NORTECASTILLA* : La Fiscalía de Valladolid puso en conocimiento del Juzgado Decano la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre las supuestas modificaciones ilícitas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y pidió la declaración como imputado del que fuera concejal de Urbanismo y Vivienda en la anterior Legislatura, José Antonio García de Coca.
Así lo anunció hoy el presidente del Grupo Socialista, Oscar Puente, quien destacó que el traslado al Juzgado supone que los hechos denunciados son "graves e iniciarios de delito". En el escrito del Fiscal se reclama también recabar testimonio del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; y autorizar a la Policía Judicial para que tenga acceso a la documentación existente.
La denuncia, según la Fiscalía, tiene la entidad suficiente como para que declare como imputado el ex concejal José Antonio García de Coca, quien era responsable de la redacción del PGOU y que, según los socialistas "manipuló" el texto refundido y tramitó su envió a la Consejería de Fomento sin que pasara por el Pleno Municipal.
Puente recalcó que la denuncia, presentada por escrito el pasado 7 de julio ante la Fiscalía, era "el último recurso" de la oposición para conocer los hechos sobre la supuesta modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos incluidos en el PGOU. Así, apuntó que, por dos ocasiones, el Grupo Popular rechazó con sus votos la constitución de una comisión de investigación en el Ayuntamiento.
También lamentó el concejal socialista que la respuesta del alcalde y el Ayuntamiento "ha sido la burla", por lo que, en este sentido cree que "no han estado a la altura de las circunstancias". Ante esta situación, insistió, el Grupo se vio "en la dolorosa obligación de poner el caso en manos de la Justicia".
Con el escrito de la Fiscalía, según Puente, se reconoce que "al menos en una parte" de la denuncia, los socialistas no estaban desencaminados. Además de la comparecencia de García de Coca, el presidente del Grupo destacó que el fiscal propone también recabar el testimonio del regidor vallisoletano sobre las actuaciones "practicadas desde que en los últimos días de agosto de 2003 se recibió el texto devuelto por la Consejería de Fomento".
Según la denuncia socialista, a partir de ese momento el concejal de Urbanismo y "quizás otras personas" realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido, que fueron enviadas de nuevo a la Consejería para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León.
El escrito de la Fiscalía habla también de la posibilidad de recabar testimonio del consejero de Fomento, Antonio Silván; así como encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las variaciones realizadas en el texto.
Incluidas dos modificaciones
En este sentido, Puente y el portavoz del PSOE, Javier Izquierdo, matizaron que su Grupo separó en la denuncia dos tipos de modificaciones, incluyendo en uno de ellos las que específicamente habían favorecido a particulares "ante el interés general". De hecho, el escrito recoge cuatro alteraciones de planos de las cinco denunciadas y 21 de 67 en lo referente a artículos.
Puente consideró que "el tiempo dirá" si las repercusiones de este caso recaen en el primer edil o se quedan en el ex concejal de Urbanismo, mientras que añadió que posiblemente se ofrecerá al Grupo Socialista la posibilidad de personarse como acusación particular.
Corrección de errores
Los concejales socialistas indicaron que en la mañana de hoy, se recibió en las oficinas de la formación en el Ayuntamiento la convocatoria de una reunión de la Comisión de Urbanismo para el próximo miércoles, en la que, según indicaron, se corregirán errores del PGOU.
Oscar Puente criticó que, después de que el Equipo de Gobierno "ha estado inactivo durante todo este tiempo" con respecto a la polémica del PGOU, ahora "ha pasado a convertir las manipulaciones en errores".
* El Norte de Castilla - 21.07.08 - AGENCIAS |
VALLADOLID
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Valladolid: La Fiscalía imputa a García de Coca por los cambios del PGOU
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La juez mantiene la imputación de otros cuatro implicados en el caso Astapa
ELPAÍS/Málaga* : La juez del caso Astapa contra una supuesta trama de corrupción municipal en Estepona (Málaga) mantiene la imputación sobre otros cuatro encausados que hoy han prestado declaración, entre los que se encuentra el secretario del Ayuntamiento, José Gustavo Rubio.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, imputa a Rubio los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, según informaron fuentes judiciales. Al abogado Ignacio Pérez de Vargas se le imputan los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, mientras que al procurador y empresario Juan Mena Lirios se le imputa un presunto delito de blanqueo.
También ha prestado hoy declaración judicial la esposa del ex concejal socialista Francisco Zamorano, Narcisa Vizuete, sobre la que se mantiene la imputación por un supuesto delito de blanqueo, según las mismas fuentes. Zamorano fue detenido en el marco de la "operación Astapa", se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros por este caso y está imputado de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociación y actividades prohibidas a funcionario público.
Para hoy estaba citado además un quinto imputado, el empresario Juan Manuel Garmendia, que prestará declaración ante la juez en los próximos días.
26 detenciones y 15 imputados
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona investiga en el caso Astapa una supuesta trama de corrupción vinculada con financiación irregular en el Ayuntamiento, operación que suma 26 detenciones y 15 imputados.
De los arrestados, cinco se mantienen en prisión -el ex alcalde, dos concejales del Partido Estepona (PES) creado por antiguos integrantes del GIL y dos empleados del Ayuntamiento-, 18 están en libertad bajo fianzas de 15.000 a 500.000 euros -entre ellos cuatro ediles expulsados provisionalmente del PSOE, empresarios y abogados- y tres están en libertad con cargos y sin fianza.
Desde el pasado día 17 han comparecido 14 encausados que anteriormente ya declararon en la Comisaría de la Policía Nacional de Estepona y sobre los que, por el momento, la instructora del caso no ha fijado ninguna medida cautelar. Fuentes judiciales han informado de que a lo largo de esta semana se conocerá si la Fiscalía confirma las vistillas de los imputados que interesó y qué día se celebrarían.
Entre estas personas se encuentra el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), imputado por los presuntos delitos de prevariación, cohecho y omisión del deber de denunciar, así como el edil andalucista Rafael Montesinos, al que se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Montesinos ejerció de alcalde accidental desde la detención del ex regidor socialista Antonio Barrientos el pasado 17 de junio y hasta la elección del nuevo alcalde, David Valadez (PSOE), que tuvo lugar un mes después.
* ELPAIS.com - EFE - Estepona - 21/07/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El ladrillo asedia Numancia
ELPAÍS/Soria* : El ladrillo no sólo sacia su voracidad en las costas españolas. Los bienes paisajísticos, históricos, naturales y culturales constituyen ahora un nuevo reclamo para urbanizaciones de lujo y otros proyectos urbanísticos. Esa escalada es la que asedia actualmente Numancia, que se levanta en el recio paisaje soriano.
Sobre una zona elevada conocida como cerro de la Muela, visible desde la capital de la provincia, están enclavadas las ruinas del asentamiento celtíbero que fue el paradigma de la resistencia frente a la ocupación romana, al sufrir 11 meses de férreo cerco. Unos postes blancos marcan la ubicación de los siete campamentos que el general Escipión ordenó construir en el año 134 y que unió entre sí con una muralla de nueve kilómetros de perímetro para someter a los rebeldes.
Cuesta imaginar la transformación que sufrirá ese paraje cuando se ejecuten los proyectos previstos. Paradójicamente, el desarrollo más lesivo con la naturaleza y el entorno numantino se denomina Ciudad del Medio Ambiente. Ocupará el espacio equivalente a 62 campos de fútbol y se emplazará sobre un humedal en el que hoy habitan varias especies protegidas. Para evitar cualquier obstáculo la Junta de Castilla y León (PP) decidió dar luz verde a su ejecución a través de una ley, que actualmente se encuentra recurrida ante el Constitucional por los socialistas. Este proyecto contempla la construcción de 800 viviendas, un hotel, oficinas, una escuela de equitación y un parque industrial. Pero este megaproyecto no es el único previsto en esta zona.
Lindando con dos de los vestigios romanos se levantarán otras 300 viviendas con vistas al histórico asentamiento. Poco más allá, en el legendario Monte de las Ánimas, habrá un cementerio privado con tanatorio. Y como guinda, el Ayuntamiento de la ciudad (PSOE) ha iniciado el proceso de expropiación de 120 hectáreas de una finca propiedad de la familia Marichalar para construir un polígono industrial y una depuradora a tan sólo 400 metros de los terrenos donde Escipión oteaba a los resistentes numantinos, en la margen izquierda del río Duero.
Según denuncian distintos organismos nacionales e internacionales, el proyecto causará un daño irreversible al entorno. Estudios económicos independientes lo califican como innecesario "porque Soria no necesita más suelo industrial". "Somos el único caso en Europa en que unos propietarios piden que sus tierras vuelvan a ser rústicas. No queremos construir, ni especular, sino que sigan como hasta ahora. Incluso nos han propuesto poner ahí molinos eólicos; que es muy rentable, pero ni nos lo planteamos", asegura Amalio, el mayor de los hermanos Marichalar, que pide al consistorio que justifique el interés general por el cual les despojará de una sexta parte de su finca.
La Real Academia de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando, así como distintas asociaciones, universidades y organismos culturales nacionales e internacionales, consideran que los planes en el entorno de Numancia causarán un grave daño a los valores naturales, paisajísticos, culturales e históricos. En la página web salvemosnumancia.org y en el sitio de Internet del Departamento de Historia Antigua de la Universidad a Distancia (UNED) se recogen firmas para que Numancia sea declarada Patrimonio de la Humanidad y evitar así el rodillo urbanístico. La directora de ese departamento, María Jesús Peréx, califica el proyecto de "barbaridad sin justificación y atentado paisajístico".
