Inmobiliarias acusan a Greenpeace de hundir los precios de La Manga

ELPAÍS/Murcia* : Un grupo de promotores inmobiliarios y propietarios de pisos de La Manga del Mar Menor anunció ayer que reclamarán en los tribunales cientos de millones a la organización ecologista Greenpeace, a la que acusan de "hundir los precios hasta un 50%" tras mostrar unos fotomontajes de cómo quedará La Manga con la subida prevista del nivel del mar por el cambio climático.

El abogado José Ángel Abad, en representación de varias de las promotoras, ha comenzado a enviar cartas con la reclamación, que ya supera los 20 millones de euros: "Greenpeace manipuló la subida prevista, de medio metro, para crear alarma. Ha hundido el mercado inmobiliario: nadie compra y todo el mundo ha puesto su casa a la venta". Mario Rodríguez, de la organización ecologista, se defiende: "No nos van a intimidar. Las fotos responden a las previsiones de los científicos".




* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 10/06/2008
Foto: Fotomontaje de Greenpeace sobre cómo quedará La Manga con la subida del nivel de mar.

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El Puerto: Denuncian al jefe de licencias urbanísticas por presunta prevaricación y estafa

LAVOZ/Cádiz* : El jefe de licencias urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell, fue denunciado el pasado 6 de junio por presunta «comisión de un delito de estafa en relación media con un delito contra la ordenación del territorio», según aparece en la propia denuncia realizada por José Pedro Piñero y redactada por el letrado José Miguel Gómez Pedrosa.

Además, la denuncia también se dirige a su novia, Milagros Trigo, propietaria de la empresa TEC, y a Isabel Ruiz, trabajadora de la citada empresa.

Los hechos, según explica el denunciante, se remontan a junio de 2007, cuando su sobrino, Sergio Carmona, adquirió una parcela en el desarrollo urbanístico Arenas Cárdenas. José Pedro Piñero, a petición de su sobrino, comenzó a realizar las gestiones para solicitar una licencia para construir sobre el terreno una vivienda unifamiliar aislada.

Piñero se dirigió al despacho de Milagros Trigo, propietaria de la empresa TEC, dedicada a proyectos de arquitectura, para informarle sobre la intención de adquirir la parcela e interesarse por la posibilidad de pedir una licencia de obras sobre la citada parcela. Según explica el denunciante, «Trigo consultó el Plan General e incluso telefoneó al jefe de servicio de licencias y disciplina urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell, que aseguró que el suelo era de carácter urbano y que era posible otorgar una licencia de obra».

Además, según expone Piñero en la denuncia, Milagros Trigo le aseguró que «en caso de que no le resolvieran expresamente el otorgamiento de la licencia de obras, cabía la posibilidad de conseguirla a los tres meses desde su solicitud por silencio administrativo».

Así, el denunciante explica que, a tenor de las informaciones ofrecidas por Trigo y Fornell, su sobrino adquirió la parcela y le encargó a Milagros Trigo, a través de la empresa TEC, la redacción del proyecto básico de ejecución y el estudio de seguridad y salud, con la finalidad de tramitar la concesión de la licencia de obras.

Pedro Piñero denuncia que al no recibir la licencia de obras por resolución expresa se dirigió al área de Urbanismo para hablar con Fornell, que, según asegura Piñero, le aseguró que era posible conceder la licencia por silencio administrativo, para lo que le explicó que era necesario el informe favorable del asesor jurídico del área de Urbanismo.

Pero, según explica el denunciante, «el tiempo pasaba sin que el asesor jurídico diera su visto bueno», por lo que intentó, sin éxito, hablar en varias ocasiones con Fornell. Finalmente, explica que «fue la redactora de los proyectos de la empresa TEC, Isabel Ruiz, quien me comunicó que el informe del asesor jurídico no era favorable porque el suelo no estaba recalificado y que las circunstancias en la Concejalía habían cambiado con el nuevo Gobierno local por lo que era imposible otorgar la licencia como se hacía anteriormente».

Por todo ello, y al considerar el denunciante que «Trigo y Fornell eran conocedores de todas las circunstancias» se dirigió a la empresa TEC para que le devolvieran, sin éxito, las cantidades abonadas por el encargo de los proyectos, que según denuncia Piñero, «asciende a más de 11.000 euros». Por su parte, los denunciados y el Ayuntamiento aún no han realizado valoraciones.




* La Voz Digital- 10.06.08 -CRISTINA LOJO
Foto: URBANIZACIÓN. Imagen de la zona en la que se encuentra la parcela. / C. L., lavozdigital.es

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Cabanyal: Presente, pasado y futuro



Denuncia de la situación actual del barrio del Cabanyal


YouTube - saludmental123 - May 12, 2008

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Algunas pinceladas sobre las políticas neoliberales en el urbanismo y la vivienda

ARNAU* : Economia de mercado; convertir las personas en propietarias y consumidoras.
“Ella para él, él para el Estado y los tres para el mercado”, con esta frase Chusa Lamarca define el modelo de relaciones sociales que se establecen dentro la llamada sociedad neoliberal. Con esto nos plantea cómo el mercado, cómo la estructura económica, se ha apoderado y condiciona todas las relaciones de opresión social. Y es que todos los ejes sociales giran alrededor del mercado (trabajo, educación, sanidad, transporte, alimentación, vivienda…).

La sociedad se ha ido estructurando a partir de ganancias empresariales. El beneficio económico se establece como eje principal, justificado por la ideología que entiende la sociedad como simple suma de individuos consumistas, ciudadanas reducidas a simples consumidoras, valoradas principalmente por su capacidad de consumo. Se premia y se mesura el éxito social con esta capacidad de consumo. Así, un consumo basado en la propiedad privada aparece como eje cultural central, y la acumulación de este consumo y de esa propiedad parece que supone la máxima satisfacción.

A nivel mundial, las políticas neoliberales, desde principios de los ’80, se han caracterizado por la aceleración en apartar los poderes públicos del control de la economía, desregulando la actividad económica, privatizando servicios y empresas públicas y eliminando los controles de cambios entre las divisas. Así, se ha creado una inmensa burbuja de dinero especulativo mundial.

Entendiendo este vínculo entre estructura social-cultural y políticas neoliberales es como se puede comprender el modelo de relaciones económicas y sociales que se desarrollan alrededor de la vivienda. Un derecho básico, transformado en mercancía, que desde hace unos años se ha convertido en uno de los principales conflictos internos de nuestra sociedad.

La vivienda, una mercancía

La lógica de este mercado que pretende controlarlo todo no tiene en cuenta las necesidades sociales y culturales que giran alrededor de la vivienda. La vivienda no es un simple producto de consumo, nos sirve de refugio y es un puntal de nuestra vida social y cultural.

Por eso, fácilmente se acentúa la contradicción entre propiedad mercantil y propiedad de uso. Quien tiene la facilidad para traficar o hacer negocio con la vivienda normalmente no relaciona la actividad con su propia vivienda. En cambio, la consumidora, la víctima del negocio, tiene más en mente el uso, satisfacer la necesidad; para ella el aspecto mercantil sólo es el camino, y, en este caso, se convierte en la dificultad para conseguirla o en la amenaza de perderla.

Así, el alza de precios en la vivienda, que responde a esta lógica mercantil, aporta beneficios extraordinarios a los mercaderes o traficantes de inmuebles y supone un gran peso a sus habitantes, las cuales no se benefician. Los datos nos dicen que en las últimas décadas el precio de la vivienda ha aumentado un 300%, mientras que el IPC lo ha hecho en un 80% y los salarios en un 45%.

La lógica política de que el alza brutal de los precios se debe a la escasez de suelo y vivienda nueva, unida a una demanda creciente, y que la solución está en la liberalización del suelo para nueva construcción para satisfacer la demanda y rebajar los precios, responde a la lógica política mercantilista incapaz de plantearse una distribución justa de la vivienda según las necesidades. Al contrario, esta lógica nos lleva a datos como los que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística, que al 2002 señalaba que un 50% de la demanda del mercado inmobiliario correspondía a inversiones de capital sin función de vivienda. Pues la lógica del mercado no responde a las necesidades.

Hipoteca; la llave del consumismo y la sumisión

Retomando el esquema social basado en el individuo consumidor feliz y juntándolo con el aumento desorbitado del precio de la vivienda llegamos al nexo de esta complicada conjugación: la hipoteca.

En una sociedad caracterizada por una conducta como la de trabajar por un salario para poder consumir, la aparición de la hipoteca aprieta aún más el espiral. Por un lado nos facilita la satisfacción del primer consumo, por otro, nos proporciona la deuda, la incapacidad de hacer marcha atrás. Lo transforma en endeudarse para consumir y trabajar por un salario para pagar la deuda.

La promoción de la propiedad privada en materia de vivienda y los elevados precios del mercado han volcado a la gente en masa a las cadenas de la hipoteca. Entre el 1999 y el 2005 la deuda a los hogares del estado español se incrementó del 66% al 103%, evidentemente siendo la vivienda el objeto principal.

