IDEAL* : Al principio parecía una rabieta. Por un lado, el peculiar presidente del Granada 74, Carlos Marsá, presentó una denuncia en la Fiscalía del TSJA el 5 de septiembre de 2007 acompañada del famoso informe de los detectives de la 'operación Japón'. Antes, el 21 de febrero, un grupo de vecinos había registrado otra denuncia junto a un escrito con 45 firmas por un supuesto delito urbanístico en la construcción del vial y la rotonda de La Chana.
Nadie pensaba en el seno del gobierno municipal que ninguno de los dos casos llegase muy lejos.
Los dos varapalos han venido seguidos. El 22 de febrero el fiscal denunciaba en el juzgado al ex gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y a otro alto funcionario de la Gerencia por un presunto delito contra la ordenación del territorio en la rotonda de La Chana. Una semana después, el 3 de marzo, el fiscal hacía lo mismo con la denuncia de Marsá y que afectaba a los dos mismos funcionarios y al promotor José Julián Romero.
Pero hay otros ingredientes que nadie se esperaba. En el transcurso de las diligencias se han incorporado dos anónimos y nuevos escritos que han terminado con cuatro grandes operaciones urbanísticas en el juzgado. Lo que empezó con una rotonda y un viaje del Mundial de Baloncesto ha terminado con acusaciones por supuesta prevaricación en la firma de un convenio en el edificio Penta -el fiscal habla de un coste de 13 millones para el Ayuntamiento-; por la legalización de los 180 pisos en el viejo Los Cármenes -la multa inicial aún sin pagar fue de 795.000 euros-; otro convenio por la construcción de 72 viviendas en Félix Rodríguez de la Fuente que llevaba parejo la construcción de dos campos de fútbol; y otro acuerdo unido al vial de La Chana por el que la empresa tenía que costear obras en la ciudad por valor de 1,2 millones de euros. En total, más de 15 millones de euros que ahora están en litigio, porque además de la investigación penal están pendientes de contenciosos administrativos que siguen por otros juzgados. Sin embargo, parte de ese dinero supuestamente se ha gastado ya en obras sin que se haya dilucidado qué pasa con él.
Además de estas cuatro operaciones, el fiscal menciona en uno de sus decretos otras dos: el cambio de uso del centro comercial Neptuno para que se pudieran construir más metros de ocio; y otro convenio de 1996 por el que un promotor tenía que ceder al Ayuntamiento un solar de 200 metros y pisos valorados en 525.000 euros.
EL PENTA
13 millones por un parque
La propia concejala de Urbanismo ha admitido que fue un error «garrafal» que hunde sus raíces en el año 1998. Según el decreto del 3 de marzo del fiscal, el Ayuntamiento aprobó un convenio con José Julián Romero el 23 de mayo de 1998 por el que la inmobiliaria se comprometía a ceder al Consistorio 15.235 metros cuadrados a cambio de concentrar toda la edificabilidad en un mismo edificio y construir dos plantas más de las previstas. Sin embargo, José Julián había contado con 6.848 metros que no eran suyos. «No pudo llevarse a cabo la cesión de terrenos comprometida (...) toda vez que José Julián Romero no era el propietario de la totalidad de dichos terrenos. Ante dicha falta de verdad (...) el técnico no sólo no propició el inicio de acciones penales contra el mismo sino que en su informe vino a disculpar este extremo hablando de una cuestión de estricto carácter civil», resume el fiscal.
El decreto añade que pese a todo se concedió la licencia para levantar el edificio y se propuso una compensación de 182.842 euros por los 6.848 metros cuadrados de desfase. Pasó el tiempo y el Ayuntamiento contempló hacer en esa superficie algo así como un parque. El problema es que su propietario real -previo informe de la Comisión Provincial de Valoraciones- no se contenta con los 182.842 euros, sino que reclama la friolera de 13 millones -más de dos mil millones de pesetas-. El Ayuntamiento tiene presentado un contencioso pero ya calcula que cuando menos tendrá que soltar del orden de 700.000 euros por este convenio que el fiscal ha llevado una década después ante el juez.
LOS CÁRMENES
Ocho centímetros menos en los pisos
Los pisos construidos en el viejo Los Cármenes tienen el techo a 2,52 metros, cuando la normativa obliga a que esté a 2,60. Ocho centímetros de nada. Este desajuste provocó que el ex concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, bloqueara la licencia de primera ocupación cuando las viviendas estaban acabadas. Al poco tiempo el PP dejó a García-Royo fuera de sus listas y el alcalde tomó las riendas del Urbanismo por los meses que quedaban hasta las elecciones y se dedicó a enmendar algunas decisiones del todopoderoso concejal. Las casualidades malévolas se empeñaron en que a la vuelta de un viaje por Marraquech junto a un grupo de empresarios entre los que iba JJ, el alcalde desbloqueara la licencia de Los Cármenes. García-Royo se manifestó públicamente en contra: «Ese expediente de legalización, tal y como se está tramitando, es una torpeza», advirtió. Según relató el entonces concejal de Urbanismo en plena campaña electoral, los técnicos del área defendían que se hiciera de una forma y el alcalde, apoyado en la secretaria del Ayuntamiento, decidió que se llevara a cabo de otra. «Incoar un expediente desoyendo los informes de la Gerencia de Urbanismo, tramitarlo con una rapidez que no es frecuente... eso no era bueno», recordó.
La Gerencia de Urbanismo impuso a la empresa una multa de 795.000 euros, que después rebajó a 596.000. El fiscal solicitó en su investigación un informe a la secretaria del Ayuntamiento en el que se recoge que «el gerente de Urbanismo -Lorente- informó favorablemente a la aprobación inicial de la modificación y aprobación definitiva de la misma, en sendos informes de fechas 10 de abril y 12 de julio de 2007, (...) a pesar de que la altura de las plantas de los edificios construidos era inferior a las del proyecto, no conllevando dicha circunstancia sanción hasta el día 22 de mayo de 2007, que le fue impuesta a la constructora por importe de 794.579 euros, aminorada finalmente hasta la cantidad de 596.069 euros tras la estimación de un recurso, sin que conste -dice el fiscal- que todavía se haya pagado». Según la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, la multa no se ha abonado porque está recurrida.
FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
Dos campos de fútbol pendientes
Es el tercer expediente que el fiscal pide que se investigue en su decreto del 3 de marzo. Los protagonistas son los mismos. Según recoge el decreto, «el promotor (José Julián) se obliga a cambio de permisos a realizar en la zona obras de infraestructuras y urbanización y no vender las viviendas a precio superior al fijado por el Ayuntamiento; el gerente (Lorente) informa favorablemente la concesión de licencia de primera ocupación, en fecha 3 de noviembre de 2003, pese a reconocer no haber cumplido los compromisos adquiridos y pese a existir informe de fecha 11 de noviembre, emitido por la jefa de sección del área de Planificación Urbanística, sobre las diversas anomalías detectadas en la construcción».
En los informes se alerta de que se ha variado la superficie y forma del local que iba destinado a equipamiento público y se ha aumentado la longitud del edificio con una franja de unos 40 centímetros de ancho. La licencia también estaba condicionada a la construcción de dos campos de fútbol 7 que, según el grupo municipal socialista, no se han hecho.
VIAL DE LA CHANA
Costeó parte de las obras de Constitución
El fiscal ha denunciado un supuesto delito contra la ordenación del territorio en la construcción del vial y la rotonda de La Chana, levantados sobre el terreno que estaba destinado a un parque. Pero en su decreto la Fiscalía también avisa de que el convenio que dio pie a esta operación urbanística -donde están mezcladas dos empresas- podría «ser objeto de una investigación judicial». Entre los detalles sospechosos, al fiscal le llama la atención que un técnico de Urbanismo se «niegue» a dar información a una tercera empresa pese a que su oferta -de 2,7 millones de euros- era superior a la que se barajaba.
En el origen del convenio está una antigua gasolinera que a la postre acabó estando en suelo municipal. El Ayuntamiento se comprometía en el convenio a prorrogar la cesión durante 65 años y a cambio la sociedad tenía que construir la rotonda (575.450 euros) y costear el acondicionamiento de la avenida de la Constitución en el tramo de La Caleta (710.166 euros). El fiscal cifra las compensaciones pactadas al final en 1.982.511 euros, casi un millón menos de lo que ofrecía la tercera empresa.
* Ideal - QUICO CHIRINO - 20 marzo 2008
Foto: ideal.es
Granada: El 'caso Urbanismo' abarca ya cuatro grandes operaciones con más de 15 millones en juego
Un joven debería cobrar un 132% más para poder comprarse una vivienda
EUROPAPRESS* : Un joven necesitaría tener unos ingresos mínimos anuales de 38.028,89 euros para poder comprar una vivienda libre en España "sin endeudarse excesivamente". Esto representa un 132,3% más del salario medio real actual, situado en 16.370,13 euros, según un informe elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE) con datos del tercer trimestre de 2007.
La cifra hace referencia a la renta bruta que un joven debería recibir, de forma que la cuota mensual de su hipoteca no excediera del 30% del total. Por comunidades autónomas, las que registran una mayor diferencia entre ingresos reales e ingresos necesarios para comprar una casa son el País Vasco (186,6%), Baleares (183,8%) y la Comunidad de Madrid (182,3%). Mientras, Extremadura (42,3%), Navarra (70,6%) y Castilla y León (84,3%) registraron las menores desigualdades.
Asimismo, el estudio señala que el esfuerzo medio que una persona joven tiene que hacer para acceder a una vivienda representa el 69,7% de su salario, una situación que se agrava en los menores de 25 años, para los que la cifra asciende al 91,5%
Por comunidades autónomas, de nuevo los residentes en el País Vasco, Baleares y Madrid tienen que hacer los mayores esfuerzos, con porcentajes que alcanzan el 86%, 85,2% y 84,7%, respectivamente. Mientras, Extremadura (42,8%), Navarra (51,2%) y Melilla (53,6%) lograron las cifras más bajas.
El informe cifra en 43 metros cuadrados la superficie máxima tolerable
Por otro lado, el informe cifra en 43 metros cuadrados la superficie máxima tolerable, es decir, los metros cuadrados máximos que una vivienda libre debería tener para que su compra no superara el 30% de los ingresos de una persona, lo que se considera como "límite máximo de endeudamiento asumible".
La mitad de los jóvenes sigue en casas de sus padres
Según el estudio del CJE, la tasa de emancipación del tercer trimestre de 2007 alcanzó la cifra más alta de los últimos cuatro años, un 45,2%. Pese a ello, el dato indica que más de la mitad de los jóvenes siguen viviendo en casa de sus padres.
La dependencia familiar se agravó en los menores de 25 años, donde sólo 13 de cada 100 lograron emanciparse
Por tramos de edad, la dependencia familiar se agravó en los menores de 25 años, donde sólo 13 de cada 100 lograron emanciparse. Por el contrario, casi 3 de cada 4 personas con más de 30 años pudieron independizarse. En cuanto al sexo, las mujeres registraron una tasa de emancipación del 50,3%, mientras que en los hombres la cifra fue del 40,4%.
Planes e Institutos Públicos de Vivienda
Con estas cifras, el CJE ha pedido que se promuevan planes de emancipación juvenil "que tengan como objetivo adecuar los precios de la vivienda en compra y alquiler al salario medio" de los jóvenes, y que se creen institutos públicos de vivienda para que gestionen las ayudas.
Ha solicitado que se proporcionen un número suficiente de viviendas 'asequibles para el nivel adquisitivo'
Asimismo, ha solicitado que se proporcionen un número suficiente de viviendas "asequibles para el nivel adquisitivo" de los jóvenes, de forma que su coste mensual no sea superior al 20% de sus ingresos, y que se garantice un cupo de viviendas para este grupo de población.
El CJE también ha demandado que se establezca un porcentaje obligatorio de reserva de vivienda de protección oficial para jóvenes en el suelo edificable, y que se promuevan ayudas directas a la juventud en la primera compra y rehabilitación de vivienda libre.
