usos y actividades de interés social. Exactamente, el 69,3% a la urbanización y la ejecución de dotaciones y sistemas generales. Desde un ambulatorio a un parque. El resto, a otros fines sociales, como la conservación y mejora del patrimonio histórico, artístico o cultural u operaciones de promoción económica. Otro 16% va para usos que no están recogidos en la normativa la Xunta y que los ayuntamientos no tienen detallados, según recoge el Tribunal de Cuentas.

Desde el sector tienen varias explicaciones para dar una respuesta a esta distribución. El suelo, para muchos ayuntamientos, ha sido durante muchos años un alivio a sus ahogadas cuentas, a la falta de otros mecanismos de financiación. Una opción, en todo caso, legal, ya que la mitad del suelo que los promotores dejan a los ayuntamientos cada vez que actúan en una zona se puede utilizar para ponerla en el mercado de la construcción. "Se monetarizaba", explica Javier Garrido, presidente de la patronal promotora de Vigo y máximo representante también de federación que las agrupa en la comunidad.
Con sólo el 3,9% de su patrimonio municipal de suelo destinado a la construcción de viviendas oficiales, los municipios gallegos están a la cola de España en reserva de terrenos para este tipo de inmuebles. Una posición que comparten con los de Cantabria y Canarias, donde el porcentaje cae hasta el 0%, y Extremadura, con un 1,3%. Por encima de los datos de la comunidad, pero sin sobrepasar la media nacional, Andalucía, donde se alcanzó el 4,5%; País Vasco, hasta el 5,2%; los municipios madrileños, con un 8,1%; y los de las Islas Baleares, que rozaron el 11%.
A partir de ahí, las grandes diferencias. Porque en el resto de autonomías, la cesión de suelo de los ayuntamientos para pisos de protección supera el 20%. Como Murcia (20,5%) y Cataluña (29,1%). En Asturias, una región con características similares en población a Galicia, se llegó al 31%. Al 31,6% entre los ayuntamientos navarros; al 34,2% en la Comunidad Valenciana; al 36,2% en Castilla y León. Ya por encima del 40%, las administraciones locales de La Rioja y Castilla-La Mancha, con un 42,7% ambas. Y en lo más alto, las de Aragón, donde se alcanzó el 44%.

A los planes municipales de urbanismo de los concellos no les quedará otro remedio que dar la vuelta a estas reservas. En toda promoción habrá que dejar hasta un 30% de espacio para viviendas de protección en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y el 40% en el resto de localidades. Antes de la reforma de la Lei do Solo, la obligación se ceñía únicamente al 20%. Se llegará incluso al 50% en los suelos urbanizables no delimitados. Y todos, además, son porcentajes mínimos: si hay más demanda de pisos de protección, más suelo habrá que reservar. Con todas estas medidas, el Gobierno gallego pretende conseguir que el 40% de todos los pisos que se construyan a partir de ahora sean de protección y frenar en seco el acelerón del precio del metro cuadrado.




* Faro de Vigo - JULIO PÉREZ - 25.07.2008
Foto: Gráfico - AARÓN DÍEZ, farodevigo.es

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¿Una medida social o una ayuda encubierta a las promotoras?

SOITU* : ¿A quién va a beneficiar esta medida? ¿Por qué se hace ahora el anuncio? ¿Se trata de un intento 'encubierto' de ayudar a compañías ahogadas por las deudas, como Martinsa-Fadesa? Éstas y otras preguntas son las que ha despertado esta mañana el anuncio de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, de ofertar 300 millones de euros para comprar suelo a las empresas privadas, que destinará a la construcción de vivienda protegida (VPO). Unas han quedado resueltas, otras siguen en el aire.

¿Ayuda encubierta?

