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EUROPASUR/Granada* : El Ayuntamiento de Monachil (Granada) ha decidido la suspensión cautelar para conceder nuevas licencias urbanísticas, una medida que se extenderá al núcleo urbano de Sierra Nevada y que entrará en vigor cuando se apruebe en el pleno municipal, previsto para el miércoles.
La decisión viene avalada por los técnicos redactores del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y sólo se levantará cuando esté elaborado el avance de dicho planeamiento, dentro de aproximadamente tres meses, momento en el que se conocerá ya el diagnóstico de la situación urbanística de la Sierra y del resto del municipio.
La iniciativa fue adoptada por el alcalde, el socialista José Luis Samos, y respaldada por su socio de gobierno, IU, y parte de la oposición al objeto de poner orden a los desmanes urbanísticos de los últimos años.
Un primer avance de los técnicos acerca de lo acontecido en la Sierra resulta demoledor y evidencia el mal uso que se ha hecho del suelo: "los técnicos han comprobado que mucho suelo de las normas subsidiarias que estaba destinado a equipamiento ha sido ocupado por complejos residenciales, en su mayor parte apartamentos, lo que ha generado un déficit dotacional en detrimento de los servicios", asegura el alcalde de Monachil, José Luis Samos.
Bajo el paraguas de las normas subsidiarias que incluye como suelo dotacional la posibilidad de construir equipamientos turísticos, "se han hecho apartamentos privados" que permanecen vacíos la mayor parte del años a excepción de los meses de temporada invernal.
* EuropaSur - Álvaro Calleja / Granada - 07.03.2008
Foto: Monachil (Granada) - participaenandalucia.net
Complejos residenciales invaden suelo destinado a equipamiento en Sierra Nevada
El TSJC anula la licencia ambiental de Basf en Tarragona
ELPERIÓDICO* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) establece la nulidad de la autorización ambiental de la planta de deshidrogenación de propano de la multinacional alemana Basf en Tarragona. El permiso fue otorgado por el departamento de Medi Ambient cuando gobernaba CiU.
El grupo ecologista Gepec, que llevó en el año 2003 el caso al TSJC mediante un recurso contencioso-administrativo, pidió ayer la clausura de la actividad, el desmantelamiento de la chimenea de 130 metros que construyó Basf y una sanción no inferior a 90.000 euros.
El fallo destaca deficiencias en la documentación presentada por Basf, como la falta de un informe sobre el riesgo para la población y un estudio para determinar la contaminación del suelo. "La planta está fuera de la ley y por eso pedimos su clausura", dijo ayer Albert Calduch, abogado del Gepec. Según la entidad, otras autorizaciones de empresas del polígono químico de Tarragona "presentan anomalías similares".
Medi Ambient recordó que el veredicto no es firme y que puede ser recurrido. "La autorización ambiental sigue vigente", dijo un portavoz del departamento. La misma fuente destacó que se han apreciado solo "defectos formales" sin incidencia en la población ni en el entorno. La empresa no quiso ayer valorar la situación, aunque se alineó con la postura del Govern. La planta costó 250 millones de euros.
* El Periódico - F. G. - TARRAGONA
Foto: Instalaciones de la empresa Basf en Tarragona, ayer/ JOAN PUIG, elperiodico.com
40 propuestas por una vivienda digna
PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA* : Estas son las 40 propuestas en materia de política de vivienda y urbanísticas que hemos elaborado en base a nuestros análisis de situación y que se han remitido estos últimos meses a instituciones y partidos políticos con el deseo de que ayuden a configurar un nuevo panorama en el que se consiga una aplicación real del artículo 47 de la Constitución Española...
1.- Política presupuestaria, fiscalidad y reformas hipotecarias
Incremento de las partidas presupuestarias -tanto a nivel Estatal como a nivel autonómico- destinadas a políticas de acceso a la vivienda hasta alcanzar en el conjunto y con el horizonte de dos legislaturas, cotas similares al esfuerzo medio de los principales países europeos (2% del PIB).
Eliminación progresiva y no retroactiva de las desgravaciones y otras figuras fiscales o financieras que incentiven la inversión o el acceso a la vivienda a través de la compra para nuevos demandantes. Los presupuestos aplicados a estas figuras se orientarán a iniciativas que faciliten directamente el alojamiento sin fomentar el crecimiento de precios y garantizando en todo momento el fin social de los fondos.
Desarrollo de un marco normativo que defina en qué casos se considerará que una vivienda está vacía y creación de un registro de viviendas vacías en cada municipio.
Establecimiento de gravámenes fiscales significativos para las viviendas vacías. Habrán de ser progresivos en función del número de viviendas atesoradas por cada propietario y tiempo de desocupación de los inmuebles.
Reforma de la Ley Hipotecaria que limite en las nuevas hipotecas tanto el porcentaje máximo del endeudamiento: 25% del salario, como el numero máximo de años de amortización de la deuda: 20 años.
Ampliación de la información previa que las entidades financieras deben suministrar a la firma de una hipoteca. Al menos, ha de existir la obligación de mostrar al cliente la posible evolución de las cuotas mensuales según diferentes tipos de interés, el montante total que corresponderá a intereses al final del préstamo y series históricas de los tipos de interés.
Incremento significativo de la asignación de recursos en la Agencia Tributaria destinados a combatir el fraude fiscal que incide en el sector inmobiliario.
Eliminación de ayudas directas a propietarios y promotores. Uso de los fondos en otras iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda y que garanticen su disfrute por parte de los colectivos sociales más necesitados.
Creación de una oficina pública de tasación de vivienda que asegure tasaciones imparciales y ajustadas a la realidad catastral y del mercado.
Obligatoriedad de incluir en las tasaciones la información de qué parte de la tasación hace referencia al suelo y qué parte a la vivienda.
Todas las viviendas en régimen de vivienda libre que reciban algún tipo de subvención pública deberán estar sujetas a algún límite en las plusvalías o beneficios que se generen por su venta o alquiler.
Reforma de la legislación de las cuentas ahorro-vivienda de forma que lo ahorrado pueda destinarse al alquiler.
Inclusión del coste de la vivienda también en régimen de compra en el Índice de Precios de Consumo, de manera que se tenga una medida real de la inflación soportada por la ciudadanía también por el coste de la vivienda en propiedad.
2.- Vivienda protegida y fomento del alquiler
Primacía de la vivienda protegida en régimen de alquiler. Al menos un 80% de la nueva vivienda protegida ha de ser en régimen de alquiler vitalicio con revisiones quinquenales de la situación familiar y con el objetivo de alcanzar en dos legislaturas, un parque protegido de viviendas en alquiler económico del orden del 10% del parque total de viviendas.
Creación de un registro único de demandantes de vivienda protegida en cada municipio por el que se adjudique el conjunto de vivienda protegida de promoción pública y privada.
Prohibición del sorteo como método de adjudicación y diseño de baremos equitativos que den prioridad progresiva a los más necesitados. Medidas paliativas especiales destinadas a los colectivos con más urgencia social.
Congelación de los módulos de referencia en la vivienda de protección oficial y prohibición de las tipologías de viviendas protegidas para rentas altas. El precio del modulo de las viviendas de protección pública ha de estar directamente relacionado con los costes de construcción. A estos costes se les añadirá un margen empresarial tasado razonable en el caso de la promoción privada de vivienda protegida.
Las viviendas con algún tipo de protección pública nunca dejarán de serlo. Las administraciones públicas estarán obligadas a ejercer el derecho de tanteo y retracto para las viviendas de protección oficial no sujetas a estas nuevas leyes.
Desarrollo de planes de la administración para ejercitar actuaciones alternativas (compra de inmuebles, rehabilitación con fines sociales, etc.) para poner vivienda protegida en el mercado sin tener que pasar necesariamente por la nueva construcción.
3.- Gestión del suelo y planificación urbana
Los patrimonios públicos de suelo no se podrán monetarizar nunca por parte de las administraciones públicas. En especial se han de prohibir taxativamente todas aquellas figuras legales -como el convenio urbanístico- con las que las administraciones públicas puedan utilizar la planificación urbanística como vía significativa de obtención de ingresos o de generación de servicios a la colectividad.
Al menos el 50% de los nuevos desarrollos urbanísticos han de destinarse a vivienda protegida.