Soria, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, cuenta con suelo industrial para los próximos 30 años, porque ya se está ejecutando un polígono de 274 hectáreas. Según un estudio del profesor de Economía Aplicada de la UNED Gregorio Izquierdo, la ciudad tiene con esas 274 hectáreas una reserva de suelo industrial que, de ser utilizada en la proporción actual (1,5 hectáreas anuales), duraría casi dos siglos. Con esas estimaciones, la construcción de un segundo polígono parece no estar justificada.
La gestación de esa segunda zona industrial, que afectaría a siete bienes de interés cultural, es cuando menos extraña: el consistorio aprobó su Plan General en abril de 2006. En él no se incluyó ese proyecto. La familia Marichalar asegura que Gesturcal -sociedad de la Junta de Castilla y León- y el Ayuntamiento firmaron un convenio para el desarrollo del polémico polígono en junio de 2005, evitando incorporarlo al Plan, en tramitación en esa fecha, lo que califican como "fraude de ley". Recién estrenado el PGOU, el Ayuntamiento soriano propuso su modificación, que fue aprobada en mayo de 2007, para incorporar ese convenio.
La familia Marichalar sospecha que el objetivo de la operación es la recalificación de esas 120 hectáreas (a precio de expropiación) para construir viviendas, una vez que el tiempo demuestre que el polígono es inviable. Este diario ha intentado recabar, sin éxito, la versión de las Administraciones autonómica y local.
El propio concejal de Urbanismo de Soria, Luis Rey, reconocía en julio de 2007 en El Heraldo de Soria: "Ojalá haya demanda para llenar los dos polígonos, pero en principio parece cuando menos una mala previsión inicial". El actual alcalde socialista, Carlos Martínez, por su parte, siempre se mostró escéptico con el proyecto mientras fue jefe de la oposición.
El Ministerio de Cultura, encargado de velar por los Bienes Históricos, alega que las competencias corresponden a la Junta. Sin embargo, la profesora de la Universidad de Burgos Begoña Bernal señala que la ley obliga al Estado a proteger los bienes culturales, entre los que está incluido el paisaje. Bernal, que ha elaborado un exhaustivo informe para el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que asesora a la UNESCO, señala que "el proyecto pone en grave riesgo la integridad y conservación de los bienes" de interés cultural circundantes y que no cuenta con el preceptivo informe de impacto ambiental.
El Ayuntamiento pretende aprobar la expropiación de los terrenos este mes. Si nadie lo impide, Numancia también estará ahora cercada por excavadoras.
* ELPAIS.com - ELSA GRANDA - Madrid - 21/07/2008
Foto: Numancia (Soria) - publico.es
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
El parón de la construcción
ALBERT GIMPERA* : El parón de la actividad inmobiliaria en España es una buena noticia y una oportunidad si ello ha de servir para poner definitivamente fin al insostenible modelo de crecimiento de estos últimos años, basado en gran parte en la especulación urbanística. Que una economía dependa tanto de la construcción como la española no es deseable ni sostenible bajo ningún aspecto, y era de prever que el modelo acabara pinchando por cualquier lado.
Los resultados de este modelo basado en especular con una necesidad social como es la vivienda están hoy ahí para vista de todos, con los precios de la vivienda por las nubes y el fomento de un modelo urbanístico depredador que ha dado alas a la corrupción local.
Así pues, España tiene la oportunidad ahora de enterrar este modelo insostenible buscando otros sectores que revelen definitivamente al ladrillo como motores de nuestra economía, por lo que cualquier intento de salir en ayuda del sector inmobiliario a costa del dinero pagado por los contribuyentes, como pretenden la patronal del sector y aquellos que durante años se han estado forrando vergonzosamente a costa de especular debe ser tajantemente rechazado.
* ELPAIS.com - ALBERT GIMPERA - Sant Cugat del Vallès, Barcelona - 19/07/2008
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Málaga: Urbanismo permitirá a Vallehermoso construir viviendas en el último tramo de costa virgen de la capital
MÁLAGAENVERDE* : Uno de los enclaves más privilegiados de la capital de la Costa del Sol, el sector conocido como Arraijanal, localizado en la linde de los municipios de Málaga y Torremolinos, podrá albergar finalmente un total de 600 viviendas. Así va a quedar reflejado en la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, cuya aprobación se espera para los primeros días del próximo mes de agosto.
La propuesta residencial, demandada por los propietarios de los terrenos, entre los que destaca la promotora Vallehermoso, supone un cambio sustancial respecto a las previsiones inicialmente fijadas en la aprobación inicial del documento, en la que se eliminaba el uso residencial debido al efecto de la huella sonora de la ampliación del aeropuerto.
Arraijanal tiene una superficie de unos 522.000 metros cuadrados, aunque buena parte de la misma está afectada por el expediente de expropiación abierto hace meses por la Dirección General de Costas, que pretende salvaguardar de la ocupación una franja de unos cien metros de ancho de esta parte del litoral. Con ello, la zona susceptible de actuación se queda muy limitada. La medida finalmente acordada mantiene los usos hoteleros y terciarios ya contemplados en la aprobación inicial del Plan General.
El propio concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, reconoció el pasado martes lo que este periódico anunció el pasado 27 de mayo, que se va a autorizar el uso residencial en esta parcela. E incluso precisó que el tipo edificatorio al que estarán obligados los promotores será de planta baja más cuatro alturas.
La construcción de viviendas era uno de los pilares fundamentales del proyecto urbanístico diseñado por Vallehermoso para este sector de la ciudad hace años. El otro gran atractivo era una marina deportiva, con un millar de atraques, que, tras ser objeto de numerosos vaivenes en los últimos años y de constantes enfrentamientos políticos, se queda en agua de borrajas. Si bien la construcción de este puerto deportivo era una de las propuestas significativas del actual equipo de gobierno, la negativa de la Junta de Andalucía y del Gobierno central a avalar su desarrollo, ha hecho que desistan y lo excluyan de la aprobación provisional del PGOU.
Málaga Hoy, 11/07/2008
* Málaga en Verde - 11 de julio de 2008
Foto: Málaga, playa Arraijanal - malagaenverde.blogspot.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Esto no es promoción inmobiliaria
MIGUEL FONT ROSELL* : Finalmente, el previsto y anunciado batacazo de Martinsa ha tenido lugar. En la batalla librada en su momento entre Fadesa y Martinsa, era evidente que los primeros disponían no sólo de mejor información, sino de mejores analistas, así como que normalmente el pez chico no suele comerse al grande, aunque en el intento le acompañen una serie de tiburones que ahora se van a dejar un montón de dientes en ello, sin haberse comido nada, pero que pagaremos todos.
Una empresa con cerca de 30 millones de m2 de suelo, no deja de ser una lotería. El riesgo era grande, aunque si el mercado hubiese seguido su ciclo alcista (los signos de todo lo contrario eran ya evidentes), el negocio no hubiera sido malo, pero estas aventuras en las que la vanidad juega mucho, suelen nublar el sentido y nunca pueden acometerse cuando el objeto está en su punto mas alto de cotización. La causa americana era ya conocida y la modificación de la ley del suelo en cuanto a las valoraciones del mismo también, y sólo con eso, el valor del suelo ya pasaba a ser mínimo.
Se ha publicado en estos días que el valor asignado al suelo estaba en cifras cercanas a los 4.500 millones de euros por encima de su valor contable, es decir, que los accionistas de Fadesa se han llevado el grueso de la plus valía que generaba la teórica sobrevaloración del suelo, en una operación de pelotazo especulativo de primer orden, dejando a Martinsa un inmenso patrimonio en suelo al que ya se le había materializado una capa especulativa, que ahora con la que cae, no hay quien materialice la siguiente, ni pague por ella, no sirviendo ni siquiera para obtener nuevos créditos.
Realmente nos encontramos con el resultado fallido en una operación especulativa de altos vuelos, absolutamente ajena a la condición de las empresas como Promotoras Inmobiliarias. La promoción es otra actividad (léase su definición en la LOE), con la que es imposible hacerse grande si no se complementa con la especulación del suelo, ya que la simple construcción y venta a partir de suelos urbanizados (promoción), no permite mayores beneficios que los de cualquier otra actividad empresarial. Lo grave es que aquí no sólo dos eran los protagonistas, sino también una retahíla de bancos y cajas de ahorros (concretamente 82), a los que también les ha salido el tiro por la culata (ya nos lo cobrarán), y que ahora le niegan el pan y la sal a muchos promotores que durante muchos años les han colocado clientes como churros.
Se ha hablado mucho de la burbuja inmobiliaria relacionándola con la vivienda. El precio de la vivienda es el resultado de varios componentes, de los que salvo uno, el resto nada tiene que ver con burbujas de ningún tipo. El problema es que uno de ellos, y muy importante, precisamente el que nada tiene que ver con la labor de promoción inmobiliaria, si que tiene un componente burbuja: el suelo, y en esta operación, esto es lo que ha pinchado (4.500 millones de euros de sobre valoración) y su incapacidad de devolver el dinero prestado, echando además por tierra el esperado negocio de 82 entidades bancarias.
En resumidas cuentas, el asunto nada tiene que ver con la Promoción, es el resultado de una operación especulativa de suelo, de altos vuelos, pura y dura, nada más, ni nada menos. Incluso ya veremos si al final, el "listo" vendedor también acaba implicado.
