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INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha desestimado un segundo recurso interpuesto contra el Plan Transitorio (PGT) de Dénia que protegió parte de los terrenos anteriormente urbanizables que existen en primera línea de playa de les Deveses, justo en el último tramo virgen de dunas que subsiste en el litoral norte.
Se trata de la segunda sentencia en poco más de un mes que hace referencia al mismo emplazamiento, una zona protegida por el valor ambiental y paisajístico al tratarse de las últimas dunas vírgenes de la costa de Dénia. En mayo este diario se hizo eco de otra sentencia del TSJ que anulaba la intención de una promotora de construir 31 apartamentos con parking y piscina en una parcela en la zona de Racons.
En esta ocasión, el TSJ frena la posibilidad de que un particular construya 124 apartamentos en un espacio que el anterior Plan General (anulado por el mismo tribunal) calificaba como suelo urbano de uso residencial. Sin embargo, con la entrada en vigor del Plan Transitorio, se modifica la consideración del suelo, pues incorpora el deslinde provisional aprobado por Costas, lo que se traduce en que parte de los terrenos pasan a ser de dominio marítimo terrestre.
Además, la zona queda incluida en el Catálogo de Zonas de Interés Botánico y Paisajístico, pues, según la sentencia, "se trata del único relicto del sistema dunar con una cohorte florística extensa y una estructuración fitosociológica bastante buena. En realidad debería considerarse la posibilidad de una protección incluso a escala supramunicipal".
El demandante destaca especialmente la "contradicción que existe entre la protección que se dispensa en la zona y el gasoducto que se proyecta". Cabe recordar que la empresa Enagás S. A. tiene previsto ubicar en les Deveses esta infraestructura.
En este punto, la sentencia es clara: "esa contradicción no es manifiesta, pues se desconoce la situación final de la tubería y, en consecuencia, si van a resultar finalmente alterados los 10.000 metros cuadrados que aproximadamente integran la zona de protección". De otra parte, las obras del gas "van enterradas y, acaso pudiera ser posible, la restauración de los valores ecológicos a proteger".
A estos fallos judiciales hay que sumar la medida cautelar del TSJ en les Marines al suspender el PGT en el litoral norte hasta que se resuelva el contencioso-administrativo que el Ayuntamiento de Dénia interpuso a la aprobación definitiva del documento.
En el PGT la Conselleria permitía acumular la edificabilidad en las parcelas que lindan con el dominio marítimo terrestre. Una decisión que a PSPV y Bloc no agradó. El gobierno local decidió acudir a los tribunales para frenar así la construcción en la zona.
Font (CU) y Llobell (GD) se reparten el área de Urbanismo
El nuevo gobierno pentapartito (PP, Gent de Dénia, Centre Unificat, PSD y el edil tránsfuga Juan Collado) cumple a medias el guión. Si el próximo día 7 de julio triunfa la moción de censura, este nuevo pacto se dotará de un organigrama que, en principio, parece cantado. El único concejal que parece que se sale del guión es Juan Sancho (PSD), quien suena para las concejalías de Educación y Cultura. El urbanismo, como en tiempos del pacto entre PSPV, PP y Gent de Dénia se reparte entre dos concejales. Pepa Font, la portavoz del Centre Unificat, se ocupará del área de Planeamiento Urbanístico, mientras que Miguel Llobell, de Gent de Dénia, se hará cargo de Disciplina Urbanística.
* Información - M. J. MASCARELL - 01 de julio de 2008
Foto: La zona de les Deveses aún conserva un sistema dunar vírgen - ernest weber, diarioinformacion.com
Otra sentencia frena la construcción en primera línea de les Marines
Empieza el juicio del caso Tótem con 18 imputados, entre ellos, el alcalde de Totana
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20MINUTOS/Murcia* : Un total de dieciocho personas, 15 de ellos imputados en el caso Tótem sobre presunta corrupción urbanística en Totana, comenzarán a declarar este martes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.
Esta Sala investiga la presunta implicación del ex alcalde Juan Morales en la supuesta trama de cobro de comisiones para recalificar unos terrenos donde la empresa gallega Inmonuar, del grupo Nuaria, pretendía construir varios miles de viviendas.
La condición de diputado regional de Morales, y por tanto de aforado, obligó al TSJ a abrir una nueva vía judicial por el caso, además de la iniciada en Totana por la titular del juzgado número 1 Asunción Navarro, a raíz de las investigaciones realizadas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El magistrado instructor de la causa en el TSJ Julián Pérez-Templado tomó declaración a Morales a primeros de abril y tras ello ahora ha llamado otras 17 personas, entre imputados y testigos para ampliar esta declaración.
Los imputados, uno a uno
Los imputados Joaquín Carmona Abellán, al que se relaciona con la empresa Nubia Inversiones en libertad bajo fianza de 24.000 euros, y Gabriel Martínez Navarro, gerente del grupo empresarial Maryper y que pagó 90.000 euros por su libertad tras sus primeras declaraciones, serán los primeros en comparecer el martes día 1 de julio.
A continuación están citados otros tres imputados, los hermanos Fulgencio y Juan Marín Bravo, empresarios, y José Antonio Alcántara Nicolás, relacionado con la empresa gallega Inmonuar y supuesto "intermediario", que debió abonar 24.000 euros como fianza.
Continuará con otros tres imputados, los hermanos Francisco y Domingo Sánchez Martínez, y la ciudadana brasileña Vaneide Freyta, compañera sentimental de Morales, así como el testigo Matías Navarro Lorente.
El calendario fijado indica que a continuación lo harán en calidad de imputados Emiliano Ovide Castillo, empresario y presunto intermediario con quien se entrevista en Albacete el alcalde Andreo; así como José Antonio Carrocera García, empleado en Madrid del grupo Nuaria; Pablo Maceira Galarza, responsable de Inmonuar y en libertad bajo fianza de 24.000 euros, así como el máximo responsable del grupo empresarial, el abogado Manuel Núñez Arias.
En la penúltima sesión de la agenda de declaraciones, prevista para el día 7 han sido llamados ante el magistrado el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, que salió de la cárcel después de mes y medio tras pagar 70.000 euros de fianza.
Asimismo deberán hacerlo Juan Francisco Casanova, empresario y ex concejal del PP de Totana (15.000 euros de fianza), como imputado, así como el peluquero Manuel Cánovas y su mujer Raquel Vigil López, en calidad de testigos.
El último llamado a comparecer será Juan Morales Cánovas, en libertad tras abonar 200.000 euros para eludir la prisión provisional.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 30.06.2008
Foto: Totana (Murcia), juzgados - laverdad.es
Las empresas privadas retiran su dinero del plan de El Cabanyal
ELPAÍS/Valencia* : El proyecto estrella de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se queda sin apoyo privado. Las 11 promotoras y constructoras que aceptaron en 2005 entrar como socias en la sociedad mixta que desarrollará el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal han decidido vender su participación y dar la espalda al proyecto.
En el consejo de Cabanyal 2010, SA, celebrado ayer, las empresas presentaron en bloque un documento en el que anuncian la "intención" de vender todas sus acciones, que suponen el 45% del capital social desembolsado. La mayoría, con un 55%, está en manos de la Generalitat -a través del Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA)- y del Ayuntamiento de Valencia, representada por la empresa municipal Aumsa. Las administraciones públicas tendrán que prescindir así del soporte de la empresa privada para sacar adelante un plan que exige una inversión mínima de 240 millones de euros para pagar las expropiaciones de los propietarios de las 1.600 viviendas que serán derribadas para abrir la avenida y construir equipamientos y nuevos pisos.
El Ayuntamiento y la Generalitat tienen el derecho de compra preferente de las acciones, y ayer anunciaron que lo ejercerán. La decisión final solo está a expensas de que estudien la oferta de las constructoras, que piden por sus acciones un total de 7.875.000 euros -la misma cantidad que desembolsaron-, a los que se anadiría una compensación en concepto del IPC más un punto desde julio de 2005, cuando se constituyó Cabanyal 2010, SA. La crisis inmobiliaria ha alejado al capital privado de un proyecto en el que no ve negocio.La crisis del ladrillo ha empezado a hacer mella en constructoras y promotoras inmobiliarias, que en esta situación no ven rentable mantener su dinero ligado a un proyecto de larga tramitación y que se enfrenta al conflicto social con los vecinos que rechazan dejar sus casas. "Estamos tiesos como la mojama, no hay negocio", afirmaban ayer fuentes de una de las empresas que vende sus acciones. Las constructoras necesitan liquidez y el plan de abrir la avenida de Blasco Ibáñez, por su complejidad y envergadura, exigirá contratar créditos para llevarlo adelante. "El horno no está para bollos", sentenciaron fuentes del sector de la construcción.
Desde el Ayuntamiento admitieron que las empresas no ven negocio en El Cabanyal. "Habrán hecho números y con la crisis inmobiliaria ahora no verán mercado", afirmaron fuentes municipales. Para el equipo de gobierno, la salida del capital privado demostraría también que no hay pelotazos detrás del plan. "Es un proyecto de calado social, con mucha vivienda protegida, edificios de cuatro alturas, zonas verdes y equipamientos", destacaron las mismas fuentes. Pero las posibilidades de "ganar dinero legítimamente" que debieron percibir hace tres años al entrar en la sociedad, se han esfumado. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda hizo hincapié en que la propuesta de salida de las empresas se realiza "de mutuo acuerdo". "El proyecto es de interés general y la intención es que sea una iniciativa pública".
No era esa la perspectiva en enero de 2005, cuando Barberá lanzó la sociedad mixta junto a la Generalitat e invitó al sector privado a participar "en una de las grandes apuestas" de su gobierno. Las administraciones del PP, fuertemente endeudadas, contaban con el capital privado. Sin embargo, la sociedad Cabanyal 2010, con un capital suscrito de 35 millones de euros, sólo ha llegado a desembolsar 17,5 millones, entre aportaciones públicas y privadas. Ahora las instituciones s deberán desembolsar al menos 7,8 millones de euros en tres años para hacerse con las acciones y crear una sociedad enteramente pública para afrontar el proyecto.
Para el concejal socialista Vicente González Móstoles, la decisión de los socios privados "es el indicador más fiable de que la operación ha perdido todo su sentido económico", y es reflejo de su "nula viabilidad" social. Salvem El Cabanyal celebró la retirada empresarial, porque a su juicio "sin su soporte económico el plan de expropiación será muy difícil" de ejecutar.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 01/07/2008
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - S.CARREGUÍ, elpais.com
Tarragona: Un restaurante con cuatro lustros de ilegalidad
PÚBLICO* : Poco podía imaginarse el ejército británico que el fortín conocido popularmente como el de la Virreina, construido por sus ingenieros en Tarragona durante el siglo XVIII, acabaría dejando al descubierto las miserias de una administración.
Para ser más precisos, ha sido la administración local quien durante casi 19 años (y con alcaldes socialistas y convergentes) ha alentado el negocio privado en forma de restaurante de altos vuelos en este espacio catalogado como protegido, a pesar de las reiteradas sentencias que certificaban su ilegalidad, emitidas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y por el Tribunal Supremo. El recurso desesperado del Ayuntamiento de implicar al Constitucional no fue tomado en consideración por este órgano.
