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EUROPAPRESS/Almería* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y la promotora Azata del Sol contra el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número dos que, en febrero de 2006, ordenó la paralización de la construcción del hotel en el paraje de El Agarrobico.
La sentencia de la Sección Tercera, a la que tuvo acceso Europa Press, considera 'conforme a derecho' la medida cautelar que el magistrado Jesús Rivera fundamentó en la prevalencia del interés general de la Ley de Costas, cuya parte dispositiva transitoria tercera obligaba al Consistorio a revisar el Plan Parcial por ser posterior al 1 de enero de 1988 y, por tanto, a ampliar la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre de 20 a 100 metros.
Al hilo de esto, refuerza este argumento con la reciente sentencia dictada por la Audiencia Nacional que, con fecha de 23 de enero, validó la orden ministerial de deslinde que dio lugar al expediente de expropiación parcial del hotel y que, según subraya, se basa en el mismo criterio aplicado en primera instancia por el juzgado almeriense.
El Alto Tribunal andaluz ratifica así la conveniencia de parar las obras del inmueble, que en un 60 por ciento de su superficie contraviene el deslinde ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) en noviembre de 2005, ante una posible anulación de la licencia municipal que, en caso de que el hotel entrase en servicio, supondría --sostiene-- 'un montante indemnizatorio mayor que el derivado de la demora del derecho a edificar' adquirido por Azata del Sol.
El fallo alude, asimismo, a que contencioso-administrativo que dio lugar a la adopción de la medida cautelar pretende dirimir si existe un posible uso del suelo 'incompatible' con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar y con la Ley de Costas, que, de verificarse, sería 'irreversible' de haber continuado la construcción mientras que la promotora --concluye-- 'siempre podría reclamar indemnización en concepto de daños y perjuicios' si, finalmente, se validase la licencia municipal.
El TSJA desestima también el argumento de la casi finalización de la obra, que un informe técnico cifra en un 94,41 por ciento en el momento del cese de actividad, al considerar que el auto carecería de utilidad sólo en el caso de que ya hubiese sido otorgada la licencia de primera ocupación.
En la misma línea, valora como 'desproporcionada' la petición de Azata del Sol para fijar una contracautela de más de 12 millones de euros a cuenta del colectivo conservacionista 'Salvemos Mojácar' que interpuso el recurso ya que, dado su naturaleza no mercantil, la asociación no podría hacer frente a la citada cantidad por lo que, según el Alto Tribunal andaluz, 'el objeto del recurso perdería su finalidad de reversibilidad' de declararse nula la licencia municipal.
La promotora fijó, solo en concepto de perjuicio por el cese en la construcción, un coste de 4,7 millones de euros por daños en el inmueble a lo que sumó otros 9,9 millones de euros que se derivan de la pérdida del incentivo regional contenido en el Plan de Desarrollo Turístico aprobado para Carboneras, así como el cannon de arrendamiento por dos años a la empresa que se hiciera cargo de la explotación del establecimiento.
* Terra Actualidad - Europa Press - 26-03-2008
Foto: Hotel El Algarrobico (Almería) - J.Rojas (El País)
El TSJA desestima el recurso contra la paralización cautelar de la obra del hotel en el Algarrobico
Málaga: 52 viviendas en un jardín regionalista
ELPAÍS* : Villa Fernanda, una de las últimas mansiones levantadas por la burguesía malagueña de principios de siglo XX en la falda del Monte Limonar y que dispone de un jardín regionalista en el que están catalogadas 26 especies diferentes, no va a escapar a la voracidad constructiva de comienzos del siglo XXI y acabará convertida en 52 viviendas al uso, de precio prohibitivo, pese a tener el mayor grado de protección contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El pleno del Ayuntamiento de Málaga tiene hoy previsto aprobar el estudio de detalle que ordena los volúmenes y edificabilidad de, teóricamente, las zonas libres del jardín. En el PGOU de 1983, Villa Fernanda se reservó como zona verde pública, pero en el vigente, aprobado en 1998, se cambió a urbanizable para ciudad jardín, aunque manteniendo la protección, lo que permite que se pueda construir.
La promotora Piquio proyecta construir las 52 viviendas en dos edificios que ocuparán las dos construcciones de estilo regionalista existentes en la parcela. El defensor del ciudadano de la provincia, Francisco Guitérrez, ha emitido un informe a petición de de más de 400 vecinos que se oponen al proyecto en el que duda de la legalidad de la actuación, porque entiende que en realidad se hace un cambio de uso del suelo indebidamente y no se han pedido informes sobre la afección de los bienes protegidos. El arquitecto Salvador Moreno Peralta, que también lo entiende así, va más allá al apuntar una "razonable sospecha de que estamos ante la eventualidad de un caso de especulación urbanística" porque "se ha comprado un bien protegido y luego se ha levantado esa protección sin causa justificada". El PSOE pide que se mantenga la protección y se negocie con la propiedad posibles compensaciones, mientras IU aboga por expropiar.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 27/03/2008
Foto: Perspectiva del edificio principal de Villa Fernanda, en el Paseo de Miramar, con parte del jardín contiguo/ G. Torres, laopiniondemalaga.es
Valladolid: El Ayuntamiento se salta otra vez una ley de urbanismo en el aparcamiento de Cáritas
20MINUTOS* : En este caso ha incumplido la ley de urbanismo de Castilla y León y ha concedido la licencia de obras para la construcción del edificio destinado a aparcamiento subterráneo en los terrenos de la Fundación Emilio Álvarez, en la calle José María Lacort (donde hasta ahora se encontraba Cáritas).
El permiso lo ha dado sin que se haya publicado en el boletín oficial de la provincia (BOP) el estudio de detalle, algo a lo que obliga taxativamente el artículo 60 de la norma regional.
La licencia fue aprobada el 9 de agosto, después de que el estudio de detalle se aprobase en el Pleno Municipal el 9 de mayo de 2006. Sin embargo, nunca ha llegado a publicarse en el BOP.
La Federación de Personas Sordas ya ha presentado numerosas alegaciones contra este proyecto que ejecuta Parkosa.
Incluso, según ha podido saber 20 minutos, se está estudiando la posibilidad de que esta obra se haya podido iniciar gracias al Plan B de urbanismo, que fue manipulado después de su aprobación en Pleno.
* 20 Minutos - DANIEL PASCUAL. 26.03.2008
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
La Fiscalía tramita una denuncia contra el Ayuntamiento de El Rosario por prevaricación
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EFE/Tenerife* : El portavoz del grupo municipal de IR-Verdes, Escolástico Gil, informó hoy de que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formulado una denuncia contra el grupo de gobierno (PSC-PSOE) en el Ayuntamiento de El Rosario por presunta prevaricación en relación con el Plan Parcial El Varadero.
Una vez formulada la denuncia, apuntó Gil en rueda de prensa, será el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife el que decida si se archiva la causa o bien la remite al Juzgado de lo Penal, con la correspondiente imputación del grupo de gobierno del municipio tinerfeño de El Rosario, en manos del PSC-PSOE.
Añadió, que IR-Verdes se "va a personar en la causa, ejercitando la acción pública, como medida inmediata ante la investigación abierta".
"Este paso significa que el caso Varadero ha abandonado, tras cuatro años de oposición de IR-Verdes, el terreno de las especulaciones para centrase en el de las responsabilidades jurídicas", opinó Gil.
Para ello, indicó, se llevará a cabo una investigación judicial que se hará sin duda "con independencia y partiendo de la presunción de inocencia".
Aún así, Gil recordó que el Plan General de Ordenación (PGO) contempla en la actualidad la provisionalidad del Plan Parcial de Varadero, "a pesar de contar con tres sentencias contrarias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y un auto judicial que rechaza su aprobación".
Afirmó, que el Plan Parcial de Varadero contaba con informes negativos de los técnicos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTMAC), por lo que el alcalde de El Rosario, Macario Benitez, solicitó vía fax a la COTMAC la retirada del Plan Parcial en la reunión en la que se iba a aprobar o suspender.
"La sentencia del TSJC nos da la razón, e indica que no entiende como la COTMAC no actúo en su momento al respecto y permitió que se aprobase el Plan Parcial de Varadero por silencio administrativo, cuando el Ejecutivo fue informado en 2006 por nuestro partido de las irregularidades del plan", indicó Gil.
