LAOPINIÓN/Almería* : La federación almeriense de Ecologistas en Acción exigió ayer a los nuevos gobiernos central y autonómico que salgan elegidos tras el próximo 9 de marzo que adopten "medidas definitivas" para llevar a cabo la demolición "total" del hotel construido en el paraje El Algarrobico de Carboneras (Almería).
Así lo reveló a Europa Press la coordinadora provincial del colectivo, Montserrat Severiano, quien, ante el anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de que procederá al "derribo inmediato" de la parte del hotel que invade los 100 metros de servidumbre marítimo-terrestre si la Audiencia Nacional (AN) desestima el recurso de la promotora contra el deslinde, criticó que la Consejería de Medio Ambiente "ya anunció hace dos años", con motivo de la paralización de las obras, el derribo del inmueble.
Severiano aseguró que los ecologistas no se conforman con el derribo parcial del edificio, sino que reclaman el derribo completo de un hotel que es ilegal y que supone "el mayor símbolo" de la "destrucción del litoral" en España.
Primera sentencia. Narbona indicó el domingo que existe ya una primera sentencia de la AN que confirma que una parte del Algarrobico está situada en la servidumbre de protección conforme con la Ley de Costas, por lo que añadió que una segunda sentencia en este sentido supondría el derribo inmediato de las instalaciones.
La ministra anunció asimismo que su departamento y la Consejería de Medio Ambiente presentarán mañana una oferta conjunta y definitiva a Azata del Sol, promotora del hotel, sobre el justiprecio por la expropiación de los terrenos, que la empresa fija en 300 millones de euros frente a los entre 30 y 40 ofrecidos en un primer momento por el Ministerio.
Respecto a este asunto, la organización ecologista Greenpeace consideró ayer "bochornoso" que Gobierno central y Junta se reúnan con la promotora precisamente ahora, cuando sólo queda una semana para las elecciones.
El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, calificó de "electoralismo" el acuerdo que pretenden firmar la Junta y el Gobierno con la constructora. Para Arenas, lo importante en lo ocurrido con este hotel no es el derribo, sino "haber permitido que se construyera de forma ilegal".
También el candidato de IU, Diego Valderas, denunció que la "ineficacia e irresponsabilidad" del Gobierno andaluz hagan que esta construcción ilegal la tengan que pagar todos los andaluces. Por último, el aspirante de CA, Julián Álvarez, criticó que el Ejecutivo autonómico pretenda negociar el derribo "el último día".
* La Opinión de Málaga - 04 de marzo de 2008
Foto: Polémica. El hotel se construyó en la localidad de Carboneras, dentro del parque natural Cabo de Gata. Efe
Exigen medidas definitivas para la demolición total del hotel en El Algarrobico
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La crisis inmobiliaria frustra el 'pelotazo' en Agua Amarga
ELPAÍS/Alicante* : La crisis de la construcción ha afectado de plano a una de las operaciones urbanísticas de más calado en Alicante, la incorporación al patrimonio público del humedal de Agua Amarga -1,8 hectáreas de terreno al sur de Alicante, propiedad de la empresa zapatera Kelme-, a cambio de más edificabilidad para los promotores.
El cambio de expectativas en el sector inmobiliario, unido a la ambigüedad de los plazos del convenio urbanístico, ha llevado a los promotores a aparcar cualquier acuerdo con la Administración.
En síntesis, la propuesta de convenio urbanístico recogía que el Ayuntamiento ofrecía a los promotores aumentar la edificabilidad prevista en algunos planes urbanísticos. El valor de este exceso de obra autorizada iría directamente a Kelme. Finalmente, la firma cedería al Consistorio la propiedad de Agua Amarga. Pero el freno de la construcción ha llevado a los promotores a endurecer sus condiciones hasta el extremo de hacer inviable el pelotazo.
La operación impulsada a tres bandas por el Consell, el Ayuntamiento de Alicante y la familia Quiles, propietaria del terreno y fundadora de la firma zapatera ilicitina Kelme, es la clave para aplicar el plan de saneamiento de la empresa. La operación se negocia desde mediados de 2007, cuando el Consell, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que tutela la factoría desde 2002, pactó la salida de la familia Quiles del accionariado de Kelme a cambio de seis millones de euros.
El acuerdo incluía la venta de los terrenos de Agua Amarga, que están en su mayoría, salvo 600.000 metros cuadrados, en el término de Alicante. Esta venta es necesaria para afrontar la deuda de 50 millones de euros acumulada por la empresa. El convenio, según aseguró ayer José Quiles, portavoz de la familia, expiró el pasado 31 de diciembre sin que el Ayuntamiento ni el Consell hayan logrado acuerdo alguno con los promotores.
José Quiles puntualizó ayer que el Ayuntamiento ha estado negociando sin éxito con al menos tres promotores, cuya identidad declinó desvelar. "Está claro que la crisis inmobiliaria ha impedido la firma de la permuta", explicó el portavoz de la familia, todavía propietaria de la industria zapatera. Quiles anunció, además, que hoy se reunirá con los responsables del IVF para replantear los términos de la negociación: "Vamos a presentar tres nuevas alternativas. Nuestra intención es recuperar la gestión de la empresa, porque así nos no han pedido los trabajadores".El Consell y el Ayuntamiento comenzaron las gestiones en pos de un convenio urbanístico con el que rentabilizar la compra de los terrenos de Agua Amarga a mediados del año pasado. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, había hecho con anterioridad una oferta en firme a Kelme por la compra en efectivo del saladar. La iniciativa del Gobierno se enmarcaba en su estrategia para recuperar y preservar zonas del litoral amenazadas por la piqueta. No obstante, la firma zapatera rechazó la propuesta del Ejecutivo ante la irrupción en el proceso del Ayuntamiento y la Generalitat valenciana con una oferta más ventajosa para la empresa (la cesión de edificabilidad en otros puntos del término). De esta manera, el Ayuntamiento y la Generalitat no realizaban ningún desembolso, a cambio de desprenderse de patrimonio público, en este caso derechos de edificabilidad. El saladar de Agua Amarga es un espacio incluido en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana.
La pretensión de la familia Quiles de recuperar las riendas del negocio se produce seis años después de que el IVF asumiera la tutela. Desde 2002 los Quiles están apartados de las funciones ejecutivas y Benjamín Clarí, ex ejecutivo de Adidas, que llegó a Kelme en 2006, ocupa la presidencia desde el año pasado. Este paso adelante se produce mientras el IVF sigue trabajando para cerrar el plan diseñado para sanear la empresa y que prevé la entrada de un nuevo propietario. El fondo de capital riesgo Tirant, impulsado por el IVF pero que cuenta con más de una decena de partícipes, entre ellos Bancaja y la CAM, ha puesto sobre la mesa una propuesta sobre la que se negocia y que supondría la separación de la actividad industrial y patrimonial. Tirant asumiría la propiedad y también la deuda industrial, con el compromiso de invertir en el negocio. Mientras, los terrenos de Agua Amarga quedarían en una sociedad ajena a Kelme y participada por los acreedores, principalmente Bancaja y la CAM, y los Quiles.
Kelme, mientras, espera una solución. Los trabajadores cobraron la nómina de enero en tres partes, según fuentes sindicales. Las mismas fuentes denuncian falta de información por parte de la dirección. La tensión ha llevado incluso a la dimisión a un directivo de ventas, muy critico con la dirección.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO / ROSA BIOT - Alicante - 04/03/2008
Foto: Alicante, zona de Agua Amarga - mma.es
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La agonía de la perla azul
PÚBLICO/Marruecos* : El ladrillo ha desembarcado en las playas vírgenes de Marruecos. Los ecologistas acusan a la inmobiliaria española Martinsa-Fadesa de causar un «desastre natural» en un arenal.
Saidía, la perla azul del Mediterráneo. Así llamaban los marroquíes a esta playa: 10 kilómetros de arena blanca frente a las costas almerienses, flanqueados por una joya ecológica, un bosque endémico de enebro rojo, único en Marruecos.
Este ecosistema cobijaba a especies protegidas, como la tortuga griega, reptiles rarísimos (como los eslizones), camaleones y aves migratorias. Pero esta descripción forma ya parte del recuerdo. Muchos indignados habitantes de Saidía sienten que les han arrebatado un patrimonio que debían legar a sus hijos.
Su indignación tiene nombre español: el de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, a la que acusan de haber transformado un paraíso natural en un panorama de cemento y grúas.
Para ellos, la playa vio su destino sellado cuando esta compañía ganó en 2003 la licitación para construir, a través de su filial en Marruecos, un gran complejo turístico. Éste consiste en una urbanización que abarca 700 hectáreas, con seis kilómetros de playa, hoteles, un puerto deportivo, 3.000 viviendas y tres campos de golf.
"Esta urbanización es un crimen en el que las autoridades marroquíes han sido cómplices”, denuncia tajante el ingeniero agrónomo Mohamed Benata, presidente del Espacio de Solidaridad y de Cooperación de la región Oriental (ESCO).
Antes incluso de que las excavadoras llegaran, este ecologista advirtió del “desastre” en ciernes. No sólo por lo ya irreparable; es decir, “la destrucción del bosque y las dunas, el saqueo de la arena y la masacre de tortugas, camaleones y otras especies”.
