EFE/Soria* : Las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia han denunciado hoy la "delicada situación" del yacimiento arqueológico de Numancia y han reclamado la paralización de cuatro proyectos que "amenazan" la zona, a fin de evitar "daños irreparables".
Ambas instituciones han hecho público hoy un comunicado en el que afirman que el territorio de la zona arqueológica "está siendo sometido a una presión creciente de ocupación urbanística, como consecuencia del crecimiento y desarrollo de la ciudad de Soria".
Las academias establecen hasta cuatro actuaciones o proyectos urbanísticos que están amenazando el yacimiento arqueológico de Numancia y sus alrededores: un vertedero con "clara alteración del paisaje", la llamada Ciudad del Medio Ambiente, la urbanización del Cerro del Alto Real en Garra y el Polígono Industrial Soria II.
Las dos instituciones consideran que "resulta insuficiente" la protección exclusiva del yacimiento arqueológico, "entendiendo como tal la ciudad celtibérica y romana y los campamentos romanos del cerco de Escipión".
Numancia, desprotegida
Además han denunciado la ausencia de una figura legal que contemple la protección de Numancia y su entorno "como una unidad en la que hay que entender el espacio geográfico e histórico de la ciudad y los campamentos como un paisaje arqueológico y cultural que requiere un tratamiento específico".
Las academias consideran "urgente y prioritario" estudiar los límites del territorio arqueológico "de modo riguroso y científico", para "hacer compatible su protección con la justa aspiración de un proceso de desarrollo económico".
"Atendiendo a los daños irreparables que podrían ocasionarse en uno de los lugares más emblemáticos de nuestro patrimonio histórico", las academias de Bellas Artes e Historia solicitan de "las autoridades competentes" que se paralicen las actuaciones y proyectos citados, hasta que se haya realizado el estudio de protección del paisaje de Numancia.
El comunicado recuerda que fue la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la institución que promovió la declaración del yacimiento arqueológico de Numancia como monumento nacional, "lo cual ha contribuido desde entonces a la especial protección de la que ha sido objeto".
* ADN - EFE - 06.06.2008
Foto: Excavaciones en el yacimiento de Numancia - EFE
Los restos de Numancia están hechos una ruina
Vecinos de Viladecans consideran un 'misterio especulativo' la compra de terrenos del Barcelona
+-+comercio.es.jpg)
TERRA/Barcelona* : La Plataforma Salvem Oliveretes consideró hoy un 'misterio especulativo' que el FC Barcelona haya comprado 27,8 hectáreas de suelo en Viladecans (Barcelona), propiedad de Golf Viladecans, ya que son terrenos 'preservados como Xarxa Natura 2000' y en los que 'no se puede hacer ninguna intervención urbanística'.
Los terrenos están ubicados en el entorno de L'Estany del Remolar, situado entre la autovía de Castelldefels (Barcelona), el Aeropuerto de El Prat y la delimitación del dominio público marítimo terrestre. Según el club, esta operación fortalece el patrimonio inmobiliario de la entidad y es fruto de un proceso que se inició el primer semestre del año pasado, con la colaboración del Ayuntamiento de Viladecans.
La plataforma se preguntó cómo es posible que el club se gaste dinero en unos terrenos donde 'no puede hacer ninguna intervención urbanística' y aseguró que el Ayuntamiento de Viladecans ha colaborado en esta operación ya que hace años 'quería realizar en estos mismos terrenos, con la promoción conjunta con la empresa Golf de Viladecans, un campo de golf'. La oposición ciudadana impidió que dicho proyecto se pudiese llevar a cabo.
Añadió que todo parece indicar que el consistorio 'ha hecho de mediador' entre la empresa y el club, 'quizás para paliar compromisos no cumplidos con Golf Viladecans' o para conseguir la cesión de terrenos titularidad del club catalán en la zona de Els Reguerons.
En cuanto al FC Barcelona, señaló que los terrenos adquiridos pueden ser 'pieza de cambio' para conseguir la autorización de edificar más en la zona del Miniestadi. 'Si este fuese el caso, no tienen ningún sentido porque el Barça ha comprado unos terrenos 'no urbanizables' y, por lo tanto, no tiene derecho de edificabilidad para cambia por ningún cromo', sentenció la plataforma.
* Terra Actualidad - Europa Press - 06.06.2008
Foto: Viladecans (Barcelona) - comercio.es
El Defensor del Pueblo cree que la ley urbanística valenciana diluye la responsabilidad pública
LEVANTE* : El Defensor del Pueblo considera que el marco normativo de la Comunitat Valenciana en materia urbanística introduce novedades que pueden "desvanecer la plena asunción de la responsabilidad que incumbe a los poderes públicos en el desarrollo armónico del territorio".
Así se recoge en el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2007, al que ha tenido acceso EFE, en el que se afirma que la ejecución del planeamiento urbanístico "adolece de serios problemas relacionados con la complejidad de la gestión administrativa y con las dificultades para llevar a efecto sus previsiones, especialmente cuando se acude al sistema de compensación".
El Defensor del Pueblo cree necesario que la legislación aborde un régimen de cumplimiento más estricto de los preceptos que establecen el requisito de evaluación ambiental previa, vinculada a los proyectos de infraestructuras.
En el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2007 buena parte de las quejas recibidas en materia de medio ambiente se refieren a la ausencia o falta de consideración de las evaluaciones de impacto ambiental que acompañan a los proyectos.
El Defensor del Pueblo cree que con una legislación más estricta se evitarían "aquellos comportamientos administrativos que soslayan o prescinden del principio de protección del medio ambiente".
De las 2.932 quejas recibidas en materia de ordenación territorial, la mayor parte (2.267) se refieren a urbanismo y vivienda, 492 a medio ambiente y 173 a ordenación y planificación territorial.
La contaminación acústica continúa siendo objeto de un número importante de quejas, especialmente en lo referente a la lenta reacción de las administraciones ante las denuncias de ruido excesivo.
El informe señala que la Administración, principalmente las corporaciones locales, "pueden mejorar mucho su capacidad de respuesta rápida ante las actividades contaminantes que impediría que se consumara la lesión de los legítimos derechos de los ciudadanos".
La insuficiencia de recursos hídricos en relación con determinados planes urbanísticos que no garantizaban un abastecimiento adecuado ha sido también objeto de queja en 2007.
El informe liga la insuficiente protección de los espacios naturales a la eficacia o a la propia aprobación y puesta en marcha de los planes de ordenación de los recursos naturales.
En el de este año destacan las investigaciones seguidas respecto al retraso en la aprobación del plan para la Sierra de Guadarrama, en Madrid, y la modificación, impugnada ante los tribunales, del plan de ordenación de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, en Castilla y León.
* Levante-EMV - EFE - 05.06.2008
Foto: Valencia, consell cultura - cvc.gva.es
Expertos advierten que la corrupción de la Costa se habría trasladado al interior
.jpg)
MÁLAGAHOY* : Los criminólogos que en julio de 2003 publicaron el reputado y criticado estudio sobre la corrupción urbanística en la Costa del Sol, en el que alertaban de una situación delictiva instaurada que después fue evidenciada por casos como Malaya, Hidalgo o Ballena Blanca, han publicado un nuevo trabajo en el que avisan de que estas prácticas ilegales podrían haberse "trasladado a contextos más favorables" y hablan de "urbanismo salvaje en la segunda franja del litoral".
La Revista Española de Investigación Criminológica recoge el trabajo del director del Instituto de Criminología de Málaga, José Luis Díez Ripollés, y de la criminóloga especializada en delincuencia económica y organizada Alejandra Gómez-Céspedes titulado La corrupción urbanística: estrategias de análisis, una investigación que supone una revisión del que publicaron hace cinco años y que levantó ampollas entre los ayuntamientos costeros y el sector inmobiliario al destacar la existencia de corruptelas en las corporaciones locales y la permisividad para blanquear dinero procedente de las mafias con inversiones en la construcción.
Este nuevo estudio, cuyas numerosas horas de trabajo se han plasmado en 37 páginas, refleja un cambio de mentalidad ante este tipo de delitos, la mayor implicación de los poderes públicos para perseguirlos y alerta del previsible trasvase a municipios menos llamativos.
Ripollés y Gómez-Céspedes manifiestan que las recientes intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han producido un cambio de la visión social que se tenía de este tipo de delincuencia, que con un cierto halo romántico se calificaba de cuello blanco y que se beneficiaba por la reputación y el prestigio de los que la llevaban a cabo.
Esta nueva mentalidad también se ha instaurado en las instituciones. Ambos criminólogos señalan que a partir de 2004, a raíz del doble crimen del hotel Andalucía Plaza de Marbella, el Ministerio del Interior reforzó las unidades de la Udyco Costa del Sol, se crearon los Grupos de Respuesta Especial contra la Delincuencia Organizada (Greco) y puso en marcha los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil. Además, se potenció el apoyo de la Brigada de Investigación del Banco de España y la puesta en marcha de fiscalías especiales.
No obstante, los autores valoran como gran logro de estos últimos tiempos la mayor implicación de las distintas administraciones. "Hasta hace muy poco tiempo, el control de la actividad urbanística de la Costa del Sol estaba caracterizado por inspecciones tímidas y poco frecuentes a nivel local. Cuando el cumplimiento de la legalidad se elevaba a instancias autonómicas (Junta de Andalucía) o judiciales (activadas generalmente por particulares), ésta tampoco se subsanaba, cuando menos de manera eficaz. El largo periodo de tiempo que transcurría hasta la adopción de resoluciones sancionadoras administrativas ha motivado que la inmensa mayoría de edificaciones ilegales no sólo se construyeran sino que se habitaran", señalan los criminólogos, que reflejan la cuestionable eficacia de iniciativas como el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de Andalucía Occidental, puesto en marcha en 2006 por la Junta de Andalucía e impugnado por los alcaldes socialistas de Estepona y Mijas.
El estudio señala que el cambio en la tendencia permisiva existente hasta entonces con la mayor implicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "que se había mantenido pasivo" , fue con la primera sentencia condenatoria contra Julián Muñoz. Este nuevo panorama ha provocado "un notable aumento de las diligencias previas incoadas por delitos contra la ordenación del territorio en la provincia de Málaga, que pasan de 29 en 2002 a 99 en 2006".