Desde luego, lo de considerar al G-14 (liderado por Martín), como los que han de dignificar al sector, tiene mucho que ver con aquello de la zorra y las gallinas. ¿Qué sector? ¿El de la especulación?.
Si hemos de buscar un auténtico culpable en todo ello, vuelvo a repetir (no me cansaré) que ese es el gobierno, pero no el actual solamente; todos los gobiernos anteriores, del signo que sea, que nada han hecho por afrontar definitivamente el problema del suelo, por rescatar las plus valías para la sociedad y combatir la especulación como manda la Constitución. Si así se hubiera hecho, nada de esto hubiera sucedido y la brutal crisis en la que estamos inmersos, no hubiera pasado de ser una tormenta considerable, pero no una catástrofe.
Lo peor es que, a pesar de todo, nada se está haciendo, ni se hará mientras no se arregle la financiación de los partidos políticos y desde los gobiernos no se deje, de una vez por todas, el rescate de las plusvalías que genera la acción urbanística en favor de los ayuntamientos, como propia y verdadera financiación de los mismos. Desgraciadamente, a ningún gobierno le interesa que los ayuntamientos, quienes más cerca están del ciudadano, y a quienes siguen considerando menores de edad, se autofinancien y adquieran con ello mucho mas poder.
El dejar las cosas como están, con ciertos maquillajes con los que engañar al personal, sigue siendo rentable, como seguir considerando al promotor (el que invierte no en suelo, sino en construcción), el malo de la película (siempre hay indocumentados dispuestos a creérselo) haciendo ver que estos asuntos son cosas de los del "ladrillo", aunque nada tengan que ver en su labor con este tipo de operaciones, pero que da mucho juego a la hora de liberar de culpa a los canallas que, a sabiendas, siguen consintiendo todo esto.
* Faro de Vigo - opinión - 19 de julio de 2008
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
C. Valenciana: Abusos urbanísticos en el limbo
ELPAÍS/Reportaje* : El enredo judicial del hotel Atrium de La Vila Joiosa es tal vez el ejemplo más llamativo del tortuoso camino de un expediente por infracción urbanística y de la dificultad, o desidia municipal, en el restablecimiento de la legalidad. Excesos de edificabilidad, áticos que no están en el proyecto original, terrazas que se cierran, viviendas que invaden viales y otros incumplimientos abundan en tierras valencianas.
En algunos casos, la infracción acaba legalizada, en otros se aplaza durante años un derribo inevitable o no se ejecuta. Al margen de las miles de casas sin licencia en suelo rústico, ésta es una muestra de los abusos urbanísticos que salpican el territorio.
- Alicante se lleva la palma. La llamativa multa impuesta por el Consell al promotor del Atrium (12 millones de euros) por un importante exceso de obra ha terminado en la papelera al anular el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la sanción por un error en su tramitación. Además, el tribunal ha rechazado el plan que legalizó el complejo y el Ayuntamiento cavila ahora sobre una posible demolición. También en la playa de La Vila se levantó otro complejo hotelero ilegal, el Elbim. Estaba fuera de ordenación y con exceso de obra, pero no se sancionó al promotor y ha sido legalizado.
En el caso del hotel Vatus, en la playa de L'Albir, con exceso de edificabilidad, la promotora ha recurrido al TSJ la propuesta de sanción de 600.000 euros. En Benidorm, además de centenares de expedientes por retranqueos ilegales, 15 hoteles siguen siete años después sin compensar al Consistorio (cesiones dotacionales) el exceso de volumetría al amparo del denominado premio hotelero.
En el tramo más septentrional de la costa, los dos últimos ejemplos de infracción de envergadura son un hotel de 24 plantas a seis metros del mar en Calp, y una urbanización de 111 chalés ilegales en Dénia, en pleno parque del Montgó. La licencia de Calp la ha recurrido el Ministerio de Medio Ambiente, pero no hay propuesta de multa. En Dénia, el Ayuntamiento busca al promotor para que al menos se haga cargo del coste de la demolición de la urbanización (unos 400.000 euros) declarada ilegal.
Las infracciones urbanísticas se acumulan en Torrevieja, Orihuela o en Catral, con 1.300 casas ilegales en suelo rústico. En Torrevieja, las infracciones más comunes son obras irregulares en áticos y retranqueos. El Ayuntamiento, según la oposición, sanciona y derriba de manera discrecional, y acumula más de 1.000 expedientes de demolición sin ejecutar. En Orihuela, los campos de golf de Villamartín y Campoamor carecen de licencia y no se ha sancionado al promotor. Otro caso similar ocurrió con el campo de golf de Algorfa, finalmente legalizado.
- Las gradas de Mestalla no se tiran. Lo avisaron los vecinos y la oposición socialista, pero el Ayuntamiento de Valencia, en manos del PP, aseguró que la obra era legal y autorizó en 1998 la ampliación de las gradas del estadio de Mestalla. Las declaró ilegales el Tribunal Supremo en 2006, y para entonces el Valencia CF y el Consistorio ya cerraban el doble pelotazo urbanístico que permitirá construir pisos en el suelo del viejo estadio y un nuevo campo en otra parcela. Las gradas no se han tocado. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, declaró ufano que la ilegalidad se resolvía con 2.000 euros, el pago de las costas. Los vecinos no han pedido la ejecución de la sentencia. Expuestos a la presión de dejar al club sin parte del estadio antes de tiempo, recalcan que es obligación del Consistorio cumplir el fallo -éste dice que ya lo ha hecho con el nuevo plan- y del tribunal controlar que es así.
Otro lío sin solución a corto plazo es el que afecta a los compradores de un edificio en la calle de Santa Teresa, donde una promotora generó un largo expediente de infracciones. El Ayuntamiento ha intentado legalizar la obra y dar acceso a los pisos, que están vacíos, pero la Consejería de Cultura se niega a aprobar la obra porque el edificio, en el cento histórico, debió retranquearse. También abusaron de su licencia los impulsores de una urbanización de adosados en El Perellonet, que ocuparon para terrazas y patios un viario público, de emergencia para los bomberos. Los socialistas denunciaron el caso en 1999. El asunto, recurso tras recurso, se ha alargado hasta hace unos meses, cuando el Ayuntamiento pudo aprobar licencias de derribo que han comenzado a ejecutarse. En Pinedo sigue en pie una casa construida fuera de ordenación y con licencia de obra menor. Al infractor le han llegado multas coercitivas. No hay derribo a la vista.
El departamento de Disciplina Urbanística ha tramitado desde enero 78 órdenes de ejecución y 35 expedientes de multa relacionados, por ejemplo, con arreglos en fachadas. Con el fin de "restablecer la legalidad", hay en marcha otras 15 multas de entre 600 y 4.300 euros -se imponen hasta 10 en un expediente- por altillos sin licencia, cerramientos etc. En dos casos, con un procedimiento nuevo, el Ayuntamiento pretende que la sanción, además de lo habitual, se corresponda con el beneficio que ha generado la infracción al promotor. Aparte de multas coercitivas para cumplir la normativa, el Consistorio ha abierto este año 32 expedientes para sancionar ilegalidades (en 2007 hubo 39). Las liquidaciones por infracciones ascendieron el año pasado a 51.000 euros, y este ejercicio ya van por 61.000 euros.
- Sentencias sin cumplir en Castellón. Los ejemplos más destacados de Castellón están en la propia capital de La Plana y en Oropesa. En el primer caso, se trata de una inmueble levantado con una altura de más en la calle de Campoamor, una de las pocas peatonales de la ciudad. El Consistorio denunció el proyecto y durante una década la obra ha sufrido paralizaciones. Aunque los tribunales decretaron el derribo de la planta ilegal, el edificio permanece en pie y vacío. De momento, no se ha previsto ejecutar la orden de derribo. En Castellón también hay varias naves industriales en suelo que no permite esta actividad o que han sido construidas sin licencia en el camino Caminàs o la ronda este. Aun con orden de derribo, no se tiran. En Oropesa, el litigio iniciado por un particular sobre el edificio París, en la playa de Morro de Gos, acabó con una orden de derribo de cuatro plantas. El Ayuntamiento intentó legalizarlas, pero los denunciantes lograron que los tribunales les dieran la razón. La sentencia se consideró no ejecutable y el Ayuntamiento tuvo que pagar en 2005 una indemnización de 64.905 euros.
Esta información ha sido elaborada por Santiago Navarro, María Fabra, Sergio Castillo, Arturo Ruiz y Sara Velert.
* ELPAIS.com - Valencia - 20/07/2008
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), atrium - elpais.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
¿España es diferente?
PÚBLICO* : Un porcentaje muy elevado de ciudadanos residentes en España no puede acceder a la vivienda o se hipoteca de por vida para hacerlo porque insiste en tenerla en propiedad. En comparación con lo que ocurre en otros países, como Alemania o Reino Unido, el autor sugiere varias medidas para intentar solucionar este problema. El desarrollo del régimen de viviendas públicas en alquiler, la licitación de suelo a los promotores en concesión por un periodo limitado de años o la aplicación de un impuesto directo y elevado a la tierra son algunas de sus propuestas. Así podría evitarse la especulación que se ha producido con el suelo en los últimos años.