El alcalde socialista surgido de las elecciones del 2007, Josep Fèlix Ballesteros, ha entendido, por fin, que las sentencias están para cumplirlas y ha contratado, por casi 700.000 euros, los servicios de una empresa para derribar este mes de julio el negocio (que ha calado hondo en el imaginario social de la ciudad porque ha sido escenario de los banquetes de bodas de media Tarragona) y devolver al fortín su condición original eliminando, entre otros elementos, las ventanas con vistas al
Mediterráneo.
A fuerza de voluntad
En esta historia hay una protagonista indiscutible: la procuradora Rosa Elias, que impugnó en 1989 la licencia de obras para la construcción del restaurante concedida al propietario de los terrenos por parte del alcalde socialista Josep Maria Recasens, basándose en un informe favorable y sorprendente del secretario municipal, que obvió que el plan urbanístico vigente en aquel momento calificaba ese espacio de “zona verde”, según explica a Público la propia Elias y tal y como han ratificado todos los tribunales desde entonces.
Un año después el poder municipal cambiaba de manos gracias a una moción de censura y el convergente Joan Miquel Nadal iniciaba un reinado que lo mantendría como alcalde hasta el 2007. Y a pesar de todo, no arregló el entuerto y su obstinación en la defensa del restaurante fue tal que Elias empezó a vivir una pesadilla personal. Afirma haber padecido mobbing por parte de la policía local y haber recibido una oferta de dinero para retirar la denuncia.
Al final, el hartazgo de los tribunales ha sido tal ante la resistencia del Ayuntamiento que Nadal fue condenado a pagar de su bolsillo una multa de 1.500 euros por cada 15 días de retraso en la ejecución de la sentencia. En los últimos días también se ha barajado la posibilidad de que el propietario del restaurante cobre una indemnización millonaria.
* Público - JORDI SIRÉ - Tarragona - 30/06/2008
Foto: Vistas del fortín de la Virreina, en Tarragona. - PEP IGLESIAS, publico.es
12 imputados del 'caso Estepona' ya han vuelto a trabajar en el consistorio
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ELPAÍS/Málaga* : La vuelta a la normalidad en el Ayuntamiento de Estepona no está siendo fácil. Al menos 12 de los imputados en la trama de corrupción siguen en sus puestos de trabajo dos semanas después de que la policía pusiera patas arriba las dependencias municipales y la juez enviara a prisión a su alcalde, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE.
Los cuatro concejales del equipo de gobierno detenidos volvieron a sus puestos de trabajo casi directamente de los calabozos. Lo mismo ocurrió con los técnicos de Urbanismo implicados.
Pero la situación no se ha calmado. A finales de la semana pasada, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, al que los investigadores han tomado declaración como imputado, alertó de un posible riesgo de destrucción o eliminación de pruebas por la continuidad de cinco técnicos implicados en el caso Astapa.
El edil remitió una nota interna al concejal de Hacienda y Personal, Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, pidiéndole que los apartase para evitar que se manipulen informes técnicos. La carta ha provocado un pulso entre Zamorano, expulsado del PSOE por su imputación, y Duarte, al que el partido no ha retirado su confianza y postula como posible alcalde de la ciudad.
Zamorano contestó a Duarte ayer asegurando que no existe ningún auto que limite el acceso a dependencias municipales a los implicados. La respuesta llegó en forma de escrito, difundido previamente por los medios de comunicación.En la carta, Zamorano rehúsa adoptar cualquier medida. "Cada concejal ostenta la máxima responsabilidad (...), por lo que deberá ser usted quien eleve
tanto ésta como cualquier decisión oportuna", recoge la nota. El concejal adjunta un informe jurídico en el que le explica cómo actuar en cada caso. Con los empleados de libre designación debe abrir un expediente, motivar la decisión y elevarlo a alcaldía, mientras que con los funcionarios se debe abrir un procedimiento sancionador.
El edil de Hacienda, del que dependen las contrataciones, ha sido el primero en hacer despidos tras su imputación en el caso Astapa. Así, notificó el cese a Juan Carlos Gurrea, consejero delegado de la sociedad municipal Desarrollos Municipales Estepona, alegando que había desaparecido la confianza que depositó en él cuando fue contratado en 2003. Tres días antes, Gurrea había declarado como testigo ante los investigadores.
Los técnicos de Urbanismo implicados y cuya permanencia en sus puestos de trabajo podría hacer peligrar posibles pruebas son el ingeniero Héctor Ruiz, director técnico de la Empresa Municipal de la Vivienda, y los arquitectos Tomás Álvarez y Arturo Cebrián.
Este último aparecía en el sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales. También continúan en su puesto el responsable de los servicios jurídicos, Andrés Flores, y el jefe de servicios técnicos, Ignacio de la Hoz, a quien trabajadores municipales supuestamente sorprendieron a finales de la semana pasada manipulando el ordenador del responsable de las tasaciones, Javier Wittmeur, en prisión preventiva.
De la Hoz, en libertad bajo fianza de 50.000 euros está acusado de fraude y malversación. Flores quedó en libertad con cargos de cohecho y blanqueo tras una larga declaración. El edil de Urbanismo entiende que ninguno de lo dos puede seguir en sus puestos como cargos de libre designación.
Dentro del área de Urbanismo también están implicados el gerente Juan Manuel Ramos y la coordinadora Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo. Para ellos no se ha pedido ninguna medida de separación. Según fuentes municipales, sus cargos tienen un carácter "eminentemente político".
El viernes pasado el concejal de Seguridad Antonio Sánchez (PSOE) envió una patrulla de Policía Local a la delegación de Urbanismo para evitar que cualquier persona ajena al edificio accediera a las oficinas sin un motivo justificado. Según fuentes municipales, el día anterior, el abogado Juan Simón, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, acudió a las instalaciones municipales y amedrentó a varios de los empleados de Urbanismo diciéndoles que ellos también resultarían acusados de irregularidades. Ante esta peculiar visita, Rafael Duarte dio instrucciones al servicio de seguridad para que no se permitiera el acceso al abogado sin su consentimiento previo. Hasta el inicio de la operación, Simón entraba y salía a placer del edificio, en el que también se encuentra la delegación de Personal.
El concejal de Seguridad Ciudadana ha ordenado a la empresa que vigila el edificio Puerto Sol de que impida el acceso a cualquier persona que no tenga autorización expresa y ha pedido a las patrullas de la Policía Local cercanas que estén alerta y puedan acudir ante cualquier incidencia. Las concejalas Asunción López (Cultura), Mariví López (Educación) y Marisa Rodríguez (Playas) son los otros cargos políticos que siguen en sus puestos, al igual que Zamorano.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 01/07/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
«En los ayuntamientos hay una enorme falta de cumplimiento de la ley urbanística»
ABC/Entrevista* : Ángel Núñez, Coordinador de la Red de Fiscales de Medio Ambiente de Andalucía. Nació en Sevilla en 1965, y trabaja en la Fiscalía de Cádiz desde 1991. A partir de su creación se integró en la Red de Fiscales de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo de Andalucía. Dos semanas atrás Ángel Núñez fue nombrado coordinador de este grupo.
-La Red cumple ahora cinco años. ¿Qué balance puede hacer? ¿Está cumpliendo sus objetivos que se marcaron?
-El balance es muy positivo. Hemos conseguido en principio alcanzar la unidad de actuación en una materia muy nueva desde el punto de vista jurídico que requería interpretaciones de los textos legales. Y esa interpretación que nosotros hemos hecho desde la unidad de actuación en la mayor parte de los casos la hemos logrado trasladar a las resoluciones judiciales, que han ido acogiendo nuestros planteamientos. Hemos conseguido una potenciación de al concienciación social en relación con las materias medioambientales, fundamentalmente urbanística, que es el gran problema hoy en día en Andalucía. Y en ese sentido el balance es muy positivo.
-En las diferentes Memorias anuales de las Fiscalías de Medio ambiente se han quejado de falta de medios materiales y humanos. ¿Se va a corregir ese déficit alguna vez?
-Se va mejorando, pero seguimos teniendo una importante carencia de medios, tanto desde el punto de vista de personal, no sólo en el Ministerio Fiscal, sino también entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se está avanzando. Se han creado en la Guardia Civil los equipos de delincuencia urbanística; en las unidades de Policía Autonómica hay ya áreas de ordenación del territorio, pero siguen estando desbordados por el caudal de trabajo que hay frente a los medios personales con los que se cuenta. Sigue siendo también una asignatura pendiente el que la Fiscalía cuente con instancias periciales imparciales. En muchas ocasiones tenemos enormes dificultades para obtener periciales imparciales en materias urbanísticas o en materias ecotoxicológicas de vertidos al medio marino o al medio fluvial y a la atmósfera. Es una reclamación que venimos haciendo, también en la Memoria de este año.
-¿Cuál es el grado de colaboración de las Fiscalías con las diferentes administraciones?
-En líneas generales es muy buena. Con la Junta de Andalucía la relación es magnífica. Tanto con la Consejería de Cultura como con la de Medio Ambiente y Obras Públicas. No lo es tanto con los ayuntamientos. Nosotros venimos denunciando año tras año que por parte de los ayuntamientos no se cumple con las funciones de disciplina urbanística que les atribuye el ordenamiento. Y ése es el principal problema. La primera barrera frente al desorden urbanístico es la del Ayuntamiento. Si los ayuntamientos ejercieran adecuadamente los procedimientos sancionadores, sobre todo los del restablecimiento de la legalidad y adoptaran de manera extemporánea las medidas cautelares paralizando las construcciones que se inician, no existiría el problema de la demolición, porque no sería necesario demoler en la medida de que no se habría construido. Entonces, por parte de los ayuntamientos detectamos una enorme falta de cumplimiento de las funciones que les atribuye la ley urbanística
-¿Cree que la normativa urbanística habría que endurecerla?
-Pienso que los instrumentos legales son los adecuados para cumplir los fines que se pretenden. Evidentemente, toda legislación es susceptible de mejora. Y aunque el instrumento es el adecuado, el problema está en su aplicación, o mejor dicho en su falta de aplicación por quienes tienen la competencia para ello, que en primera instancia son los ayuntamientos. Lo que nosotros reclamamos es una reforma, no administrativa sino penal, de la figura de la prevaricación omisiva. Entendemos que cuando nos encontramos con dejación de funciones por parte de funcionarios públicos, no siempre es fácil articular acusaciones de prevaricación omisiva. En ese sentido sí sería necesario reformas del Código Penal.
-¿En urbanismo se practica mucho la política de hechos consumados? ¿Quienes cometen irregularidades confían en que tarde o temprano se legalizará la situación?
