SOITU* : A los tradicionales motivos de fricción entre España y el enclave británico de Gibraltar se ha sumado uno nuevo: la preocupación medioambiental. Tras el vertido del carguero New Flame, ocurrido en febrero, las autoridades españolas temen ahora que el megaproyecto Eastside Proyect afecte negativamente las playas limítrofes.
La iniciativa prevé invertir 1.200 millones de libras esterlinas (unos 1.500 millones de euros) en la construcción de viviendas de lujo, aparcamientos, un puerto deportivo, hoteles y establecimientos comerciales en tierras ganadas al mar, entre Eastern Beach y Catalan Bay.
Con esta jugada sus promotores pretenden sacar tajada del negocio de los cruceros y las embarcaciones recreativas. Y además de lucrarse con tripulantes y turistas, quieren ofrecer servicios de mantenimiento y reparación a los yates que escapan de los calores del Mediterráneo para hibernar en el Caribe.
La Comisión de Desarrollo y Planificación (siglas en inglés, DPC) del Peñón ha dado su visto bueno, tras imponer una serie de restricciones. No ha permitido, por ejemplo, el dragado del extremo sur de la colonia, por temor a que dañe un área protegida por la ley europea. Sin embargo, la DPC ha dictaminado que el proyecto no repercutirá negativamente en las playas españolas aledañas, y, por consiguiente, ha aprobado el informe de impacto ambiental presentado por el promotor.
Pese a ello, en España no se quedan tranquilos; sobre todo cuando se ha sabido a través de la prensa gibraltareña que el proyecto ha recibido luz verde. El colectivo Verdemar-Ecologistas en Acción ya alertó en su día del riesgo de que el rellenado con escombros para ganar unos metros al mar alterase la dinámica litoral.
Tales inquietudes han llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores a enviar una Nota Verbal a la Embajada del Reino Unido en la que se afirma que la situación "no hace sino poner de manifiesto la justificación de los temores de España sobre las posibles consecuencias negativas del Eastside Project sobre el medio ambiente en la zona". Recuerda la Cancillería que, en virtud de las directivas europeas sobre impacto ambiental, ha venido solicitando toda la información sobre el proyecto, y que "se confiriese un plazo razonable a España para que indicase si deseaba participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental". Los británicos han hecho caso omiso de esos requerimientos. Por esa razón, se "reitera la solicitud de copia del estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto".
También se queja el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Suárez, que ha expresado su temor a que, "como sucede con otros asuntos en Gibraltar, una cosa es lo que se planea y otra la que se lleva a la práctica". Puso el New Flame de ejemplo.
Desde el lado gibraltareño replican que sus vecinos, antes de criticarles, deberían dar el ejemplo, toda vez que el Ayuntamiento de Algeciras, por no tener depuradora de aguas fecales, vierte miles y miles de metros cúbicos de líquidos residuales a la bahía.
El Eastside Development no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de obras de construcción de gran envergadura, que comprenden una terminal del aeropuerto, viviendas protegidas, una central térmica, una planta de tratamiento de aguas residuales, otra promoción urbanística y una prisión. Todas ellas prometen cambiar la cara al Gibraltar apacible y somnoliento, poniéndolo a tono con el frenesí urbanístico del que tanto se han beneficiado los promotores del otro lado de la frontera.
* Soitu.es - PABLO FRANCESCUTTI - 18.06.2008
Foto: Gibraltar bahía - Ben30, Flickr
Fricciones con Gibraltar por un megaproyecto urbanístico
Nueve alcaldes han sido detenidos desde la operación ´Malaya´
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LAOPINIÓN* : La detención del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, del PSOE, por su presunta implicación en un caso de corrupción urbanística ha elevado a nueve los alcaldes que han sido detenidos ejerciendo su cargo por este tipo de delito desde que se destapara la operación ´Malaya´, en Marbella, en 2006.
La entonces alcaldesa del municipio marbellí, Marisol Yagüe (GIL), fue la primera en caer. Fue detenida el 29 de marzo de 2006, en el marco de la ´operación Malaya´, que puso al descubierto una trama de corrupción en el Consistorio, y dentro de la cual fueron detenidas más de ochenta personas. Imputada por varios delitos de cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas, el 1 de abril de 2006 ingresó en prisión, de la que salió el pasado 13 de septiembre tras satisfacer una fianza de 60.000 euros.
El siguiente fue Francisco Valido (PP), ex alcalde de Telde (Gran Canaria). Fue detenido el 7 de noviembre de 2006, en el ´caso Faycan´, destapado tras denunciar una empresaria que la Concejalía de Obras Públicas le había exigido una comisión del 20% para lograr una licencia de obras. Imputado de un cargo de cohecho, quedó en libertad provisional el 8 de noviembre de 2006, tras abonar una fianza de 80.000 euros. Suspendido de militancia en el PP, renunció al cargo el 10 de noviembre.
Eugenio Hidalgo (PP) era alcalde del municipio mallorquín de Andratx (Mallorca) cuando fue detenido el 27 de noviembre de 2006, en el marco de la ´operación Voramar´. Ingresó en prisión en dos ocasiones y el 26 de mayo de 2008 fue condenado a cuatro años de cárcel dentro de la primera pieza juzgada del caso.
El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, fue arrestado el 18 de enero de 2007, imputado por un delito de cohecho y prevaricación en una supuesta trama urbanística. Quedó en libertad, al día siguiente, tras pagar una fianza de 100.000 euros.
José Francisco González (PP), alcalde de Mogán (Gran Canaria), detenido en la ´operación Góndola´ el 23 de enero de 2007 fue el quinto alcalde arrestado por corrupción urbanística. El 26 de enero de 2007 quedó en libertad con cargos y se reincorporó a su puesto en el Ayuntamiento, tres días después.
El alcalde de Totana (Murcia), José Martínez Andreo (PP) fue detenido el 29 de noviembre de 2007, en la ´operación Totem´, sobre una presunta trama de corrupción urbanística en la que fueron detenidas 16 personas. Permaneció en prisión hasta el 1 de febrero de 2008, fecha en la que satisfizo una fianza de 70.000 euros, reincorporándose después a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento.
El alcalde de Zurgena (Almería), Cándido Trabalon (PA), y el de Torre Pacheco (Murcia) han sido los dos últimos regidores arrestados . Ambos fueron detenidos el 2 de abril de 2008. El primero por su presunta relación en la concesión irregular de licencias para 85 viviendas. Quedó en libertad dos días después. El segundo fue arrestado por la permuta de una parcela de propiedad municipal destinada a dotaciones deportivas a cambio de cuatro fincas propiedad de naturaleza rústica. El 29 de abril salió en libertad con cargos.
* La Opinión de Málaga - 18 de junio de 2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Los vecinos piden que todo el espacio de la cárcel de Carabanchel se dedique a dotacional
MADRIDIARIO* : Los vecinos de Carabanchel se manifestaron este lunes ante el Ministerio del Interior para exigir que todo el espacio de la cárcel de Carabanchel se convierta en dotacional público. Denuncian que la zona está desprovista de estas dependencias municipales y que el acuerdo firmado es una "operación especulativa".
Una veintena de vecinos, pertenecientes a las asociaciones de Carabanchel y Aluche pidieron, en el acto de firma del protocolo de desarrollo del ámbito urbanístico de la antigua cárcel del distrito, que se utilicen los terrenos para construir numerosas infraestructuras públicas. Denuncian que la zona está desprovista de estas dependencias municipales y que el acuerdo firmado es una "operación especulativa".
Según Pedro Casas, portavoz de los vecinos, "se ha constatado el triunfo parcial de la lucha vecinal, que desde hace 15 años ha pedido que se utilice la cárcel para traer a la zona un hospital. Sin embargo, no estamos satisfechos porque no se ha cumplido el acuerdo de 2005 en el que se prometía que el espacio se dedicaría a zonas públicas".
Casas explica que se ha ninguneado a los vecinos en la negociación y que es inadmisible que se especule con terreno expropiado para hacer una cárcel. Pidió que se reutilice la nave central de la antigua cárcel como un centro de memoria histórica, "para eliminar la visión de Carabanchel como una zona estigmatizada y convertirla en una zona de paz". Indicó que es necesario todo el espacio para dotaciones públicas ya que en la zona vive más de medio millón de habitantes. Por eso, aseguró que los vecinos seguirán luchando hasta donde puedan para que se consiga dedicar más espacio a dependencias públicas.
* Madridiario - 16-06-2008 - Enrique Villalba
Foto: Juan Luis Jaén - madridiario.es
Estepona: Un urbanismo bajo sospecha fija
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MÁLAGAHOY* : La actuación de los estamentos judiciales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el marco de la operación Astapa en el municipio de Estepona ha permitido poner sobre la mesa las numerosas sospechas que desde hace años se ciernen sobre el urbanismo de esta localidad de la Costa del Sol.
Un hecho que queda constatado con un simple y somero repaso de las decisiones municipales adoptadas en el Consistorio desde 2003, periodo que puede ampliarse sin género de dudas a la época de gobierno del antiguo GIL. El uso del dinero procedente de la firma de convenios con empresas privadas para el pago de las nóminas municipales, los aumentos de edificabilidad permitidos, los intentos de recalificación de terrenos… son algunas de las señas que identifican la gestión municipal en esta materia. Y no faltan los ejemplos.