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN - MADRID - 19/07/2008
Lo primero que debería tener un ser humano al comenzar su vida independiente es un lugar donde vivir decentemente. La Constitución Española reconoce este derecho fundamental. Sin embargo, entre un 20% y un 25% de la población española carece totalmente de la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Otro porcentaje importante, quizás otro 25% o 30%, ha debido hipotecar su futuro para poder acceder a la propiedad. Estos especulan, es cierto, con que el aumento de los valores inmobiliarios –una constante en los últimos 20 años– les permitirá afrontar la situación dando un pequeño pelotazo. Pero esto no siempre sucede.
Puede sobrevenir, como ahora, la crisis. Los valores inmobiliarios caen –el Ministro Solbes dice que esto es bueno– y también el poder de compra de la gente. O sea, que la ecuación sigue igual. El problema de la vivienda no se resuelve por la ley de la oferta y la demanda, porque la tierra –que es el núcleo del problema– es un monopolio, le guste o no le guste a los economistas del establishment. De las experiencias de otros países podemos extraer conclusiones que quizás nos ayuden en España.
La realidad pura y dura: alrededor de un 80% de las viviendas ocupadas en España lo son en régimen de propiedad romana. Solo una pequeña parte lo es en régimen de arrendamiento. Todo el desarrollo de los últimos años en España se ha basado en el tirón de la construcción y la especulación inmobiliaria. Desmontar esto es una tarea larga y difícil. Pero lo cierto es que dentro del esquema de la propiedad romana, que incluye los valores especulativos del suelo, no hay solución. Por más que se construyan viviendas protegidas, siempre la demanda será mucho mayor que la oferta. Como las viviendas protegidas se venden en propiedad absoluta, aunque no se puedan vender por un cierto número de años, se planta así la semilla de especulaciones futuras.
De las experiencias de otros países –especialmente Alemania– se puede concluir que la oferta de vivienda pública en régimen de arrendamiento es una parte de la solución. Sea construida directamente por los Ayuntamientos o por licitaciones privadas, pero condicionadas y regladas, que no puedan venderse y en tierra otorgada en concesión, la existencia de ese mercado permitiría acceder a la vivienda a amplios sectores de bajos ingresos y desalentar la especulación.
Construir viviendas protegidas para otorgarlas en régimen de propiedad –tierra incluida– es la pescadilla que se muerde la cola. A la larga, crea nuevos privilegiados y deja al margen a las nuevas generaciones.
Pero el caso inglés muestra que la oferta de vivienda pública en régimen de arrendamiento no es suficiente para resolver el problema. El concurso de la oferta privada es absolutamente necesario. La iniciativa pública no puede cubrir todas las necesidades habitacionales de la población. Como en Hong Kong y en Singapur, la iniciativa privada es necesaria. En España la ha habido, es cierto, pero ha estado gravemente afectada por los valores especulativos del suelo que, en vivienda nueva, representan el 50% o 60% del precio final.
En consecuencia, el camino que debe emprenderse en España pasa necesariamente por deflacionar los valores del suelo, para lo cual la legislación comparada ofrece muchas soluciones: la primera quizás licitar la tierra a los promotores en concesión por un período de años, para que el peso muerto del valor del suelo incida en menor medida sobre el precio final. Los apartamentos podrían venderse, incluso a perpetuidad, pero no la tierra que, al finalizar la concesión (por ejemplo, 99 años) debería renovarse pagando el precio al Ayuntamiento. Otra fórmula es gravar drásticamente las plusvalías surgidas por el incremento del valor de la tierra declarada urbanizable, lo que inmediatamente incidiría sobre su precio, sin caer en el error de los laboristas británicos de gravarla con un 100%, lo cual –evidentemente– desalentaría a los promotores.
La fórmula más sensata y usada en muchos países anglosajones es, simplemente, gravar la renta de la tierra mediante un impuesto directo y suficientemente alto sobre el valor del suelo libre de mejoras. Si el impuesto se lleva parte de la renta, ésta no puede capitalizarse y el valor de la tierra cae. La tierra no tiene costo de producción, su precio no es otra cosa que la renta futura que puede obtenerse de ella, capitalizada al interés corriente. La tierra es un bien natural. Es como el aire o la luz del sol y como ellos es indispensable para la vida. En España –y en muchos otros países– se ha convertido en un medio de especular y atesorar riqueza. Tarde o temprano este sistema se agota.
Depende de nuestros políticos el que, al menos en España, el final sea lo menos doloroso posible.
Alemania. Un país europeo que no sabe lo que es el problema de la vivienda
Alemania es, sin duda, el país europeo que –al menos durante gran parte de su historia reciente– no ha sufrido el problema de la vivienda. Lo primero que debe llamar nuestra atención es la gran preponderancia del arrendamiento sobre la propiedad. Casi el 60% de la población alemana vive en régimen de alquiler, lo que indica la importancia que tuvo la regulación de esta figura. La legislación establece normas a favor de los inquilinos más severas que las españolas, entre ellas la que se conoce como Kappungsgrenze, por la cual el alquiler no puede subirse más de un 20% en tres años y no puede superar la mensualidad usual en la localidad para pisos comparables.
La gran oferta de viviendas en arrendamiento y el control estricto de éstas explican ese alto porcentaje de la población que utiliza el sistema. La especulación inmobiliaria no ha existido en Alemania, por lo menos hasta hace pocos años.
Una primera explicación de la gran oferta en alquiler la encontramos en las inteligentes disposiciones del Impuesto sobre la Renta. Después de la I Guerra Mundial, Alemania instrumentalizó un sistema de desgravaciones para inversiones en áreas que se deseaban promover, entre las cuales estaba la construcción de viviendas sociales para arrendamiento. Si el empresario no invertía debía pagar impuestos y si invertía se desgravaba por la cantidad empleada y podía deducir las pérdidas de su inversión durante años.
Otra fuente está en las Leyes de Construcción de Vivienda promulgadas en los cincuenta, que canalizaron la concesión de créditos a bajo o ningún interés para la construcción y/o compra de viviendas sociales, con la obligación de alquilar la vivienda a personas o familias que no superasen un determinado nivel de ingresos y, además, por un monto de alquiler cuidadosamente regulado. Esta obligación cesaba cuando se terminaba de pagar el crédito. Las grandes empresas industriales invertían en la construcción de viviendas y resolvían en problema de vivienda de sus trabajadores.
Lamentablemente, en los últimos años, a medida que los créditos se iban terminando de pagar, muchas empresas vendieron los bloques a inversores que inmediatamente las vendían o incrementaban los alquileres. En 2006, se transfirieron las competencias en materia de vivienda social a los Länder y se suprimieron las ayudas a la vivienda social.
La tendencia general es ahora de retroceso para esta fórmula. No obstante, se mantienen subsidios para los necesitados de vivienda en alquiler. A partir de 1996 se dictaron leyes para fomentar la adquisición de viviendas, concediendo ayudas importantes a quienes tuvieran niveles de ingresos bajos y se fomentó el sistema de Ahorro-Construcción, una modalidad de cuenta de ahorro destinada a financiar la compra de vivienda. Esta mayor tendencia a la propiedad ha provocado por primera vez problemas de vivienda en Alemania, pero el arrendamiento sigue teniendo una presencia fuertemente enraizada.
Históricamente, también ha sido importante la existencia de un sector público que poseía hasta el 8% del total de viviendas, en general en manos de los ayuntamientos, que las arriendan. Esas viviendas se han vendido a inversores en los últimos años, lo que, unido a la venta de las que poseían las empresas, ha generado un amplio debate político y social, así como protestas por parte de los inquilinos.
Hong Kong. La ventaja de no tener suelo en propiedad
Tiene una superficie total de 1.095 Km2 y siete millones de habitantes. Su densidad de población es aproximadamente de 6.500 habitantes por Km2, aunque gran parte vive en apenas un 25% del territorio, pues el resto son reservas naturales. Es una de las densidades más altas del mundo, superada sólo por Macao, Mónaco y Singapur. A pesar de esa enorme concentración, Hong Kong no tuvo nunca, ni tiene, problema de vivienda. Es, además, uno de los centros financieros más importantes del planeta, con el promedio de vida más alto del mundo: 81,9 años.
¿Cómo resolvió el problema de la vivienda? Al igual que en Reino Unido, nunca existió la propiedad privada de la tierra: toda pertenecía a la Corona (fue colonia inglesa) y sólo se otorgaban concesiones (leases) por un máximo de 75 años y otras por 21 años. El Estado chino, al recibir la colonia en 1997, mantuvo intacto el sistema y extendió el horizonte de los leases hasta 2047.
Así, el Estado siempre tuvo cuantiosos ingresos originados en la concesión y renovación de leases a nuevos titulares y el 50% de la infraestructura fue financiada directamente por la renta de la tierra. Debido a esta propiedad estatal de la tierra, Hong Kong desarrolló un gran sector de viviendas públicas subsidiadas. En 1994, se calculaba que tres millones de personas (casi la mitad de la población) vivía en apartamentos públicos; 2,5 millones, en régimen de alquiler, y 593.000 en lease. El resto de la población vivía en viviendas adquiridas o arrendadas a propietarios privados.
Desde 1999, el Estado chino ha construido 85.000 viviendas por año y se calcula que ya en 2007, el 70% de la población son dueños de sus leases. Como el Estado no tiene que comprar la tierra, es el único terrateniente, el coste de las viviendas no soporta el peso inicial del valor del suelo y ello permite acceder a la vivienda a los sectores de más bajos ingresos y mantener relativamente bajo el coste de la vida. El secreto, pues, de Hong Kong está a la vista: un fabuloso desarrollo capitalista sin propiedad privada de la tierra.