-Efectivamente. Es obvio que cuando nos encontramos con una situación como en el caso de Chiclana, de 30.000 viviendas ilegales, no se pude meter una excavadora y derribarlas. Lo que sucede es que hasta ahora los procesos de regularización no han venido acompañados de algo que a nosotros se nos antoja imprescindible, el rigor a partir de ese momento en el ejercicio de la disciplina urbanística. Hasta ahora lo que hemos visto es que se han regularizado viviendas y eso ha dado lugar a que continúe la construcción ilegal, precisamente al amparo de esa expectativa de que pueda haber una posterior regularización. La regularización, si no viene acompañada de un hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora ejerceremos con rigor la disciplina urbanística, los procedimientos sancionadores y el restablecimiento de la legalidad, no hay ninguna solución. Y además se acaba con lo que es la esencia del planeamiento. El planeamiento lo que pretende es la planificación ordenada de la ciudad, y en lo que se convierte es sencillamente en la legitimación de facto de lo que ya se ha producido de manera desordenada.
-Los fiscales vienen criticando desde hace tiempo la pasividad de los ayuntamientos a la hora de combatir el urbanismo ilegal. Sin embargo, consistorios como el de Marbella o Estepona lo que presuntamente hacen es utilizar el urbanismo para saltar la barrera establecida por el Código Penal ¿Qué opina al respecto?
-Año tras año venimos denunciando esa pasividad. Las causas son múltiples. En algunos casos habrá falta de medios, en otros la falta de voluntad por asumir los costes, probablemente electorales, que pueden tener la adopción de medidas impopulares, como los derribos, y en otras ocasiones, los titulares están en los periódicos, son casos de flagrante corrupción. No creo tanto que se trate de sustraer competencias a los ayuntamientos, porque en definitiva son los más adecuados para llevar a cabo estas funciones, pero sí hay que establecer consecuencias sancionadoras, de naturaleza penal, para aquellos que de manera dolosa no cumplan las funciones que tienen encomendadas.
-¿Casos concretos como los de Marbella o Estepona se pueden evitar?
-Lo fundamental es contar con medios adecuados para llevar a cabo investigaciones. En Cádiz, donde hemos desarrollado investigaciones, como la de la «Operación Obra Nueva» de Chiclana, ha puesto de manifiesto una conducta que estaba generalizada, pero que hasta ahora no había aflorado porque no había medios para realizar investigaciones. Por otra parte, hace falta una mejora de los textos legales penales que permitan sancionar esas conductas. Pero todo esto surge al amparo de ese espíritu de relajamiento en relación con el cumplimiento de las normas que venimos denunciando.
-¿Los procesos de recalificación de suelos son caldo de cultivo para el delito urbanístico?
-En los procedimientos de reclasificación se producen determinados delitos. ahí nos encontramos con los cohechos, las prevaricaciones, y no tanto con los delitos de construcciones ilegales. Y se proponen diferentes soluciones. La Ley estatal del Suelo ha supuesto una mejora en el sentido de que ha limitado las enormes expectativas de beneficios que se derivaban de los procedimientos de reclasificación. Yo creo que lo esencial es que haya transparencia y que se garanticen instancias de control e inspección en los procesos de reclasificación.
* ABC - JOSÉ CEJUDO. SEVILLA - 30 de junio de 2008
Los juzgados mantienen abiertos tres casos por posibles delitos urbanísticos en La Rioja
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LARIOJA* : Los juzgados de La Rioja investigan actualmente tres casos de posibles delitos de corrupción urbanística en la comunidad. Se trata del expediente de la urbanización Las Rozas, en Lardero, la conocida como 'Casa de las Colonias', en Santurde, ambos a la espera de una sentencia, y de la construcción de un edificio en Briñas. En los tres casos estudiados por el Ministerio Fiscal de La Rioja están implicados los ex alcaldes de estas localidades.
En el sumario de Lardero, los juzgados están a la espera de determinar si la promoción de viviendas denominada Las Rozas, al igual que sucedió con el edificio Alfil, es ilegal y debe ser demolido (o indemnizados los vecinos, en su defecto) por exceder los metros cuadrados construidos. En este caso, el ex alcalde del PP, Pedro Vallejo, participaba en las obras a través de una empresa de la que era accionista.
Mientras, en Santurde, la Justicia deberá determinar si existe delito en la compra de un solar en el centro del pueblo por parte del ex alcalde 'popular', Jesús Montoya, quien, posteriormente, recalificó esos terrenos para la construcción de decenas de chalés y un hotel, que podrían generar unas plusvalías superiores a los 7 millones de euros.
Por otra parte, en Briñas, se investiga al ex alcalde socialista, Roberto Salinas, por permitir mayor edificabilidad en unas parcelas pertenecientes a familiares directos.
Según el fiscal superior de La Rioja, Juan Calparsoro, pese a estos tres sumarios que continúan abiertos, «en La Rioja cada vez se producirán menos delitos urbanísticos porque va creciendo la conciencia social y ha caído el 'boom' de la construcción. Los temas urbanísticos que han ocurrido en algunos municipios de La Rioja casi seguro que no vuelven a pasar en el futuro», explica.
Eso sí, los delitos denunciados no son todos los que existen. El informe anual de la Fiscalía reconoce abiertamente que no todos los casos llegan a investigarse «por la renuencia de la Administración para informar sobre hechos que puedan constituir delitos contra la ordenación del territorio». Es decir, que la cooperación no es suficientemente fluida porque «estos delitos tienen mayor incidencia política, pudiendo afectar a cargos públicos». «En Fiscalía tenemos nuestras limitaciones y si no hay un verdadero afán de colaborar por parte de la Administración, no podemos llegar al fondo de los temas», asegura Calparsoro.
A la Fiscalía tampoco han llegado casos de incompatibilidades de políticos que, tras ejercer su labor pública, se integran en una constructora. «Realmente no es ilegal pasar a una promotora. Cada persona tiene su ética y debe evaluarse. Pero es llamativo y es consecuencia de este sistema económico del ladrillo», justifica.
Casillas ilegales
En lo que la Fiscalía ha constatado una notable impunidad es en la edificación de casas de recreo en zonas rurales que superan el tamaño permitido. «Se ha consentido por parte de los ayuntamientos una actividad que se debería prohibir», indica Calparsoro.
«En vez de imponer una multa y permitir que la casilla continúe en pie, habría que derribarla para restaurar la situación previa. Es complicado porque hay muchos intereses, pero en ocasiones es la única manera posible de solucionar el problema», concluye.
* La Rioja - V. SOTO - 30 junio 2008
Foto: Construcciones investigadas en Santurde, junto a la antigua Casa de las Colonias. / A.I., larioja.com
Bruselas vuelve a tener dudas sobre el puerto de Granadilla
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CANARIAS7* : La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife asegura que todo está listo para empezar las obras del puerto de Granadilla, pero en Bruselas no lo tienen tan claro. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo quiere profundizar en las quejas presentadas por colectivos sociales y ecologistas tras oírlos el pasado martes.
Las reiteradas quejas presentadas en la Unión Europea (UE) por colectivos sociales y ecologistas han tenido su efecto y esta semana la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo quiere profundizar en esas denuncias e investigar si realmente se está cumpliendo con los requisitos que se impusieron para autorizar el puerto de Granadilla.
La Comisión Europea autorizó en noviembre de 2006 la construcción del puerto industrial de Granadilla, asumiendo las «razones imperiosas de interés público» esgrimidas por el Gobierno de España, pero advirtiendo a las autoridades españolas sobre la necesidad de aplicar una serie de medidas compensatorias por el daño que causará a los ecosistemas de su entorno. Entre esas medidas, la Comisión Europea obligaba a la creación de una fundación independiente para «garantizar que el puerto se construya y gestione de manera respetuosa con el medio ambiente». La fundación está creada, pero Bruselas ahora quiere saber con certeza si es independiente o si, como denuncian los colectivos ciudadanos y ecologistas, está «absolutamente controlada» por la Autoridad Portuaria.
De entrada, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó el martes solicitar a la Comisión de Medio Ambiente un informe exhaustivo sobre la independencia de la FundaciónObservatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, pero, además, los coordinadores de la Comisión de Peticiones decidirán a mediados del próximo mes de julio si envía una misión a Tenerife para conocer y valorar sobre el terreno el cumplimiento de las medidas compensatorias así como la independencia de la Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, denunciada por la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla y por Ben Magec-Ecologistas en Acción.
Queja
La queja de estos colectivos al respecto fue tratada por la Comisión de Peticiones el martes en Bruselas, hasta donde se desplazaron miembros de la plataforma y el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Anatael Meneses, que actuó de portavoz de estos colectivos y denunció que «las autoridades canarias han roto su compromiso de crear una fundación independiente para supervisar la construcción del puerto». Muy al contrario, dijo, «que siete u ocho de sus miembros han sido asignados a dedo» por la Autoridad Portuaria.
Meneses quiso además dejar patente que tampoco la Autoridad Portuaria está cumpliendo con el dictamen de autorización del puerto de Granadilla emitido por la Comisión Europea en lo que a la incorporación de un mecanismo de trasvase de arena de norte a sur en el proyecto del muelle, pues en lugar de incorporar el by-pass de arena al proyecto, la Autoridad Portuaria, dicen los denunciantes, pretende tramitar conjuntamente la redacción del proyecto y la ejecución de la obra,
También viajó hasta Bruselas el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granadilla, Antonio Cabrera, quien reclamó ante las autoridades europeas la presencia del Consistorio en el patronato de la fundación, habida cuenta de que, explicó Cabrera, «la obras se van a realizar en el municipio y lo lógico -dijo- es que el Ayuntamiento esté presente y también vigile las obras».
* Canarias 7 - R. R.
Santa Cruz de Tenerife - 30 junio 2008
Foto de archivo de Granadilla, donde se construirá el nuevo puerto, que está siendo mirado con lupa desde la Unión Europea/ canarias7.es
Objetivo: plantar cara a los 'asustaviejas'
ADN/EFE* : Lavapiés en Madrid. Ciutat Vella en Barcelona. Triana en Sevilla. Tres ejemplos, tres escenarios urbanos de ese drama silencioso que es el mobbing inmobiliario, un acoso que soportan sobre todo personas mayores con escasos recursos económicos y al que la Justicia y los Ayuntamientos empiezan a plantar cara.
El problema es de tal magnitud que hasta Naciones Unidas ha puesto el grito en el cielo a través de Miloon Kothari, relator especial para asuntos de vivienda de la organización, quien tras un reciente viaje a España calificaba la situación de "muy grave".
Kothari, que estuvo en San Sebastián, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, entre otras ciudades, alertaba en un informe sobre la "vulnerabilidad" de las víctimas -ancianos, discapacitados, mujeres, jóvenes...- ante la falta de escrúpulos de los especuladores inmobiliarios, los asustaviejas como son conocidos popularmente, y se sorprendía por la "tímida" actuación de los jueces en estos casos.
La semana pasada uno de Barcelona condenaba a una inmobiliaria a rehabilitar "a fondo" un edificio en el que viven, en condiciones muy precarias, con ratas correteando a sus anchas por el inmueble, ocho vecinos, en su mayoría ancianos, que habían denunciado a su "casero" por usar "métodos de extorsión" y "presión psicológica" en un intento por hacerles abandonar sus pisos de renta antigua.