También porque el complejo se sitúa a las puertas del humedal más vasto de Marruecos y uno de los más importantes del Magreb, la desembocadura del río Mouluya, clasificado como Sitio de Interés Biológico.
El estuario de este río alberga 131 especies de aves migratorias, de las que dos terceras partes anidan allí, y 636 especies de fauna. Esta desembocadura está protegida por la Convención Internacional de Humedales de Importancia.
Este acuerdo se aplica a “ejemplos únicos de humedal”, en los que viven “especies en peligro o peligro crítico”.
Un humedal muy vulnerable
El proyecto debe proveer de agua a los turistas, los hoteles, y, sobre todo, a los tres campos de golf. Las necesidades de agua de la urbanización, que se prevén enormes, inquietan no sólo a Benata, quien teme que la urbanización “acabe con el humedal en tres años”, sino también a Najib Bachiri, presidente de la Asociación Hombre y Medio Ambiente.
Bachiri teme que el complejo cause una “catástrofe ecológica”. Ambos recuerdan que la empresa se había comprometido a regar los campos de golf con aguas residuales. En su lugar, denuncian, “están utilizando el agua del río y su zona protegida”.
Público se ha puesto en contacto con la compañía Martinsa-Fadesa para conocer su versión sobre estos hechos. La empresa reconoce, en un correo electrónico, estar regando “sólo un campo de golf” y admite que “provisionalmente” se abastece “con una estación de bombeo del río Mouluya”.
Sin embargo, en su correo de respuesta asegura que “el impacto se considera mínimo”, porque “sólo necesita regar 200 hectáreas”.
La empresa asegura estar aplicando “un plan de optimización del uso del agua” y afirma que, en cualquier caso, “la compañía ha implementado ya medidas de protección, recuperación y regenaración ambiental, más allá de lo que exige la ley”.
Y concluye: “Tenemos la preocupación de preservar el equilibrio natural de la región”.Benata discrepa de estas afirmaciones. Explica que “el ecosistema del humedal se basa en el equilibrio entre agua dulce y salada; si se extrae agua dulce, el agua del mar saliniza el río, lo que puede acabar con las especies que viven allí”.
Esta opinión es compartida por Manolo Soria, de la ONG española Ecologistas en Acción . La organización está dando su apoyo a ESCO y otros grupos que se han unido en una plataforma para salvar la biodiversidad del Mouluya.
“El uso del agua de los acuíferos y la utilización de pesticidas para los campos de golf serán nefastos”, deplora Soria. “Y ello en razón de un “modelo turístico caduco, el de los campos de golf”, añade.
Pero no sólo los ecologistas están alzando la voz. También lo hacen algunos políticos. La senadora franco-marroquí, Alima Boumediene-Thiery, respalda a la plataforma. En su opinión, la inmobiliaria española “se ha aprovechado de la falta de control del Gobierno [de Marruecos], que vende el país al mejor postor”.
La plataforma ecológica tiene además muchas dudas de que se haya cumplido con la obligación de efectuar un estudio de impacto medioambiental.
Martinsa-Fadesa no facilita una copia del estudio de impacto, aunque sostiene que el informe “se entregó en las bases del concurso”. Con respecto a la destrucción de las dunas, la compañía añade que solicitó “un informe de evaluación ambiental suplementario para el tratamiento dunar, que propone algunas medidas”. Pero estas medidas, reconoce, están “pendientes de desarrollar”.
La inmobiliaria recalca en su correo de respuesta que el proyecto prevé crear “8.000 empleos directos y 40.000 indirectos”. A Benata este argumento no le vale: “Los turistas vienen por la diversidad de esta naturaleza; si se destruye, a largo plazo, ya no habrá turistas”.
Una zona con riesgo de inundaciones
Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Departamento de Medio Ambiente del Ministerio marroquí del ramo, el litoral de Saidía es “muy vulnerable a las inundaciones” [como muestra el mapa adjunto, elaborado con los datos de este estudio].
El documento advierte de que “de conjugarse el cambio climático con fuertes marejadas”, el 69% de los complejos turísticos de la zona, incluido “el que está construyendo Martinsa-Fadesa”, podrían inundarse a partir de 2050.Según la inmobiliaria, “hay un compromiso por parte del Gobierno marroquí para constuir un canal de protección (financiado en parte por Fadesa Maroc) para evitar las inundaciones”.
La profesora Maria Snoussi, del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Mohamed V de Rabat y experta en cambio climático, asegura que la urbanización “tendrá un impacto ampliamente negativo en la biodiversidad de Saidía”.
Snoussi asegura que “al destruir el cordón de dunas y la vegetación que las fijaba, han acabado con un ecosistema que se autorregulaba y contribuía a evitar las inundaciones”.
Las necesidades de agua del proyecto, estima la profesora, pueden “desertificar aún más ” una región cuyos recursos hídricos están ya muy explotados por la agricultura.Martinsa-Fadesa ha prometido que “contribuirá” a la realización de una estación depuradora de agua “competencia del Gobierno marroquí”.
La empresa dice que la “localización” del complejo, “ya estaba asignada en el pliego de licitación del concurso”. El estudio citado detalla que, de sus 700 hectáreas, 354 estaban “clasificadas inicialmente como dominio forestal”.
Chilabas en un complejo de lujo
Saidía era la playa preferida de los emigrantes marroquíes cuando volvían a casa en verano. Sus bosques eran lugar de pastoreo. Ahora, dicen, su playa será “de los ricos” que compren las casas.
Martinsa-Fadesa dice que el acceso a la urbanización será libre. La senadora franco-marroquí Alima Boumediene se muestra escéptica: “¿Usted cree que a los marroquíes vestidos con chilaba les dejarán pasearse tranquilamente por este complejo de lujo?”.
* Público - TRINIDAD DEIRÓS - Madrid - 03/03/2008
Foto: Marruecos, proyecto urbanización Saidía - publico.es
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Tema: NOTICIAS Marruecos
40 propuestas por una vivienda digna y análisis comparativo de las propuestas electorales
CANALSOLIDARIO* : Fue uno de los lemas de las manifestaciones por el derecho a la vivienda y son reivindicaciones de la Plataforma por una Vivienda Digna, que compara sus propias proposiciones de política urbanística con los programas electorales... "El 50% de los nuevos desarrollos urbanísticos deberían destinarse a vivienda protegida".
La Asociación Plataforma por una Vivienda Digna lanza 40 propuestas por una vivienda digna, defendiendo que se destine el 2% del PIB a su acceso, como en la mayoría de los países europeos, proposición que comparte Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
La asociación aboga por el establecimiento de gravámenes fiscales a los propietarios de viviendas vacías, como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), ERC y el Bloc Nacionalista Valencià, y la limitación de las hipotecas al 25% del salario, a 20 años.
El Partido Popular (PP), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria y Nafarroa Bai (Na-Bai), por su parte, se muestran contrarios a la propuesta de la organización, que desea la eliminación progresiva de las figuras fiscales que incentiven la inversión en vivienda, destinando este dinero a iniciativas que faciliten el alojamiento.
Poner fin a la especulación
Respecto a la política presupuestaria, la plataforma sugiere que se cree una oficina pública de tasación de vivienda a fin de evitar la especulación, y que la Agencia Tributaria destine más recursos para combatir el fraude fiscal en el sector inmobiliario.
La asociación también expone que el 80% de la nueva vivienda protegida ha de ser en régimen de alquiler vitalicio, coincidiendo con el programa electoral de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Ciudadanos y Na-Bai, y recomienda “la prohibición del sorteo como método de adjudicación”, además del consiguiente diseño de baremos que prioricen a las personas más necesitadas.
Acerca de la planificación urbana, la plataforma propone que “el 50% de los nuevos desarrollos urbanísticos” se destinen a “vivienda protegida”, así como IU-ICV y Na-Bai, prohibiendo que sea fuente de ingresos para las administraciones públicas.
En este sentido, Vivienda Digna manifiesta la necesidad de impedir las nuevas construcciones en aquellos municipios en los que el porcentaje de vivienda vacía y desocupada sea significativo.
La asociación también sugiere “la apertura de oficinas de inspección inmobiliaria” en las principales ciudades españolas, con el fin de “controlar el fraude”, velando por la calidad y seguridad del mercado inmobiliario.
“La reforma de la Ley de Financiación de partidos políticos” debe ser prioritaria para asegurar “la desvinculación total con el sector inmobiliario”, según la plataforma y UPyD, haciendo hincapié en la necesidad de igualdad ante el derecho a la vivienda.
Aunque, según la Asociación Plataforma por una Vivienda Digna, varios partidos recogen “el derecho subjetivo a la vivienda en sus programas” y “la implementación de un pacto que involucre a todas las instancias del Estado implicadas en el desarrollo de una política de vivienda efectiva”, sus propuestas “siguen siendo insuficientes para atacar uno de los problemas que los ciudadanos perciben como principales”.
* Canal Solidario - 03/03/2008
Foto: Vivienda Digna, derecho a techo
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Manifestación Vivienda Digna Madrid 01/03/08
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Tema: NOTICIAS Madrid , VÍDEOS
Paisajistas internacionales elaboran un documento con intención de influir en las políticas urbanísticas europeas
LAVOZDELANZAROTE* : Convencidos como están de que el paisaje es un “asunto estratégico” para Europa y para las políticas globales y de que “los paisajes de mala calidad producen ciudadanos de mala calidad y, por tanto, democracias de mala calidad”, la Fundación César Manrique ha reunido a paisajistas internacionales que durante este viernes han participado en una jornada de trabajo, reflexionando sobre el patrimonio natural.