Singapur. Cuando el Estado es el casero y el alquiler permite bajar impuestos
Singapur es una pequeña Ciudad-Estado situada en una isla en el sudeste asiático. Su densidad de población es de 7.091 habitantes por Km2. Fue fundada como un centro comercial británico por Sir Stamford Raffles en 1819.
En 1824, en virtud de un tratado entre el Gobierno británico y los gobernantes de la vecina Malasia, se cede en perpetuidad el dominio de Singapur y todas las islas hasta 10 millas de su costa a la compañía británica East India Company y a sus herederos. Ya desde 1826 se aplicaban en la isla las leyes británicas (statutes) y los principios de la Ley de los Comunes y de Equidad típicos del derecho inglés, donde no existe la propiedad privada de la tierra.
Ello significó que, al menos en teoría, toda la tierra perteneció primero a la East India Company, luego a la Corona Británica, que la sucedió en el dominio, y actualmente al Estado. No obstante, bajo el Gobierno británico se hicieron concesiones de tierras, algunas a perpetuidad, otras en arrendamientos por 999 años y otras por períodos breves.
El dominio eminente de la tierra siempre continuó en manos de la Corona.
Singapur obtuvo el auto-gobierno en 1959 y desde 1965 es una República independiente. El Partido de Acción Popular ha ganado todas las elecciones desde entonces. Existen las libertades democráticas, pero en la práctica el Partido de Acción Popular ejerce un domino hegemónico.
Singapur se ha convertido paulatinamente en lo que es hoy día: uno de los centros financieros más importantes del mundo, con un gran desarrollo capitalista y un alto nivel de vida. No existen problemas de vivienda, a pesar de la enorme concentración de población. El sistema tiene una peculiaridad similar a la de Hong Kong: no existe la propiedad privada de la tierra.
En 1960, el Estado detentaba en forma directa el 44% de la tierra y aunque en teoría toda la tierra le pertenecía, había importantes extensiones en concesión perpetua. El Gobierno encaró un drástico programa de readquisición de tierras a través de la Land Adquisition Act de 1967 y en 1984 el 76% de la tierra estaba ya en sus manos. En 2007, en una entrevista con el autor de estas líneas, las autoridades de Singapur le informaron de que prácticamente no quedaban tierras en domino privado. La tierra se concede en arrendamientos por períodos que llegan hasta 99 años y en las concesiones se establece con precisión el destino de la misma.
Como consecuencia de este sistema, el Estado percibe grandes ingresos provenientes de la renta del suelo y ha ido disminuyendo el Impuesto sobre los Beneficios y el de Sociedades. La tasa actual de este último es del 25%.
El problema de la vivienda no existe como tal. El programa de vivienda pública es bien conocido y es un motivo de orgullo para el Gobierno. Se calcula que el 86% de la población vive en viviendas públicas, ya sea bajo régimen de arrendamiento por períodos cortos o bajo el régimen de compra de los arrendamientos a largo plazo por 99 años. Éstos se venden a precios subsidiados, ya que no incluyen el valor de la tierra. Existe también un mercado abierto en el cual los interesados pueden comprar leases a los promotores. A estos promotores se les concede la tierra por 99 años y ellos, a su vez, venden los apartamentos en sub-leasespor 99 años.
Los precios son más altos, pero lógicamente al no incluir la propiedad absoluta de la tierra y debiendo enfrentar la competencia de la vivienda pública, los precios distan de los valores especulativos conocidos en Occidente. De esta forma, Singapur ha logrado resolver sin angustias un problema que, sin embargo, atenaza a las grandes ciudades de Occidente.
Reino Unido. Un empeño laborista borrado con cada gobierno conservador
En Gran Bretaña, las tentativas para resolver el problema de la vivienda se realizaron especialmente bajo los gobiernos laboristas. Nunca tuvieron un éxito completo y siempre contaron con la oposición tenaz del Partido Conservador que, en cuanto accedía al poder, revocaba o coartaba los planes laboristas. De este proceso de marchas y contramarchas debe excluirse al Ejecutivo de Tony Blair, que no hizo absolutamente nada respecto al problema, que ahora está peor que nunca.
Para entender lo sucedido en Gran Bretaña deben tenerse en cuenta las peculiaridades del sistema británico de propiedad. No existe la propiedad romana como en España. Toda la tierra pertenece a la Corona. Existe lo que se llama el freehold (tenencia libre) que, aunque en teoría es un arrendamiento, en la práctica funciona como la propiedad romana, porque la renta del suelo es apropiada por el freeholder. Comprar un freehold en el centro de las grandes ciudades es difícil. Son concesiones que se otorgan a organizaciones (como la Iglesia) o a grandes terratenientes. No obstante, los titulares del freehold están obligados a vender en determinadas circunstancias.
Tampoco existe en Gran Bretaña la propiedad horizontal. Para poder tener un freehold hay que tener la tierra. Los dueños de apartamentos, lo más que pueden poseer son arrendamientos a largo plazo, llamados leases (que pueden llegar hasta los 99 años, aunque en las mejores zonas no pasan de 30, 40 o 60 años). Para comprar un freehold en un edificio donde hay varios apartamentos con leases, todos los arrendatarios deben ponerse de acuerdo para plantear conjuntamente la compra del edificio, tierra incluida, al Freeholder.
En 1947, el Gobierno laborista dictó leyes para adquirir compulsivamente tierra de los freeholders y dedicarlas a la construcción de viviendas sociales. Los proyectos privados se gravaban con hasta el 100% de las plusvalías, lo que desalentó la inversión. El Gobierno Conservador revocó en 1951 estas medidas e inmediatamente se desató la especulación inmobiliaria. En su turno, el gobierno laborista determinó los sitios a desarrollar y el uso que debía darse a la tierra, pudiendo urbanizar directamente o por medio de promociones privadas. El impuesto a las plusvalías originadas se reestableció, pero reducido al 40%. La construcción de viviendas sociales en régimen de arrendamiento recibió un gran impulso, luego debilitado por un nuevo Gobierno conservador. Los laboristas otorgaron en los setenta facilidades para la adquisición compulsiva de tierras.
El sistema aceleró la construcción de las viviendas sociales en régimen de arrendamiento, pero en 1979 la normativa fue derogada por Margaret Thatcher, quien poco después resolvió vender las viviendas sociales a los arrendatarios, quienes, por supuesto, las compraron. Desde entonces, el problema de la vivienda en Gran Bretaña ha adquirido proporciones colosales.
Lo importante es que ni aun en los mejores momentos, la vivienda social en arrendamiento fue suficiente para satisfacer la demanda. En definitiva: nunca tuvo el mismo impulso ni la misma continuidad que en Alemania. Si bien se hacía en régimen de alquiler, las sucesivas paralizaciones por parte de los Gobiernos conservadores y los errores de los mismos laboristas obstaculizaron su desarrollo.
Las promociones privadas carecieron de control y ayudas. Con los astronómicos valores de los freeholds, sus precios las hicieron inaccesibles para la población. Actualmente, Gran Bretaña enfrenta un gravísimo problema sin solución a la vista.
* El autor es Presidente de la International Union For Land Taxation and Free Trade y miembro del Grupo de Fulham en Londres
* Público - FERNANDO SCORNIK GERSTEIN - MADRID - 19/07/2008
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Cruzada europea contra las casas vacías
DANIEL AYLLÓN* : El Ayuntamiento de Nimega (Holanda) ofrece alquileres gratuitos de pisos privados. Y no es el único. La legislación de Holanda permite la okupación de las casas vacías cuando llevan más de un año deshabitadas y sus propietarios prefieren cederlas de forma gratuita (con la mediación de la Administración) antes que encontrarse cualquier día con un inquilino sorpresa. Cuando esto ocurre, el dueño es el que tiene que demostrar que su inmueble no llevaba más de 12 meses deshabitado si quiere echar a los intrusos.
En Suecia, la batalla contra los pisos vacíos es más contundente todavía: para evitar que aumente el parque de viviendas vacías, se potencia su alquiler y, como última opción, se derriban. El país escandinavo se apoya en la premisa de que cada vivienda privada vacía incrementa el precio del alquiler protegido, lo que provoca un mayor desembolso de las arcas públicas. Así, si se minimiza el número de viviendas vacías, se reduce el desembolso público. Además, el Estado tiene casas de propiedad compartida con los inquilinos para controlar su precio, informa Niklas Almesjö.
Con este tipo de políticas, Holanda y Suecia han logrado mantener dos de las tasas más bajas de desocupación de las Unión Europea (UE), ambas cercanas al 2%.
Más vivienda social
Pero la mano dura también es frecuente en otros países como Reino Unido, Italia, Francia, Dinamarca o Alemania. Además, excepto Italia, estos países cuentan con potentes parques de vivienda de alquiler, sobre todo de carácter social.
En Alemania, se obliga a la rehabilitación de las viviendas y, en los municipios con más del 10% de hogares desocupados, la Administración también derruye los que no se pueden alquilar.
Las leyes francesa, italiana y británica añaden un rosario de penalizaciones para los dueños de viviendas vacías. En Francia, en las ciudades de más de 200.000 habitantes con una tasa de casas desocupadas superior a la media, población en crecimiento y menos oferta que demanda, la tasa de penalización es del 10% del precio del inmueble el primer año, 12,5% el segundo y el 15% el tercero y sucesivos. "En tres años, el Gobierno te cobra casi el 40% del valor de la vivienda", dice Javier Burón, consejero de Vivienda del País Vasco.