Este de Barcelona es uno de los miles de casos de mobbing inmobiliario registrados en España en los últimos años, con un escenario casi siempre común: los cascos antiguos de las ciudades.
Suculenta presa para especuladores
Allí proliferan edificios mal conservados, infraviviendas muchas veces, que son presa suculenta para los especuladores, además de, una vez rehabilitados, objetos de deseo para una élite económicamente pudiente que ahora quiere vivir en el centro.
"El problema es más grave de lo que a primera vista pudiera parecer", asegura Marina Parés, presidenta de la ONG Servicio Europeo de Información sobre Mobbing, para quien la solución está en los ayuntamientos, "porque tienen la competencia y la obligación de evitar la degradación de barrios y edificios".
Más de 200 casos en Barcelona en 2007; 137 "posibles" en Madrid desde 2003, según Juan José de Gracia, responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda; 160 edificios sevillanos con "patologías graves de deterioro de la edificación" y unos propietarios que no garantizan las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato.
Son cifras que ponen al descubierto una realidad que el Ministerio de la Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se han propuesto combatir con un teléfono gratuito que desde comienzos de año está a disposición de quienes se sienten víctimas de acoso inmobiliario.
A esta iniciativa se han acogido, de momento, diez municipios -A Coruña, Fuenlabrada y Getafe en Madrid, Gijón, L Hospitalet de Llobregat en Barcelona, Denia y Elche en Alicante, Vitoria, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria- y hay otros interesados en sumarse.
Esos ayuntamientos tomarán en cuenta las denuncias telefónicas -hasta el momento unas quinientas, y procedentes de toda España, según Vivienda- y recabarán la intervención de los servicios sociales municipales cuando el caso de acoso lo requiera, además de dirigir a los ciudadanos hacia servicios de orientación y asistencia jurídica gratuita.
De momento, en el Código Penal no está tipificado como delito el mobbing inmobiliario, si bien estas conductas de violencia psicológica y presión pueden calificarse como constitutivas de un delito o falta de coacciones recogidas en los artículos 172 y 620.2, castigadas con multas y hasta prisión.
Reformar el Código Penal
Desde diferentes ámbitos se ha reclamado ir más allá, reformando el Código para incluir éste y otros tipos de mobbing. "La Justicia no es lo suficientemente sensible en estos casos", apunta María Isabel Torralba, presidenta de la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid, quien habla de la necesidad de una legislación "tajante" y de reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que haya juicios rápidos.
En el Ayuntamiento de Barcelona son partidarios de la mediación, de "explorar la autoridad moral" del consistorio, y de la coordinación, porque, destaca Itziar González, concejala responsable del distrito de Ciutat Vella, cuando no existe "la impunidad es más fácil".
González, arquitecta y vecina de su distrito, ha sido la principal impulsora del acuerdo suscrito por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y la Fiscalía de Cataluña para crear la primera fiscalía de España especializada en mobbing inmobiliario.
"Que sirva como aviso a los especuladores para que tomen nota y vean que el Ayuntamiento se toma muy en serio el problema", destaca Antonio Sorolla, delegado de Vivienda en el consistorio barcelonés.
La concejala de Ciutat Vella abunda en la misma idea. "Hemos levantado el brazo en un gesto de autoridad para decirles a los acosadores que su actitud no quedará impune", comenta.
Los planes a corto y medio plazo de la Fiscalía General del Estado, informó un portavoz, no contemplan extender la iniciativa a otros lugares de España, si bien hay ya voces en la oposición municipal madrileña que la reclaman para la capital.
A cara de perro
En Sevilla, la lucha a cara de perro de su Ayuntamiento contra los acosadores es más efectiva desde que en 2004 se creara la Oficina de asesoramiento a inquilinos en situación de abuso (OTAINSA), que desde entonces ha mantenido reuniones con inquilinos de más de 350 edificios del casco histórico.
"Las condiciones de inhabitabilidad de los edificios provocan en sus moradores un estado grave de desesperanza y desasosiego" que obliga a intervenir con carácter de urgencia a la autoridad urbanística, dijo Antonio Rodrigo Torrijos, delegado de OTAINSA, oficina dentro de la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad.
El primer objetivo de OTAINSA, informa su delegado, es exigir a los propietarios el cumplimiento "escrupuloso" del deber de conservación de los edificios. Si no es así puede llegarse a la expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor. Actualmente hay abiertos 25 expedientes en uno u otro sentidos.
"Pretendemos contribuir -insiste- a la implantación de una cultura en la que sean plenamente compatibles los derechos de propiedad y los de arrendamiento".
El Ayuntamiento de Madrid apostó hace tiempo por el "control preventivo", con la puesta en marcha de la ITE, la inspección técnica de los edificios antiguos. Pese a ello, continúa el goteo de denuncias de acoso. "Se ha rehabilitado mucho, pero siguen dándose casos", afirma Manuel Osuna, presidente de la Asociación de Vecinos "La Corrala", en el centro de la capital.
* ADN - Carlos Mínguez (EFE) - 28.06.2008
Foto: Mobbing, vecinas de la corrala madrileña del Ventorrillo - A.García, elpais.com
El Gobierno ha recurrido desde 2005 unos 80 planes urbanísticos
ELPAÍS/Valencia* : El Gobierno ha impugnado en los últimos tres años la aprobación de unos 80 planes urbanísticos por parte de la Generalitat y de algunos ayuntamientos porque no respetan sus competencias, según datos de la Delegación del Gobierno. Más de 60 recursos -de los que seis han supuesto la suspensión cautelar de los planeamientos- están a la espera de sentencia y otros siete se han resuelto de forma extraprocesal, es decir, se han corregido los defectos antes de que acabe el proceso.
Dos de los recursos se han fallado en contra de la reclamación del Gobierno y uno, a favor. Y es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acaba de invalidar el plácet dado por la Generalitat al plan del Pinaret, en Ador, porque carecía del informe de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
"Esperamos muchos más", advierten desde la Delegación del Gobierno, que desde 2005 hasta el pasado mayo ha impugnado 82 aprobaciones, ya sea por parte de las comisiones territoriales de urbanismo o de ayuntamientos, al considerar que no respetan las competencias estatales. Un gran número de estos planes o no tiene informe de aguas de las confederaciones o éste era negativo. Otros planes se han impugnado por problemas de movilidad (falta de capacidad de las carreteras) o porque invadían el dominio público de los cauces de los ríos.
La nueva Ley del Suelo eleva el nivel de exigencia para la aprobación de futuros proyectos. Si la Ley del Agua -a la que se refieren la mayoría de recursos del Estado- sólo considera preceptivo, no vinculante, el informe de la confederación, la nueva norma ve sus dictámenes "determinantes". "El agua es una cuestión crucial en la fase de planeamiento y los tribunales lo han dejado claro", defiende el subdelegado del Gobierno de Valencia, Luis Felipe Martínez.
El balance de impugnaciones es aleccionador. Desde finales de 2005, el Gobierno central ha recurrido macroproyectos urbanísticos como la Vega de Cullera (12.000 viviendas) -más conocido como el Manhattan-, el de Brosquil en esta misma localidad de La Ribera, el de Nou Mil·leni de Catarroja, el de Gran Manises (10.000 viviendas), el de las lagunas de Rabassa o Porxinos (2.700 casas). Todos estos recursos, presentados por cuestiones hídricas, están admitidos a trámite y a la espera de resolución judicial.
El Ejecutivo central ha cosechado varios fracasos a la hora de suspender cautelarmente algunos de ellos. Es el caso de la Vega-puerto de Cullera, Porxinos en Riba-roja o el Pinaret de Ador. Sí ha conseguido detener provisionalmente, según datos de la Delegación del Gobierno, el concierto previo de Llaurí, un plan en Loriguilla, el plan general de Enguera, el plan de San Diego en Alfara del Patriarca o el plan parcial de Segaria, en Benimeli. El caso más sonado fue la paralización de la revisión del plan general de Benimuslem, un pequeño pueblo de La Ribera Alta de 600 habitantes, donde se prevé la construcción de 1.500 nuevas casas. La sala no vio probada la existencia de agua suficiente.
Un tercer bloque de recursos se ha saldado con lo que técnicamente se conoce como satisfacción extraprocesal, es decir, tras la impugnación, los consistorios han corregido los problemas. En esta situación están el plan parcial de mejora en Gilet, el Parque Empresarial Circuito de Cheste -un proyecto de 900.000 metros cuadrados donde los promotores no acreditaron la existencia de agua para albergar un centro logístico y una ciudad circuito con hoteles y servicios-. El TSJ desestimó la suspensión provisional pedida por los abogados del Estado porque los promotores probaron la existencia de agua. Completan la lista otro plan de mejora en Oliva, el plan general de Alfara de Algimia, un proyecto en Aldaia o el plan general de Algar del Palancia. En esta última localidad, la Delegación del Gobierno envió un escrito al juzgado dando luz verde al PGOU. El Consistorio garantizó a la CHJ el abastecimiento de agua a los 1.600 nuevos residentes.
Otras organizaciones ajenas al Estado han impugnado, con desigual suerte, otros planes urbanísticos. Es el caso de Ecologistas en Acción, movimientos vecinales y partidos políticos.
Y vino Ador
Desde la Generalitat, las cosas no se ven del mismo modo. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente explica que casos como el de Ador -que la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia aprobó sin la existencia del informe de aguas que debe elaborar la Confederación Hidrográfica del Júcar- pueden considerarse un error o un caso aislado. Insisten en que tras la cruzada del Gobierno central contra las resoluciones de la Generalitat, no hay más que una bronca política, por lo que apuestan por colaborar con las confederaciones hidrográficas para acreditar la existencia de agua de algunos planes urbanísticos.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana considera, sin embargo, la sentencia de Ador -que la Generalitat acata y no recurrirá ante el Tribunal Supremo como le permite el TSJ- de "histórica", al ser la primera que se pronuncia sobre uno de los asuntos de fondo de la polémica urbanística de los últimos años. Y es que, se tenga en cuenta o no, la Generalitat no puede aprobar un plan urbanístico sin el preceptivo dictamen de los organismos reguladores de cuenca. El fallo de Ador se añade a la paralización cautelar conseguida en su día por afectados por varios programas urbanísticos en la localidad alicantina de Parcent. La CHJ emitió a principios de año un informe desfavorable a los tres PAI impulsados en Parcent por no tener garantizada la disponibilidad de agua.
Situación de los recursos del Gobierno
- Más de 60 recursos han sido admitidos a trámite desde principios de 2005 hasta el pasado mes de mayo. Entre los más grandes están la Vega de Cullera, Nou Mil·leni de Catarroja, Gran Manises o Porxinos, en Riba-roja.
- Dos recursos -el plan Molí Nou de Benaguasil y el PAI de Urbacón Levante, en Villalonga- se han fallado de forma desfavorable.
- El TSJ ha dictaminado las suspensiones provisionales de 6 planes urbanísticos en: Llaurí, Benimuslem, Loriguilla, Enguera, Alfara del Patriarca y Benimeli.