El objetivo, elaborar un “Documento Lanzarote del Paisaje” que repercuta e influya en las directivas europeas, entre ellas el Convenio europeo, ratificado por España, que entra en vigor este sábado.
Y es que se abren nuevos tiempos en la concepción del paisaje que, como ha destacado el director de Actividades Fundacionales de la FCM, Fernando Gómez Aguilera, ha dejado de ser “aquello que se ve después de haber colocado un marco”. Ahora es un “elemento importante en la calidad de vida de las poblaciones”, según especifica el Convenio Europeo del Paisaje, redactado en Florencia el 20 de octubre de 2000. Aparece con este, un nuevo instrumento dirigido a la “protección, gestión y ordenación" de los mismos”. Ahora el paisaje tiene una entidad jurídica y las intervenciones tienen que realizarse de forma reglada.
Pero, ¿qué es un paisajista? ¿Qué significa su figura en una intervención urbanística? César Manrique podría ser un ejemplo. El director de Actividades Fundacionales considera que fue un "pionero" en la medida en que sus actuaciones en Lanzarote responden a una armonización con el paisaje. De hecho, los paisajistas que están participando en el documento conocerán la obra de Manrique en un tour que ha organizado la FCM para la tarde del viernes.
Sin embargo, en España hay poca “tradición” y tan sólo en Barcelona se cuenta con la figura del paisajista en algunos proyectos urbanísticos y territoriales. “Estamos produciendo paisajes que son consecuencia de actuaciones muy dispersas”, critica Gómez Aguilera resaltando su importancia. Éste se ocuparía del proyecto de integración previo a la hora de hacer urbanismo. Ordenando el territorio a gran escapa, donde después intervienen profesionales muy diversos (arquitectos, jardineros, urbanistas…)
Meter Latz, Georges Descombes, Paolo Bürgi… nueve de los paisajistas, que han participado en la exposición de "Grandes paisajes de Europa, comisariado por Lorente Coen y organizado por la FCM", se han reunido en la mañana del viernes en la sede de Taro de Tahíche. Entre ellos, Pilles Climent que ha realizado un proyecto concreto para esta exposición, situado en Arrecife, y que se exhibe durante estos días en la Sala Saramago.
A por la el paisaje de Arrecife
A petición de la FCM, Clément ha elaborado un proyecto, que abarca el tramo entre Arrecife y El Cable. “En Lanzarote, tenemos necesidades en el entorno de la ciudad y le pedimos a Clément que fuera una intervención urbana”, explica Gómez Aguilera, que espera que la Administración tenga la sensibilidad suficiente para llevarlo a cabo. Por eso, le pidieron expresamente que no fuera un proyecto gravoso y ahora iniciarán negociaciones para tantear la posibilidad de hacerlo realidad.
“Queríamos contar con una propuesta concreta del mundo paisajístico”, justifica el director de la FCM, quien destaca la importancia de que Lanzarote cuente con la intervención de un paisajista tan significativo que ha realizado, entre otras cosas, los jardines del Museo de Quai Branly, junto a Jean Nouvel, en Paris. El proyecto busca recuperar las Salinas de La Bufona y contempla un jardín de Sal, bajo una propuesta autónoma de abastecimiento de energía.
* La Voz de Lanzarote - Laura Fernández Palomo • 29 de febrero de 2008
Foto: Lanzarote, Casa Taro de Tahíche - fcmanrique.org
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¡Abajo las murallas!
JORDI BORJA* : El título corresponde al doctor Monlau, autor de la memoria manifiesto con el mismo título y uno de los principales representantes del movimiento ciudadano que forzó la demolición de las murallas en 1854. El Museo de Historia de la Ciudad realizó una magnífica exposición al cumplirse los 150 años de un hecho que permitió el posterior desarrollo orientado por uno de los proyectos fundacionales del urbanismo moderno, el Plan Cerdà. El año próximo se celebrará el 150º aniversario de este plan, que ha configurado a la ciudad actual.
Y este año recordaremos, supongo, los 70 años de los bombardeos sobre Barcelona. Por otra parte, en la agenda política reaparece la creación de un gobierno metropolitano, como declaró la semana pasada el alcalde después de una visita a la capital del Estado. Hay una lógica en este recordatorio y una oportunidad en el actual momento político. A menos que las elecciones generales provoquen un terremoto político. ¡Dios no lo quiera! Bastante le deben de irritar nuestros obispos, que se han echado al monte, como para premiarles con una victoria electoral. Si el poder divino existe y lo permitiera, como dice Woody Allen, le sería muy difícil darnos una explicación convincente.
Barcelona vive ahora también encerrada en sus murallas administrativas, murallas opresoras como los muros de antaño. Este encierro tiene un efecto perverso: la mayor potencia relativa de la ciudad central con relación a sus entornos la lleva a concentrar los equipamientos y servicios de excelencia, a tender a expulsar a los jóvenes y a los sectores populares, y al ombliguismo autosatisfecho. Y no olvidemos que la Barcelona municipio es en habitantes sólo la mitad de la ciudad compacta y un tercio de la región metropolitana. En consecuencia, contra lo que a veces se piensa, la inexistencia de un gobierno metropolitano y la debilidad o fragmentación de las políticas públicas en este ámbito perjudican mucho más al conjunto de Cataluña y especialmente a las periferias metropolitanas que a la ciudad central. La desconfianza atávica de los municipios del entorno frente al expansionismo barcelonés y de la Generalitat ante un poder metropolitano que podría representar a la mayoría de la población hoy nos parece que no estaría justificada. Y vamos a intentar explicarlo.
La ciudad se las arregla muy bien en su jaula dorada. Tiene capacidad para atraer inversiones y para externalizar problemas sociales y ambientales. La disolución de la Corporación Metropolitana en 1987 no impidió que la década siguiente fuera probablemente la más brillante de su historia moderna. Y ahora, en nombre de la equívoca proximidad su gobierno, tiende a un amable conservadurismo. Es cierto también que los municipios del entorno han afirmado su identidad, han multiplicado iniciativas transformadoras y han demostrado que es posible una ciudad metropolitana policéntrica. Pero su independencia es muy relativa. Las infraestructuras (la condición principal para el funcionamiento de la ciudad metropolitana) y los grandes proyectos urbanos son casi siempre plurimunicipales, afectan a competencias y requieren recursos de la Generalitat o del Estado, y en sus decisiones la ciudad de Barcelona, lógicamente, tiene mucha más capacidad de influencia que los otros municipios. El resultado de esta fragmentación política de la ciudad metropolitana es que se favorece un desarrollo excluyente en las áreas centrales e insostenible en las periferias menos densas. Los municipios entran en una competición de suma negativa en vez de una relación cooperativa y caen fácilmente en la tentación del nuevo rico, del urbanismo ostentoso cuyo ejemplo más reciente es la plaza de Europa: entre Barcelona y el aeropuerto se nos ofrece esta mala imitación de la Isla de Pascua en cemento.
Paradójicamente, cuanto más débil es la política metropolitana, más se multiplican los organismos supramunicipales.¿Para qué? A la treintena de municipios que componen la ciudad compacta (que, no lo olviden, ocupa una superficie inferior a la del municipio de Madrid) se añaden los perfectamente inútiles consejos comarcales, las opacas entidades metropolitanas de servicios (transportes, residuos, agua, etcétera), la casi clandestina mancomunidad, la silenciosa Autoridad Metropolitana del Transporte (¿oyeron su voz a lo largo de la crisis de cercanías?), el inactivo Consorcio Metropolitano de la Vivienda, etcétera. Incluso una iniciativa interesante y en la que hay una participación activa de la sociedad civil como es el Plan Estratégico Metropolitano no tiene quien recoja sus propuestas al estar huérfano de liderazgo político. Y un organismo técnicamente potente como Barcelona Regional no puede impedir la degradación del urbanismo fragmentado. Un gobierno metropolitano político, es decir, electivo (directa o indirectamente por parte de los consejos municipales), permitiría suprimir lo superfluo y dar sentido a lo necesario, redistribuir ingresos y promover proyectos articulados y coherentes. No solo daría más fuerza y eficacia al conjunto, sino también a cada uno de los municipios. Éstos tendrían una presencia igual o superior a la de la ciudad capital puesto que representarían a la mitad o más de la población. No abordamos ahora la cuestión de la veguería, un ámbito más propio de la Generalitat y de su relación con los municipios y que requiere resolver otro tema pendiente, el de las diputaciones provinciales.