Ahora, añadió, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial se escuda al afirmar que se están esperando los informes del órgano consultivo, "pero creemos que estos informes no son más relevantes ni tienen más importancia que las sentencias dictadas ya por el TSJC y otros autos judiciales".
Es más, recordó que desde el primer momento IR-Verde como partido de la oposición se posicionó en contra de este plan que pretendía incrementar "el cemento" en una zona declarada de protección por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
* Canarias Ahora - EFE - 26/03/2008
Foto: El Rosario (Tenerife), Tabaiba - ayuntamientoelrosario.org
El PAI de Llíria que se revisará en el Parlamento Europeo acumula tres recursos ante el TSJ
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LEVANTE/Valencia* : El proyecto de campo de golf, hotel y 2.600 viviendas Coto del Catalá que se proyecta en Llíria y que la próxima semana se analizará en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo también acumula tres contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Según confirmaron fuentes de la Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat [propietarios que ya residen en la zona y que se han visto afectados por el programa de actuación integrada (PAI)] los recursos se interpusieron contra la declaración de impacto del proyecto y contra la alternativa técnica presentada por Residencial Maimona (participada por Sedesa, la empresa de la familia Cotino).
Además, están a la espera de que se exponga a información pública la reparcelación del PAI (contra la que han presentado alegaciones pero que desconocen a pesar de ser propietarios de terrenos en la zona. Los afectados por el PAI Coto del Catalá afrontan con relativo optimismo el debate en el Comité de Peticiones ya que luchan desde 2002 para que se reconozcan sus derechos sin que hayan tenido mucho éxito.
Sobre el nuevo debate del urbanismo que se producirá en el Parlamento Europeo, el diputado del PSPV en las Corts, Francesc Signes, aseguró ayer que el Consell "necesita sustituir la ilegalidad cometida por la decencia urbanística". Según Signes, "la única reacción del Consell al debate sobre las denuncias por irregularidades en cinco PAI de Llíria, Parcent y Benasau, es proteger a sus alcaldes frente a las denuncias", como ha ocurrido con el nombramiento como Senador del exalcalde de Burriana, para evitar que sea juzgado por un delito urbanístico. Según el responsable socialista, "el Consell promueve la impunidad urbanística, permitiendo que el urbanismo valenciano se haya convertido en una constante fuente de denuncias ante Europa", lo que se traduce en "una deplorable publicidad para la Comunidad Valenciana y en motivo de vergüenza para todos los valencianos. El urbanismo valenciano necesita un urgente lavado de cara, que acabe con las numerosas ilegalidades consentidas".
Por último, el presidente de Abusos Urbanísticos NO (AUN), Enrique Climent, mostró ayer su satisfacción porque "el Comité de Peticiones continúa preocupado por los abusos relacionados con las leyes urbanísticas y medioambientales en la Comunidad Valenciana que se han extendido a otras partes de España". AUN asistirá al debate en el Comité de Peticiones.
* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 26 de marzo de 2008
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
La UE investiga si el proyecto de Gran Scala vulnera leyes europeas
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ELPERIÓDICO/Aragón* : La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si el proyecto del macrocomplejo de casinos y parques temáticos Gran Scala vulnera varias normativas comunitarias. Pide información al Gobierno central sobre el respeto a cuatro directivas.
Concretamente, según consta en una respuesta del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, al europarlamentario de Los Verdes, David Hammerstein, el órgano europeo ha reclamado al Gobierno central que le informe sobre "las medidas que han sido o serán adoptadas" para el cumplimiento de cuatro directivas, el equivalente comunitario de las leyes. Se trata de las normas referentes a la "conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres", a la "conservación de las aves silvestres", a la "evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente" y a "la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente".
Dimas señala en su respuesta que "la Comisión está al corriente" de las informaciones sobre el proyecto que van apareciendo en la prensa "acerca del macrocomplejo de ocio en la zona de Los Monegros, en Aragón". "La Comisión es también consciente del gran valor ecológico de Los Monegros", añade.
El mismo documento indica que el propio organismo europeo participa en la financiación de dos proyectos de conservación de especies amenazadas dirigidos "al menos parcialmente" a la estepa monegrina. Ambos han sido tramitados por el programa LIFE-Naturaleza.
El primero, que prevé una aportación comunitaria de 1,25 millones de euros, tiene como objetivo la adaptación de los tendidos eléctricos para evitar los riesgos de electrocución y colisión a las aves. Se está desarrollando en 16 zepas (Zona Especial de Protección de Aves) aragonesas, varias de ellas localizadas en Los Monegros.
El segundo, para el que Europa pone 329.000 euros, tiene como objetivo la conservación del hábitat de nidificación del cernícalo primilla "con vistas a mejorar el hábitat de esta especie, especialmente en Los Monegros".
El Comisario de Medio Ambiente respondía de esta forma a una de las dos solicitudes de información que planteó Hammerstein. En la no contestada, el diputado se interesaba por saber "si se han cumplido las medidas compensatorias adoptadas por los regadíos de Los Monegros, compromiso adquirido por el Gobierno de Aragón frente a la Comisión Europea". Dimas solicita "una aclaración" al parlamentario, "ya que la pregunta no proporciona los datos necesarios para que la Comisión pueda identificar el asunto". "La Comisión agradecería una referencia específica de los mencionados proyectos de regadío y de la legislación europea pertinente", añade.
Fuentes de Los Verdes explicaron que varios técnicos están trabajando para reunir la información que les reclama el comisario. Esas gestiones no afectan a la continuidad de la investigación abierta por las autoridades comunitarias para determinar si el proyecto del macrocomplejo vulnera alguna normativa comunitaria.
Hammerstein destacaba en su pregunta la "excepcionalidad" y el "equilibrio" ambiental de Los Monegros, en los que se ha registrado la presencia de más de 5.400 especies animales, entre las que destacan las comunidades de aves y los invertebrados, muchos de los cuales se encuentran amenazados. También anotaba que el proyecto del macrocomplejo "carece de recursos hídricos" y vulnera "los objetivos de la Directiva Marco del Agua".
* El Periódico de Aragón - 26/03/2008 E. B. D.
Foto: Los Monegros (Aragón), maqueta Gran Scala - elpais.com
Vigo: Las asociaciones de vecinos denuncian las «aberraciones» que el Concello pasa por alto
LAVOZDEGALICIA* : «Se o sistema non funciona, denunciémolo». La federación vecinal ha puesto en práctica esta máxima con la difusión de una serie de fotos en las que da a conocer casos concretos de obras que, una vez ejecutadas, han supuesto problemas para los ciudadanos en lugar de lo contrario, que supuestamente era lo buscado.
Según Antón Sánchez, vocal de urbanismo del movimiento ciudadano, «con estes mínimos exemplos desde a federación esiximos que dunha vez por todas que o urbanismo se programe con criterios que non signifiquen perxuízos para a cidadanía en beneficio do promotor espabilado (aínda que hai boa xente entre eles) e se execute un control efectivo á hora da recepción das obras polo Concello de Vigo para non ter que sufragar os costes de arreglar estas anomalías con cargo ao erario público».
Entre los casos que denuncia la federación destaca el de la foto superior, ejemplo de desidia que se ha producido en la urbanización de la finca de Aires en su confluencia con la Baixada á Laxe, en Castrelos-Sárdoma. En este lugar las aceras terminan contra el jardín de la urbanización sin tener continuidad en los alineamientos de la propia urbanización. En principio no genera riesgos, salvo que el peatón opte por bajar a la calzada.
Farola-ascensor
En la calle Xílgaro (números 22-26) un problema de diseño o también de desidia ha provocado una de estas situaciones que asombran a los vecinos. El vuelo del inmueble tropieza con la farola del alumbrado público, con el agravante de que el báculo llegado el caso podría ser utilizado para ascender con relativa facilidad hasta la segunda planta «cun mínimo empeño», según la federación vecinal (foto inferior derecha).
En las dos fotos restantes pueden observarse sendos ejemplos de incongruencias similares. En la de enmedio (Extremadura 13, en O Calvario) los peatones, y más con carritos de bebé, tienen problemas para sortear el escalón creado a la entrada del garaje generando una rasante irregular en una acera que no debería tener obstáculos. Las denuncias mientras se llevaban a cabo las obras no tuvieron efecto. A mayores tiene baldosas sueltas y hubo resbalones y caídas.