Este hecho, engañando a la gente mostrándole que el acceso a la vivienda es sencillo, también supone una atadura de amplias consecuencias, partiendo de la de dependencia de un trabajo de remuneración suficiente y fija. Estos vínculos pueden resultar ser una piedra atada al cuello, a punto de caer en cualquier momento, y que siempre se nos presenta cuando nos decidimos a formar parte de la disidencia al sistema para intentar cambiar las cosas.

Por otra parte, este proceso nos convierte en propietarias endeudadas. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez firmada la hipoteca, aunque cambie la política y el precio de la vivienda baje hasta unos precios más asequibles, nosotras estaremos condenadas a ir pagando la fortuna. Es más, hasta estamos expuestas, y eso se ha notado en los últimos años, a un posible aumento de la deuda, según evoluciones financieras que poco entendemos y que nada controlamos. De esta forma, hasta es fácil que observáramos una pérdida del valor monetario de los inmuebles como una pérdida de nuestro valor que estaremos pagando durante años y años… El enfrentamiento entre propietarias endeudadas y no-propietarias con voluntad de acceso digno a una vivienda está servido. A no ser que se tomasen medidas políticas contundentes para anular las hipotecas. Pero si no se toman ni para aturar el aumento de los precios de la vivienda, ¿qué partido político se enfrentará, haciéndolo con el lobby inmobiliario, también con la banca?

La estructura cultural de clase, de género y de edad en el urbanismo y la vivienda

El modelo urbanístico y de vivienda va más allá del conflicto económico entre valor de uso y valor de mercancía.

Las contradicciones históricas entre campo y ciudad se acentúan a ritmos frenéticos con el fomento de las metrópolis del modelo de desarrollo insostenible occidental. Estas no dejan de evolucionar y de desplazar zonas laborales y zonas residenciales sin tener en cuenta las relaciones culturales y provocando la fragmentación social con la aparición de ghettos de pobreza también vinculados a las olas migratorias provocadas por la pobreza global, la destrucción de la identidad y la dinámica social de los barrios y la separación cada vez más distante de la vivienda y el trabajo, que a la vez provoca la intensificación del transporte que engulle gran parte de los recursos energéticos y aísla el “movimiento obrero” de la “sociedad civil”.

Dentro de ese contexto y respondiendo a la cultura patriarcal y individualista, la vivienda asume unas características específicas relacionadas con la unidad familiar monoparental y en una escasa vida colectiva, tanto en las relaciones sociales y los usos de espacios comunitarios como en el aprovechamiento de los recursos energéticos y tecnológicos.

Una simple vista panorámica de nuestras ciudades nos muestra claramente como hay zonas diferenciadas según su estatus. Desde barrios con la infraestructura degradada habitados por gente con pocos recursos económicos, hasta barrios de chalets casi cercados con muros, pasando por los nuevos barrios-dormitorio dónde desaparecen las conductas socializadoras de los espacios públicos, y por las zonas comerciales dónde el marketing hace del ocio un negocio con valores culturales muy perniciosos para la vida comunitaria.

Y las estructuras del barrio se trasladan al interior de los edificios de viviendas. Aislados generalmente al uso de la familia monoparental pasan a ser el espacio de reposo después de la jornada laboral. Un reposo que sigue discriminando por razón de género sexual, ya que se convierte en un primer o segundo trabajo para muchas mujeres, sobre las cuales recae el cuidado y la organización del espacio. Esperamos que el avance en la igualdad de género en el ámbito doméstico no se limite a identificar la figura masculina cómo una simple “ayuda”.

Esta desigualdad en el trabajo doméstico se ve agudizada por la privatización de los servicios sociales, lo cual aumenta el trabajo, sobre todo para las clases con menos recursos económicos. Esto provoca la necesidad de un cambio en las viviendas, teniendo en cuenta que muchas veces tienen que ser el epicentro del cuidado de niñas y niños o de gente mayor.

En este sentido el elevado coste de la vivienda puede suponer de un lado dificultades en sus usos sociales y, del otro, un grave problema en el aspecto de género cuando se transforma en una atadura que impide escapar o enfrontar diversas violencias domésticas.

Visto des de la perspectiva de edades, la vivienda subyugada al mercado causa dificultades educativas a las niñas y niños que viven en pisos de barrios sin vida social, a las jóvenes que pretenden emanciparse y a la gente mayor que termina encontrándose sola en estas viviendas aisladas de la vida colectiva.

Reflexiones sobre las responsabilidades

¿Y cómo se aguanta todo ese modelo desigual y insostenible? Por intereses económicos. Por el poder económico, político y cultural que ejercen las beneficiarias de este negocio, y por la dificultad y incapacidad de hacerles frente de unas clases populares desorientadas, en parte compradas o engañadas, y excluidas de la participación política.

A nivel estatal nos encontramos en que los sectores económicos relacionados con la construcción y la especulación inmobiliaria son los más dinámicos en un Estado que ha asumido el desmantelamiento de los sectores primarios (tan industriales como agrícolas). Y es que el mercado inmobiliario, además de ser un pilar de los movimientos económicos interiores también recibe (al año 2005) el 40% de la inversión extranjera directa y deviene el principal destinatario de dinero negro.

Esta conversión de la vivienda en una fuente de negocio de primer orden ha provocado el aumento de nuevas formas de violencia empresarial, desarrolladas fundamentalmente cuando aparecen las contradicciones entre el interés del mercado y el interés social. Así, más allá de la violencia directa “legal” en forma de aumento desproporcionado de los precios del mercado, estructuración individualizadora y segregacionista del urbanismo y penalización de la protesta, también aparecen prácticas de perfil mafioso como el llamado “mobbing”, consistente en expulsar inquilinas o pequeñas propietarias que aun se benefician de cierta protección legal cuando se resisten a la depredación de las grandes promotoras que a base de derribos y nuevos planes urbanísticos van dibujando estas metrópolis deshumanizantes.

Toda esta situación que parece estar emparada en una especie de “ley de la jungla” no deja de estar bajo la tutela de una estructura institucional estatal que cada cuatro años nos vende la moto de su democracia.

Las instituciones del Estado en materia de urbanismo y de mercado inmobiliario se limitan a elaborar legislaciones de protección de la propiedad privada y del “libre mercado”, limitando en pocos sentidos i dando cobertura legal en muchos otros a la dinámica mafiosa y especulativa que se desarrolló durante la época franquista.

Estas legislaciones parten de un lado de la promulgación de la Ley del Mercado Hipotecario que formó parte de los Pactos de la Moncloa y que impulsó el acceso a la vivienda a través de la compra privada y mediante las hipotecas, y del otro, de la Ley Boyer, aprobada al 1985, que significó el inicio de la ofensiva contra la vivienda en condición de alquiler, caracterizada por provocar la disminución de los derechos de las inquilinas, la agilización de los procesos de desahucio y la desregulación de los precios. El parque de pises de alquiler ha caído del 40% al 1960 al 12% al 2006. Todas estas políticas han sido desarrolladas por todos los partidos que han pasado por el gobierno des de entonces y responden a la simple lógica de que el poder político se ha dejado caer a los brazos de los grandes lobbys económicos que, como más poder económico adquieren, más poder político son capaces de manipular para ampliar el poder económico. Y la rueda va girando…

En materia urbanística y inmobiliaria los grandes beneficios provocados per el espiral especulativo han recaído a las grandes empresas del sector, las cuales se han convertido en grandes entre las grandes a nivel europeo y mundial, capaces de comprar a otras grandes empresas a Europa y a todo el mundo. Y entre esas grandes empresas, representadas por promotoras, constructoras y inmobiliarias, también están bien presentes los bancos y las cajas de ahorros, que además de enriquecerse con los movimientos y la gestión del dinero destinado y proveniente del mercado inmobiliario, han sido uno de los sectores más implicados en la construcción y promoción inmobiliaria, en algunos casos participando en el accionariado o absorbiendo grupos ya consolidados o simplemente creando sus propias divisiones inmobiliarias.

Y si todo ese lobby del mercado inmobiliario es capaz de trazar la legislación estatal, se entiende perfectamente su mayor influencia a nivel municipal, dónde la transferencia de suelo público a manos privadas se convierte en costumbre para los ayuntamientos que se venden la organización urbanística a las promotoras por aumentar las arcas de la institución o los bolsillos de concejalas y alcaldesas.

La ley del mercado domina la economía, la ley del mercado dirige la política, la ley del mercado condiciona las relaciones sociales, la ley del mercado deviene principio de nuestra cultura.

La ley del mercado se basa en el continuo crecimiento económico, en la competencia y sólo cede terreno a las necesidades sociales cuando le espanta un conflicto que puede derivar en profundos cambios sociales. Si no somos capaces de generar esos cambios, si no somos capaces ni de amenazar con esos cambios, la ley del mercado se irá inflando hasta que sólo pueda reventar con una crisis económica. Y si nos miramos la historia, ya sabemos cómo terminan las crisis económicas y quien sufre las máximas consecuencias, ya sabemos qué es una guerra mundial y ya sabemos quién pone las muertes.