El porcentaje de las reservas de terrenos de vivienda de protección oficial en los nuevos desarrollos deberá hacerse en función de los registros de demandantes, sin límite superior y discriminando positivamente a los demandantes de primera vivienda.
Se han de condicionar las licencias de construcción de vivienda libre al estado de los desarrollos de vivienda protegida.
Se han de impedir desarrollos urbanísticos nuevos en los municipios en los que el porcentaje de vivienda vacía y desocupada sea significativo.
Se han de regular detalladamente los casos e impedir los usos no sociales de los porcentajes de suelo de cesión.
Eliminación de la subasta como método de valoración y asignación de suelo público y de cualquier método que ayude al incremento artificial de los precios del suelo.
Creación de órganos de participación ciudadana con influencia directa en la gestión del suelo. Ampliación de los mecanismos de información pública para los nuevos desarrollos urbanísticos.
Modificación de las leyes del suelo autonómicas para eliminar los resquicios legales por los cuales un ayuntamiento puede cambiar el uso de un suelo protegido por su valor medioambiental, a suelo que se convierta finalmente en urbanizable.
Ampliación de los supuestos en los que se puede pedir ante un órgano judicial la paralización de una urbanización basándose en perjuicios medioambientales.
4.- Información estadística y protección del consumidor
Potenciación del crecimiento y difusión de la oficina de estadística de vivienda de ámbito nacional y establecimiento de mecanismos para garantizar su independencia. Esta oficina debe arrojar información exacta sobre la situación del mercado inmobiliario y el desarrollo de las políticas de vivienda a tres niveles: estatal, autonómico y local. Las series de datos han de extraerse de fuentes fidedignas (catastro, registro de la propiedad, etc.) y nunca de entidades privadas con posibles intereses en el sector.
Creación de un estudio integral de necesidad sobre demandantes de vivienda de protección oficial y de vivienda libre, sesgado por demanda de vivienda habitual, segundas y terceras residencias, población y otras categorías que muestren el grado de necesidad de los colectivos demandantes a lo largo del territorio nacional.
Apertura de oficinas de inspección inmobiliaria en las principales ciudades, que se encarguen de controlar el fraude y velar por la calidad y seguridad del mercado inmobiliario en su conjunto (vivienda protegida especialmente, alquiler y compraventa de vivienda libre). Estas oficinas también deberán servir como canal de denuncia e información de los derechos del consumidor relativos a lo inmobiliario.
Creación de un fondo de compensación para afectados por irregularidades y fraudes relacionados con el urbanismo.
Creación de mecanismos para la definición inequívoca de la infravivienda, su catálogo y planes de erradicación.
5.- Reformas legislativas, jurídicas y de nivel competencial
Reforma de la Ley de Financiación de partidos políticos que asegure la absoluta transparencia y la desvinculación total con el sector inmobiliario.
Nueva ley de Haciendas locales que impida a las administraciones públicas financiarse a través de los patrimonios públicos de suelo o convenios urbanísticos y que por lo tanto, articule medios de financiación alternativos.
Redefinición de las competencias del estado y las autonomías, de forma que se garantice la igualdad en el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y de forma que las competencias en supervisión pública del mercado inmobiliario, políticas de vivienda y políticas fiscales estén perfectamente delimitadas y coordinadas.
Ampliación de medios y personal de la Fiscalía anticorrupción y de la Fiscalía de delitos urbanísticos, donde se crearán sedes autonómicas y provinciales.
Establecimiento de un programa de sanciones ejemplares para los cargos públicos cuyas decisiones incumplan las leyes relacionadas con la vivienda y el urbanismo.
Creación de un órgano de supervisión de cuentas públicas (cámara o tribunal de cuentas) en las CCAA que no lo tengan. Este órgano tendrá secciones destinadas a la supervisión de cuentas municipales, con inspecciones en diferentes ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. Tanto la fiscalía anticorrupción como los tribunales de cuentas deberán ser objeto de una revisión permanente de su funcionamiento y de la elección de sus miembros para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y su independencia.
CONSIDERACIONES FINALES
Aunque que se aprecia una mayor atención por parte de los distintos partidos políticos a las distintas problemáticas relacionadas con la vivienda y el urbanismo, en términos generales estimamos que las propuestas siguen siendo insuficientes para atacar uno de problemas que los ciudadanos perciben como principales y en algunos casos además, están muy mal orientadas y no se basan en un análisis profundo, conveniente y objetivo de la situación. Además, lamentamos que la mayoría de partidos políticos no acompañen sus propuestas en materia de vivienda de una memoria económica que especifique el incremento de las partidas presupuestarias que piensan aplicar.
No obstante, es de agradecer que varios partidos recojan el derecho subjetivo a la vivienda en sus programas y también la implementación de un pacto que involucre a todas las instancias del Estado implicadas en el desarrollo de una política de vivienda efectiva, aunque esperamos vehementemente que el contenido de ese pacto se base de veras en análisis profundos y objetivos de la situación y no en conjeturas sujetas al interés económico o al interés de partido.
Nos ha llamado también la atención que muchos partidos propongan clarificar las competencias en materia de vivienda, e incluso que alguno distribuya sus propuestas acompañadas de una pequeña aclaración sobre qué instancia institucional tiene las competencias, cosa que es de agradecer, puesto que los ciudadanos sepan exactamente a quien corresponde la responsabilidad en cada uno de los hitos de un conjunto de problemas tan complejo como ante el que nos encontramos, servirá para que la ciudadanía pueda reclamar mejoras de una manera más efectiva en el futuro.
Por lo demás, nos gustaría disculparnos por habernos tenido que ceñir a los partidos que aparecen en la encuesta del CIS -hemos escogido la respuesta espontánea porque creemos que es la que mejor refleja la pluralidad ciudadana-, pero evidentemente, no tenemos medios para analizar uno por uno los distintos programas electorales de los más de 120 partidos políticos que concurren a los comicios legislativos. No obstante, hemos de destacar que según esa misma encuesta, cerca de un 1% de ciudadanos muestra su intención de votar a otras opciones e intuimos que habrá muchas de ellas que contengan propuestas en clara coincidencia con las nuestras. Por ejemplo hemos encontrado un plantel interesante de propuestas en Los Verdes/European greens y también alguna propuesta interesante en el partido FyV, Libertades Civiles, etc. Invitamos a nuestros lectores a evaluar y reflexionar sobre otras opciones y a remitirnos más información sobre otras candidaturas que consideren relevantes en cuanto a sus propuestas de vivienda y urbanismo.
Desde los órganos de representación de la plataforma, sus comités territoriales, comité gestor y comité interterritorial esperamos que este documento os sirva para clarificar ideas respecto a la política de vivienda de cara a unos comicios en los que nos jugamos mucho y os deseamos una feliz jornada de reflexión y una feliz jornada electoral.
El conjunto de documentos analizados se puede descargar desde:
http://www.viviendadigna.org/docs/plataformavd/plataformaviviendadigna_40_propuestas_y_programas_electorales.pdf
* PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA - marzo 2008
Los ‘negocios’ terrenales del Arzobispado de Valladolid
ELCONFIDENCIAL* : El fantasma de la especulación inmobiliaria vaga por los pasillos del Arzobispado de Valladolid. La diócesis del prelado Braulio Rodríguez Plaza podría haber cometido un delito societario relacionado con la venta de parte del patrimonio de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, una institución privada de ayuda a personas discapacitadas cuyo patronato preside el propio arzobispo.
Según una serie de denuncias presentadas por la sobrina del sacerdote que creó esta sociedad, Julia Álvarez Arregui, y por la Federación de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSC), el Arzobispado ha vendido a la compañía Promociones Parkosa el subsuelo de la sede de la fundación, un solar de 5.300 metros cuadrados en el caso histórico de Valladolid, por unos seis millones de euros, cuando un informe de tasación solicitado por los demandantes fija el valor real de los terrenos en 16,1 millones.
La presunta irregularidad en la gestión cometida por el Arzobispado, único administrador de la entidad, no sólo ha acarreado a la fundación pérdidas millonarias. Las obras que siguieron a la venta del terreno –que, según la FAPSC, no contó con la autorización del Protectorado de Fundaciones de la Junta ni cumplió el requisito legal de ser adjudicada en concurso abierto- han supuesto el derribo de varios edificios de la fundación, como las aulas de formación profesional para discapacitados, las naves para talleres ocupacionales y una residencia de minusválidos, afirman los denunciantes. En el lugar que ocupaban, la inmobiliaria Parkosa construye actualmente un aparcamiento subterráneo y proyecta erigir varias torres de apartamentos.