Sin salir de O Calvario, también el vuelo de un edificio o un error de cálculo ha provocado una extraña situación en el número 17 de la calle Doctor Toscano. Es evidente que el balcón impide la colocación de la farola, por lo que se ha optado por cortarla dejando la parte inferior en su lugar con riesgo para los viandantes.
* La Voz de Galicia - 26/3/2008
Foto: Farola pegada a las viviendas que preocupa a los vecinos afectados - lavozdegalicia.es
El TSJC suspende de nuevo la Variante de Bañaderos tras diez años de litigios
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha recordado por enésima vez al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos de Arucas, Agaete, Guía, Firgas, Moya y Las Palmas de Gran Canaria que la Variante de Bañaderos no se ajusta a la política medioambiental y de preservación paisajística que defiende en sus propios planes territoriales, y por lo tanto ha vuelto a suspender el anteproyecto de la carretera del Norte a su paso por el barrio aruquense, y desde ahí hasta El Pagador, en Moya.
La Sala de lo Contencioso advierte a las administraciones implicadas que ya acumula diez años de sentencias y disposiciones contrarias al paso de la carretera general del Norte por la trasera de Bañaderos, dado que afecta, según explica en el auto del pasado 13 de marzo, a un suelo agrícola que "es un recurso muy escaso en Canarias y que está desapareciendo por diversas infraestructuras". Además, considera que "la agricultura es una actividad primaria que debido a diversos factores (...) está en retroceso. Por ello, se considera que este suelo de media-alta capacidad agrícola debe ser preservado (...) en el marco de un proceso racional de utilización del territorio".
Se da la circunstancia que el Tribunal llega a esta conclusión tomando literalmente un informe de la propia Cotmac del 5 de octubre de 1999 y que ya era desfavorable a su construcción, entre otras cosas porque "el impacto sobre el paisaje será de gran magnitud, ya que se atraviesa la actual Vega de Bañaderos, dominada por cultivos de plataneras, que constituye un paisaje agrícola de gran belleza".
Una postal que, además, según los mismos informes queda resaltada "por una estructura geomorfológica de gran interés, como es un paleocantilado", sobre el que se asienta el pago de Escaleritas, "que realza dicho paisaje eminentemente rural".
Por lo que, en definitiva, "la carretera rompería el equilibrio existente entre el medio y la explotación antrópica".
Este auto en el que se suspende de manera cautelar el anteproyecto frena en seco la licitación de la redacción del proyecto definitivo, salvo que el Gobierno de Canarias opte por pagar un proyecto "que nunca se realizaría", lo que aumentaría los costos de la Administración e incluso le obligaría a indemnizar a terceros.
El empecinamiento del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Arucas en hacer pasar la vía por el sur del barrio de Bañaderos eliminando a su paso los cultivos llega a tal punto, que según el propio TSJC se llegan a presentar nuevos proyectos alternativos que vuelven a pasar en casi un 70 por ciento del recorrido por los ya declarados en sentencia firme como inviables, como ocurre con una de las sentencias dictadas en el año 2004.
En ese empeño, "la Administración no ha justificado la localización elegida desde un punto de vista medioambiental y paisajístico, y así, de todas las alternativas posibles, ha optado según admite por la más cara" y sin ninguna declaración de impacto ambiental.
INTERÉS PÚBLICO. El auto del TSJC hace hincapié en lo explicado por el Tribunal Supremo en relación al anterior proyecto de la Variante, también tumbado por el máximo órgano jurisdiccional, que indica que no se cuestiona la carretera en sí, de indudable necesidad, sino la forma de servir a esos intereses generales. Ya que por un lado hacerla por donde pasa la antigua vía atiende a ese requisito, y realizarla por la variante no sólo afecta a terceros, sino que elimina un paisaje que es de interés general en sí mismo.
* La Provincia - JUAN JOSÉ JIMÉNEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 26 de marzo de 2008
Foto: En primer plano, parte de los cultivos de plataneras que se pretenden arrancar para construir la futura carretera del Norte en Bañaderos/ PACO LUIS MATEOS, laprovincia.es
Construyen viviendas a escasos metros del río que provocó las inundaciones de la Marina
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LEVANTE/Alacant* : Los ayuntamientos de Beniarbeig, els Poblets y el Verger, la CHJ y la Conselleria de Urbanismo permiten que se edifique junto al Girona cinco meses después de la riada. "A la vora del riu no fases niu". La sabiduría popular, tan reflexiva y tan previsora, ha sido en los últimos años despreciada por la clase política con argumentos en favor del progreso.
Las desgracias naturales se suceden a una velocidad superior a la de otras épocas, pero la conciencia no se toma hasta que pasa por delante de casa. Y no siempre. El pasado 12 de octubre, el río Girona pegó un golpe en la mesa para recuperar todos aquellos terrenos que un día le fueron usurpados por el hombre: una persona falleció, decenas de casas, centenares de comercios y miles de vehículos quedaron arrasados por la violencia de unas aguas que a su paso arrastraron de todo.
Sin embargo, cinco meses después de la tragedia, y aunque las aguas no han vuelto a su cauce del Girona, -sometido ahora a una siega de cañaverales, a pesar de que la CHJ insistió en su día en que las cañas no causaron la inundación- parece como si se hubiera instalado una amnesia colectiva en los gobiernos de estos tres pueblos, en la conselleria y en la CHJ. Pero estas tres administraciones se encogen de hombros y miran hacia otro lado mientras se edifica a un metro del río. Al llegar al puente provisional instalado por el ejército en Beniarbeig sólo hay que mirar a izquierda y derecha para observar la barbarie. En un lado hay tres bloques de adosados, ya iniciados antes de la riada, que están a escasos metros del río. A la otra parte, los cimientos de una finca con 12 viviendas. El gobierno socialista de Beniarbeig dice que no puede hacer nada, que es urbano. La CHJ, dirigida por el PSOE, dice que no puede hacer nada, porque Beniarbeig no es zona inundable y la Conselleria de Urbanismo, ni siquiera dice que no puede hacer nada. Casas en primera línea de riada.
En el Verger la situación es más grave si cabe porque la conselleria construye las casas para los afectados por la riada en la misma margen del río, en una zona que quedó arrasada por las intensas lluvias. El ayuntamiento asegura que son los mismos vecinos que han perdido sus casas en la riada los que quieren volver a vivir en el mismo barrio y al lado del Girona.
En els Poblets, junto al río, crecen a buen ritmo edificios de nueva construcción donde antes se ubicaba un conocido bar. Esa misma zona quedó completamente anegada cuando el Girona se desbordó a su paso por El Poblets.
* Levante-EMV - C. Monzonís/ M. J. M. Beniarbeig - 26 de marzo de 2008
Foto: beniarbeig. A la izquierda, la margen del río sobre la que construye una urbanización/ ernest weber, levante-emv.com
El INE confirma que el sector inmobiliario está en caída libre
ELPAÍS* : Aunque el Gobierno preveía un "ajuste suave" de la vivienda, los datos ponen de relieve que el sector está en caída libre. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy por primera vez su estadística sobre la transacción y compraventa de viviendas, que se ha derrumbado un 27% en enero frente al mismo periodo del año anterior con 61.792 inmuebles.
Otro indicador que evidencia no ya el frenazo sino la bajada brusca del ladrillo, es la concesión de hipotecas, que se ha reducido un 25% en el primer mes del año.
La compraventa de viviendas usadas (el 52,4% del total) ha caído un 35,6%, mientras que la compraventa de viviendas nuevas (el 47,6% restante) ha bajado un 14,6%. A pesar del descenso en tasa interanual, la transacción de estos 61.792 inmuebles representa un aumento mensual, en cuanto a diciembre, de un 41,08%.
En el caso de la compraventa de viviendas libres, que supusieron el 91,8% del total, se ha reducido un 26,7% en un año, mientras que la de viviendas protegidas (el 8,2% restante) ha caído un 30,7% con respecto a enero de 2007.