Es frecuente oír que la Barcelona posolímpica se ha quedado sin proyecto. Es cierto, pero es que no puede tenerlo encerrada en sus murallas administrativas. La Barcelona ciudad solamente puede tener un proyecto si su gobierno corresponde a la realidad social y territorial. Entonces no sólo podrá tener un proyecto integrador, sino ejercer la capitalidad entendida como motor y emblema de Cataluña, buque insignia no solamente en sus relaciones con el resto de España, sino también en su proyección europea. Hoy toca construir la eurorregión y ésta se hará primero por medio de las ciudades, con Perpiñán, Montpellier y Toulouse, con Zaragoza y las capitales catalanas, con Valencia si quieren. Solamente una Barcelona liberada podrá impulsar este proyecto de futuro y por ende superar la fijación con Madrid. Un gobierno metropolitano no es hacer futurismo, sino pagar una deuda del pasado. El Plan Cerdà tenía ya como vocación recuperar el territorio del Consell de Cent, de Montgat a El Prat, suprimido después de 1714. Lo consiguió sólo en parte. El Plan Macià de 1932 tenía como referente este territorio. Las bombas de 1938 exigían una reconstrucción que era también una oportunidad que el plan comarcal de 1953 hubiera debido formalizar. La imperfecta Corporación Metropolitana tardó más de 20 años en crearse y fue disuelta en plena democracia, cuando hubiera debido perfeccionarse. Hoy nuevamente emerge la oportunidad. Esperemos que, superando egoísmos particularistas, los responsables políticos estén a la altura indispensable. La ciudad futura se construye en la periferia y ésta necesita poder.
* ELPAIS.com - Opinión - Cataluña - 03/03/2008
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Canarias registró en 2007 más de un millar de casas y construcciones ilegales
LAPROVINCIA* : Las infracciones urbanísticas detectadas en Canarias en 2007 se encuentran en los mismos niveles que hace nueve años, cuando se creó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, organismo dependiente del Gobierno autonómico para vigilar el territorio y sancionar la ocupación ilegal del mismo.
El pasado año se abrieron 1.044 expedientes por viviendas y edificaciones ilegales; nueve años antes, en 1999, los expedientes fueron 1.046. Los años en que se abrieron más expedientes fueron el 2000 (1.821), 2001 (1.407) y 2002 (1.633).
Pero las infracciones sobre el suelo y el medio natural no se limitan sólo a las edificaciones ilegales, que son las más llamativas y las que más destrozan el territorio. En el catálogo de transgresiones destacan por su volumen las vulneraciones relativas a los residuos (1.590 expedientes abiertos en 2007), las infracciones no constructivas (467), el incumplimiento de la Ley de Costas (70 expedientes) y los vertidos al mar (62).
El desorden urbanístico por la falta del planeamiento adecuado, la lentitud de las Administraciones públicas para controlar y sancionar las infracciones y las dos amnistías legales que se han aprobado en los últimos diez años han provocado que, hoy por hoy, Canarias se encuentre a la cabeza en la ocupación ilegal del suelo rústico y de la costa. Si nos atenemos a las cifras oficiales, la Agencia del Ejecutivo regional ha abierto desde que se creó en 1999 hasta diciembre de 2007 un total de 11.468 expedientes de casas y construcciones ilegales. Sin embargo, estos datos sólo reflejan una parte de esta problemática ya que la estadística oficiosa eleva las edificaciones ilegales en suelo rústico en más de 60.000 en toda Canarias y más de 2.000 en el suelo de dominio público de la costa.
RALENTIZACIÓN. El director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, Pedro Pacheco, reconoce que muchos de los expedientes abiertos tendrán que esperar su resolución en función del planeamiento urbanístico que realicen los ayuntamientos. El retraso que se acumula en este proceso está provocando la ralentización de los expedientes, a la espera de conocer si muchas de las viviendas que se han construido sin licencia o en suelo rústico son legalizadas mediante las recalificaciones que realicen los ayuntamientos en los nuevos planes generales.
Si el decreto de 1997 intentó regularizar las 30.000 viviendas ilegales construidas hasta entonces, con posterioridad la situación no mejoró ya que no se produjo el punto y final que se pretendía. En 2006, el Parlamento aprobó una segunda amnistía urbanística para "perdonar" a aquellos que por su situación socioeconómica construyeron una vivienda de forma irregular.
Por islas, las infracciones urbanísticas se centran en las dos islas capitalinas. Si hasta hace unos años era Gran Canaria donde existía más indisciplina sobre el territorio, ahora es la isla de Tenerife la que acumula mayor número de expedientes. También destaca por número de infracciones conocidas la isla de La Palma, debido a su importante componente rural. Tampoco Fuerteventura se queda atrás, ya que supera el millar de expedientes abiertos.
Con los datos de 2005, Canarias se situó como la comunidad autónoma con mayor número de infracciones por viviendas ilegales. Las edificaciones construidas sin licencia en el Archipiélago representan cerca el 20% de los casos del Estado, una quinta parte, lo que determina una situación preocupante por el abuso que se hace del territorio.
* La Provincia - RUBÉN ACOSTA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 03.03.08
Foto: Gáldar (Gran Canaria), derribo en El Sobradillo - canarias7.es
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Alicante: Los ecologistas rechazan variar el reglamento de planes urbanos
ELPAÍS* : El colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano rechaza el proyecto de decreto de la Consejería de Urbanismo para modificar el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística (ROGTU) porque, a su juicio, no "existe suficiente motivación" y persigue dar amparo a la tramitación de planeamientos de distintos municipios que han quedado fuera de plazo, entre ello el del Ayuntamiento de Alicante.
En el escrito de alegaciones remitido al departamento que dirige el consejero José Ramón García Antón, el grupo conservacionista señala que la justificación incluida en el preámbulo del proyecto de decreto -entrada en vigor de la ley 9/2006 y el plan de participación establecido en el reglamento de paisaje de la Comunidad Valenciana- no es de rigor. Para el grupo, ese planteamiento queda invalidado a tenor de la estadística de los 28 planes generales de otros tantos municipios tramitados en 2007, de los cuales sólo 10 habían incluido el proceso de participación pública en la elaboración del estudio de paisaje y únicamente tres habían aplicado la ley 9/2006.
Ecologistas en Acción mantiene que "esta modificación del ROGTU carece de la fundamentación que aparece en el preámbulo, sino que parece una modificación ad hoc de exclusiva aplicación a planeamientos de algún municipio (como por ejemplo el de Alicante) que lleva mucho retraso en la elaboración de su plan y esos seis meses le serían vitales para empezar desde cero a elaborar el concierto previo". "Esa falta de justificación y la única explicación plausible de carácter ad hoc no serían de recibo en la tramitación y aprobación de un decreto que modificara el ROGTU", concluye el escrito de alegaciones del grupo conservacionista.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 03/03/2008
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
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El crecimiento brutal de pisos paraliza la mitad de los PXOM
ELCORREOGALLEGO* : Actualmente, 200 ayuntamientos de un total de los 315 con los que cuenta Galicia están realizando un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), según datos de la Consellería de Política Territorial, que siguiendo criterios de transparencia publica en su página web el listado de los ayuntamientos indicando el último trámite acontecido en aquellos concellos que iniciaron la tramitación de sus respectivos planeamientos urbanísticos, que suman 157.
De este total, 37 corresponden a la provincia de A Coruña; 36, a la Lugo; 43, a la de Ourense, y 41, a la de Pontevedra.
Así, en estos momentos 19 municipios tienen su PXOM en fase de avance, 59 han recibido el informe previo a la aprobación inicial, mientras que esta última ya la tienen 29 concellos, 25 cuentan con el visto bueno provisional, 21 planeamientos se encuentran en fase de contratación y tres han sido licitados, mientras que sólo uno ha sido denegado para su aprobación definitiva.
Respecto a las resoluciones de aprobación de los PXOM, que también figuran en la web de Política Territorial, más de la mitad no reciben luz verde por parte de la Administración debido al desproporcionado crecimiento residencial previsto en el documento de desarrollo municipal. Hay casos, como es el del Ayuntamiento ourensano de Esgos, que remitió a la Administración un plan urbanístico en el que preveía multiplicar por ocho el número de viviendas en el municipio en 8 años, periodo establecido para la vigencia de este planeamiento.
El departamento que dirige María José Caride vela por que los planes xerais proyecten su desarrollo urbanístico atendiendo a los principios de utilización racional de los recursos naturales y de desarrollo sostenible. Por ello, la falta de respeto de las exigencias de la Lei do Solo en este sentido hace que caigan en saco roto un elevado número de PXOM que, si bien, haciendo las correcciones pertinentes, en la mayor parte de los casos, pueden continuar su tramitación.
El exceso de la oferta de vivienda en un 43% que generaría el planeamiento remitido por el Concello de Paderne de Allariz (Ourense) obligó a Política Territorial a no otorgar la aprobación definitiva. También dieron al traste al PXOM de Castroverde (Lugo) las 700 nuevas viviendas por año proyectadas para un horizonte de 12 años, en un territorio con 3.187 habitantes y 1.426 viviendas.
El "pero" que encontró Vilanova de Arousa a que su PXOM superar el último trámite también tiene que ver con la planificación residencial, ya que pretendía reservar suelo para dar cabida a unas 21.600 viviendas, cuando su parque inmobiliario era de 4.329 casas en 2001.
EL DATO
Desproporción
Con cuatro viviendas nuevas construidas en los últimos cinco años, el Ayuntamiento de Melón pretendía obtener la aprobación definitiva de su PXOM -que no consiguió- planificando doblar su actual número de casas, pasando de 820 a 1.622 .