* El Mundo - EUROPA PRESS - 19/03/2008
El 'arrepentido' del 'caso Andratx' pacta con el fiscal cinco años de pena máxima
ELPAÍS/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción negoció y pactó una posible pena máxima de cinco años de prisión para el acusado arrepentido del caso Andratx, el inspector celador de obras de ese Ayuntamiento balear y promotor inmobiliario Jaume Gibert, socio del principal implicado, el ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo. El funcionario municipal se autoinculpa, destapa la trama y acusa.
Y por ello será juzgado con Hidalgo y otros imputados en mayo, en el primero de la serie de 70 posibles juicios de esta causa por corrupción urbanística destapada en noviembre de 2006. Al final de la causa, Hidalgo y Gibert podrían recibir peticiones de penas superiores a las dos decenas de años de cárcel cada uno, pero el pacto de arrepentimiento está escrito.
El arrepentido Gibert sabe lo que es estar entre rejas. Fue detenido con Hidalgo y ambos estuvieron presos preventivamente durante 66 días, en dos periodos. Gibert afronta en la primera vista una petición de seis años de cárcel por dos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio. Seguramente acabará en prisión, pero se beneficiará de la atenuante de la muy calificada colaboración con la justicia. Gibert obtendrá la rebaja de dos grados en la pena que se le acabe imponiendo gracias a su declaración judicial de autoinculpación y confesión de supuestas complicidades con otros imputados.
En la primera semana de mayo de 2008, con Gibert e Hidalgo se sentarán en el banquillo Jaume Massot, el tercer hombre del caso (detenido pero sin pasar por la cárcel), que fue cerebro de Urbanismo como director general del Gobierno de Jaume Matas y funcionario de Andratx, así como el abogado municipal Ignacio Mir. Por sus informes irregulares, a Massot se le reclaman dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público por un tiempo de 10 años, y para Mir, un año de prisión e inhabilitación durante 10 años.
Con la perspectiva de poder pasar años en la cárcel por la suma de posibles condenas, Gibert se implicó en la oferta de colaboración que le ofreció la Fiscalía Anticorrupción. En un relato bajo total secreto sumarial, asumió la culpabilidad: ser autor en una trama de corrupción sobre licencias ilegales y posibles negocios corruptos. Reconoció los hechos y señaló qué actuación tenían los otros imputados, en especial, el ex alcalde.
La formalización del arrepentimiento ocurrió antes de la campaña electoral y quedó fuera de la polémica política gracias al secreto judicial. Se celebraron semanas de negociaciones con los fiscales de Palma Juan Carrau, Pedro Horrach y Adrián Salazar, y el pacto se garantizó con la firma y el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas.
Según la acusación de la fiscalía, Hidalgo, Gibert, Massot y otros "se concertaron al efecto de idear, planificar y ejecutar las actuaciones fácticas y administrativas" irregulares. El celador estaba comprometido: era los ojos vigilantes de la normativa urbanística en uno de los municipios más caros -y más destrozados- de Mallorca; tiene yate y coches de lujos, casas con jardines, pisos en el casco de Palma y en la orilla del mar en Sa Ràpita. Gibert hacía negocios en Andratx con el alcalde Hidalgo y otros promotores, y tramitaba certificados para facilitar nuevas licencias "radicalmente contrarias" a la normativa, dice el fiscal.
Una de las obras ilegales Gibert la veía desde su despacho en el Ayuntamiento. Era la casa del alcalde, construida en un terreno de 3.000 metros cuadrados -cuando se requieren 50.000- gracias a un certificado falso de que allí se había levantado antes un establo. La fiscalía explica que Gibert, pese a saber y contemplar diariamente esas obras, "no realizó acto alguno tendente a impedir la edificación de la vivienda ilegal, omitiendo su obligación legal de perseguir obras ilegales y delictivas".
La versión de Gibert ha revelado nuevos hechos supuestamente delictivos, por los que el juez instructor da decidido abrir dos nuevas causas. Una afecta a la ilegalidad de los sótanos del hotel de lujo Dorint de Camp de Mar, obra ya multada con 180.000 euros.
Un centenar de personas están implicadas en las causas del caso Andratx, el mayor escándalo político de Baleares, que acumula 70 piezas separadas o investigaciones diferentes. Las dos nuevas causas permanecen bajo secreto, en el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, que se ha quedado sin el juez titular.
Rafael Perera, defensor de Hidalgo, muestra su perplejidad ante el pacto secreto. "Es una situación anómala, inédita en mis 50 años de estar en el andamio judicial. Supongo que los dos nuevos expedientes afectan a mi cliente". "No hemos tenido ninguna relación conspirativa ni económica con Jaume Gibert y Jaume Massot", manifestó el abogado de éste, Miquel Capellà. "Por ello no nos preocupa lo que haya podido declarar, si se ajusta a la verdad, sobre Massot. Ignoramos los extremos de declaración. Debemos conocerla obligatoriamente antes del primer juicio, en el mes de mayo", concluyó.
Gibert ha destapado la trama interior sobre las supuestas ilegalidades en las concesiones de licencias en suelo prohibido y ha dado datos, cifras y fechas (su versión) sobre las maniobras presuntamente corruptas que se cometían en el seno del Ayuntamiento, en el departamento de Urbanismo. Su socio en operaciones sobre solares y construcciones en el mismo término fue el propio alcalde Hidalgo.
Las claves del escándalo en Baleares
- Andratx: municipio mallorquín con 10.800 habitantes. El actual alcalde, Xisco Femenias (PSOE), gobierna en coalición.
- El 'caso Andratx': es el mayor escándalo político vinculado a la corrupción urbanística en Baleares. Los delitos, cometidos entre 2003 y 2006, bajo mandato del PP, son prevaricación, falsedad, contra la ordenación del territorio, cohecho, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, contra la hacienda pública y blanqueo. Hay 70 investigaciones separadas. El primer juicio será en mayo.
- Principales imputados: El ex alcalde, Eugenio Hidalgo, el funcionario y promotor inmobiliario Jaume Gibert y el ex jefe de Urbanismo Jaume Massot. Hay decenas de encausados: abogados y arquitectos, constructores y propietarios de casas.
- El ex alcalde. Eugenio Hidalgo, alcalde entre 2001 y 2006, antes responsable de Urbanismo. Ex guardia civil. Promotor inmobiliario, se daba licencias a sí mismo.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 20/03/2008
Foto: Andratx, cala Llamp - Reuters
Canarias, campeona en infracciones a la ordenación territorial
EFE* : Canarias fue la segunda comunidad autónoma donde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil gestionó más infracciones por vulneración de las normativas de ordenación del territorio, al sumar 1.258 de este tipo, superadas sólo por Andalucía, donde se han cometido 1.775.
Tras Canarias figuran, a bastante distancia, Castilla-La Mancha, con 604 de esas infracciones, y Galicia, con 560, según informó este miércoles el Seprona, dependiente del Ministerio del Interior, en un comunicado.
En él se explica que dicho servicio de la Guardia Civil gestionó durante 2007 un total de 135.465 infracciones administrativas contra el medio ambiente en toda España, por las que se tramitaron 131.472 denuncias, casi el 3 por ciento de ellas por delitos medioambientales.
Detalla que, en 2007, el Seprona instruyó 3.993 diligencias por delitos y faltas, detuvo a 366 personas e imputó a otras 1.106.
El Seprona destaca que 632 de los implicados lo han sido por infracciones cometidas en materia de ordenación del territorio, 315 por incendios forestales, 148 en materia de caza, pesca y especies protegidas y seis por comercio ilegal de especies exóticas.
Respecto a las infracciones cometidas contra el medio ambiente, explica que la vulneración de las leyes de caza, pesca y tenencia de especies protegidas ha generado 29.576 denuncias por infracciones penales y administrativas.
Las infracciones relacionadas con residuos urbanos, peligrosos, radiactivos y sanitarios supusieron 26.780 denuncias, y por las que regulan la sanidad animal, vegetal y calidad alimentaria se han formulado un total de 20.384 denuncias.
También se detectaron 5.880 infracciones cometidas en materia de ordenación del territorio con motivo de obras y edificaciones.
La Guardia Civil ha formulado el año pasado un total de 928 denuncias por infracciones contra el medio ambiente en Parques Nacionales, de las que 923 fueron por infracciones administrativas y 5 por delitos.
El parque donde más intervenciones se han practicado es el de Doñana, con 418, seguido del de Sierra Nevada, con 316, y el del Teide y el de Ordesa y Monte Perdido, con 99 cada uno.
Durante el año 2007 en todo el territorio nacional, al amparo del Programa Anual de Control Integral de Actuaciones Pesqueras (Paciap), la Guardia Civil ha efectuado 1.336 actuaciones en las que se incautó de un total de 91.626 toneladas de mercancía y se tramitaron 278 denuncias.
Las especies más comunes intervenidas en estos controles son las coquinas, el pulpo, la merluza, las sardinas, las almejas, las gambas, las pijotas, los calamares, las chirlas, la pescadilla y la cañaílla.
El PACIAP contempla el establecimiento de controles para detectar posibles irregularidades en el transporte y comercio de especies de pesca que no reúnen las tallas reglamentarias para su comercialización.
En la protección de animales domésticos, la Guardia Civil ha formulado un total de 12.416 denuncias, de las que 479 han sido por ilícitos penales y 11.937 por infracciones administrativas, que han supuesto la detención de 105 personas y la elaboración de 1.539 informes.
Las actuaciones de la Guardia Civil en materia de especies protegidas han supuesto la recuperación de 8.659 animales, 4.360 aves, 977 mamíferos, 877 reptiles y 660 anfibios.
Por vulneración del Convenio CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), los ejemplares recuperados han ascendido a 1.908.
Las investigaciones de la Guardia Civil durante 2007 han permitido el esclarecimiento de 1.227 incendios forestales y la detención de 315 personas.
La nota de Interior explica que la causa más común de los incendios investigados ha sido la negligencia, con 617 casos, seguida de la intencionalidad, con 286, los accidentales, con 213, y las causas naturales, con 111.
Los incendios forestales investigados en 2007 han provocado 21 víctimas (2 fallecidas y 19 heridas) y la evacuación de 16.918 personas.
Entre las actuaciones llevadas a cabo por las Unidades del Seprona en las distintas Comunidades Autónomas, destacan las 37.220 denuncias por distintas infracciones al medio ambiente instruidas en Andalucía, las 21.755 en Castilla y León y las 17.384 en Castilla-La Mancha.
Por lo que se refiere a la vulneración de las normativas de ordenación del territorio, en Andalucía se han cometido 1.775 infracciones; en las islas Canarias, 1.258; en Castilla-La Mancha, 604; y en Galicia, 560.
* La Provincia - EFE - 19 de marzo de 2008
Foto: Canarias, crecimiento urbanístico - Javier Melián, Acfi Press
El Campello vende suelo a un colegio de élite cuando faltan centros públicos
,+puerto+-+elcampello.es.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : A velocidad de crucero avanza la iniciativa de la institución San Estanislao de Koska de construir un complejo educacional privado de élite en el paraje de la loma de L'Amerador en El Campello (L'Alacantí). Para ello, el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha aprobado una modificación parcial del plan general urbano para reclasificar 55.000 metros cuadrados de terreno público, propiedad municipal, que han pasado de ser catalogados como suelo para campamento turístico a parcela de uso educativo privado.
El alcalde, Juan Ramón Varó, afirma que la iniciativa, que surgió de la propia empresa, "dará prestigio educativo" al municipio, que dispondrá de un centro de primaria, otro de secundaria e incluso de una oferta universitaria.