El número total de fincas -rústicas y urbanas- transmitidas en enero ha sido de 234.788, un 15,3% menos que un año antes y un 37,8% más que en diciembre. De estas transmisiones 136.074 fueron compraventas de fincas, lo que supone una caída interanual de un 23,5%.
Esta estadística incluye, junto a la compraventa, otros tipos de transmisiones de fincas: donación, permuta, herencia y otros, que pueden ser concentraciones parcelarias o divisiones horizontales de fincas.
Además, el número de viviendas transmitidas por cada 100.000 habitantes se ha situado en 169, cifra que se amplía a 644 para el conjunto de las fincas.
El INE, que ha hecho este cálculo a partir de la revisión del padrón municipal de 2007, coloca a Murcia como la comunidad con mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes, con 268, seguida de La Rioja (258), Castilla-La Mancha (237), Comunidad Valenciana (217), Cantabria (212) y Andalucía, con 200.
En el lado opuesto de la lista se sitúa Galicia como la comunidad con menor número de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes, con 113, seguida de Madrid (124), País Vasco (129), Navarra (138), Cataluña (139), Asturias (150), Castilla y León (157), Extremadura (159) Aragón (167), Baleares (180) y Canarias (190).
Para la elaboración de esta nueva estadística, que se publicará el mismo día que la de hipotecas, el INE recoge los datos que le remite mensualmente el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME).
Las hipotecas registran su mayor descenso desde 2004
El parón inmobiliario se ha dejado notar también con fuerza en el mercado hipotecario en enero. Según los datos que también ha hecho públicos hoy el INE, se conceden menos préstamos, se pide menos dinero y, tras varios récords absolutos, también se ha reducido el total de capital que los bancos y cajas han puesto en manos de sus clientes para comprar una casa.
Concretamente, el número de viviendas hipotecadas ha descendido en tasa interanual un 25,71% en enero, hasta un total de 93.808 inmuebles, su mayor descenso desde 2004; mientras que el importe medio ha bajado un 3,08% respecto a enero de 2007 y se ha situado en 142.793 euros.
Además, el capital prestado para este tipo de hipotecas en el primer mes del año ha alcanzado los 13.395 milllones de euros, lo que supone una bajada del 27,99% respecto al mimso mes del año anterior.
De su lado, el importe medio por hipoteca constituida sobre el total de fincas rústicas y urbanas se ha situado en 163.448 euros, un 1,9% menos que en el mismo mes de 2007 y un 1,4% superior al registrado en diciembre de 2007.
Las cajas de ahorro han sido las entidades que concedieron mayor número de préstamos hipotecarios en enero, con un 58,5% del total, seguidas de los bancos (31,4%) y de otras entidades financieras (10,1%). En cuanto al capital prestado, las cajas de ahorros concedieron el 54,5% del total, los bancos un 35,1% y otras entidades, un 10,4%.
El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorro ha sido del 5,09% y el plazo medio de 26 años, mientras que los bancos han prestado a un tipo de interés del 5,06% y un plazo medio de 26 años.
El 98,3% de las hipotecas constituidas en enero ha utilizado un tipo de interés variable, frente al 1,7% de tipo fijo. Dentro de las variables, el Euríbor ha sido el más utilizado, ya que figuró en el 87,6% de los nuevos contratos.
Por comunidades, Murcia (con 887) y Castilla-La Mancha (con 578) se han colocado al frente de las regiones con más fincas con hipoteca constituida en enero por cada 100.000 habitantes. No obstante, todas las autonomías, excepto en la Región de Murcia, ha descendido el número de fincas hipotecadas por cada 100.000 habitantes.
Madrid y Navarra han registrado el mayor importe medio hipotecado, con 243.265 euros y 206.419 euros, respectivamente. Baleares (16,7%) y Andalucía (15,2%) han sido las comunidades que han experimentado una tasa de variación interanual mayor.
* ELPAIS.com - Madrid - 26/03/2008
Foto: caida índices - cotizalia.com
Madrid: El Consistorio ha cedido al Arzobispado 120 millones de suelo público
ELPAÍS* : José María Álvarez del Manzano, ex alcalde de Madrid, firmó en 1997 un convenio con el Arzobispado de la capital por el que el Ayuntamiento iba a ceder a la Iglesia 41 parcelas de suelo público (unos 80.000 metros cuadrados) a cambio de otras que sumaban 240.000 metros cuadrados. Hasta aquí, un gran negocio para la ciudad.
El problema es que 226.000 metros de los 240.000 que aportaba la Iglesia para las permutas eran suelo rústico no urbanizable que se encuentra en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Una parcela que, a pesar de su extensión, al no estar contemplada su urbanización en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, no superaría, a precio de mercado actual, los 3,5 millones de euros.
A cambio, desde que se firmó el convenio, el Arzobispado ha recibido 37 parcelas diseminadas por todo Madrid, destinadas a uso parroquial, que suman 64.130 metros cuadrados y que, a precio de mercado, alcanzarían los 120 millones de euros. O sea, un gran negocio para la Iglesia.
Las cesiones, que todavía no han terminado, se han producido durante parte el último mandato de Álvarez del Manzano y los dos de Alberto Ruiz-Gallardón. El primero cedió a la Iglesia 42.899 metros cuadrados de suelo público en distintos puntos de la ciudad. El segundo va por los 21.239 metros. Y todavía llegarán más. Quedan cuatro parcelas para alcanzar la cifra que se acordó en el convenio de 1997.
"La descompensación del convenio es evidente, pero aún es más grave que la cesión de estas parcelas de suelo público no atienda a las necesidades reales de los vecinos", denunció ayer Ángel Pérez, portavoz de IU en el Ayuntamiento. Por ello, Pérez pidió que parte de esas parcelas cedidas al Arzobispado "se dediquen a equipamientos sociales y la Iglesia se comprometa a no hacer negocio" con ellas.
Como ejemplo de lo "desproporcionado" de esta "supuesta política de intercambio de parcelas con el Arzobispado", Pérez recordó el caso de los vecinos del barrio de Butarque, en Villaverde, que han recogido firmas en contra de la cesión de una parcela para la ubicación de una nueva parroquia (el distrito ya cuenta con 17).
Sin embargo, el barrio de Butarque, que tiene 15.000 habitantes, no cuenta con ninguna escuela infantil, ninguna biblioteca, ningún consultorio de salud, y sólo tiene un colegio público y un centro de mayores, a pesar de que el 19% de su población, según Pérez, "es analfabeta".
IU piensa llevar esta cuestión al Pleno del próximo lunes y exigirá que se realice un control sobre el uso que se da a dichos terrenos. El Ayuntamiento rehusó ayer hacer declaraciones sobre este asunto.
+ ELPAIS.com - D. V. - Madrid - 26/03/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Granada Vía Verde
En GRANADA VÍA VERDE* consideramos que el modelo socio-económico impuesto por la sociedad capitalista sobrepasó hace tiempo el límite soportable tanto para el ser humano como para el resto del planeta. Consideramos que el transporte de mercancías y de personas es probablemente un pilar básico de este modelo. Por ello, todas nuestras vidas, nuestro espacio, nuestro entorno han sido modificadas artificiosamente y sin escrúpulos provocando situaciones de tremendas injusticias y arrasando con miles de seres vivos (entre los que se encuentran los pertenecientes a la especie humana), para abrir paso al señor transporte.
La posibilidad de movimiento ha generado distancias que antes no existían, ha provocado velocidades estresantes y mortales, y ha dibujado un mapa de la vida en sociedad totalmente absurdo y contra-natura. Si el desarrollo, el crecimiento, el progreso, y demás discursos capitalistas aplicados a la vida diaria nos mata, empeora nuestra calidad de vida, provoca injusticias y daños irreversibles en nosotros mismos y el entorno, habrá que apostar por un modelo de vida totalmente distinto.