Según Álvarez Arregui, para hacer posible el cierre y derribo de estos centros, el Arzobispado lleva años provocando que los discapacitados abandonen la institución. “De unos 200 beneficiarios de los talleres y escuelas que había hace años quedan actualmente unos 20. Dejaron de pagar los convenios salariales por lo que los minusválidos se marcharon a otras fundaciones”, dice.
El Arzobispado desmiente las acusaciones
El Arzobispado, por su parte, niega la mayor. El abogado que representa a la diócesis, que ejerce también como letrado de la fundación, señala a este diario que sólo conoce las denuncias por la prensa, a la vez que defiende la gestión en la entidad y la venta del terreno a Parkosa. “Respecto a la actuación judicial no podemos pronunciarnos hasta que nos trasladen el tema desde el juzgado. La venta (del subsuelo de la sede) ha sido realizada en concurso restringido, con cinco o seis empresas especializadas. Se entiende que todo el dinero que se recibió debe reinvertirse en la fundación”, sostiene.
Ante las acusaciones sobre la reducción en el número de beneficiarios de la entidad, afirma que actualmente “hay menos niños a los que atender. El Estado ha ido ocupándose de la demanda que cubrían estas instituciones. El Colegio de Sordos (de la fundación) se centra ahora en discapacitados plurideficientes porque con los minusválidos se busca la integración en la sociedad. Y los talleres (ocupacionales) no otorgaban un título, digamos que han muerto de muerte natural”.
El control de la fundación
El sacerdote Emilio Álvarez Gallego creó en 1973 la fundación que lleva su nombre como una institución privada benéfico-particular, según la escritura de constitución, lo que obliga al Arzobispado a rendir cuentas de su administración ante el Protectorado de Fundaciones de la Junta, que vela por el cumplimiento de los fines fundacionales. Esta escritura de constitución también declaraba al arzobispo presidente del Patronato, circunstancia que la diócesis ha aprovechado durante años para ir nombrando patronos de su confianza –en su mayor parte, miembros del Arzobispado- hasta lograr un control absoluto sobre la institución, afirma Álvarez Arregui.
De esta forma, ha conseguido carta blanca para cerrar la venta con Parkosa. La inmobiliaria es una vieja conocida del Arzobispado de Valladolid: construyó, por ejemplo, el parking del Seminario de Valladolid y el aparcamiento de los Salesianos en Salamanca cuando Braulio Rodríguez ejercía de obispo en la ciudad del Tormes.
El escándalo ha alcanzado tales dimensiones que la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcárcel, y el presidente de la ONCE, Miguel Ángel Carballeda, se han puesto en contacto con Álvarez Arregui para mostrar “su gran preocupación por el tema”. Puede que pronto más voces se les sumen. La FASPC emitió hace días una nota de prensa para denunciar la “gestión interesada y negligente de la fundación por parte del Arzobispado” y puso como ejemplo el hecho de que en junio de 2001, poco antes de la intervención judicial en Gescartera, la diócesis retirase cerca de seis millones de euros “sin embargo, olvidó retirar los fondos de la fundación y como resultado la entidad perdió los 685.000 euros que el Arzobispado había invertido en Gescartera”.
“Desde el año pasado han ido desapareciendo (los talleres y escuelas). Los patronos han ido abandonando la función original que tenía la fundación, dicen que la demanda está cubierta pero tenemos proyectos que no quieren hacer”, señala Luis Alberto Redondo, presidente de la FASPC.
* El Confidencial - Ángel Martínez.- 29/02/2008
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Aberrante aprobación del plan general de Brunete
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* considera que la reciente publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del acuerdo del Consejo de Gobierno de aprobación del Plan General de Brunete, ha consumado de forma aberrante un proceso plagado de irregularidades y en el que tanto el Ayuntamiento de la localidad como, sobre todo, la Comunidad de Madrid han acabado por escenificar una farsa que deja una situación de vacío sin garantías jurídicas, urbanísticas ni mucho menos, medioambientales.
El Plan de Brunete aprobado da lugar a la reclasificación del 27,94 % del término municipal. Así a lo largo de las 1.367 hectáreas recalificadas se podrán edificar unas 12.000 viviendas. Según la Comunidad de Madrid, en palabras de su portavoz de hace unos días, se reducía con ello en 15.000 viviendas las previsiones iniciales. Falso, la reducción es de sólo 7.000 viviendas, ya que, como es fácilmente comprobable en el documento sometido en su día a información pública se contabilizaba en algo más de 19.000 las viviendas susceptibles de construirse.
Por otro lado, el patético intento de ofrecer la imagen de un Plan sostenible cae por su propio peso ya que los condicionantes ambientales impuestos en nada palian los graves impactos ambientales y territoriales que se generan.
El Plan aprobado mantiene todos los sectores inicialmente previstos de tal manera que, si se ejecuta en su totalidad, las nuevas casas de Brunete llegarán desde Villanueva de la Cañada hasta el río Guadarrama en la frontera con Villaviciosa de Odón. Creando una ciudad de unos 50.000 habitantes donde hoy sólo existen espacios naturales.
La reducción de edificabilidad de la que se habla no supone restringir la superficie de los desarrollos residenciales, como era de esperar, sino sólo el volumen construido. Por ello, todos los espacios que presume el Plan de proteger, como el Parque Regional y Lugar de Interés Comunitario del río Guadarrama, los montes preservados y los cauces, quedarán cercados por las construcciones y condenados a la degradación paulatina.
Por último, en esta primera valoración del Plan, hay que incidir en las irregularidades en la tramitación en las que se suceden cuestiones tan importantes como la falta de transparencia en la tramitación, la insuficiencia de los documentos hechos públicos del Plan para conocer su verdadero alcance, la falta de una información pública conforme a lo que la ley exige y la inexistencia de una evaluación ambiental conforme a la legislación europea. Para colmo, la resolución aprobatoria plantea una serie de cuestiones que dejan un margen muy amplio de interpretación de cara a la aplicación del Plan por lo que no contiene las estipulaciones normativas y resolutivas que exige la Ley del Suelo. Ello conlleva un escenario de inseguridad jurídica y de falta de garantías que parece el caldo de cultivo adecuado para que medren los especuladores y se obvien las leyes territoriales y medioambientales.
* Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid - 29 de febrero 2008
Foto: Brunete (Madrid) - brunete.org
Un estudio afirma que la vivienda en España está sobrevalorada en un 40%
ELMUNDO* : Los responsables del informe explican, a través de un comunicado, que "España ha vivido un innegable 'boom' inmobiliario desde mediados de 1998 al que han contribuido numerosos factores, desde la emancipación de la generación del 'baby boom' a las restricciones de los mercados de alquileres y del suelo y, muy especialmente, la política monetaria expansiva que sufrida desde la llegada del euro".
Los pisos en España sobrevalorados en un 40%, según concluye un estudio del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana.
El ratio que explica con mayor fidelidad el sobreprecio de las casas es la relación entre los precios de venta de las viviendas y el precio del alquiler.
A esta relación la han llamado PER, como en el lenguaje bursátil se denomina al número de veces que el beneficio neto de una empresa se encuentra incluido en el precio de cada una de sus acciones.
Con este indicador, desde el Observatorio se señala que a finales de 2007 los inmuebles españoles presentaban una sobrevaloración cercana al 40%, dado que el PER de la vivienda se situó en 32,2 frente a una media histórica, entre 1985 y 1999, de 19,5.
La subida ha resultado especialmente marcada durante los últimos diez años, periodo que coincide con ejercicios de fuertes reducciones en los tipos de interés.
Estos datos del PER de la vivienda pueden ponerse en relación con otros similares, tanto internos como externos. Así, el PER medio del Ibex 35 ha oscilado en 2007 entre 13 y 15, esto es, menos de la mitad que el de la vivienda.
En el contexto internacional, el PER de se ha incrementado notablemente durante los últimos años, todavía presenta una imagen muy inferior a la española. Así, a excepción de Mónaco, España es el país occidental con un PER más elevado en la vivienda.
Según los responsables del estudio, durante los últimos años los inversores han soportado rentabilidades del alquiler reducidas por la permanente escalada de los precios de la vivienda.