A esta nueva tendencia en el ámbito autonómico y judicial hay que unir las actuaciones del Gobierno de la nación, con la aprobación de la Ley 8/2007 del Suelo y el aumento de investigaciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
Ripollés y Gómez-Céspedes concluyen que "los últimos datos facilitados por el Colegio de Arquitectos de Málaga indican que la construcción de nuevas viviendas en la provincia retrocedió casi un 20% en los tres primeros meses de 2007. Creemos que, además de la desaceleración del mercado inmobiliario, las actuaciones de la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Ministerio Fiscal han jugado un papel determinante en el freno del urbanismo salvaje de la Costa del Sol".
No obstante, los autores advierten de un posible trasvase de estas prácticas urbanísticas irregulares y delictivas afirmando que, "mientras la construcción de viviendas ha descendido en todos los municipios de la Costa del Sol occidental, en algunas localidades del interior esa bajada es casi imperceptible. Por ejemplo, mientras que en Marbella el descenso de la edificación de casa nueva rondó el 70%, en Ronda los visados aumentaron un 163% y en Álora un 468%".
Esta situación hace que los autores se cuestionen "si realmente las actuaciones de los poderes públicos han tenido la capacidad de reducir el problema, o si simplemente se ha trasladado a contextos más favorables. En algunos círculos informados se habla del urbanismo salvaje de la segunda franja del litoral".
Los criminólogos finalizan la investigación reflejando los síntomas de este nuevo panorama. "Hasta el momento no podemos saber al detalle qué tanto ha influido el cambio de actitud de los poderes públicos en el control de la actividad urbanística de la Costa. Intuimos que el descenso de la vivienda nueva no puede atribuirse solamente a una desaceleración del mercado. Más bien parece que en la zona se han comenzado a cerrar o dificultar el acceso a espacios vulnerables a la corrupción y especulación urbanísticas".
* Málaga Hoy - Pablo D. Almoguera - 06.06.2008
Foto: Manilva - J.R. (El País)
Gentrificación
MONCHO ALPUENTE/Madrid* : Uno a uno han ido cayendo los decrépitos tugurios de la calle de la Ballesta, patéticos vestigios de lo que en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo fuera emporio cutre de la jarana nocturna y referencia obligada del sórdido mapa de la prostitución urbana, apenas encubierta de puertas afuera bajo la denominación bastarda de bares americanos y barras de alterne, o viceversa.
En sus momentos de mayor auge titilaban en tan breve vía hasta doce rótulos luminosos de otros tantos establecimientos del ramo alternativo, burdos y chabacanos reclamos para el mercadeo prostibulario que se consumaba en una red de hospitalarias pensiones de la zona. Los puticlús, así los bautizaron los castizos del barrio, se extendían por las calles y travesías adyacentes a espaldas de la Gran Vía formando un pequeño barrio chino, otro término bastardo y racista, ni todos los bares americanos eran antesalas de burdeles, y en la China de Mao los barrios chinos habían sido extirpados. Hoy el barrio es más chino, sin comillas, dedicado a otro tipo de comercio, más ultramarino y colonial que nunca.
En la calle de la Ballesta vivió Rosalía de Castro, aún no había bares americanos pero el barrio ya gozaba de una mala fama aquilatada desde que un lansquenete jubilado de los de Carlos V montó en sus andurriales una taberna con un tiro al blanco. Hasta hoy han llegado dos versiones diferentes del deporte que allí se practicaba: una afirma que se tiraba sobre siluetas de animales de caza mayor; la otra certifica que los ballestazos iban dirigidos a bestias de carne y hueso. Uno de los motivos que impulsaron la apertura de la Gran Vía fue el de sanear esta zona de callejones lóbregos, donde toda inmoralidad tenía su asiento según los moralistas de la época. Los callejones de Ceres y del Perro cayeron bajo la piqueta por infames e insalubres, pero el negocio del ocio noctámbulo y venéreo rebrotaría con más fuerza en las inmediaciones, precisamente por su proximidad con la nueva, anchurosa y lujosa arteria.
Los neones de Ballesta se iban extinguiendo al paso y a los usos de los años, pero un día, hace no muchos días, se apagaron de golpe y en su lugar aparecieron los carteles de una empresa benefactora que ha comprado 50 locales en esta calle y sus alrededores para sustituir el penoso comercio de la carne mercenaria por modernos y sanos negocios de ropa y complementos, de diseño y de vanguardia. En su imaginativa y agresiva campaña de promoción, Triball propone la okupación creativa de los viejos tugurios y oferta a jóvenes y creativos comerciantes sus locales para que los renueven y limpien la mucha mugre y la mala fama del barrio, se supone que con alquileres económicos y contratos provisionales. La posible peatonalización de algunas de estas calles y el aumento de las medidas de seguridad, cámaras de vigilancia incluidas, hacen de este céntrico enclave un prometedor centro comercial, prolongación de la zona de Fuencarral y de las grandes superficies franquiciadas de la Gran Vía.
Las tiendas jóvenes y creativas de Fuencarral que animaron y crearon una joven y creativa clientela van siendo usurpadas, día a día, por las voraces franquicias. Aviso para navegantes del barrio de la Ballesta, Desengaño y la Corredera, en los confines de la de Malasaña, barrio curtido en múltiples bregas inmobiliarias y especulativas y habitado por jóvenes y creativos residentes que han organizado una plataforma Anti-Triball y un concurso de carteles replicantes contra la "triballización" y sus previsibles secuelas. La plataforma denuncia la sustitución solapada del núcleo popular del barrio con todas sus lacras, subsanables con una administración municipal menos especulativa, por un vecindario de mayores recursos económicos, un fenómeno conocido desde los años sesenta como gentrificación, del inglés gentry, burgués, aburguesamiento o elitización, aproximadamente; la Wikipedia, que dedica 10 páginas a glosar el espantoso vocablo, explica que "la gentrificación comienza cuando un grupo de personas de un cierto nivel económico descubren un barrio que, a pesar de estar degradado y descapitalizado, ofrece una buena relación entre la calidad y el precio y deciden instalarse. Estos barrios suelen estar situados cerca del centro de la ciudad...".
Una definición de libro para un proceso ya probado en Madrid. La gentrificación sanea los barrios desplazando a sus antiguos moradores, que no pueden hacer frente a los altos precios de las viviendas rehabilitadas y de los nuevos comercios gentrificados. Algo así como la versión urbanística de La invasión de los ladrones de cuerpos.
* ELPAIS.com - Opinión - 04/06/2008
El ex alcalde de Totana extorsionó a industriales desde la Cámara murciana
,+ayuntamiento+noche+-+totana.es.jpg)
ELPAÍS/Murcia* : La Guardia Civil cree que el ex alcalde de Totana del PP y diputado del grupo mixto en el Parlamento autonómico murciano, Juan Morales, siguió aprovechándose de su cargo de diputado para hacer negocios ilícitos y tratar de cobrar comisiones ilegales por las gestiones urbanísticas iniciadas cuando era primer edil totanero.
Documentos interceptados al abogado de Morales muestran que la ex mujer de éste -está separado, no divorciado y sin separación de bienes- firmó un convenio con la empresa Visanfer en la que el empresario se comprometía a pagar cinco millones de euros de comisión a cambio de la recalificación de una finca en un Parque Natural.
Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) que consta en el sumario de la Operación Tótem, al que ha tenido acceso EL PAÍS, subraya: "Juan Morales, desde su nueva posición de diputado regional, sigue aprovechándose de su condición de servidor público con influencias en la Administración (...) para seguir haciendo ver a Manuel Núñez Arias que aún conserva cierta influencia y que de él depende la exitosa culminación de la operación, consiguiendo así una recompensa por sus servicios". Morales fue alcalde de Totana hasta 2007, cuando pasó a la Asamblea regional en la lista del PP. En diciembre pasado, cuando estalló el escándalo de corrupción, fue expulsado y pasó al Grupo Mixto. IU recordó ayer que Morales fue elegido por el PP portavoz de la Comisión de Ordenación del Territorio, por la que debería pasar la recalificación de esa parcela.
Según la investigación judicial, Morales habría pactado con el empresario una comisión ilegal de 3,6 millones, de la que también se beneficiarían los intermediarios Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara, así como el empresario totanero Gabriel Martínez, amigo íntimo de Morales. Una frase de este último, dueño de Huevos Maryper, llevó a la Guardia Civil a pensar que el ex alcalde continuaba delinquiendo desde la Asamblea.
Martínez y Morales, una vez que éste había salido de la alcaldía de Totana, negociaban con Núñez Arias la comisión ilegal por las gestiones para aprobar el convenio urbanístico. "Por si hay que dar un toque en Murcia o donde sea", señaló el empresario totanero.
El responsable de Política Municipal de IU y edil de Totana, Juan José Cánovas, dijo tener constancia "de que hubo personas del municipio que informaron al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, o a parte de su entorno, sobre qué pasaba en el municipio". El alcalde de Totana, el popular José Martínez Andreo, aseguró ante la prensa que las presuntas corruptelas de Morales las conocía "media Totana y medio Región de Murcia".
NEGOCIANDO LA PASTA
José Antonio Alcántara, Juan Morales y Gabriel Martínez (en la foto, escaneada de un informe de la Guardia Civil) viajaron a Vigo en octubre de 2007 para cobrar 3,6 millones de euros de comisión. Luego rebajaron el monto a 600.000 euros para "bajarse el dinero a Murcia en bolsas".
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 06/06/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
Ben Magec afirma que la nueva moratoria triplicará las camas turísticas
LAPROVINCIA* : La organización ecologista Ben Magec critica el incremento de nuevas camas turísticas que auspicia el Gobierno canario en la reforma de las Directrices y el consumo de suelo que supondrá. En este sentido, los ecologistas aseguran que, con esta nueva norma, habrá complejos que puedan pasar a tener el triple de camas y en terrenos que, aunque sean urbanizables, ahora mismo están sin utilizar.