Infracciones
A fecha de agosto de 2007, pocos meses después de los comicios municipales de mayo, el equipo de gobierno en el municipio admitió la acumulación de casi 1.600 infracciones urbanísticas, con un volumen de expedientes similar al de la vecina y polémica localidad de Marbella. Esta cifra se ve complementada con los datos recopilados por la Consejería de Obras Públicas entre los años 1994 y 2004, según los cuales el Ayuntamiento impulsó más de cien modificaciones de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), siendo el municipio de España que más cambios aplicó a su documento. "El urbanismo de esta ciudad está mal", sentenciaron desde la Administración autonómica, hasta el punto de que existía un acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo para no autorizar más cambios.
¿Comisiones urbanísticas?
El alcalde de Estepona negó la existencia de vínculos entre el Ayuntamiento del municipio y el cobro de comisiones urbanísticas. La reacción se produjo después de que se publicara una parte del sumario del caso Hidalgo en la que un intermediario aseguraba que había pagado "un montón de dinero a gente del Ayuntamiento de Estepona para conseguir una licencia de urbanización". En el informe policial aparecen una serie de negociaciones y presuntos pagos de personas con intereses en suelos de Estepona con funcionarios públicos o relacionados con el Consistorio, al objeto de conseguir edificar en unos terrenos adquiridos por uno de los imputados en la trama de blanqueo de capitales abierta a raíz del caso Hidalgo. En ese momento, Barrientos dijo: "Si hubiera habido algo digno de reseñar, ya lo habrían hecho los jueces".
Discrepancias internas de Valadez
Las críticas realizadas por el concejal David Valadez en septiembre de 2006 contra la política urbanística del equipo de gobierno pusieron sobre la mesa las dudas que pesaban sobre la tarea de Barrientos y sobre la labor de los entonces socios de gobierno, los ex miembros del GIL. Las palabras del entonces portavoz municipal del PSOE no le sentaron nada bien al regidor, que al día siguiente optó por expulsarlo del grupo municipal. En este contexto, Valadez denunció que se incumplía el decálogo urbanístico aprobado por su partido, a lo que el alcalde respondió: "No estoy dispuesto a recibir lecciones de moralidad, de socialismo ni de lucha contra la corrupción de nadie".
Intervención de la Fiscalía
En los últimos años no han sido pocas las veces en las que la política municipal de Estepona ha estado bajo la lupa del ámbito judicial. En marzo del pasado año, la Fiscalía admitió a trámite una denuncia presentada por Estepona 2007 en relación al expediente de Cortijo Casareño, por el que se pretendían vender tres parcelas de suelo a una sociedad mercantil sin sacarlas previamente a subasta, contraviniendo la normativa urbanística. En esta misma línea, pero en enero de 2005, el Ministerio Fiscal inició una investigación por la presunta existencia de cajas de seguridad en bancos relacionadas con asuntos urbanísticos del Ayuntamiento.
Dinero para sueldos
Uno de los principales fines a los que pretendía destinar Barrientos parte del dinero obtenido de convenios urbanísticos era la paga de las nóminas municipales. Este hecho se produjo en marzo de 2006, cuando el regidor trató de aprobar trece acuerdos, decisión que se vio frenada por la Junta de Andalucía. Pero este procedimiento no es aislado. El propio alcalde informó a finales de 2005, a pesar de las advertencias realizadas por el tesorero municipal, de su intención de destinar 5 millones de euros procedentes de dos convenios que no habían sido aprobadas a sufragar los sueldos de los 700 trabajadores del Consistorio. La medida provocó la crítica del tesorero, que advirtió con denunciarla, al estar prohibido emplear este tipo de aportaciones a pagar nóminas. Antes, en noviembre de 2004, acordó destinar parte de otro acuerdo a este mismo cometido. Sin ser una justificación, los gobiernos que sucedieron al GIL al frente de la Alcaldía se vieron obligados a asumir la gestión de una plantilla sobrecargada y muy por encima de las posibilidades económicas del Consistorio.
Aportaciones de Prasa
A lo largo del pasado mandato, el Ayuntamiento recibió más de 1,1 millón de euros en concepto de aportaciones voluntarias por parte de la empresa Prasa. Así lo admitió el propio alcalde del municipio, quien vinculó esta cuantía con el cobro de las plusvalías de los 2.137 metros cuadrados de incremento edificable que se le permitió a constructora en el barrio de El Pinillo. Parte de este dinero, 30.000 euros, se empleó en 2003 en la financiación de la iniciativa Verano Cultural. Al año siguiente se consignó una nueva aportación de 300.000 euros para el pago de los cargos de confianza y del gasto corriente del Consistorio. Y a estas aportaciones, según denunció el PP, se sumó otra de 830.000 euros a cambio de "favores urbanísticos". En este periplo, el Ayuntamiento de Estepona aprobó compensar a Prasa con un aumento de la edificabilidad que le correspondía en unos terrenos situados en las afueras del municipio en contraprestación por la demolición de la mayor parte del hotel construido por esta firma a pie de playa y declarado ilegal por Costas.
Incompatibilidad de Manuel Reina
En octubre de 2004 se supo que Manuel Reina, uno de los concejales del Partido de Estepona (PES) detenido en el marco de la actual operación Astapa, había compaginado durante casi un año y medio su cargo político como concejal de Hacienda y consejero de la Empresa Municipal de Planificación y Desarrollo Urbanístico con la administración de varias empresas cuyo objeto social estaba vinculado al campo urbanístico e inmobiliario. Este hecho hizo que los grupos de la oposición exigieran su dimisión, paso que en ningún caso se dio.
Conflicto con la Ley Urbanística
Uno de los momentos álgidos de la carrera política de Antonio Barrientos se vivió en diciembre de 2005, en las vísperas de que entrase en vigor una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que impedía a los ayuntamientos recibir dinero procedente de acuerdos urbanísticos hasta que no se iniciase el desarrollo de los suelos. El regidor socialista optó por ir adelante y convocó un Pleno 48 horas antes de que se hiciese efectiva esta limitación para dar luz verde a trece acuerdos, que iban a reportar 24 millones de euros a las arcas municipales. Barrientos, tras numerosas presiones por parte de la dirección regional del PSOE-A, anuló la convocatoria.
Recalificación de Selwo
A principios de 2006, Barrientos defendió la posibilidad de recalificar para uso residencial parte de los suelos del parque de Selwo, al objeto de que se permitiese la construcción de viviendas de lujo. Según explicó en su día el alcalde, la iniciativa pretendía la división de los 900.000 metros cuadrados de este espacio en tres bolsas que saldrían a concurso. Una de ellas, de 333.000 metros permitiría mantener las instalaciones del zoo; otros 200.000 metros irían destinados a equipamientos deportivos, y los restantes 500.000 metros, a uso residencial. De acuerdo con los datos que se barajaron en su momento, la intervención iba a suponer unos ingresos de entre 30 y 40 millones de euros para el Ayuntamiento. Sin embargo, de nuevo, la aspiración del alcalde socialista se topó con la negativa de la Junta, que rechazó de plano el proyecto de recalificación. Un día después del pronunciamiento de la Administración autonómica, Barrientos dio marcha atrás y descartó el cambio de uso de los suelos.
El engaño del H-10
El Ayuntamiento concedió la licencia de apertura del hotel H-10 Estepona Palace a pesar de que la edificación sobresalía en 1.500 metros de techo la edificabilidad fijada. Antonio Barrientos justificó la medida en el interés de defender el interés general. La posibilidad de legalizar este sobrante de construcción fue descartada hasta en tres ocasiones por la Junta de Andalucía. De hecho, el entonces delegado provincial de Obras Públicas José María Ruiz Povedano justificó la negativa en que la actuación planteada por el Consistorio buscaba "duplicar la ocupación de la parcela y la elevación en altura del edificio". Sin embargo, pocos meses después de estas declaraciones, la Comisión provincial de Urbanismo acabó por aceptar dicho incremento. La medida, no obstante, fue de nuevo subsanada en julio de 2005, cuando la Junta impugnó el aumento de edificabilidad tras comprobar que el expediente municipal al que dio luz verde no incluía los informes contrarios del asesor jurídico, del secretario municipal y de un arquitecto.
La 'garrapata' del PES
Uno de los elementos que permite visualizar más a las claras la situación política que se ha vivido en Estepona en los últimos años ha sido la tensa y contradictoria relación mantenida por el PSOE y el PES, integrado por los antiguos concejales del GIL, socios de gobierno el pasado mandato. De ser compañeros de fatigas, los ediles de ambas formaciones pasaron en apenas unos meses a convertirse en enemigos irreconciliables. Uno de los episodios de mayor tensión se produjo el 22 de marzo de 2007, cuando en vísperas a las elecciones municipales, el alcalde esteponero, Antonio Barrientos, llamó "garrapatas" y "buenos ladrones" a los que en ese momento seguían siendo sus socios de gobierno. Asimismo, justificó la suscripción del pacto entre 2003 y 2007 para "vigilar de cerca" e incluso aseguró que por todo ello eludió cederles la Concejalía de Urbanismo. Sin embargo, pocos días antes de la celebración de los comicios, el ahora detenido Manuel Reina sostenía que Barrientos firmó un acta notarial en junio de 2003 en el que garantizaba la Delegación de Urbanismo al PES tras las elecciones autonómicas.