Ahora, el Ayuntamiento redactará el pliego de condiciones para la adjudicación pública de este proyecto, a la que podrán optar otras firmas. El Ayuntamiento estudia si vende directamente los terrenos a precio de mercado, los alquila a largo plazo o autoriza una permuta por su valor. "Será para el mejor postor y en condiciones ventajosas para el Ayuntamiento", asegura Varó. Pero el complejo no estará aislado, ya que está prevista también una urbanización con viviendas unifamiliares, según apuntan fuentes municipales.
La decisión ha levantado ampollas en esta localidad del área metropolitana de Alicante, que supera los 25.000 habitantes tras un fuerte crecimiento demográfico. Los vecinos demandan desde hace años centros educativos públicos. En El Campello hay cuatro colegios de primaria y dos institutos de secundaria, todos ellos saturados. Los niños no caben en las aulas y los profesores se las ingenian como pueden para hacer frente al goteo continuo de nuevos matriculados.
Según varios de los directores, los cuatro colegios públicos existentes en El Campello albergan en total diez unidades más de las que corresponden. "En algunos casos las bibliotecas y otras dependencias las hemos cerrado para convertirlas en aulas", aseguran. Uno de estos colegios, el Fabraquer, inaugurado hace sólo tres años, espera 100 alumnos más de los que caben para el próximo curso, y la única solución que se perfila consiste en instalar aulas prefabricadas. Francisco Martínez, director del colegio Pla de Barraques, lleva cinco años esperando que se construya un comedor escolar para 350 comensales "que ahora deben hacer dos turnos y medio cada día para comer". "El terreno está cedido y estamos en fase de licitación, pero las obras no empiezan", se lamenta Martínez.
En medio de este panorama, surge el acuerdo del PP en el Ayuntamiento de reclasificar la parcela de 55.000 metros cuadrados para un centro educativo privado de San Estanislao de Koska (SEK), institución cuyo primer colegio fue fundado en Madrid en 1892 y de la que se hicieron cargo a partir de 1935 Felipe Segovia Martínez y su familia, que en la actualidad dispone de media docena de colegios en España y de la Universidad Camilo José Cela, en Madrid.
Como reacción a la iniciativa municipal, se constituyó la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de El Campello, de la que forman parte las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), los sindicatos educativos, las asociaciones de vecinos, los partidos en la oposición y una asociación de estudiantes. "El prestigio debe ser para la escuela pública, que necesita medios y terrenos", asegura Carmen Parra, presidenta de la plataforma, en alusión a las declaraciones del alcalde de que la instalación de un colegio de SEK prestigiará el municipio. Parra exige con "urgencia" un quinto colegio, la ampliación de un instituto de secundaria y un tercer instituto. Los afectados están recogiendo firmas de protesta, preparan una manifestación y ultiman la redacción de un paquete de alegaciones contra el acuerdo del pleno. La Síndic de Greuges, Emilia Caballero, admitió la semana pasada a trámite una queja presentada por este colectivo, que teme que en el pliego de condiciones se ofrezca "una ganga para la empresa y se despatrimonialice el Ayuntamiento".
El alcalde hace frente a las críticas. Juan Ramón Varó asegura: "No regalaremos nada a nadie". Y descalifica a la plataforma, "que se creó en plena campaña para erosionar". El primer edil anuncia que en un próximo pleno se aprobará la cesión de una parcela de 10.000 metros a la consejería para construir un nuevo colegio y dentro de unos meses otros 16.000 metros para el nuevo instituto. "Además de ampliar tanto el Enric Valor como el Clot de l'Illot", añade Varó. Los padres no se fían y denuncian el "desinterés y la desidia" que el gobierno municipal del PP ha demostrado los último años. "Todo son promesas, sin papeles ni acuerdos concretos; buenas intenciones pero pocas realidades", exclaman los miembros de la plataforma.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 20/03/2008
Foto: El Campello (Alicante), puerto - elcampello.es
La Fiscalía pide 18 meses de prisión para el alcalde de La Viñuela
+-+vinuela.es.jpg)
LAOPINIÓN/Málaga* : En el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral contra el regidor por otorgar por decreto dos licencias de obras en 2001 y otra en 2003 "a sabiendas de que se trataba de Terreno No Urbanizable de Protección del Embalse de la Viñuela", una población de unos dos mil habitantes.
Según la Fiscalía, en los dos primeros casos, correspondientes a sendas licencias para viviendas unifamiliares, se prescindió de los trámites necesarios en los expedientes de concesión, dado que el secretario del Ayuntamiento hacía constar en ellos que se trataba de terreno no urbanizable.
El funcionario municipal precisó además que para acometer la edificación se precisaba expediente administrativo con justificación de la utilidad e interés social de las obras a realizar, así como resolución definitiva del órgano autonómico correspondiente.
El escrito de acusación recoge que en lo relativo a la concesión de la licencia otorgada por el alcalde en 2003, para la construcción de otra vivienda unifamiliar, se necesita la acreditación de la vinculación de las obras a un fin agrícola, forestal o ganadero, algo que no se produjo.
Según el Ministerio Público, los expedientes administrativos en estos casos contaban "simplemente" con la solicitud de la licencia, el informe del secretario del Consistorio, los proyectos básico y de ejecución, el pago de las tasas y, a continuación, los decretos aprobando dichas licencias.
Los hechos, según la Fiscalía, son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, por el que pide imponer las penas de un año de prisión y diez de inhabilitación, y de otro de prevaricación por el que solicita seis meses de prisión y siete años de inhabilitación.
* La Opinión de Málaga - EFE - 19 de marzo de 2008
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
Una decena de obras en la región ponen en pie de guerra a miles de madrileños
,+vecinos+protestando+por+la+escombrera+-+A.Navia,+20minutos.es.jpg)
OTROMADRID* : La ampliación de la M-40, la construcción de un aeropuerto en El Álamo o de un centro cultural en Alcorcón... son sólo algunos de los proyectos que han despertado las iras de miles de ciudadanos en la región. Éstas son las principales batallas que libran los vecinos de Madrid...
Vivienda libre en Barceló:
Los padres de los alumnos del colegio Isabel la Católica, junto a la Plaza de Barceló (Centro), se oponen a un proyecto del Ayuntamiento de Madrid que consiste en la construcción de vivienda libre en una parcela contigua que los chicos utilizan como patio de recreo.
Ampliación de la M-40:
Unos 5.000 vecinos se oponen a esta iniciativa que, según los afectados, supondría quitarle terreno municipal a las zonas de Villaverde y Carabanchel. Fomento dice que ya está aprobada la declaración de impacto ambienta.
Gasolineras en Hortaleza:
"Queremos un espacio libre de gasolineras porque ello implicaría más tráfico y humo", afirma la asociación de vecinos La Unión de Hortaleza, que asegura que el Consistorio prevé la instalación de dos gasolineras en la Avenida de la Estación de Hortaleza. Este periódico intentó, sin éxito, recavar la versión del Ayuntamiento.
Aeropuerto en El Álamo:
No Al Aeropuerto se llama la plataforma que han creado los vecinos que se oponen a la construcción de esta instalación en El Álamo. La Comunidad asegura que su ubicación no está definida.
Centro Cultural en Alcorcón:
En el parque de los Castillos han empezado las obras para el Centro de Creación de Las Artes, al que se oponen cientos de vecinos. El Ayuntamiento de Alcorcón responde que "la mayoría" de los residentes apoya esta iniciativa, que beneficiará a la ciudad y creará empleos.
Corte Inglés en Coslada:
La Plataforma en Defensa del Parque Ferial asegura que una parcela dotacional contigua al recinto ha sido recalificada para instalar un centro comercial de El Corte Inglés. "Se trata de una zona que ahora se utiliza para esparcimiento y que lo quitan para fastidiar a los vecinos", dice un portavoz vecinal. El alcalde, Ángel Viveros, del PSOE, confirma que el proyecto seguirá adelante y que en primavera o "principios de verano" comenzarán las obras. Según el regidor, la "mayoría" de vecinos del municipio se han mostrado de acuerdo con esta iniciativa que incluye, entre otras cosas, un centro integrado para los comerciantes de la localidad.
Escombrera en Getafe:
Si hay un ejemplo de que la presión vecinal consigue resultados, ése es Getafe. Vecinos y Ayuntamiento consiguieron que la empresa que iba a construir una escombrera en Perales del Río, a pocos metros de las viviendas, desistiera del proyecto. La Consejería de Medio Ambiene alcanzó un acuerdo que paraliza definitivamente las obras. Los vecinos decían que se trataba de una "agresión medioambiental".
Ver También: http://www.20minutos.es/noticia/360734/0/obras/gasolinera/aeropuerto/
* Otro Madrid - T. ESCÁRRAGA - 19 de Marzo 2008
Foto: Vecinos de Getafe protestando por la escombrera de Perales del Río /A.Navia, 20minutos.es
¿Ilegales para siempre?
ELPAÍS/Reportaje* : Hay una realidad en Madrid y en otras partes de España muy difícil de obviar. Tampoco parece correcto ni acertado mirar para otro lado. La Cañada Real Galiana es un antiguo camino de trashumancia en el que no está permitido edificar. Pero tiene más de 2.000 casas ilegales. Y unos 40.000 habitantes que se han ido asentando poco a poco, desde los años setenta, a lo largo de 15 kilómetros de esta vía pecuaria ubicada en la Comunidad de Madrid.
La ocupación comenzó cuando vecinos de Vallecas y Getafe se desplazaron hacia allá a plantar huertos y construir pequeñas cabañas de fin de semana. 40 años después, los vecinos están más que asentados. Pero el mero transcurso del tiempo no es suficiente para legalizar una urbanización ilegal.
El Ayuntamiento de Madrid declaró el pasado octubre la guerra a las casas de la Cañada. El derribo de una vivienda desató una batalla campal entre los vecinos y la policía. Y, según un informe del área de Urbanismo, existen un centenar de órdenes de desalojo y demolición. Los vecinos, mientras, siguen reivindicando la legalización de sus casas. ¿Es eso posible? ¿Existe alguna solución para paliar la tragedia cotidiana que se vive en uno de los asentamientos chabolistas más grandes de Europa?
Si las viviendas y accesos estuvieran sobre terrenos privados, la propiedad se adquiriría a los 30 años de posesión pacífica y pública. Sin embargo, la Cañada Real es dominio público, y por tanto, inalienable, inembargable e imprescriptible. El suelo sobre el que están construidas las viviendas no puede adquirirse por usucapión, es decir, mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto en la ley, de modo que todo lo construido nunca pasará a ser propiedad de sus ocupantes.
Hay quienes piensan que el drama sólo tendrá una solución jurídica cuando haya una voluntad política de atribuir la propiedad de los inmuebles a sus ocupantes. Una medida en consonancia con la que tomó en 2003 el presidente brasileño Lula al otorgar títulos de propiedad a millones de habitantes de las favelas. Un enfoque, el de la titularización, que está siendo empleado por muchos gobiernos de países en desarrollo, especialmente en América Latina.
"Conceder títulos de propiedad e inscribirlos en el Registro supone que entre la luz donde antes había clandestinidad. Tener identificados a los propietarios es ventajoso para ellos, porque pueden demostrar su derecho, obtener crédito o negociar con él, pero también lo es para la sociedad porque a partir de ahí puede dirigirse con seguridad contra el titular legítimo a efectos de notificaciones y otras acciones legales", argumenta José Antonio Miquel Silvestre, registrador de la propiedad.
El principal valedor de esta tesis ha sido, desde hace años, el prestigioso economista peruano Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), que asesora a una treintena de jefes de Estado en América Latina, Oriente Próximo y Asia. De Soto siempre ha defendido que los pobres son los dueños de la mayoría de la propiedad de la tierra pero no tienen títulos de propiedad que lo demuestren y, por tanto, no pueden disponer de sus terrenos para salir de su situación. Más de la mitad de la población mundial vive en lugares sin leyes reconocidas y aplicables, sin sistemas jurídicos para proteger a sus familias. Todos ellos tienen algo más en común: Poseen más de lo que hubiesen soñado jamás.