Para Ben Magec, uno de los principales problemas es que "ni el Gobierno de Canarias ni los ciudadanos conocen el volumen de licencias municipales, autorizaciones previas y planeamientos parciales que hay en las Islas", algo que para la organización "parece que a nadie le preocupa".
Ben Magec presentó ayer sus alegaciones a la Ley de Medidas Urgentes impulsada por el Ejecutivo que modifica aspectos de la Ley del Territorio y de las Directrices de Ordenación del Turismo de 2003. Su portavoz, Antonio Hernández, afirma que esta iniciativa del Gobierno es consecuencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Ben Magec en el Parlamento, donde se defiende el crecimiento cero y la renovación de las zonas turísticas pero sin ofrecer el doble o el triple de camas como hace el Ejecutivo en su norma.
Hernández tildó de "fraude democrático" la paralización en la que se encuentra al ILP en la Cámara ya que, a este ritmo, se aprobará primero la Ley de Medidas Urgentes que la propuesta de los ecologistas, avalada por más de 45.000 firmas, con lo que esta iniciativa popular quedaría totalmente descafeinada.
El arquitecto Eduardo Torres criticó que el Gobierno esté "enredando" más la situación al permitir construir nuevos hoteles sin conocerse exactamente cuántas autorizaciones previas hay aún vigentes desde antes de las Directrices. Ante ello, Ben Magec exige que se den a conocer los datos reales sobre el suelo turístico calificado existente en el Archipiélago.
* La Provincia - R. ACOSTA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 05.06.2008
Foto: Canarias, hoteles sur grancanaria - laprovincia.es
La Plataforma Vivienda Digna afirma que ahora es el peor momento para comprar
La asociación Plataforma por una Vivienda Digna* exige a la nueva Ministra de Vivienda –Beatriz Corredor- que se retracte por sus recientes declaraciones en las que afirmaba que “es el momento adecuado para comprar una vivienda si realmente se necesita”, o en su defecto que dimita; puesto que no necesitamos un Ministerio para confundir a la población por medio de mensajes de sesgado interés, cuando ya tenemos a los agentes, analistas y lobbys del sector inmobiliario que realizan esa labor casi a diario.
Nos parece una aberración que la titular de Vivienda haya sucumbido tan rápido a las presiones del sector inmobiliario hasta llegar a asumir prácticamente su discurso con total sumisión, como se plasma en las anteriores declaraciones que incluyen también la frase “el Ejecutivo ha tomado medidas muy parecidas a lo que piden”. Y consideramos de una demagogia e irresponsabilidad máxima que se anime a comprar en un entorno en el que el precio de la vivienda está en clara disminución, en el que la morosidad por el sobreendeudamiento hipotecario está creciendo vertiginosamente, en el que se afronta un escenario de posibles nuevas subidas de tipos de interés y de grave recesión de la economía española –con aumentos significativos de desempleo- y en el que los vendedores y promotores de vivienda se resisten al único camino lógico que existe para salir del atolladero –bajar los precios significativamente-. De esta forma, la institución que preside Beatriz Corredor está echando más leña al fuego de las causas que han provocado esta crisis socioeconómica para beneficiar precisamente a los que tienen una buena parte de la culpa en provocarla. Muchos ciudadanos que sucumban a este mensaje lanzado desde nuestras instituciones, lo pueden pagar muy caro en el futuro y buscando el símil, supone poco más o menos que si, tras la presión de las empresas tabaqueras, la Ministra de Sanidad animara a la población a fumar.
Le recordamos a la nueva Ministra, que el Ministerio de Vivienda es una institución pública que sufragamos los ciudadanos con nuestros impuestos y que tiene suficientes problemas de los que preocuparse como para dedicarse a potenciar la labor comercial de las empresas inmobiliarias y entre ellas cabe citar las innumerables deficiencias en la tramitación de las ayudas al alquiler, la desproporcionada subida sin ningún tipo de justificación de la vivienda protegida en muchas comunidades autónomas, la proliferación de nuevas tipologías de vivienda protegida sin fines estrictamente sociales, los anómalos mecanismos de financiación municipal y autonómica, los constantes abusos y fraudes, etc., cuestiones todas ellas que por no resolverse, sólo están consiguiendo enquistar el problema y que su resolución sea más dolorosa aún para el conjunto de la ciudadanía mientras se perpetúa la exclusión de un amplio porcentaje de la población de lo que es un derecho constitucionalmente protegido.
Respecto a las medidas anunciadas ayer, también le recordamos a la Ministra que el “alquiler con derecho a compra” no es alquiler social –el gran déficit de la política de vivienda española frente a la europea-, sino una solución que se presta a ser una nueva trampa que postergue la insostenibilidad del mercado inmobiliario, que la rehabilitación debe orientarse fundamentalmente a satisfacer el acceso de los excluidos del mercado y a dar impulso a un mercado regulado del alquiler y que el Gobierno va muy mal encaminado en las soluciones, si éstas pasan por sostener el sector y los precios actuales con la financiación artificial del ICO y manteniendo una fiscalidad orientada fundamentalmente a la compra de viviendas que actualmente consume dos terceras partes de los recursos totales asignados a políticas de vivienda.
A los ciudadanos les recordamos que pueden comprobar fácilmente que la vivienda ha bajado significativamente de coste en dos periodos muy recientes de nuestra Historia, que ya en otros países afectados por la burbuja inmobiliaria están bajando mucho los precios y que en España también han empezado a hacerlo a pesar de que no se refleje suficientemente en las estadísticas oficiales por las deficiencias de éstas. Así pues, lo mejor que pueden hacer ahora los que tengan intención de adquirir una vivienda es no dejarse encandilar por estos mensajes, extremar la cautela y esperar a que se desenvuelva la situación del mercado inmobiliario y, sobre todo, de la crisis en la que estamos inmersos.
La Plataforma pide cambios radicales en la política de vivienda
Para la Plataforma, la mejor política de vivienda es la que crea el marco para que la diferencia entre salario y precio de la vivienda (tanto en compra como en alquiler) sea razonable y estable al margen de las tensiones especulativas y de los ciclos económicos. Esto, unido a un parque de vivienda pública extenso para los jóvenes y las rentas más bajas sería avanzar hacia el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución. Para ello, exigimos al Gobierno que atienda realmente las recomendaciones que se le realizan desde numerosas instituciones nacionales e internacionales y que además, empuje cambios estructurales en todas aquellas instancias gubernamentales cuyas políticas afecten a la vivienda y el urbanismo, con el objetivo de reducir la disparatada relación entre salarios y precios de la vivienda en compra o alquiler. Que los precios de la vivienda vuelvan a una senda razonable debería ser el cometido principal del Ministerio y no justo el contrario.
Con el objetivo de lograrlo, los distintos comités territoriales de la Plataforma consensuaron en su día una batería de 40 propuestas que ya le fueron remitidas al Gobierno en espera de que sirvieran para abrir un proceso de reflexión profundo de cara al futuro de las políticas de vivienda en este país y seguimos esperando que así sea.
* Plataforma Vivienda Digna - 05.06.2008
El Supremo condena al Ivima por construcción ilegal
ELPAÍS/Madrid* : Mil viviendas públicas ya construidas por la Comunidad de Madrid en cinco enclaves de la región fueron edificadas tras la convocatoria de un concurso ilegal en 2004 por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente de la Consejería de Vivienda del Gobierno regional.
Así lo denunció en su día el Colegio de Arquitectos y así lo confirmó ayer una sentencia del Tribunal Supremo. En las viviendas, situadas en La Ventilla (Tetuán), Arroyo Culebro (Leganés), el Ensanche de Vallecas, Valdemoro y Navalcarnero viven unas 5.000 personas.
Formalmente, la sentencia del Supremo podría acarrear la demolición de las viviendas y la convocatoria de un nuevo concurso en regla, pero fuentes jurídicas destacan que, para ello, "habría que acudir a un incidente de ejecución de sentencia que no parece que las partes interesadas contemplen", informa Julio M. Lázaro. La eventual demolición y la consiguiente reconstrucción dañarían a quienes ya habitan las casas, extremo que la justicia y ambas partes tratan de eludir.
El alto tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por el Ivima contra una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitida el 5 de octubre de 2006 a instancias del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Su decano, por entonces Ricardo Aroca, invocaba argumentos jurídicos y éticos contra la forma en que el instituto regional había convocado el concurso para tal construcción. "Solapar el proyecto arquitectónico y el de obra, tal como hizo el Ivima, era una medida disparatada", subraya Aroca. "Por más que discutimos entonces que íbamos a recurrirla se nos dijo desde el Gobierno regional: 'Mientras el Supremo decide, acabamos de construir las viviendas". Y añade Aroca: "Eso debería llevar aparejado que la gente que tomó aquella decisión ilegal quedara apartada de cargos públicos".
La norma que obliga a separar ambos proyectos, de obra y arquitectónico, obedece a la necesidad de mantener la independencia creativa del arquitecto, su autonomía ejecutiva y la calidad de la edificación frente a eventuales prácticas de mera optimización económica en las que podría incurrir la entidad constructora. Un portavoz de la Consejería de Vivienda señaló: "Desde el año 2006, los procedimientos empleados anteriormente, que solapaban el proyecto de obra y el arquitectónico, ya no se realizan de aquella forma, sino conforme a la norma que la ley establece".
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS / JESÚS SÉRVULO - Madrid - 06/06/2008
Foto: Madrid, viviendas ensanche Vallecas - burbujona
El fiscal denuncia por prevaricación a dos gobiernos del PP en Abegondo
+-+osloureiros.com.jpg)
ELPAÍS/A Coruña* : La querella formulada por el fiscal especializado en delitos urbanísticos ante el Juzgado decano de Betanzos imputa a los dos últimos gobiernos del PP en Abegondo un delito de "prevaricación continuada" por permitir la urbanización de decenas de viviendas sobre suelo rústico entre los años 2002 y 2005.
Se trata de la corporación que presidió el ex conselleiro de Agricultura y actual diputado autonómico del PP, José Antonio Santiso Miramontes, y la que encabezó su sucesor, Juan José Rocha Carro, actual alcalde independiente del municipio.