* Arnau. Judici Popular contra la violencia urbanística.
www.somnisdesperts.org



* Rebelión - 05-06-2008

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Castilla-La Mancha: Pacto por la Vivienda

EMILIANO G.PECES* : En Castilla-La Mancha existen 84.000 viviendas sin vender y, al mismo tiempo, 48.000 demandantes de vivienda cuyos salarios no les permite adquirirlas. Luego, a primera vista, no parece que el problema sea la falta de vivienda, sino más bien las dificultades para acceder a ellas por parte de los ciudadanos castellano-manchegos, en especial los jóvenes, que al empleo precario y al bajo nivel salarial existente en la región han de sumar ahora el advenimiento de la crisis financiera que, ante la falta de liquidez, dificulta y encarece aún más la contratación de créditos hipotecarios.

Pues bien, así las cosas, llega Barreda y su magnífico equipo de brillantes y bien pagados asesores, y propone un Pacto (aquí todo se arregla con un pacto que siempre firman los mismos) por la Vivienda, que prevee para el período 2008-2015 la construcción de 50.000 viviendas más. La novedad estriba en la modalidad de éstas, que van a ser públicas pero de iniciativa privada, no con la finalidad de facilitar el acceso a una vivienda digna a los numerosos demandantes, sino con el ánimo de que “los instrumentos y medidas que se incorporan a este Pacto pueden y deben contribuir al mantenimiento de la actividad en el sector de la construcción para Castilla-La Mancha”. Este es su verdadero objetivo: el apoyo a los promotores inmobiliarios para que sigan construyendo y que el negocio no decaiga. Y para ello, el gobierno de Castilla-La Mancha no duda en establecer un precio medio para esta nueva modalidad de 2.000 €/ m2 (130.000 a 150.000 € por una vivienda de 70 m2), a pesar de que el precio medio de la vivienda libre en nuestra región está en 1.519 €/m2, o de comprometerse con los promotores a que las viviendas que no se vendan serán adquiridas por la Junta, con el dinero de todos.

Aparte del entusiasmo de los constructores y del gobierno de Zapatero, el susodicho pacto contó con el ya habitual apoyo “ovejuno” (para cualquier tipo de pacto) de los mal llamados “agentes sociales” de nuestra región: la patronal, CC.OO. y UGT. A falta de cualquier asomo de debate político o social (este jueves se lleva a las Cortes de Castilla-La Mancha, un mes después de su firma), tanto el PP, por la forma, como IU, por el contenido, se han manifestado en contra de dicho Pacto.





* Rebelión - Emiliano G. Peces - 06-06-2008

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El TSJA anula los acuerdos de la Comisión de Urbanismo relativos al PGOU de Llanes

EFE* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado los acuerdos de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) relativos a la aprobación del texto refundido y la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes.

El fallo, dictado el pasado 30 de mayo, lo ha hecho público hoy la junta directiva de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), la entidad que en su día recurrió la decisión de la CUOTA a través de un recurso contencioso administrativo dirigido contra este organismo, así como contra el Ayuntamiento de Llanes.
Este decisión supone la segunda anulación del PGOU de Llanes por parte del TSJA después de que este mismo tribunal ya se pronunció y anuló el planeamiento llanisco en abril de 20007, como consecuencia de un recurso presentado por Andecha Astur.
A la hora de valorar la magnitud de la última sentencia, el secretario de Avall, Domingo Goñi, ha destacado que "se recoge exactamente todo lo que se planteaba en la sentencia de Andecha Astur, pero ahora se entra en más asuntos de fondo".
En este sentido, ha explicado que el TSJA determina "la anulación de todos los planes parciales y de todos los crecimientos en los núcleos que se transformaron de rurales a urbanos, como Barro o Poo, e incluso los crecimientos de los núcleos que ya eran urbanos, pero que los hicieron crecer sin justificar".
Goñi, que estuvo acompañado por la presidenta de Avall, Mari Paz Saínz, y su antecesor en el cargo, Álvaro Bueno, ha destacado algunos contenidos de la sentencia del TSJA, como aquellos relativos a las deficiencias en las que se incurrió durante la tramitación del PGOU respecto a su información pública.
"El TSJA dice que esa participación ciudadana tiene que ser real y lo afirma con contundencia", ha comentado el secretario de Avall en alusión a lo sucedido con varios planes parciales afectado ya en su día por anulación judicial de las Normas Subsidiarias de Llanes en 1997 y que, según los denunciantes, la CUOTA y el Ayuntamiento de Llanes pretendieron "convalidar" con la aprobación del PGOU.
Según Avall, el TSJA "arremete contra el intento de maquillaje que el Ayuntamiento y la CUOTA pretendieron cuando esta última se atrevió a aprobar el Plan señalando que lo hacía a reserva de dar cumplimiento a determinadas condiciones, observaciones y subsanaciones a cuyo efecto se elaboraría un texto refundido".
Goñi ha solicitado al Ayuntamiento y al Principado que "lejos de seguir adelante con el proceso de cirugía plástica al que el gobierno del PSOE de Llanes, en colaboración con la CUOTA y la dirección general de Urbanismo están sometiendo al PGOU, reconsideren su postura e inicien la redacción "ajustada a derecho" de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Llanes.
"Lo que deben hacer es iniciar de inmediato la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico desde cero. No hay modificación que valga, aquí se lo han cargado entero y no se trata de adaptarlo a ninguna normativa sino de un Plan nuevo y no vale hablar de cosas desarrolladas o consolidadas, porque están anuladas", ha añadido.
A este respecto el secretario de Avall ha anunciado que por parte de este colectivo se apuesta porque Principado y Ayuntamiento de Llanes renuncien a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como hicieron en 2007.
Así, Avall trasladará a los organismos correspondientes "que hagan el favor de no presentar ese recurso para intentar ganar tiempo inútilmente" y, en caso de que lo hagan, la asociación pedirá la ejecución de la sentencia.
"Aunque se anula todo el plan, hay crecimientos urbanísticos normales y previstos en la normativa anterior y no tenemos por qué pedir que se anule o se tire, pero hay otros en núcleos como Barro o Niembro que no estaban previstos", ha añadido.




* La Nueva España - EFE - 07 de junio de 2008
Foto: Obras en la Talá, Llanes -Foto Asociación AVALL

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3.000 personas, contra el desalojo del 'Patio Maravillas'

MADRIDIARIO* : Más de 3.000 personas se manifestaron en apoyo al "Espacio Polivalente Autogestionado El Patio Maravillas", cuyos miembros llevan varias semanas en alerta ante la posibilidad de que el juzgado nº48 de Madrid ordene un desalojo cautelar del centro social, situado en la calle del Acuerdo 8.

La manifestación convocada en su defensa discurrió en la tarde de ayer entre la Plaza de España y la del 2 de Mayo, en el barrio de Malasaña. Al grito de 'El Patio vive, la lucha sigue' y 'El Patio no se cierra, Malasaña no se vende', los asistentes revindicaron la 'okupación' como práctica legítima ante la existencia de edificios abandonados y la autogestión de los centros sociales como un elemento fundamental para la participación ciudadana en los barrios.

La marcha, que transcurrió en un tono festivo, alegre y rebelde, reunió a niños, ancianos, familias y también a muchos jóvenes, y a una enorme lista de colectivos sociales, culturales y políticos de Madrid. La lucha por la construcción de un barrio diferente y de una ciudad más habitable para todos fue otra de las reivindicaciones de la marcha.

Por su parte, el propietario del edificio 'okupado' en la calle Acuerdo, 8, afirmó que el inmueble "nunca estuvo abandonado ni se pretendió especular con el mismo". El edificio fue adquirido el 11 de Mayo de 2000 y se cedió de forma gratuita a las Obras Misionales Pontificias de Madrid hasta octubre de 2006 cuando dicha entidad se trasladó a un nuevo inmueble.

Según precisó el propietario, la calificación urbanística del edificio es de 'Equipamiento Privado' y la sociedad propietaria realizó ante el Ayuntamiento de Madrid las consultas necesarias para rehabilitarlo como Residencia de Tercera Edad. "Por tanto, el edificio nunca ha estado abandonado, ni se ha pretendido especular con el mismo", señalaron.

El 1 de Julio de 2007, el colectivo de 'okupas' 'Rompamos el Silencio' ocupó el edificio "de forma violenta, descerrajando la puerta de acceso y rompiendo los muretes existentes en los huecos de las ventanas", hechos que fueron denunciados inmediatamente en el Juzgado de Guardia, explicó el propietario.

Durante la "ocupación ilegal", la sociedad titular, "en uso legítimo de su derecho de propiedad", ha continuado ejerciendo las acciones legales para que se desaloje el edificio. Además, el propietario del edificio 'okupado' afirmó que las comunidades de vecinos colindantes han denunciado ante la Policía Municipal las "actividades molestas y peligrosas" que lleva a cabo el colectivo 'okupa', "amenazando su seguridad y tranquilidad, generando humedades y ruidos hasta altas horas de la noche, y utilizando suministro de agua y electricidad de forma ilegal y sin ningún control de seguridad".