Así, los alquileres experimentarán "fuertes incrementos" en los próximos años, por la necesidad de los propietarios de compensar la menor revalorización de las viviendas en propiedad como activos. A su vez, el PER volverá a situarse en valores cercanos al 20%
Para evitar que este ajuste se produzca de forma brusca, desde el Instituto Juan de Mariana -una institución que se define como "independiente y dedicada a la investigación de los asuntos públicos"- cree que debería frenarse tanto el crecimiento artificial de la demanda como la contracción de la oferta por las restricciones actuales a la urbanización de suelo para la edificación.
El Observatorio concluye que "el precio tendrá que caer irremediablemente", hasta el punto de que "no hay que descartar un derrumbe".
* El Mundo - Agencias - 05/03/2008
Foto: Un bloque de viviendas de reciente construcción. /ELMUNDO.ES
Un juzgado suspende una licencia urbanística al alcalde de Aldea del Fresno
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MADRIDIARIO* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº8 de Madrid ha aceptado el recurso interpuesto por la Comunidad y declaró nula la licencia que permitía al alcalde de Aldea del Fresno, José Luis Tello, construir una casa en el municipio.
Este permiso había sido concedido por la primera teniente de alcalde de la localidad para que Tello construyera un edificio de seis viviendas, cinco locales comerciales y un aparcamiento en el número 19 de la calle de Madrid. La legislatura pasada otro juzgado le retiró al regidor las competencias de Urbanismo, tras comprobar que se habían cometido irregularidades en terrenos y edificios de su propiedad.
Fue entonces cuando el PSOE, al que pertenecía Tello, le expulsó del partido, lo que no fue óbice para que éste se volviera a presentar con un nuevo partido y ganara las elecciones. Al parecer, técnicos del Gobierno regional observaron que en este nuevo construccion, el alcalde había aumentado la altura de la planta de cubierta, con lo que superaba en un 45 por ciento las normas de la localidad. Además, según el diario El Mundo, se superaba el aprovechamiento real del inmueble y se incumplían los retranqueos del sótano.
Posteriormente un perito del juzgado comprobó estas infracciones y declaró nulo el decreto del alcalde y la licencia concedida para la realización de la obra. La sentencia señala que las consecuencias de la declaración de ilegalidad, por muy gravosas que sean, deberán ser asumidas por quien otorgó las licencia. José Luis Tello tiene actualmente varios procedimientos judiciales abiertos por presuntas irregularidades.
* Madridiario - 06-03-2008
Foto: madridiario.es
La Audiencia ve indicios de delito en la concesión de licencias del alcalde de Guillena
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DIARIODESEVILLA* : La Audiencia Provincial de Sevilla ha visto indicios de delito en la concesión de licencias por parte del alcalde de Guillena, Justo Padilla (PSOE), para la construcción de unas naves industriales en suelos (en un lugar conocido como 'El Cerro') que estaban considerados como zonas verdes, lo que, según el juez, se hizo con "pleno conocimiento de su irregularidad".
En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el juez desestima por tanto un recurso interpuesto por el regidor guillenero contra otro auto dictado por el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, en el que se acordaba seguir unas diligencias por un delito de prevaricación.
De esta manera, la resolución judicial expone que no se puede "obviar" el hecho de que el acusado, "por llevar como alcalde de dicha Corporación una etapa suficientemente prolongada", tiene que tener "los mínimos y esenciales conocimientos de cómo se han de tramitar los expedientes administrativos" para la concesión de licencias urbanísticas.
En esta línea, el juez explica que Justo Padilla otorgó tales licencias "haciendo caso omiso y obviando informes técnicos desfavorables" a la citada concesión.
En cuanto al recurso de apelación interpuesto por Padilla, que alegaba la falta de motivación de la resolución, el magistrado apunta que el auto recurrido "está suficientemente motivado", ya que en él "se hace el correspondiente relato de hechos e identificación del presunto responsable".
Padilla se enfrenta por estos hechos a casi cuatro años de prisión y a ocho años de inhabilitación especial por tres presuntos delitos de ordenación del territorio --prevaricación especial--, condena que solicita la Fiscalía de Medio Ambiente en su escrito de acusación provisional.
Los hechos, según la denuncia presentada por la acusación particular, ejercida por el grupo municipal de IU-Nueva Izquierda-Unidad Popular Andaluza, se remontan a abril de 2002 cuando se otorgaron mediante decreto de Alcaldía licencias urbanísticas para realizar obras de construcción de 21 naves en el polígono industrial 'El Cerro', según a "existir informes desfavorables a dicha concesión del secretario y el arquitecto municipal", por considerar que "el otorgamiento de la licencia exigía previamente la modificación de la calificación del suelo", al tratarse de zona verde.
* Diario de Sevilla - 06.03.2008
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info
La Fiscalía investiga a dos ex concejales del PP de Benicàssim por prevaricación
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LEVANTE/Castelló* : La Fiscalía de Castelló ha abierto diligencias de investigación penal por un supuesto delito de prevaricación contra los ex concejales del PP del Ayuntamiento de Benicàssim Rubén Bellido y Susana Marqués, tras la denuncia presentada por la asociación Ciudadanos de Benicàssim por supuestas irregularidades en la aprobación de un plan urbanístico.
Según han informado a EFE desde la citada asociación, el anterior equipo de Gobierno, cuyo alcalde era el recientemente fallecido Manuel Llorca, aprobó la unidad de ejecución UE-12 sin contar con el informe preceptivo de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), sin el cual "no se puede aprobar el proyecto".
Además, según un documento emitido por Fomento Benicàssim Aguas Potables S.A., de 8 de septiembre de 2004, "con las infraestructuras hidráulicas existentes para abastecimiento -en la zona- no hay capacidad suficiente para abastecer los nuevos sectores urbanísticos" que se planean desarrollar en el municipio.
La aprobación contaba con otra irregularidad más, según señalan desde la asociación, ya que "las obras de acceso a la unidad incrementaban de manera increíble el coste el proyecto inicial, de 300 millones de pesetas a 1.000, cuando la ley sólo permite un aumento del 20 por ciento".
El escrito de la Fiscalía acuerda notificar a los denunciados -el ex alcalde Manuel Llorca, ya fallecido; el ex concejal de Urbanismo Rubén Bellido; la concejala alcaldesa en funciones, Susana Marqués; el secretario municipal, Maximiliano Calles; y el jefe de la sección de Planeamiento, Iván Chermá, "el resultado de la investigación, sin que puedan personarse en las presentes diligencias".
El Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón) ha confirmado que ya ha recibido la notificación de la Fiscalía de la investigación iniciada por presunta prevaricación, aunque la concejala de Urbanismo del actual equipo de Gobierno del socialista Francesc Colomer ha asegurado que desconocen los hechos denunciados.
Al ser preguntada por la unidad de ejecución que ha motivado la denuncia, ha asegurado que cuando llegaron al Gobierno municipal "la UE-12 tenía técnicamente todos los informes favorables".
En las misma zona, el actual Gobierno local construyó un colector que "complementa el proyecto de urbanización y lo mejora", dado que la zona "es altamente inundable", según han apuntado desde la asociación denunciante.
* Levante-EMV - EFE - 06 de marzo de 2008
Foto: UNIDAD POLÉMICA. Panorámica de la Unidad de Ejecución 12, que comprende terrenos desde el colegio Santa Águeda y la estación hasta la N-340 /antonio pradas, levante-emv.com
El Algarrobico: Una espera demoledora
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PÚBLICO/Almería* : "Se le ha borrado la i", dice con una sonrisa Miguel García Maldonado, técnico responsable de la obra del hotel El Algarrobico, mientras señala la fachada del edificio, en la que se puede leer: hotel legal. En julio, activistas de la ONG Greenpeace desembarcaron en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y asaltaron el hotel, convertido en un símbolo del urbanismo más atroz, para pintar en su fachada una denuncia: ilegal.
La i desapareció a las pocas semanas bajo una capa de pintura blanca. "¿Quién habrá sido?", insiste, socarrón, el aparejador contratado por la promotora Azata del Sol.