La denuncia del ministerio público acusa por el mismo motivo a los tres últimos arquitectos que trabajaron para el ayuntamiento coruñés: al actual, Manuel Cortón Muinelo, a su antecesora, Cristina Ballón López, y a Antonio Carro Núñez que ejerció a través de una asistencia técnica como aparejador municipal entre 1998 y 2003, así como a dos de sus colaboradores.
La querella del fiscal relata el procedimiento administrativo que permitió urbanizar más de 200.000 metros cuadrados de suelo rústico y segregar 88 parcelas donde ya se han construido medio centenar de viviendas unifamiliares en Limiñón, Os Valiños, Pedregal, Coto, parroquias todas del municipio de Abegondo. Según su querella, entre los años 2002 y 2007 "por parte de los denunciados se facilitó la construcción de numerosas viviendas unifamiliares, todas ellas en suelo rústico y en algunos casos de protección forestal".
El objetivo de la trama consistía, según la denuncia, "en conceder licencias" para edificar construcciones para "usos incompatibles con el suelo en que se enclavaban las fincas, que según su calificación sólo podrían permitir "actividades agropecuarias".
La denuncia cuestiona los informes del arquitecto municipal, Antonio Carro Núñez, a favor de la parcelación en suelo rústico a lo largo de 2002 y la posterior aprobación de las licencias por parte del Gobierno del PP que presidía Santiso Miramontes.
A Santiso como al resto de los concejales le imputa el fiscal un delito de "prevaricación continuada", incluido su teniente de alcalde y actual regidor de Abegondo, Juan José Rocha Carro. De hecho, el hombre que dirige el Gobierno local (actualmente bajo las siglas de la Agrupación Progresista de Abegondo en coalición con BNG y PSOE) aparece doblemente imputado. Por su votación a favor en 2002 y por aprobar tres años después, ya como alcalde, proyectos urbanísticos reformados y segundas licencias que permitieron legalizar decenas de viviendas.
Permisos caducados
Esta última decisión la adoptaron Rocha y los ediles del PP que componían la Junta de Gobierno local de Abegondo en 2005 con el informe en contra de la secretaria municipal. Los arquitectos municipales no pusieron trabas a la operación.
En sus conclusiones, el ministerio público advierte de que los permisos concedidos en 2002 se encontraban caducados cuando tres años más tarde el Gobierno de Rocha pretendió legalizar las construcciones. Además, el fiscal duda de que los promotores que solicitaron las primeras licencias antes de vender fincas y permisos a segundos compradores, iniciasen las obras para las que pidieron permiso. El escrito desvela que su verdadero interés fue el de edificar sobre suelo rústico para venderlas y obtener beneficios económicos.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 06/06/2008
Foto: Abegondo (A Coruña) - osloureiros.com
Promotoras de pisos protegidos en el norte de Madrid aplican subidas del 30%
+-+diagonalperiodico.net.jpg)
DIAGONAL* : En tan sólo cuestión de días, los adjudicatarios de 570 viviendas protegidas en el municipio de San Sebastián de los Reyes, en el límite norte de Madrid, han visto cómo el precio que tenían que pagar por sus pisos subía en proporciones ni siquiera soñadas durante los años del ‘boom’ inmobiliario.
En abril, fecha de resolución del sorteo, el precio del metro cuadrado en las ocho promociones del barrio de los Tempranales seguía siendo de 1.474 euros, tal y como figuraba en el pliego de condiciones publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) el 21 de diciembre de 2006. Cuando los agraciados contactaron con sus promotoras, se enteraron de que las condiciones iban a ser muy distintas. Las subidas conocidas por DIAGONAL a través del foro de afectados superan el 30% : de 1.400 a 1.900 euros el metro cuadrado. Según el diario gratuito 20 Minutos, el aumento alcanza el 66% : 2.400 euros por metro cuadrado.
“El problema no es sólo la cantidad, sino la forma de pago”, asegura Hamadi, uno de los compradores. La entrada, según figura en el BOCAM, no debía superar el 20% del precio total del piso. Ahora, quienes quieran optar por una vivienda de 65 metros cuadrados deben abonar desde el principio 30.000 euros, con una cuota mensual de 750 euros y dos cuotas adicionales al año de 1.500 euros. En el proceso, en al menos tres de las ocho promociones, los adjudicatarios han pasado, sin saberlo, a ser cooperativistas. “Y no nos han dado ningún plan de precios cerrado. Todavía no sabemos exactamente cuánto tendremos que pagar”, se lamenta Hamadi.
Ante las primeras quejas, el actual Gobierno municipal, del PP, dijo no tener constancia de esta situación, pese a que el terreno para las promociones fue sacado a la venta por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV). “Se escudaron en que la operación se realizó con la otra alcaldía, de PSOE e IU”, cuenta Hamadi. Las primeras apariciones de los afectados en los plenos municipales, que se han llegado a prolongar hasta las 12 de la noche, han arrojado la promesa informal del Ayuntamiento de una reunión con las promotoras para que cumplan las condiciones iniciales. Al cierre de esta edición, los vecinos esperaban que se produjeran los primeros contactos. Sin embargo, en el intermedio muchos de ellos han tenido que renunciar ya al piso debido a las nuevas condiciones de pago. Hamadi ve clara la vinculación entre la reciente subida de un 30% en el precio de la vivienda protegida, aprobada por la Comunidad de Madrid, y el caso de los Tempranales.
“Ahora que bajan los precios, las promotoras y cooperativas se han subido al carro de la vivienda protegida para seguir haciendo dinero”, asegura. El negocio es redondo : las promotoras le compran el suelo a los ayuntamientos al precio estipulado por éstos, con la condición de que reserven parte del terreno a pisos protegidos. Con la revisión de los módulos, sólo en el caso de la promoción de Hamadi, la revalorización alcanza los tres millones y medio de euros. Se han producido casos similares en Los Espartales (Alcalá de Henares), Getafe (donde el Ayuntamiento ya ha tenido que recular) y Alcorcón. Un fenómeno generalizado No obstante, la tendencia es estatal. Una de las últimas acciones de Carme Chacón al frente de Vivienda fue emitir el decreto por el que las comunidades autónomas podían subir el precio básico de las viviendas protegidas.
Fernando Martín, presidente de la promotora Martinsa-Fadesa, valoraba en el salón inmobiliario de Madrid las oportunidades de esta política : “Nos permite ganar más dinero con la vivienda protegida que con la libre”. Estas palabras, pronunciadas en plenas negociaciones con sus acreedores, subrayan la importancia estratégica de la vivienda protegida para las inmobiliarias con problemas. Así, las subidas van del 24% medio en Madrid al 15% de Castilla y León o el 6% del País Vasco, todas ellas por encima de la pauta marcada por el mercado libre, cuyos precios bajarán este año un 2,2%, según La Caixa.
* Diagonal - Diego Sanz Paratcha, Redacción - 29 may - 11 jun de 2008
Foto: SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. Vista aérea de la ciudad/ diagonalperiodico.net
El Defensor del Pueblo pide al Consell que escuche a la CHJ para los PAIs
PANORAMAACTUAL* : El Defensor del Pueblo, reclama a la Generalitat valenciana en su informe anual correspondiente a 2007 que tenga en cuenta los estudios de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que se acredite la suficiencia hídrica para aprobar nuevos planeamientos urbanos que conlleven un incremento del consumo de agua.
El documento hace "mención especial" a las quejas que se tramitan en la Conselleria de Vivienda y destaca el caso de Parcent.
El informe del Defensor del Pueblo, al que tuvo acceso EuropaPress, hace "especial mención" a las quejas que se tramitan en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Así, destaca que en 2007 "se ha constatado un cambio notable" respecto a etapas anteriores, ya que en alguno casos la Conselleria no ha facilitado los expedientes solicitados, y en otros, la información ofrecida es "insuficiente, excesivamente breve, incompleta" y en ocasiones fuera de plazo.
Asimismo, explica que en la mayoría de estos expedientes se denuncia la aprobación de instrumentos de planeamientos por parte de ayuntamientos "sin que se haya acreditado la suficiencia" de los recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas. Una cuestión que califica de "grave" y que "preocupa de forma notable".
El informe señala que el fin de las peticiones que el Defensor del Pueblo reclamó a la Conselleria era contrastar y conocer la posición de la Administración autonómica frente a estos instrumentos de planeamiento urbano.
Parcent
Así uno de los casos a los que se refiere es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el de la localidad alicantina de Parcent, al que destaca por su "especial relevancia" y porque afecta a un "número importante" de vecinos, 200 concretamente, formularon en marzo de 2006 una queja contra el Ayuntamiento por aprobar de tres programas de actuación integrada, ´El Replà´, ´El Cantalar´ y ´La Solana´.
Esta actuación, apuntó, conllevaría la construcción de cerca de 1.800 viviendas, por lo que la población pasaría de 1.050 habitantes a 10.200. Además, añade que este aumento se llevaría a cabo "sin que estuviesen previstas de forma adecuada las infraestructuras necesarias para garantizar la prestación de servicios básicos".
Por ello, se inició una investigación que culminó el 2 de noviembre de 2006 con la recomendación al Ayuntamiento de Parcent y a la Conselleria de que no se aprueben estos tres programas sin el informe favorable de la CHJ.
Conclusiones
Así, en las conclusiones finales del Defensor de Pueblo indica que los ayuntamientos "no deberían aprobar instrumentos urbanísticos" que conllevasen un incremento del consumo de agua "si no cuentan con el previo informe favorable de la CHJ".
Asimismo, indica que la Administración autonómica "no debería admitir a trámite ningún expediente urbanístico elevado por los ayuntamientos para su aprobación definitiva que no incluya el citado informe o en el caso de que este sea desfavorable.
De esta manera, el Defensor de Pueblo, manifiesta que en caso de que la Comisión Territorial de Urbanismo aprobase un expediente urbanístico sin el citado informe con siendo este desfavorable, insta a la CHJ a informar a la Abogacía del Estado de la Delegación de Gobierno, por si hubiera que interponer un recurso contencioso-administrativo.