En México, según un informe del ILD, 13,2 millones de edificios, 139 millones de hectáreas y ocho millones de empresas (el 91%) están fuera del sistema legal, aunque el ILD calcula que el total de activos extralegales es de cerca de 600.000 millones de dólares (unos 380.000 millones de euros). En Egipto, el 92% de las tierras y los edificios están fuera de la ley. De una u otra forma, la propuesta de De Soto ha ido calando en los territorios más necesitados y los distintos gobiernos han visto la necesidad de afrontar el calvario que viven millones de personas.
Managua, la capital de Nicaragua, es un fenómeno especial. Prácticamente la mitad de la ciudad (unas 800.000 personas) es, a efectos jurídicos, ilegal. Hace ocho años se inició la legalización de la mayor parte de los asentamientos. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, el sandinista Dionisio Marenco, reconoce que apenas se han podido dar títulos a un 20% del total al tratarse de un proceso "muy engorroso": las autoridades tienen que ir a buscar a las personas; el terremoto de 1972 devastó la ciudad, la dejó irreconocible, y ahora hay gente que no vivía donde solía. "Un 80% de la población vive en la completa miseria; son personas que lo darían todo por tener su casita con un título. Los bancos sólo dan créditos si estás legalizado", explica el alcalde. "Una vez legalizadas las propiedades, es más fácil pavimentar los lugares, que llegue la luz, el agua, en definitiva, las necesidades básicas", añade.
Uno de los lugares más degradados de Nicaragua es el basurero de La Chureca, donde viven miles de familias, y cuya rehabilitación está financiada en parte por España. "Nadie puede conocer una cosa así y no hacer nada", dijo el pasado verano la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, después de visitar el lugar.
En Brasil, el problema viene de lejos aunque no es hasta 1992 cuando se reconoce formalmente la existencia de favelas. El enfoque, debido a la magnitud del territorio, está dirigido a la rehabilitación integral de los asentamientos informales. La titularización es uno de los aspectos abarcados, pero no el único. Los principales proyectos son Vila Viva (Belo Horizonte); Favelas-Bairro (Río de Janeiro), precursor de los proyectos integrales en Brasil, y los asentamientos de aguas manantiales acuíferas en São Paulo. Con su implicación, el Gobierno brasileño pretende ayudar a millones de personas que, huyendo de la miseria del interior del país, han levantado auténticas ciudades ilegales a base de chabolas. Algunas de ellas más grandes que muchas ciudades españolas.
Evaluar el éxito de estas medidas es bastante complejo. La organización de la propiedad no es algo que se consigue de un día para otro. Con la ayuda de las nuevas tecnologías lo que antes se podía lograr en 100 años, ahora puede estar listo en 25. Pero sigue habiendo muchos otros escollos: "El principal problema es la necesidad de unas instituciones fuertes, cualquier país avanzado tiene metido el sistema registral en su espina dorsal", opina Fernando de la Puente, vocal de Relaciones Internacionales del Colegio de Registradores de la Propiedad. "Hay que tener una visión de estabilidad de futuro, puesto que no hay mercado hipotecario si no se cumplen las reglas del juego", añade este registrador, para quien a pesar de todo hay hechos que permiten un atisbo de esperanza: "El mero hecho de que un presidente, como es el caso de Lula, sea consecuente, es impresionante".
Parece impensable, a priori, comparar unos núcleos urbanos donde viven millones de habitantes -sólo en las favelas de Río y São Paulo no son menos de cuatro millones- con asentamientos ilegales donde sólo viven 40.000 personas. La teoría dice que la carencia de derechos jurídicos es propia de los países en desarrollo. La teoría de lo que no habla es de que en países ricos también existen familias que viven en situaciones de vacío legal, que en cualquier momento pueden ser expulsados de las casas donde viven desde hace más de 30 años.
¿Qué se puede hacer para acercar realidades? ¿Qué implicaría otorgar registros de propiedad a los habitantes de la Cañada Real? Fernando de la Puente cree que el mero hecho de plantearse la cuestión es ya de por sí un error: "En los asentamientos ilegales no hay forma de consolidar la propiedad. Es como si haces una casa en la playa. Pueden pasar 200 años, que no va a ser tuya".
Lo que parece claro es que por muchos años que transcurran, los vecinos de la Cañada no tienen intención de moverse de allí. Están ya completamente asentados. Muchas de las casas están catastradas y la mayoría de los habitantes paga anualmente el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Por eso exigen coherencia a las administraciones. "Saben igual que nosotros que esto es cuestión de tiempo, que tarde o temprano van a tener que buscar una solución para que el problema no vaya a más", asegura Miguel Martín, presidente de la Asociación de Vecinos Sector V.
Mientras tanto, les queda el pequeño consuelo de la repercusión mediática que está teniendo su situación. "Todo el mundo que viene de fuera, después de ver la situación, dice que no se lo explica", trata de convencer Miguel Martín. Muy serio, insiste en que ya va siendo hora de que se les vendan los terrenos; no piden que se les regale "absolutamente nada".
La pura donación de los terrenos alentaría la ocupación directa de más suelo público. Es lógico que los habitantes paguen por sus solares igual que cualquier otro ciudadano. Miquel Silvestre plantea lo siguiente: "Si se pacta un pago aplazado en forma de renta periódica o canon, o si el propio Estado decidiera financiarles mediante créditos, ¿qué mejor garantía puede haber que gravar con hipotecas los inmuebles?" Es decir, legalizar la Cañada, otorgar títulos e inscribirlos permitiría dar carta de ciudadanía para los derechos, pero también para las obligaciones, a una población que ahora vive al margen de la ley.
Si se decidiese iniciar un proceso de legalización del asentamiento, ¿cómo se tendría que abordar? ¿Qué posibilidades reales hay? Dar la carta de naturaleza a la urbanización de modo permanente podría ser una de las opciones. "Realizar una auténtica desafectación del dominio público, convertir los terrenos en propiedad patrimonial del Estado y transmitir a los chabolistas un derecho de superficie, o propiedad temporal sobre la vivienda, 99 años como máximo", mantiene el registrador.
Algo aparentemente tan simple, es sin embargo, muy complejo. Guillermo Aguillaume, abogado experto en urbanismo, explica que para abordar la legalización sería necesario un cambio de la calificación de Vía Pecuaria, y además una modificación del Plan General de Ordenación de Madrid. De ahí que el crecimiento urbano esté regulado por planes; precisamente, para evitar este tipo de asentamientos. "Darle carta de naturaleza a ese caos es ir contra los principios de los derechos urbanísticos", opina Aguillaume.
Legalizar un urbanismo sin orden podría establecer además un precedente bastante peligroso. Si se aplicase la misma vara jurídica de medir, podría dar pie a un urbanismo ilegal, salvaje, incontrolado, como el que, por ejemplo, inunda la costa mediterránea española. Los expertos no descartan además que se produjese un efecto llamada, que gente sin recursos decidiese instalarse en dominios públicos con el fin de obtener un título de propiedad.
Conceder a los chabolistas una situación jurídica temporal mientras se les busca una solución definitiva ha sido otra propuesta. Se podría constituir una concesión administrativa sobre los terrenos y considerar a los ocupantes como concesionarios. "Las concesiones son derechos temporales que facultan para explotar el dominio público; las concesiones tienen la ventaja de que pueden inscribirse en el Registro de forma independiente al terreno mediante documentos administrativos", explica Miquel Silvestre.
Nada de esto podrá lograrse sin una voluntad política por solucionar un problema que está enquistado desde hace décadas. La Comunidad de Madrid tiene la titularidad de los terrenos; los municipios, las competencias urbanísticas y la Delegación del Gobierno se encarga de controlar la delincuencia y el tráfico de drogas. Cada uno le pasa a otro una patata caliente. Los expertos consultados coinciden en que se ha llegado a este punto porque la Administración lo ha permitido, así que es lógico exigirle que busque soluciones.
Hace poco menos de un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo pública una sentencia que impedía derribar un taller ilegal en la Cañada. La resolución pone de relieve que el Ayuntamiento no puede actuar contra las edificaciones que tengan una antigüedad superior a cuatro años si lo que esgrime para derribarlas es un incumplimiento de la normativa urbanística disciplinaria. Sí podría utilizar otros argumentos para derribar construcciones: razones de salubridad, intención de recuperar suelo propio...
En la Cañada hay cientos de chabolas que pueden acogerse a esta norma si, al menos en parte, están construidas con ladrillo o componentes férreos. "Así, analizando caso por caso, y sólo en alguno muy extremo, quizás se podría buscar alguna solución, explica Guillermo Aguillaume, quien a pesar de todo, advierte: "Lo único que se va a conseguir es que no se demuelan; lograr el título de propiedad es impensable".
* ELPAIS.com - JAVIER LAFUENTE 19/03/2008
Foto: Las Barranquillas, un gran asentamiento chabolista- RICARDO GUTIÉRREZ, elpais.com
La Pobla da la licencia a las 13 casas que construyó ilegalmente el hijo del ex alcalde del PP
,+viviendas+irregulares+-+lasprovincias.es.jpg)
LEVANTE/Valencia* : El equipo de gobierno de la Pobla de Vallbona, presidido por la alcaldesa Mari Carmen Contelles (PP), ha concedido las licencias de edificación y ocupación de las trece casas construidas ilegalmente hace cinco años por una empresa relacionada con el hijo del ex alcalde Vicente Alba. Estos permisos se conceden cuando los chalés están habitados desde hace tiempo y a pesar de que el proyecto de urbanización de los terrenos todavía no ha concluido.
Así, y a pesar de tener ya licencia de ocupación, los habitantes de la urbanización La Muntanyeta seguirán viviendo con luz y agua de obra, en calles sin asfaltar y sin alcantarillado.
Estas viviendas de la zona de Els Aljubs se construyeron en el año 2003 en unos terrenos que el ex alcalde Vicent Alba declaró en el plan general de 1995 como suelo urbano directo, "una calificación que les eximió de ceder una parte al ayuntamiento para dotaciones y zonas verdes", según explicó el edil socialista Guillermo García. "Cabe recordar -continua García- que la promotora solicitó las licencias con el plan general de 1995 todavía en vigor pero se construyeron de acuerdo al plan general de 2004 que aún estaba en fase de redacción. De las trece viviendas, únicamente dos cumplían la normativa vigente en el momento de su solicitud. Además, la empresa en la que participaba el hijo de Alba, levantó los trece chalés a pesar de que la licencia de obras autorizaba siete".
Esta situación llevó a que en 2006 el entonces alcalde del PSPV sancionase a la promotora con una multa y aprobase a continuación la adjudicación del Plan de Reforma Interior para legalizar las trece viviendas.
A esta medida de los socialistas -que ante otros casos similares optaron por derribar las viviendas ilegales- se acogía ayer la alcaldesa Mari Carmen Contelles para justificar que ahora se concedan las licencias de ocupación. "Fue el mismo PSPV que ahora denuncia esto el que legalizó la urbanización. Nosotros lo único que hemos hecho es seguir los trámites legales". Contelles reconoce que las licencias se conceden con los chalés ya ocupados y sin que estén urbanizados los terrenos. "En este caso particular tenemos el visto bueno de los técnicos municipales que nos dicen que ya se pueden conceder las licencias, entre otras cosas porque los propietarios ya llevan tiempo viviendo en los chalés".
* Levante-EMV - V. C. M., la Pobla de Vallbona - 19 de marzo de 2008
Foto: Viviendas en la Pobla de Vallbona que fueron construidas de forma irregular hace cinco años y que ya cuentan con licencia de ocupación / lasprovincias.es
La investigación urbanística en Castillo se cierra con 41 imputados
+-+guadalinfo.net.jpg)
IDEAL/Jaén* : La Guardia Civil ha dado por cerrada la investigación sobre irregularidades urbanísticas en Castillo de Locubín tras imputar a tres constructores, implicados en las obras supuestamente ilegales ejecutadas en las vegas de los ríos de la localidad en los últimos años. La lista de imputados se ha cerrado ya con 41 imputados tras la fase de pesquisas sobre el terreno, de los que 398 son propietarios.