Oficialmente, no hay responsables de la contrapintada. Nadie puede mover una brocha en el edificio ya que, desde febrero de 2006, las obras están paralizadas por mandato judicial. Según el criterio del Ministerio de Medio Ambiente, ratificado por la Audiencia Nacional, la mitad del hotel invade los 100 metros de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con la actual Ley de Costas. El Algarrobico, además, se encuentra en suelo protegido, en la misma playa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en la que se rodó la toma de la ciudad de Aqaba en la película Lawrence de Arabia.
Aquella medina de cartónpiedra por la que cabalgaban Peter O'Toole y Anthony Quinn desapareció tras el rodaje del filme, en 1962, pero derribar los 65.000 m3 de hormigón armado de El Algarrobico no va a ser tan sencillo. Además de las toneladas de escombros y basura que se acumulan en el interior, las administraciones se enfrentan a un complejo embrollo burocrático y judicial en el que nadie tiene las manos completamente limpias.
El hotel, de 21 plantas y 411 habitaciones, se ha asomado al Mediterráneo gracias a la permisividad de la Junta de Andalucía, los titubeos del Ministerio de Medio Ambiente y, sobre todo, el apoyo del Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, que concedió a Azata la exención de tasas e impuestos municipales para la construcción del hotel.
Las versiones de las diferentes partes rara vez coinciden. Quizás por ello, una frase de Lawrence de Arabia circula por Carboneras: "Puede que exista el honor entre los ladrones, pero no entre los políticos".
Para la responsable de la campaña de costas de Greenpeace, María José Caballero, en este proceso no hay inocentes: "La Junta de Andalucía ha faltado a la verdad porque ha tratado de ocultar que el paraje de El Algarrobico es un sitio protegido. El Ministerio de Medio Ambiente, por su parte, permitió construir en una zona en la que se estaba deslindando y el Ayuntamiento de Carboneras ha sido el que más ha mentido, con diferencia".
Para la activista, "el actor que menos culpa tiene aquí es la promotora Azata, que tenía licencia". Durante el día de ayer, ni el alcalde ni ningún edil de Carboneras contestó a las preguntas de Público.
La foto de la victoria
A pesar de su actitud errática en el proceso, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, ha convertido el acoso judicial a El Algarrobico en la divisa de su legislatura. En los cafés de Carboneras, se dice que la demolición del hotel es para Narbona lo que la retirada de las tropas de Irak fue para Zapatero. Algunos, incluso, no descartan la foto antes del 9 de marzo.
El portavoz de la promotora, Antonio Baena, es contundente: "Si Narbona quiere hacerse una foto, tendrá que llegar a un acuerdo con nosotros y serán los contribuyentes los que tendrán que pagar esa imagen". Baena coincide con la postura de Greenpeace: "La madre del Algarrobico es Azata, pero los padres son el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía al alimón", sostiene.
En su opinión, "más que tirar hoteles, la Comunidad andaluza necesite que se visiten". En este aspecto, su discurso repite el del alcalde de Carboneras, el socialista Cristóbal Fernández. Ambos dibujan un pueblo sin agricultura, a causa de las restricciones del Parque Natural, con los pescadores de bajura en el paro, un sector de la construcción en crisis y una industria que ha tocado techo. "Carboneras es la cenicienta de Almería y si derribas El Algarrobico, tiras abajo todo el proyecto turístico", advierte Baena. Su propuesta es quimérica. "Nosotros queremos seguir adelante y construir los otros siete algarrobicos que contemplaba el plan inicial en una segunda línea de playa", apunta.
La presidenta de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, María del Mar Ruiz, niega la mayor. "Carboneras es una localidad potente, tiene una desaladora, una cementera y una central térmica", replica. "No necesitamos hoteles como El Algarrobico, lo que queremos es que esto no ocurra nunca más. Aquí hay un lío tremendo que es necesario esclarecer cuanto antes", añade.
El Algarrobico se ha visto envuelto en dos años en un intrincado laberinto legal
Julio de 1988
Entra en vigor la nueva Ley de Costas, que sustituye a la de 1969. Según la promotora Azata, antes de su puesta en marcha, solicitan la aprobación de El Algarrobico.
Diciembre de 1994
El 75% del término municipal de Carboneras pasa a formar parte del Parque Natural de Cabo de Gata.
Junio de 1999
Azata compra los terrenos a las sociedades Río Alías y Parque Club Algarrobico, participada por la Junta de Andalucía.
Octubre de 2001
Azata se beneficia de la exención de tasas e impuestos municipales para la construcción del hotel.
Mayo de 2003
Empiezan las obras del hotel.
Septiembre de 2005
El alcalde de Carboneras, el socialista Cristóbal Fernández, afirma que El Algarrobico es legal porque está "en suelo urbano".
Febrero de 2006
El Ayuntamiento de Carboneras paraliza las obras por mandato judicial.
Mayo de 2006
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anuncia la demolición.
Enero de 2007
La Audiencia Nacional impone una franja de servidumbre de 100 metros para El Algarrobico. Además, el paraje de El Algarrobico pasa a ser público y no urbanizable gracias al nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Cabo de Gata.
Julio de 2007
Activistas de Greenpeace escriben la palabra ilegal con letras gigantes en la fachada del hotel.
Agosto de 2007
La promotora pide 300 millones de euros para pactar la expropiación del hotel.
* Público - MANUEL ANSEDE - Almería - 06/03/2008
Foto: Vista del hotel en construcción ayer. - Francisco Bonilla, publico.es
NOTICIA RELACIONADA: No hay acuerdo entre la promotora y las administraciones - Público 06/03/2008
'El Pocero' de Fuenlabrada vuelve a la carga
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ELMUNDO/Madrid* : Cuando las promotoras y constructoras retiran sus grúas, el 'Pocero' de Fuenlabrada, el 'otro Pocero', quiere poblar el sur madrileño de ellas. "Se marchan porque dicen que la gente no compra ahora sus pisos, pero voy a demostrar que se siguen vendiendo si se ofrecen a precios razonables”, explica José Moreno, también conocido como ‘El Pelucas’.
De momento ha solicitado la complicidad de los alcaldes de hasta nueve localidades, a los que se ha dirigido por carta para proponerse a construir en estos municipios viviendas a precio de coste siempre que la repercusión del precio del suelo no supere los 18.000 euros.
Los ediles de Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Parla, Fuenlabrada, Moraleja, Humanes y Griñón recibieron el pasado mes de enero una misiva en la que se explicaban los detalles de la propuesta y, de hecho, con cuatro de ellos (Parla, Moraleja, Móstoles y Alcorcón) ya han comenzado los contactos.
Su iniciativa contempla la construcción de promociones de alrededor de 300 viviendas de dos y tres dormitorios, con unos 70 u 80 metros habitables a unos precios que oscilarían entre los 110.000 euros para las casas de dos habitaciones y los 120.500 euros para las de tres.
"En realidad éste sería el precio máximo, ya que podríamos abaratarlo hasta en 12.000 euros, y ese excedente se utilizaría para otras mejoras", comenta.
Otra de las ventajas que propone es sortear el pago de entradas que puedan intimidar a los más jóvenes. “Sólo serían necesarios 2.500 euros y letras mensuales de 500 euros hasta al entrega de llaves, porque ya hemos encontrado financiación con una caja de ahorros sobre el 95% del suelo”.
José Moreno también ha sellado un acuerdo con la constructora Fomento de Construcción y Contratas para la ejecución de todas estas promociones.
Asegura que todo el mundo sabía que la construcción estaba abocada a entrar en la crisis actual por el “enloquecido” incremento de los precios. “Si en Fuenlabrada muchas empresas han bajado el precio de sus pisos hasta en 10 millones de pesetas (60.000 euros), que margen de beneficio no tendrían”, argumenta.
Su vida cambió cuando elmundo.es le sacó del anonimato hace un año. Desde entonces ha recorrido España y ha recibido llamadas de medio mundo, desde México a EEUU, pasando por Holanda o Venezuela. Incluso agrupaciones de 'okupas' de Barcelona se han acercado a él para conocer su modelo. “Me han pedido casas en todos sitios, pero yo no tengo ninguna fórmula secreta más allá de mi honradez: Mientras unos quieren ganar un 12%, yo me conformo con un 3%”.
Por último, también quería hacer extensivo este ofrecimiento a los principales candidatos a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, con los que le gustaría reunirse para animarles a trasladar este modelo a toda España. “Es algo posible que, además, seguiría dinamizando el mercado de la construcción con lo que esto supone para la economía. Y es que todavía hay mucha gente que necesita comprarse una vivienda”.