Como los programas de actuación de Parcent estaban en posesión de la Generalitat en espera de la aprobación definitiva, se pidió, el 29 de mayo de 2007, un informe a la Conselleria para conocer el estado de la tramitación. Dicho informe, señala el Defensor del Pueblo, tuvo que ser requerido en dos ocasiones más, el 17 de julio y el 11 de septiembre de 2007, sin que la Conselleria hubiese dado respuesta a la fecha de finalización del documento elaborado por este organismo estatal.
Además, esta entidad resalta que "este mismo escenario se repite" con motivo de las quejas formuladas por la actuación urbanística de Benicàssim Golf, por los que se solicitaron los informes a la Generalitat en tres ocasiones, el 26 de julio, 20 de septiembre y 22 de noviembre de 2007.
* Panorama-Actual - 05/06/2008
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
La sostenibilidad urbanística como clave en el cuidado del medio ambiente
.jpg)
ABC/Sevilla* : El urbanismo y el medio ambiente se convirtieron en un matrimonio mal avenido con el advenimiento de la fiebre del ladrillo. Las recalificaciones de zonas verdes o rústicas en los planes urbanísticos, así como la agresividad inmobiliaria en el litoral andaluz han causado pérdidas, en muchos casos irreparables, que no obstante han generado una concienciación social que ya se deja notar en la legislación.
Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, el urbanismo se sitúa entre los temas más acuciantes de la agenda internacional y por este motivo, la Cátedra de Desarrollo Inmobiliario Sostenible del Instituto de Práctica Empresarial ha presentado en Sevilla el libro «Hacia un urbanismo sostenible. Estrategias europeas y españolas para un urbanismo y medio ambiente sostenibles», elaborado por el abogado especializado en medio ambiente y profesor de esta nueva disciplina, Jesús Vozmediano.
Novedad
Esta monografía recopila, por primera vez en España, todos los principios, recomendaciones e indicaciones contenidos en las principales Estrategias de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea y España.
Jesús Vozmediano destacó la idoneidad de publicar este compendio justo ahora «en este periodo de crisis económica, energética y, en general, de denuncia del desarrollo insostenible que se ha seguido en los últimos años».
Libro «necesario»
De hecho, calificó el libro de «plenísima actualidad y vitalmente necesario para todos los profesionales, ya que la sociedad del futuro conllevará necesariamente un cambio total de enfoque a todos los niveles, en cuánto a sostenibilidad se refiere».
Por su parte, José Antonio Pérez, director de la Cátedra de Desarrollo Inmobiliario Sostenible comentó las claves de la crisis inmobiliaria actual y algunas recetas para afrontarla a través del desarrollo de estrategias de urbanismo sostenible, bioconstrucción y el empleo de energías renovables, integradas gracias a las nuevas tecnologías en el proceso del planeamiento, urbanización, edificación y rehabilitación en el sector inmobiliario. Pérez, quien detalló que de los 14 años de experiencia que acumula el Instituto de Práctica Empresarial, la cátedra de urbanismo respetuoso con el medio ambiente lleva dos en funcionamiento, añadió que «los volúmenes de crecimiento no serán sostenibles si se siguen desarrollando en la actual dirección. Y teniendo siempre en cuenta el pilar básico, que es la ordenación territorial y el planeamiento, debemos atender las necesidades de la ciudadanía, pero optimizando el gasto energético y maximizando las zonas verdes». Así, en su opinión de igual forma que en la anterior etapa 92-96 se fabricaron las claves para dimensionar en volumen al sector inmobiliario, «en esta nueva etapa que estamos viviendo, la necesidad agudiza el ingenio, de tal forma que se fabricarán las nuevas líneas por donde cabalgar en el sector inmobiliario español, donde la base es ser más sostenible que ayer, en aras a mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones». Para el director de la Cátedra de Desarrollo Inmobiliario Sostenible, «más allá de las palabras y las buenas intenciones ha llegado la hora de tomar decisiones y llevarlas a la práctica por el futuro de todos».
* ABC - LOLA RODRÍGUEZ - 05.06.2008
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
Los mayores «atentados» urbanísticos del litoral se concentran entre Chiclana y Sanlúcar
,+Costa+Ballena+-+Garc%C3%ADa+Cordero+(El+Pa%C3%ADs).jpg)
LAVOZ/Cádiz* : Los 285 kilómetros de costa gaditana representan un variopinto rosario en el que se pueden encontrar desde joyas medioambientales -como las dunas de la ensenada de Bolonia- hasta auténticos atentados al medio ambiente, causados por la voracidad urbanística y la proliferación de viviendas ilegales.
Éstas se distribuyen a lo largo del litoral, pero de manera irregular: «Si a lo largo del mapa costero se pusieran puntos rojos en las zonas más deterioradas, la zona noroeste, desde Sanlúcar de Barrameda hasta El Puerto de Santa María y Chiclana resultaría como una de las más coloreadas en rojo», explica de manera ilustrativa Juan Manuel Barragán, catedrático de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz y uno de los coautores de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras, un proyecto iniciado por la Junta de Andalucía y liderado por la UCA que pretende convertirse en la «hoja de ruta» del gobierno regional para regenerar el litoral andaluz «tanto desde el punto de vista medioambiental, como sociales y económicos», apunta Barragán.
Hoy, este Plan de Estrategia se presenta en Cádiz durante unas Jornadas del Aula de Gestión Costera organizadas por la Universidad de Cádiz, con motivo de la celebración del Día de la Costa. En este foro de debate participarán distintos agentes sociales de la provincia sobre el presente y el futuro de la costa gaditana, y diferentes modelos de desarrollo social y económico en el litoral.
El diagnóstico que se presentará en esta jornada de la costa gaditana, según el autor del Plan Estratégico, será bastante irregular: «Por un lado, tenemos tramos de costas increíbles, no digo vírgenes, pero casi. Y otros en una situación bastante delicada», reitera Barragán. Por un lado, explica el profesor de la UCA, «tenemos ejemplos como el litoral entre Sanlúcar y Chipiona que hoy día es un mar de plástico y de urbanizaciones», denuncia Barragán, «debido a un modelo económico basado en la construcción descontrolada. Nos tenemos que preguntar, qué produce este tipo de costa, lleno de urbanizaciones ilegales». En el primer trimestre de 2008, sólo en Chiclana, se llegaron a incoar 125 expedientes disciplinarios por obras sin autorización relacionadas con las viviendas ilegales.
La principal consecuencia de la ocupación ilegal del suelo costero, explica Barragán,es la erosión de las playas, y que como advierte el catedrático de la UCA, «se ha llegado a medir una pérdida anual de casi un metro de arena en playas como la de Rota». En el otro extremo de conservación se encuentra «la costa que avanza desde Conil hasta el Estrecho. Allí nos tenemos que atrincherar, para protegerla», reivindica Juan Manuel Barragán.
Cádiz no gana para banderas. Al igual que se desmarca como una de las provincias andaluzas con mayor número de banderas azules, gracias especialmente a sus equipamientos, en el último informe de la asociación Ecologistas en Acción sobre la situación de las costas en Andalucía, su litoral ha destacado como el de mayor número de banderas negras de la Comunidad andaluza, con 15 de estos antigalardones simbólicos, con los que la organización denuncia los casos de los «vertidos contaminantes y agresiones urbanísticas que ocasionen una pérdida de calidad ambiental del litoral».
Playas como las de El Ancla y La Inmaculada, en El Puerto de Santa María, la de la Casería, en San Fernando, y la zona del Novo Sancti Petri, en Chiclana, destacan en esta lista por una «ocupación intensa del territorio para uso residencial» en primera línea de costa.
* La Voz Digital - MIGUEL D. GARCÍA - 05.06.2008
Foto: Rota (Cádiz), Costa Ballena - García Cordero (El País)
ANFAC Premio Atila 2008
Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* ha concedido el Premio Atila a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y el Premio Caballo de Atila a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II, A.I.E. (ANAV).
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 coincidiendo con la primera cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Los fines de este evento anual son el aumentar la conciencia medioambiental, y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente.
Ecologistas en Acción concede los Premios Atila con el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992, tienen dos categorías denominadas “Atila” y “Caballo de Atila”, este año ha acordado conceder un accesit al absurdo mediático.
Miles de personas se han dirigido a esta asociación proponiendo, desgraciadamente, numerosos candidatos, entre los cuales el Jurado ha elegido.
Premio Atila 2008
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). ANFAC ha merecido este premio por su trayectoria en la defensa de los intereses económicos de los fabricantes de automóviles y la promoción a ultranza del automóvil, por encima de cualquier otro tipo de valor ambiental o social. Se cumplen en 2008 10 años desde que ANFAC, a través de ACEA (Asociación de Fabricantes de Automóviles Europeos), se comprometió a reducir voluntariamente las emisiones medias de CO2 de los nuevos vehículos un 25% respecto a los niveles de 1995. Esta reducción no se ha cumplido y a todas luces no fue más que una maniobra dilatoria. Una vez más demuestra cual es su principal interés: obtener más beneficios despreocupándose del cambio climático y sus consecuencias.
Premio Caballo de Atila 2008
Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II, A.I.E. (ANAV). ANAV se ha ganado a pulso este premio al demostrar que, con tal de mantener la opción sucia y peligrosa de la energía nuclear, es capaz de mentir, engañar y poner en peligro a sectores amplios de la sociedad.
Este premio pretende alertar sobre el oscurantismo y mentira que sostiene una energía absolutamente insostenible.
Accesit Tontería más destacable 2008
“Primo de Rajoy”. Este año 2008, Rajoy se apoyó en los conocimientos “metereológicos” de su primo para restar importancia al problema más grave que afronta actualmente el planeta.
El Jurado expresó su esperanza en que la concesión de estos premios llame a la reflexión a los premiados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta.
* Ecologistas en Accion 4 de junio 2008
Foto: Atasco - dgt.es
El fiscal abre un macroproceso por las agresiones al marjal de Nules
,+obras+marjal+-+accioecologista-agro.org.jpg)
ELPAÍS/Castellón* : La construcción ilegal de casas y los aterramientos en el marjal de Nules darán pie aun macroproceso judicial. El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, ha presentado una denuncia ante el juzgado contra el ex alcalde de Nules Salvador Górriz, el concejal de Urbanismo, el secretario municipal y contra más de un centenar de personas, ante la existencia de indicios de la posible comisión de un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Górriz accedió a la alcaldía en 2003 por el PSPV, partido que abandonó dos años después para continuar en el cargo a pesar del acuerdo con los independientes que preveía repartirse el mandato.