- La sentencia sobre el Pinaret, en Ador, es la primera que se pronuncia sobre el asunto de fondo: si son precisos o no los informes de las confederaciones.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ - Valencia - 30/06/2008
Foto: Cullera - Representacion_Manhattan -elpais.com
Los especuladores devuelven pisos que habían comprado a los promotores
DIARIODEMALLORCA* : El parón en las ventas inmobiliarias está provocando la devolución a los promotores de viviendas que únicamente se habían adquirido con fines especulativos, según han asegurado algunas de las empresas afectadas.
Las estimaciones de la patronal realizadas en 2007 indicaban que cada año se estaban vendiendo en las islas unos mil pisos en esas condiciones, el equivalente a un 15% de los que se edificaban.
La operación estaba resultando hasta hace poco sumamente rentable. Una persona compraba una o más viviendas en una misma promoción cuando las obras ni siquiera se habían iniciado, por lo que sólo tenía que abonar en torno a un 20% de su valor, quedando el resto pendiente de pago para el momento en que la construcción ha concluido y se produce la entrega de las llaves, lo que puede suponer un plazo de 18 meses.
Sin embargo, antes de llegar a esa última fecha el comprador inicial ya había procedido a la reventa del inmueble por su valor total, consiguiendo un apreciable beneficio gracias a las fuertes revalorizaciones que se registraban antes de que diera comienzo la crisis inmobiliaria a mediados de 2007 y que durante los últimos ejercicios se han movido por encima del 10% anual.
El problema radica ahora en que los pisos que se adquirieron con fines especulativos no están encontrando demanda para proceder a la reventa, y se acerca el momento en que el comprador va a tener que abonar el precio total del mismo, en la mayoría de los casos subrogando la hipoteca del promotor. Pero una buena parte de estas personas no dispone de capacidad económica para hacer semejante desembolso.
La opción que algunos de estos inversores están comenzando a adoptar es renunciar a la adquisición definitiva del inmueble en el momento de la entrega de las llaves y aceptar perder a cambio la cantidad inicial que abonaron como garantía.
Perjuicio para las empresas
Según destacó uno de los promotores que reconoce haberse visto afectado por esta situación, este hecho no supone una ventaja real para la empresa, ya que aunque se queda con la cantidad inicialmente desembolsada, rompe los planes que se habían realizado en materia de ingresos, dado que se daba por hecho que se iba a cobrar el total del valor del piso. Sobre este punto, se recuerda que en este momento no se pone en marcha ninguna nueva promoción hasta que no está vendida la mayor parte de la anterior.
Hasta ahora, los promotores reconocían que las citadas operaciones con fines especulativos les daban mayor tranquilidad, ya que ayudaban a que en torno a un 20% de los pisos estuvieran vendidos antes de iniciar las obras y el 50% cuando la edificación se encontraba ya a la mitad.
* Diario de Mallorca - F. GUIJARRO. PALMA - 29.06.2008
Foto: Antes de la crisis, muchas viviendas se vendían mientras aún no estaban construidas. / Manu Mielniezuk, diariodemallorca.es
Ladrillos en primera línea
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MÁLAGAHOY* : Ladrillos en primera línea. Eso es lo que se puede encontrar a lo largo del 90 por ciento del litoral de Estepona según denuncian Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja a través de un informe en el que analizan la situación urbanística del municipio a raíz de la puesta en marcha de la operación Astapa contra la presunta trama de corrupción municipal destapada en el Ayuntamiento de Estepona.
Según explican, el 90 por ciento del litoral oriental "está ocupado por urbanizaciones que llegan a asentarse en dominio público marítimo-terrestre e incluso por debajo del nivel de pleamar en algunos casos". Desde el citado colectivo señalan que solo resisten en este tramo las zonas de dunas de Casasola, Punta del Saladillo y la desembocadura de Guadalmansa.
Desde Ecologistas en Acción propusieron en 2006 la protección de unos tres kilómetros del tramo litoral de El Saladillo-Matas Verdes comprendido entre las desembocaduras de los ríos Guadalmansa y Guadalmina.
En cuanto al tramo occidental, desde Ecologistas apuntan que "los escasos hitos que quedaban libres de urbanización se puede considerar que ya no lo están, pues nuevas promociomes los han ocupado".
En el citado informe aseguran que "no se puede considerar que el gobierno intervenido en junio de 2008 sea el único culpable de la situación a la que se ha llegado, pues todos los partidos de la oposición han participado en esta política urbanística o han mirado para otra parte".
De hecho, Ecologistas se remonta a los años 80, momento en el que se levantó la urbanización Forest Hill "en una de las fincas con mayor valor ecológico del territorio esteponero: Las Abejeras". Posteriormente, entre 1990 y 1994 el citado colectivo denunció la construcción del edificio Jacaranda en el límite oriental de la playa de La Rada, vulnerándose la ley de costas, mientras que en 1995 llamaron la atención sobre el gran incendio que arrasó los terrenos en los que se levanta actualmente el parque Selwo.
Según el informe de los Ecologistas, "en 1995, con el GIL recién llegado, se produjo ese fuego. Inmediatamente salió a la luz pública el proyecto de parque zoológico". El grupo naturalista Grusberg "fue el único grupo social o político que se atrevió a decir que ubicar esa instalación en la zona quemada, suponía una ilegalidad y que el fin último era dedicar esa zona, no urbanizable, a la recalificación por suelo residencial", especifican en el escrito. Posteriormente, en 2006, gobernando Antonio Barrientos (PSOE) con José Ignacio Crespo (PES), se anunció la intención de reclasificar 600.000 de los 90.000 metros cuadrados del recinto de ocio si bien finalmente no prosperó esta operación.
En 1999, el gobierno del GIL adjudicó a una empresa la explotación de los usos del monte público de Sierra Bermeja, proyecto que, según los Ecologistas, trató de continuar el gobierno del PP que dirigió Rosa Díaz, actualmente miembro del equipo de gobierno por Estepona 2007. En esta ocasión Grunsberg presentó un recurso contencioso administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en la actualidad está en fase de conclusiones.
A modo de conclusión, Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja recuerda que en 2003, Estepona ya había cambiado su PGOU de 1994 en más de 70 unidades de ejecución. "Los recursos naturales y culturales del municipio están prácticamente sepultados bajo innumerables urbanizaciones". Como muestra señalar el proyecto del Parque Central, donde "los terrenos están mayoritariamente ocupados hoy por grandes bloques de pisos de renta libre".
* Málaga Hoy - Encarna Jerez / Estepona - 29.06.2008
Foto: Estepona, en una imagen aérea que muestra la expansión de la ciudad hasta la orilla de la mar/ malagahoy.es
Alicante: Los vecinos rechazan el plan de Fomento para soterrar las vías y lo tachan de ´barbaridad´
INFORMACIÓN* : Oposición total. Los vecinos de la zona de la Estación de Adif, agrupados en la Plataforma Renfe, mostraron ayer su frontal rechazo al nuevo proyecto del soterramiento de las vías férreas de Alicante propuesto por el Ministerio de Fomento y que incluye la construcción de 13 bloques de viviendas, lo que impediría realizar el gran parque lineal previsto.
"Esto es una barbaridad inviable, increíble e indecible", confesó ayer a este diario el coordinador de la Plataforma Renfe Joaquín López, quien aseguró que el último planteamiento del Ministerio "es un invento que demuestra que se quiere hacer todo lo posible para no poner el dinero suficiente para acometer un proyecto que lleva estancando cuatro años". Según la propuesta técnica de Fomento, el incremento del número de pisos en los terrenos de Renfe liberados se distribuirían en 13 grandes torres: cinco de 41 plantas y otras ocho de 22 alturas. De este modo, de las 1.500 viviendas previstas en el acuerdo inicial, se pasaría ahora a más de 4.000 para poder financiar las obras del soterramiento a través de las correspondientes plusvalías. El coste del proyecto ascendería a 600 millones frente a los 200 previstos inicialmente.
"Los errores de los políticos -comentó el representante de los vecinos- no los debe pagar la ciudad. Si el proyecto cuesta ahora 400 millones más, que los paguen quien tenga que pagarlos, pero no a través de las plusvalías, porque Alicante no se merece que se quiera hacer un Manhattan en medio de la ciudad". Asimismo, la Plataforma Renfe exigió que el proyecto respete la gran zona verde incluida "en el convenio consensuado entre PP y PSOE y que ahora quieran quitar".
Por su parte, el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, consideró ayer "muy preocupante que todavía no haya fecha para el inicio de las obras del soterramiento". Mientras tanto, el portavoz del colectivo local de Esquerra Unida (EU), Miguel Ángel Pavón, denunció "la excesiva dependencia que tienen las plusvalías de los terrenos liberados sobre la financiación del proyecto". "Las torres no responden a ninguna justificación urbanística o arquitectónica, y únicamente encuentran su razón de ser en la falta de financiación pública", afirmó Pavón.
El Consell considera "difícil" que el AVE llegue en 2010
El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, afirmó ayer que las últimas adjudicaciones de seguridad y señalización del tren de alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana "hacen temer que con los plazos de ejecución previstos va a ser muy difícil que el AVE llegue en 2010".
En este sentido, Flores lamentó en un comunicado que esos plazos son "muy ajustados" ajustados y con ellos el Gobierno central "en lugar de impulsar el AVE, lo que está haciendo es poner en riesgo la llegada de la alta velocidad en la fecha prevista". El conseller tildó de "decepcionante" que "tras más de un año sin reunirse, la sociedad Avant para el soterramiento de Alicante haya convocado una reunión para el martes que viene donde sólo va a tratarse la aprobación ordinaria de las cuentas, donde va a procederse al cese y nombramiento de consejeros que debía haberse realizado hace un año y donde, previsiblemente, va a seguir sin avanzarse en la aprobación del proyecto de la llegada del AVE a la ciudad de Alicante", concluyó.
* Información - F. D. G. - 29 de junio de 2008
Foto: Las obras del soterramiento - CRISTINA DE MIDDEL, diarioinformacion.com
Los residentes, críticos con el estado de los cascos históricos
CONSUMER* ha querido conocer de primera mano la opinión de los residentes sobre los cascos históricos en los que viven y desarrollan buena parte de su día a día. Se ha encuestado a 1.000 personas (100 en Madrid y Barcelona, 50 en el resto de capitales visitadas). En la visión de estas ciudades predominan más las sombras que las luces, en especial en los apartados de limpieza, conservación de inmuebles, dotación de servicios y zonas verdes.
De hecho, la nota media que le conceden a estas zonas es, en una valoración de cero a diez, de un escueto 6. Los más satisfechos, los encuestados en Pamplona (8 puntos sobre 10), Logroño, Murcia, Oviedo, Valladolid y Bilbao (todos ellos con 7 puntos sobre diez). Los más descontentos, los de Barcelona y Sevilla (4 puntos):
- Limpieza: El 61% de los 1.000 encuestados suspendieron la limpieza de su casco histórico con un 'regular' o un 'mal'. Los motivos fueron tres: "se limpia con poca frecuencia","hay muchas pintadas, carteles y todo tipo de desperfectos"; y "todo está muy sucio y huele muy mal".