* Málaga Hoy - 18.06.2008
Foto: Estepona (Málaga), vista aérea - malagahoy.es
La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Sebastià Vidal por el Caso Caballistas
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DIARIODEMALLORCA* : La Fiscalía de Baleares solicitó hoy una pena de 6 años de cárcel y una multa de 36.000 euros para el ex-alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal (PP), como inductor de un delito de falsedad en documento oficial y como autor material de un delito de falsedad documental en el Caso Caballistas, en el que hay 14 imputados, entre los que se encuentran altos cargos del PP, acusados de emitir en 2004 supuestos certificados falsos para legalizar una casa en suelo rústico de Vidal como si fuera un club hípico.
Precisamente, el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antonio Monserrat, acordó hoy la apertura del Juicio Oral contra los 14 acusados, entre los que se encuentran el alcalde de Campos, Andreu Prohemb, para quien la Fiscalía reclama tres años de cárcel, una multa de 6.000 euros y la inhabilitación especial para cargo o función pública en la administración local, autonómica o estatal durante un periodo de cinco años.
El fiscal solicita 6.000 euros de multa y la suspensión para cargo o función pública en la administración por un periodo de nueve meses para la alcaldesa de Felanitx y parlamentaria del PP, Catalina Soler; el alcalde de Selva, Joan Rotger; el alcalde de Montuiri, Gabriel Matas; el alcalde de Santanyí, Miquel Vidal; el alcalde de Lloret, Joan Jaume; el alcalde de Sa Pobla, Antoni Serra; y el alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo.
Asimismo, también están imputados el celador de Obras del Ayuntamiento de Ses Salines, Sebastián Escalas, y el secretario del Consistorio de Campos, Sebastià Portell, para quienes la Fiscalía reclama cuatro años de prisión y la inhabilitación especial para cargo o función pública en la admnistración durante un periodo de 5 años. Además, pide una multa de 3.000 euros para Escalas y otra de 6.000 euros para Portell.
Finalmente, la Fiscalía imputa el delito imprudente de falsedad en documento oficial al teniente de alcalde de Llucmajor, Joan C. Jaume; el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; y el concejal de Inca, Joan Llabres, para quienes pide una multa de 6.000 euros y suspensión para cargo o función pública en la administración durante nueve meses.
CONSTRUCCIONES ILEGALES
El fiscal acusa a Vidal de elaborar y firmar un documento en papel oficial del Ayuntamiento de Ses Salines, fechado a 11 de agosto de 2004, en el que como alcalde de este municipio daba fe de que la Agrupación de Caballistas de Ses Salines actuó en esta localidad, en diversas exhibiciones, demostraciones y espectáculos desde 1995, con el fin de obtener la declaración de interés general para legalizar las construcciones de una vivienda unifamiliar aislada, una nave y otras construcciones en una parcela de 8.878 metros cuadrados, situada en suelo rústico.
Así, la Fiscalía señala que el tamaño de la parcela era muy inferior al requerido por la normativa urbanística (14.000 metros cuadrados) para poder construir, de forma que había tratado de legalizar la nave indicando que era para uso agrícula, aunque dicha solicitud fue denegada.
Por ello, Vidal sólo tenía como único medio de legalizar lo construido que la administración declarase el interés general de las actividades que se iban a desarrollar en esta parcela y en las distintas construcciones, para lo cual, hizo que la Agrupación Caballista de Ses Salines promoviera la tramitación de un expediente solicitando la declaración de interés general y la legalización de las edificaciones, alegando que su uso se destinaba a la actividad de un club social hípico.
De esta forma, el fiscal apunta que el ex-alcalde de Ses Salines no solamente elaboró el citado documento contrario a la realidad debido a que la Agrupación no existía, sino que convenció a otros diez alcaldes para que realizaran documentos con un contenido similar e "inveraz", asegurándoles en algunas ocasiones que el contenido de lo que firmaban se correspondía con la realidad y en otras prevaliéndose de su cargo de alcalde y de su militancia política.
FIANZAS DE HASTA 60.000 EUROS
Finalmente, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal ha decretado libertad provisional para los 14 acusados, aunque les solicita una fianza en el plazo de cinco días, que oscila entre los 14.000 y los 60.000 euros, con el fin de asegurarse de que los imputados pagarán las multas y las costas del proceso judicial.
Así, pide 60.000 euros a Sebastià Vidal, mientras que reclama 20.000 euros a Andreu Prohems, Sabastià Portell, Miquel Vidal, Joan C. Jaume, Joan Jaume, Catalina Soler, Antoni Serra, Joan Llabrés, Joan Rubert, Antoni del Olmo, Joan Rotger y Gabriel Matas. Finalmente, reclama una fianza de 14.000 euros a Sebastià Escalas.
* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS. PALMA - 17.06.2008
Foto: Ses_Salines (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com
El TSJ anula el Plan Rector de La Albufera que el Consell usó para permitir edificaciones
LEVANTE* : El Parque Natural de la Albufera, el más importante y emblemático para los valencianos, sigue sin tener una regulación específica desde su declaración como espacio protegido en 1986. Diversos recursos y sentencias judiciales impidieron la elaboración de un Plan Rector de Uso y Gestión que debía haberse aprobado en el lejano 1995. Cuando finalmente el Consell decidió aprobar el PRUG en 2004 lo hizo entrando en contradicción con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, más restrictivo. Ahora ha sido anulado.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado el parcialmente el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de La Albufera que fue aprobado por el Gobierno valenciano mediante el decreten 2004 y con el que se pretendió, entre otros objetivos, abrir la puerta a la consolidación de edificaciones irregulares en diversas pedanías y municipios, y a la urbanización ex novo de 10 hectáreas en Pinedo justificadas, dijo el Gobierno valenciano, en las "necesidades sociales" de los desalojados en La Punta por la ampliación de la ZAL del puerto.
El recurso fue presentado por Acció Ecologista-Agró en 2005 y en el proceso se han personado, además de la Generalitat Valenciana, los ayuntamientos de Valencia y Sollana, una asociación de cazadores, varios particulares y los propietarios de una discoteca enclavada en el parque natural.
"Los de mayor relevancia"
Yolanda Monroig, que en la fecha de presentación del recurso presidía AE-Agró y que ha representado como letrada a la asociación ecologista en el proceso, aseguró ayer que los contenidos del PRUG anulados por el TSJ "son los de mayor relevancia ya que se refieren a aspectos como la zonificación, la actividad urbanística y edificatoria y, sobre todo, a la prevalencia del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales sobre el Plan Rector de Uso y Gestión"
La sentencia solo acepta tres de los motivos de impugnación del Decreto 259/2004 del Consell, aunque éstos afectan a los aspectos esenciales y más controvertidos del texto legal impulsado entonces por el conseller Rafael Blasco.
En concreto, la sentencia anula toda la zonificación del Parque Natural, que comprende "todos los ámbitos territoriales del parque, su régimen general de uso y gestión y los usos prohibidos en cada uno de ellos", según interpreta Acció Ecologista-Agró.
Modificaciones anuladas
Además, el fundamento noveno de la sentencia destroza todo el entramado legal con el que el Consell quiso modificar el régimen urbanístico vigente en La Albufera, con especial incidencia en dos aspectos concretos: las llamadas "áreas edificadas", que ahora no podrán ser consolidadas-regularizadas- por la edificación, y las actuaciones previstas en el entorno de Pinedo, El Palmar y el Perelló.
El PRUG ahora anulado parcialmente permitía la urbanización de 10, 17 hectáreas de las 21.000 que tiene el paraje. Este suelo "urbano" se repartía entre Pinedo (6,14 hectáreas), El Perelló (2 hectáreas) y El Palmar (2,03 hectáreas).
La Generalitat aseguró entonces que la urbanización de suelo protegido en Pinedo se justificaba en una "finalidad social"
Yolanda Monroig recordó en este sentido que una de las consecuencias "más directas de la sentencia es que las previsiones de la Revisión del Plan General de Valencia sobre edificación den Pinedo deberían quedar automáticamente anuladas".
El citado documento plantea la reclasificación de 69.171 metros cuadrados para la construcción de 345 viviendas.
Para la abogada de la organización ecologista, el Consell era "muy consciente" de que no podía plantear un Plan Rector de Uso y Gestión que contradijera los términos del PORN, porque eso sería ir contra un principio fundamental como es el de la prevalencia jurídica, "pero lo hicieron con una disposición derogatoria que ahora ha sido declarada nula por la sentencia".
* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 18.06.2008
Foto: Valencia, l'Albufera - elmundo.es
Aumentan a 25 los detenidos en una operación contra la corrupción urbanística en Estepona
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ELPAÍS/Málaga* : Después de Marbella, Estepona. La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en marcha una operación contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona que hasta el momento se ha saldado con 25 detenidos, entre quienes se encuentra el alcalde, el socialista Antonio Barrientos, cuatro concejales, varios ex concejales, empresarios y técnicos municipales.