Después de más de un año desde que se inició la investigación penal en Fiscalía, Carceller pide ahora al juzgado que se abra un proceso contra todos aquellos que "consintieron la realización de edificaciones y rellenado de terrenos en suelo no urbanizable común perteneciente a la zona húmeda Marjal Nules-Burriana" incluida en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana.
El fiscal acusa a las autoridades municipales y al funcionario de haber consentido al centenar de vecinos denunciados la realización de edificaciones y aterramientos teniendo "conocimiento absoluto" de estas prácticas. Además, les acusa de que "no hicieron nada para impedirlo, contraviniendo la normativa urbanística y medioambiental".
La denuncia se refiere a cerca de un centenar de infracciones cometidas en el marjal de Nules-Burriana, donde existen decenas de construcciones. La zona fue declarada en 2002 como zona húmeda y se incluyó en el catálogo de la Generalitat. Pese a que antes de la protección ya existían algunas edificaciones, la catalogación y, por tanto, la protección, no limitaron la práctica de los vecinos de edificar en esta zona y realizar aterramientos, prohibidos por ley. El Ayuntamiento abrió algún expediente e incluso trasladó, en 2005, varios casos a la Fiscalía, pero no fue hasta enero de 2007, momento en el que el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) presentó una exhaustiva denuncia, cuando se inició la investigación penal. El ex alcalde aseguró sentirse "totalmente tranquilo" ya que considera que es la Consejería de Medio Ambiente la que debía vigilar la legalidad en el marjal.La denuncia de Gecen incluía 62 edificaciones, identificadas y localizadas, "de reciente construcción sin licencia y sin posibilidad de legalizarse por encontrarse en un espacio natural protegido incompatible con la construcción de viviendas y calificarse el suelo en el PGOU Nules como suelo no urbanizable de especial protección". La Fiscalía abrió diligencias de investigación penal y elevó el número de edificaciones presuntamente ilegales a 93. En su denuncia, finalmente, se detalla un total de 86 infracciones, aunque el número de propietarios denunciados es mayor debido a que alguno de los terrenos afectados tiene más de un dueño.
El escrito de los ecologistas hacía referencia a un presunto delito contra la ordenación del territorio, a otro contra los recursos naturales y el medio ambiente, para el que señalaba a los propietarios y los posibles promotores constructores como autores, y a un presunto delito de prevaricación, del que acusaba al alcalde de Nules, por consentir "deliberadamente la construcción en un espacio protegido sin ejercer conscientemente las potestades administrativas de control, vigilancia y restablecimiento de la legalidad infringida". Finalmente, el fiscal ha optado por denunciar el delito contra la ordenación del territorio ya que éste es más fácil de identificar puesto que hay construcciones donde está prohibido, mientras que en el caso del delito contra el medio ambiente se ha de certificar la afección al ecosistema. En cualquier caso, sí estima que, en el caso de los miembros del Ayuntamiento denunciados, los hechos podrían ser constitutivos también de un delito de prevaricación.
El hecho es que, dado el volumen que pueden adquirir las diligencias, el fiscal pide al juzgado, en el mismo escrito de la demanda, que instruya unas diligencias para la actuación municipal y, por otra parte, tantas diligencias como propietarios denunciados, de manera aislada, para una "mejor instrucción de la causa".
El ex alcalde de Nules Salvador Górriz aún no ha recibido la notificación de la denuncia, pero ayer aseguró sentirse "totalmente tranquilo", a la vez que defendió su actuación y la del Ayuntamiento. Así, explicó que las construcciones en el marjal han existido "desde siempre" y admitió que después de que en 2002 la Generalitat lo declarara zona húmeda se siguieron realizando aterramientos y edificaciones. "Nosotros, desde el Ayuntamiento, lo vigilábamos y advertíamos de que ahí no se podía construir", alegó y aseguró que el Ayuntamiento llegó a iniciar expedientes sancionadores, aunque también reconoció que las órdenes de restablecimiento de la legalidad urbanística que incluían algunos nunca se llegaron a ejecutar. Górriz explicó que en noviembre de 2005 el Ayuntamiento trasladó a la Fiscalía, entonces dirigida por Javier Arias, dos casos concretos en los que se exigió la paralización de las obras. La Fiscalía nunca dio respuesta a esta denuncia, según el ex alcalde. También adujo que la Consejería de Medio Ambiente, entonces Territorio, informó al Ayuntamiento, poco después, de que la competencia de la zona húmeda era de la Generalitat, por lo que el ex alcalde considera que la actuación del Ayuntamiento fue la correcta. "Quizá haya algún error, pero no una ilegalidad", sostuvo Górriz.
Francisco González, portavoz de Gecen, manifestó su satisfacción por la actuación de la justicia y señaló también la responsabilidad de la Generalitat por haber actuado de manera "autista" ante las denuncias ecologistas.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 05/06/2008
Foto: Nules-Burriana (Castellón), obras marjal - accioecologista-agro.org
Encuentro NCT Málaga-Granada en Los Merinos
,+vista+a%C3%A9rea+Los+Merinos+-+ecologistasenaccion.org.png)
Las Coordinadoras de Granada y Málaga de la NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO* se reúnen en Cuevas del Becerro y piden a la Junta de Andalucía una solución definitiva sobre el proyecto de Los Merinos. Las dos coordinadoras, que agrupan a más de 200 colectivos ciudadanos, mostraron su apoyo a una solución definitiva del caso los Merinos y piden una intervención valiente de la Junta de Andalucía para que no se permita que el escandaloso modelo de la costa penetre en plena serranía de Ronda.
La zona donde se ubica el proyecto es una magnifica dehesa bajo la que se sitúa un acuífero de alta importancia estratégica, ya que de sus aguas no contaminadas nutren a buena parte de los pueblos de la comarca. El proyecto contempla la urbanización de este paraje con viviendas y dos campos de golf.
Las dos coordinadoras, que se reunieron por primera vez, acordaron colaborar estrechamente, mantener reuniones periódicas de intercambio de información, prestarse apoyo mutuo y colaboración para difundir una Nueva Cultura del Territorio en Andalucía, comunidad que ha sufrido con especial gravedad el tsunami inmobiliario, que ha conurbado numerosas poblaciones, construido casi todo el litoral, agotado recursos hidrológicos y creado un problema de vivienda donde antes no lo había.
Este urbanismo salvaje ha supuesto un retraso en Andalucía de 10 años en el progreso económico y una merma en la diversificación económica, cuyos efectos estamos notando ahora con especial virulencia. Por eso es tan importante que casos emblemáticos como los Merinos, que suponen urbanizar espacios de gran calidad, sean abandonados definitivamente, tras depurar responsabilidades y restaurar los daños causados, abriéndose un nuevo periodo muy alejado del alarmante y clásico pelotazo urbanístico.
Las dos coordinadoras ven muy necesario difundir y propagar este movimiento ciudadano por toda la Comunidad Andaluza, donde considera que el nivel de conciencia ciudadana sobre esta cuestión es muy alto. Sin embargo aun no ha impregnado a numerosos responsables políticos que sólo ven el urbanismo como una posibilidad de negocio.
NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO (Coordinadora malagueña)
http://nuevaculturaterritorio-malaga.blogspot.com/
NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO (Coordinadora de Granada)
http://www.otragranada.org/
* NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO - COMUNICADO DE PRENSA - 2 de junio de 2008
Foto: Ronda - Cuevas (Málaga), vista aérea Los Merinos - ecologistasenaccion.org
Cómo proyectar un millón de viviendas más en una región saturada
ALMUDENA SÁNCHEZ/RODRIGO CALVO* : Madrid es una de las regiones donde más ha aumentado el terreno ocupado por inmuebles e infraestructuras. Pese a las consecuencias negativas, una alianza público-privada de bancos, constructoras, partidos políticos y otros agentes sociales hace posible que los planeamientos urbanísticos de los diferentes municipios prevean la construcción de un millón de nuevas viviendas.
El supuesto éxito del modelo madrileño, del que tanto hacen hincapié las administraciones autonómicas, ha tenido en el desarrollo de la construcción y del mercado inmobiliario uno de sus factores clave. El uso intensivo del territorio ha sido así el eje central de este crecimiento económico. Sus consecuencias son conocidas, si bien han sido poco analizadas : recalificaciones masivas de suelo generalmente destinado a la construcción residencial (con una rentabilidad más alta que cualquier otro destino), fuertes inversiones en infraestructuras, agotamiento de recursos y amenaza sobre los espacios naturales, desigual distribución de infraestructuras no deseadas y, finalmente, un rosario de escandalosas macro operaciones urbanísticas (Cuatro Torres, Valdebebas, Operación Chamartín, los PAU, M- 30, etc.). Vayamos por partes. En primer lugar, en la Comunidad de Madrid, durante el período 1993-2003, el suelo comprometido (el suelo destinado a la urbanización) ha aumentado un 49%. De hecho, un importante número de municipios ha visto cómo se duplicaba la superficie de suelo urbano o susceptible de urbanizarse, llegando a casos extremos como el de Arroyomolinos, que ha multiplicado por nueve la superficie de suelo destinado a usos urbanos.