Qué es Granada Vía Verde:
Somos un grupo de gente sin forma jurídica ni vinculación a ningún partido político o institución (sindicatos, ONGs, asociaciones, etc.). Funcionamos de manera autónoma, horizontal y autogestionada. La mayor parte de nuestro esfuerzo lo enfocamos al debate de raíz sobre la dependencia estructural de la sociedad al transporte en todas sus formas y variedades, y organizamos actividades de acuerdo con nuestros principios mínimos aceptados por consenso: no al capitalismo, no al desarrollismo, sí al decrecimiento y sí a la cercanía. Nos negamos rotundamente a dedicar siquiera un minuto en mejorar el sistema. Hablamos otro idioma: este sistema no nos vale, valga como ejemplo nuestra frontal oposición a los carriles bici (pues conceden derecho indefinido a la presencia del vehículo motorizado), no queremos movilidad sostenible de ningún tipo que no sea para recorrer distancias con propulsión humana (calzado, patines, bicicletas…). Para los dobles discursos ya hay otra gente, que además se lucra con su difusión. ¿Capitalismo ecologista? ¿Desarrollo sostenible? No tenemos votos, ni socios, ni dinero que perder, por lo que tampoco vamos a perder el tiempo en esas lindezas que sólo sirven para dar continuidad a lo que ya se sabe, no podrá ser indefinido. Sí estamos, sin embargo, abiertos al debate y a promover un punto de vista crítico sobre el tema del transporte y el espacio público, así como a llevar a cabo acciones que propicien otra forma de vida.
CRECIMIENTO ECONÓMICO, URBANÍSTICO Y DEL TRANSPORTE:
Nos encontramos en un entorno sometido completamente a la lógica del tráfico: destrucción del territorio (huertas, espacios naturales,…), inseguridad y violencia del tráfico (lesiones y muertes diarias), contaminación ambiental, ruido, derroche de recursos energéticos en un planeta finito (agua, minerales, petróleo…) y privatización del espacio público para el exacerbado transporte de personas y mercancías (imposibilidad estructural de su uso para actividades no relacionadas con la movilidad: el juego de los niños, el descanso de los mayores…).
El daño que se le está causando a nuestra salud y al medio ambiente no lo cuestiona nadie, aunque pocos reconocen que estos efectos nocivos son consecuencia directa del desarrollo global del modo de producción y consumo capitalista.
En el gran mercado capitalista en expansión cada vez más globalizado del planeta existe una imbricación profunda entre el modelo productivo, las estructuras territoriales, los procesos de urbanización, el sometimiento de los países del Sur y el modelo de transporte. Entre las características más destacables, inherentes de este sistema económico, podemos encontrar la enorme expansión de los mercados, en concordancia con una producción y un consumo masificados y sin límites; otra de las características es el crecimiento urbanístico: grandes aglomeraciones urbanas donde la población tiende a concentrarse masivamente (empleo, consumo…), en las que ya reside más de la mitad de la población mundial. Estas dos características generan un tremendo incremento del transporte motorizado de mercancías y de personas. El crecimiento del transporte es un pilar básico del sistema.
Estas grandes concentraciones urbanas, son un fabuloso negocio de las inmobiliarias y de la construcción y especulación de viviendas y de suelos que, junto a las administraciones públicas, están creando una gran aglomeración urbana difusa (crecimiento urbanístico y segregación de las distintas actividades urbanas, entre el hogar y los destinos cotidianos) con grandes necesidades de transporte: obligando, induciendo y haciendo dependientes a las personas a realizar cada vez más kilómetros de forma motorizada (individual o colectiva, pública o privada).
Se nos obliga a satisfacer de forma industrial una necesidad que siempre fue satisfecha de forma metabólica. Este consumo obligatorio de transporte motorizado, este poderoso control que ejerce la industria del transporte sobre las personas, nos restringe las condiciones para gozar de la capacidad innata de movernos y de la accesibilidad cercana a nuestros destinos cotidianos. El desplazamiento no es una cosa nueva, nuevo es el desplazamiento de masas de gente y mercancías a distancias que no pueden cubrirse a pie, nuevo es la dependencia a los vehículos para hacer los trayectos diarios. La saturación del tráfico y la congestión generalizada en el área metropolitana está asegurada por largo tiempo debido a una configuración del territorio difusa y plenamente dependiente del transporte motorizado.
Las industrias del transporte, de la construcción y de los carburantes se han convertido en el primer poder económico y mediático y, en colaboración con las administraciones públicas, moldean el territorio, la sociedad y sus pautas de comportamiento en función de su beneficio económico. Ambas, las industrias y las administraciones, están actuando con plena conciencia de las consecuencias fatales que se derivan del crecimiento económico, del crecimiento urbanístico, del crecimiento del transporte y de sus infraestructuras (autovías, metro, AVE,…).
“La omnipresencia del transporte como soporte de las relaciones humanas y su conflicto con la Naturaleza, tiene la virtud de hacer aflorar las principales inviabilidades físicas del modo de producción y consumo capitalista. Cuando el razonamiento sobre ese conflicto es llevado hasta sus últimas consecuencias y se confrontan las necesarias conclusiones de ese discurso con las realidades observables en el ámbito del transporte, se hace patente la imposibilidad de hallar soluciones verdaderas y definitivas sin salir de las fronteras del sistema establecido”(1).
La crisis energética y ambiental es evidente, las intenciones técnicas de “mejora” del sistema de transporte (eficiencia energética, agrocombustibles, transporte colectivo, peatonalización del centro, pacificación del tráfico, carril bici…-este último, incluso, es peligroso-) intentan paliar los efectos negativos de la crisis, sin embargo, no ponen en cuestión las “necesidades” del sistema (el modelo territorial vigente y el crecimiento del transporte), ya que eso supondría poner en tela de juicio los mismos condicionamientos básicos del sistema y sus relaciones de poder: el productivismo, la producción y distribución creciente de mercancías y todos los factores ligados a la globalización y metropolización que impulsan sin cesar más movilidad (de personas y mercancías). No hay duda de que algunas de estas mejoras nos alivian de muchos males, sin embargo, el poder hegemónico no va a ceder en nada esencial para el sistema: generar movilidad (crecimiento económico, crecimiento del transporte y crecimiento urbanístico). “Mientras no se eliminen las causas que generan la movilidad, todas a las que nos hemos referido, es un intento vano, o lo que es más, un engaño, un callejón sin salida. Mientras no cuestionemos la meta que se da por indiscutible -el crecimiento económico, que los estados socialistas también erigen como mito-, el propio modelo social y la movilidad de personas y mercancías, el problema seguirá creciendo y seguiremos cayendo por el precipicio”(2).
Es necesario y posible encontrar una solución deteniendo la dinámica desarrollista y competitiva de la globalización capitalista, construyendo unas sociedades más autónomas basadas en la cercanía.
(1) ESTEVAN, A. “Contra transporte, cercanía” en Contra el Automóvil. Sobre la libertad de circular, Virus Editorial, Barcelona 1994.
(2) URRESTARAZU, I. “El consenso no es la vía para luchar contra el TAV” en Ekintza Zuzena número 34, 2007.
* Granada Vía Verde - febrero 26, 2008
Viñeta: calles para la gente - granadaviaverde.blogspot.com
Duelo en las profundidades
MONCHO ALPUENTE* : Madrid se hunde por el centro, el epicentro de los corrimientos de tierras que socavan sus inestables cimientos se halla bajo la superficie de la heliocéntrica Puerta del Sol, territorio tenebroso en el que se lleva a cabo una soterrada y sorda guerra entre dos fuerzas en principio condenadas a entenderse y a colaborar por el bien común de los ciudadanos, cuya representación ostentan. Pero el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid se enfrentan alrededor de cada nuevo agujero en sus respectivas y superpuestas obras del ferrocarril de cercanías y el Metro.
En la última escaramuza librada en las profundidades, el contumaz consejero de Transportes de la Comunidad, Manuel Lamela, implacable inspector de alcantarillas, se adelantó a sus rivales para posar junto al penúltimo socavón de Sol que exhibió a los informadores como un trofeo de guerra, un daño colateral causado por las obras de la macroestación de Cercanías que construye el Ministerio de Fomento.
A la cabeza de ambos bandos, el ministerial y el comunitario, figuran dos políticas belicosas y curtidas en la brega, Magdalena Álvarez, experta fajadora capaz de aguantar a pie de obra y sin amilanarse todo tipo de crisis y catástrofes, y Esperanza Aguirre conocida por su agresiva esgrima. En la pugna dialéctica en la que se enzarzan con harta frecuencia a raíz de túneles, agujeros, autopistas o estaciones, cabe incluso el sarcasmo utilizado por Magdalena como arma defensiva ante las provocaciones de su rival. En plena campaña electoral, la ministra de Fomento, invitó a la presidenta de la Comunidad a inaugurar la estación del suburbano de la T-4, como pretendía hacer, "colgada de la catenaria", que era lo único que había sufragado.