La trama, que se dedicaba al cobro de comisiones ilegales a cambio de concesiones de obras, arranca en la anterior legislatura, en noviembre 2006. A los implicados se les imputan supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y cohecho.
A última hora de la tarde, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, que instruye la Operación Astaza, ha empezado a tomar declaración a cinco de los 25 detenidos. Los primeros en comparecer han sido M.C.H y J.L.C.A. Se espera que esta noche se conozca si se toma alguna medida judicial contra ellos. El resto de arrestados comparecerá mañana miércoles a primera hora.
En la Operación Astapa están detenidos tanto socialistas como un concejal del Partido Estepona (PES), Manuel Reina. Esta formación nació con ex integrantes del Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundara el fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil. Entre los arrestados está el arquitecto municipal Arturo Cebrián, al que unas escuchas telefónicas ya vincularon el pasado febrero con un presunto caso de blanqueo de capitales; la edil de Educación, María Victoria López, la concejal de Playas, Marisa Rodríguez Pino, el concejal de Economía y Hacienda y portavoz municipal del PSOE, Francisco Zamorano; el jefe del Gabinete de la Alcaldía, José Flores, y el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur. Por la tarde, el Cuerpo Nacional de Policía ha anunciado la detención en Bilbao, donde se han practicado dos registros, de una persona relacionada con la trama corrupta de la localidad malagueña.
La supuesta corrupción en Estepona tiene ramificaciones en otras ciudades, ya que se han practicado registros en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián, en total 38. Además, se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Según la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, también se han cursado órdenes de bloquear cuentas corrientes y activos financieros de 78 personas físicas y jurídicas.
En cuanto al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), salió detenido de su casa a las 14.00 acompañado de agentes del Cuerpo Nacional de Policía que, durante varias horas, registraron su vivienda. En el registro los agentes se han incautado de algunos documentos. También se han practicado registros en el Ayuntamiento y otras dependencias municipales, como las de Urbanismo y Hacienda.
Detención del arquitecto municipal
Todo comenzó sobre las nueve de la mañana, cuando agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía escoltaron al alcalde del municipio desde su residencia en la urbanización Bahía Azul hasta las dependencias del Consistorio.
Otros agentes acudieron al edificio Puertosol, donde se encuentran las delegaciones municipales de Urbanismo y Hacienda para proceder a su registro, en presencia de los concejales de ambas áreas, Rafael Duarte y Francisco Zamorano, ambos del PSOE. Varios secretarios de los juzgados de la vecina ciudad de Marbella han sido movilizados para participar en los registros.
Esta nuevo golpe contra la corrupción urbanística es de similar envergadura al de la Operación Malaya, que desarticuló la mayor trama de corrupción urbanística en España en mayo de 2006, y según fuentes de la investigación, ha surgido como un fleco de ese caso. La Fiscalía Anticorrupción considera que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de Marbella, bajo el gobierno del GIL. En la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban las adjudicaciones de las obras obtenían un beneficio económico.
Expediente de expulsión contra los implicados
Tras conocerse las detenciones, la Ejecutiva regional del PSOE andaluz ha abierto expediente de expulsión al alcalde y a los concejales de Estepona implicados en la investigación policial. Por su parte, la dirección federal del PSOE ha entrado en contacto con la Ejecutiva regional. El expediente está abierto, pero sin precisar aún su alcance hasta no conocer el resultado de la investigación policial y judicial, informa Anabel Díez. La norma del PSOE es siempre de "tolerancia cero" frente a casos de corrupción, ha dicho el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso.
Antonio Barrientos está al frente del Ayuntamiento de Estepona desde 2003, cuando formó gobierno con los apoyos del GIL. En las pasadas elecciones municipales, en mayo de 2007, el PSOE mejoró sus resultados y subió de seis a 11 el número de ediles, frente a los cinco del GIL y del PP.
El PSOE pide al PP la misma contundencia contra la corrupción
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha declarado que la Policía hace "su trabajo siempre y todos los días", pero no ha dado ningún detalle de la operación porque, ha recordado, el sumario es "secreto". Álvaro Cuesta, secretario socialista de Política Municipal, se ha preguntado por qué el PP no actúa "con la misma contundencia contra los casos de corrupción surgidos en sus filas" como hace el PSOE.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado su respeto por los procesos judiciales abiertos, aunque ha pedido al PSOE que dé las explicaciones pertinentes en este caso. Además, ha subrayado el "interés especial" del PP en erradicar los casos de corrupción.
Desde las filas de IULV-CA, su secretario general, Diego Valderas, ha anunciado que su formación va a solicitar la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Estepona para que se indague "hasta las últimas consecuencias".
Un ayuntamiento gobernado por cuatro partidos
El Ayuntamiento de Estepona está compuesto por 11 concejales del PSOE, 5 del PP, 5 del Partido de Estepona (PES) -integrado por ex miembros del GIL-, dos del Partido Andalucista, uno de IU y uno de Estepona 2007 -una ex alcaldesa del PP-. El Gobierno municipal está integrado por los once concejales del PSOE, los dos del PA, el de IU y el de Estepona 2007.
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Madrid - 17/06/2008
Foto: Agentes de la Policía impiden el paso al Ayuntamiento de Estepona durante el registro- EFE
Teguise y Yaiza pierden una gigantesca bolsa de suelo para dotaciones
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : Los municipios de Teguise y Yaiza han perdido más de 1.500.000 metros cuadrados de terreno para dotaciones públicas y privadas por el incumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Lanzarote (PIOT) que ha supuesto un incremento irregular del suelo turístico en detrimento del uso residencial y para equipamientos.
Esta es la conclusión a la que ha llegado la oficina del PIOT de Lanzarote tras analizar los incumplimientos cometidos en materia de ordenación del territorio por los promotores de los planes parciales situados en las localidades de Playa Blanca (Yaiza) y Costa Teguise (Teguise).
El Plan Insular aprobado en 1991 desclasificó, por un lado, un total de 250.000 plazas turísticas que se podían construir en Lanzarote y, por otro lado, obligó a los planes parciales existentes a redistribuir su edificabilidad. Así, para el uso turístico sólo se podía destinar un máximo del 50% de la edificabilidad del plan, mientras que se establecía un mínimo del 25% para uso residencial y otro mínimo del 25% para uso de equipamientos.
Los promotores de los planes parciales, con el consentimiento de los ayuntamientos, sobrepasaron la edificabilidad turística para construir más plazas alojativas de las permitidas. La construcción de hoteles y apartamentos en suelo que no podía ser destinado para uso turístico ha restado alrededor de 700.000 metros cuadrados en edificabilidad para equipamientos, lo que en la práctica supone un mínimo de 1.500.000 metros cuadrado de suelo.
CONSECUENCIAS. La consecuencia de esta pérdida de
edificabilidad afecta a la construcción de centros comerciales, guarderías, centros educativos, centros de salud, parques y zonas verdes. Aunque los planes parciales puedan adaptarse al PIOT, en algunos casos será imposible encontrar más suelo, a no ser que se proceda a la demolición de los establecimientos turísticos que hayan sido construidos en suelo no apto. Esta sustracción de suelo supone en la práctica que los ayuntamientos tengan que recalificar suelo rústico para nuevas edificaciones. Es decir, consumir más suelo del que se había previsto para estos equipamientos en el PIOT. El plazo que tenían los planes parciales para adaptarse al PIOT finalizó en noviembre de 1991.
* La Provincia - D. RIVERO - ARRECIFE - 16.06.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es
Detenidas otras seis personas en Chiclana por la trama Obra Nueva
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DIARIODECÁDIZ* : La trama Obra Nueva ha vuelto a deparar un nuevo capítulo a lo largo de este pasado fin de semana con la detención, en Chiclana, de seis personas y la imputación de otras tres, según han confirmado fuentes policiales. Están acusadas de falsedad documental y estafa tras obtener préstamos hipotecarios por viviendas que no existían o eran distintas a las tasadas.
La historia es similar a la última de las actuaciones llevada a cabo por la Guardia Civil sobre propiedades existentes, precisamente también, en el Camino de Algodonales, de nuevo escenario ahora de presuntos delitos relacionados con la construcción.
En este caso, los detenidos están acusados de falsedad documental y estafa tras haber obtenido préstamos hipotecarios sobre viviendas inexistentes y que localizaban en el mencionado Camino de Algodonales.
Con sus actuaciones, los ahora detenidos, cuyas edades oscilan entre los 28 y los 56 años, lograban gravar viviendas que o bien no existían o eran distintas a las tasadas realmente. Además, en algunos de los casos se llegaron a firmar certificados falsos de antigüedad, en los que se aseguraba que la vivienda en cuestión llevaba más de cinco años construida. Evidentemente, la citada vivienda no existía en dicha fecha.
De este modo, los implicados en la trama contaban con la posibilidad de inscribirlas en el Registro de la Propiedad, algo totalmente imposible en caso contrario al estar localizadas las mismas en suelo calificado como urbano no consolidado.
Cabe recordar en este sentido que en este tipo de suelos no se pueden obtener licencias de construcción ni tampoco de parcelación, ya que, entre otras cuestiones, las mismas carecerían de servicios básicos, tales como luz, agua o alcantarillado.