Evidentemente, la explosión urbanística ha impulsado y repartido las expectativas de crecimiento sobre amplios espacios de la región, antes considerados periféricos. Decenas de municipios se encuentran así en proceso de tramitación de su planeamiento general, lo que invariablemente se realiza sobre unas expectativas de un gigantismo desmesurado. Un solo dato puede ser aquí significativo : el número de viviendas previstas en la Comunidad de Madrid alcanza el millón y su distribución parece confirmar, a todas luces, esta tendencia hiperexpansiva de la conurbación madrileña, y aun a pesar de la crisis en ciernes. La morfología de la metrópolis madrileña está experimentando de este modo una radical transformación : el centro, que hasta hace bien poco siempre había concentrado a más del 50% de la población de la Comunidad, tiende a perder peso relativo. En su lugar, según los crecimientos previstos, las coronas suburbanas y las áreas adyacentes del resto de la región son las áreas más dinámicas en términos demográficos. Por otra parte, zonas y comarcas que hasta ahora habían permanecido completamente al margen de las dinámicas metropolitanas viven ahora una enorme explosión urbanística y demográfica que anuncia su incorporación a las dinámicas de la conurbación metropolitana. Es el caso de la Sierra Norte, la Sierra Oeste, las Vegas del Sureste o el límite sur de la región o, incluso, más allá, La Sagra en Toledo, Segovia y su alfoz, Guadalajara y los municipios manchegos del Henares, e, incluso más lejos, Ávila y Toledo. En segundo lugar, el despliegue, tanto en términos físicos como económicos, de este proceso ha estado apoyado, invariablemente, en las fuertes inversiones públicas en infraestructuras.
La proliferación de vías rápidas que hoy conforman la malla de autopistas madrileñas ha convertido la región en la metrópoli europea con más kilómetros de vía rápida por millón de habitantes, a pesar de la persistencia del mito del déficit de infraestructuras. Esta red constituye el armazón estructural de todos los nuevos suelos clasificados. Sobra decir que esta inflación de autovías y carreteras supone, además, la mayor amenaza sobre importantes zonas naturales, como los parques regionales del Manzanares, Guadarrama y Sureste, o las zonas de especial protección de aves del Alberche y las estepas cerealistas. El proyecto emblemático del nuevo Plan de Carreteras 2007-2011 de la Comunidad de Madrid es la M-61 (más conocida como “cierre norte de la M-50”), que atravesaría el monte de El Pardo y el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Frente a este proyecto y a otros tantos que amenazan todos los rincones del territorio madrileño, comienza a organizarse una resistencia aún incipiente aunque prometedora, que se materializa en espacios como la coordinadora Salvemos la Sierra, en la zona del Guadarrama, una de las más afectadas por estos planes. En tercer lugar, el banquete desarrollista está unido a la competencia territorial entre los distintos municipios con el fin de atraer inversión, normalmente bajo la forma de nuevos desarrollos inmobiliarios, que son todavía considerados sinónimos de dinamismo económico y bienestar social por buena parte de la población. Una puja entre municipios que se condensa en la desigual distribución territorial entre las zonas más favorecidas de esta división metropolitana (el norte y el noroeste) y las menos agraciadas (el sur y el sureste). Concretamente la zona sureste concentra la práctica totalidad de las infraestructuras no deseadas, aunque fundamentales para el sostenimiento de la ciudad, tanto en términos productivos (infraestructuras de distribución y logística) como metabólicos (depuradoras, incineradoras, centrales de abastecimiento energético, graveras, etc). Una desigualdad ambiental que refuerza la polarización socioeconómica noroeste-sureste de la geografía madrileña.
Y todo esto no se ha producido únicamente mediante corruptelas o actuaciones caciquiles, sino en la mayoría de las ocasiones bajo el amparo institucional y legal de unas políticas públicas basadas en un supuesto aumento del bienestar social y de una mejora de la calidad de vida, y una supuesta intención de facilitar el acceso a la vivienda. Un apoyo institucional que se ha visto subordinado a las nuevas oligarquías empresariales madrileñas, compuestas por los grandes bancos y empresas inmobiliarias y de la construcción. Al hilo del cual han desarrollado una confluencia de herramientas legislativas, tanto urbanísticas (modificaciones sucesivas de las distintas leyes del suelo) como fiscales (regulación del mercado hipotecario y generación de beneficios fiscales a la inversión inmobiliaria), que ha visto el territorio como una de las primeras fuentes de experimentación y desarrollo, creando una suerte de growth machine –una alianza público-privada encaminada a garantizar el crecimiento– que gobierna la ciudad.
* Almudena Sánchez / Rodrigo Calvo, son miembros del colectivo Laboratorio Urbano, de la Escuela de Arquitectura de Madrid.
* Diagonal - 29 may - 11 jun de 2008
Herald Tribune se hace eco del desastroso modelo de desarrollo de Murcia
VEGAMEDIAPRESS* : Uno de los diarios más importantes del mundo, el Internacional Herald Tribune, y el New York Times publica hoy en su portada y en un amplio reportaje interior la situación sobre Murcia, en la que se pone de manifiesto el desastroso modelo de desarrollo del Gobierno Valcárcel en estos años.
El periódico internacional describe el avance de la desertización como consecuencia de un modelo de desarrollo insostenible y pone al descubierto las connivencias que se han producido entre el sector de la construcción, la política y los medios de comunicación, o que ha dado paso, además de para los graves problemas de demanda de agua, como consecuencia de nuevos desarrollos que no han contado con planificación previa de u recurso básico. De la misma forma se pone de manifiesto como las investigaciones de periodistas independientes ha dado paso a comportamientos propios de la mafia, con informadores amenazados. El reportaje, de contenido similar al publicado hace unas semanas por Le Monde en París, escrito por Benoît Hopkin, ha sido escrito por la periodista norteamericana Elisabeth Rosenthal, aquí está el enlace.
Lea la traducción de Pedro Romero para VMPress, y aquí el texto original:
http://www.iht.com/articles/2008/06/02/europe/dry.php
Fortuna, España. Los caminos están jalonados por exhuberantes campos de lechugas e invernaderos de tomates. Nuevas y verdes urbanizaciones de lujosos chalets de color pastel seducen a los compradores del Reino Unido y Alemania. Campos de Golf -docenas de ellos, todos de construcción reciente- se extienden ante nosotros camino de las playas. Parece que por fin este escondido rincón del sureste de España está prosperando.
Tan sólo hay un problema con esta imagen de abundancia: la provincia de Murcia al completo se está quedando sin agua. Grandes áreas del sureste de España se están convirtiendo en desierto día a día, un proceso agudizado por el calentamiento global y un desarrollo mal planificado.
Murcia, tradicionalmente una región agrícola y pobre, ha sufrido en los últimos años un incremento espectacular en la construcción de urbanizaciones; al mismo tiempo, los agricultores han incrementado la superficie cultivada de regadío, animados por los anuncios de trasvases, hasta límites insostenibles. Todos estos factores han esquilmado la tierra y sus cada vez más escasas reservas de agua.
Este año, los agricultores compiten con los promotores urbanísticos por los derechos sobre el agua. Se disputan el agua para regar sus respectivos campos (agrícolas o de golf y chalets), y como muestra de su creciente desesperación, están comprando y vendiendo agua a precio de oro en un boyante mercado negro del agua, la mayoría de la cual proviene de pozos ilegales.
El sur de España está acostumbrado a padecer sequías de forma cíclica, pero la actual crisis de escasez, según los científicos, probablemente refleja un cambio permanente en el clima como consecuencia del calentamiento global. Y esto desencadena un nuevo tipo de conflicto.
Las guerras del pasado eran por el control de la tierra. Las guerras del presente son por el petróleo. Pero las guerras del futuro –un futuro mucho más caliente y seco por el cambio climático en la mayor parte del mundo– se centrarán en el agua, avisan los científicos.
"El agua va a ser la gran cuestión ambiental este año – el problema es inmediato y urgente", dice Barbara Helferrich, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea. "Si tienes cortes de agua en primavera, ya sabes que va a ser un verano realmente malo."
Varios líderes mundiales estarán reunidos desde este Martes en la sede en Roma de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, para abordar una crisis alimentaria global causada en parte por las restricciones de agua en África, Australia y aquí en el sur de España.
El cambio climático signifca que el avance de los desiertos puede obligar a emigrar fuera de su tierra a 135 millones de personas, según estimaciones de Naciones Unidas, la mayoría de ellas en los países en desarrollo. Pero el sur de Europa está experimentando el problema ya mismo: su clima se está volviendo extremadamente seco, hasta el punto de parecerse cada vez más al del norte de África, según los científicos.
Para Murcia, la crisis del agua se ha visto acuciada por promotores y agricultores que se han embarcado en proyectos devoradores de agua altamente incompatibles con un clima cada vez más seco y cálido; cultivos como la lechuga, que necesitan un riego abundante, urbanizaciones que prometen una piscina en el jardín de cada casa, hectáreas de húmedos campos de gof que se beben millones de litros de agua cada día.
"He recibido grandes presiones para repartir más agua tanto por parte de agricultores como de promotores", nos cuenta Antonio Pérez Gracia, el administrador del agua aquí en Fortuna, mientras toma café con unos agricultores en un bar del polvoriento casco urbano. Lamenta el hecho de sólo haber podido repartir a cada propietario el 30 por ciento del agua que les correspondería por derecho.
"No estoy seguro de qué haremos este verano", añade, señalando que el acuífero local ha descendido tanto que pronto quedará por debajo del nivel alcanzable mediante bombeo. "Recibo muchas presiones para dar más agua, de agricultores y también de promotores. Pueden quejarse lo que quieran: si no hay más agua, no hay más agua."
Rubén Vives, agricultor que depende como el resto de la magnanimidad del Sr. Pérez Gracia, dice que no puede permitirse comprar agua a los elevados precios del mercado negro. "Esto año, mi supervivencia está en peligro", afirma Vives, que en la zona tiene cultivos de bajo consumo de agua, como el limón, desde hace casi dos décadas.
Los cientos de miles de pozos -la mayoría de ellos ilegales- que en el pasado propocionaron un alivio temporal a la sed de los campos han agotado los acuíferos subterráneos hasta un punto de no retorno. El agua del norte de España que se trasvasaba hasta aquí ha disminuido a su vez a niveles mínimos, al mismo ritmo en que las otrora húmedas provincias del norte se están secando también.
La vorágine del agua ha desatado escándalos y pasiones: algunos políticos y/o funcionarios locales están o han estado en la cárcel por cobros de comisiones ilegales a cambio de permitir urbanizar en lugares que no tienen garantizada agua suficiente. Chema Gil, periodista que ha sacado a la luz una de estas tramas delictivas, ha sufrido amenazas de muerte, lleva encima un spray de pimienta y es escoltado día y noche por la Guardia Civil, una fuerza policial con funciones civiles y militares.