Por último, el Gobierno de Dinamarca impone desde hace más de 50 años multas para los propietarios de viviendas que lleven más de seis semanas vacías. Apenas 45 días. Las multas llegan incluso por no informar al Ayuntamiento de que el domicilio lleva seis semanas vacío.
La experiencia americana
Fuera de la UE hay otras ciudades como Altanta (EEUU) en la que los inquilinos no sólo no pagan, sino que cobran por vivir en casas ajenas. En algunos de sus barrios más degradados, los especuladores dan cobijo pagado a personas sin hogar para evitar las sanciones por tener casas vacías, según informa el semanario británico The Economist. Además, en Cleveland y Baltimore (como en Alemania y Suecia) también se derriban casas desocupadas. Son las medidas más severas para un problema global.
* Rebelión - Daniel Ayllon,
Público - 14-07-2008
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Unas 600 personas protestan en Estepona contra la corrupción
LAOPINIÓN/Málaga* : Los ciudadanos de Estepona salieron ayer a la calle para protestar por la corrupción en el municipio. Los convocantes leyeron un comunicado en el que expresaron su indignación por los hechos que se investigan en la trama urbanística. Los ecologistas también se unieron a la manifestación.
La manifestación, no obstante, no fue masiva y sólo unas 600 personas, según la Policía Local, se sumaron a la manifestación convocada ayer a las 21.30 horas por la plataforma de asociaciones de vecinos de la localidad para pedir elecciones municipales, tras los acontecimientos surgidos a raíz de la operación ´Astapa´ contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento. Aunque se esperaba una mayor afluencia, los manifestantes alzaron la voz para pedir justicia y transparencia en el Consistorio.
El portavoz de la plataforma, Miguel Quirós, aseguró que con la manifestación los vecinos expresan su rechazo a determinadas actuaciones impulsadas por el equipo de gobierno del ex alcalde Antonio Barrientos, como la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles o la creación de la tasa de basura y alcantarillado. Pero también los convocantes denunciaron la presuntas irregularidades cometidas por integrantes de la corporación.
En la movilización se oyeron gritos en contra del concejal imputado en el caso Francisco Zamorano y frases como ´dimite que el pueblo no te admite´.
La manifestación no tuvo el respaldo que se esperaba, ya que comenzó con unas 250 asistentes en la plaza Antonia Guerrero y terminó con unas 600, según datos de la Policía Local.
Reunión con Valadez. Horas antes de la manifestación los portavoces de la plataforma vecinal tuvieron la oportunidad de reunirse con el nuevo alcalde, el socialista David Valadez. Una reunión que la plataforma calificó de positiva. Miguel Quirós afirmó que Valadez les ha comunicado que hará lo posible por revisar la subida de impuestos, que los cargos de confianza se contarán con una mano y que los empleados se contratarán a través de un concurso público. Con estas promesas, la plataforma le dará un margen de confianza al nuevo regidor.
* La Opinión de Málaga - NOELIA ANDRADE. ESTEPONA - 19 de julio de 2008
Foto: Convocatoria. Unas 600 personas se sumaron ayer a la manifestación contra las presuntas irregularidades cometidas por cargos del Ayuntamiento de Estepona. N.ANDRADE, laopiniondemalaga.es
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19.7.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los ayuntamientos rebajan de mala gana los requisitos del alquiler social
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los municipios metropolitanos comienzan a acatar a regañadientes la nueva ley catalana de vivienda --vigente desde abril-- y han comenzado a rebajar los requisitos establecidos para el acceso a los alquileres protegidos.
Una de las exigencias más polémicas, la del empadronamiento durante determinados años en el municipio donde se ubican las viviendas, ha sido rebajada con la ley que redactó el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en manos de ICV.
Ahora, localidades que han pedido hasta 25 años de empadronamiento, como Mollet del Vallès, o 10 años, como Santa Coloma de Gramenet o Sant Cugat del Vallès, no podrán requerir más de tres años de padrón a los solicitantes.
El Síndic de Greuges, los sindicatos, colectivos de inmigrantes y fundaciones privadas se han manifestado contra esta barrera de entrada a los pisos protegidos que excluye a quienes se hayan mudado de municipios, a los inmigrantes o a quienes quieren mudarse de localidad.
Tras atender las quejas, el Departament de Medi Ambient incluyó en la ley de vivienda la prohibición de las exigencias de largas residencias, una medida utilizada por los ayuntamientos para garantizar pisos a sus ciudadanos más antiguos y a aquellos que siempre han votado en el municipio. El borrador de la normativa también fijaba unas exigencias máximas para los pisos de protección oficial de compra, pero la presión de los ayuntamientos hizo desaparecer esta modificación.
PRIMEROS SORTEOS
L'Hospitalet de Llobregat será el primer municipio metropolitano que exigirá apenas tres años de empadronamiento para sus pisos sociales de alquiler (antes eran cinco) que sorteará después del verano. La nueva norma también será acatada por Sant Cugat del Vallès en su próximo sorteo de finales de año.
"No tenemos más remedio que cumplir la ley. En nuestra web seguimos anunciando que pedimos 10 años de empadronamiento para no crear confusión entre los solicitantes que ya han participado en otros sorteos", explica Lluís Hosta, director de Promusa, que construye la vivienda pública de Sant Cugat. Pese a la rebaja obligada en los pisos de alquiler, el municipio seguirá exigiendo 10 años de empadronamiento para los de compra.
Solo Barcelona pide dos años para sus pisos de alquiler, una exigencia inferior al techo fijado por la nueva normativa. El Ayuntamiento de Rubí ha concebido una opción más salomónica: no impide la entrada de vecinos de otros municipios, pero otorga mayor puntuación a quienes tengan más años de residencia.
"Somos más partidarios de los cinco años que de los tres. De todas formas, acataremos la nueva ley en nuestras próximas promociones", explica Jordi Serra (PSC), alcalde de Badalona. "Aunque también sería justo que todos los municipios reconociéramos la realidad metropolitana y diéramos oportunidad a los vecinos de otras localidades", añade.
DESEQUILIBRIO METROPOLITANO
Santa Coloma de Gramenet, que siempre ha pedido 10 años de empadronamiento para sus pisos protegidos, acatará la norma, pero considera que, por ser un bien escaso, la vivienda protegida debe ser destinada a quienes hayan demostrado más fidelidad y estabilidad en el municipio, según Carme Moraira, concejala de Serveis Territorials.
Amadeu Iglesias, director gerente del Incasol, asegura que existe un desequilibrio en la construcción de pisos de protección oficial entre los diferentes municipios metropolitanos, que hacen un esfuerzo muy diferente para construir pisos sociales. Las desigualdades se intentarán superar con el registro único de solicitantes de pisos protegidos que, en teoría, eliminará las barreras creadas entre los municipios.
* El Periódico - DAVID PLACER - 19-07-2008
Foto: Unos obreros trabajan en una promoción de 45 pisos protegidos en Sant Joan Despí /JOAN CORTADELLAS, elperiodico.com
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19.7.08
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Tema: NOTICIAS Cataluña
El juez mantiene imputado al ex edil de Urbanismo de Telde por negociaciones prohibidas
EUROPAPRESS/GranCanaria* : El juez del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº5 de Telde decidió hoy mantener la imputación por un presunto delito de tráfico de influencias y por negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos al ex concejal de Urbanismo y actual portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento grancanario, Ildefonso Jiménez, que prestó declaración dentro del denominado 'Caso La Mareta'.
Además de Jiménez también comparecieron como imputados el anterior responsable de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, y el empresario de la sociedad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, filial de Urbagest, Julián Gómez del Castillo, a quienes el juez les mantiene también las imputaciones por presunto tráfico de influencias y por negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, "a resultas de las diligencias de investigación actualmente en curso", según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado.
Las diligencias fueron instruidas a raíz de la denuncia interpuesta por el anterior grupo de gobierno del PP y AFV-Ciuca, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas a este caso, relacionado con la concesión a citada entidad de los derechos de superficie de las parcelas 1 y 2 de la zona de La Mareta.
El Consistorio presentó durante el anterior mandato local la denuncia en los juzgados de Telde y en la Fiscalía Anticorrupción contra Jiménez --actual edil de Patrimonio--, Cabrera y Julián Gómez debido a la aparición de documentos con anotaciones de Cabrera.
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL
Entre la documentación de la denuncia figura un fax remitido el 23 de agosto de 2002 desde las dependencias municipales a un teléfono de Madrid en el que presuntamente se facilitaba a Gómez del Castillo información que debía aportar en el pliego de condiciones para optar al concurso de adjudicación de un proyecto urbanístico en este área, que afectaba a las dos parcelas citadas, con un total de 136.000 metros cuadrados, según las mismas fuentes.
El proyecto consistía en la construcción de un centro comercial con boleras, salas de cines y locales de ocio, así como una residencia geriátrica, y fue adjudicado a dicha entidad en la legislatura local presidida entonces por Coalición Canaria tres días antes de celebrarse las elecciones locales del año 2003, aunque finalmente se anuló la concesión en noviembre ya que el representante de la empresa no cumplió con los plazos previstos para abonar las cantidades.
Según fuentes consultadas por Europa Press el edil del Consistorio de Telde Ildefonso Jiménez, el empresario Julián Gómez del Castillo, y el ex asesor municipal de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, se negaron a responder a las preguntas del abogado de la acusación.