Esta situación es similar a la que se da también en unas 15.000 viviendas de Chiclana, que en los próximos años van a ser sometidas a un proceso de regularización, con la urbanización de los suelos y la instalación de los servicios básicos necesarios.
Los detenidos, de los que no hay constancia en esta ocasión que tengan relación directa con profesionales del sector de la construcción, son Jaime Valentín R.C., Francisco S.R., José Manuel M.A., Irene S.C., María Teresa M.A. y Diego R.G.
Al parecer, y aunque no existe confirmación oficial por el momento, algunas fuentes apuntan a la existencia de un cuarto imputado. Las tres restantes son mujeres.
Las primeras detenciones, según han confirmado fuentes oficiales, se produjeron el pasado jueves. De momento, la investigación continúa y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en fechas próximas, ya que el caso sobre la trama Obra Nueva continúa abierto.
* Diario de Cádiz - D.M. / CHICLANA - 17.06.2008
Foto: Camino de Algodonales, en Chiclana, donde se ha repetido una vez más el 'modus operandi' que ha dado lugar a la trama Obra Nueva/ diariodecadiz.es
La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en la Fundación de la UCAM
LAVERDAD/Murcia* : El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas del Reino, Olayo González Soler, considera que hay indicios que pueden ser «constitutivos de ilícitos penales» en la Fundación San Antonio que gestiona la Universidad Católica de Murcia. Por este motivo, ha remitido la documentación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Esta Fiscalía estudiará el contenido de una denuncia formulada meses atrás contra la Fundación que dirige José Luis Mendoza, tras lo cual admitirá a trámite la causa o, por el contrario, la archivará.
En el punto de mira está el entramado societario de la Fundación San Antonio, y en especial la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa en Los Dolores, donde la UCAM tiene previsto construir su nuevo campus. En este caso, se trata de determinar si se produjeron irregularidades en la operación de subasta. En lo que respecta a las cuentas de la Fundación, y por extensión de la Universidad Católica, el Tribunal de Cuentas no ha encontrado responsabilidades contables a la vista de los datos que aportó el denunciante.
Investigación contable
Olayo González Soler confirmó ayer a este diario que días atrás remitió dicho oficio a la Fiscalía Anticorrupción, dado que en su ámbitoel Tribunal de Cuentas no ha encontrado base para actuar. El fiscal jefe recibió la denuncia el pasado mes de mayo, acompañada de una exhaustiva documentación relativa a «presuntos ilícitos en la UCAM». González Soler abrió diligencias de investigación preprocesales y, tras el estudio de las mismas, ha pasado el caso a Anticorrupción. Éste manifestó ayer a La Verdad que dicho departamento «estudiará detenidamente la documentación. De eso estoy seguro. Lo que no puedo decirle es si después admitirá el caso o lo rechazará». Precisó que lo que más le «preocupa» es la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa a la Fundación.
Más competencias
El fiscal jefe apuntó que, en lo que atañe al Tribunal de Cuentas, no se ha encontrado indicios de irregularidades en la UCAM. «En la denuncia no había datos contables suficientes para detectar que existieran partidas de gastos injustificadas. No había manera de abordar el caso por nuestra parte, y pensé que la forma más adecuada de estudiarlo ha sido remitirlo la Fiscalía Anticorrupción, atendiendo al volumen de negocios y ante la posibilidad de que estuvieran implicados funcionarios públicos. La Fiscalía Anticorrupción es la que puede tener más competencias en este asunto».
Olayo González explicó, por último, que el Tribunal de Cuentas no puede reclamar la contabilidad de la UCAM porque se trata de una entidad privada. Sí actuaría en el supuesto de que hubiera de por medio subvenciones de organismos públicos.
Según el denunciante, «los presuntos ilícitos» en la Universidad Católica se ciñen a un supuesto «entramado societario» dirigido por José Luis Mendoza y su familia, «con fines y actuaciones de muy dudosa legalidad». Considera que «se ha creado toda una serie de sociedades satélites a la Fundación que rige la UCAM, donde Mendoza y su familia son administradores y probablemente titulares de esas sociedades limitadas que sirven a la universidad privada. Estas sociedades satélite no tienen ingresos económicos, ni personal contratado, conforme a la documentación que obra en el Registro Mercantil», apunta la denuncia. «El presidente de la Fundación, José Luis Mendoza, se dedica a contratar con sociedades limitadas de las cuales es su administrador y probablemente su propietario».
Explica que una de esas sociedades «se ha quedado con el 90% de los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa y sólo el 10% es de la Fundación». En este punto, el denunciante cree que hubo «irregularidades» en la venta de los terrenos de Los Dolores, en Cartagena. La denuncia se cursó al Tribunal de Cuentas después de que trascendiera la noticia de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había abierto una investigación sobre posibles irregularidades en la venta de terrenos e infraestructuras de Defensa. Sostiene que el general que se encargó de la venta de los terrenos a la UCAM «es el mismo que está ahora imputado por hechos similares. Es decir, que tras una subasta fallida se procedió a vender los terrenos mediante un convenio con la Fundación que administra la UCAM y con una sociedad limitada. Creemos que hay base para que se investigue», subraya la denuncia.
* La Verdad - M. BUITRAGO - 17.06.2008
Foto: Murcia, campus UCAM - gabcom.ucam.edu
El líder del "agua para todos" es un promotor con intereses inmobiliarios
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ELPAÍS/Alicante* : La sombra del ladrillo es alargada y sus intereses alcanzan a muchos. Andrés Martínez, presidente de los regantes de Villena y líder del movimiento Agua para todos que ha organizado varias manifestaciones para exigir el trasvase del Ebro, tiene intereses en una empresa que proyecta una importante promoción de viviendas en Valencia.
Se trata, según anuncia la propia empresa -Promociones y Urbanizaciones del Vinalopó, SL, (Prourvi)- en su página web, de 250 "viviendas de alto standing sobre una parcela en la prolongación de la avenida de Francia de Valencia, frente al circuito de Fórmula 1". Andrés Martínez figura como vicepresidente de Prourvi. Esta promotora, constituida en 2001, con un capital suscrito de 4,7 millones de euros, aparece como socio único de GA Promociones, SL, que a su vez cuenta con un capital de más de 110.000 euros. Ambas comparten domicilio social en la calle del Mestre Casimiro Ruiz de Petrer (Alicante), y en ellas coincide José Juan Martínez, que en la primera figura como administrador y en la segunda aparece como presidente.
Andrés Martínez restó ayer importancia al tema. "Mi familia tiene relaciones con Prourvi, pero yo no", aseguró el presidente de los regantes, quien, a pesar de que en el Registro Mercantil aparece como vicepresidente de Prourvi, afirmó que sus intereses inmobiliarios en estas empresas son "nulos o escasos". Al ser preguntado sobre el proyecto de construcción de viviendas de lujo en Valencia aseguró no tener "ni pajolera idea". Martínez argumenta que su principal actividad sigue siendo la agricultura y su comercialización, "negocio del que dependen 160 familias". El líder de los regantes impulsa la venta de agua de sus acuíferos a Danone para embotellarla.
Andrés Martínez argumenta así su participación en empresas vinculadas al sector inmobiliario: "Nosotros, como agricultores, tenemos terrenos y con su venta lo reinvertimos en participación de las empresas, y no nos lo gastamos". Martínez resta importancia a esta actividad y asegura que su "principal" negocio continúa siendo la venta y comercialización de hortalizas. Ayer este periódico intentó sin éxito localizar a José Juan Martínez Romero, administrador de GA Promociones y presidente de Prourvi, para conocer su versión sobre los proyectos.
Actualmente Prourvi gestiona directamente la promoción en Villena del Polígono Industrial Bulilla (obras en marcha y urbanización realizada) y en breve comenzará la del Polígono Casa del Padre. Prourvi participa en la promoción de 100 viviendas de alta calidad en la calle de Juan Carlos I de Ibi. También promociona un Merca Parque junto al centro comercial Bassa del Moro (Petrer), donde se ubicará la futura sede social de la empresa. Además, tiene 16 naves industriales en un polígono de Villena y promocionará próximamente la venta de viviendas en la finca Giravella de Ibi.
Pero además de todas estas iniciativas inmobiliarias la familia del presidente de los regantes de Villena, Andrés Martínez, tramita desde el año 2004 la reclasificación de un millón de metros cuadrados para construir un campo de golf y 1.200 viviendas. El proyecto, que comparte con otros socios, fue aprobado por el Ayuntamiento en el anterior mandato, tras varias modificaciones. Ahora depende de que la Consejería de Territorio reclasifique el suelo agrícola a urbanizable. Los terrenos son mayoritariamente propiedad del tenista Juan Carlos Ferrero y una parte de la familia de Martínez. El deportista, que ha participado en actos de reivindicación del trasvase, tiene en las inmediaciones una escuela de tenis, Equélite, que ofrece en unas instalaciones anexas los servicios de Equélite Golf, que dispone de una cancha de prácticas y anuncia un campo de golf de nueve hoyos.
El año pasado Prourvi se comprometió con el Ayuntamiento de Petrer a canalizar gratuitamente las aguas fluviales en la zona de La Frontera, en compensación por la construcción de un edificio de mayores dimensiones a las permitidas.