* El Mundo - VICENTE RUIZ - 05/03/2008
Foto: José Moreno frente a una de sus construcciones en Fuenlabrada / Julio Palomar, elmundo.es
Algorfa: El PGOU prevé recalificar suelo de la familia del ex director de la Vivienda
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INFORMACIÓN/Alicante* : El concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Algorfa contempla la recalificación a urbanizables de un total de 2.300.219 metros cuadrados de suelo propiedad de las mercantiles Samaguil SA, del empresario oriolano cercano al PP Domingo Alcocer, y Cuchetto SL, perteneciente a la familia política y a la esposa del ex director director general de Arquitectura y Vivienda, José María García Zarco.
Los terrenos se sitúan entre el sector III la Rellana y la carretera CV-935 lindando con el campo de golf La Finca, que fue construido sin ningún tipo de licencia ni autorización por la empresa Urbanizadora Villamartín S.A. y legalizado una vez construido por el Gobierno Valenciano cuando Zarco era responsable de la Conselleria de Urbanismo y el conseller, José Ramón García Antón, quien continúa dirigiendo esta Conselleria.
El proyecto contempla un índice de edificabilidad bruta de 0,21 m2/m2 con la cual serán construidas, si el proyecto prospera, unas 5.000 viviendas de las 13.751 que contempla el PGOU y que incrementará la población actual de Algorfa en 28.878 habitantes .
En el Registro Mercantil de Alicante figuran como administradores y cargos sociales de la mercantil Cucheto Francisco Asís y María Dolores Ballester Carreras hermanos de la esposa de José María García Zarco, María Teresa Ballester Carreras
María Teresa Ballester es fundadora de la empresa Cucheto SL, según el Registro Mercantil de Alicante y adquirió junto a la firma Samaguil SA de Domingo Alcocer los terrenos de la la finca La Rellana en marzo de 2000, cuando el campo de golf estaba siendo construido sin ningún tipo de licencia o autorización.
Los terrenos de Samaguil SA y Cucheto SL, calificados actualmente como como rústicos, lindan con los terrenos de Urbanizadora Villamartín SA, donde fue construido un campo de golf ilegal.
José María García Zarco, en declaraciones a este periódico, señaló que "desconoce" el contenido del concierto previo del PGOU de Algorfa y la propuesta de recalficación de los terrenos de sus familiares. Sobre este aspecto dijo que "puede ser (...) no he visto el concierto previo".
El ex responsable de la Consellería dijo que "a día de hoy esos terrenos son suelo no urbanizable y no hay nada firme; no se sabe lo que será de ese suelo". Con todo, apostilló que "tiene separación de bienes" con su esposa, que "es la que tiene parte en la empresa" Cuchetto. Y reseñó que "estoy cinco años fuera de la política".
Una norma que revalorizó los terrenos
La Conselleria de Urbanismo, dirigida en el año 2000 por el actual conseller, paralizó ese año las obras del campo de golf de Algorfa al ubicarse "en suelo no urbanizable" y sin contar con la "previa declaración de Interés Comunitario, ni licencia municipal". Al año siguiente Urbanismo aprobó la homologación de las Normas Subsidiarias de Algorfa, quedando legalizado. Este hecho produjo una revalorización de los terrenos lindantes propiedad de Samaguil y Cuchetto.
* Información - E.D.G. - 05 de marzo de 2008
Foto: Algorfa (Alicante) - convega.com
El fiscal de Jaén pide la demolición de 9 chalés ilegales
ELPAÍS* : La Fiscalía mantiene su petición de demolición para nueve chales construidos en suelo rústico no urbanizable en el paraje de Los Bermejales de Jaén. "Se ha dejado hacer por activa y por pasiva hasta llegar a una situación irreversible", señaló el fiscal de Medio Ambiente, José Ignacio Fernández-Amigo, durante el juicio celebrado ayer a nueve propietarios de los chalés, un constructor y el presidente de una comunidad de vecinos.
El fiscal recalcó que las construcciones han invadido el dominio público hidráulico y vías pecuarias. Sin embargo, los abogados de los imputados rechazaron la demolición al presentar un informe de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento jiennense donde se indica que ese suelo "es susceptible" de ser legalizado en el nuevo Plan General de Ordenación Urban. Además, señalaron que se trata de una urbanización con más de 100 viviendas, de las que la mayoría se ha beneficiado de la prescripción y de que los acusados han estado pagando la contribución urbana .
* ELPAIS.com - GINÉS DONAIRE - Jaén - 06/03/2008
Foto: Jaén, vista - artearqueohistoria.com
El precio de la burbuja: La descalificación de los movimientos sociales
DENUNCIAS POR VIVIENDA* : Los movimientos sociales que han defendido la existencia de una burbuja inmobiliaria en España fueron reprimidos y ridiculizados y silenciados de diferentes modos: primero se detuvo a gente -en total, 21 compañeros y compañeras- que participaba en las sentadas, desanimando la participación ciudadana por medio de la represión político - policial tradicional; después se negaron sus argumentos por el abusivo método de descalificarlos como "niñatos o niñatas" cuyo resentimiento nace de la frustración de saberse 'perdedores' en la competición del gran Capital...
...después se dedicaron a la desinformación o la ocultación de las acciones que llevaban a cabo, a la copia y adulteración de sus contenidos, desactivando la crítica y desanimando, de nuevo, a la participación o la inclusión en sus programas grapados de edulcaradas medidas que proponen propinas para que todo siga igual; por último, estos pseudodemócratas que se educaron, mayormente, en una dictadura fascista, la del general Franco, se dedicaron a colar 'estupas' en las Asambleas populares que actuasen como 'topos' o abortaran en el momento oportuno las acciones.
Quienes protestábamos se encontraban ante la espantosa burbuja inmobiliario-financiero-política y la indiferencia social, la abulia propia de una sociedad atomizada, o a la clara animadversión del poder y sus secuaces.
Quienes protestábamos se encontraban con nuestras vidas cegadas por esa monstruosidad creada, fundamentalmente, por la codicia de la banca blindada ante una sociedad amorfinada -televisión, fútbol y cocaína, la "santísima trinidad novoespañolista"-; la miopía de una clase politica con magros escrúpulos y no demasiadas luces y la avaricia sin mayor fundamento que su solo bienestar de la clasecilla inmobiliario-empresarial, que descata en figuras como el señor Jové, que en cincuenta años ha pasado de 'paleta' del andamio a plutócrata con sillón en Consejo de Administración -posee, entre otras riquezas, el 5% del BBVA, uno de los bancos grandes de Europa, el segundo de España- por el implacable método del ladrillo y la destrucción medioambiental. Pronto tendrá estatua en algún parque.
Este clima asfixiante forma parte del país, y así lo vemos quienes nos opusimos (y nos oponemos) a la opinión de la mayoría, a los que se dejan llevar por la corriente bajo el discurso 'burbujista' de aquí se vive mejor que nunca. Nosotros éramos los catastrofistas y ellos los bienpensantes. Como siempre. Ahora toca que paguemos los de siempre los excesos de unos cuantos y la estupidez generalizada por hache o por be.
* denunciasporvivienda.blogspot.com - marzo 05, 2008
El promotor con más pisos ilegales en Marbella niega que pagara a Roca
SUR/Málaga* : El promotor José Ávila Rojas, responsable de la construcción de la mayor parte de las viviendas ilegales en Marbella, no se ratificó ayer en sus declaraciones anteriores de julio de 2006 y mayo de 2007 ante el juez del 'caso Malaya'. Durante su comparecencia indagatoria por esta causa, el empresario señaló que en aquel entonces se encontraba «presionado», según fuentes de las defensas.
En su declaración, Ávila Rojas afirmó a Óscar Pérez que «sólo» entregó dinero a Roca por sus relaciones comerciales y no para el pago a los ex concejales del Ayuntamiento de Marbella. Sin embargo, en su testimonio de mayo de 2007, el promotor destacó que dos días antes de la detención del ex asesor de Urbanismo «se vio obligado a entregarle 150.000 euros para que le dieran tres licencias de primera ocupación». A lo que añadió que Roca le comentó que le pedía tal cantidad «porque lo necesitaba para poder pagarle a los concejales».