De acuerdo con los precedentes de otras localidades (Baños de la Encina, Quesada y otras) donde se hicieron investigaciones similares, la última fase de la investigación de los especialistas del Seprona de la Guardia Civil consiste en determinar si hay indicios de delito en la actuación de la administración local. Por acción -al haber concedido licencias que no se ajustan a la legalidad- o por omisión -al incumplir la obligación de verificar que las obras ejecutadas responden a la licencia otorgada.
Las construcciones revisadas por la Guardia Civil responden al periodo en el ocupaba la alcaldía Antonio Cano (PSOE) y a los primeros meses de mandato de Justo Gámez (PP). Según el procedimiento que el Instituto Armado ha venido siguiendo en estos casos, las citaciones no se demorarán mucho, si es que finalmente las hay.
Las vegas de Castillo han sido desde siempre lugar de huertas donde se han levantado construcciones vinculadas a la explotación agraria, autorizadas por las normas subsidiarias que regulan el urbanismo en la localidad. Aunque en los últimos años se ha producido un ligero cambio, con construcciones más voluminosas y orientadas hacia el ocio y no tanto hacia la agricultura. En los últimos años se han pedido licencias para naves. Y han hecho chalés.
* Ideal - 18.03.08 - J. E. P
Foto: Castillo de Locubin (Jaén) - guadalinfo.net
La ''Marbella'' canaria
JUAN GARCÍA LUJÁN* : No tenemos una folklórica liada con un alcalde, no tenemos la viuda de un torero promocionando un pueblo volcánico, no tenemos un señor con apellido de marca de retretes que guarda 103 caballos pura sangre en una finca, en Canarias no tenemos nada de eso pero tenemos la isla de Lanzarote que ayer fue denominada con el nombre de la “Marbella” canaria por el diario El País. Según el rotativo madrileño sólo desde septiembre del año pasado la Justicia ha declarado ilegales 22 hoteles construidos en la isla conejera.
La información ocupaba la portada a cuatro columnas del periódico. Por la tarde CANARIAS AHORA amplió la noticia con nuevos datos más escalofriantes todavía: unos 10 hoteles considerados ilegales por diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han recibido un total de 36 millones de euros de la Unión Europea como ayudas para regiones en declive. La verdad es que los europeos deberían de haber sido más explícitos, yo hubiera puesto un título más riguroso a esas subvenciones: "ayudas para regiones donde la ley está en declive".La noticia publicada por este periódico señalaba que la Justicia ha ordenado ya la nulidad de de 7721 plazas turísticas (4404 hoteleras y 3317 extrahoteleras).
Hace sólo cinco días los medios de las islas informaban sobre la publicación de una sentencia que obligaba al gobierno canario a indemnizar al empresario Theo Gerlach porque el ejecutivo le había negado la construcción de 696 plazas turísticas debido a la aplicación de la moratoria turística. El gobierno de Paulino Rivero se limitó a recordar en un comunicado que la moratoria fue aprobada por unanimidad por el Parlamento canario, no aclaraba el ejecutivo que la sentencia no iba tanto contra la moratoria sino contra la falta de desarrollo de la Ley de Directrices durante la legislatura de Adán Martín. La Confederación Canaria de Empresarios y la Cámara de Comercio de Las Palmas sacaron sendos comunicados criticando la moratoria turística y defendiendo a los empresarios que habían llevado a los tribunales al ejecutivo. Y ¿qué tienen que decir los empresarios cuando el periódico más leído de España publica que uno de cada cuatro hoteles construidos en Lanzarote los últimos años no respeta la legislación vigente y, con la ley en la mano, podrían ser demolidos? Pues silencio absoluto. Dicen que hablarán dentro de unos días. Ayer sólo habló el cabildo conejero para decir que un poquito de por favor, que Lanzarote no es Marbella, y tienen algo de razón porque al fin y al cabo en la cárcel de Tahíche no está Julián Muñoz sino Dimas Martín, aunque también fue alcalde. En el breve comunicado público el cabildo señaló que “tal y como ha defendido desde comienzos de Legislatura, es intención de la Corporación legalizar las incorrecciones detectadas en los establecimientos turísticos, siempre que la ley lo permita, con las consiguientes compensaciones al interés general”.
Vale, doña Manuela, estupendo. Pero uno se pregunta: ¿por qué pueden sentirse tan tranquilos los promotores de los hoteles ilegales que ayer recibieron un apoyo inmediato del cabildo conejero y, sin embargo, en Tenézera o en El Golfo no pueden estar igual de tranquilas decenas de familias sencillas a las que se les ha anunciado en los últimos meses que les van a tirar las casas en las que residen de forma permanente o los fines de semana desde hace diez o veinte años? Es cierto que fueron el cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique quienes llevaron a los tribunales la construcción de esos hoteles y complejos de apartamentos que sus promotores levantaron sabiendo que no respetaban ni el Plan Insular de Ordenación del Territorio de 1991 ni la moratoria turística que la corporación insular conejera aprobó en 1999. Pero todo indica que hay una doble vara de medir. Ya contamos aquí en su día la historia de Santiago el de Berrugo, al que quieren tirar abajo su casa familiar que tiene más de un siglo de existencia por presiones de los promotores de Puerto Marina Rubicón. Pero como la familia de Santiago existen otras en Tenézere que desde hace varias décadas disfrutan en su tiempo libre en unas chozas que podrían ser demolidas porque están dentro del espacio público marítimo terrestre. Les ocurre lo mismo a otras familias humildes que residen en el Golfo y en La Santa. Desde la Demarcación de Costas del Estado les anuncian la demolición de sus casas sin ofrecerles alternativas. Para ellos, la ley es la ley. No reciben el mismo mensaje los constructores y hoteleros que han promovido y explotan las más de 7700 plazas alojativas ilegales. A ellos se les propone una concesión administrativa para que puedan explotar esos hoteles durante los próximos treinta años, para que no pierdan la inversión económica que hicieron y las millonarias ayudas europeas. Son las dos caras de una misma moneda, de una falsa moneda con la que en Lanzarote se compraron en el pasado muchos silencios que hoy se transforman en este gran escándalo turístico y hotelero. El cabildo se apresuró a manifestar públicamente que Lanzarote no es Marbella, pero tengo la impresión de que esta multiplicación de plazas hoteleras ilegales huele tan mal como los famélicos caballos pura sangre que Roca tenía escondidos en la finca malagueña de “La Caridad”.
* Canarias Ahora - Opinión - 18 DE MARZO DE 2008
Águilas y Lorca le dan el sí quiero a Marina de Cope
,++Murcia+-+elpais.com.jpg)
LA-ACTUALIDAD/Murcia* : Luz verde para el mayor proyecto urbanístico de la Región con la aprobación inicial, esta misma mañana en el marco de dos sesiones plenarias en los Consistorios de Águilas y Lorca, de la modificación del Plan General Municipal de Ordenación de la Actuación de Interés Regional “Marina de Cope”.
En Águilas, al tiempo que se iniciaba el pleno, el MASd solicitaba el aplazamiento del mismo aludiendo falta de información sobre el proyecto. “Es una cuestión muy importante que requiere dedicarle mayor tiempo”, manifestaba Clemente García. Izquierda Unida + Los Verdes se sumaba a su petición. Lo mismo hacía el grupo municipal socialista, reclamando un mayor consenso y diálogo. Visto lo visto, la portavoz del equipo de gobierno, Cati Lorenzo, tomaba la palabra para anunciar a los presentes que el aplazamiento de este proyecto urbanístico suponía “retrasar” el desarrollo de Águilas y de toda la Región.“No podemos permitirnos el lujo de aparcarlo y dejar este tema encima de la mesa”.
La sesión se interrumpía para que los diferentes representantes políticos pudieran disertar en privado y decidir si se seguía adelante con la celebración del pleno. Reanudada la sesión, tras una larga reunión mantenida entre PP y MASd, se ha procedido a la lectura del único punto sobre el tapete y su posterior votación.
El desenlace: 9 votos del Partido Popular a favor, más dos del MASd; y 6 votos en contra del PSOE y otros dos más en contra, de Izquierda Unida + Los Verdes.
IU señalaba que la realización del proyecto Marina de Cope se trata de una “auténtica brutalidad”, un espacio urbanístico, que el portavoz Miguel Antonio Carrasco calificaba de población fantasma. ¿Dónde está el 25% de viviendas protegidas que se suponen que deben estar?, preguntaba Carrasco dirigiéndose al alcalde.“El turismo de futuro pide espacios naturales y si este terreno se recalifica será bajo la responsabilidad del alcalde”, sentenciaba.
Por su parte, el PSOE argumentaba que su postura obedece al recurso que se interpuso en su día contra la ley que desprotegía la zona. “Mientras este recurso esté en vigor y no se haya resuelto por parte del Tribunal Constitucional cualquier actuación supone una gran inseguridad jurídica tanto hacia las actuaciones como hacia las personas que tienen intereses en la zona”, subrayaba el portavoz Ramón Román.
Cati Lorenzo manifestaba, entonces, que este proyecto lleva consigo la creación de miles de puestos de trabajo, y que marcará un antes y un después dentro de la oferta turística de calidad en nuestra Comunidad Autónoma, contribuyendo a dinamizar la actividad económica regional y por consiguiente la de Águilas. “Supondrá la creación de más de 20.000 plazas de alojamientos turísticos y unas 9.000 residencias de distinto tipo. También se van a construir varias zonas hoteleras, deportivas y comerciales, una marina con numerosos puntos de amarre, un centro de alto rendimiento deportivo y grandes espacios con zonas verdes, entre otras destacadas actuaciones”.
Román continuaba firme en sus argumentos: “Este proyecto se debería consensuar y hacer un modelo más sostenible, por lo que es necesario que agentes económicos, sociales y políticos se pongan de acuerdo en ello”, decía.
La tensión entre ambos políticos iba en aumento. Ramón sostenía que nada está por encima de la ley, al tiempo que Lorenzo recriminaba al grupo socialista oponerse a esta oportunidad para Águilas. “Estamos luchando por el desarrollo agrícola y turístico de nuestra localidad y siento que no se unan a nosotros, está claro que están dejando pasar este tren”, subrayaba la portavoz.
PP vota a favor, IU en contra, PSOE se abstiene
En Lorca, el resultado del debate se ha traducido en el voto afirmativo por parte del equipo de gobierno. Mientras que el PSOE se ha abstenido e IU ha votado en contra.
Por parte del PSOE ha intervenido su portavoz, Leoncio Collado, que ha argumentado que esta formación se abstenía porque interpretaba que el Ayuntamiento perdía a autonomía a con esta medida. Collado ha anticipado, además, el voto negativo de este partido si no se corregían los detalles indicados.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ha intervenido su portavoz, José García, que ha afirmado que su intención no era otra que la de convencer al PSOE de que cambiara el signo de su voto, así como instar al Tribunal Constitucional para que se pronuncie la legalidad del Plan Marina de Cope.
El Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, Francisco García, ha lamentado el cambio de opinión del PSOE en el tema de Marina de Cope y ha pedido a Collado que le dijera un solo argumento por el que el Ayuntamiento perdía autonomía.
El edil de Urbanismo ha declarado, además, que “el hecho de que empresas punteras a nivel nacional se implanten en nuestra ciudad es muy positivo, nosotros nos vamos a encargar de que cumplan con nuestros criterios. Vamos a contar con un modelo único, novedoso e innovador que no va a pecar de lo que en otros lugares de costa se ha mostrado negativo. Este modelo está hecho desde el respeto a las zonas de protección medioambiental. El proyecto Marina de Cope va a ayudarnos a diversificar económicamente nuestra ciudad. Vamos a generar muchos puestos de trabajo, tanto en la ejecución del plan como inmediatamente después. Lorca no puede renunciar a este plan, porque no nos podemos quedar anclados mientras otros municipios avanzan”.