* Madridiario - 08-06-2008 - MDO / E.P.
Foto: madridiario.es

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Una investigación de lujo para un pelotazo de libro

LAPROVINCIA/Tenerife* : Especialistas en blanqueo de capitales, el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, los mejores inspectores de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Tribunal Superior de Justicia de Canarias... nunca antes una investigación había movilizado tantos medios y de tanto nivel en Canarias.

Y nunca antes se había investigado "un pelotazo de libro", calificativo que dio Hacienda a la operación urbanística de Las Teresitas.

Desde que un informe de la IGAE puesto en las manos de la Fiscalía Anticorrupción explicara que "nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable", el denominado caso Las Teresitas se convirtió en un asunto de Estado.

Tal es así, que a Santa Cruz trasladaron su residencia hace un año el jefe de la UDEF y dos de los mejores especialistas en rastreo patrimonial que trabajan en España y que en su día fueron los verdaderos artífices del descubrimiento del caso Malaya y de la desarticulación de la mayor red de blanqueo de capitales que se ha conocido en este país hasta el momento, denominada operación Ballena Blanca.

Desde hace más de un año en Santa Cruz de Tenerife se desarrolla una investigación policial al más alto nivel, por tanto, encaminada a desentrañar una presunta red de corrupción político-empresarial que afecta directamente a la jet set santacrucera, y en la que el principal imputado es el alcalde Miguel Zerolo, uno de los pocos líderes que quedan en pie del tinerfeñismo de ATI .

INVESTIGACIÓN. Fuentes muy cercanas al caso aseguran que los resultados del trabajo policial han sido espectaculares. Tal es así, que esta semana la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC e instructora del caso, Carla Bellini, ordenaba la que es primera detención en la historia del alto tribunal canario: Mauricio Hayek Hayek, abogado de una Junta de Compensación que se constituyó para velar por el interés común de los propietarios de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas y que después trabajó al servicio (secreto) de quienes compraron el suelo, Inversiones Las Teresitas SL.

Esta sociedad, perteneciente al cincuenta por ciento a dos de los empresarios más relevantes de Tenerife, Ignacio González y Antonio Plasencia, ambos imputados, es la verdadera beneficiada del pelotazo urbanístico.

Mauricio Hayek, un astuto abogado de 74 años es probablemente la pieza clave para poder completar el puzzle de Las Teresitas. Los investigadores, conocedores de la información que maneja Hayek, no lo incluyeron en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción para judicializar el caso. Durante la espera, se ha podido obtener información muy importante para dejar atada la posible participación de Hayek desde dos puntos de vista: el primero, su labor como abogado de la Junta de Compensación para ejecutar la venta de los terrenos; el segundo, los movimientos económicos derivados de presuntas comisiones ilegales, de los que Hayek podría tener información "única", según alguien muy próximo a la investigación.

La exhaustiva investigación patrimonial realizada a los principales imputados, encargada por la magistrada instructora a la policía, ha podido dar avances muy importantes en los últimos meses, varios de ellos en paraísos fiscales que, al principio de la investigación, parecían prácticamente infranqueables. Al menos cuatro comisiones rogatorias tramitadas por el Ministerio de Justicia a petición de la Fiscalía Anticorrupción han podido ofrecer notables resultados para la investigación, tras detectar movimientos de dinero e inversiones que afectan, directa o indirectamente, a alguno de los imputados iniciales de la querella.

Para poder tener una idea de la información obtenida por la policía, nada mejor que hacer una comparación de la documentación que en la actualidad está desclasificada con la que permanece secreta. Si en enero del presente año Bellini decretaba el alzamiento del secreto sobre unos veinte mil folios, en la actualidad el triple (sesenta mil) permanecen al alcance, únicamente, de la jueza, la fiscal y un puñado de investigadores en el más estricto de los secretos que se recuerdan en Canarias.

Dentro de esos sesenta mil papeles tamaño Din A-4, juegan un papel fundamental las averiguaciones efectuadas a través de las comisiones rogatorias gestionadas por el Ministerio de Justicia en el extranjero, alguna de ellos en paraísos fiscales en los que la opacidad y el secreto bancario suponen una barrera difícil de superar para la policía.

Sin embargo, los resultados de la investigación van por buen camino y una de las pistas más fiables conducen a la policía a una inversión urbanística realizada en México tras un posible paso del dinero por Isla de Man. Para despistar, al parecer.

La denominada pista mexicana indaga en la construcción de un complejo urbanístico en una de las zonas turísticas más importante de Cancún. Los datos a los que ha podido llegar la policía podrían situar la inversión en unos treinta millones de euros, capital que, todo o en parte, es posible que proceda del pago de presuntas comisiones ilegales abonadas al socaire de ese "pelotazo de libro" que es la compraventa de Las Teresitas, que generó unas plusvalías de 120 millones de euros a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.

Los investigadores cuentan con testimonios de personas que aseguran, incluso, que alguien relacionado con la inversión mexicana mostró los planos de la construcción poco antes de que estallara la investigación: este sujeto pasa, además, largas temporadas en Centroamérica.

Y aunque los tentáculos de la presunta red de corrupción son numerosos y variados, los avances que se han producido por esta investigación de lujo hacen pensar que muchos nombres, algunos de la conocida jet set santacrucera, podrían estar cercados en estos momentos y con los movimientos perfectamente vigilados.
El caso Las Teresitas avanza, lento, y de lo que no hay duda es de que pasará a la historia como la mayor y más lujosa investigación judicial que se ha desarrollado en el Paralelo 28.





* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 08 de junio de 2008
Foto: Vista general de la playa de Las Teresitas y los terrenos aledaños objeto de la polémica. LA PROVINCIA / DLP

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Los cascos históricos suspenden en servicios e infraestructuras

CONSUMER* : Cascos históricos urbanos: Analizadas 144 calles de las zonas antiguas de 18 ciudades para comprobar su habitabilidad. Sólo Zaragoza, Valladolid, Pamplona, Madrid y Barcelona logran un "bien". Las mayores deficiencias se hallaron en A Coruña, Alicante, Córdoba, Murcia, Oviedo y Valencia.

El casco histórico de una ciudad es su corazón y su emblema. Sin embargo, sus residentes no disfrutan por ello de una situación privilegiada. Al contrario, es habitual que la vida urbana transcurra de espaldas a estos enclaves. Escasa dotación de servicios, infraestructuras insuficientes o problemas de accesibilidad son algunos de los síntomas que CONSUMER EROSKI ha podido constatar en el estudio realizado en 18 capitales de nuestro país.

Los técnicos de esta revista visitaron y examinaron ocho de las calles más representativas de los centros antiguos de Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Logroño, Zaragoza, Vitoria, Valladolid, A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga y Murcia. En cada una de ellas se estudió su nivel de habitabilidad, es decir, si la persona que reside allí cuenta con las infraestructuras y equipamientos adecuados para vivir con un mínimo de comodidad y cubrir sus necesidades más básicas. La evaluación in situ se complementó con un cuestionario remitido a los ayuntamientos (que los de seis ciudades rehusaron contestar). De forma paralela, se encuestó a 1.000 residentes de estos centros para conocer sus impresiones sobre la zona en la que viven.

Según se desprende de las notas finales del estudio, los cascos viejos no se pueden asociar al paradigma de la habitabilidad. La valoración global no pasa de un mediocre 'aceptable'. Las mayores carencias, sancionadas con un rotundo 'mal', se encontraron en la dotación de servicios (infraestructuras comerciales, de alimentación, educativas, sanitarias, sociales, institucionales, deportivas, esparcimiento o zonas verdes...). Tampoco pasaron del 'aceptable' la limpieza y mantenimiento, movilidad, accesibilidad y mobiliario urbano.

Por ciudades, ninguna supera el 'bien'. De hecho, sólo cinco logran esta valoración (Barcelona, Madrid, Pamplona, Valladolid y Zaragoza), mientras que siete se quedan en el 'aceptable' (Bilbao, Granada, Logroño, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Vitoria). El resto suspende con un 'regular' (A Coruña, Alicante, Córdoba, Murcia, Oviedo y Valencia).

Las respuestas de los 1.000 vecinos de los cascos históricos encuestados por esta revista (100 en Madrid y Barcelona, y 50 en el resto de las ciudades) refrendan estas valoraciones. Seis de cada diez se mostraron muy críticos con la limpieza de la zona, en idéntica proporción denunciaron el descuido y la ausencia de zonas verdes, el 46% consideró que el estado de los inmuebles es lamentable y uno de cada tres criticó la carencia de servicios.