* El Correo Gallego - MÓNICA NOGUEIRA - 03.03.2008
Foto: Vilanova de Arousa (Pontevedra) - mma.es
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Los 'okupas' del Plan de Vivienda Joven
ELPAÍS/Madrid* : Las malas noticias comenzaron hace un mes para Víctor Marquina. Había resultado adjudicatario en febrero de 2006 de una vivienda de alquiler con opción a compra promovida por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). En diciembre recibió las llaves de su piso, de unos 50 metros cuadrados y ubicado a las afueras de Navalcarnero. Pero no le dio tiempo ni a hacer la mudanza.
Un día de febrero se encontró con que su vivienda estaba ocupada. Una familia había reventado la puerta y cambiado la cerradura. De pronto su piso había cambiado de manos. Acudió a los juzgados de la plaza de Castilla e interpuso una denuncia para recuperar su piso. También se presentó en el Ivima para exigir el desalojo. Ayer su casa seguía ocupada.
Su caso no es el único en las dos promociones del Plan de Vivienda Joven de Navalcarnero. Una decena de familias, la mayor parte de ellas de etnia gitana, viven como okupas desde hace semanas en otras tantas viviendas. Y no sólo eso: además han pinchado la luz de la comunidad de vecinos. "Este mes hemos pagado 1.800 euros de luz", explicaba ayer Ana, una de las vecinas del barrio. Una gran parte de los inquilinos legítimos de ambas promociones aseguran sentir "miedo" debido a las amenazas que han venido recibiendo por parte de los okupas.
Según la Comunidad de Madrid, de la decena de viviendas invadidas, sólo tres tienen adjudicatario. El resto aún no habían sido entregadas.
"El Ayuntamiento y la Comunidad nos dicen que no pueden hacer nada, que hay que esperar una orden judicial y eso va a tardar varios meses", continúa otro de los vecinos, que prefiere mantener el anonimato. Los problemas, según él, no se acaban en la ocupación de las viviendas: "se han producido robos en los garajes, destrozos de cerraduras, desperfectos en las instalaciones de la luz... No sé adónde vamos a llegar".
Mientras tanto los okupas dibujan un panorama distinto. "Esas viviendas estaban vacías. No había nadie", reclama Valeriano. En los primeros días de febrero se metió en un bajo junto con su mujer, Pilar, y sus tres hijos de 6, 12 y 14 años. "Yo estaba de guardia de las obras de estos pisos y, como no tenía dónde ir, vivía en la caseta de obra con mi familia, en ocho metros cuadrados", explica. Decidió ocupar un piso cuando vio "que otros lo hacían". Ahora, asegura, sólo quiere "legalizar la situación y pagar como todo el mundo lo que tenga que pagar". "Hemos hablado con el alcalde y nos dice que no nos va a dejar en la calle, aunque aquí no nos podemos quedar", concluye Valeriano. Para él no existe ningún problema de convivencia en los bloques.
A pocos metros de allí, una patrulla de la Policía Local vigila la zona las 24 horas del día. "Dan más seguridad, pero creemos que cuando pasen las elecciones los van a quitar de aquí", insiste otro vecino.
* ELPAIS.com - JAVIER S. DEL MORAL - Madrid - 02/03/2008
Foto: "Okupas" en Navalcarnero- SANTI BURGOS, elpais.com
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El Cabanyal o la lucha más larga
PÚBLICO/Valencia* : Esta es la historia de una resistencia a prueba de calendarios. Esto es el barrio de El Cabanyal, una de las caras del mar en Valencia, pueblo de pescadores que fue, municipio independiente hasta 1897. Tenía un nombre como sacado del relatorio último de la lírica del mar: “Poble Nou de la Mar” -El Pueblo Nuevo del Mar-.
Tenía el Mediterráneo a sus pies, unas calles ordenadas en forma de retícula, y unas casas de dos alturas gobernadas desde ventanas y balcones. Se trata de una arquitectura ecléctica con resabios de las casas de otras mares, una forma de entender la edificación a veces entregada a la fantasía. El barrio fue declarado Conjunto Histórico Protegido. Una parte del barrio es Bien de Interés Cultural. Una frase pronunciada hace unos días acaba con cualquier asomo de romanticismo: “Si perdemos, 1.200 familias serán expropiadas”.
Lo dijo Faustino Villora, profesor, portavoz de la plataforma Salvem El Cabanyal -Salvemos El Cabañal-, vecino del barrio, hijo y nieto de vecinos del barrio. Faustino Villora es desde hace 10 años una de las caras visibles de la pelea del lugar.
Sucede que la administración municipal de Valencia, con la popular Rita Barberá al frente, planea dar salida al mar, a través del Cabanyal, a una de las grandes avenidas de la ciudad, la Blasco Ibáñez. La reforma se llevaría por delante 1.200 casas de las que buena parte están en la zona del barrio considerada Bien de Interés Cultural. Y terminaría con el barrio como tal, con su estructura rectilínea, singular y antigua. Aún dejando de lado el debate sobre la necesidad de dotar a Valencia de esa nueva salida al mar -hay opiniones para todos los gustos sobre ese tema-, el hecho es que esa avenida trazaría una navajazo el corazón del pueblo marinero en forma de retícula que un día fue El Cabanyal.
Para el Ayuntamiento, la construcción del vial permitirá además desarrollar acciones que permitan la recuperación de toda la zona. Y es que hay lugares en el barrio que se caen a pedazos.
Porque El Cabanyal quedó excluido del Plan General de Ordenación Urbanística en 1988. Y porque desde entonces se acabaron las inversiones en una zona de futuro incierto. En 1998, el Ayuntamiento de Valencia -ya entonces en manos del PP- propuso abrir la salida al mar. Y hasta hoy. Así que ahora hay palabras graves en el discurso del portavoz vecinal Faustino Villora: habla de amenazas, de coacción, de resistencia. Dice que están dejando que el barrio se venga abajo para hacer que los vecinos salgan de allí, que cedan, que vendan sus casas o que abandonen una estrategia jurídica que hasta ahora, y a falta de una sentencia que se conocerá en las próximas semanas, ha evitado las expropiaciones.
Para el abogado José Luis Ramos, experto en urbanismo, vecino del barrio, encargado de la estrategia jurídica de Salvem El Cabanyal, el Ayuntamiento de Valencia quiere que la salida al mar de Valencia a través del Cabanyal sea la obra por la que le recuerden, su Ciudad de las Artes, un suponer.
Y es que nadie duda de que una intervención en la zona podría dar lugar a un bonito desarrollo arquitectónico. Lo que se pone en cuestión es el ataque al patrimonio arquitectónico y la situación en la que quedarían las familias desalojadas. Habla el portavoz vecinal Faustino Villora: “Aquí vive gente muy mayor que nació en el barrio y se quedó toda la vida. Con el dinero que ofrecen cuando hablan de expropiación no llega para nada”.
* Público - PANCHO TRISTÁN - Valencia - 02/03/2008
Foto: Una de las calles del barrio del Cabanyal /publico.es
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Sanxenxo burla el veto de los 500 metros con 1.100 viviendas en obras en el litoral
ELPAÍS/Pontevedra* : En febrero de 2003, con Telmo Martín sentado en la butaca de alcalde, el Ayuntamiento de Sanxenxo aprobaba su nuevo plan general. Elaborado en tiempo récord, apenas dos años, el documento urbanístico se impuso a las protestas vecinales y se aprobó con informes favorables de la Xunta de Fraga. Cinco años después, sus consecuencias comienzan a dejarse notar. Casi 2.400 viviendas están ya en obras; la mitad de ellas, a menos de 100 metros del mar.
La ley de medidas urgentes de la Xunta, que paraliza los desarrollos urbanísticos en la franja litoral de 500 metros, llega tarde a Sanxenxo, donde el modelo del ahora presidente del PP local de Pontevedra y socio de la inmobiliaria Construcuatro le tomó la delantera. "A Telmo Martín le impulsaron el plan sus amigos de la Xunta de Manuel Fraga, y ahora comenzamos a pagar las consecuencias", relata el portavoz municipal del BNG, Roberto Fernández Lores.
En un municipio como Sanxenxo, con una población de 16.914 vecinos a 1 de enero de 2006, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el plan de Telmo Martín preveía la construcción de 11.351 viviendas. Muchas de ellas, mediante el desarrollo directo de los denominados suelos urbanizables, una figura de ejecución directa implantada en el planeamiento. Cuatro de ellos se sitúan a sólo cien metros de la costa. Suponen el 48% del total de viviendas en construcción. "Cuando todo esto tome forma, nos vamos a llevar las manos a la cabeza", advierte Lores.
El impacto en el litoral ya ha dejado de ser una amenaza vislumbrada en los planos para convertirse en una realidad a simple vista. Basta con entrar en Sanxenxo por la carretera de la costa procedente de Pontevedra. En cuanto se atraviesa el límite municipal con Poio, comienza el paisaje de grúas y maquinaria pesada. Allí han comenzado los movimientos de tierra de los dos polígonos de A Granxa, de 562 y 407 viviendas cada uno, que ocupan una superficie total de 183.587 metros cuadrados.