El promotor subrayó ayer que siempre ha sido una persona de negocios honrada y, de repente, se vio involucrado en esta causa. Además del empresario, ayer también compareció el constructor cordobés Rafael Gómez, quien ratificó su primera declaración y aseguró que Roca «nunca» le ha pedido dinero a cambio de favores en el Consistorio marbellí.
ÁVILA ROJAS
1 de julio de 2006
Afirma que Roca nunca le ha pedido dinero por firmar algún convenio o concederle alguna licencia u otro acto administrativo. Niega que tengan negocio en común.
28 de mayo de 2007
Aclara que Roca le dijo que le pedía 150.000 euros para poder pagarle a los concejales. Dice que el ex asesor era insaciable.
* Sur - 05.03.08 - M. P.
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Varias organizaciones advierten de que las normas urbanísticas de Lastras esconden un complejo residencial
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EUROPAPRESS/Segovia* : Las asociaciones Centaurea, Ciudadanos por Segovia, Ecologistas en Acción/La Vereda y CC.OO. de Castilla y León advirtieron hoy que el proyecto de las normas de planeamiento municipal de la localidad segoviana de Lastras del Pozo "esconde un complejo residencial y de ocio, con campo de golf, en la finca de San Pedro de las Dueñas, que tiene varias figuras de protección medioambiental".
Según un comunicado de estas asociaciones recogido por Europa Press, el proyecto de nuevas normas urbanísticas ha sido promovido y financiado por la empresa Hacienda Ecuestre, S.L. propietaria de la finca de San Pedro de las Dueñas, donde se ubica la Yeguada Centurión
Asimismo, las asociaciones aseguraron que el proyecto de nuevas normas "esconde un macro complejo residencial y de ocio, con campo de golf, en la finca de San Pedro de las Dueñas cuya materialización tendría un impacto muy negativo" para diversas especies protegidas en peligro de extinción y en hábitats de gran valor ecológico, pertenecientes a la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
El proyecto "vulneraría" ampliamente la legislación urbanística y medioambiental de Castilla y León y Estatal, según las asociaciones, quienes han presentado alegaciones contra este proyecto de nuevas normas urbanísticas.
Lastras del Pozo cuenta con una población de 83 habitantes, que viven casi en su totalidad en el núcleo urbano principal del municipio. La evolución demográfica del municipio se caracteriza por un profundo estancamiento (desde el año 1991 hasta el 2005 se han mantenido 83 personas censadas) y por lo tanto "no hay justificación para ampliaciones sustanciales del suelo urbano y urbanizable, como se pretende en este proyecto de nuevas normas", según las asociaciones.
Éstas, aparte de proponer nuevo suelo urbano en torno al casco urbano de Lastras, contemplan un nuevo sector de Suelo Urbanizable Delimitado denominado 'sector San Pedro de las Dueñas' Con una superficie total de 99,15 hectáreas.
En concreto se plantea construir un nuevo enclave que constaría de 341 viviendas (230 en bloque, 111 unifamiliares), un Apartotel junto al Monasterio (que consistiría en 230 bungalows), entre otras instalaciones.
* Yahoo Noticias - Europa Press - 04.03.2008
Foto: Lastras del Pozo (Segovia), torre - obrasocialcajasegovia.com
Calahorra: MCA-UGT califica de «pelotazo urbanístico» el 'caso Moreno'
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ELCORREO/LaRioja* : MCA-UGT de La Rioja considera que la recalificación a suelo urbano y residencial de los terrenos en los que se instalaba la empresa constituye «un 'pelotazo urbanístico' de primer orden, no conocido hasta la fecha en Calahorra, consentido y aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad, con mayoría del PP».
Y aunque el sindicato «no valora si se ha realizado con buena o mala fe, se trata de la primera vez, que tenga conocimiento, de que un Ayuntamiento intenta sacar de una crisis económica a una empresa».
La Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT de La Rioja expresó ayer su malestar por «los acontecimientos generados en torno al expediente de regulación de empleo, presentado el pasado 26 de noviembre de 2007 por la empresa Envases Metálicos Riojanos Moreno, instalada en Calahorra y que afectó a 48 trabajadores de plantilla y otros 35 de empresas de trabajo temporal».
MCA-UGT también quiso desmentir ayer que se hayan dado otros casos similares. «En los casos de Metalcolor, Vigas Mazo o Francisco Moreno se trataron de traslados de ubicación sin ningún trauma y para crecer en número de trabajadores.
Y, sobre todo, sin una especulación urbanística y sabiendo cuándo, cómo y a qué se iba a dedicar en el futuro empresarial, muy diferente a la forma en la que se ha procedido con Envases Metálicos Riojanos Moreno, que ha anunciado que no se va a dedicar a la fabricación de botes, pero no se conoce cuál es el proyecto industrial».
Cierre anunciado
El equipo de Gobierno, continúa MCA-UGT, « aseguró que si no se firmaba el convenio la empresa estaba abocada al cierre y, a pesar de todo, se cerró. Y aseguró que el convenio recogía que se mantendrán los máximos puestos de trabajo posibles y, sin embargo, no tuvieron en cuenta a 35 trabajadores de empresas de trabajo temporal».
Por eso, «visto el trato de favor del Ayuntamiento hacia esta empresa, MCA-UGT anima a todos los empresarios con dificultades a que acudan al Ayuntamiento en busca de ayuda para salir de la crisis».
* El Correo Digital - 05.03.08 - G. MEDEL
Foto: RECALIFICACIÓN. Vista de las naves que ocupaba la empresa Envases Metálicos Moreno. / G. MEDEL, elcorreodigital.com
Castilla sin castillos
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PÚBLICO/Burgos* : Visto y no visto. Los castillos desaparecen en Castilla. No se trata, sin embargo, de ningún fenómeno paranormal. Lo explica muy bien César Serna: “Los vecinos ven ahí la torre, abandonada, que no sirve pa nada. Compran el terreno por cuatro perras, tiran la torre y se llevan las piedras para construir chalés”. César, 75 años, es el último habitante de Andino, una localidad con una iglesia en ruinas, un corral en ruinas, un chamizo en ruinas y la casa de César.
Ya no está, pero no hace mucho se levantaba allí mismo el Palacio fortificado de Andino, una construcción del siglo XV. “Era una torre que no la hay en toda la comarca. Venía gente a verla y le hacían fotos. No sabías nada, como siempre estuvo ahí, no le dabas importancia. Lo tiraron hace 15 años, un señor de Bilbao. Un día llegaron unas grúas y unos camiones y se llevaron las piedras pa Villarcayo. Tenía unas piedras extraordinarias, que llamaban la atención”, relata César. Y repite, como si las estuviera viendo: “Unas piedras extraordinarias”.
La torre perteneció en el siglo XV a Pedro Gómez de Andino, camarero de Enrique IV, rey de Castilla. Símbolo de poder y autoridad, servía de residencia al señor del feudo, que recaudaba allí mismo las rentas de los campensinos. “Es un trozo de historia y aquí ni se sabía. ¿Cómo no me va a dar pena?”, lamenta César, “si lo llego a saber la compro yo”.
No es un caso único. Otros dos castillos de la provincia de Burgos incluidos como Bienes de Interés Cultural desde 1949 –Torre de Zuñeda y el castillo de Tobar– ya no existen, según un estudio de la Universidad de Burgos. En otros casos los restos son mínimos o el deterioro es irrecuperable.
“Hay guías turísticas que te mandan a Zuñeda para ver una torre y te encuentras que no hay nada”, cuenta Miguel Moreno, director de la investigación. “Se tiran por ignorancia”, continúa, “esta provincia es muy grande, 371 municipios, y despoblados la mitad”.
Destrucción y calma
Lo peor no es que te destruyan. Lo peor es que te destruyan sin resistencia y en el olvido. Que pasen lustros, décadas, y tenga que ser un investigador del futuro el que certifique tu defunción. “Supongo que ocurre bastante, también en otros sitios. No sólo castillos. Fray Valentín de la Cruz tiene todo un libro dedicado a los monasterios desaparecidos en la provincia de Burgos”, revela Miguel Moreno.