* Consumer - Junio 2008
Foto: consumer

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Premios Atila País Valencià 2008

Ecologistes en Acció del País Valencià* concede los Premios Atila 2008 con el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992 a nivel nacional, tienen dos categorías denominadas “Atila” y “Caballo de Atila”, aunque este año ha acordado conceder un áccesit especial a la sentencia judicial más escandalosa e impresentable. Premio Atila 2008: Francisco Camps. Premio Caballo de Atila 2008: Rita Barberá.

Muchas personas se han dirigido a esta asociación proponiendo, desgraciadamente, numerosos candidatos, entre los cuales el Jurado ha elegido.

Premio Atila 2008: Francisco Camps en representación del Consell de la Generalitat, por su política sistemática del peor modelo desarrollista, insostenible, contaminante, etc,etc... defensor del urbanismo depredador que ha arrasado el País Valenciano, cuestionado y censurado desde numerosos sectores sociales y desde Europa. Defensor a ultranza del modelo de los grandes eventos (Copa América, Circuito de F1,etc) y grandes proyectos que están suponiendo auténticos agujeros negros tanto a nivel ecológico como económico, donde desaparece nuestro patrimonio no sólo natural sino también cultural, histórico, incluso social.

Premio Caballo de Atila 2008: Rita Barberá, en representación del Ayuntamiento de Valencia, corazón y centro neurálgico del modelo insostenible más extremo dentro del País Valenciano. Vértice, norte y sur, referente, alfa y omega, etc, etc, del modelo más depredador y brutal contra el medio ambiente que seguramente se pueda concebir.

Accesit a la sentencia judicial más escandalosa e impresentable, para la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Séptima con sede en Elche) por la sentencia de la contaminación del río Segura en la Vega Baja, en la que todos los acusados han sido absueltos y los únicos condenados, mediante la imposición de costas por un valor que seguramente se acercará a los 12.000 euros, hemos sido los colectivos ecologistas, personados en la causa como acusación popular y que llevamos denunciando hace años la lamentable situación del río Segura.

Otros nominados: Conseller de Territori i Habitatge, Ayuntamiento de Alicante, Alcalde de Sella (Alacant), Ayuntamiento de Campello (Alacant), Alcalde de Castalla, Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, Apartamentos Beta de Alfafar(Valencia).




* Ecologistes en Acció del País Valencià - 4 de junio

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¿Crisis inmobiliaria? Un ajuste necesario

JUAN CARLOS LONGÁS* : Desde que estalló la crisis hipotecaria en Estados Unidos se ha hablado mucho de la conveniencia o no de que la autoridad monetaria (en aquel caso la Reserva Federal) interviniera para paliar sus efectos y salvar los bancos comprometidos, a costa de avalar comportamientos temerarios e incluso aberrantes desde el punto de vista económico y social. Los partidarios de la intervención arguyen que así se evitan males mayores. Los detractores, que de esa manera se traslada a los agentes económicos el mensaje de que todo vale -hasta el falseamiento de datos- en la loca carrera por engordar las cuentas de resultados, siempre que el problema creado sea lo suficientemente grave.

Es lo que se denomina un problema de riesgo moral, que se presenta cuando los costes y perjuicios de una decisión no recaen sobre quien decide.

Sin pretender equiparar dos situaciones con denominaciones similares pero bien diferentes en sus características, aquí esta pasando lo mismo con la construcción. Cuando los indicios de debilitamiento, enfriamiento, crisis, o comoquiera que llamemos a la actual circunstancia, se van imponiendo con la perseverancia de lo inexorable, comienza a generarse un estado de opinión favorable a la intervención pública para paliar los perjuicios que se adivinan. Incluso se ha creado un lobby que aglutina a los principales promotores inmobiliarios, con el fin, quizá no explícito pero sí explicitado en pronunciamientos y actuaciones públicas, de presionar al Gobierno y promover políticas que favorezcan sus intereses. Por eso es conveniente un análisis algo más pormenorizado de la situación y hacer un poco de memoria.

Como todo el mundo sabe -y buena parte lo ha sufrido en las carnes cada vez más escuálidas de su renta mensual (los salarios más bajos llevan años reduciéndose en términos reales)- el precio de la vivienda ha experimentado en la última década subidas que, con perspectiva histórica, cabe calificar de espectaculares. El fenómeno es resultado de una concatenación de elementos que van a coincidir cronológicamente en unos pocos años, a los que no es ajena la unión monetaria en Europa: reducción de tipos de interés hasta niveles desconocidos, necesidad de aflorar dinero fiscalmente oculto, fase expansiva del ciclo económico. Todo ello va a redundar en una especulación exacerbada, muy asociada a la corrupción urbanística, un contexto en el que todo vale y cualquier cantidad de viviendas que se construya encuentra inmediatamente compradores. El ritmo de construcción es frenético, sin relación con las necesidades reales y el número de viviendas vacías se incrementa tan deprisa como los precios. El problema ya no es de vivienda, que haberlas haylas, sino de acceso a la vivienda. Para colmo, la dinámica de ocupación de suelo es depredadora y generadora de servidumbres ambientales, económicas y sociales (emisiones de CO2, congestión, incremento de necesidades de movilidad, contaminación en todos sus tipos) difícilmente asumibles en el inmediato futuro.

Así pues, durante bastantes años se ha confiado el crecimiento económico (con lo que lleva consigo, claro, de exhibición de agregados macroeconómicos aparentemente sólidos y positivos) a la construcción; y, como no podía ser de otro modo por ser las bases muy débiles, tal crecimiento va a ser fuerte pero desordenado y enfermizo, con empleo de mala calidad y un peso preocupante (por lo que significa) del sector en la economía. Socialmente, se produce una gigantesca transferencia regresiva de rentas, desde la población de menor nivel de renta y el sector público hacia los grandes promotores (ni siquiera a los constructores, cuyos márgenes no son tan elevados). Basta observar las listas de las personas más ricas. En España, una buena porción de ellas están muy vinculadas a la promoción inmobiliaria y han hecho su fortuna en un plazo relativamente breve. Y es que la misma Administración ha alimentado el proceso mediante políticas miopes, por más que cuenten con un amplio respaldo social, especialmente las desgravaciones fiscales, pero también la VPO.

No contentos con enriquecerse de esa manera, ahora forman un grupo de presión y se permiten -en ocasiones con notable impertinencia- adoctrinar sobre qué políticas hay que aplicar que, casualmente, coinciden con sus intereses. Con el chantaje del aumento del desempleo, tienen el desparpajo de exigir -ése es el verbo adecuado- un aumento de las deducciones fiscales o más fondos para VPO. Saben, naturalmente, que los más beneficiados de medidas así serían ellos. Y saben, también, que pocos políticos tienen la honestidad intelectual suficiente como para explicar a la ciudadanía que el ajuste no sólo es necesario, sino saludable y que el empleo creado al amparo del boom inmobiliario es poco estable y de muy mala calidad. Al mismo tiempo, el coste de oportunidad (en términos de posibilidades perdidas por no invertir en actividades de mayor futuro) de dedicar tan inmensos recursos al ladrillo es muy elevado para una economía que, a pesar del triunfalismo oficial, presenta indicadores poco halagüeños en aspectos esenciales como la educación, la innovación tecnológica, el medio ambiente o la productividad.

¿A qué nos ha conducido todo ello? A la vista está: precios disparatados, una expansión urbana ambientalmente insostenible, la liquidación de patrimonio público, el agotamiento de las posibilidades financieras de muchos municipios y la condena de parte de la población a vivir durante décadas atados a una hipoteca. Buena culpa de ello la tiene la confusión (quizá interesada) entre derecho a la vivienda y derecho a la vivienda en propiedad. Si una sociedad opta por garantizar el segundo, allá ella con sus consensos. Como mecanismo de control social puede ser eficaz, pero ¿es progresista una política con resultados tan retrógrados?



* http://juancarloslongas.blogspot.com



* Rebelión - 03-06-2008

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Esgos recalificó como urbanizables varias fincas rústicas de Baltar

ELPAÍS/Ourense* : El Ayuntamiento de Esgos, que preside Manuel Blanco, cuñado de José Luis Baltar, aprobó en 2006 un planeamiento urbanístico que recalifica varias parcelas propiedad del presidente provincial del PP elevándolas de suelo rústico a urbanizable.

La aprobación inicial del plan tuvo el único respaldo del grupo de gobierno (PP), en el que el hijo del presidente provincial, el parlamentario José Manuel Baltar Blanco, es teniente de alcalde. La Diputación de Ourense que preside el propio José Luis Baltar, beneficiario de la calificación, le dio también el visto bueno.

Sin embargo, el planeamiento fue declarado inviable por la Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, dependiente de Medio Ambiente, y ha sido rechazado por la Consellería de Política Territorial que considera injustificada "la clasificación de suelos urbanizables no delimitados de uso residencial" de algunas zonas, entre las que menciona las de As Vendas y Folgoso, en las que se enclavan las fincas del presidente provincial del PP.

El planeamiento rechazado por la Xunta era el primero del que se pretendía dotar el ayuntamiento de Esgos, que se rige hasta el momento por las normas complementarias subsidiarias provinciales de Ourense.