* Europa Press - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Jul 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
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Tema: NOTICIAS Canarias
La CHJ recurre el desarrollo de El Torreón en Segorbe por la falta de recursos hídricos
LEVANTE/Castelló* : El Ayuntamiento de Segorbe ha anunciado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha interpuesto un contencioso, ante el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana, contra el acuerdo de la Conselleria de Territorio en el que aprobaba el desarrollo del sector II, zona conocida como el Torrejón, porque consideran que no hay agua suficiente para abastecer a las 651 viviendas que se prevén construir, según explicó ayer el alcalde, Rafael Calvo.
Esta decisión, se ampara, según Calvo, en que la CHJ dice que no tiene constancia de que el ayuntamiento haya solicitado el informe que avale la suficiencia de recursos hídricos. Sin embargo, tanto el concejal de Urbanismo, Ángel Berga, como el alcalde aseguran que en dos ocasiones -la última fue el 7 de de enero de 2008- el ayuntamiento ha pedido a la confederación el informe sobre el sector II.
Berga ha recordado que el 13 de septiembre de 2006 se aprobó el documento de homologación que se remitió a las administraciones competentes para que dijeran "en qué puede adolecer o si el sector está bien". Todas emitieron su informe, según Berga, "excepto la CHJ que, no sabe no contesta", y a quien solicitaban 125.000 metros cúbicos de caudal anual de agua para esas viviendas.
Con el paso del tiempo, la Comisión Territorial de Urbanismo, con todos los expedientes excepto el de la confederación, insta al consistorio de Segorbe a que haga este informe técnico sobre el caudal del agua para saber "las necesidades del sector", comenta Berga.
El estudio, realizado por Facsa, refleja que "Segorbe tiene 1.552.594 metros cúbicos de consumo y tenemos una reserva de agua para toda la población de 2.100.000 metros cúbicos. Se ve que tenemos un margen de 650.000 metros cúbicos al año para el crecimiento que se había previsto en el PGOU", explica Berga. En este sentido, Calvo matiza que en el informe de reducción del caudal de agua, remitido por el ente central hace algunos meses, la confederación hidrográfica reconoce que hay más que suficiente en la reserva.
* Levante-EMV - Rosa Piquer, Segorbe - 19 de julio de 2008
Foto: localización. Imagen de los terrenos en los que se quiere construir.
rosa piquer, levante-emv.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Alocén se suma a la irracionalidad urbanística
Ecologistas en Acción* de Guadalajara y más de 200 ciudadanos, han presentado alegaciones al desproporcionado e insostenible Documento de Avance del Plan de Ordenación Muncipal de Alocén para los próximos años, propuesto por el Ayuntamiento. La propuesta es triplicar el suelo urbanizable con una previsión de crecimiento poblacional de más de un 800%.
Ecologistas en Acción alega, entre otras cosas, que 955 hectáreas de su término municipal están incluidas en la Red Natura 2000 (Lugar de Interés Comunitario —LIC— y Zona de Especial Protección para las Aves —ZEPA— "Sierra de Altomira"). Este espacio protegido es muy sensible a cualquier ampliación de habitantes por el factor humano de carga que representa. El término municipal es zona de dispersión y nidificación de especies como el águila real, águila perdicera, halcón peregrino, lechuza campestre o búho real entre otros.
Asimismo se pretende construir en una pendiente, un lugar de alto valor paisajistico, en zona de huertos, en medio de una crisis inmobiliaria (de hecho en la actualidad quedan por vender tres chalés de una urbanización que se construyó en el año 1.992 con financiación de Caja Guadalajara y que acabó en un cierto descalabro económico. Hay en venta al menos tres casas de segunda mano, más otras tres de nueva planta. Además, recientemente, se han sumado a la oferta doce viviendas unifamiliares construidas en antiguos terrenos de la urbanización antes citada y propiedad, en su día, de Caja Guadalajara).
El POM propuesto incumpliría a su vez la Ley estatal del Suelo 8/2007, de 28 de mayo. El proyecto incumpliría, de llevarse a cabo su promoción, los siguientes artículos:
- Los puntos 1 y 2 del articulo 2: “Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible”;
- Los epígrafes a) y b) del articulo 4: “Derechos de los ciudadanos”;
- Los epígrafes a) y b) del articulo 10: “Criterios básicos de utilización del suelo”;
- El punto 1 del articulo 13:” Utilización del suelo rural”;
- El epígrafe a) del punto 1 del articulo 22: “Valoración en el suelo rural”;
- Y, la Disposición Transitoria cuarta “Criterios mínimos de sostenibilidad”
Ecologistas en Acción denuncia públicamente que la LOTAU no justifica un Plan de Ordenación Municipal si no se han promovido más de 50 viviendas o 5.000 metros cuadrados por año en los últimos cuatro años, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el Art.. 24.5 del TRLOTAU debería haberse dotado de un Plan de Delimitación de suelo Urbano (PDSU). Téngase en cuenta que estamos hablando de un municipio donde realmente viven durante todo el año no más de una treintena de personas, por más que figuren censadas 184 personas, muchas de ellas atraídas por las bonificaciones fiscales que concede el Ayuntamiento a los que se empadronan.
* Ecologistas en Acción de Guadalajara - 16 de julio 2008
Foto: Alocen (Guadalajara) - ecologistasenaccion.org
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La Vila: El TSJ anula la legalización del Atrium porque es contraria al interés público
ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dado un nuevo varapalo al proceso de legalización del hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa, al anular el Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM), la herramienta de planeamiento con la que se legalizó su exceso de volumen.
El TSJ considera que el Ayuntamiento de La Vila, gobernado entonces por el PP, "antepuso los intereses particulares de Hotel Luna [empresa promotora del Atrium] a los intereses generales del municipio", explicó ayer el abogado del concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, autor del recurso.
El PRIM aprobado el 21 de julio de 2005 contemplaba varias medidas compensatorias por la infracción urbanística: la cesión de 21.000 metros cuadrados de suelo al municipio, abonar 1,5 millones de euros para obras públicas en la zona de la Cala, demoler 14.000 metros cuadrados de la estructura y una sanción de 12 millones de euros. A cambio, el Consistorio otorgó una nueva licencia al hotel. Aunque el PRIM está anulado por esta nueva sentencia del TSJ -cabe recurso de casación- la licencia es válida, según manifestaron los servicios jurídicos de Hotel Luna, ya que "se otorgó sobre la base del planeamiento vigente en aquel momento". Por lo tanto, es "válida, firme y no se puede recurrir". Hotel Luna se apresuró ayer a pedir el "reintegro" de las cantidades aportadas. La empresa podría pedir al Ayuntamiento una indemnización por el lucro cesante superior a 100 millones de euros.
Esta sentencia del TSJ contraria a la actuación del Consistorio se suma a la que hace pocos días anuló la sanción de 12 millones de euros, debido en este caso a que la notificación le llegó a la empresa cuando el expediente había caducado.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 18/07/2008
Foto: La Vila_Joiosa (Alicante) - elpais.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Imputada en la trama de Estepona la hija del presidente del Senado
ELPAÍS/Málaga* : La juez que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) formalizó ayer la imputación por cohecho y prevaricación a Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, que es coordinadora del área municipal de Urbanismo.
La juez no ha adoptado ninguna medida cautelar contra Patricia Rojo, a quien ayer tomó declaración durante una hora. A la salida del juzgado, ni Rojo ni su abogado quisieron hacer comentario alguno a la prensa.
Abogada de profesión, Patricia Rojo fue contratada por el ex alcalde socialista Antonio Barrientos en su primer mandato (2003-07), en el que gobernó en coalición con el Partido Estepona (PES), fundado por ex dirigentes del Grupo Independiente Liberal (GIL). Barrientos encomendó a Rojo la gerencia municipal de Urbanismo. Cuando la policía realizó las detenciones y los registros de la operación Astapa el pasado 17 de junio, registró el despacho de Rojo. Pocos días después, la coordinadora de Urbanismo fue citada a declarar a comisaría imputada por delitos de cohecho y prevaricación, que ayer fueron ratificados por la juez instructora, Isabel Conejo.
Justo un mes después de la detención de Barrientos, el pleno de Estepona eligió ayer nuevo alcalde al también socialista David Valadez, que recibió los apoyos de seis de los siete concejales que le quedan al PSOE -la edil María Miralles no acudió al pleno-, y los cuatro votos de los otros partidos que formaban la coalición de gobierno, dos del PA, uno de IU, y otro de Estepona 07. También votó a favor el edil imputado en la trama y expulsado del PSOE Francisco Zamorano.
Valadez, de 31 años, fue uno de los concejales que informó a la ejecutiva provincial del PSOE de las presuntas irregularidades del equipo de gobierno. En la anterior legislatura, se enfrentó a Barrientos, que llegó a destituirle como portavoz del grupo municipal socialista cuando se negó a asistir a un pleno para aprobar un convenio urbanístico. Ayer anunció que su primera medida será reducir "considerablemente" el sueldo de alcalde, que Barrientos fijó en 97.210 euros anuales, el sexto más alto de España.