Andrés Martínez es uno de los promotores e impulsores del proyecto de la venta de agua de los acuíferos agrícolas de Villena, propiedad de los regantes, a la multinacional Danone para su embotellado y comercialización. La semana pasada la junta de gobierno local, presida por el PP, aprobó la solicitud de modificación del planeamiento de la parcela destinada a albergar la embotelladora. Ese terreno -no urbanizable de protección especial- es en parte propiedad de la familia Martínez. El Ayuntamiento considera "conveniente para los intereses municipales" esta modificación y plantea a la empresa la firma de un convenio urbanístico para desarrollar la planta embotelladora.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 17/06/2008
Foto: Villena (Alicante) - wikipedia.org
La policía desarrolla una operación contra la corrupción urbanística en Estepona
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ELMUNDO/Málaga* : La Unidad contra la Delicuencia y el Crimen Organizado (Udyco) está llevando a cabo una operación contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona, donde esta mañana el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), era escoltado por agentes de esta unidad desde su su residencia en la urbanización Bahía Azul hasta el Consistorio.
Fuentes de la investigación han informado de que la operación, que se desarrolla desde primera hora, es una actuación de la Comisaría General de la Policía Judicial, con sede en Madrid.
En la sede principal del Consistorio, donde se encuentra la Alcaldía, no se permite ni la entrada ni la salida a las dependencias, según han informado testigos presenciales.
Otros agentes han acudido al edificio Puertosol, donde están las delegaciones municipales de Urbanismo y Hacienda, aunque de momento las entradas y salidas se producen con normalidad.
Según el diario 'Málaga hoy', ya se han practicado detenciones entre miembros de la gerencia de urbanismo y también pueden estar implicados empresarios del municipio.
Sobre la localidad malagueña pesa la sombra de la corrupción urbanística. El años pasado el Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento tenía abiertos 1.578 expedientes por irregularidades urbanísticas. En aquel momento el concejal de urbanismo Rafael Duarte se mostraba sorprendido por la "indisciplina" urbanística en Estepona.
* EL Mundo - AGENCIAS - 17.06.2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)
Patrimonio obliga a demoler 67 viviendas del hermano del ex alcalde de Ortigueira
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ELPAÍS/A Coruña* : La concesión de licencia a su hermano para construir 67 viviendas en el entorno del castro del Campo da Torre, en Ortigueira, ha acabado en multa y orden de restitución de la legalidad urbanística. El anterior gobierno local del PP, presidido por Antonio Campo, autorizó en agosto de 2006 a la inmobiliaria Os Celtas, de la que su hermano José es administrador, a construir en una zona pegada a los restos del castro.
La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta acaba de decretar una sanción de 24.000 euros al ayuntamiento, al que obliga a restituir la legalidad urbanística.
El Campo da Torre es un elemento emblemático que confiere carácter singular al paisaje de Ortigueira, y también un apetitoso pedazo de terreno próximo al mar. Su interés arqueológico se reconoce en el catálogo de bienes patrimoniales del planeamiento de Ortigueira, del que deriva su protección por la Ley del Patrimonio de Galicia. Además, la normativa municipal prohíbe cualquier tipo de construcción en un radio de 100 metros alrededor de una zona arqueológica catalogada.
Pese a ello, los técnicos de la Consellería de Cultura constataron en agosto pasado "la afectación del yacimiento arqueológico" por las obras de la inmobiliaria del hermano del entonces aún alcalde. Su informe recoge que se llevaron a cabo obras de desmonte y construcción de cimentaciones y muros pantalla para la estructura de las viviendas, "afectando a la ladera del Castro de Campo da Torre por su vertiente norte, en terrenos situados dentro del entorno de respeto del yacimiento arqueológico catalogado, y afectando especialmente a un aterrazamiento pegado al área de protección integral del mismo".
El informe del arqueólogo de la delegación de la consellería, firmado el 20 de agosto pasado, es concluyente: "El impacto sobre el bien protegido se considera severo, ya que la distancia de las obras es inmediata al área de protección integral del castro, afectando gravemente a un aterrazamiento vinculado al castro por su vertiente norte, teniendo un efecto negativo, inmediato irreversible e irrecuperable".
La Dirección Xeral de Patrimonio actuó tras recibir, en septiembre de 2007, una denuncia relativa a la construcción de las viviendas en una parcela situada dentro de la zona de protección del castro. Al expediente sancionador presentó alegaciones el Ayuntamiento de Ortigueira, en las que argumentó que la licencia se otorgó en suelo urbano de núcleo rural, fuera de la delimitación que los planos municipales realizan del castro, y que no sería por lo tanto precisa la autorización de la Xunta.
Sin autorización
A la impugnación del Ayuntamiento replica Patrimonio que, con independencia de la calificación del suelo, en el ámbito del castro es de aplicación específica la normativa de protección histórico-artística. "La licencia municipal nunca puede sustituir la preceptiva autorización de esta consellería, independientemente de los planes de desarrollo de la normativa urbanística del concello", sostiene el expediente de Cultura.
José Campo, administrador de Os Celtas Promocións de Vivendas, SL, es también dueño de empresas como Pizarras Lombao, y considerado por la oposición municipal como la persona más influyente en su hermano Antonio durante su mandato como alcalde. Antonio Campo también está implicado en el corte de suministro de cuarcita para la Cidade da Cultura, que le fue adjudicada por la Xunta durante el mandato del PP.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 17/06/2008
Foto: Ortigueira (A Coruña) - mma.es
Roca niega su participación en dos convenios y Muñoz no recuerda firmarlos
SUR/Málaga* : El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca ha negado hoy ante el juez haber participado en la redacción y aprobación de dos convenios que se investigan en una pieza separada del "caso Malaya", mientras que el ex alcalde Julián Muñoz ha asegurado no recordar su firma.
Roca y Muñoz han comparecido como imputados ante el instructor de la causa, Óscar Pérez, en relación con un procedimiento aparte abierto en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario del ex asesor con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones urbanísticas en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".
En su declaración, Roca ha aseverado que no ha tenido "ninguna" participación en la redacción y aprobación de los convenios y ha negado también haber dado dinero "a nadie" en relación con estas operaciones urbanísticas, según ha señalado el abogado defensor del ex asesor urbanístico, José Aníbal Álvarez.
"Él no es funcionario, con lo cual ni redactaba ni votaba", ha destacado el letrado, que ha apuntado que, por su parte, Julián Muñoz ha manifestado ante el juez que no recordaba haber firmado los citados convenios.
Además de Roca y Muñoz, hoy han comparecido también en calidad de imputados el empresario Francisco Javier Arteche, el tasador José Mora Igeño y los abogados Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano Pastor, estos dos último procesados también por el "caso Malaya".
Durante su declaración judicial, Arteche ha señalado que las operaciones urbanísticas han supuesto un perjuicio de cerca de 1,8 millones de euros para su compañía que no ha sido recuperado, según ha indicado Álvarez, que ha añadido que tanto Sánchez Zubizarreta como Soriano Pastor han negado también su participación en los hechos.
Para su comparecencia ante el juez, Juan Antonio Roca y Julián Muñoz han sido trasladados desde la prisión de Alhaurín de la Torre a los juzgados de la localidad malagueña de Marbella, donde han permanecido varias horas.
Las declaraciones por esta pieza separada se iniciaron el pasado enero con la comparecencia del ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que el juez imputa un delito de falsedad de documentos, y continuarán mañana con la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe y los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, así como Inés Soroeta.
El informe policial sobre la operación en la parcela "Ave María" establece que el Consistorio firmó un convenio en 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que cedió un aprovechamiento urbanístico por un valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.
Antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en "Ave María", así como casi 900 en "Los Verdiales", fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones.
El informe señala además que la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.
Destaca también que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico, se refleja un pago por 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos".
Según las investigaciones, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.
Dicha actuación, según el juez instructor del caso, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".
Sobre la operación "Francisco Norte", el magistrado indica que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el Consistorio acordaba pagar a la empresa 3 millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.
En 2004 la parcela es adquirida por Naviro Inmobiliaria S.L., propiedad del empresario José Ávila Rojas, por un millón de euros más el 25 por ciento del beneficio de la venta de las viviendas, y en 2005 se segregan 10.300 metros cuadrados de su subsuelo, licencia autorizada por Marisol Yagüe, que venden a Conservera Celta por 18 millones de euros.
* SUR - EFE - 16.06.08
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Una marcha popular corta 8 kilómetros de la N-2 en el Maresme para pedir que sea un paseo
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Una marcha popular ha cortado ocho kilómetros de la N-2 para reclamar que esta carretera se convierta en un paseo marítimo. Los manifestantes, convocados por la Coordinadora No N-2 del Maresme (formada por las plataformas de El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar y Cabrera de Mar), piden además que se apueste por el transporte público y que la autopista C-32 sea gratuita y absorba el tráfico de la N-2.
Más de mil personas, según los Mossos d'Esquadra --12.000, según los convocantes--, han participado a pie o en bicicleta en la manifestación, que estaba encabezada por una pancarta en la que se leía Passeig i punt. El recorrido ha comenzado en la estación de El Masnou y ha llegado a la de Cabrera de Mar, donde se ha celebrado una butifarrada popular.