Esperanza colgada de la catenaria y Magdalena lapidada con las piedras de todos los socavones y hundimientos que se producen en las obras públicas participadas y, mientras la guerra continúa entre las partes contratantes, los operarios de las partes subcontratantes se debaten en un conflicto de lealtades. Los trabajadores de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y de COMSA, su empresa subcontratada para limpiar el balasto de las vías, no avisaron del socavón inaugurado por Lamela a los técnicos del ministerio, sino a los responsables del Metro, sus rivales en la pedestre campaña que para mejorar Madrid ha tenido que estropearlo mucho más de lo que estaba. Socavones, corrimientos, retrasos, suspensiones, la construcción de nuevas infraestructuras de transportes públicos ha paralizado en numerosas ocasiones los transportes públicos, subterráneos y de superficie, cuando sus poderosas tuneladoras y otras maquinarias pesadas han irrumpido en el exterior traspasando el asfalto.
"Fui edificada sobre agua", reza el lema de la ciudad horadada por mil pozos y otras tantas galerías y pasadizos, las filtraciones de agua por rotura de tuberías y las consiguientes inundaciones han sido muy frecuentes en los cinco años y un día que dura la pesadilla, las tunelizadas entrañas de la ciudad se resienten de tanto by-pass de urgencia. En la refriega entre Fomento y la Comunidad vale todo, los restos de la iglesia del Buen Suceso, del siglo XV, que afloraron en Sol hicieron que la obra de la estación estuviera paralizada durante seis meses. Exceso de celo comunitario llamaron a esto los afligidos, humillados y ofendidos representantes de Fomento, una provocación más de sus rivales, que gozan cuando se incumplen los plazos. Y mientras ellas y ellos siguen a lo suyo, las responsabilidades de la feliz empresa contratada y subcontratante se diluyen en una cortina de humo que proporciona titulares de periódicos a los políticos y reparte incomodidades y riesgos a los sufridos ciudadanos. FCC, la empresa de Esther Koplowitz, trabaja a su aire con la impunidad garantizada mientras dure la contienda entre sus patrocinadores: ahí se las den todas.
El lunes pasado reabrió al público el tramo agujereado y mil veces parcheado de la línea 2 del Metro entre las estaciones de Banco de España y Ópera y las partes en conflicto firmaron de mala gana la tregua. Pero el consejero Lamela, más relajado, fiel a su máxima: "ni un día sin foto", se hizo retratar entrando al metro de la Casa de Campo, llevando del manillar una bicicleta; el carril bici-metro quedaba inaugurado, en las horas de menor afluencia de viajeros los usuarios podrán llevar consigo sus bicicletas, una gran opción: cuando los agujeros se reproduzcan y las líneas se corten, los viajeros podrán circular, dando pedales que es más sano, entre las estaciones afectadas.
* ELPAIS.com - Opinión - 26/03/2008
El Consell debe informar a la CE de que en la F-1 se hacen obras sin estudio ambiental
LEVANTE/Valencia* : El Consell debería comunicar a la Comisión Europea las obras del Gran Premio de Fórmula 1 que han quedado eximidas del preceptivo informe de impacto ambiental con carácter previo a la autorización de las mismas. El Ejecutivo omitió la recomendación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que instaba a la Generalitat corregir el apartado del decreto que libra al circuito de Fórmula 1 de someterse a una declaración de impacto ambiental.
En su dictamen al decreto, el órgano consultivo estima que la comunicación a la Comisión Europea «debe preverse en la norma proyectada», si bien el CJC no lo consideró una observación de carácter esencial.
Tal como informó en su día Levante-EMV el decreto sobre la Fórmula 1 da carta blanca a las empresas que participarán en el evento, ya que disfrutarán de una batería de excepciones previstas en las leyes urbanísticas, medioambientales, de contratos, actividades y espectáculos. Así, entre otras cuestiones, los proyectos relacionados con el circuito quedarán eximidos de solicitar licencias de obras, actividades o estudios de impacto ambiental. Cabe recordar, además, que Fórmula Verda ha llevado las obras ante la Comisión Europea y la Sindicatura de Greuges al ver indicios de fraude de ley. La Coordinadora, integrada por asociaciones vecinales y ecologistas, consideran que en las obras de la Formula 1 han vulnerado leyes urbanísticas y medioambientales.
El decreto del Consell, aprobado a mediados de febrero, permitió dar cobertura legal a unas obras que ya estaban en marcha. En su redacción original era mucho más permisivo a la hora de agilizar las obras del trazado que deben estar acabadas en junio. El CJC, al que la Conselleria de Gobernación solicitó el dictamen con carácter de urgencia, hizo varias observaciones esenciales al texto que el Ejecutivo acabó aceptando. El tamiz del CJC forzó una redacción más estricta a la hora de eximir a las empresas de las preceptivas licencias de actividad, así como en las excepciones en la ley de contaminación acústica.
Por otro lado, el Jurídico reprende al Consell por haber omitido el trámite de audiencia respecto del Ayuntamiento de Valencia, así como de las organizaciones o asociaciones que puedan verse afectadas por la disposición. El CJC insta al Ejecutivo a justificar «debidamente» en el expediente la omisión del citado trámite. Cabe apuntar que Fórmula Verda denunció ante Europa que se había omitido el trámite de audiencia en las obras.
* Levante-EMV - 25 de marzo de 2008
Foto: Situación de las obras del circuito urbano en el Puerto de Valencia/ ferran montenegro, levante-emv.com
El TSJC declara ilegal el Hotel Princesa Yaiza de Lanzarote
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EFE* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulas las licencias otorgadas por el Ayuntamiento lanzaroteño de Yaiza para construir el hotel de lujo Princesa Yaiza, de 660 plazas, a resultas de una denuncia de la Fundación César Manrique, anunció ésta este lunes.
El fallo judicial, que fue dado a conocer por la Fundación César Manrique mediante un comunicado, es consecuencia de un recurso que presentó en su día la citada entidad contra las resoluciones municipales que otorgaron sendas licencias para la edificación del hotel, considerado como uno de los más lujosos de Canarias y situado en la localidad turística de Playa Blanca, al sur de la isla.
Según informó dicha fundación, la resolución, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, vuelve a incidir en los argumentos de anteriores sentencias, respecto a la obligatoriedad del Ayuntamiento de Yaiza de solicitar al Cabildo el informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio.
En este sentido, la nota recalca que en la sentencia se señala que "es un trámite unido a la necesidad de garantizar los intereses insulares unidos al cumplimiento del PIOT e impedir que puedan desarrollarse actuaciones urbanísticas incompatibles con las determinaciones de ordenación establecidas por el planeamiento insular".
Determinaciones, "como dijimos, jerárquicamente superiores a los instrumentos de planeamiento municipales", apostilla.
La Fundación César Manrique subraya que su equipo jurídico está estudiando "las vías de ejecución de la sentencia que se abren" con esta resolución, y que también analiza la oportunidad de comunicar a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias la situación ilegal del Hotel Princesa Yaiza.
Con este último fallo son ya catorce los recursos estimados por los tribunales a favor de la Fundación César Manrique en su lucha contra la construcción de camas turísticas ilegales en la isla de Lanzarote, lo que ha supuesto la anulación de más de seis mil plazas turísticas, recuerda el texto.
* La Provincia - EFE - 24-03-2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), hotel Princesa Yaiza - google.com
Europa investiga otros cinco PAI valencianos tras las denuncias de los afectados
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LEVANTE* : El urbanismo valenciano volverá de nuevo a estar en la picota el próximo 2 de abril. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá de nuevo las denuncias de tres asociaciones y otros tantos particulares sobre los supuestos incumplimientos de la legislación europea durante la tramitación de cinco programas de actuación integrada (PAI) en las poblaciones de Llíria (Camp del Túria), Parcent (la Marina) y Benasau (el Comtat).