- Servicios: Uno de cada tres vecinos consultados se quejaron de la dotación de servicios de los cascos históricos. En Vitoria (el 54% de las personas preguntadas) y Granada (un 65%) se mostraron especialmente descontentos.
- Movilidad y accesibilidad: El 41% de los encuestados afirmó que las calles en las que viven no son accesibles para personas con algún tipo de discapacidad o mayores.
- Seguridad: Ciertas calles o zonas de los cascos antiguos de las ciudades se han convertido en un foco de delincuencia. De ahí que muchos vecinos, tanto de estos barrios históricos como de otras partes del las ciudades, aludan a la inseguridad de estas calles. Entre los más descontentos: los residentes en el casco viejo de Barcelona, Vitoria, Córdoba y Sevilla. Los más confiados: granadinos y vallisoletanos.
- Rehabilitación integral: La mitad de los encuestados considera necesaria una reforma de los cascos históricos. Los más satisfechos con el estado actual de las calles en las que viven: los residentes en San Sebastián y Valladolid; zaragozanos y alicantinos son los más críticos. Puestos a hacer reformas, los porcentajes apenas varían pero destacan los que apuestan por mejorar calles y viviendas.
Comparando con otras zonas de la ciudad: Los encuestados se muestran en general poco satisfechos de los resultados de la comparación entre su barrio y el resto de zonas de la ciudad en la que viven:
1. Servicios: Al menos la mitad de los residentes preguntados considera que está igual que otras zonas de la ciudad, pero un 30% opina que la dotación de infraestructuras es peor en el casco viejo.
2. Viviendas: Un 46% considera que el estado de sus casas es lamentable, en especial los malagueños, alicantinos, coruñeses y zaragozanos.
3. Calles: La mayoría asegura que el estado de las calles es similar al del resto de vías de su ciudad.
4. Limpieza: Para uno de cada dos vecinos consultados, la limpieza y el mantenimiento de las calles en las que viven apenas se diferencian de las de otros barrios. Sin embargo, un 30% afirma que la dejadez es mayor en el centro histórico. Los de Oviedo son los que menos se quejan en este apartado.
5. Accesibilidad: Un 48% defiende que la accesibilidad en estas zonas es mala, sobre todo en Alicante y Granada.
6. Zonas verdes: Seis de cada diez encuestados critican que la dotación de zonas verdes es peor en el casco histórico.
El casco antiguo ideal
El centro histórico no sólo debe ser un escenario preparado para los turistas. Las personas que residen en las calles más antiguas de la ciudad deberían ser la prioridad en sus proyectos de recuperación. Por ello, el casco antiguo ideal tendría que disponer de:
- Oficinas administrativas: Es beneficioso que el ciudadano perciba que entre la Administración y él se establece una relación cercana y que el casco antiguo también es importante.
- Centros de salud y farmacias: Se trata de un servicio fundamental para que el residente en el casco histórico cuente con un mínimo de calidad de vida y no tenga que hacer sus gestiones médicas al otro lado de la ciudad.
- Centros para la tercera edad: El envejecimiento de la población es general, pero aún mayor en los cascos históricos.
- Centros educativos, de ocio, culturales y bibliotecas municipales: La dimensión cultural y educativa juega un papel muy importante para dinamizar y cohesionar la vida del casco antiguo.
- Zonas verdes y parques infantiles: Al igual que en el resto de la ciudad, los espacios públicos de reunión mejoran la calidad de vida en la ciudad.
- Calles peatonales: Fomentan la vida social en las calles del barrio.
- Movilidad: Los vecinos del casco histórico deben disponer de paradas de autobús, tranvía o metro que les lleven al lugar de la ciudad que necesiten. Además, para fomentar el transporte sostenible es conveniente instalar aparca-bicis.
- Viviendas y pavimento en buen estado: El casco histórico de muchas ciudades conserva viejas construcciones y pavimento que necesitan ser rehabilitadas.
- Mobiliario urbano: Al igual que en otros barrios de la ciudad, un casco antiguo precisa de farolas que proporcionen la necesaria iluminación, papeleras que ayuden a conservar en buen estado las calles, pivotes o bolardos que separen el tráfico (si la calle no es peatonal) de los viandantes, bancos...
- Limpieza: Los cascos históricos deben tener papeleras, contenedores de recogida selectiva de basura y los equipos de limpieza deben limpiar la zona con regularidad.
- Accesibilidad: Lo más habitual es que las estructuras de los cascos históricos sean irregulares, con rampas y escaleras inaccesibles para personas mayores o con algún tipo de discapacidad. Por ello, el Gobierno municipal debe instalar sistemas (rampas o escaleras mecánicas y ascensores) que permitan a esta parte de la población salvar este tipo de obstáculos.
* Consumer Eroski - Reportaje, pag.4 - junio 2008
Foto: Consumer
NOTICIA RELACIONADA: Cascos históricos urbanos: 18 ciudades, una a una - CONSUMER - Junio 2008
La UE investiga Gran Manises
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LEVANTE/Valencia* : La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido a trámite una denuncia del Agrupament Progresista de Manises (APM) -actualmente en el grupo municipal junto al PSPV- contra la macrourbanización Gran Manises y ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación.
La queja se presentó por APM en diciembre de 2007 por los "numerosos incumplimientos legales" que supondría la ejecución del PAI, en opinión de este partido. En concreto, en la denuncia se incidió en la "invasión del dominio público hidráulico" de diversos barrancos como el Salt de l'Aigua y el Fondo, además de ubicarse "en zona susceptible de inundaciones". Durante la tramitación del PAI también APM denunció estos asuntos ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Otro asunto al que se hace referencia en la queja es el impacto que Gran Manises tendrá sobre determinadas carreteras del Estado, así como "el elevado coste que supondrá hacer los accesos necesarios" al by-pass y al aeropuerto "sin que su definición y financiación estén de ninguna manera detallados en el proyecto urbanístico que se ha aprobado" y que presentó una empresa mixta en la que participa el Instituto Valenciano de la Vivienda. APM denunció asimismo estos condicionantes previamente ante el Ministerio de Fomento.
La Comisión de Peticiones ha respondido que "de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Parlamento Europeo, ha decidido admitirla a trámite, debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea".
Para APM, la decisión es "muy importante" ya que "una institución de prestigio va a investigar Gran Manises, un proyecto que, de realizarse, supondría convertir Manises en otra ciudad que duplicaría la actual población de 30.000 habitantes".
* Levante-EMV - Laura Sena, Manises - 29 de junio de 2008
Foto: Manises (Valencia), proyecto Gran Manises - lasprovincias.es
Más de 40 cargos públicos imputados por corrupción en Canarias en tres años
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LAPROVINCIA* : Más de cuarenta cargos públicos imputados por corrupción en Canarias en los últimos tres años es el balance que arroja la denominada operación manos limpias. Treinta y seis meses a algo más de un imputado por mes, o un cargo público imputado cada 26 días.
Desde que el juez Parramón ordenó la detención de Celso Perdomo por el denominado caso eólico, pasando por el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que situaba a Miguel Zerolo en el epicentro de una presunta trama de cobros ilegales en Santa Cruz de Tenerife, hasta la libreta de Mickey Mouse en la que Toñi Torres apuntaba los pagos secretos en Telde, el Archipiélago canario vive a sobresalto de portada de periódico.
Alcaldes y concejales, fundamentalmente, componen el grueso del perfil del cargo público imputado en Canarias, donde los últimos 36 meses han dado para mucho.
9 de febrero de 2006. Por orden del juez Parramón, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, la policía detiene a siete personas, entre ellos el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo. Arrancaba así el caso eólico, una presunta trama que pretendía hacerse con el negocio de los parques eólicos en el Archipiélago a cambio de comisiones por kilovatio de potencia adjudicada.
Pero sólo fue el inicio. El 1 de marzo de 2006, pasadas las siete de la mañana, la policía acudía a una vivienda de la calle Galicia, en la capital grancanaria, para detener a Toñi Torres, concejala de Obras Públicas en el municipio de Telde y cerebro de otra presunta trama de corrupción en torno al ayuntamiento cuyo objetivo era cobrar comisiones a empresarios por adjudicación de obras públicas.
La operación Faycán es la más voluminosa investigación de corrupción que se lleva en Canarias en estos momentos, con una cifra de imputados que ronda el medio centenar, doce de ellos cargos públicos. Un alcalde (Francisco Valido), nueve concejales, un asesor de obras públicas y un ex parlamentario, para ser exactos.
MOGÁN. Tras Telde, la ruta de la corrupción (presunta) tomó el camino de la autopista del sur de Gran Canaria para detenerse en Mogán, el turístico municipio de 21.000 habitantes. El 23 de enero de 2007, el alcalde del Partido Popular Francisco González y su teniente de alcalde, Onalia Bueno, se encontraban con una sorpresa a primera hora de la mañana en sus propios domicilios: la policía. Aunque sorpresa a medias, pues de las escuchas telefónicas que existen en el sumario judicial se deduce que ambos sabían de buena fuente que algo se estaba gestando en la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y que pronto serían detenidos.
La denominada operación Góndola se salda, por el momento, con un total de trece imputados, cuatro cargos públicos entre ellos: el alcalde, la teniente de alcalde y su padre, a su vez ex primer edil del municipio, y un concejal.
Tras Mogán, en junio de 2007, la operación manos limpias se detuvo en San Bartolomé de Tirajana, otro municipio turístico que levantaba sospechas de corrupción en los últimos años. Un concejal con mucho poder, Pacuco Guedes, es el cargo público imputado.
Pero hay más, está la operación Brisán que afecta a otros tres cargos públicos de Santa Brígida, y antes de todas ellas, el caso Icfem, que diez años después de su inicio sigue vivo con seis cargos públicos imputados. En total, más de cuarenta.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 29 de junio de 2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), puerto - wikipedia.org
La senda del Alhaurín
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EUROPASUR* : El fiscal del caso Astapa sostiene que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba según el patrón de Marbella. El modelo de gestión del maestro Jesús Gil ha hecho escuela, porque ha situado los resultados aparentes e inmediatos de los municipios de la Costa del Sol en un horizonte inalcanzable con la legislación, las reglas de juego democráticas y los métodos tradicionales de la Administración.
En los últimos veinte años no sólo ha dado un cambio copernicano la economía local a lomos del caballo desbocado de la construcción, sino que también ha calado hondo la idea de Gil de que los ayuntamientos hay que gestionarlos con criterios de empresa privada. El beneficio, el dinero, se han convertido en la pieza angular de un patrón de gobierno. Los medios no importan tanto como los resultados. El modelo marbellero tiene su punto de partida en una exagerada voracidad financiera del ayuntamiento. Lo cuentan distintos interlocutores en la Costa.
–Ser honrado es muy fácil o muy difícil. Eso es así en Estepona y en todas las marbellas de España.