Recalificaciones
El resto de las viviendas en la franja litoral en construcción se encuentra en lugares como Noalla o Foxos-Lanzada, que suman 144 viviendas. Pociñas (125 viviendas), Major (175), Montalvo (38), Cabicastro (30), Canelas (70) y Festiñanzo (260) completan los suelos urbanizables costeros en tramitación. El último de ellos, en los límites del tiempo: con la prohibición de los 500 metros aprobada, pero antes de que entrara en vigor, el ayuntamiento impulsó la urbanización de lujo, que se llevará por delante 122.662 metros cuadrados entre dos playas, las de Area de Agra y Areas, que eran suelo forestal antes de que el plan general lo recalificara.
La Consellería de Política Territorial admite su impotencia ante el furor constructivo en la costa de Sanxenxo. "Son actuaciones en marcha antes de que entrara en vigor la ley de los 500 metros", señalan fuentes del departamento que dirige María José Caride. El de Medio Ambiente, en cambio, ha dictado órdenes de paralización contra tres urbanizaciones costeras, las de Montalvo, Telleiro-Lanzada y Major, por carecer de informe de evaluación ambiental estratégica. La alcaldesa, Catalina González, del PP, ha hecho oídos sordos a la consellería.
"La costa va a quedar destrozada", advierte el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Sanxenxo. La alcaldesa de la localidad guarda silencio. "No quiere hablar de urbanismo, está cansada de que sólo se hable de Sanxenxo para criticar", explica una portavoz. Tampoco la Consellería de Política Territorial desea escarbar en el asunto. "No es un debate que nos interese", se justifican fuentes próximas a la conselleira, María José Caride.
De la playa al monte
Si la mitad de las viviendas en construcción están a una distancia menor de 100 metros del mar, la proporción aumenta considerablemente si la franja se ensancha a los 500, a los que afecta la paralización de la Consellería de Política Territorial. La polémica no termina en la franja costera. Uno de los suelos urbanizables más conflictivos no está frente al mar, sino en medio del monte. Se trata de Monte Faro, con dos actuaciones que suman 2.783 chalés de lujo alrededor de un campo de golf. La actuación contó con el beneplácito de la Xunta de Fraga pese a informes que alertaban del impacto paisajístico. Para vertebrar la urbanización, el plan general dibujó una ronda también contestada por los vecinos.
Detrás de Monte Faro hay apellidos ilustres. Vicente Cotino Ferrer y Vicente Cotino Escribá, hermano y sobrino del ex director general de la Policía y consejero del Gobierno de Valencia, Juan Cotino, del PP. El gobierno local que entonces presidía Telmo Martín les eximió de la obligación de construir vivienda social, que sustituyeron por una cantidad de dinero. Su empresa, Mirador de Sanxenxo, no es la única con apellidos ilustres que se han sumado a la ejecución del plan general de Sanxenxo, con grupos empresariales como el de Nino Mirón.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 03/03/2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), zona nueva urbanización - farodevigo.es
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Jóvenes de Madrid se manifiestan por los incumplimientos del Plan de Vivienda de Aguirre
KAOSENLARED* : Afectados de varias localidades madrileñas por irregularidades en dicho plan se han concentrado el sábado 1 de marzo frente a la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Los participantes han llamado “mentirosa” a la presidenta autonómica y denuncian, entre otras cosas, precios muy por encima de las condiciones publicadas.
Miembros de diversas plataformas de afectados por el Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid se han manifestado el sábado 1 de marzo por la mañana frente a la Oficina de Vivienda de la CAM. Los manifestantes, procedentes de toda la Comunidad de Madrid, denuncian continuas irregularidades y engaños en el Plan de Vivienda de Esperanza Aguirre.
En la concentración pudieron escucharse gritos como “mentirosa, mentirosa”, en referencia a la presidenta autonómica. En las pancartas se podían ver fotos de Esperanza Aguirre y leer consignas como “Derecho a techo a justo precio” o “Queremos el precio de las viviendas por escrito”, en referencia a la incertidumbre sobre el precio final de adquisición en las viviendas de alquiler con derecho a compra.
Además, según los manifestantes, de las 79.000 viviendas prometidas por Aguirre y de las que alardea la propaganda de la Comunidad de Madrid, no se han entregado ni un 10%.
Dentro de ese 10%, los adjudicatarios de Rivas Vaciamadrid denuncian que la gestión de sus pisos se ha dejado en manos de promotoras privadas como Inpafer o Bigeco, que han entregado condiciones diferentes a las del plan para obtener un mayor beneficio, sin que desde la Comunidad de Madrid se haya hecho nada por evitarlo.
Entre las irregularidades, se han adjudicado a familias con dos o tres hijos pisos de un solo dormitorio, se otorgaron pisos de 70 m2 y ninguno pasa de los 50 m2, y los adjudicatarios deben pagar por viviendas en alquiler IVA y recibos de comunidad (práctica tremendamente inusual y que ni siquiera existe en otras promociones públicas de la CAM). La consecuencia: inquilinos del plan de la Comunidad de Madrid pagan 600 euros mensuales por pisos de entre 40 y 50 m2. Es decir, alquileres supuestamente públicos a precios por encima del mercado. Hay que recordar que el plan ofrecía pisos de 70 m2 por 390 euros mensuales.
Por su parte, los manifestantes procedentes de Vallecas denuncian que tenían como fecha de entrega el mes de mayo de 2007 y a día de hoy no saben nada de cuando podrán recibir sus viviendas, sin recibir respuesta alguna de la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Los adjudicatarios de Navalcarnero denuncian la presencia de ocupantes ilegales en el edificio, por la falta de vigilancia del mismo y la desidia por parte de la Comunidad de Madrid. Además, el edificio no cuenta con transporte público por lo que es imposible acceder a él sin coche.
Para la Plataforma por una Vivienda Digna, organización a nivel nacional que defiende desde 2003 el derecho a una vivienda accesible de forma sostenible, el Plan de Vivienda Joven de Esperanza Aguirre es un “engaño a los jóvenes”, prima los intereses de promotores y constructores frente a los adjudicatarios, ofrece viviendas a precios disparatados para ser públicas y falsea las estadísticas, apuntándose promociones de diferentes ayuntamientos de la Comunidad como propias.
* Kaos en la Red - Plataforma por una Vivienda Digna - 02.03.2008
Foto: Madrid, Plataforma por una Vivienda Digna
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La Marina de Elche se levanta contra el urbanismo salvaje
LASPROVINCIAS/Alicante* : Un millar de vecinos de La Marina se manifestaron ayer para exigir al Ayuntamiento que paralice la construcción de 1.600 viviendas previstas en la pedanía ilicitana. Los afectados protestan por el derribo de sus casas y exigen al equipo de Gobierno socialista un crecimiento urbanístico sostenible. Amenazan con adoptar medidas “mucho más drásticas” si el Consistorio no paraliza las tres urbanizaciones proyectadas.
Ruido de silbatos, sirenas, cacerolas y otros objetos acompañaron ayer la manifestación con la que los vecinos de la pedanía ilicitana de La Marina mostraron su rotundo rechazo al proyecto de urbanización de los sectores MR-3, MR-5 y MR-10, en los que se pretende construir unas 1.600 viviendas. Una gran pancarta, en la que podía leerse Por un crecimiento de La Marina sostenible. No al derribo de las casas, se situó por delante del cerca del millar de participantes que recorrió la avenida de la Alegría, dejando constancia de que no están dispuestos a dar su brazo a torcer.
La manifestación se desarrolló con absoluta normalidad. Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local se colocaron a lo largo del recorrido con el fin de controlar el desvío del tráfico de la zona. Fueron testigos de excepción del poder de convocatoria de los afectados por las urbanizaciones.
A un lado una pancarta decía No somos ocupas, somos propietarios. Algo más atrás otra decía Crecimiento de La Marina sí pero respetando las casas. Al lado se portaba otra en la que se leía Cases amb licencia sense infracció urbanistica, derribades, y había quien llevaba algunas en las que se aseguraba Los Alejandros nos están fallando, en alusión al alcalde de Elche, Alejandro Soler, y al concejal de Urbanismo, Alejandro Pérez.
La Marina fue un clamor contra la política urbanística municipal prevista para la pedanía. Y se corroboró en la lectura de un manifiesto a cargo de Eduardo Boix, portavoz de los afectados del sector MR-3. Dejó patente la "preocupación y malestar" ante lo que plantea el Ayuntamiento para la pedanía, "que no respeta las viviendas construidas donde residen muchas familias".
Insistió en que "tenemos derecho legítimo a decidir como queremos vivir y a defender nuestras viviendas. Estamos ante un desarrollo urbanístico abusivo que sólo beneficia al constructor especulador". Del mismo modo hizo alusión a circunstancias que, como aseguró, "no se han tenido en cuenta, como la escasez de agua", y volvió a requerir al Ayuntamiento "la paralización de las bases de los diferentes sectores".
El manifiesto concluyó dando un plazo de quince días al equipo de Gobierno municipal para que reflexione y cambie de postura. El día 15 volverán a reunirse y no descartan adoptar medidas "mucho más drásticas".
Reuniones
Mientras los participantes en la manifestación de ayer se retiraban a sus casas y recogían las pancartas, junto a la entrada al centro social de la pedanía un cartel anunciaba la reunión que la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Mercedes Alonso, tiene previsto mantener con los vecinos de La Marina esta misma tarde. Alonso acude a la cita en calidad de candidata popular al Congreso de los Diputados.