"El modelo de Murcia es completamente insostenible", nos cuenta el Sr. Gil. "Estamos consumiendo dos veces y media más agua de la que el ciclo natural de ésta permite recuperar. ¿De dónde sacamos la que nos falta? ¿La traemos de otro sitio? ¿Secamos completamente los acuíferos? Con el cambio climático estamos entrando en un callejón sin salida. Toda el agua que estamos usando para regar lechugas y campos de golf, la necesitaremos sólo para beber."
Para afrontar esta crisis nacional, España se está convirtiendo en pionera en la materia, organizando una Conferencia Europea sobre el el problema del agua para este verano y anunciando un plan nacional de medidas inmediatas para frenar la desertificación. Este plan incluye la modernización de los métodos de riego a otros más eficientes, así como un programa extensivo de plantas desaladoras que obtengan el agua dulce que la naturaleza no proporciona.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura estima que un tercio del país corre el riesgo de convertirse en desierto debido a la combinación del cambio climático con el mal uso de la tierra. Pese a ello, las autoridades son más optimistas cuando se les pregunta sobre la 'Africanización' del clima de España -un término ahora común entre los científicos.
"Estamos en mucho mejores condiciones que Africa, aunque dentro de la Unión Europea, nuestra situación sea grave", dice Antonio Serrano Rodríguez, Secretario General para la Tierra y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. No obstante, el Sr. Serrano y otras autoridades reconocen los principales puntos del problema: "habrá sitios en los que no se pueda cultivar nunca más, que fueron durante tiempo limítrofes al desierto y ahora ya son estériles. Tenemos zonas del país que están cerca del límite."
A pesar de que el sur de España siempre ha sido seco y se ha visto azotado por sequías cíclicas, la temperatura superficial media en España ha ascendido 2.7 grados en comparación con los alrededor de 1.4 grados que ha aumentado esta magnitud a escala mundial desde 1880, según las estadísticas. Se prevee que las lluvias desciendan un 20 por ciente entre este año y el 2020, y un 40 por ciento hacia el año 2070, según las proyecciones de Naciones Unidas.
Los cambios producidos en la finca de la familia Almarcha en Abanilla a lo largo de las tres últimas décadas son un buen reflejo de este clima cada vez más caliente y seco. Hasta hace 20 años, en la finca crecían el trigo y la cebada, regados sólo por el agua de lluvia. Con la disminución de las precipitaciones, Carlos Almarcha, de 51 años, tuvo que cambiar el cultivo por almendros. Hace unos 10 años, sustituyó los almendros por perales y melocotoneros, "porque necesitan menos agua," explica. Recientemente plantó oliveras e higueras, "que resisten bien las sequías y son menos sensibles al clima".
El Sr. Almarcha participa en un sistema de venta de agua gubernamental iniciado el año pasado, en el cual los agricultores pagan hasta tres veces el precio normal (33 céntimos en lugar de 12 por metro cúbico) a cambio de poder disponer de más agua. Los precios del mercado negro son incluso mayores. Por eso ve el panorama sombrío. "Antes sabías que en esta semana, en primavera, llovería", comenta enfundado en sus botas de campo, sobre el suelo agrietado de un olivar que hace tiempo fue un campo de trigo. "Ahora nunca sabes cuándo vendrá la lluvia, o si vendrá siquiera. Además, ya casi no hay invierno, y las plantas necesitan el frío para descansar. Por eso crecen cada vez menos. A veces nada. Incluso las plantas están confundidas."
Al mismo tiempo que el Sr. Almarcha ha cambiado gradualmente sus cultivos por otros cada vez menos bebedores, los planes de trasvases del gobierno anterior incitaron a muchos agricultores a tomar el camino en dirección opuesta: cultivaron un amplio rango de frutales devoradores de agua y otros cultivos que nunca habían crecido en el sur. Murcia era conocida tradicionalmente por sus higos y dátiles.
"No puedes hacer crecer de forma natural fresas en Huelva -hace demasiado calor," nos cuenta Raquel Montón, especialista en clima de Greenpeace en Madrid, refiriéndose a la cercana capital de las fresas de España. "En Zaragoza, que está en un desierto, cultivamos maiz, que es el cultivo que más agua consume. Es de locos. Lo único aún más disparatado que podría hacerse es construir casinos y campos de golf. Y qué casualidad, ¡es lo que hacen en Murcia!"
En el año 2001, una nueva Ley del Suelo en Murcia hizo mucho más facil a los residentes en esta comunidad vender sus tierras para la construcción de urbanizaciones. Aunque en el sur de España disponen desde hace mucho tiempo de completos sistemas para administrar su relativamente escasa agua, a día de hoy parece que todo el mundo haya encontrado formas de saltarse estos sistemas.
El césped de los campos de golf o las urbanizaciones asociadas a éstos son a menudo clasificados como un 'cultivo', proporcionando de esta manera a los propietarios derechos sobre un agua que de otra forma no podría ser destinada a mantener tales espacios de ocio verdes y húmedos. Los inversores extranjeros plantan unos cuantos árboles y llaman a sus chalets 'fincas', lo que les da derechos sobre el agua de riego, nos cuenta el Sr. Gracia. "Una vez que el propietario de un terreno obtiene esos derechos de agua, solicita una recalificación del terreno. Entonces pasa a tener un terreno urbanizable y un agua, que se supone que es para regar, pero que la gente usa para lo que quiere. Nadie se entera si la usa para llenar una piscina particular."
Si bien el Sr. Gracia dice estar "del lado de los verdaderos agricultores", no tiene personal para controlar cuánta gente usa realmente su cuota de agua en riego y quiénes la usan para otros fines.
Con tanto dinero en juego, algunos políticos y funcionarios dejan a un lado las leyes y se saltan las normas que promoverían un desarrollo sostenible, tal y como nos cuenta Chema Gil, el periodista, quien al principio fue vilipendiado por la sociedad y los políticos por escribir artículos críticos con estos comportamientos; aunque la actitud de esta misma gente está empezando a cambiar conforme se van dando cuenta de que realmente el agua se está agotando.
Pero incluso así, la gente y los políticos tienden a considerar el agua como un recurso ilimitado. "Los políticos piensan en bloques de cuatro años, por eso no pasa nada mientras no se agote el agua durante su mandato', dice la Srta. Montón, de Greenpeace. "La gente piensa en el problema, pero no les importa lo que ocurra mañana. No se preocupan hasta que abren el grifo y no cae nada."
* Vegamedia Press - Chema Gil - 03/06/2008
Foto: Desertification of the landscape and agriculture near Fortuna - vegamediapress.es
Nuevo caso de irregularidad urbanística en El Puerto
,+ayuntamiento+-+wikipedia.org.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : Los cajones del Área de Urbanismo de El Puerto siguen deparando desagradables sorpresas en forma de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por los anteriores gobernantes de Independientes Portuenses, que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz investiga tras dar cuenta de ello el actual equipo de gobierno del Partido Popular.
En esta ocasión, es un caso de los más flagrantes, protagonizado por el edil de Urbanismo del anterior mandato municipal, Juan Carlos Rodríguez, de IP.
Se trata de un decreto de legalización rubricado por el ex concejal para dar luz verde a una vivienda que se hallaba únicamente en cimentación. La zona en la que se ha registrado esta irregularidad es San Antonio, clasificada en el actual Plan General vigente en El Puerto como suelo no urbanizable.
Fue el 18 de octubre de 2005 cuando Rodríguez emitió el decreto por el que legalizaba "las obras en ejecución" de la vivienda sita en el desarrollo de San Antonio, en calle Cisne, al tiempo que autorizaba "las obras necesarias para su terminación", pese a tratarse de suelo no urbanizable. La orto foto municipal de la fecha revela la auténtica realidad: en la finca no había ninguna vivienda edificada. La edificación fantasma estaba en fase de cimentación, habiéndose colocado sólo encima de la base de cemento una estructura metálica sobre unos pilotes sobre los que se sustentaría la estructura del techo.
Lo increíble del asunto es que este decreto de legalización del ex edil de Urbanismo daba respuesta al requerimiento del propietario de la parcela, que tan sólo tres meses antes había presentado, no un proyecto de legalización de una vivienda unifamiliar ya hecha, sino el proyecto básico y de ejecución de la misma. En el proyecto presentado en Urbanismo, se recogía que se trataba de las obras necesarias para la construcción de una vivienda, que se situaba sobre un suelo que el Plan General clasifica como no urbanizable. De ahí que, en vez de dar licencia de obras, algo manifiestamente ilegal, el ex edil hubiera recurrido a la figura del decreto de legalización. Decreto en el que de nuevo, como ha hecho en otras innumerables ocasiones, Rodríguez alude a que la zona está clasificada como suelo urbano no consolidado en la aprobación inicial de la revisión del Plan, aún sin aprobación definitiva.
También como en anteriores ocasiones, el proyecto está firmado por Isabel Ruiz Vázquez, arquitecta del estudio Tec, que también redactó los proyectos de otras promociones que contravienen el planeamiento vigente a las que tanto el ex alcalde, Hernán Díaz, como Rodríguez dieron licencia de obras o bien legalizaron. Y en todos los casos además existen informes a favor del jefe de Servicio de Disciplina Urbanística y Licencias de Urbanismo, Fernando Jiménez.
Es de esperar que este nuevo caso termine yendo a la Fiscalía, junto al centenar de expedientes de obra nueva fraudulentos detectados en El Puerto (algunos protagonizados por los mismos profesionales que actuaban en Chiclana, en la trama de Obra Nueva, que ya va por treinta implicados) y el también centenar largo de decretos de legalización supuestamente contrarios a la legalidad urbanística que el Gobierno del PP tiene contabilizados hasta la fecha.
El fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, informaba hace poco a este diario que de los casi 80 casos de obra nueva que le han enviado desde El Puerto, ya ha remitido 38 denuncias a los Juzgados, teniendo otra treintena por tramitar. Luego, deberá hacer lo propio con los decretos de legalización si es que para entonces desde el PP se han enviado a Fiscalía como se vendió.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 04.06.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