La elección de Valadez fue sorprendente y su candidatura se decidió minutos antes del pleno. En principio, el PSOE se había inclinado por el hasta ahora concejal de Urbanismo Rafael Duarte. Pero ayer la juez también se ratificó en imputarle delitos de prevaricación, cohecho y omisión del deber de denunciar. La dirección del PSOE, que a diferencia de los otros ediles imputados mantiene su confianza en Duarte, prefirió "no correr riesgos", por lo que, a petición del propio edil, optó por retirar su candidatura.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Estepona - 18/07/2008
Foto: estepona_ayuntamiento - andaluciarustica.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Madrid: Naturaleza acosada
ADN/Madrid* : Un informe alerta de la amenaza urbanística. El crecimiento urbano ahoga el medio ambiente. Un estudio sobre los Espacios Naturales Protegidos desvela que "están al borde del desastre". El motivo: la dinámica "que une urbanización, autovías y centros comerciales".
La Comunidad tiene diez espacios naturales con protección jurídica. Son 368.296 hectáreas, el 13% del territorio. Ecologistas en Acción ha repasado ocho de ellos (Parques Regionales del Curso Medio del Guadarrama, del Jarama y Manzanares y de la Cuenca Alta del Manzanares, Parque Natural de las Cumbres, Circo y Lagunas de Peñalara, Soto de Henares, Reserva de El Regajal-Mar de Ontígola, Pinar del Abantos y Laguna de San Juan) y su diagnóstico no es nada halagüeño: la presión de las infraestructuras y el abandono de su cuidado los degradan de forma alarmante.
La Consejería de Medio Ambiente no se contuvo y acusó a los ecologistas de mentir: "El informe aporta datos falsos y presentan un panorama apocalíptico e irreal".
Hoy cruzan suelo protegido ocho autovías o autopistas, dos líneas del AVE, 25 carreteras ordinarias, cuatro vías de cercanías y una de metro, según el documento. Además, la M-61 tocará la Cuenca Alta del Manzanares, y la futura unión entre la A-6 y la M-505 afectará al Parque del Guadarrama "con un informe negativo de Medio Ambiente", dice Jesús Sánchez, de Ecologistas. La Consejería afirma que la configuración norte-sur de muchos parques "obliga a que sean atravesados por infraestructuras". Las vías dan servicio a los nuevos ensanches urbanísticos. El estudio denuncia que en el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares "la edificación excede el suelo permitido, con la aquiesciencia de la Consejería". "Por ejemplo, en Manzanares el Real ya se ha agotado el terreno urbanizable". El ejecutivo reitera que "se cumple la legislación medioambiental".
"Carrera de locos"
Al mismo tiempo, los ecologistas explicaron estar en "una carrera de locos" contra la Consejería de Transportes por la M-501. "Nosotros por conseguir los 496.000 euros de fianza que paren las obras y ellos por terminar la vía en agosto". Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una nueva sentencia que declaraba ilegal este desdoblamiento.
MARIPOSAS EN GRAVE PELIGRO
En la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola proliferan especies de mariposas exclusivas. La Consejería de Medio Ambiente tiene allí un centro de cría y estudio de nivel mundial. Sin embargo, la basura se ha acumulado alrededor del humedal llamado Mar Chico. Además, cartelones publicitarios se erigen en el cerro Pinar de los Frailes. Todo ello "amenaza de muerte" las 629 hectáreas de este espacio y, por lo tanto, la riqueza de lepidópteros de este entorno.
* ADN - Raúl Rejón - 17.07.2008
Foto: madrid M30 - A.Ferreras (El País)
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Tema: NOTICIAS Madrid
El Derrumbe: miles de Torres Gemelas
ANTONIO MAIRA* : Por responsabilidad directa de nuestro equipo neoliberal: El Pacto del Ladrillo Fijo -formado por los sucesivos del gobiernos del bipartito (PP, PSOE y sus aliados en los gobiernos autonómicos)-; que han creado un Sistema de Alternancia Perfecta dentro de la mal llamada “Transición Española”, se acaba de caer la primera parte de un tinglado económico cuyos gestores evalúan en decenas –o centenas- de miles de millones de euros.
El sector inmobiliario en quiebra y el sector bancario con terribles “agujeros negros”. Gobierno, PP, instituciones empresariales, Falsimedia y los equipos económicos institucionales y privados –todos los responsables del desastre- recomiendan un ajuste neoliberal duro, mientras los sindicatos “sistémicos” reparten ungüentos y bendiciones o, sencillamente, desaparecen en el polvo de los primeros derrumbes. "Felicitamos" a González, Aznar, Zapatero y Rajoy y expresamos, con profundo dolor (por las terribles consecuencias que le esperan), nuestro deseo de que el pueblo español –trabajadores y subtrabajadores en general; especialmente las mujeres, los parados y semiparados, los jubilados y los “jóvenes menores de cuarenta años”-; consigan remover los escombros y construir un país totalmente nuevo. En “Leer más”: primeras noticias de una información que ampliaremos inmediatamente y "El Gran Encubrimiento: Durante más de un año nadie sabe nada de la crisis".
* inSurGente.org - 15 julio 2008
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
Investigan la conexión de ´Malaya´ con la trama urbanística manchega
LAOPINIÓN/Málaga* : El ´caso Malaya´ estalló el 30 de marzo de 2006 en Marbella. Desde entonces han sido procesadas 86 personas, detenidas más de 100 y se han intervenido bienes de todo tipo por un valor superior a los 2.400 millones de euros, según los cálculos del Ministerio del Interior. Pero, tras dos años y tres meses de instrucción, la investigación sigue dando sorpresas, algunas de ellas desagradables para los implicados.
No en vano, en una providencia firmada por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, Óscar Pérez Corrales, el magistrado ordena investigar la relación entre algunos de los imputados en la trama marbellí "con los casos de corrupción inmobiliaria de Castilla La Mancha".
El escrito, al que tuvo acceso este periódico, está fechado el 15 de julio de 2008, y en él se da cuenta de un CD y un escrito anónimo recibido por el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que contiene información que "vincula a algún imputado en el ´caso Malaya´ con los casos de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha", por lo que el magistrado decidió remitir el CD a la Comisaría Provincial para que el grupo III de Blanqueo de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) investigue esta relación. En concreto, el instructor les insta a que estudien "si la información contenida fuera de relevancia para las presentes actuaciones".
Además de la providencia de Óscar Pérez Corrales, comunicada a las partes ayer mismo, este periódico ha tenido acceso al oficio remitido por la Fiscalía al magistrado el pasado 11 de julio, en el que el mismo acusador público afirma haber recibido un CD "junto con un escrito sin firma" en el que se alude a las vinculaciones de determinados encausados en ´Malaya´ con esos casos -en plural- de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha, enunciado que repite el informador anónimo en un escueto documento que consta de dos líneas escritas a ordenador.
Ahora serán los investigadores los que establezcan qué grado de veracidad tienen las informaciones contenidas en ese CD y con qué casos concretos que se instruyen actualmente en la autonomía vecina están relacionados los imputados de ´Malaya´ a los que se hace referencia.
Algunas partes expresaron ya ayer su "sorpresa" por la relevancia de esta información, al tiempo que consideraron "improcedente" que un juzgado de Instrucción de Marbella investigue algo que ocurre a tantos kilómetros de la localidad. "Debería remitirse, como se ha dicho varias veces, esta pieza separada al juzgado Decano que corresponda y que éste lo turne a su vez a otra sede. Pero, vamos, aquí ya estamos hablando de un caso que es clara competencia de la Audiencia Nacional", dice un letrado.
Esta reflexión puede ser cierta. De hecho, los delitos investigados en ´Malaya´ afectan a varias provincias: hay piezas separadas en los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) y San Javier (Murcia), además de en Marbella, y se han producido registros e intervenciones policiales en otras zonas del país (por ejemplo, en Madrid, Mallorca y Cádiz). El lunes se celebra el primer juicio salido directamente de la investigación ´Malaya´ y los investigadores siguen teniendo por delante una intensa labor.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA - 17 de julio de 2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
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El GOB acusa al Govern de actuar con la misma política ambiental que el PP
DIARIODEMALLORCA/Palma* : El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha denunciado que el actual Govern actúa conforme a las políticas territoriales y ambientales iniciadas por el Partido Popular en la legislatura anterior.
Los ecologistas han manifestado su decepción ante la gestión del Ejecutivo en materia ambiental en un informe que, bajo el título "Mallorca, un toc d´alerta", pretende hacer balance del primer año de legislatura del equipo de gobierno de Antich.
La organización critica en este documento el "exagerado crecimiento de la construcción" en Balears que, según su criterio, no responde a las necesidades reales de vivienda en Mallorca. Los ecologistas reiteran también su oposición a la reciente Modificación del Plan Territorial de Mallorca, que mantiene las polémicas Áreas de Reconversión Territorial (ART).
El GOB también cuestiona la gestión de espacios naturales por parte del Ejecutivo autonómico, al que acusan de "seguir la línea marcada por el Partido Popular" por lo que se refiere a su protección. Las áreas que más preocupan a los ecologistas son la Península de Llevant, Cala d´Hort y la zona de Son Bosc, apunto de convertirse en un campo de golf.
En materia de transporte, la institución se muestra preocupada ante la posible construcción del segundo cinturón y las ampliaciones del puerto de Palma y del Aeropuerto de Son Sant Joan.
Asimismo, los ecologistas tratan en su informe la construcción de polígonos industriales, la actividad de las canteras, la construcción de infraestructuras energéticas y la gestión del agua y de los residuos sólidos en las islas.
* Diario de Mallorca - PAU PALANCO. PALMA - 17 de julio de 2008
Foto: El GOB ya convocó manifestaciones el año pasado contra la política territorial del PP. / D. Martínez, diariodemallorca.es
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Tema: NOTICIAS Baleares