–En Estepona se ha llegado a pedir 3.000 millones de pesetas por una recalificación.
–Yo he visto pedir más.
–¿En Estepona?
–No. En Marbella.
Insuficiencia financiera
“En una situación de bonanza, el dinero no hay quien lo pare”. La frase es de un observador de los cambios sociales ocurridos en la Costa del Sol desde que Jesús Gil consiguió 19 de los 25 concejales de Marbella en 1991. “El dinero es incontenible, le puede al político, le rebasa”. La debilidad económica de los ayuntamientos, denunciada por alcaldes de todos los signos políticos, inequívocamente democráticos, es el envés de la moneda. Es urgente un pacto local de ámbito nacional y regional. Pero no acaba de llegar. Y, mientras, está tan arraigada la idea de extrema necesidad de los ayuntamientos en el inconsciente colectivo, que toda maniobra para hacer dinero, aunque no se ajuste a la ley, es considerada legítima y tiene el beneplácito de la opinión pública y hasta de la oposición en muchos casos. En Estepona, algún reconocimiento de deuda, de obras ejecutadas sin contrato y sin concurso en el mandato de coalición entre socialistas y gilistas de 2003 a 2007, ha contado con la comprensión de la oposición.
Los operadores de la Costa tienen acuñado el término corrupción institucional para definir las irregularidades blancas, aquéllas en las que no hay blanqueo, ni dinero para el bolsillo del munícipe, ni financiación de partidos. Sólo el bien común, o dicho con un eslogan simplista, “lo mejor para el pueblo”. Éste es el inicio de todos los problemas. Y eso es posible porque la mayor parte de las decisiones de planeamiento dependen de la discrecionalidad del responsable municipal, mientras que la disciplina urbanística, las licencias de obra son procesos reglados, que deben atenerse a unos determinados criterios.
–Se habían creído que el problema estaba sólo en Marbella, después se encontraron con lo de Manilva.
–Y ahora, Estepona también.
–Se veía venir.
–Pero hay más.
–Hay mucho más, hay un modelo de gestión que escapa al Estado de Derecho.
–Ahí los tienes. Malaya en Marbella, con alcaldes gilistas como Julián Muñoz y Marisol Yagüe implicados, y la socialista Isabel García Marcos; Hidalgo entre Marbella y Estepona; Astapa en Estepona, con el alcalde socialista Barrientos imputado; Ballena Blanca entre Marbella y Manilva, con el alcalde gilista Tirado procesado.
–Y, además, está el caso Troya en Alhaurín el Grande, con el alcalde popular Juan Martín Serón empapelado.
–Astapa se parece a Troya.
–Más bien, está entre Troya y Malaya.
–Pero aquí no hay un Roca.
–No. Hay varios.
Un prestigioso profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Málaga lamenta este nuevo escándalo, porque va a terminar de echar de la política local a la gente de valía, que va a salir huyendo de todo lo público. Este mismo testigo privilegiado de lo que ocurre hace una advertencia: “Estamos en un Estado de Derecho, no en un Estado policial. Cuando la Policía o la Guardia Civil intervienen, ya el daño está hecho. Hay que establecer controles previos, con sutileza y cirugía. Si no, vamos a estar al nivel de los países del África subsahariana, ni siquiera como los del Magreb”.
–Los aprendices de Gil se han animado, porque han visto mucha impunidad.
–Gil ha hecho mucho daño a la autonomía local y la ha puesto en entredicho.
Isabel Conejo, la juez que instruye el caso Estepona, sostiene que Antonio Barrientos era el cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, no se especifica en qué grado. La existencia de unas cajas de seguridad en los bancos para guardar dinero B recaudado a las promotoras fue denunciada en 2004 en Estepona por el concejal del PP Ignacio Mena. Y negada entonces por el alcalde socialista Antonio Barrientos y por su lugarteniente gilista José Ignacio Crespo, ambos imputados. Aunque Mena y su informante se ratificaron ante la Fiscalía, la existencia de estas cajas también ha sido desmentida ahora ante la juez por Francisco Zamorano (PSOE), concejal de Hacienda también imputado. Crespo fue primer teniente de alcalde durante la Alcaldía de Jesús Gil Marín entre 1995 y 1999 e hizo el mismo papel con Barrientos entre 2003 y 2007.
La entrada en vigor en 2003 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía obligó a los operadores en la Costa a innovar los procedimientos. La LOUA estableció que los ingresos por convenios urbanísticos debían dedicarse a patrimonio municipal de suelo y no podían utilizarse hasta que se aprobase la modificación pactada. Sin ánimo de señalar a ningún ayuntamiento en concreto, el modelo de gestión estableció dos métodos de recaudación. El primero, satisfacer necesidades municipales en seguridad, limpieza, ambulancias o bomberos.
–Me compras una UVI móvil y te firmo este convenio.
Desde que Jesús Gil Marín llegó a la Alcaldía de Estepona en 1995 hasta que terminó la coalición roja/colchonera de Barrientos y Crespo en 2007 se firmaron en la ciudad convenios para realizar 120 modificaciones de elementos en el plan general, por una cantidad de metros cuadrados incuantificable. Millones de metros. Alguna de esas modificaciones, como la de la zona Este, equivale a uno o dos nuevos PGOU. Barrientos llevó a pleno 20 convenios el día antes de la entrada en vigor de la LOUA, para poder disponer del dinero sin las nuevas restricciones legales. Esta medida levantó la irritación de la secretaria provincial, Marisa Bustinduy. Todo el mundo dice en Estepona que “Barrientos presumía de tener valedores en Sevilla”. Motivo por el cual, hay dirigentes del PP que hasta exoneran de responsabilidad a la jefa socialista de la provincia de Málaga. Aunque también puede ser que lo hagan para cobrarse una pieza mayor, en la dirección regional del PSOE o en el Gobierno andaluz. En todo caso, la presencia de una hija del presidente del Senado, la abogada Patricia Rojo, como gerente de Urbanismo era frecuentemente invocada por el alcalde para despejar las críticas del partido.
–Hubo un momento, en 2004 en que Marisa le dijo a Barrientos que se habían acabado los convenios.
–Pero cuando el alcalde se lo dijo a Crespo, el líder del PES le invitó a comer y le explicó que ya tenía una moción de censura preparada.
–Y Barrientos recondujo la situación.
Desarticulación institucional
La presencia de Rojo en el Ayuntamiento también alienta una conexión vasca. La caja de ahorros de Guipúzcoa, Kutxa, es actualmente la propietaria del 100% de la empresa Valle Romano, una de las más dinámicas en la localidad, y cuyo ex consejero delegado está imputado. Pero aquí han operado otras empresas nacionales como la cordobesa Prasa, cuyo presidente también está imputado. En la lista de implicados por la juez figuran los patrones de las empresas locales Agrojardín y Codelsa.
El tren de vida de Estepona y los cuantiosos ingresos municipales vía urbanismo no han impedido que el Ayuntamiento tenga una deuda acumulada de unos 100 millones de euros. No es mucho, si se considera que un buen año el municipio podría ingresar esa cantidad por los convenios. Pero en pesetas suena muy fuerte: 16.638,6 millones. La deuda acumulada en Marbella durante los 16 años de reinado gilista multiplica esa cantidad por más de cinco. Estos déficits están ligados a plantillas claramente sobredimensionadas, de más de 3.000 personas en Marbella y de 1.300 a 1.600 en el caso de Estepona. La cifra precisa es difícil de saber. Hay concejales esteponeros que dicen que son 1.600, pero fuentes sindicales concretan que son 800 en las empresas municipales y 500 funcionarios. En ninguna de las dos localidades hay una relación de los puestos de trabajo, una plantilla orgánica articulada con sus jefaturas de servicio y negociado, como ocurre en la Administración general del Estado. El modelo reinante ha acabado con ese esquema. Roca adelgazó la administración oficial en Marbella y creó una paralela.
Éste esquema forma parte del modelo: los ayuntamientos son las principales empresas locales y si dan mucho empleo se convierten en un bien social por sí mismos, con independencia del resultado de su gestión. Gil demostró que esto genera un clientelismo muy rentable. Sus imitadores siguen su senda: los empleados municipales pueden convertirse en afiliados del partido del alcalde y éste controla el territorio. Desde 1995 el Ayuntamiento de Estepona ha multiplicado casi por cinco su plantilla, pero en los sistemas de contratación casi siempre ha estado ausente un procedimiento de verificación de mérito y capacidad. Esta es una de las vertientes de la investigación policial y judicial. La juez del caso en auto por el que envió a prisión incondicional al alcalde Barrientos decía que se ha contratado a numerosas personas “por razones de afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos”.
La mafia es uno de las leyendas de la Costa del Sol. Sin embargo, los investigadores, políticos, abogados, concejales y operadores consultados para este reportaje opinan que en esta operación de Estepona no se ha detectado blanqueo de dinero susceptible de ser identificado como procedente del crimen organizado.
–Aquí mafia, poca. Aunque hubo un famoso juicio en la Audiencia Nacional contra un turco afincado en Estepona, acusado de ser lugarteniente del más importante narcotraficante de heroína de Europa, que puso en evidencia cómo trabajan algunos bancos. Usted va al banco, da las órdenes verbales, ingresa, transfiere y se lleva el dinero que quiera. Y después la sucursal manda los papeles para su firma a un fiduciario gibraltareño, que administra unas sociedades pantalla.
–Y la Hacienda española no tiene la menor noticia de quién es el dueño.
–Pero vamos, este peculiar ‘modelo’ de financiación municipal en la Costa es doméstico.
–Hay una gran confusión de lo público con lo privado.
–Hay funcionarios que pueden informar una licencia de un señor para el que trabajan.
–Los empleados municipales no declaran su segunda actividad.
Se ha perdido el sentido del servicio público. “No se trata de mangantes, ni chorizos, salvo excepciones flagrantes. Sino de gente con otra ética, en la que existe el bien general, pero no está por encima de los intereses particulares”. Es la opinión de un operador en la Costa. A esto se añade la feroz competencia entre los partidos tradicionales y el afán por captar a los independientes, sean del origen que sean. Hay que sacar más concejales, traer artistas más famosos en la campaña, pegar más carteles… Y las direcciones de los partidos les dicen a los del pueblo: “Buscaros la vida”. Y se la buscan.
Falta de control social
Otra de las características de lo que el fiscal llama el patrón de Marbella es la relajación social que hay en la Costa en torno a la gestión municipal. Hay una pérdida casi absoluta de control social. Los ecologistas y las asociaciones de vecinos, muy organizadas en Marbella, no consiguieron parar a Gil. En Estepona hay grupos tan voluntariosos como minoritarios, con escasa base social.
La segunda cosa que ha propiciado la LOUA en la Costa es la financiación bajo cuerda, el dinero B, del que no hay constancia escrita alguna. El modelo ha adaptado varios métodos para capar dinero negro. Uno es vender los excesos de aprovechamiento a un precio inferior a la mitad de lo que valdría en el mercado, que luego es compensado con lo que la juez del caso Estepona llama “contrapartidas”. Otro camino es cobrar por dar la licencia de primera ocupación, aunque el trámite administrativo no exige ningún documento nuevo.