* La-Actualidad - 18/03/08
Foto: Marina de Cope (Águilas-Lorca), Murcia - J.S., elpais.com
NOTICIA RELACIONADA: Marina de Cope, menudo ejemplo de “respeto” al Medio Ambiente - El Ecolo - Manu Rubio - 09 Noviembre 2007
Los vecinos de Castillo del Romeral denunciarán las obras de la prisión en la UE
,+denuncia+vecinos+-+canarias7.es.jpg)
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Los responsables de la asociación de vecinos de Castillo del Romeral denunciaron ayer ante el Juzgado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural el inicio "ilegal" de las obras de la cárcel.
En ella explican que la construcción del penal se realiza en terrenos calificados como rurales y que son propiedad del Gobierno de Canarias y no del Estado, pues antes las tierras se cedieron a los aparceros para el cultivo del tomate.
En este sentido, la Unión Europea realizó diferentes inversiones para poder llevar a cabo este proyecto para el que ahora se cambiará su calificación, tal y como explicaron a la agencia Acn Press.
Además, los responsables del colectivo aseveraron que tienen la intención de denunciar el caso en Bruselas, pues consideran que esta instalación puede perjudicar a otro terreno considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC), Juncalillo del Sur, un paso de aves migratorias.
El sábado los vecinos paralizaron las obras pues el intenso viento motivó que una gran nube de polvo se levantase hasta el interior del municipio. Por ello, los afectados alertaron a las autoridades para que se personasen en el terreno y obligaron a los trabajadores a que cesasen en su trabajo hasta que no se remojasen los terrenos.
El delegado del Gobierno en Canarias, Salvador García Llanos, aseveró ayer que la decisión de ubicar una nueva cárcel en Juan Grande responde a una actuación "totalmente proyectada, planificada y decidida".
* La Provincia - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 18 de marzo de 2008
Foto: Los vecinos que presentaron la denuncia ante el juzgado /Gabriel Suárez, canarias7.es
NOTICIA RELACIONADA: La 'macrocárcel' traerá fugas de presos, daños al medio ambiente y un fuerte impacto visual, según sus detractores - Canarias7 - 18/03/2008
La oposición a Gran Scala llega hasta Monzón
,+proyecto+Gran+Scala+-+elperiodicodearagon.com.jpg)
ELPERIÓDICO/Aragón* : Un grupo de activistas de Monzón se han unido a la Plataforma Stop Gran Scala con el objetivo de frenar este proyecto de ocio y juegos de azar que podría instalarse en Los Monegros. El acto público de presentación de este colectivo tendrá lugar esta tarde en la Casa de Cultura de Monzón.
Desde Stop Gran Scala afirman que la mayoría de los detalles sobre este proyecto "son desconocidos" y acusan al Gobierno de Aragón de actuar "con premeditación y alevosía" al apoyar el proyecto "antes de abrir cualquier tipo de debate social". El pasado mes de enero se constituyó en Fraga la plataforma Stop Gran Scala, "con el objeto de promover lo que los representantes de los aragoneses tenían que haber promovido: el debate". En Monegros también ha nacido una coordinadora, Los Monegros no se venden.
Por otra parte, la plataforma Stop Gran Scala, saluda el informe que sobre este macro proyecto ha presentado la Unión de Consumidores de Aragón (UCA).
Stop Gran Scala reitera su preocupación por "la ligereza" con la que se habla de cambiar las leyes a la carta. "Ahora nos enteramos que casi de tapadillo, la víspera de las pasadas elecciones se aprobó un Real Decreto subvencionando las inversiones al desarrollo", afirman. Este decreto, de llevarse a cabo, podría suponer hasta un 35% en ayudas a las inversiones requeridas en Gran Scala, señalan.
* El Periódico de Aragón - 18/03/2008
Foto: Los Monegros (Aragón), proyecto Gran Scala - elperiodicodearagon.com
El TSJA aplaza el derribo de 29 pisos en Marbella pese a que el PGOU no los legaliza
SUR/Málaga* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a aplazar la ejecución de una orden de demolición de viviendas construidas al amparo de una licencia ilegal concedida durante el gilismo hasta que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) esté aprobado.
La tesis, defendida tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento -dos de las partes, junto con la promotora, implicadas en el procedimiento- vuelve a ser la misma: que muchos de los 18.000 inmuebles que se encuentran en esta situación de la ciudad podrían encontrar acomodo en el Plan General si se acogen al sistema de compensaciones.
Hasta aquí, todo normal. Atiende las peticiones tanto del Ayuntamiento, -que ya en la época de la comisión gestora solicitó la paralización de la ejecución de las sentencias firmes que implicarían derribos hasta que el documento estuviera en vigor- como de la Junta, administración denunciante que se alineó posteriormente con la postura planteada en el incidente de ejecución de la sentencia por el Consistorio marbellí. Así, el Alto Tribunal Andaluz estima el recurso presentado y cree conveniente esperar a que el nuevo planeamiento vea la luz.
Resolución
Pero este último auto, al que ha tenido acceso este periódico, tiene una significación aún mayor. La promoción inmobiliaria en cuestión -los bloques 6, 7, 8 y 9 de la urbanización Playa Golf Río Real, que suman 29 casas habitadas en su mayoría y construidas en su día en terrenos calificados parques y jardines y equipamiento deportivo y cultural privado- es una de las 14 que a priori quedarían fuera de ordenación y que no tendrían más remedio que ser demolidas. Los bloques, además, invaden un yacimiento arqueológico.
Su incompatibilidad con el nuevo modelo de ciudad que recoge el PGOU, que se encuentra aprobado provisionalmente desde el pasado 19 de julio, y que destina estos suelos a un sistema de espacios libres vinculados al litoral dejaría poco margen de maniobra tanto a la promotora, Río Real Playa S. L., como a los propietarios.
El TSJA, tras conocer esta circunstancia por boca del propio equipo redactor, según recoge el auto, pospone igualmente pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia hasta que el Plan General tenga el visto bueno definitivo.
«Como la Administración autonómica solicita expresamente que nuestro pronunciamiento definitivo se realice una vez publicado el Plan actualmente en tramitación, debemos estimar el incidente en este punto rechazando hacer, en este momento, ningún pronunciamiento sobre demolición», recoge el auto, que alude a que los titulares de la licencia defienden por su parte la inejecución total de la sentencia y, por tanto, del derribo.
Abunda el juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en este sentido: «Todas las partes personadas en este incidente nos solicitan que la respuesta jurisdiccional a la petición de ejecución se vincule a la revisión del planeamiento urbanístico. La parte actora (la Junta), porque considera que la demolición será inevitable una vez que se haya aprobado el mismo, y la corporación municipal, así como la mercantil codemandada y la parte interesada, porque vinculan el supuesto de inejecución material a esta aprobación definitiva», abunda.
Son algunos de los argumentos clarificadores, que se pueden extrapolar a otras promociones inmobiliarias en idénticas circunstancias, que pone negro sobre blanco la resolución del TSJA. Otro pasa por la arrojar luz sobre el futuro de las viviendas a las que se le anulan las licencias. El magistrado matiza que la demolición es una «consecuencia necesaria» pero que no toda anulación de un permiso conduce al derribo. Alude a una modificación de planeamiento como una de las causas que puede llevar a la imposibilidad de ejecutar la sentencia.
Paradojas
No sólo eso. Pone el acento en la paradoja que sería demoler algo que podría ser autorizado en un nuevo Plan General y en que, actualmente, ese nuevo planeamiento para Marbella no está ni aprobado ni publicado; precisamente, dice, el «escenario patológico», la falta de un referente legal, que dio lugar a la emisión de la licencia anulada y a más de un millar de permisos en la misma situación. Recuerda por último el tribunal que «no tiene por qué conocer siempre si su propia sentencia se ha cumplido totalmente».
* Sur - CRISTINA GONZÁLEZ - 18 marzo 2008
Foto: A PIE DE PLAYA. Vista de la urbanización Playa Golf Río Real, que quedarían fuera del nuevo PGOU/ J.-L. diariosur.es
El TSJ obliga a Ondara a publicar un plan para construir 400 chalés en plena montaña
,++monta%C3%B1a+de+Seg%C3%A0ria+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Alacant* : La montaña de Segària, en Ondara, no consigue alejar de su paisaje la amenaza continua del hormigón. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) obliga al Ayuntamiento de Ondara a exponer al público un plan urbanístico presentado en 2004 por la mercantil Montarol Agrícola S.L. y adaptado a la nueva ley urbanística valenciana el pasado año después de que la propuesta fuera rechazada hasta en dos ocasiones por el pleno de la corporación.
Esta empresa alcanzó un acuerdo con el consistorio cuando en 1988 se redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ondara que implicaba que los propietarios de Segària cedían 94.000 metros cuadrados para un parque público a cambio de que se reclasificaran 400.000 m2 como suelo urbanizable. Ese acuerdo sigue en vigor y, por ese motivo, la mercantil cuenta con unos derechos adquiridos que le impulsaron a presentar en 2004 un plan urbanístico que contemplaba 400 chalés en plena montaña.
Tras el rechazo municipal a la propuesta, la mercantil interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el ayuntamiento que ahora el TSJ ha resuelto a favor de Montarol Agrícola y que obliga al consistorio a exponer al público el plan urbanístico.
Sin embargo, el PP votó a favor de exponer al público otro proyecto, el presentado por la Generala y que contemplaba casi 2.000 viviendas y un campo de golf en la partida Vinyals, en la falda de Segària.
La intención del PP era ofrecer a Montarol Agrícola urbanizar en la falda de la montaña, en aras de proteger la parte alta de Segària donde la mercantil cuenta con 400.000 metros cuadrados de suelo urbanizable.
Sobre la posible protección de toda la montaña, el alcalde de Ondara, Ximo Ferrando, ha manifestado en varias ocasiones que acarrearía indemnizaciones económicas al ayuntamiento difíciles de asumir.
No obstante, PSOE y Bloc, los grupos de la oposición, no han dudado en defender a capa y espada durante los últimos cuatro años la preservación del paisaje de Ondara y su montaña, Segària. Los nacionalistas lamentan que los populares se excusen a la hora de desestimar la propuesta de Montarol Agrícola en la protección de la montaña cuando "lo que hacen es defender los intereses de la urbanizadora del campo de golf". Por su parte, los socialistas aseguran que construir en la parte alta de la sierra significaría un fuerte impacto visual y ecológico.
* Levante-EMV - M. J. Mascarell, Ondara - 18 de marzo de 2008
Foto: Las urbanizaciones cambiarían por completo la fisonomía de la montaña de Segària/ ernest weber, levante-emv.com
Un funcionario arrepentido revela a la Justicia la trama del 'caso Andratx'
.jpg)
ELPAÍS/Mallorca* : La figura del arrepentido ha aparecido en la persecución penal de la corrupción ligada al urbanismo salvaje en Baleares. La Fiscalía Anticorrupción, con la firma y el aval del fiscal jefe, Antonio Salinas, cerró antes del del 9-M un pacto judicial de colaboración con uno de los tres principales imputados de la trama del caso Andratx, el más importante de los escándalos políticos vinculados a la corrupción urbanística en las islas. Este caso llevó a la cárcel al que era alcalde del PP en Andratx, Eugenio Hidalgo.
El arrepentido que ha aceptado detallar cómo era la trama es Jaume Gibert, funcionario y promotor inmobiliario, que trabajaba como celador de Obras del Ayuntamiento, y que permaneció preso en dos ocasiones unos dos meses. A cambio de la cooperación con la Justicia, Gibert tendrá una condena menor, aunque no evitará recibir una sentencia con pena de cárcel. Las condiciones pactadas son secreto del sumario y se alcanzaron antes de la campaña electoral. Los abogados de los otros imputados cuestionan la estrategia de la fiscalía.