Se trata de la primera acción reivindicativa desde que a finales de abril se firmó el acuerdo según el cual el Ministerio de Fomento transfería el tramo del Maresme de la N-2 a la Generalitat.
Manifiesto leído por Àlex Casanovas
El presidente de la plataforma cívica El Masnou 21, Pere Companyó, ha asegurado que por el momento no se ha notado ningún cambio a raíz de la nueva gestión. "En lugar de reivindicar a 640 kilómetros de aquí, lo haremos a 14 kilómetros que es donde tenemos el Palau de la Generalitat", ha declarado.
El actor Àlex Casanovas ha sido el encargado de leer el manifiesto redactado por el escritor de la comarca Martí Rosselló, ante un millar de personas.
"Ya no es una nacional, las decisiones se tomarán aquí cerca [Generalitat], pero no tenemos bastante (...), queremos ver y sentir la playa, exigimos su pacificación y que se eliminen los peajes de la autopista C-32", reivindican los municipios a través del manifiesto.
La coordinadora mantiene que las últimas actuaciones realizadas en la carretera, con la colocación de nuevos semáforos, "no solucionan el problema" y que la N-2 continúa "siendo una muralla insalvable".
* El Periódico - AGENCIAS, VILASSAR DE MAR - 15/6/2008
Foto: Los manifestantes cortan la N-2 para reclamar su conversión en un paseo/ ACN / JÚLIA PÉREZ
Dénia no localiza al promotor para derribar 111 chalés
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ELPAÍS/Alicante* : Todo es misterio en El Greco, una urbanización iniciada en 1973 en pleno corazón del Montgó y que se quedó a medio construir a comienzos de los años ochenta, después de que el Ayuntamiento de Dénia revocara la licencia a la promotora cuando se iniciaron los trámites para convertir el paraje en parque natural.
Los esqueletos de sus 111 chalés en ruinas atestiguan que jamás fueron habitados y la promotora que comenzó las obras está en paradero desconocido. Al menos, el Consistorio no la encuentra. Y debería hacerlo. Porque hace ya dos meses la Consejería de Medio Ambiente ordenó la demolición tras considerar que el impacto que causa la urbanización es incompatible con los usos de un parque natural. Ahora bien, según la consejería, los gastos del derribo, unos 400.000 euros, deben ser abonados o por el Ayuntamiento o por la mercantil.
El Ayuntamiento ya ha advertido que en la actualidad no puede hacer frente a ese gasto. El actual gobierno local, integrado por PSPV, BNV e independientes, considera que debería ser Medio Ambiente quien lo hiciera, toda vez que la gestión del Montgó es de su competencia. Pero por si acaso, y dado que sus relaciones con el Consell no pasan por el mejor momento, está buscando a la empresa para exigir que asuma la demolición.
Por el momento no ha habido suerte. "Hemos hecho trámites pero no hemos encontrado a la empresa, no ha habido manera", asevera con cierto laconismo el concejal de Urbanismo de Dénia, el socialista Vicent Grimalt.
Para encontrar el origen de la urbanización de El Greco hay que remover viejos papeles, investigar en antiguas hemerotecas y rememorar viejos conflictos urbanísticos acaecidos hace treinta años.La promotora que inició las obras fue la Sociedad de Estudios de Transacciones Inmobiliarias, con sede nada más y nada menos que en Ginebra. Es la que el Ayuntamiento no puede encontrar.
Por si fuera poco, conflictos entre esa promotora y la firma constructora, Dragados y Construcciones, provocaron parones en las obras y motivaron finalmente la venta de la urbanización a una tercera empresa, Valcomar, que hasta 1993 intentó reiniciar las obras pero éxito, pues para entonces la Lloma del Castanyar, donde se alzaban los chalés, estaba integrada ya en el Montgó. Precisamente durante ese año el Ayuntamiento inició el expediente de caducidad de la licencia y, por fin, en 1999 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó un recurso de la promotora y confirmó la ilegalidad del complejo residencial, que ocupa un total de 60 hectáreas.
El Greco se ha convertido en un símbolo de la presión urbanística que el Montgó ha sufrido durante años, especialmente en la parte del paraje correspondiente al término municipal de Dénia. De hecho, desde la carretera que transita desde Xàbia puede observarse cómo las ruinas de los 111 chalés interrumpen la visión idílica de lomas vírgenes que se suceden desde la montaña hasta el mar, donde se encuentra la reserva marítima del cabo de Sant Antoni.
Ahora, ni Valcomar ni Dragados y Construcciones se responsabilizan de la demolición y, como puede apreciarse, las Administraciones Públicas tampoco lo tienen claro. Así que mientras tanto, los restos de la urbanización continúan recortando su fantasmagórica sombra sobre el Montgó convertidos en un problema pendiente que nadie se atreve a solucionar.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 16/06/2008
Foto: Denia (Alicante), vista urbanizaciones - E.Weber (Levante)
El suelo construido en Canarias aumentó cerca de un 40% en diez años
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LAPROVINCIA* : El suelo ocupado por edificaciones y vías de comunicación en las Islas se ha incrementado cerca de un 40% en una década (1996-2006). En este periodo de tiempo se han transformado más de 12.000 hectáreas -una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados-, pasando de unas 35.000 hectáreas en 1996 a las casi 48.000 ocupadas en la actualidad.
Canarias se encuentra entre las seis comunidades autónomas que registran una mayor proporción de suelo construido en relación a su superficie junto con Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia.
Esta masiva ocupación del suelo para uso residencial y para infraestructuras en tan poco tiempo ha provocado una notable disminución de los terrenos susceptibles de aprovechamiento para el futuro, sobre todo en las islas capitalinas. En Gran Canaria la superficie aprovechable que queda para nuevos usos equivale al 12% del suelo de la Isla (cerca de 19.000 hectáreas), mientras que en Tenerife la superficie que se puede construir es el 11,7% del total (cerca de 23.000 hectáreas).
Fuerteventura es la isla con más terrenos que pueden ser aún ocupados, ya que suponen cerca del 49% del suelo total (80.000 hectáreas), mientras que Lanzarote tiene aún un 27% de suelo por ocupar (27.000 hectáreas). Los casos de La Palma (4,1%), El Hierro (6,7%) y La Gomera (7,2%) están en relación con su menor superficie y el alto índice de espacios protegidos con los que cuentan.
El suelo utilizado para uso residencial aumentó un 33% en la década analizada y equivale al 4% de la superficie total del Archipiélago. En cifras absolutas, la superficie utilizada para edificaciones sumaron 7.600 hectáreas más en estos diez años.
Para infraestructuras de comunicación, sobre todo carreteras, la superficie ocupada creció un 38%, equivalente a 4.200 hectáreas más. Por contra, el suelo agrícola apenas ha aumentado un 5,5% en este mismo periodo de tiempo, un estancamiento que tiende a la disminución por el progresivo abandono de las tareas del campo por la población. El suelo afectado por la protección de la Ley de Costas también está prácticamente estancado (un 1,7% de crecimiento), mientras que el suelo forestal y para otros usos productivos sí se ha incrementado un 23%, aunque equivale al 1,3% de la superficie total del Archipiélago.
SUELO APTO. El suelo apto en Canarias equivale al 40% de la superficie total de las Islas, ya que existe casi un 60% del suelo no apto por estar ocupado por Espacios Naturales, pendientes de más del 30% o con una altitud de más de 1.200 metros. Tras el análisis de la ocupación actual, la media de suelo susceptible de poder establecer nuevos usos sobre el territorio equivale al 21% del total, según los datos que obran en poder del Gobierno.
El importante desarrollo social y económico que ha vivido Canarias en los últimos diez años ha propiciado una expansión urbana dispersa en las zonas rurales y concentrada en torno a los núcleos urbanos costeros turísticos y las principales capitales, lo que ha convertido la ocupación del suelo en un factor de extraordinaria complejidad para el futuro desarrollo del Archipiélago a la hora de definir los nuevos usos para uso residencial y de infraestructuras.
* La Provincia - RUBÉN ACOSTA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 16 de junio de 2008
Foto: Vista de un barrio costero en el norte de Gran Canaria. LA PROVINCIA / DLP
Los delitos urbanísticos aumentaron durante 2007 en Sevilla y Cádiz
ELPAÍS* : Las memorias 2007 de los fiscales de Medio Ambiente de las diferentes provincias andaluzas se han hecho públicas hoy. De los informes se desprende que en Sevilla y Cádiz continúa la tendencia al alza en materia de delitos urbanísticos, especialmente en esta última provincia donde se han cuadriplicado los casos en esta materia respecto a 2006.
En Huelva y Córdoba, en cambio, se han reducido. Pero la mayor parte de los casos cordobeses, el 90%, se han producido en la zona declarada Bien de Interés Cultural de Medina Azahara.