El Ministerio de Vivienda ha negado que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades. "La finalidad primordial de la acción del Gobierno no es tratar de impedir un ajuste que se ha manifestado necesario e imprescindible, sino garantizar el derecho constitucional reconocido a los ciudadanos de acceder a una vivienda", ha dicho Corredor, quien ha asegurado que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ratificaba estas afirmaciones tras su reunión con Mariano Rajoy, explicando que no se trata de una "ayuda encubierta" al sector.
Anuncio inesperado

La pregunta que surge entonces es: ¿por qué ahora?

Según el Ministerio, se lleva trabajando en este tema desde el pasado mes de mayo, pero al tratarse de "una operación compleja y de gran envergadura" había que ver cómo se articulaba y conocer el presupuesto que podía destinarse a una oferta "inédita en España". Y es que, aunque Sepes (la entidad pública, dependiente del Estado, que gestiona el suelo) lleva 40 años al pie del cañón, hasta ahora había trabajado en la creación de parques empresariales y su relación con el suelo residencial era "residual". Ahora, el Gobierno pretende dar mayor visibilidad a este organismo, que aumentará su presupuesto anual destinado a la compra y urbanización de terrenos industriales de 100 a 150 millones de euros, además de convertirle en el instrumento del que se va a servir para adquirir y urbanizar los solares residenciales que comparezcan a la oferta pública.

Su trabajo comenzará en octubre, con el estudio de las ofertas presentadas y su viabilidad económica, y contará con la ayuda de comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre los criterios que más se valorarán en la elección de los candidatos se encuentran la susceptibilidad de transformación inmediata de los suelos, y su situación en poblaciones con una mayor demanda de vivienda.

En cuanto a ¿quién será el responsable de promover las viviendas? Desde el Ministerio aseguran que el proceso de promoción queda en manos de las administraciones regionales y municipales, que son las que tienen transferida la potestad en esta materia. Así, el promotor podrá ser una empresa privada elegida tras un concurso público o alguno de los organismos oficiales.

Javier García-Mateo, director de análisis de Aguirre Newman, apunta, además, que algunos fondos inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales, también podrían estar interesados en entrar en la gestión de estas viviendas siempre que se comercializasen en régimen de alquiler. Y es que este tipo de sociedades necesitan tener un 30% del valor de su cartera en vivienda de alquiler para poder tributar el 1% del Impuesto de Sociedades y no el 35%, nos explica este experto.
Incógnitas

Queda sin definir aún qué peso tendrán en la elección final conceptos como la edificabilidad del terreno, o su ubicación; y se desconoce si se valorará más o menos que los suelos sean de renta libre o protegidos.

En opinión de Miguel Pinto, director de investigación de Grupo i, "el Gobierno buscará suelos en buenas ubicaciones, cerca de los centros urbanos". En cuanto a las promotoras les puede interesar más deshacerse del suelo libre, "ya que el destinado a VPO tiene un futuro más auspicioso, porque hay mayor necesidad de este tipo de viviendas y será más fácil venderlas y continuar con la actividad de la compañía", aunque sea perdiendo dinero. Porque el suelo libre, como la vivienda libre, es más caro que el protegido, que está fijado por las comunidades autónomas. De hecho, según Pinto, "es muy probable que los suelos comprados en los últimos dos años, cuando los precios estaban más altos, ahora se hayan devaluado". No obstante, este experto cree que todavía es posible "sacar rentabilidad" a los suelos adquiridos hace 5 ó 6 años; eso sí, si no están apalancados, es decir, si han sido pagados en su totalidad.
Transparencia

Los promotores opinan que la iniciativa del Gobierno es buena, pero que los 300 millones ofertados son una gota de agua en el inmenso mar de deudas en el que se mueven las inmobiliarias españolas, y en el que navegan cientos de compañías, muchas de ellas también con grandes patrimonios de suelo. Empezando por Martinsa-Fadesa, la principal terrateniente española, continuando con la mayoría de las cotizadas, como Colonial, Reyal Urbis o Metrovacesa, y finalizando por otras mucho más pequeñas. Es por ello que los promotores reclaman "una total transparencia" en el proceso de adjudicación, así como en las bases del concurso, "para descartar favoritismos", apuntan.