El informe de la consellería destaca la contradicción existente entre el volumen de población de Esgos, de 1.294 habitantes en 774 viviendas, "de las que 512 son principales", frente a la previsión que se realiza en el plan general de urbanismo. En este documento se incluye una estimación de edificabilidad para los próximos ocho años de 5.471 viviendas de nueva creación y se extienden, en consecuencia, los núcleos rurales. Basándose en lo desproporcionado del cálculo, el gabinete de la Xunta destaca que la clasificación de suelo urbanizable residencial "debe reducirse a la necesaria" para satisfacer las necesidades del crecimiento del núcleo urbano de Esgos.

La consellería informa, además, de que, en el caso de que resultara "justificadamente necesario" el crecimiento de los núcleos rurales que se pretende convertir en urbanos, ello debería realizarse "mediante áreas de expansión que, de hecho, el plan prevé".

En cuanto a la clasificación del suelo, dice el informe de Política Territorial que se han calificado como urbanos terrenos que no disponen de los servicios adecuados y destaca que las áreas de expansión de diversos núcleos que se han incluido en el planeamiento no se ajustan a la ley y deben ser clasificados como terrenos de "suelo rústico de especial protección".

Advierte junto a ello de que el planeamiento debe justificar "la idoneidad de la localización de las zonas para el desarrollo urbanístico". Un hecho que, según los responsables de la consellería no se da, ya que la previsión que se hace de suelo urbanizable de uso residencial ocupa terrenos -como ocurre en el caso de los núcleos de Folgoso y As Vendas, donde están las fincas de José Luis Baltar- "con potencialidades de suelo rústico de protección agropecuaria".

"En cada uno de estos ámbitos", dice el informe de la consellería, "se reconocen valores agrícolas y forestales". La Dirección Xeral de Urbanismo sostiene que deben clasificarse como suelo rústico de protección de infraestructuras los terrenos afectados por la estructura de la carretera OU-536 en el área de expansión de los núcleos de As Vendas, O Pinto y Cachamuiña.

No son las únicas recomendaciones de la Xunta. También conmina al Ayuntamiento a que justifique la viabilidad de las actuaciones previstas con fondos municipales ya que "no se incorpora en la documentación" un estudio sobre la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento y el interventor "no incluye justificación" que acredite la capacidad de financiación municipal. Reclama, además, que se incluya "de forma completa y detallada" la estrategia para el desarrollo coherente del plan y para la ejecución de los sistemas generales que deban crearse para las áreas de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable delimitado "en el caso de que existan".

El informe de la consellería sostiene que no están acreditadas "ni la necesidad de clasificar suelo urbanizable de uso industrial ni la adecuación de su emplazamiento".

El 18 de febrero pasado, siete días después de que la Dirección Xeral de Urbanismo firmara el mencionado documento rechazando el planeamiento e instando al ayuntamiento a que mantuviera la calificación de rústica de las fincas recalificadas como urbanizables, el alcalde de Esgos publicó en el DOG un edicto ordenando la exposición al público de la delimitación del núcleo rural de Folgoso. Con esa exposición pública, "una vez aprobado por el pleno de este Ayuntamiento", Manuel Blanco pretendía completar el trámite de la recalificación urbanística. Sin embargo, fuentes de la consellería sostienen que esa gestión carece de validez, ya que el planeamiento debe ser rehecho desde cero.




* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 08/06/2008
Foto: ourensenet.com

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La Axarquía, una catástrofe de ladrillo y cal

ELPAÍS/Málaga* : Mientras políticos y medios de comunicación centraban su foco en el enladrillamiento sin fin de la Costa del Sol occidental, con Marbella como ciudad-símbolo, la comarca de la Axarquía -29 municipios costeros y de interior en el tercio oriental de Málaga- se ha convertido, casita a casita y casi en silencio, en uno de los mayores desastres urbanísticos de Andalucía.

Entre 10.000 y 21.468 viviendas ilegales, según si el cálculo lo realiza la Junta o los ecologistas, se han desparramado sin orden alguno por valles y laderas, sobre todo en los pueblos de la segunda línea de costa.

Las construcciones en suelo rústico -habituales cuando la zona vivía mayoritariamente de la agricultura- se han multiplicado en la última década, especialmente por la demanda de ciudadanos de media Europa ansiosos de sol y campo. Pueblos como Alcaucín, de 2.286 habitantes censados, han pasado de tener 1.015 parcelas edificadas en 1998, a 1.169 en 2002 y a 1.538 en 2007, según los datos de la Dirección General del Catastro. En Algarrobo, las nuevas casas construidas en lo alto de los montes carecen de toma de agua y se abastecen comprando cubas. En Arenas se han levantado adosados en pleno monte. Y así sucesivamente.

El descontrol urbanístico ha degradado, quizá irreversiblemente, un territorio privilegiado. Y lo ha hecho en la misma cara de las administraciones públicas. Por un lado, los alcaldes se han visto desbordados por un fenómeno que ha enriquecido a muchos de sus vecinos y contra el que carecían de instrumentos -tanto legales como humanos- para actuar. Tampoco es que a los municipios les haya sobrado voluntad, ya que negarse a conceder licencias de obra o intentar poner un mínimo orden en el urbanismo es arriesgarse a perder las elecciones, sobre todo cuando un vecino que acondiciona su casa de campo por unos 48.000 euros, la puede vender por 360.000. "Los alcaldes que han consentido más tropelías son los que luego sacan más concejales", afirma Rafael Yus, presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA),

Por otro lado, la Junta de Andalucía no aprobó hasta julio de 2006 el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía, que rige el urbanismo de toda la comarca. Y ello tras doblegar la voluntad de los alcaldes, sobre todo los del PSOE, rebelados contra un documento que dejaba definitivamente fuera de la legalidad -y por lo tanto expuestas a un posible derribo- a cientos de viviendas en suelo rústico. Para lograr la adhesión de los regidores, la Junta se comprometió a crear un consorcio que estudiaría la legalización de aproximadamente el 85% de las viviendas ilegales a cambio de compensaciones en forma de reforestación con especies autóctonas y de que los propietarios costeasen sus servicios de agua, luz saneamiento y basuras.

También se anunció la creación de un consorcio entre Junta, ayuntamientos y Diputación Provincial que se encargaría de autorizar los proyectos, lo que en la práctica supondría aliviar a los alcaldes de la presión urbanística. Dos años después no se ha movido un papel y todavía el viernes el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, anunciaba la creación de una "mesa de trabajo" con los alcaldes para "buscar soluciones a los problemas urbanísticos de la Axarquía". Vuelta a la casilla de salida.

Muchos regidores denuncian que los sucesivos cambios que ha sufrido el POT, con la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y las modificaciones sobre el crecimiento de población y viviendas de los municipios les han impedido tener listos sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), con los que pretenden legalizar la inmensa mayoría de las casas.

Rafael Yus ha presentado más de 650 denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en la comarca. Muchos de estos escritos han acabado archivados, pero unos cuantos están propiciando un goteo de causas que agobia a casi todos los alcaldes axárquicos. Pendón afirmó que las "situaciones de ilegalidad deben ser abordadas por la vía del derecho administrativo y nunca con carácter general desde el aspecto penal", y reclamó que se dejen para los tribunales "las irregularidades que de ninguna manera admiten posible legalización". Entre estas aberraciones se encuentran, por ejemplo, las decenas de casas levantadas en el área de protección del embalse de la Viñuela, y cuyas aguas sucias acaban directamente en el mayor embalse de la provincia, o las construcciones junto al castillo de Benthomiz, en Arenas. La alcaldesa de este pueblo, Basilia Pareja (PSOE) ha intentado, sin éxito, ceder a la Junta de Andalucía las competencias de urbanismo.

Sin embargo, todos los partidos están de acuerdo en que la bicicleta de la construcción no debe detenerse. "Existe un gran desequilibrio entre las zonas costeras y el interior que ha llevado a la Fiscalía a denunciar a muchos alcaldes por seguir adelante con proyectos verdaderamente necesarios" afirma el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, del PP. Por su parte, Pendón habla de "reconocer el carácter singular de la Axarquía (...) con una importante demanda que hay que satisfacer".

Muchas de las viviendas ilegales se han levantado por decreto de las alcaldías mediante la figura legal del proyecto de actuación, que permite construir una casa vinculada a una explotación agraria. Ahora, la mayoría de los agricultores axárquicos se llaman Ronald, Terry, Michael o Patrick. Muchos de los proyectos de viviendas unifamiliares han acabado conviertiéndose en "urbanizaciones encubiertas", según define Rafael Yus, donde las casas de dos o tres plantas con torreones y piscinas, construidos sobre enormes escolleras de piedra para salvar las pendientes han sustituido a los tradicionales cortijos de planta baja. Justamente lo que el POT pretende evitar.





* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 08/06/2008
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es

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Costas considera ilegales gran parte de las casas de la zona litoral de Malpica

LAVOZ/A Coruña* : Más de la mitad de las construcciones en primera línea de mar en la playa Area Maior de Malpica, todas las del Caldeirón y la inmensa mayoría de las de la dársena están dentro de la delimitación del dominio público marítimo-terrestre que Costas ha presentado a los propietarios de Malpica. Al caso de la villa hay que sumarle el resto del litoral, entre el fin del arenal de Canido y el límite con Carballo.

Los afectados por esta medida se cuentan por decenas. Por no salvarse, no se salva ni la cofradía de pescadores, puesto que el edificio tiene una parte en zona de dominio público. De hecho, son muy pocos los propietarios del municipio que se han salvado del disgusto. Por ejemplo, toda la calle Ramona Criado, con los edificios que hay en cada una de sus aceras, está afectada por la normativa de Costas, al igual que la rúa Caldeirón en todo su trazado.

Para los que ya tienen edificios en esta área, el principal problema es la pérdida de valor actual y futuro de sus inmuebles; para los que tienen solares en las zonas afectadas lo peor es que saben que nunca podrán construir, aunque haya un edificio de más de seis plantas, y de nueva construcción, junto a su terreno. La situación se repite en las demás áreas urbanizadas de la costa, como es el caso de Barizo o Seiruga.

Los afectados ya se han empezado a poner en marcha. Se ha iniciado una recogida de firmas y el PP también desarrollará distintas iniciativas al respecto.

El último deslinde de Costas realizado en Malpica data de principios de los años ochenta. En esta actuación se basa la normativa urbanística que sigue en vigor, con las correspondientes autorizaciones. Hasta ahora, en las áreas que están afectadas por el deslinde se han concedido licencias sin problemas.

En el casco urbano los problemas comienzan a partir del número 59 de la calle Emilio González López. Desde ahí hasta el centro hay decenas de construcciones afectadas, además de varios solares. En algún tramo no se va a poder construir en el lado del mar. Curiosamente, es una zona en la que hay varias casas bastante antiguas, justo antes de las primeras escaleras que bajan desde la avenida principal de Malpica hasta Area Maior.

Movilización

Todos los partidos que conforman la corporación local se han movilizado por este asunto que preocupa a la mayor parte de los propietarios de terrenos y viviendas en Malpica. Los populares ofrecerán en los próximos días una charla a cargo de técnicos para que asesoren a los afectados. Además, presentarán una moción en el próximo pleno, el día 12, en el que propondrán a la corporación que envíe un escrito a Costas para que «amplíe el plazo de exposición para que los vecinos que no están familiarizados con estos asuntos tengan más tiempo para poder defender sus intereses».

El equipo de gobierno ha contratado a un arquitecto y a un asesor jurídico para elaborar las alegaciones que presentará el Concello de Malpica en nombre de todos los propietarios afectados. También el BNG trató este tema con los vecinos.





* La Voz de Galicia - Cristina Viu - 07.06.2008
Foto: El último deslinde de Costas en Malpica data de los años ochenta y en él se basa la norma urbanística que sigue en vigor/ JANET GONZÁLEZ VALDÉS, lavozdegalicia.es

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Un juez dice que no es delito ´ocupar´ una casa ´abandonada´ por su dueño

DIARIODEMALLORCA* : El magistrado palmesano Jaime Tartalo ha dictado una sentencia pionera sobre la responsabilidad penal de las personas que se instalan a vivir sin permiso en casas ajenas, conocidos coloquialmente como ocupas. Según el juez, la ocupación de una casa no constituye un delito de usurpación de la vivienda ajena si el propietario de la misma la tiene en estado de abandono y no ejerce una "posesión social" sobre el inmueble.

La sentencia, que ya ha adquirido firmeza al no haber sido recurrida por la fiscalía, ha absuelto a una mujer, para la que se pedían 5 meses de multa, a razón de 4 euros diarios, por haberse metido a vivir en una casa deshabitada de la calle Presbítero Rafael Barrera, 42, de Palma.
Los hechos se remontan a principios del año pasado cuando la acusada, que no tenía donde vivir, optó por asentarse en la vivienda de la calle Rafael Barrera. La casa estaba deshabitada desde hacía más de 20 años y los candados que había colocado su dueña no habían impedido que se colasen allí indigentes y otras personas.
El inmueble estaba lleno de basuras, muebles viejos, ratas y jeringuillas. Semanas después, un vecino avisó por teléfono a la propietaria de que desconocidos estaban metiendo muebles en el inmueble y ésta llamó a la Policía.
Finalmente la mujer, defendida por Carlos Portalo, fue desalojada, tras dialogar con los agentes e intentar convencer a la denunciante de que le dejara seguir viviendo allí.
La sentencia destaca que la dueña se había desentendido del inmueble, que estaba en mal estado. La dueña no tenía mucho interés en la casa, puesto que ni la visitaba y pensaba que se la iban a expropiar.
El juez añade que la conducta de la acusada fue reprochable, pero que no fue constitutiva de una usurpación de vivienda "al no disfrutar la perjudicada (la propietaria) de una posesión material o socialmente manifestada sobre el inmueble ocupado".
La denunciada también fue acusada de una falta de desobediencia a la autoridad por no abandonar la casa nada más ser conminada a ello por la Policía. Sin embargo, la mujer también ha sido absuelta de dicho cargo al entender el juez que los agentes no dieron directamente la orden de desalojo, sino que estuvieron tratando de convencerle de que saliera voluntariamente.
La acusada llegó a estar detenida dos días en los calabozos por estos hechos.




* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/B.PALAU. PALMA - 07 de junio de 2008
Foto: Los hechos ocurrieron en la calle Presbítero Rafael Barrera de Palma/ Anna Sastre, diariodemallorca.es

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Roca pagó unos 8 millones de euros a Ayuso, que éste habría repartido entre concejales

LAVERDAD/Murcia* : Muy valiosos habían de ser sus servicios para cobrarlos tan bien. El arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso Fernández, uno de los principales imputados en la denominada Operación Ninette contra la corrupción en Los Alcázares, habría recibido, por sí mismo o a través de sociedades que controlaba mediante testaferros, al menos coho millones de euros del cerebro de la trama malaya, Juan Antonio Roca.

Ésta es una de las conclusiones que se derivan de la investigación, realizada a lo largo de casi dos años, por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Sección de Blanqueo de Dinero, de la Dirección General de la Policía, y que se documenta en unas diligencias judiciales a las que este periódico ha tenido acceso.

Los especialistas de la Policía consideran que Mariano Ayuso era el «eslabón de conexión» entre una presunta trama de corrupción instalada en el Ayuntamiento de Los Alcázares, y Juan Antonio Roca y su maraña de sociedades y testaferros. Así, las millonarias cantidades de dinero que Ayuso iba recibiendo por sus múltiples gestiones -desde redactar el proyecto de un hotel de cuatro estrellas propiedad de Roca a impulsar la aprobación de convenios urbanísticos- tendrían una posible triple condición: pagos por sus irregulares servicios profesionales al margen de la Administración local, «recompensas por la obtención de resoluciones administrativas directamente emanadas por Ayuso», o bien «como precio para que el arquitecto medie ante instancias diferentes del Ayuntamiento».

Entre los principales sospechosos de haber recibido parte del dinero obtenido por Mariano Ayuso figura el ex alcalde socialista Juan Escudero, quien desde el primer momento se convirtió en uno de los primeros objetivos de los investigadores. Escudero se halla actualmente en libertad bajo fianza de 60.000 euros (diez millones de pesetas) , mientras que Ayuso, tras pasar casi tres meses encarcelado, quedó libre con una fianza de 100.000 euros (casi 17 millones de pesetas).

CUATRO SOCIEDADES CONTROLADAS

Los agentes de la UDEF señalan que Mariano Ayuso recibía el dinero de Roca bien directamente o a través de cuatro sociedades, que controlaba mediante personas de su máxima confianza: el despacho de arquitectura Gyps Fulvus S.L., a cuyo frente estaba su hermano Juan Ignacio, y las mercantiles Dekema Bull S.L., Dorma Golf S.L. e Ilka Baley S.L., cuya titular era su cuñada Inmaculada Camacho Escudero, esposa de Juan Ignacio.

Las pruebas de los pagos realizados por las sociedades de Roca al arquitecto municipal de Los Alcázares las encontraron los especialistas de la Policía Nacional en los registros que realizaron en las sedes de varias firmas controladas por el cerebro de la trama malaya, así como en la espectacular finca agrícola La Loma de la localidad marmenorense.

En estas dependencias fueron hallados documentos, como facturas, cheques y reconocimientos de pago por importantes de 650.000, 10.000, 754.000, 452.000, 301.600, 66.816, 124.437, 300.000, 72.000, 211.000, 1.054.773 y 200.000 euros, cantidades que suman un total de 3.745.476 euros (más de 616 millones de pesetas).