En el caso de Llíria, la queja ha sido presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat por las supuestas infracciones de la legislación ambiental que habrían podido cometer las autoridades municipales al aprobar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en el que se incluye el plan urbanístico Golf Coto de Catalá. Según los denunciantes (pequeños propietarios de la zona afectados por la actuación) «no se les permitió expresar su opinión en el convenio urbanístico entre el ayuntamiento y el promotor, no se respetó el principio de igualdad en el procedimiento contractual» y denuncian los incumplimientos de las directivas comunitarias sobre aves, hábitats y de evaluación ambiental.
En Benasau, una población de 195 habitantes de la comarca de el Comtat, la Asociación Fraynos y una ciudadana a título particular denuncian la construcción de 841 chalés de lujo para 2.691 personas y un campo de golf «en una zona montañosa de enorme belleza cuya repoblación forestal ha sido financiada por la Unión Europea con vistas a prevenir la desertificación».
La denuncia de Parcent, una localidad de la Marina Alta de poco más de 800 habitantes, la anterior corporación municipal aprobó tres PAI que implicaban la construcción de 1.800 viviendas que han denunciado ante el Comité de Peticiones la asociación Veïns de Parcent. Aunque el actual gobierno local paralizó su aprobación, ahora son los promotores los que litigan para seguir adelante con los planes urbanísticos (en uno de ellos la tramitación se suspendió cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia). Los tres PAI de Parcent fueron aprobados in extremis el 30 de enero de 2006 un día antes de que entrara en vigor la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
La última queja que tratará la Comisión de Peticiones advierte del «impacto negativo de un proyecto de regeneración de la playa norte de Peñiscola sobre el Marjal o Prat, en una zona protegida de la red Natura 2000». La asociación Amigos de las Cañadas es la que presenta la denuncia contra la intención del Ayuntamiento de Peñíscola de «construir una carretera en los márgenes del humedal».
* Levante-EMV - 25 de marzo de 2008
Foto: recibimiento a los eurodiputados. Vecinos de Parcent hicieron un pasillo de paraguas a los emisarios europeos/ ernest weber, levante-emv.com
548 imputados y 64 detenidos en 2007 por infracciones urbanísticas
ELPAÍS* : El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se ha tomado muy en serio la lucha contra el urbanismo salvaje. El año pasado imputó por violar las normas de ordenación del territorio a 548 personas y detuvo a otras 64 por la misma causa. La cifra es abultada porque el Seprona imputó y detuvo en 2007 por todas las infracciones que le toca vigilar a 1.106 personas y detuvo a otras 366, según el balance presentado ayer por la policía ecológica del instituto armado.
En total, los agentes se toparon por el medio rural y las costas con 5.880 construcciones y edificaciones ilegales, de ellas, 48 en el interior de parques nacionales.
La Guardia Civil actuó durante el año pasado en un total de 143.085 casos relacionados con infracciones contra el medio ambiente. Sólo 3.721 fueron delitos medioambientales. En esta categoría entran incendios forestales de cualquier magnitud hasta obras ilegales o vertidos de residuos animales, sanitarios o, simplemente, de escombros. También la caza de especies protegidas o montajes de cacerías para abatir, por ejemplo, tigres enfermos en cotos ilegales.
Cuatro pirómanos
La primera posición en cuanto a número de detenidos la ocupan las investigaciones sobre incendios forestales. Exactamente 110 personas fueron arrestadas por estar implicadas, bien por negligencia bien por alguna intención espuria, en fuegos forestales. Tres de esos detenidos son considerados de forma oficial "pirómanos", es decir, gente que disfruta prendiendo y contemplando el fuego. Otros 12 entran en la categoría de "incendiarios": queman para conseguir algo (madera, recalificaciones, fastidiar al vecino...). También entre los imputados no detenidos había cinco incendiarios y un pirómano.
La Guardia Civil se implicó el año pasado en la investigación de 2.478 incendios forestales, la mayoría en Galicia, de los que logró esclarecer algo menos de la mitad.
Las investigaciones revelaron que de esos incendios (en los que fallecieron dos personas y otras 19 resultaron heridas), 617 fueron provocados por la torpeza en la quema de rastrojos, por encender barbacoas donde no se debía, por tirar colillas por la ventana y todo un largo catálogo de negligencias. Pero otros 286 resultaron ser intencionados.
* ELPAIS.com - J. A. RODRÍGUEZ - Madrid - 20/03/2008
Foto: Seprona, ordenación territorio - portalmanzora.es
Los abusos y acosos inmobiliarios tienen solución
LA COMUNA DE AGRYFERSA/Valencia* : Soluciones hay para todo, incluso para evitar y detener los abusos y los acosos inmobiliarios, pero para ello debemos implicar y lograr la colaboración de las instituciones, de los medios de comunicación, de todos los afectados. Hacer amable y agradable la convivencia en edificios como Agryfersa, es posible, si sabemos y queremos lograr la participación directa de todos.
Las personas humildes, los ancianos, emigrantes, desempleados… son las presas fáciles e ideales para sufrir el ya conocido acoso inmobiliario por parte de ciertos personajes sin escrúpulos, sin alma….
En pleno corazón de la gran Valencia (en el famoso edificio de Agryfersa, una especie de castiza Corrala galdosiana) hay un caso de acoso masivo que afecta desde hace años a gran número de personas sencillas, de seres que tienen miedo a denunciar su situación oficialmente, dada la falta de medidas institucionales para combatir ciertos aberrantes comportamientos. Aquí, la Fiscalía General del Estado y las instituciones judiciales valencianas tienen un papel clave, pues las personas y los colectivos con escasos recursos no pueden mantener largos y embrollados litigios legales, en aras a velar por sus legítimos derechos a vivir dignamente en una espacio urbano adecuado, dada su falta de medios económicos y la falta de comunicación que hay entre los ciudadanos y las instituciones.
La feroz especulación, el encarecimiento de la vivienda y la ausencia de planes sociales públicos, que favorezcan la creación de viviendas sociales (no confundir con Viviendas de Protección Oficial) para los colectivos más débiles, ha permitido la instalación y extensión de una despiadada y obscena picaresca, ejercida con total impunidad por ciertas personas, que no tienen reparo alguno en abusar de la necesidad y de la buena fe de la gente humilde, de las personas con escasos recursos económicos, poca preparación profesional, origen étnico…
Ya hace tiempo que algunos colectivos (V de Vivienda, Vivienda Digna…) han denunciado, de manera clara y sistemática la situación del acoso inmobiliario, de la vergonzosa falta de actuaciones institucionales para lograr que la vivienda sea realmente un Derecho constitucional, un Derecho Humano, que podamos disfrutar todos sin hipotecarnos, sin arruinarnos emocional y económicamente para el resto de nuestras cortas vidas…
Toca ahora que las instituciones púbicas valencianas y el gobierno central, se pongan a elaborar con el debido rigor (junto con los colectivos sociales y los ciudadanos afectados) un plan destinado a la rehabilitación de las precarias viviendas, que fueron construidas en las décadas de los años 50, 60… permitiendo que la convivencia y la dignidad pueda existir, eliminándose todo tipo de conductas medievales y caciquiles, para que pueda imperar la transparencia, la participación real y efectiva de todos los propietarios, inquilinos… en la gestión y el autogobierno de esos espacios urbanos comunes. Urge, igualmente, la creación de una Oficina contra los Abusos y los Acosos inmobiliarios en Valencia, pues el asunto es realmente grave, afectando al bolsillo y a la salud de muchas personas.
La problemática del acoso y de los abusos inmobiliarios debe ser una prioridad esencial y urgente, pues afecta a muchas personas, a muchos colectivos humanos y en los últimos años, se han instalado hábitos y actuaciones aberrantes que impiden y entorpecen la convivencia, favoreciendo la degradación y el deterioro del entorno, de las relaciones personales y proyectando una mala imagen de una ciudad, tan dinámica como es Valencia. La clave para la resolución de muchos conflictos, tipo Agryfersa, pasa por la intervención directa de las instituciones, en aras a permitir una renovación total de sus Juntas Directivas, instalando la transparencia y la participación como normas básicas que todos debemos asumir y respetar.