Con las cosas así, la decisión de acudir o no a este concurso será totalmente 'personal'. Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), resume la elección en dos conceptos: "activos o tesorería".





* SOITU.es - GEMA FERNÁNDEZ - 23.07.2008
Foto: Vivienda, bloques - EFE

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Roca, dos días, dos juicios: 1 año y 9 meses de cárcel

ELPLURAL/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL han aceptado voluntariamente, en el juicio del denominado "caso Belmonsa", la resolución de un año de cárcel y 18 años de inhabilitación. El ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca solo ha sido condenado a una pena de nueve meses de prisión, condena que ha aceptado también.

Roca deberá pagar una indemnización de 2,4 millones de euros por tráfico de influencias. En el supuesto de que no la abone podrá conmutarla por otro mes sin libertad en la cárcel. Los ex “gilistas” Román, Muñoz, González, Calle, Jiménez y Marisa Alcalá, todos ex ediles marbellíes, aceptaron de buen grado ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación genérico.

Zona verde
El delito cometido está relacionado con la concesión de una licencia urbanística por a la empresa Belmonsa SA en mayo de 1997 para la construcción de un edificio de doce plantas en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como zona verde. En el juicio finalizado ayer -primero derivado del caso Malaya., el presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella y ex asesor de Urbanismo, reconoció que pagó al juez Francisco Javier de Urquía 73.800 euros para la compra de la casa del magistrado.


Ayer: un año de cárcel
En una noticia anterior afirmábamos que la estrategia comenzada antesdeayer por Roca, en el juicio sobre el presunto cohecho protagonizado por el juez Urquía y el propio Roca, ha hecho feliz al cerebro “malayo”. Tras amenazar con contar todo lo que sabe a partir de ahora, en contra de todo pronóstico, cambió su declaración anterior e inculpó al juez de haberle solicitado ayuda económica para la compra de su vivienda. Por el momento los resultados le son favorables ya que consiguió una reducción a tan solo un año sobre la petición de condena del fiscal, que a “priori” era de tres años.





* El Plural - 24/07/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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Dénia dejará de cobrar el aprovechamiento a las promotoras pese a que el TSJ lo avala

LEVANTE/Alacant* : El tránsfuga del PSPV, Juan Collado, fue el encargado ayer de trasladar a los medios de comunicación los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles. Entre los asuntos judiciales, el edil del grupo no adscrito sacó a la luz una sentencia del juzgado de primera instancia que estima el recurso interpuesto por Promociones e Inversiones Hiregón, SL, y obliga al ayuntamiento a devolver a la constructora 220.000 euros en concepto de aprovechamiento urbanístico.

La Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles dio cuenta de esta sentencia, al igual que de otro fallo judicial a favor del consistorio dianense y de la gestión del anterior equipo de gobierno pero que ayer no fue revelado por Collado.
En este sentido, el ayuntamiento interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Alacant que la revoca y legitima el cobro del aprovechamiento urbanístico a la promotora Doramar, SL. Sin embargo, este fallo no fue comunicado ayer por Collado sino por el PSPV. El edil socialista, Vicent Grimalt, lamentó ayer que el pentapartito "presuma de transparencia pero luego, intencionadamente, en una rueda de prensa, hable de una sentencia y obvie otra, dependiendo de sus intereses".
Pacto antitransfuguismo
Por otra parte, la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo se reunirá el próximo lunes, 28 de julio, según fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas, para analizar entre otros los casos de los ayuntamientos de Dénia y Elx, propuestos por el PSOE y el PP, respectivamente.
La titular de Administraciones Públicas, Elena Salgado, presidirá la reunión de la citada comisión en la sede ministerial a la que asisten dirigentes de partidos políticos con representación parlamentaria. El pacto se reúne anualmente y son las distintas formaciones las que proponen los casos a estudiar.




* Levante-EMV - M. J. Mascarell/S. G., Dénia - 25 de julio de 2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)

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