Asimismo, la Policía constató que una finca de 7.000 metros cuadrados, que el Ayuntamiento adjudicó directamente a una de las sociedades controladas por Ayuso, Ilka Baley S.L. -costó 1,5 millones de euros-, fue vendida poco después a una sociedad de Juan Antonio Roca, generando unas plusvalías de unos cuatro millones de euros (660 millones de pesetas).

De esa cantidad, más de dos millones de euros se entregaron en dinero negro, por lo que la Policía considera que este dinero «pudiera corresponderse con comisiones que van directamente al patrimonio de las personas físicas; es decir, al patrimonio de Inmaculada Camacho Escudero y posiblemente al de miembros del Ayuntamiento».

De esta forma, unos se enriquecían -altos funcionarios municipales- y Roca conseguía lavar, mediante la adquisición de terrenos, el dinero negro, de procedencia ilícita, que habría obtenido con sus operaciones en Marbella.





* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 8 junio 2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), ayuntamiento - EFE, laverdad.es

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El fiscal acusa de prevaricación al ex alcalde de Pontedeume

ELPAÍS/A Coruña* : El fiscal especializado en delitos urbanísticos Antonio Roma ha presentado una querella ante el Juzgado Decano de Betanzos contra el ex alcalde socialista de Pontedeume, Belarmino Freire, al que acusa de prevaricación por otorgar una licencia para construir una vivienda familiar sobre suelo rústico de protección costera.

La denuncia se dirige a su vez contra el resto de los concejales de su comisión de gobierno que avalaron el permiso en varias votaciones entre octubre de 2001 y noviembre de 2002 y contra Manuel Valiente García que ejerció como arquitecto municipal durante aquella época.

La finca a la que se refiere el escrito se encuentra clasificada según las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Pontedeume como suelo no urbanizable de protección costera. Cuando se iniciaron los trámites para demoler la construcción, el propietario del inmueble intentó esquivar la piqueta presentando en la oficina de urbanismo del ayuntamiento coruñés un nuevo proyecto de explotación hortícola. Según la querella del fiscal, la maniobra administrativa pretendía "disimular la existencia de una vivienda unifamiliar ya rematada" a escasos metros del mar.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Coruña declaró nula esa segunda licencia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó el pasado 10 de abril esa decisión. En su escrito, el ministerio público oficia al concello de Pontedeume para que identifique a los miembros de la Comisión de Gobierno entre 2001 y 2002 para que se les acuse de un delito de prevaricación. La misma calificación que otorga al técnico que avaló la aprobación del permiso.




* ELPAIS.com - J. P. - Santiago - 07/06/2008
Foto: Pontedeume (A Coruña) - caminoasantiago.com

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3.000 voces contra la Central de Agando en Fuerteventura

LAPROVINCIA* : Gran Tarajal se vistió este sábado de luto. 3.000 vecinos tomaron sus calles ataviados con camisetas negras para mostrar su rechazo a la instalación de la central térmica que pretende ubicar el Gobierno de Canarias en el Valle de Agando.

Un solo pueblo y una sola voz para hacer llegar a las instituciones públicas, principalmente al Ayuntamiento de Tuineje y Cabildo de Fuerteventura que "Agando no se toca, alguien se equivoca", como proclamaban al unísono.

Nunca se había visto una movilización igual en Gran Tarajal. Miles de personas en las calles, los comercios cerrados, un sentimiento de rabia y 4.700 firmas que rechazan la industria energética que pretenden ubicar cerca de los núcleos poblados de Gran Tarajal, Giniguinamar, Tarajalejo y Las Playitas. Además, los manifestantes ante la ausencia de los miembros del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tuineje, aunque si estuvieron los de la oposición, le enviaron un mensaje envenenado al alcalde Salvador Delgado "alcalde, escucha el pueblo está en lucha" en plena calle y a viva voz.

Tras la finalización del recorrido los manifestantes se concentraron en la avenida marítima donde uno de los miembros de la Plataforma Ciudadana de rechazo a la citada Central, Víctor Carmona, leyó un manifiesto en la que señalaba que el pueblo salió a la calle de forma espontánea "para defender su calidad de vida y decidir sobre el modelo de Isla en que quiere vivir. Salimos a la calle para decir no a la central térmica en Agando ni en otro lugar que perjudique a la población, no a convertir el muelle de Gran Tarajal en el puerto de descarga de combustible. El pueblo quiere calidad de vida", sentenció.

Gran Tarajal habló ayer alto y claro. Sus vecinos no quieren la central eléctrica en Agando. Ahora el turno de palabra la tiene el Ayuntamiento de Tuineje y el Cabildo majorero.




* La Provincia - ANTONIO CABRERA / PUERTO DEL ROSARIO - 07 de junio de 2008
Foto: Vecinos de Gran Tarajal, durante la manifestación de este sábado/ CARLOS DE SAA, laprovincia.es

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Los restos de Numancia están hechos una ruina

EFE/Soria* : Las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia han denunciado hoy la "delicada situación" del yacimiento arqueológico de Numancia y han reclamado la paralización de cuatro proyectos que "amenazan" la zona, a fin de evitar "daños irreparables".

Ambas instituciones han hecho público hoy un comunicado en el que afirman que el territorio de la zona arqueológica "está siendo sometido a una presión creciente de ocupación urbanística, como consecuencia del crecimiento y desarrollo de la ciudad de Soria".

Las academias establecen hasta cuatro actuaciones o proyectos urbanísticos que están amenazando el yacimiento arqueológico de Numancia y sus alrededores: un vertedero con "clara alteración del paisaje", la llamada Ciudad del Medio Ambiente, la urbanización del Cerro del Alto Real en Garra y el Polígono Industrial Soria II.

Las dos instituciones consideran que "resulta insuficiente" la protección exclusiva del yacimiento arqueológico, "entendiendo como tal la ciudad celtibérica y romana y los campamentos romanos del cerco de Escipión".

Numancia, desprotegida

Además han denunciado la ausencia de una figura legal que contemple la protección de Numancia y su entorno "como una unidad en la que hay que entender el espacio geográfico e histórico de la ciudad y los campamentos como un paisaje arqueológico y cultural que requiere un tratamiento específico".

Las academias consideran "urgente y prioritario" estudiar los límites del territorio arqueológico "de modo riguroso y científico", para "hacer compatible su protección con la justa aspiración de un proceso de desarrollo económico".

"Atendiendo a los daños irreparables que podrían ocasionarse en uno de los lugares más emblemáticos de nuestro patrimonio histórico", las academias de Bellas Artes e Historia solicitan de "las autoridades competentes" que se paralicen las actuaciones y proyectos citados, hasta que se haya realizado el estudio de protección del paisaje de Numancia.

El comunicado recuerda que fue la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la institución que promovió la declaración del yacimiento arqueológico de Numancia como monumento nacional, "lo cual ha contribuido desde entonces a la especial protección de la que ha sido objeto".




* ADN - EFE - 06.06.2008
Foto: Excavaciones en el yacimiento de Numancia - EFE

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Vecinos de Viladecans consideran un 'misterio especulativo' la compra de terrenos del Barcelona

TERRA/Barcelona* : La Plataforma Salvem Oliveretes consideró hoy un 'misterio especulativo' que el FC Barcelona haya comprado 27,8 hectáreas de suelo en Viladecans (Barcelona), propiedad de Golf Viladecans, ya que son terrenos 'preservados como Xarxa Natura 2000' y en los que 'no se puede hacer ninguna intervención urbanística'.

Los terrenos están ubicados en el entorno de L'Estany del Remolar, situado entre la autovía de Castelldefels (Barcelona), el Aeropuerto de El Prat y la delimitación del dominio público marítimo terrestre. Según el club, esta operación fortalece el patrimonio inmobiliario de la entidad y es fruto de un proceso que se inició el primer semestre del año pasado, con la colaboración del Ayuntamiento de Viladecans.

La plataforma se preguntó cómo es posible que el club se gaste dinero en unos terrenos donde 'no puede hacer ninguna intervención urbanística' y aseguró que el Ayuntamiento de Viladecans ha colaborado en esta operación ya que hace años 'quería realizar en estos mismos terrenos, con la promoción conjunta con la empresa Golf de Viladecans, un campo de golf'. La oposición ciudadana impidió que dicho proyecto se pudiese llevar a cabo.

Añadió que todo parece indicar que el consistorio 'ha hecho de mediador' entre la empresa y el club, 'quizás para paliar compromisos no cumplidos con Golf Viladecans' o para conseguir la cesión de terrenos titularidad del club catalán en la zona de Els Reguerons.

En cuanto al FC Barcelona, señaló que los terrenos adquiridos pueden ser 'pieza de cambio' para conseguir la autorización de edificar más en la zona del Miniestadi. 'Si este fuese el caso, no tienen ningún sentido porque el Barça ha comprado unos terrenos 'no urbanizables' y, por lo tanto, no tiene derecho de edificabilidad para cambia por ningún cromo', sentenció la plataforma.




* Terra Actualidad - Europa Press - 06.06.2008
Foto: Viladecans (Barcelona) - comercio.es

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