Gibert destapa el método, se autoinculpa y reconoce los hechos, según lo convenido con los fiscales baleares y en la declaración que hizo ante el juez con la mediación de su defensor, Juan Luis Matas. Gibert está en condiciones de asumir su implicación en aquellos asuntos que Anticorrupción ha documentado en decenas de causas separadas.
Su testimonio será fundamental en la vista para aclarar el papel desempeñado por sus compañeros de causa: además del ex alcalde Hidalgo están implicados el jefe de Urbanismo de Andratx y ex director general del Gobierno balear del PP Jaume Massot. Éste no ha estado en prisión pero los fiscales suponen que es un hombre en la sombra, un cerebro, e indagan su posible capital oculto en el extranjero, en paraísos fiscales. Massot los niega.
Empresarios, técnicos, abogados y arquitectos están acusados con distintas imputaciones en las más de 60 causas abiertas del caso Andratx. El núcleo central de la causa penal se reitera en hasta siete delitos desde tráfico de influencias o soborno, atentado contra el medio ambiente, negociaciones prohibidas o prevaricación. Desde septiembre de 2006, cuando estalló el caso, han desfilado por los juzgados más de un centenar de propietarios, funcionarios, testigos y promotores inmobiliarios.
La acusación pública supone que el celador de Obras de Andratx, Jaume Gibert, puede ayudar con su testimonio a destapar los posibles sobornos que se produjeron en este municipio, uno de los extremos más complejos de documentar por la cerrazón de los eventuales pagadores y la trama opaca de las múltiples sociedades intervinientes. Una de las colaboradoras municipales de Gibert, su superiora, la arquitecta Maribel Seguí, ya desempeñó un papel de cooperadora con los fiscales mientras se desarrollaron las detenciones del caso.
La primera vista del caso Andratx está prevista para la primera semana de mayo, ante la Audiencia de Palma. Entonces se conocerá el relato acusador de Gibert y aflorará previsiblemente el aparente método de acción corrupta generado en el urbanismo ilegal de esta localidad: dar licencias municipales para construir en parajes protegidos con falsos certificados de construcciones antiguas que permiten levantar nuevas casas.
Con el secretismo del pacto con Gibert, la Fiscalía ha querido evitar filtraciones al resto de imputados y, en especial, evitar contaminar el calendario político electoral. El que era en 2006 presidente de Baleares, Jaume Matas, y el consejero de Interior y secretario general del PP, José María Rodríguez, al estallar el caso Andratx acusaron a la Fiscalía de actuar con una hoja de ruta sujeta al tiempo político.
El PP perdió las elecciones locales y autonómicas de 2007 y en las generales del 9-M fue superado por el PSOE en las islas. Matas se marchó a EE UU y Rodríguez está punto de ser arrinconado. Ambos políticos contactaron con el alcalde Hidalgo antes de su detención. La fiscalía supone que Rodríguez alertó a Hidalgo, según se desprende de una conversación entre ambos que fue grabada por la Guardia Civil con autorización judicial, y del interrogatorio posterior de los fiscales al alcalde una vez detenido. Cuando era alcalde, Hidalgo transformó una casita rural en un chalé en plena área protegida. La fiscalía indica que se dio a sí mismo una licencia "radicalmente contraria a derecho", gracias a "una cobertura y apariencia de legalidad", y construyó una casa en una parcela prohibida.
La reconstrucción que la fiscalía ha hecho del método del urbanismo salvaje en Andratx se hizo repasando miles de documentos de licencias, planos, fotos aéreas de satélite y recorriendo todo el término municipal.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 17/03/2008
Foto: Andratx - solares_Cala_Llamp - A.M. (El País)
La ONU preocupada por el estado de la vivienda en España
Datos de la ONU señalan que España posee el mayor número de casas vacias de la Unión Europea. Naciones Unidas cree que la crisis de la vivienda en nuestro país se puede resolver con protección oficial.
* YouTube - inmoblog - 15 de marzo de 2008
Una 'Marbella' emerge en Lanzarote
,+hotel+Meli%C3%A1+Volc%C3%A1n+con+licencia+anulada+-+F.Gallardo,+elpais.com.jpg)
ELPAÍS* : Un tercio de los más lujosos hoteles de Lanzarote son ilegales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado 22 licencias de complejos turísticos concedidas por los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise que se saltaron la moratoria urbanística de 2000. Estos complejos afrontan ahora la demolición, ya que el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique, los que han ganado los juicios, estudian pedir la ejecución de las sentencias en los casos más sangrantes.
La justicia ha anulado ya 7.721 plazas turísticas, casi todas desde septiembre pasado, y hay pendientes recursos similares hasta llegar a las 15.000, lo que supone un 23% de todas las plazas de la isla.
Los hoteles Meliá Volcán, Iberostar Papagayo, Gran Castillo, Natura Palace, Rubicón Palace, Papagayo Arenas y Son Bou, están entre los grandes complejos anulados, según el listado del cabildo. A ellos se les acaba de sumar el Princesa Yaiza, según fuentes conocedoras del caso, un hotel de cinco estrellas de lujo de 330 habitaciones cuya licencia recurrió la Fundación César Manrique.
Otros son apartoteles menos conocidos, como los Coloradamar; y seis están aún en construcción. De las 22 sentencias, ocho anulan hoteles de más de cuatro estrellas (de los 25 que hay en la isla), 10 afectan a apartoteles y cuatro a obras ya paralizadas.
La cascada de sentencias deja en el aire estos hoteles y concluye un procedimiento que se inició en 1991, cuando se revisó el plan de ordenación insular, y en 2000, cuando Lanzarote aprobó la conocida como moratoria turística, que limitaba el número de plazas turísticas que se podían construir, y obligaba a que los hoteles tuvieran más de cuatro estrellas. La isla trataba así de garantizar el turismo de calidad y huir del desarrollismo que marcó el plan vigente hasta entonces, de 1973.
Pero los Ayuntamientos de Yaiza (10.000 habitantes) y Teguise (17.000) se saltaron la moratoria y concedieron licencias para miles de plazas turísticas con una inversión de 270 millones de euros. José Francisco Reyes fue alcalde de Yaiza entre 1994 y el pasado 8 de febrero. Primero con Coalición Canaria y luego con el Partido Nacionalista de Lanzarote. Ayer no quiso contestar a este diario y remitió a la información del cabildo. El regidor de Teguise fue Juan Pedro Hernández, del Partido Independiente de Lanzarote, y en la última legislatura en Coalición Canaria, cuando dejó el cargo. Este diario intentó ayer, sin éxito, contactar con él.
"Esos ayuntamientos rompieron el ordenamiento que nos habíamos dado para preservar la isla, que es reserva de la biosfera", explica el consejero del cabildo insular Carlos Espino, del PSOE. El cabildo y la Fundación César Manrique recurrieron una treintena de complejos que superan las 15.000 plazas hoteleras. Esto supone el 23% de las 65.000 que tiene la isla si se incluyen las extrahoteleras y un 50% de las plazas de hoteles.
Desde el año 2006, pero especialmente desde el verano pasado se han sucedido las sentencias anulando las licencias de obras. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no acepta ninguna de las cuatro fórmulas por las que los ayuntamientos se saltaron el plan de ordenación de la isla. Un total de 11 hoteles con la licencia impugnada recibieron hasta 2002 al menos 36,5 millones de fondos europeos de ayuda a zonas deprimidas. Sólo el Princesa Yaiza, cuya licencia acaba de ser declarada ilegal, recibió cuatro millones de euros.
Dos juzgados investigan si los responsables de los ayuntamientos cometieron delito al conceder las autorizaciones para estos hoteles ya anulados. Un informe jurídico del cabildo apunta también a Felipe Fernández Camero, que fue secretario municipal de Arrecife y luego actuó como abogado de los ayuntamientos y de algunos promotores que recibieron licencias, siempre según el texto.
Lo más complicado ahora es saber qué hacer con estas obras, ya que el problema es similar al de Marbella, en la que había sentencias declarando ilegales miles de pisos. Los empresarios alegan que un plan de derribos masivos harían perder empleos y hundiría el turismo de la isla.
"No habrá una amnistía. Derribaremos lo que haya que tirar", señala Espino. Éste sin embargo admite que "los complejos que puedan ser legalizables serán legalizados si a cambio los dueños renuncian a construir en suelo de su propiedad o nos lo ceden". Espino añade: "No podemos derribar 27 hoteles porque el coste ambiental sería mayor que el de mantenerlos".
Los trámites de demolición sí están avanzados para el Papagayo Arenas. La dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado el procedimiento de expropiación al considerar que el hotel invade el dominio público marítimo terrestre, la primera línea de playa que, según la Ley de Costas, de 1988, es intocable. También estudia demoler el hotel Gran Castillo, situado junto a éste en Playa Blanca. Pero aún puede tardar años.
"Nos están escuchando"
Al igual que en Marbella, una vez anuladas las licencias los juzgados investigan si quienes concedieron las licencias cometieron delito. Tras la querella de Carlos Espino por prevaricación, el juzgado 2 de Arrecife ordenó el pasado 20 de diciembre a la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la policía que investigue el patrimonio de los alcaldes afectados, José Francisco Reyes (Yaiza) y Juan Pedro Hernández (Teguise). La policía tuvo pinchados los teléfonos de los dos regidores dadas "las posibles responsabilidades penales en las que unos y otros hayan podido incurrir -tipologías delictivas tales como malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho etcétera", según un informe policial del pasado 9 de enero, que remite a otro en el que "se exponían los extremos más relevantes del entramado de irregularidades advertidas en la actuación de ambos ayuntamientos".El alcalde de Yaiza habla amenudo con Tato, que presuntamente sería el ex edil de Urbanismo de Yaiza José Antonio Rodríguez. Los investigadores constataron "la desconfianza" de los alcaldes a hablar por teléfono. Cuando el regidor de Yaiza, comentaba una licencia que, según denunció a la policía uno de los arquitectos del proyecto supuso una comisión de tres millones, Tato espetó: "Pero eso lo hablamos, pero no ahora por teléfono, que nos están escuchando". Las escuchas se suspendieron.
Historia de la 'Marbella canaria'
- El Cabildo insular inicia en 1991 la revisión de las normas urbanísticas, que concluye en 2000 con la moratoria urbanística para limitar la construcción de hoteles.- Los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise conceden entre 1991 y 2004 licencias para miles de plazas turísticas con una inversión de 270 millones, ignorando el plan insular.- El Cabildo y la Fundación César Manrique recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias una treintena de licencias que afectan a 15.000 plazas turísticas, un 23% de los alojamientos de la isla.- La UE concede subvenciones por más de 36,5 millones a los complejos hoteleros para potenciar la zona.- El tribunal ha anulado desde 2006 ya 22 licencias, de las cuales ocho corresponden a hoteles de más de cuatro estrellas. Un tercio de los hoteles de lujo de la isla están afectados. El último es el Princesa Yaiza, de cinco estrellas.- En diciembre de 2007 un juzgado ordena investigar el patrimonio de los alcaldes de Yaiza y Teguise bajo cuyo mandato se concedieron las licencias.- El Cabildo estudia qué hoteles legaliza a cambio de compensaciones, pero ya tramita el derribo de dos edificios.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 17/03/2008
Foto: El hotel Meliá Volcán, en Yaiza (Lanzarote), cuya licencia ha sido anulada por el Tribunal Superior de Canarias- FERNANDO GALLARDO, elpais.com
El relator de la ONU cuestiona la política de vivienda del PSOE
La asociación PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA* afirma que las medidas del PSOE en materia de vivienda difieren fuertemente de las recomendaciones del relator de la ONU, Miloon Kothari. La PVD pide para esta legislatura medidas que eliminen las causas de la especulación y los elevados precios, y no meros “parches” y critica duramente las últimas medidas del Ministerio de Vivienda.