Desde el silencio o la represión y persecución de las justas protestas de los copropietarios afectados, nada bueno y positivo se puede obtener, dado que el problema y la degradación siguen creciendo, siguen extendiéndose día a día, dada la crónica falta de mantenimiento. Se impone la necesidad vital de dar voz a los que han permanecido amenazados, coaccionados, silenciados, chantajeados… pues ellos , los propios afectados, tienen la llave para lograr que la convivencia amable y la buena gestión pueda regresar a ese edificio de 378 apartamentos, ubicado en Benicalap, Valencia, un barrio que alberga espacios emblemáticos y singulares como el Hotel Hilton, el Palacio de Congresos, la Ciudad Sanitaria la Fe, Nuevo Centro, Hipercor, la Consellería de Cultura…
Soluciones hay para todo, incluso para evitar y detener los abusos y los acosos inmobiliarios, pero para ello debemos implicar y lograr la colaboración de las instituciones, de los medios de comunicación, de todos los afectados. Hacer amable y agradable la convivencia en edificios como Agryfersa, es posible, si sabemos y queremos lograr la participación directa de todos.
Yo tengo plena confianza y estoy convencido que todos podemos poner de nuestra parte para lograr la rehabilitación integral del edificio, así como se impulsan y se desarrolla programas para ayudar a las personas mayores y enfermas que viven solas allí, sin olvidar la existencia de ciertos colectivos que padecen desempleo y exclusión…
Escuchar a los afectados con calma, canalizar las justas peticiones de los indignados afectados, es el primer paso para permitir la convivencia y recuperar la confianza entre las instituciones y los vecinos.
Antonio Marín Segovia
LA COMUNA DE AGRYFERSA
http://lacomunadeagryfersa.co.cc/
* LA COMUNA DE AGRYFERSA - Marzo 24th, 2008
El 'caso Guateque' tendrá una nueva remesa de imputados
EUROPAPRESS/Madrid* : El mayor caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento de Madrid tendrá a la vuelta de Semana Santa una nueva remesa de imputados y testigos que desfilarán por delante del juez Santiago Torres por su presunta implicación en la red ilegal de tráfico de licencias para locales, informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.
Las comparecencias que se esperan se producen a propósito de las declaraciones realizadas por varios imputados ya en la causa que han citado a otras personas hasta entonces al margen de la investigación. Para no dejar flecos sueltos, el magistrado les llamará a declarar para aclarar las nuevas acusaciones.
Pese al carpetazo de la comisión municipal de investigación, el instructor de las diligencias judiciales sigue adelante con la causa, en la que se investiga a medio centenar de personas, entre funcionarios, empresarios que actuaban de intermediarios entre los clientes y los empleados municipales, y los dueños de los establecimientos que obran en la causa como sospechosos.
Aunque haya fracasado la investigación política para dilucidar las numerosas irregularidades detectadas y depurar responsabilidades políticas, Torres delimitará en los próximos meses la responsabilidad penal de aquellas personas que se hayan beneficiado de algún modo de la trama corrupta que llevaba años campando a sus anchas por la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y 17 de las 21 Juntas de Distrito que integran la capital.
Mientras que la Guardia Civil continúa analizando el contenido de la abundante documentación requisada en estos últimos meses, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid está a la espera de conocer el contenido de la auditoría que encargó realizar a la empresa Tragsa sobre la tramitación de los casi 200 expedientes de licencias que están bajo la lupa de la investigación.
Los resultados de este informe pericial serán decisivos para que Torres resuelva a favor o en contra el recurso interpuesto por los socialistas madrileños contra la denegación de imputar a catorce cargos del Consistorio por su supuesta vinculación a la trama ilegal, en contra del criterio del fiscal César Estirado.
En primer término, el juez rechazó la petición del PSOE por "irrelevante" e "improcedente", si bien no descartó la posibilidad de imputar a alguno de los tres concejales, siete gerentes de Juntas municipales y cuatro funcionarios apuntados por los socialistas, supeditándolo a las conclusiones de la auditoría.
NO EXISTEN INDICIOS
Pese a ello, el juez se muestra en estos momentos contrario a implicarles de manera directa en el procedimiento, puesto que, según un auto que dictó al respecto, "lo cierto es que no existen aún indicios mínimamente serios que permitan dirigir una imputación contra las personas interesadas".
"La actuación de responsables administrativos y políticos procurando la agilización de expedientes de su competencia sin ninguna otra consideración no tiene relevancia penal, antes bien, parece que es el cumplimiento de un deber de exigencia y diligencia a sus subordinados", reza el auto.
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, solicitó al magistrado, a través de los abogados que defienden al PSOE, la declaración de los concejales y los cargos de Medio Ambiente por las declaraciones realizadas el pasado 4 de febrero por Victoriano Ceballos, presunto cabecilla de la red corrupta, durante el careo que mantuvo con su superior directo, Joaquín Fernández de Castro.
Ceballos aseguró al juez que los expedientes de licencia que tramitaba el Ayuntamiento de Madrid "sólo se adelantaban por orden de lo superiores", aludiendo al "director, al gerente, al concejal...". Tras esta afirmación, Ceballos se remitió a los notas de los expedientes en las que se indicaba que se adelantará la tramitación, asegurando que en esas notas "se ponía el nombre de la persona física que se había interesado por el expediente concreto".
* Europa Press - MADRID, 24 Mar.
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - madridiario.es
Las máquinas devoran un yacimiento prehistórico en Ulea
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VEGAMEDIA/Murcia* : La empresa que pretende construir una nave industrial en el paraje de Los Diegos de Ulea, ha reanudado el movimiento de tierras y las máquinas trabajan con mayor voracidad, destruyendo un yacimiento del Tortoniense de una importancia paleontológica de primer orden, como en su momento documentó el Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma.
A pesar de la intervención días pasados de los agentes de medio ambiente, (antiguos forestales) paralizando las obras, la empresa ha vuelto a la carga con el visto bueno de la consejería de Desarrollo Sostenible y el ayuntamiento de Ulea y ha aumentado el número de excavadoras que aceleran la desaparición del paraje, con un contenido fósil formado por abundantes ejemplares de Thalassinoides. El Plan General de Ordenación Urbano, recientemente aprobado, no autoriza estas construcciones en Los Diegos.
Para ello existen dos polígonos industriales aprobados, que es donde este empresario debería construir su nave, aunque le sea más costosa.
Pero las máquinas ya han llegado al segundo nivel, como se aprecia en la foto, haciendo desaparecer a marchas forzadas el yacimiento, sin que nadie lo impide. Ecologistas en Acción pide la intervención urgente de Patrimonio, y que se denuncie al alcalde de Ulea, José Bolarín, y al consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, por permitir este atentado medioambiental e histórico, dando el visto bueno a estas obras, aun sabiendo de su presunta irregularidad.
Fuentes solventes informan que la situación económica del consistorio de Ulea es crítica, y que el primer edil popular "está haciendo caja de la forma que sea para poder pagarse su sueldo de casi 5.000 euros y todas las liberaciones de sus concejales, 5 de 5. Un derroche millonario en un pueblecito de 700 habitantes". El alcalde concedió licencia de obras, a pesar de que toda la zona esta dentro de los límites especificados por Cultura al catalogar el paraje como zona de especial interés, recogido además en el PGOU de Ulea. Pero la cultura, y la historia, no dejan dinero, por lo que es más fácil visto lo visto llegar siempre al negocio del ladrillo, a costa de lo que sea y quien sea.
Según ecologistas, las autorizaciones que tiene la empresa por parte del consistorio y la consejería "son una forma inmoral de legalizar la destrucción de la zona".
Esta organización se entrevistó con el arquitecto municipal para que hiciera informe desfavorable a la concesión de licencia de obras, pero este indicó que al no estar delimitado este yacimiento por los servicios de Patrimonio Histórico y como el alcalde había dado autorización no podia parar las obras. Según el empleado municipal, debe ser la consejería quien lo hiciese.
Ecologistas considera que "hay que parar inmediatamente, que Cultura delimite la zona de protección, y si no afectase, haber reanudado las obras, pero una vez destruido el yacimiento, como se va a delimitar este".
Hasta el momento Cultura no ha intervenido. La consejería de Desarrollo Sostenible tampoco.
* Vegamedia Press - 18/03/2008
Foto: Arrasando el monte en el paraje de Los Diegos de Ulea/
Ana Retamales, vegamediapress.es