Ayer mismo, el portavoz del equipo de Gobierno de Elche, Alejandro Pérez, se comprometió a reunirse a lo largo de las próximas semanas y "de forma individualizada con cada uno de los propietarios del suelo para recabar información sobre sus expectativas y propuestas". El Ayuntamiento ofrece ahora "diálogo y colaboración" con los vecinos de La Marina afectados.
* Las Provincias - Elche - J. C. ROMERO - 02.03.08
Foto: Centenares de afectados por la construcción de 1.600 viviendas en la pedanía ilicitana de La Marina durante la manifestación de ayer /lasprovincias.es
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La competencia en materia de Urbanismo: Antecedentes
CIENLADRILLOS* : Si preguntásemos hoy 100 ciudadanos en la calle, al azar, sobre quién tiene la competencia en materia de urbanismo en nuestro país me temo que el resultado sería descorazonador. Y eso a pesar de de ser un pais enladrillado, con una íntima relación con el sector inmobiliario. Ya no es que no siquiera nos hayamos leído la Constitución ¿cuantos tienen un ejemplar en casa? es que ni siquiera conocemos como funciona legalmente la piedra angular del PIB nacional. Tiene delito.
Y todo ello a pesar de que desde múltiples vértices somos bombardeados con información al respecto: que si la mala marcha del sector, que si los numerosos casos de corrupción urbanística con sus tramas rosas, que si los nuevos proyectos legislativos….pero, ¿quién regula el sector en España?, ¿quién tiene la competencia? Para ello partamos de la lectura de la Constitución Española, artículo 148.3:
"Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias…..Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda".
Es decir las Comunidades Autónomas pueden, y lo han hecho, asumir como competencia exclusiva las materias citadas, tanto en su vertiente legislativa como ejecutiva. Queda claro que la competencia es de las Comunidades Autónomas. O no.
En el 90, bajo Gobierno Socialista, se promulgo una nueva Ley del Suelo, la 8/90. El Gobierno entendía que a pesar del artículo citado, tenía competencias para legislar en la materia conforme a las competencias que la Constitución le daba en materia legislación civil, marco básico del derecho de propiedad privada, planificación económica, regulación administrativa (procedimientos, expropiaciones, etc…), legislación básica de medio ambiente, etc…Las Comunidades Autónomas, por el contrario, consideraban que se invadía su esfera competencial, pues ya habían comenzado a adecuar la vieja Ley estatal del Suelo del 76, cada una a su manera, algunas con normativa más rompedora y otras con una mera aceptación de la misma como normativa propia con pequeños ajustes (recordemos que la Ley estatal era supletoria).
El choque de trenes acabó en el TC. Este, en la Sentencia 61/97 da la razón básicamente a las Comunidades y se carga 3/4 partes de la Ley del Suelo. Fundamentalmente, le reconoce al parlamento Español únicamente la facultad de legislar unos derechos y obligaciones básicos, un mínimo común denominador muy muy pequeño, pero que carecen de sentido si no son desarrollados convenientemente. Y eso sólo les compete a las Comunidades Autónomas. Dicha linea jurisprudencial ha sido remarcada posteriormente con la Sentencia del TC 164/01, que mutiló la Ley 8/90. Aunque no es aquí el lugar para hablar de ello, a propósito de esto ultimo, es falso que se haya producido bajo el Gobierno Aznar ninguna liberalización del suelo, muy a mi pesar.
Pero no podemos olvidarnos de otro sujeto fundamental en materia de urbanismo como son los municipios. La Ley de Bases de Régimen Local señala como competencia municipal la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, en el marco de la legislación estatal y autonómica. Es decir, pueden diseñar su futuro a través del planeamiento general del municipio (aunque la aprobación definitiva no es exclusiva suya), y ademas pueden aprobar planeamiento de desarrollo, tomar medidas de disciplina urbanística, etc….
Por este post es suficiente. Hemos presentado a los principales actores administrativos del asunto urbanístico en España. Como resumen podemos decir que las Cortes Generales y la Administración Central tiene un papel muy limitado (eso si, para lo poco que pueden tocar, cuándo tienen ocasión lo estropean todo, por ejemplo, con Ley del suelo del año pasado), el peso fundamental recae en las Comunidades Autónomas y que los Ayuntamientos disponen de una esfera propia muy importante. En un segundo post explicaré como este reparto competencial, conjuntamente con otros factores, ha traído una serie de consecuencias.
* CienLadrillos - IC - 15 febrero 2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
¡¡De nuevo en la calle!!
VdeVivienda* : Otra vez (ya casi hemos perdido la cuenta) nos hemos vuelto a encontrar en la calle reivindicando una vivienda digna para todos y todas. Tanta gente que desde el 14 de Mayo del 2006 seguimos insistiendo, porque el problema sigue existiendo porque la intención para solucionarlo brilla por su ausencia.
A lo largo del estado, y en Madrid, se han vuelto a oir las reivindicaciones de VdeVivienda, se han vuelto a oir vuestras opiniones, vuestras preocupaciones: vuestra respuesta a la especulación y la avaricia.
Muchas gracias a toda la gente que ha acudido. Lo hemos dejado claro: no vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho para tod@s
Comunicado de la Manifestación
"Muchas manifestaciones suelen terminar con un comunicado en el que se da las gracias a los asistentes. Pero en esta ocasión no va a ser así. Los que estáis aquí no sois simplemente los asistentes. Vosotros sois mucho más, sois los protagonistas, los auténticos protagonistas de este día. Por eso no os vamos a dar las gracias, pero sí os queremos felicitar, porque os aseguramos que vuestra voz se está escuchando hoy más fuerte que nunca.
Esta noche estamos exigiendo simplemente nuestros derechos, como son el derecho a la vivienda y a un trabajo digno. Sólo estamos pidiendo lo que es nuestro. Las subastas demagógicas las dejamos para los partidos políticos. Sus bochornosos espectáculos propagandísticos nunca podrán tener la belleza de este día, porque hace tiempo decidieron vender su dignidad; esta es la causa de que no entiendan lo que queremos decir cuando hablamos de vivienda digna o de trabajo digno. Por eso tenemos que gritar lo que queremos más alto y más fuerte que nunca, para que no les queden dudas.
Para solucionar el grave problema de la vivienda hacen falta medidas más profundas que garanticen que la vivienda sea un derecho, no un negocio, y queimpidan la especulación, que es el gran cáncer de este país, como el relator de las Naciones Unidas ha adelantado en un informe sobre el problema de la vivienda que presentará esta primavera en Bruselas.En el encuentro estatal de asambleas V de Vivienda, celebrado durante el primer fin de semana de febrero, todas las asambleas participantes elaboramos un programa con estas 7 exigencias, que queremos que sean conocidas por todos los presentes:
1.Moratoria en la ejecución de planes urbanísticos mientras estos no sean guiados por el interés general, concretado este en una efectiva participación de la ciudadanía.
2. Transparencia en los datos relativos al derecho de acceso a la vivienda: censo de pisos vacíos, censo único de solicitantes de vivienda, censo de propietarios del suelo.
3. Inversión del proceso de depredación del espacio medioambiental y del tejido social de los espacios urbanos.
4. Creación de un amplio parque de vivienda pública en alquiler social capaz de responder a la demanda real de la población excluida por el mercado. Para ello, se dará prioridad al uso de los pisos vacíos sobre el de nueva construcción.
5. Despenalización de la reutilización de espacios en desuso.
6. Asunción por parte de las empresas financieras de su responsabilidad en el elevado e insostenible endeudamiento de las familias.
7. Medidas fiscales que penalicen efectivamente la especulación.
* Precariedad y carestía de la vida
Estas son las medidas que proponemos para que se garantice el derecho al alojamiento. Sabemos que además es necesario actuar sobre otro problema que está claramente ligado a la dificultad para acceder a una vivienda. Nos referimos al problema de la precariedad laboral y de la carestía de la vida. Creemos que los bajos salarios y el alto precio de la vivienda son circunstancias vitales que están íntimamente relacionadas y constituyen juntas la más grave amenaza para nuestra dignidad y nuestra independencia como personas.
El alto endeudamiento de las familias españolas, principalmente ligado a los préstamos hipotecarios, se está viendo agravado en los últimos meses por la imparable escalada del precio de los productos básicos. Este círculo vicioso lo completa la creciente precariedad de los puestos de trabajo En la Comunidad de Madrid, el 48% de los asalariados no llega a los 1.000 euros al mes, y en el resto del país las cifras no son mucho mejores.
Para terminar con esta lacra, exigimos una renta social básica universal que nos aleje del mileurismo y rompa así el chantaje del mercado laboral, que siempre trata de imponernos unas condiciones cada vez más miserables. También pedimos una subida significativa del salario mínimo interprofesional, para que éste sea equiparable al de nuestros vecinos europeos. El trabajo debe repartirse siempre sin reducción salarial, para que todos los trabajadores participemos de la riqueza que generamos con nuestro esfuerzo. En este sentido, apoyamos fórmulas como el autoempleo y las cooperativas de trabajadores, que dan un valor sociala la actividad económica.