El relator especial para la vivienda digna de la oficina de derechos humanos de la ONU, Miloon Kothari, ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su informe sobre la misión a España. Desde la Plataforma por una Vivienda Digna queremos comunicar que la política de vivienda del Partido Socialista dista mucho de cumplir las recomendaciones de dicho informe.
Por esta razón, y coincidiendo con el inicio de la legislatura, demandamos del futuro Gobierno que las políticas de vivienda sean estructurales y no meros parches, como han sido hasta ahora, y que apuesten por corregir los principales problemas de base. A juicio de Kothari, éstos son la especulación sin ningún tipo de regulación, la concepción de vivienda como objeto meramente comercial (incluso para las propias Administraciones Públicas) y los perjuicios a colectivos desfavorecidos.
Además, para la PVD, el Ministerio de Vivienda tergiversa la verdad al afirmar que varias de las recomendaciones del informe de la ONU ya han sido puestas en marcha en el último año.
Por ejemplo, en materia de alquiler, el relator recomienda repetidamente la construcción de viviendas de alquiler públicas y alojamientos de transición a precios económicos. Sólo en Francia hay cuatro millones de este tipo de viviendas, mientras en España esta cifra es ridícula. En el último año, la ministra Chacón, en conversaciones con las diferentes organizaciones a favor del derecho a la vivienda, ha evitado hablar de esta medida. En su lugar se han puesto en marcha las ayudas directas al alquiler, una solución “parche” que además podría tener como efecto secundario la subida de los alquileres en los próximos meses ante el escaso y deficiente control al concederlas.
En cuanto al aumento del parque de vivienda protegida, de nada sirve fomentarla si al mismo tiempo se impulsan crecimientos de precios de la misma. En la reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 aprobada en enero, el Ministerio de Vivienda permite subir los precios de referencia de la VPO, y eleva los precios de la vivienda concertada en porcentajes que llegan al 28% para Alicante o Zaragoza, o al 20% para Madrid o Barcelona. En cualquier caso, para la PVD, una posible apuesta por construir VPO en grandes cantidades debe tener en cuenta la existencia de tres millones de viviendas vacías en España, según el propio informe, cuya salida el mercado ha de ser impulsada.
En el punto 91 de su informe, Millon Kothari afirma claramente que uno de los caminos para garantizar el acceso a una vivienda digna es un descenso de los precios del suelo y de la vivienda, y que la Administración en todos sus niveles debe intervenir el mercado para hacerlo realidad. Sin embargo, las medidas puestas en marcha por Chacón en enero (ayudas a promotores, ayudas a la compra, subida del módulo, etc.) tienen un trasfondo que defiende claramente el mantenimiento de la burbuja de precios.
Para la PVD, es indecente que la propia Administración use dinero público para contrarrestar la lógica del mercado y limitar las bajadas de precios, teniendo en cuenta que en algunas ciudades la vivienda ha subido un 300% en la última década. Según diferentes medios o instituciones, la vivienda está sobrevalorada en España entre un 30% y un 60%.
Otro de los “logros” que se ofrecen como respuesta al relator por parte del Gobierno es la ley del suelo. Lo que no se dice es que el Ministerio de Economía, como publica el diario económico Cinco Días, prepara una nueva orden ministerial para corregir algunas medidas de la ley del suelo que no son del agrado de los grandes promotores en detrimento de la vivienda protegida.
En cuanto al dudoso “logro” que se atribuye el Gobierno de que la subida de precios se haya ralentizado, hay que recordar que a un español comprar un piso le sale hoy un 40% más caro que cuando Zapatero llegó al poder, y un 30% si lo que quiere es alquilar.
Para la PVD, la mejora sostenible del acceso a la vivienda sólo llegará si se atajan las causas del problema y se desmonta el conjunto de intereses, tanto privados como de la propia Administración, que han llevado a España a ser con diferencia, el país del mundo desarrollado con peor posibilidad de acceso a la vivienda.
En ese sentido, son fundamentales medidas como reformar la financiación de los ayuntamientos para que estos no dependan de los ingresos procedentes del urbanismo. También se deben reformar los métodos de asignación de suelo, evitar los porcentajes de dinero del urbanismo que se desvían a algunas instituciones, controlar con ahínco la corrupción y el fraude que subyace en el mercado inmobiliario (en especial en la vivienda protegida), fomentar la salida al mercado de pisos vacíos a precios razonables, limitar el crecimiento sin fin de los plazos de las hipotecas, eliminar las deducciones y figuras fiscales que fomentan la compra a cualquier precio, realizar censos y estudios de necesidad detallados y crear un extenso parque público de viviendas en alquiler. A esto hay que añadir el aumento hasta niveles cercanos a la media europea del presupuesto destinado a políticas de vivienda.
En cuanto al Ministerio de Vivienda, su existencia sólo tiene sentido si de verdad sus acciones se destinan al objetivo con el que nació, el de mejorar el acceso a la vivienda. La realidad es que, desde la llegada de Chacón, las medidas tomadas están lejos de buscar ese objetivo de forma sostenible y más bien parecen destinadas a complacer a los grandes promotores y a mantener la burbuja inmobiliaria. Basta con leer la reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 aprobada el pasado 11 de enero (que va mucho más allá de las ayudas a la emancipación) para confirmarlo. Con estas medidas, Carme Chacón se ha colocado como uno de los políticos que más ha perjudicado el derecho a una vivienda digna en nuestro país.
Desde la Plataforma, hemos hecho un análisis detallado de dicha reforma, contraria al espíritu y recomendaciones del informe de la ONU, que se resume en las siguientes líneas.
Ayudas para no bajar precios
Según el Decreto de Reforma del Plan de Vivienda 2005-2008, un promotor recibirá 6.000 euros de las arcas públicas por cada piso que no haya vendido tras un año y que sea destinado al alquiler. Para que se entiendan mejor las consecuencias de esta medida, es como si el Ministerio de Industria decidiese dar dinero a empresas como Inditex o Cortefiel por destinar las prendas no vendidas a otra cosa, en lugar de ponerlas en rebajas.
Según el propio Banco de España los pisos están sobrevalorados un 30% (según “The Economist”, un 60%), y esa es la razón por la que muchos promotores no venden. Para la PVD, para una vez que la lógica del mercado puede facilitar el acceso a la vivienda, que sea el propio Ministerio el que intervenga para evitarlo después de lo que ha sucedido estos últimos años es, sencillamente, indecente. Esta medida es un ejemplo del engaño y demagogia que hay detrás de muchas de las políticas de vivienda en España, engaño que se extiende a los diferentes niveles de la Administración y que afecta negativamente a casi todos los ciudadanos a medio y largo plazo.
El fin de la vivienda pública parece ser que los promotores ganen dinero
Así parece pensar Carme Chacón. Otra de las alternativas de la Reforma del Plan de Vivienda es que los promotores ofrezcan los pisos no vendidos en el mercado libre como viviendas públicas de precio concertado. Para ello se han aprobado incrementos de precios en esta tipología que son escandalosos (28% en Alicante o Zaragoza, o 20% en Madrid o Barcelona).
Pero además, esta medida elevará la participación de los promotores en la gestión de la vivienda pública, lo que aumenta el riesgo de que algunos promotores pidan cantidades “en B”. Esta costumbre, apenas perseguida dentro de un entorno con un fraude escandaloso como bien recuerda la asociación Gestha, convierte el fin social de la vivienda pública en una mera pantomima.
Nueva subida en la VPO
Por otro lado, con la excusa de incentivar su construcción, el Ministerio admite una nueva subida del precio de referencia de la VPO, que pasará de 728 a 758 euros por metro cuadrado.
La PVD quiere recordar que el precio del módulo ha subido varias veces en los últimos años y, sin embargo, ahora se construye mucha menos VPO que en los años 80 en términos porcentuales. Además, de enero a septiembre de 2007 la construcción de VPO cayó casi un 7%. La conclusión es que subir el precio del módulo no fomenta la vivienda protegida. Se sube porque se cede a los intereses de los promotores. Organizaciones como FACUA, consideran el precio de referencia actual de la VPO ya es “suficientemente atractivo”.
En cualquier caso, una Administración seria no puede gestionar vivienda pública dependiendo de los cálculos de beneficio de los promotores. Su precio final debe basarse en la renta de los ciudadanos que recibirán las viviendas. Si los sueldos apenas han subido, incrementar los precios de la VPO es un desprecio a los demandantes y al propio concepto de vivienda pública.
Dinero para propietarios
El decreto incluye también 6.000 euros para el propietario que ponga su vivienda en alquiler. Para la PVD, mientras miles de personas tienen problemas para alquilar una vivienda, no es presentable destinar importantes cantidades de fondos públicos a la parte del mercado que ingresa dinero. Pero en este caso la medida es especialmente inútil, ya que los precios máximos fijados para acogerse a esta medida son similares a los del mercado (por ejemplo, en Madrid, 960 euros de máximo por un piso de 70 m2). Es decir, la medida no tendrá ni siquiera el efecto indirecto de ayudar a una bajada de precios.
Desde la PVD queremos recordar que la potenciación del alquiler no es un fin en sí mismo. Si dentro de unos años el porcentaje de vivienda en alquiler es el doble que el actual pero los precios son los mismos, no se habrá facilitado el acceso a la vivienda absolutamente en nada.
Se potencian las ayudas a la compra
El decreto eleva los precios de las viviendas cuyo comprador puede optar a las ayudas directas a la compra que recogía el Plan de Vivienda 2005-2008. El efecto secundario de esta medida es proteger la burbuja inmobiliaria, ayudando a los potenciales compradores a “llegar” a precios inflados. Para la PVD, Chacón demuestra un tremendo cinismo al hablar de incentivar el alquiler mientras el decreto potencia claramente estas ayudas.
Sobre las ayudas directas al alquiler
En cuanto a las ayudas directas al alquiler (renta básica de emancipación), presentadas días antes de este decreto y muy publicitadas, para la PVD han sido una “cortina de humo” para quitar ruido a las posteriores modificaciones al Plan de Vivienda.
Pero además, el tiempo ha demostrado nuestros pronósticos: Muchos propietarios incrementan lo que piden por el alquiler entre 100 y 200 euros, esperando que sea un joven menor de 30 y con opciones a la ayuda quien alquile. Por otro lado, son discriminatorias, al dejar fuera a los mayores de esa edad y no distinguir si la vivienda está en una gran ciudad o una localidad pequeña, donde 210 euros dan para mucho más. Otros propietarios, por el contrario, buscan ahora a jóvenes de más de 30 años para poder seguir alquilando "en negro". La situación resulta dantesca y todo por evitar una mayor regulación y control que es inexcusable ante un problema de esta magnitud.
Si el ministerio desea apoyar la emancipación de forma sostenible en vez de electoralista, debería dedicar los fondos a la creación de un nutrido parque público de vivienda en alquiler a precios económicos, como existe en la mayoría de países europeos.
La PVD pide cambios radicales en la política de vivienda
Para la plataforma, la mejor política de vivienda es la que crea el marco para que la diferencia entre salario y precio de la vivienda (tanto en compra como en alquiler) sea razonable y estable al margen de las tensiones especulativas y de los ciclos económicos. Esto, unido a un parque de vivienda pública para los jóvenes y las rentas más bajas sería avanzar hacia el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución. Para ello, exigimos al nuevo Gobierno que atienda realmente las recomendaciones de la ONU y que además, empuje cambios estructurales en todas aquellas instancias gubernamentales cuyas políticas afecten a la vivienda y el urbanismo, con el objetivo de reducir la disparatada relación entre salarios y precios de la vivienda en compra o alquiler. Con el objetivo de lograrlo, los distintos comités territoriales de la plataforma han consensuado una batería de 40 propuestas que ya han sido trasladadas al gobierno en espera de que sirvan para abrir un proceso de reflexión profundo de cara al futuro de las políticas de vivienda en este país.
* Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
info@viviendadigna.org
http://viviendadigna.org
* Plataforma por una Vivienda Digna - 12-03-2008