Antes de ser descuartizados, torres y castillos sufren su particular calvario. Como en Zuñeda, otro pueblo perdido de Burgos, situado en una depresión entre Briviesca y Pancorbo. “¿El torrejón? Estaba medio en ruinas. No se le prestaba ninguna atención. El dueño metía paja y gallinas. Poco más”. Quién habla es Alejandro, 55 años, uno de los 20 vecinos del pueblo. Zuñeda vivió tiempos de esplendor: por allí pasaba el Camino de Santiago –como lo demuestran las flechas amarillas estampadas en las calles– y su nombre es habitual en las crónicas y relatos de los viajeros. “Ahora no tenemos ni bar”, lamenta Alejandro.
La torre la tiraron hace ocho años. Llevaba en pie 500. “Les estorbaba las vistas”, cuenta Alejandro. Su historia se remonta al año 1527, cuando Leonor de Aragón, hija de Alfonso de Aragón, se la vendió a Andrés García Escudero, un vecino de Zuñeda. Los actuales habitantes de la localidad, ajenos a casi todo, desconocían el valor histórico de su torrejón. Son como fantasmas incomunicados en un pueblo de casas vacías, condenado a la desaparición. Les une la misa, aunque sólo sea físicamente. “A misa sí que vamos todos, aunque luego no podemos ni vernos”, suelta Alejandro.
De castillo a chalé
En la otra punta de la provincia de Burgos, lindando con Palencia, está Vizmalo. Lucio Álvarez, de 64 años, pasea por sus calles como si fuera el salón de su casa. Es un pueblo, claro. Al mostrarle la foto de la antigua Torre fuerte, suelta una exclamación: “¡Cagüen Dios! Pues no la recordaba yo tan alta”.La torre se ha convertido en un chalé muy apañadito (ver foto de la izquierda). “¡Si es que falta la mitad!”, vuelve a exclamar Lucio.
Es viernes por la mañana y en las calles sólo hay perros tumbados al sol. Lucio no recuerda las circunstancias que condujeron a la desaparición de la torre, que data del siglo XVI: “Sólo sé que murió uno. Cayó desde el cuarto piso cuando estaban quitando las piedras de arriba. Quién sabe más de eso es la María Jesús”.
La María Jesús vive enfrente de la antigua Torre fuerte. Su familia es la propietaria de las casas adyacentes, que antiguamente correspondían al Palacio de los Señores de la Villa. “La torre la tiró el abuelo de Rafa, mi marido, que se la había comprado al Conde Encinas”, cuenta María Jesús, “han hecho muchos arreglos y la han dejado muy bonita por dentro”. Castillos en el siglo XV, chalés de lujo en el XXI. Caprichos de la historia.
* Público - JESÚS MIGUEL MARCOS - 04/03/2008
Foto: La torre se convirtió en chalé en Vizmalo. FÉLIX ORDÓÑEZ, publico.es
El Puerto: El ex edil de Urbanismo 'legalizó' de su puño y letra viviendas ilegales por "silencio"
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DIARIODECÁDIZ* : Siguen surgiendo nuevas presuntas irregularidades cometidas por los anteriores dirigentes de Independientes Portuenses en El Puerto. Este diario ha podido saber que el ex edil de Urbanismo de la anterior legislatura, Juan Carlos Rodríguez, llegó a comunicar de su puño y letra a dueños de viviendas edificadas sin licencia la regularización del inmueble por "silencio administrativo", esto es, por no haber resuelto en tiempo y forma la petición de legalización.
En concreto, en el caso del documento que se reproduce en esta información, se trata de una vivienda edificada en la zona de Altos del Berbén, clasificada en el actual Plan General Vigente en El Puerto como suelo no urbanizable. En el documento adjunto Rodríguez Álvarez comunica al interesado que "estando en tramitación a instancia suya en este Ayuntamiento expediente de legalización de vivienda ... , habiendo tenida entrada su solicitud en el Registro General .... y habiendo transcurridos los tres meses para resolver que establece el artículo 172 5º de la Ley 7/02 de Ordenación Urbanística de Andalucía, mediante el presente escrito se le comunica que, en los términos previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, se considera otorgada la citada legalización".
Letrados consultados por este diario han asegurado que esta práctica sería presumiblemente contraria a ley toda vez que no podría "confirmarse lo que no es legalizable", a saber, la regularización de una vivienda edificada en suelo no urbanizable. Y es que, según explican, en casos como el que se recoge en esta información, el de esta vivienda construida en la zona de Altos del Berbén, no puede aplicarse el silencio positivo que sí rige para otros casos de la gestión de la Administración. Porque estos expertos aseguran que siempre que se trata de una obra en suelo no urbanizable, aunque desde el Ayuntamiento no se haya dado respuesta a la solicitud realizada planteando la regularización, "obligatoriamente debe acometerse un procedimiento de revisión de licencia" por parte del Ayuntamiento.
Es de hecho lo que ha ocurrido hace escasa fechas. En una de las últimas reuniones celebradas por la Junta de Gobierno Local, se concedió una licencia por silencio administrativo. Pero en el acuerdo, según ha podido saber este periódico, se recogió expresamente que se iniciase el procedimiento de revisión de la licencia por ser contraria a la normativa. En concreto, el caso aludido era una segregación de parcelas del pago Alhaja.
Esta comunicación rubricada por el ex edil de Urbanismo regularizando una vivienda por silencio se suma a otros casos similares y al centenar largo de decretos de legalización firmados en la mayoría de los casos por Rodríguez y en otros, por el ex alcalde Hernán Díaz, que el PP de El Puerto está pendiente de enviar a Fiscalía. La edil Patricia Ybarra explicó ayer que aún no se han enviado por las dudas jurídicas surgidas ante la posibilidad de que, al revocar licencias, los beneficiarios puedan reclamar daños y perjuicios. Los expertos consultados por este diario no albergan dudas: nada pueden pedir si no han actuado con buena fe.
* Diario de Cádiz - R. Romero - 04.03.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
El TSJC anula una licencia concedida para un hotel de 600 plazas en Costa Teguise
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CANARIAS7/Lanzarote* : La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió el pasado mes de enero una sentencia que estima el recurso presentado por la Fundación César Manrique contra la licencia otorgada el 19 de mayo de 1999 por el Ayuntamiento de Teguise...
... y la posterior prórroga el 4 de diciembre de 2001 a la entidad mercantil Armadores de Puerto Rico S.A. para la construcción de un hotel de cuatro estrellas con 322 habitaciones y 599 plazas alojativas en la parcela 210 del Plan Parcial Costa Teguise.
La sentencia vuelve a incidir en los criterios seguidos por anteriores fallos y señala que para concederla era necesario recabar un informe preceptivo y vinculante de compatibilidad con el PIOT por parte del Cabildo. Como cita la propia sentencia, “no son necesarios grandes esfuerzos interpretativos para deducir que el informe del Cabildo, en la situación del municipio de Teguise en la fecha del procedimiento administrativo, hacía inviable el otorgamiento de la licencia sin ese informe previo, vinculante y preceptivo".
Además, la sentencia del TSJC vuelve a citar la ausencia de los correspondientes informes municipales técnico y jurídico: “En el caso, además del informe jurídico, falta también el informe técnico, que junto con el anterior es precisamente la garantía de la puesta a disposición del órgano encargado de resolver de los criterios para el ejercicio de su competencia de control de la legalidad de la actuación urbanística, eso es, de la justificación de que dicha actividad se ajusta o no a la legalidad y al planeamiento urbanístico y territorial".
El Tribunal es contundente al afirmar que “lo expuesto supone la constatación de irregularidades invalidantes en el procedimiento de tal calado (ausencia de informes preceptivos de los servicios municipales y de informes preceptivos y vinculante del Cabildo) que permite concluir que, en realidad, no existió procedimiento y que debe declararse la nulidad de pleno derecho de la licencia otorgada, lo que conlleva la nulidad de su prórroga".
Además, la sentencia afirma que “el proyecto no podía ser autorizado pues supera la capacidad edificatoria de alojamiento turístico asignada al conjunto del Plan Parcial Costa Teguise no adaptado al PIOT de 1991, que en el momento de la concesión de la prórroga había rebasado el límite previsto para 1996-2000".
Con este fallo ya son trece los procedimientos interpuestos por la Fundación César Manrique contra licencias otorgadas por los Ayuntamientos de Teguise y Yaiza que han sido estimados por los tribunales en los últimos años.
* Canarias 7 - ACN Press
Las Palmas de Gran Canaria - 04/03/2008
Foto: Teguise (Lanzarote), vista aérea costa - diariodelanzarote.com