En Sevilla la fiscalía denuncia los "espacios de impunidad" en materia de delitos urbanísticos que se producen por la "inacción" de los alcaldes de la provincia. Según el informe, precisamente en esta modalidad de delitos continuó en 2007 la tendencia al alza. En total, la Fiscalía de Medio Ambiente sevillana incoó 63 atestados. Las memorias reprochan con dureza a los Ayuntamiento su pasividad al no denunciar ni actuar contra la contaminación acústica. Pero el fiscal coordinador de este área, Javier Rufino, reconoce que en algunos casos está cambiando la tendencia. Rufino ha destacado que en 2007 los Ayuntamientos denunciaron a la Fiscalía presuntos delitos urbanísticos en el paraje La Indiana de Utrera, el paraje Clarevot de Alcalá de Guadaira y en la zona de El Serafín de La Rinconada.
El fiscal coordinador es especialmente duro con la modalidad de delito ambiental causado por la contaminación acústica, ya que durante 2007 se incoaron diversos procedimientos penales "pero ninguno a instancias de la Administración Local, originariamente encargada de las inspecciones, controles y potestad sancionadora". Asimismo, refleja que se echa en ocasiones en falta disponer de un listado de organismos e instituciones que puedan colaborar en las investigaciones para la emisión de informes o periciales.
El 90% de los casos en Medina Azahara
Por su parte la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba pone de manifiesto que los delitos urbanísticos se redujeron un 42% si bien el 90% de ellos se han producido en la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara. El informe señala que "aunque a principios de año la actividad de construcción ilegal parecía frenada, en la segunda parte del año se volvió a reactivar y ha motivado, tras la apertura de diligencias de investigación de la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos, la apertura de diversas diligencias previas y la celebración de algunos de los correspondientes juicios orales", apunta el informe sobre esta zona de interés.
Según el informe, en 2007 hubo ocho asuntos incoados frente a los 14 que se realizaron en 2006. Apunta además que los delitos relativos a la ordenación del territorio siguen teniendo, como en los últimos años, una importante incidencia en la provincia aunque destaca que ha disminuido el número de porque "se ha intensificado la persecución de las infracciones administrativas". Y también manifiesta que "se está observando un importante cambio de tendencia en algunos jueces y que se han dictado varias sentencias condenatorias para derribar lo ilegalmente construido".
Los vertidos de los buques
En Cádiz la Fiscalía investigó 345 posibles delitos contra la ordenación del territorio en la provincia durante el año 2007. La cifra cuadriplica los 77 casos de 2006. Además, investigó 34 posibles delitos contra el medio ambiente y seis contra el patrimonio histórico. Señala también que "subsiste el problema de la depuración de aguas residuales" y apunta que "se siguen produciendo vertidos desde buques en tránsito o fondeados en la zona del Estrecho de Gibraltar con resultados muy negativos para espacios naturales de gran valor". El informe habla de los delitos contra el patrimonio histórico y recuerda las diligencias abiertas en una Juzgado de la Línea contra la empresa Odyssey.
La Fiscalía de Medio Ambiente de la Huelva incoó y tramitó cinco diligencias informativas en 2007 en materia medioambiental, urbanística y de patrimonio histórico, lo que representa un gran descenso respecto a 2006, con 22 diligencias. La Fiscalía destaca en sus conclusiones "la necesidad de exigir la colaboración de todas las administraciones implicadas en la Ordenación del Territorio (...) para no hacer llegar a la opinión pública el mensaje de que estamos ante un problema exclusivamente penal, responsabilidad de fiscales y jueces que sólo ahora y ante la presión de la opinión pública actúan".
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Sevilla/Córdoba/Cádiz/Huelva - 13/06/2008
Foto: Sevilla2005 - wikipedia
Alicante: Los proyectos de 9 rascacielos devuelven a la ciudad al desarrollismo de los años 60
INFORMACIÓN* : El desarrollismo de los años sesenta y setenta vuelve a la ciudad de Alicante. Y lo hace con fuerza. En sólo un año el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y el Hércules han proyectado levantar nueve rascacielos que, si se llegan a construir, acabarán con ese perfil tan característico de la ciudad de Alicante.
Durante doce siglos el Castillo de Santa Bárbara ha sido el edificio más alto del municipio, visible desde todo el casco urbano. Pero durante la etapa del desarrollismo de los años sesenta y setenta Alicante quiso entrar en lo que entonces se consideraba modernidad. Así se levantaron varios rascacielos con alturas que rondan los cien metros. De ellos destacan especialmente el hotel Gran Sol, construido entre 1961 y 1968; el aparthotel Riscal, que data de 1962; y el edificio Alicante, de 1968. Esta tendencia se frenó y, a partir de la década de 1980 el gusto por los rascacielos fue sustituido por el crecimiento urbano a través de bungalows y chalets.
Sólo un par de años atrás la polémica sobre el desarrollo urbano se centraba en la construcción de macro-urbanizaciones de cientos de miles de metros cuadrados como el Plan Rabasa o el desarrollo de la Condomina.
Pero ahora el Ayuntamiento no sólo quiere extender la ciudad hacia la periferia, sino que vuelve a mirar al cielo como en la década de 1960, porque el Consistorio apuesta por una ciudad más grande.
Precisamente, por primera vez en este mandato municipal los grupos municipales del PP y PSOE -los únicos con representación en el Ayuntamiento- daban una rueda de prensa conjunta esta semana para anunciar un acuerdo a través del cual se construirán seis rascacielos junto al centro de congresos de Sangueta. El más alto de ellos tendrá 108 metros de altura; supera la altura del edificio congresual al que acompaña e iguala la cota de la Serra Grossa, así como la base inferior del Castillo de Santa Bárbara. Y la base superior de la fortaleza sólo quedará 55 metros por encima. Curiosamente, los responsables municipales justificaron los seis edificios en la necesidad de no afectar a la visibilidad del histórico monumento.
Los nueve rascacielos -seis del palacio de congresos, dos incluidos en el plan de soterramiento y la torre del Hércules- tienen en común el haber sido proyectados para financiar obras cuyos promotores intentan ahorrar dinero vendiendo pisos, oficinas u hoteles.
En el caso del centro de congresos se justifica la construcción de las torres -que tendrán entre 16 y 24 pisos- en la necesidad de sufragar la urbanización del entorno del futuro palacio. El edificio se construirá con varios lustros de retraso pero las Administraciones no parecen haber ahorrado durante estos años para financiar la actuación.
Lo mismo sucede con el soterramiento de las vías del tren a su entrada en Alicante. A medida que el proyecto se va retrasando, también se va encareciendo y el Ministerio de Fomento ha llegado a proponer que se levanten cuatro mil viviendas. Como el terreno que existe no da más de sí, también aquí se opta por la altura.
Por tanto, habrá muchas torres, pero de todas ellas destacan especialmente los dos rascacielos que tendrán más de cuarenta plantas y cerca de 140 metros de altura. Aunque en este caso el alcalde, Luis Díaz Alperi, ha arremetido contra Fomento por pretender invadir con tantas viviendas suelo que debe ser zona verde, en cambio sí existe acuerdo para los dos rascacielos. Ambos se situarían en Ciudad de Asís, junto a la Vía Parque, y se alzarían a modo de puerta de entrada a la ciudad de Alicante.
Y, si las Administraciones sufragan sus obras con rascacielos, los promotores siguen su ejemplo. El empresario Enrique Ortiz compró al Ayuntamiento el estadio José Rico Pérez para rehabilitarlo. Pero el proyecto se ha extendido y ahora contempla la construcción de una torre de aproximadamente 140 metros de altura que, sumados a la cota de unos 55 metros que pueda tener los terrenos donde se pretende levantar, sumaría 195 metros, más que el propio Benacantil.
* Información - CLARA R. FORNER - 15 de junio de 2008
Foto: Alicante, vista centro - lasprovincias.es
'V de Vivienda' anuncia una acampada ante el Ministerio
EUROPAPRESS/Madrid* : La plataforma V de Vivienda organiza una acampada para dormir ante el Ministerio de Vivienda la noche del lunes, víspera de la celebración de la Conferencia Sectorial, para denunciar las "imperdonables cesiones" de las administraciones públicas a las demandas del sector de la construcción.
Activistas de 'V de Vivienda' dormirán a la intemperie en el bulevar situado frente al Departamento que dirige Beatriz Corredor para denunciar las "cesiones" al sector de la construcción que, a su entender, el Ministerio plasmará en la Conferencia Sectorial que se celebrará el día siguiente, 17 de junio.
En un comunicado afirmaron que los empresarios del sector son los "principales culpables", junto con la clase política, "de la falta de acceso a la vivienda y de la actual crisis inmobiliaria".
Por la noche, los activistas encenderán velas para simbolizar que los ciudadanos del país están "a dos velas" por culpa de la políticas de vivienda de todas las administraciones, que "en lugar de garantizar el derecho constitucional al alojamiento han fomentado un sistema especulativo y mafioso que proscribe el alquiler social y no deja otra opción a los que quieren emanciparse que la de comprar una vivienda a costa de un endeudamiento claramente insostenible".
Los activistas realizarán además una colecta popular para recaudar fondos destinados a los constructores. El dinero será entregado a los políticos cuando lleguen al Ministerio para la celebración de la conferencia con la petición de que éstos se encarguen de remitirlos a sus "pobres amigos, los señores del ladrillo".
* El Mundo - E.P. - 13/06/2008
Foto: Vdevivienda