–Una tarifa de primera ocupación puede estar en 500.000 pesetas.
–Y en algunos sitios pueden llegar a los tres millones.
De hecho, tampoco hay un control transparente de las donaciones en especie, que no se atribuyen a un convenio determinado y de las que el pleno no siempre tiene noticia. Un concejal de la oposición en Estepona, recuerda algún caso en que se ha agradecido al donante su generosidad para con el pueblo, sin más.
La profesionalización de la política es otro de los elementos que ha envenenado el modelo. Una buena parte de la clase dirigente, que vive bien de la política en la Costa, no tiene medios de vida alternativos y ya no compite por sus ideas, sino por tener más medios, por no abandonar el poder. Buena parte de la estructura del modelo patentado por Jesús Gil se basa en la inoperatividad de la jurisdicción contencioso administrativa. El profesor consultado considera escandalosa la falta de implicación de la judicatura y su ineficacia. El retraso de los casos puede ser de cinco, seis o siete años, pero no se toman medidas cautelares. Este mismo experto propone medidas drásticas, como retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y definir de manera precisa las competencias municipales en una nueva Ley de Régimen Local.
En el auto de prisión contra Barrientos le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. Ahora parece un sarcasmo, pero el alcalde le puso en 2003 una querella al concejal del PP Ignacio Mena, por decir que “había convertido el Ayuntamiento en un chiringuito financiero”.
–Le ganó la querella en 2005, en Estepona y en la Audiencia Provincial.
–Eso sí, el honor del alcalde y del Ayuntamiento fue tasado por el juez en 30 euros.
–Ahora Mena va a pedir una revisión de la sentencia.
Hay muchos hilos en la madeja de Astapa de los que tira aun la instructora del caso. Los investigadores siguen preguntando, examinando papeles, encontrando datos sorprendentes.
–Una empresa implicada en el caso Malaya cerró un acuerdo en Estepona en febrero de 2007 con una modificación del plan que suponía hacer 150 viviendas más. Y no aparece el convenio por ningún lado.
Los imitadores de Gil han seguido sus pasos por caminos peligrosos. Han transitado por la misma senda. Y a alguno de ellos esa senda le ha llevado a la prisión de Alhaurín de la Torre. En Estepona, también.
* EuropaSur - Ignacio Martínez - 27.06.2008
Foto: Estepona (Málaga), plaza de las Flores - estepona.es
"No se puede crecer sin tener ordenado todo el territorio"
ELPAÍS/Entrevista* : Luis Sendra Mengual (46 años) asume la presidencia del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia en un momento de vacas flacas para el sector. Tras una etapa de frenesí urbanístico, cree que es momento de reflexionar sobre el desarrollo futuro y quiere que en el debate se escuche a los arquitectos.
Pregunta. ¿Cómo afrontan la crisis inmobiliaria?
Respuesta. Apretándonos el cinturón. La crisis no es de la construcción, es una crisis económica fuerte del país. El problema es que nuestro sector es un motor importantísimo. Lo primero que se ha perdido es la confianza y la gente ha dejado de comprar vivienda. Hay una psicosis de crisis que hay que evitar, pero los encargos a los arquitectos de viviendas se han reducido en estos primeros seis meses un 50% respecto a los del año pasado. Además, la vivienda protegida (VPO) en 2007 suponía un 8% frente al 92% de la libre. Ahora cae todo a la mitad y la VPO llega al 31%.
P. ¿Es una salida la VPO?
R. Se está haciendo más y seguirá subiendo, pero tiene un problema, y es que el precio de venta es fijo. Además, en el suelo de la VPO sólo se puede invertir el 15% del valor de la venta. La Administración ha subido ahora el módulo [de precio] de la VPO porque si no, no le entra ningún suelo por el coste.
P. ¿Qué opina del desarrollo urbanístico de la última década?
R. Nuestra comunidad en estos 10 años ha avanzado mucho. Hay cosas mal hechas y otras que se podrían haber hecho mejor, pero ha avanzado muchísimo. Lo que ocurre es que no se puede crecer sin tener ordenado todo el territorio. La LRAU permitía crecimientos fuera del planeamiento general. En origen fue una medida progresista que buscaba liberalizar el sector pensando en un abaratamiento del suelo y la vivienda. Pero eso no se produjo así. Hubo empresas que hicieron grandes proyectos que hacían falta, pero se quería quitar tanto peso al propietario que se dio alas a otro tipo de personaje.
P. ¿Al especulador?
R. Hablar de especulador en general... No es la palabra. Cuando abres el mercado entran especuladores, profesionales y gente que quiere ser empresario y dar soluciones. Ni es bueno el que amarra el suelo ni el que especula. En medio hay un río de gente que quiere hacer cosas y le sale bien, gana mucho. Pero lo de trabajar al margen de un planeamiento general se ha corregido con la nueva ley y lo va a corregir el propio mercado porque ahora no se vende. Mucho suelo del que se generó con expectativas, si se quiere, especulativas, no se va a desarrollar nunca.
P. O sea, que será la crisis la que frene la ocupación acelerada del territorio.
R. Va a ayudar a ordenar un poco más el territorio. Había una demanda continuada de vivienda en esta comunidad, un sitio cómodo, bonito. Ha venido mucha gente a la que le gustan nuestras ciudades, lo que tenemos. Y eso es lo que hay que proteger. La Comunidad Valenciana ha dado un salto cualitativo. Ahora son necesarios planes globales.
P. ¿Qué ordenación hace falta?
R. Hace falta un planeamiento territorial y hay que hablar con los municipios para ver cuál es su futuro. Lo que echábamos de menos es una estrategia territorial. La ha presentado el Consell y ahora por lo menos se va a hablar. No se puede estar en una comunidad y que cada uno vaya a la suya. Las infraestructuras, comunicaciones, espacios protegidos, los parques, son de todos. Ese plan territorial aún está en mantillas, pero empieza el debate. Ver la comunidad de una tacada es mucho más efectivo para el urbanismo y la calidad de vida que ver trozos localizados.
P. También se acaba de presentar el plan de la huerta. ¿Qué le parece?
R. Debemos ser capaces de mantener la huerta en el territorio metropolitano y darle un uso, porque las zonas que se protegen absolutamente al final se degradan. La huerta hay que usarla, tiene que haber un señor que la cuide, alguien que la pueda pasear. Es un bien para disfrutarlo. Igual que se decía que Valencia vivía de espaldas al mar y ahora ya vemos el mar, estamos de espaldas a la huerta, nos miramos el ombligo. Hace años que pedimos un plan para la huerta. Entre todos tenemos que darle una salida, pero de uso. No se puede preservar la huerta como en una urna. Si dejan hablar a todo el mundo seguro que sale algo positivo. Es un tema de acuerdo.
P. Valencia revisa su plan general. ¿Cómo debe crecer?
R. Es una revisión reducida y un reconocimiento de un plan de 1988 que se hizo con mucho futuro. Podemos estar contentos del desarrollo. Esta ciudad tiene que marcarse otra vez ese futuro y, con el cinturón de la huerta protegido, éste será el último momento. El final de la ciudad saldrá de este planeamiento. Valencia estará rodeada por L'Albufera, el parque del Turia y la huerta. El siguiente crecimiento será en municipios cercanos, pero la ciudad hay que acabarla.
P. ¿Y cómo hay que acabarla?
R. Se han propuesto una serie de enclaves. Están cogiendo espacios que eran de la huerta, pero por algún sitio hay que crecer. Lo que está claro es que cuando se aprueben el plan de la huerta y el plan general, la ciudad habrá acabado. El borde de la ciudad será la fachada a la huerta y habrá que tratarlo.
P. Ese borde se cerrará precisamente a costa de cuatro millones de metros cuadrados de huerta.
R. Normalmente, estamos a un 50% de ocupación en un plan urbanístico, porque habrá parques, etc. Imaginemos un final de baja densidad, un enlace entre la huerta y la ciudad escalonado. Eso me parecería bien. La sociedad demanda eso, una integración de la huerta en la ciudad. El plan ahora sólo habla de la acción territorial, luego se desarrollará y de eso aún no tenemos datos. Si esos bordes se tratan con cariño, creo que embellecerían la ciudad. Nosotros hemos hecho una alegación al plan y nos gustaría que se hablara de la ciudad con una visión metropolitana. A mí me gustaría que se mantuviera el máximo de huerta posible, pero no a cualquier precio. Debemos tener una huerta que se pueda mantener, darle carta de naturaleza al labrador, porque nos ayudará a ser la mejor ciudad de Europa.
P. ¿Qué actuación propondría para El Cabanyal?
R. Estoy aquí como representantes de los arquitectos valencianos y, en nuestro seno, pues hay de todo. Gente que estará a favor de una prolongación de Blasco Ibáñez a lo bruto, gente que dice que un barrio de pescadores con esa trama hay que mantenerlo al 100%, otra que piensa que hay que comunicar los sitios si queremos utilizarlos... Yo creo que la ciudad tiene que estar conectada con todas partes. ¿Qué le pasa a Blasco Ibáñez? Pues que es una avenida que va de un sitio a ninguna parte. Y luego tenemos una trama singular en un barrio que está en una zona a la que le cuesta arrancar, con bolsas depresivas. Yo prolongaría Blasco Ibáñez con el menor daño posible, cambiaría la escala. Pero desde luego hay que llegar de una forma cómoda con un estudio riguroso para mantener esa trama. Se puede compatibilizar la integración.
P. Otra intervención polémica, la de Tabacalera.
R. Tabacalera es un edificio de la Exposición Regional que en su origen no tenía las naves laterales. Estoy encantado con que tenga un uso. Lo que me molesta es que en esa manzana se vayan a hacer dos torres de viviendas. Tendrán que pensarlas mucho para integrarlas en una manzana singular. Quitar esas naves para un parque o un esponjamiento, no creo que sea lo más grave, sino que teniendo ciudad se tengan que hacer ahí dos edificios.
P. ¿Qué opina de la política de hitos arquitectónicos?
R. Los políticos tienen miedo a la crítica y, si cogen a alguien con nombre, piensan que no les ocurrirá. Tienen un poco de miedo a abrir la espita de los concursos, pero creo que tenemos muchos arquitectos capaces de hacer grandes proyectos. Algunos elementos singulares, bien colocados, siempre son buenos.
P. Quiere reforzar la presencia de los arquitectos en los debates públicos. ¿No les escuchan?
R. Yo creo que sí. Nuestro papel es el de asesorar y nos sentimos respaldados por la sociedad. Lo que no quiere nadie es ser utilizado. Hemos de estar siempre, no cuando le interese a alguien que estemos o nuestra opinión sea favorable a uno u otro. En el fondo, todos queremos lo mismo: ciudades bonitas, que se cuide el patrimonio, el entorno y que sean sostenibles.
* ELPAIS.com - Comunidad Valenciana - SARA VELERT 29/06/2008