Consideramos que los poderes públicos no tienen excusa para seguir sin actuar contra las formas más graves de precariedad, y en concreto exigimos el fin de los contratos temporales y de las ETT, de las subcontratas, de la lamentable sangría de muertes en el tajo y de la discriminación laboral por razones de sexo o procedencia.
Cuando hablamos de precariedad, no sólo nos referimos a nuestras condiciones laborales; otra forma de precariedad que nos afecta profundamente es la pérdida de calidad de los servicios públicos, que están siendo víctimas de un galopante proceso de privatización. Los servicios públicos es el otro salario que percibimos los trabajadores, y su precarización siempre supondrá un menoscabo de nuestros derechos.Por otra parte, denunciamos que las cajas de ahorro han dejado de desempeñar la función social que tuvieron en su origen, ya muy remoto, y se han asimilado por su organigrama de funcionamiento y sus intereses empresariales a la banca comercial. En este sentido, apostamos por la banca ética y las cooperativas financieras autogestionadas.
* Inmigrantes
Por último, queremos referirnos especialmente a un colectivo que también está presente en la manifestación, y cuya participación es muy importante en estos momentos en los que está sufriendo una dura campaña por parte de algunos sectores políticos y económicos. Nos referimos a nuestros hermanos los trabajadores inmigrantes, que han sido doblemente víctimas de la especulación inmobiliaria. En los tiempos del boom inmobiliario, se estimulaba su llegada para contribuir al crecimiento desmesurado de la construcción; ése ha sido el auténtico “efecto llamada”, y no la aplicación de ninguna ley; ahora ya ha terminado el boom y los días de miel y rosas para los constructores y la banca y es necesario buscar un chivo expiatorio, y quién mejor que el que viene de fuera y está completamente desprotegido. Después de escuchar las sandeces del poder, ahora es justo darles la palabra también a ellos.
Las mujeres y hombres inmigrantes, que tan decisivamente hemos contribuido con nuestro esfuerzo a la situación de prosperidad relativa de los últimos años, estamos siendo los primeros en sufrir los efectos de la crisis desatada por la locura especulativa del capital financiero.
Son nuestros empleos los primeros que desaparecen, y la consiguiente merma de nuestros ingresos nos hace todavía más indefensos frente al aumento de la carestía de la vida, y muy en particular, de los alimentos y de la vivienda. Desde la UE y con la participación del actual gobierno, se prepara una ofensiva contra los inmigrantes destinada a sumirnos en una posición aún más subordinada a los intereses de los grupos beneficiarios de la prosperidad que hoy toca a su fin. Grupos que son los responsables de la crisis que se avecina. Para ello se está levantando un monstruoso dispositivo de racismo institucional que va desde las brutales prácticas policiales legalizadas por el protocolo de repatriaciones aprobado por el gobierno, hasta la proliferación de la infamia de los centros y campos de internamiento en los que, con una nueva Directiva europea, podrá prolongarse la retención de los inmigrantes irregulares de 40 días a 18 meses.
En este momento vamos a dar por concluida nuestra manifestación, la manifestación de todos los que pensamos que tenemos no el derecho, sino la obligación de vivir dignamente. Queremos y debemos ser los protagonistas de nuestra propia vida. Se ha terminado el tiempo de bajar la cabeza y cerrar los ojos a la espera de que el poder se apiade y nos deje respirar. Nadie nos va a salvar si no nos salvamos nosotros; nadie va a defender nuestros derechos si no lo hacemos nosotros. En esta lucha todos tenemos que estar unidos. Jóvenes y mayores, hombres y mujeres, nativos e inmigrantes. Todos sufrimos los mismos problemas y todos, absolutamente todos nosotros, sabemos cuáles son las causas y cuál es el camino. Empecemos entonces a hacer este camino, atrevámonos a soñar despiertos para construir entre todos un mundo en el que merezca la pena vivir.
Por una vivienda, por nuestra dignidad, por nosotros"
* VdeVivienda - Madrid - 02 de marzo de 2008
Foto: VdeVivienda, manifa Madrid 1mar08
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA , COLABORACIONES , NOTICIAS VIVIENDA
Miles de jóvenes vuelven a salir a la calle en 17 ciudades "por una vivienda digna"
EFE* : Miles de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron hoy en 17 capitales españolas al grito de "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa" para reivindicar el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Las concentraciones fueron convocadas por la Plataforma V de Vivienda.
En Barcelona participaron unas 1.700 personas. En Madrid, la marcha transcurrió sin incidentes desde la Puerta del Sol hasta Atocha. Los manifestantes, 12.000 según fuentes de la organización, marcharon detrás de una pancarta en la que se leía "La vivienda fuera del mercado. Más salario, menos precario".
Varios de los participantes portaban banderas comunistas y republicanas; entre las últimas destacaba una por sus dimensiones -cuatro metros de ancho por tres metros de largo- y algunos carteles en los que se pedía una vivienda justa.
Durante todo el recorrido se corearon gritos como "La niña de Rajoy, en la calle duerme hoy", "Queremos un chalé, como el de ZP" o "El libre mercado, nos tiene hipotecados". La manifestación fue precedida por un camión desde el que se coreaban consignas y se aportaban algunos datos como que en toda España hay cuatro millones de casas vacías.
Casi dos horas y media después de su comienzo, la marcha finalizó en la glorieta de Atocha, donde se leyó un comunicado con las reivindicaciones de la plataforma, entre otras, la creación de un amplio parque de vivienda pública en alquiler y de medidas fiscales que penalicen la especulación. El comunicado concluyó con el grito al unísono de "por una vivienda, por nuestra dignidad, por nosotros".
* 20 Minutos - EFE - 01.03.2008
Foto: Distintos lemas en la manifestación de Barcelona - EFE
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
El Roto: ¿Te acuerdas de cuando bailábamos?

Viñeta: El Roto, 29feb08 - elpais.com
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
Alicante: La manifestación contra los silos del Puerto reúne a 1.500 personas
INFORMACIÓN* : Los colectivos vecinales y los partidos más representativos, salvo el PP, consiguieron ayer mantener el pulso contra el Puerto por la instalación de los silos de cemento en los nuevos muelles al conseguir una amplia asistencia a la manifestación que discurrió por el centro de Alicante en paralelo al mar.
Alrededor de 1.500 personas -900 según la Policía Local y 2.500 según los organizadores- participaron en la marcha organizada por la Plataforma en Defensa del Puerto que partió de la Estación de Murcia y finalizó en la plaza del Ayuntamiento. Esta cifra supera el millar de asistentes a la última protesta, aunque en otra ocasión se alcanzaron los tres mil.
Un grupo de percusión, un anfibio, un megasilo y una chimenea abrieron la protesta, que fue encabezada por los representantes de los colectivos ciudadanos contrarios al uso industrial del Puerto y a los "megasilos". En el centro marchaba la artista Mari Carmen Martínez-Villaseñor, más conocida como Mari Carmen y Sus Muñecos, que llevaba una pancarta en la que se leía "Doña Rogelia dice no a los silos". Los lemas de la protesta fueron "No a los silos de cemento. No al cementerio industrial" o "El Puerto es patrimonio de todos los alicantinos", entre otros.
Los asistentes corearon frases como "la niña de Rajoy se mancha por la contaminación" y llevaron más de doscientas pancartas con lemas como "Alicante, capital de la costa gris", "Volvo Ocean Race, aires de cemento, brisas de carbón", "Campos marioneta de Flores", o "Camps ¿por qué traicionas a Alicante".
Por detrás de los colectivos organizadores desfilaron los representantes políticos. Por parte del PSOE acudieron el diputado provincial Roque Moreno, la portavoz adjunta del grupo socialista Carmen Sánchez Brufal y otros concejales. También hubo asistentes de Esquerra Unida encabezados por su candidato al Congreso, Miguel Ángel Pavón, además de Iniciativa-Bloc-Els Verds, Vecinos por Alicante o Esquerra Republicana.
Al término de la protesta, Mari Carmen subió a un escenario en la plaza del Ayuntamiento para agradecer a la asistencia "a todos los que amamos este lugar que en cualquier otro sitio sería un paraíso y aquí lo quieren convertir en un basurero". La humorista acusó al alcalde, Luis Díaz Alperi, de permitir actividades contaminantes y reclamó un puerto comercial en el que se cumpla la ley "sin atajos oscuros ni perversas excepciones".
La artista hizo reir a los asistentes al final de su intervención cuando, poniendo la voz de Doña Rogelia, comparó la cara del alcalde con la dureza del cemento de los silos.
Sospechosos fallos de luz
La manifestación contra los silos discurrió medio a oscuras porque, sospechosamente, conforme avanzaba la protesta iban fallando algunas de las farolas. Así ocurrió desde que se inició la marcha en la Estación de Murcia y continuó por Conde de Vallellano, en paralelo a Canalejas y a la Explanada, hasta llegar a la Puerta del Mar.
A lo largo de la marcha, se fue lanzando un polvo blanco en imitación del cemento, y también un humo rosado en representación de las emisiones contaminantes.
El problema surgió cuando, al llegar a la plaza del Ayuntamiento, lanzaron el humo, obligando a los mismos organizadores de la protesta y a los asistentes a protegerse la boca y la nariz para poder respirar.
* Información - CLARA R. FORNER - 01 de marzo de 2008
Foto: Alicante, puerto - alicanteconfidencial.blogspot.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana