LAVERDAD/Murcia* : En el recurso se indica que en los hechos denunciados "hay causa para considerarlos como un claro delito de prevaricación y fraude", en temas como falta de ordenación de los polígonos de La Manga, consideración de aprovechamiento urbanístico para terrenos de Dominio Público, incumplimiento de los linderos o utilización de vía pública.
La Audiencia Provincial ha reabierto las causas relativas a la urbanización Las Brisas y a Veneziola, a raíz de los recursos de apelación presentados contra el ex alcalde de San Javier, José Hernández, del PP, y funcionarios municipales, por presuntos delitos de prevaricación y fraude urbanístico.
Fuentes judiciales informaron hoy de que ambas denuncias fueron archivadas por la titular del juzgado de instrucción número 4 de San Javier en 2007.
Las causas, cerradas por dos veces por la jueza, han sido reabiertas a raíz del recurso de apelación presentado por los denunciantes particulares afectados por ambos casos en el que se pedía la revocación del auto de sobreseimiento, a los que se ha adherido el Ministerio Fiscal.
A principios de Febrero de 2008, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, acordó revocar el sobreseimiento así como remitirlos al juzgado número 4 de San Javier, para que continúe la instrucción de otras diligencias "que puedan ser útiles para el esclarecimiento de los hechos, teniendo en cuenta que están en juego relevantes intereses públicos".
Tras ello, el juez deberá dictaminar auto de sobreseimiento o de procedimiento abreviado, para abrir juicio oral.
En el recurso se indica que en los hechos denunciados "hay causa para considerarlos como un claro delito de prevaricación y fraude", en temas como falta de ordenación de los polígonos de La Manga, consideración de aprovechamiento urbanístico para terrenos de Dominio Público, incumplimiento de los linderos o utilización de vía pública.
En abril de 2007, días después de que el consistorio aprobara con los votos a favor del PP, y en contra de PSOE, IU y Grupo Independiente, la modificación de las normas subsidiarias para elevar la edificabilidad en la zona, el entonces alcalde, José Hernández, afirmó que el solar de Veneziola, donde se proyectaba construir un complejo hotelero y residencial, era "un suelo urbano en el que la normativa permite la construcción de bloques de hasta diez alturas".
Tras conocer el archivo de la demanda por el caso J-4, sobre Veneziola, José Hernández, uno de los imputados junto a varios funcionarios del consistorio, declaró que creía "totalmente" en la Justicia que "les daba la razón y desacreditaba a los denunciantes".
Hernández evitó hacer una valoración de la decisión, alegando que ya no se dedica a la actividad política.
* La Verdad - EFE - 28.02.08
Foto: San Javier (Murcia), La Veneziola - mma.es
La Audiencia reabre las causas de Las Brisas y Veneziola contra el ex alcalde de San Javier
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Una sentencia activa el derribo de un edificio de Telmo Martín en Sanxenxo
ELPAÍS/Pontevedra* : La intervención directa del entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, del PP, impidió en febrero de 2005 que se ejecutara una orden de derribo y una multa de 3 millones de euros contra la inmobiliaria Construcuatro por invadir la zona de servidumbre marítimo-terrestre en Sanxenxo.
Tres años después, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha anulado la resolución del ex conselleiro y activado la sanción contra la empresa de la que posee el 33% Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo cuando se construyó el edificio y actual presidente local del PP de Pontevedra.
La sentencia es consecuencia del recurso de una asociación ecologista, Salvemos Pontevedra, contra el sobreseimiento del expediente. La misma organización había denunciado a Pesca, entonces con las competencias de Costas, las obras abusivas en la servidumbre de protección en el paseo de Silgar, donde Construcuatro levantaba un edificio con licencia para sótano, planta baja, cuatro pisos y áticos. En realidad, según figura en el Registro de la Propiedad y constataron funcionarios de Pesca, el edificio cuenta con una planta más de las autorizadas por el Ayuntamiento.
El expediente realizado por el Servicio de Usos del Litoral de la consellería dejaba poco lugar a dudas. Consideraba como hechos probados que el edificio no respetaba los 20 metros preceptivos de zona de servidumbre, sino una distancia de "entre 17,81 y 18,20 metros de la ribera del mar". También constataba que las obras carecían de autorización en materia de Costas de la comunidad autónoma. Como el valor de lo construido ascendía a 12,2 millones de euros, se le imponía una multa de 3,05 millones, con un recargo de 305.584 euros mensuales mientras no se ejecutara la demolición para devolver los terrenos en los que se ejecutaron las obras a su primitivo estado.
El expediente de multa y demolición debería haber sido trasladado al Consello de la Xunta, que es el órgano competente para dictar una resolución de esas características, según confirma la sentencia del tribunal gallego. En vez de ello, el conselleiro acordó de oficio, y "como medida complementaria", solicitar nuevos informes al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. En esos informes se estimaba que la invasión de la servidumbre no era de hasta 2,12 metros, sino de un metro. Fue suficiente para que López Veiga apelara a la existencia de "planos de deslinde contradictorios" para decretar el sobreseimiento del expediente.
El TSXG estima el recurso de Salvemos Pontevedra, por considerar probado que la resolución que impugna había sido dictada "por un órgano incompetente". La sentencia precisa que la instancia apropiada para archivar el caso sólo podría haber sido el Consello de la Xunta, la única competente para resoluciones en las que la multa supere los 500.000 euros. "Parece clara la necesidad de respetar la atribución competencial normativamente atribuida al Consello de la Xunta", precisa el fallo judicial.
Lujo en la calle más prohibitiva del municipio más caro
Los informes que permitieron a López Veiga determinar la existencia de planos contradictorios fueron facilitados por el organismo que dirige Cristina de Paz, jefa de Costas en Pontevedra, conocida por más de una polémica en Sanxenxo. La posesión de un chalé frente al mar en zona de protección es una de ellas. Otra, la legalización de una casa en la playa de un edil de Urbanismo mediante un informe que modificaba la línea de ribera del mar.
El Plan General de Sanxenxo, aprobado durante el mandato de Telmo Martín, convirtió en zona urbana la finca de la jefa de Costas, que las normas urbanísticas entonces en vigor calificaban de suelo no urbanizable. El departamento de Costas no ha logrado en diez años aprobar el deslinde marítimo-terrestre, que, como ha reconocido el Ministerio de Medio Ambiente, afectaría a la vivienda de la propia Cristina de Paz. El entonces concejal de Urbanismo, por otra parte, pudo construirse un chalé en una finca afectada por la servidumbre de protección en la playa de Areas gracias a un informe de la jefatura de Costas, que modificó la ribera del mar y sirvió de informe para que el Plan General de Telmo Martín recalificara el solar.
A Cristina de Paz acudió López Veiga para conseguir los informes en los que basó el archivo del expediente contra el edificio del paseo de Silgar. No es un inmueble cualquiera. Se trata del más lujoso, de la calle más cara, en el ayuntamiento más prohibitivo de Galicia. El metro cuadrado supera el millón de euros. Allí levantó Construcuatro un edificio de casi 600 metros por planta. Allí posee Telmo Martín un piso, el 6ºA, de 180 metros cuadrados con dos terrazas de 100 metros cada una, que no existen en la licencia de obras ni de primera ocupación. También compraron dos antiguos altos cargos de la Xunta de Fraga, el ex director general de Urbanismo José Cudeiro y el ex conselleiro Juan Miguel Diz Guedes.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 28/02/2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), edificio controvertido junto playa - O.París (La Voz de Galicia)
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Un juez anula la licencia de 88 viviendas de Fisterra
ELCORREO/A Coruña* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo num.3 de A Coruña anuló la licencia concedida por el Concello de Fisterra a una urbanización de 88 viviendas construida en la recta de Anchoa. Dicha nulidad se justifica, según la sentencia, porque la construcción no cumple con la normativa de edificabilidad, no está retrancada y el terreno en el que se ubica no reúne los requisitos para ser considerado como suelo urbano no consolidado.
Además, el fallo judicial establece que antes de haberse otorgado la licencia debería ejecutarse un proyecto de equidistribución y ceder el suelo legalmente establecido para la urbanización de la zona.
La sentencia, que es recurrible en un plazo de 15 días ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se produce en base a un recurso contencioso interpuesto por la Consellería de Política Territorial que, ya en noviembre de 2006, había requerido al Concello de Fisterra para que revisase la licencia. Al no ser atendida dicha petición, en marzo de 2007 la Xunta interpuso el recurso que concluyó con el fallo referido.
El alcalde, José Manuel Traba, ya anunció que hoy mismo se reunirá con los asesores jurídicos para interponer el correspondiente recurso de apelación. Entiende que la licencia ha sido concedida de forma correcta, pues la cesión de suelo que se pone en cuestión, y que debería realizar el promotor, ya se realizó en 1996 por el propietario de los terrenos a la Demarcación de Costas, ente que, según el regidor, se encargó de la urbanización de dicha área y de la creación de los viales.
Dichas unidades de actuación quedaron, no obstante, anuladas con la entrada en vigor de las nuevas normas urbanísticas aprobadas en 2002. A pesar de ello, el alcalde entiende que no procede una nueva cesión de terrenos, pues ahora no es posible compensar ni devolver a los promotores el suelo que habían cedido en su día.
Ratificadas tres licencias
La Consellería de Política Territorial formuló recursos similares contra otras cuatro edificaciones de la zona de Anchoa, tres de los cuales fueron rechazados, ratificando así las licencias otorgadas por el Concello.
* El Correo Gallego - CEE - 27.02.2008
Foto: Fisterra (A Coruña), edificio licencia anulada - lavozdegalicia.es
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España es el país de la UE donde más se construye y donde la vivienda es el problema social más trágico
RICARDO RODRÍGUEZ* : El 1 de marzo, las asambleas contra la precariedad y por la vivienda digna, nos llaman a movilizarnos por este derecho elemental que a tantos se niega.
Ahora que los candidatos de los grandes partidos políticos de este país se encuentran tan ocupados haciendo el payaso en público por ver a cuántos incautos son capaces de embaucar para que les voten en las elecciones generales, ahora, hoy mismo, mañana o pasado mañana, puede ser un momento tan bueno como cualquier otro para que los ciudadanos miremos de frente la realidad del país.
No hay que esperar demasiado de los políticos profesionales que en estas fechas mendigan aplausos y votos. Cuando se encuentran en campaña, o sea siempre, se vuelven seres menesterosos y se les nubla el raciocinio. Y como a ellos, a los directores de los grandes medios de comunicación y a toda esa tropa de ridículos comentaristas o «politólogos» (sabrá Dios qué cosa designe semejante palabrota), engolfados a todas horas en sesudos análisis sobre si en el gran debate televisivo entre Zapatero y Rajoy se le veía a uno más sonriente y fresco o el otro gesticulaba demasiado o llevaba mal hecho el nudo de la corbata. En fin, esos asuntos que tanto importan a la ciudadanía. Porque en los tiempos que corren no se requiere de quien opine sobre la política nacional que tenga ni la más remota idea de economía o sobre el verdadero estado de la educación pública o la sanidad; basta con ser experto en manicura.
Tampoco debemos fiarnos demasiado de la división al uso entre izquierda y derecha. Y no porque, como de toda la vida nos han querido hacer creer los muy de derechas, tal división haya dejado de existir, sino porque el grueso mayor de la izquierda presente en las instituciones se vendió hace muchos, muchos años a los dueños del país, banqueros, industriales, especuladores y capitalistas de toda condición, los dueños que se hacen llamar padres de la patria porque roban más que nadie y patriotas porque financian asesinatos en masa. La verdadera izquierda, en cambio, ha quedado en la calle, a la intemperie, con apenas sus manos, su cabeza y su corazón. Aunque, bien mirado, igual con esto es suficiente si nos empeñamos. Pero, claro, por lo menos hay que empeñarse.
La semana pasada, un célebre diario de reciente fundación que se tiene por muy de izquierdas y progresista recogía en su portada la deslumbrante noticia de que Botín venía a desarmar el catastrofismo del Partido Popular acerca de la economía del país, que al banquero por lo visto le parecía que marchaba maravillosamente. No supe decidir al pronto qué me espantaba más: si que el banquero más rapaz del país defendiera a la presunta socialdemocracia de los ataques de la derecha, si que lo exhibiera como tranquilizador dato un periódico en teoría progresista o el mero hecho de que Botín estuviese contento con el estado de la economía. Pero todo mezclado da como para que la clase trabajadora empiece a temblar y a enseñar los dientes.
En las mismas fechas, otro periódico, éste de distribución gratuita y no tenido por muy rojo, al contrario que el anterior, daba cuenta del informe que el observador de la ONU Miloon Kothari había redactado sobre el estado de la vivienda en España. Las conclusiones del informe resultan tan demoledoras, que el silencio guardado al respecto por el resto de la prensa y por los grandes partidos encenagados en la campaña electoral es de esos silencios que por sí solos constituye un clamor de desvergüenza infinita. Y tendrían que haberse removido los pilares de la tierra.
Tal vez con buen tino la oposición ha renunciado a hacer uso, ni siquiera demagógico, del informe, porque el informe hace remontar a dos décadas atrás el origen de la catástrofe inmobiliaria, lo que, aunque se haya quedado corto, cubre de lodo la totalidad de las instituciones del país y tanto a gobiernos del PSOE como del PP. Y tampoco es que Miloon Kothari haya sido en exceso original. Lo que nos dice lo lleva denunciando en la calle desde hace dos años el movimiento ciudadano reivindicativo del derecho a una vivienda digna. Hay más de tres millones de viviendas vacías en un país en el que cerca de ocho millones de personas no tienen acceso a un techo bajo el que vivir. Más de una cuarta parte de los ingresos de nuestros ayuntamientos procede de la especulación urbanística, por la vía esencialmente de malvender a grupos privados el suelo público que es la herramienta básica para garantizar el derecho a la vivienda. España es el país de la Unión Europea en el que más se construye y en el que en cambio la vivienda constituye un problema social más trágico. Las políticas de subvención a la vivienda en propiedad y las desgravaciones fiscales, las políticas que siguen ofreciendo como gran panacea tanto el PP como el PSOE, han provocado constantes elevaciones de precios. El urbanismo enloquecido que asola el país, aparte de destruir el entorno natural, lleva camino de sumirnos en una crisis del modelo productivo que dejará un reguero de desempleo, pobreza y desesperación de centenares de miles de personas (de Botín seguramente no, desde luego).
El observador de la ONU reclama de las autoridades españolas que adviertan a la población de la gravedad de la situación y acometan medidas urgentes y drásticas para corregirla. Pero hasta ahora las autoridades se han conformado con ordenar a los antidisturbios que apaleen en las calles a los ciudadanos que se han manifestado para denunciar ni más ni menos que lo que ahora nos dice la ONU, amén de negociar con el G14, representante de los grandes constructores y promotores inmobiliarios, nuevos bocados de las arcas públicas para evitar reducciones de beneficios empresariales. No vaya a ser que a Botín empiecen a irle un poco mal las cosas. Hasta ahí podíamos llegar.
Pero nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, tenemos nuestras manos, nuestra cabeza y nuestro corazón. Y con tan prodigiosas armas podemos gritar a los cuatro vientos lo que otros pretenden ocultar.
El próximo 1 de marzo, las asambleas contra la precariedad y por la vivienda digna, más conocidas como V de Vivienda, de nuevo nos llaman a movilizarnos por este derecho elemental que a tantos se niega. En Madrid una manifestación que ha de ser multitudinaria partirá a las seis de la tarde de la Puerta del Sol. En otras ciudades habrá movilizaciones en la misma jornada. Es un buen día, el 1 de marzo, como otro cualquiera, para volver a la calle, y enfrentar entre todos, al silencioso clamor de la desvergüenza, el bullicioso clamor de la dignidad.
* Rebelión - Ricardo Rodríguez - 27-02-2008
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Los colectivos antiparquímetros vuelven a la carga
ELPAÍS/Madrid* : Los colectivos antiparquímetros celebrarán mañana jueves sus dos años de lucha con una manifestación en el barrio de Carabanchel Alto, en la que piden que se deje de convertir las calles de Madrid "en un negocio, tanto para el Ayuntamiento, como para las empresas concesionarias".
Los detractores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en los barrios periféricos de la capital señalan en un comunicado que continúan abiertos al diálogo después de las elecciones del 9 de marzo "en caso de que continúe el actual equipo de Gobierno municipal" y pedirán una reunión con el nuevo alcalde si el actual regidor, Alberto Ruiz-Gallardón deja la Alcaldía para "buscar una solución satisfactoria".
"Hace dos años, el equipo de Gobierno municipal extendió los parquímetros a algunos barrios periféricos de la capital, afirmando que lo pedían los vecinos. Poco tiempo duró la mentira, pues fueron decenas de miles los vecinos de estos barrios que mostraron de muchas maneras su frontal rechazo a esta decisión, exclusivamente recaudatoria. Y poco tardó también la opinión pública en comprobar lo absurdo de esta medida en unos barrios residenciales en los que los problemas de aparcamiento se producen por la noche, no durante las horas laborables", indican los antiparquímetros.
Asimismo, detallan que el conjunto del sistema SER recauda al año tres millones de euros, sin contar con las multas, a pesar de que que el Ayuntamiento "afirme todo lo contrario, presentando un balance parcial negativo". "Para adornar su tremendo error y atropello, el equipo de Gobierno justificaba hace dos años la implantación en que trataba de igualar a los vecinos de los barrios periféricos con los del distrito de Salamanca, lo que sólo ha conseguido en el aspecto recaudatorio", señalan los detractores del SER.
La ruina para el comercio
Los manifestantes aseguran que las máquinas están arruinando a los pequeños comerciantes "que se ven impotentes para competir con grandes superficies, en las que resulta gratuito el aparcamiento, obligando a los vecinos a pagar una nueva tasa sin ninguna ventaja a cambio". Por otro lado, aseguran que una veintena de vecinos de los barrios periféricos se encuentran pendientes de juicios "ante la imposición y la represión municipal".
No obstante, los juicios celebrados hasta ahora 2"han resultado con sentencia absolutoria", agregan. Los antiparquímetros aseguran que las 50.000 firmas entregadas y los 200 actos y manifestaciones realizados han logrado que el Ayuntamiento de Madrid renuncie a extender máquinas a otros barrios periféricos. "Pero sólo su prepotencia y el afán de castigo puede explicar que todavía no los haya retirado de los barrios en los que los impuso a la fuerza, y que son los que expresaron su rechazo más frontal", concluyeron.
La manifestación del colectivo se desarrollará mañana a las 19.00 en las calles Alfredo Aléix, Avenida Carabanchel Alto y Plaza de la Emperatriz. Durante los próximos días también se desarrollarán otras actividades, como proyecciones de un documental, para festejar los dos años de lucha contra los parquímetros, que comenzaron a funcionar a principios de marzo de 2006.
* ELPAIS.com - Madrid - 27/02/2008
Foto: Cartel de la manifestación.
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El TAV y las carreteras
ECOLOGISTAKMARTXAN/Euskal Herria* : Resulta curioso que la mismas instituciones administrativas que se han negado en rotundo a contrastar y debatir públicamente sus planes para la implantación de la polémica Y vasca sean ahora, aprovechando el rebufo y la propaganda desatada con la llegada del AVE a Málaga, Valladolid y Barcelona, quienes acusen a los detractores de esta obra pública de defender el mantenimiento del actual modelo de transporte por carretera. Escudándose en la penosa situación de un transporte vial que día a día conoce colapsos y costosos y desesperantes embotellamientos, se ofrece la Y vasca como solución al trafico de coches y camiones.
Sin embargo son sus propios datos los que niegan esa posibilidad de trasvase de modos de transporte ya que sus propios análisis y documentos dicen que el tráfico de carretera va aumentar considerablemente en la próxima década. No pudiendo escurrir el bulto, ahora acusan a la oposición al TAV de defender el actual modelo de carreteras. Calumnia que algo queda, dice el refrán.
Desde hace años las diputaciones y el propio gobierno vasco han leído en los informes de consultores, en libros blancos, verdes y de expertos de transporte que las nuevas infraestructuras viarias no son la garantía para acabar con los atascos. Aquí y en todo el mundo, el ritmo de matriculación de vehículos y de ocupación viaria es mayor que el de creación de nuevas carreteras, autovías y autopistas, como se evidencia en el gran Bilbao o en Donostialdea. La cruda realidad nos dice que el tráfico rodado es tan denso y el número de automóviles privados y camiones aumenta de tal manera que, por ejemplo, el corredor de Txorierri y el de Uribe-Kosta o los nuevos túneles y accesos construidos no son suficientes para agilizar y evitar los colapsos en el Bilbao metropolitano. Tampoco lo será la llamada Super-Sur. Voces autorizadas de la diputación guipuzcoana han asegurado que tras la puesta en marcha de la Maltzaga-Urbina, de los cinturones de Donostialdea y los tres carrilles en la A-8, desgraciadamente seguirá habiendo atascos porque el aumento de la circulación de automóviles y de camiones que prevén es mayúsculo. Por eso mismo es erróneo pensar que el TAV sea la solución - o parte de la misma- para cambiar este triste panorama. Los estudios de movilidad del Gobierno Vasco dicen que es mínimo el porcentaje de personas que se mueven a diario entre las tres capitales y por su precio y sus pocas estaciones sería mucho menor el número de viajeros que podría usar el TAV.
Lo duro del asunto es que según argumentan actualmente tanto Nuria López de Gereñu como otros defensores del TAV, no apoyarlo es perpetuar el actual modelo basado en la carretera. También hemos leído y oído a quienes interesadamente quieren confundir el movimiento anti-TAV con el cura de Santa Cruz y los carlistas anti-liberales que atacaban trenes y estaciones en el XIX para echar leña al fuego de la criminalización. No por ello nos cansaremos de repetir que el tren es el modo de transporte más ecológico y equitativo para nuestra sociedad. Queremos y necesitamos más y mejores trenes. Mejorar las líneas de FEVE, Euskotren y RENFE es una tarea prioritaria y también poner en marcha nuevos proyectos como conectar el tren de Lezama con el Duranguesado, por Usansolo o Amorebieta. Llevamos muchos años reclamándolo.
No es de recibo decir que la culpa del actual estado de cosas lo tienen los que no quieren la modernización del transporte. Somos una sociedad atrapada por el crecimiento económico y los intereses mercantiles. Petróleo, cemento y automóviles son tres poderosos sectores industriales que mandan mucho, aquí y ahora. Sin embargo salir de la vorágine del transporte no significa apostar por un modo de transporte elitista, de gran impacto ecológico y social y desequilibrador del territorio y favorecedor las capitales frente a los pueblos, como la Y vasca. Lo social y ecológicamente justo y responsable es tratar de amansar el tráfico. Mejorar la accesibilidad de la gente sin aumentar la movilidad. Facilitar modos de transporte no motorizado y de transporte colectivo, frente al coche privado. Estimular fiscal y económicamente a la gente para compartir el automóvil, para usar el transporte publico, los pies y la bicicleta. Pero eso no es un gran negocio. Y el TAV es sobre todo un negocio para los gestores de su construcción.
John Whitelegg, profesor de transporte sostenible en Liverpool comparaba nuestros hábitos como los usuarios del automóvil con las actitudes de los drogadictos. Algunos ecologistas vascos recogiendo el símil, decían con ocasión primer día sin coche, 22 de Septiembre del 2000, que los responsables políticos del transporte actuaban como yonkis con las infraestructuras viarias. La Super-sur la vendían como su última dosis en Bizkaia y la Maltzaga- Urbina en Guipúzcoa y Alava. Pero los proyectos de carreteras, autopistas y autovías no cesan. El problema terapèutico está en que el TAV no es la metadona para salir de la dependencia de la heroína/carretera. Mientras las políticas de transporte sigan priorizando el negocio frente al resto de criterios ambientales, sociales, de ordenación territorial, culturales… decir que el TAV va a servir para salir del modelo de transporte por carretera es como creerle a un drogadicto con la bolsa llena que este -el TAV- es su ultimo chute. La evidencia demuestra que nuestro sistema político actúa como un poli-toxicómano en los asuntos del transporte. La culpa del actual estado de cosas la tenemos los que no queremos aportar más droga para su síndrome de abstinencia.
* Iñaki Barcena Hinojal, Profesor e investigador de EHU. Miembro de Ekologistak Martxan.
* Ekologistak Martxan Euskal Herria - 26 de febrero
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , COLABORACIONES , NOTICIAS País Vasco
La Guardia Civil detiene al ex alcalde de Gomecello por un delito de corrupción urbanística
NORTECASTILLA/Salamanca* : La Guardia Civil de Salamanca detuvo ayer al ex alcalde de Gomecello, Julián Rodríguez, perteneciente al partido Unión del Pueblo Salmantino, y a otras tres personas por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística. Según señalaron fuentes del caso, los detenidos estarían implicados en una recalificación ilegal la pasada legislatura de unos terrenos incluidos en el término municipal de Gomecello.
Además de Julián Rodríguez, fueron detenidos a lo largo de ayer E. P. R., J. C. M. C. y S. M. V. Según los primeros datos que se han conocido sobre la investigación, todos ellos estarían relacionados con una constructora que habría llevado a efecto una promoción presuntamente ilegal de chalets en el municipio salmantino que se encuentra sin terminar.
Según fuentes de la investigación, las cuatro personas fueron detenidas por una orden emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca y aunque estaba previsto que pasaran ayer mismo a disposición judicial, finalmente serán interrogados a lo largo de hoy. Mientras, permanecen custodiados en la Comandancia de Salamanca.
La noticia provocó un auténtico impacto ayer en Gomecello, aunque la actual alcaldesa, Rosa Esteban (PP), declinó realizar ninguna valoración. En cualquier caso, el nuevo equipo de Gobierno negó haber interpuesto la querella contra la promoción supuestamente ilegal que ha originado la actuación del juzgado y manifestó que, a pesar de haber presentado varias denuncias contra la gestión del anterior alcalde, todas se enmarcan en el ámbito de lo contencioso.
La acción política de Julián Rodríguez ha estado marcada siempre por su oposición frontal al Centro de Tratamiento de Residuos de Salamanca que la Junta inauguró el pasado año en Gomecello. Rodríguez encabezó primero la plataforma vecinal y después alcanzó la alcaldía en el 2003 con un programa político basado en el rechazo a la instalación. Tras una larga batalla judicial, el alcalde protagonizó un enfrentamiento con la Guardia Civil en junio del 2005 al intentar impedir la entrada de las máquinas en los terrenos del CTR y que se saldó con su detención por resistencia a la autoridad.
* El Norte de Castilla - 27.02.08 - F. GÓMEZ
Foto: Solar donde se construye el centro de basuras de Gomecello/ J. T., nortecastilla.es
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Bruselas amenaza con paralizar el aeropuerto de Valcárcel y denunciarlo ante el tribunal europeo
VEGAMEDIA/Murcia* : La Comisión Europea ha enviado una advertencia al Gobierno de la Región de Murcia y al Ministerio de Fomento: las obras del nuevo aeropuerto murciano incumplen las normas medioambientales. Además, el organismo europeo es claro: si no rectifican serán denunciados ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El expediente abierto por la Comisión Europea afirma se basa en que el Gobierno autonómico "no realizó un análisis exhaustivo de alternativas para valorar de forma adecuada el impacto medioambiental del aeropuerto", especialmente en los núcleos de población del entorno.
Según Bruselas, el estudio aportado por la Región de Murcia es excesivamente "frágil", ya que no reflejan los nuevos núcleos residenciales que se están construyendo a muy escasa distancia de donde está proyectado el aeropuerto.
"Este grave error medioambiental", dice la Comisión, "es imputable al promotor del aeropuerto, la Región de Murcia, en la medida que es quien ha elaborado y propuesto el Plan Director". Pero añade: "También es imputable al Ministerio de Fomento por no haber ejercido adecuadamente la función que le corresponde de velar por la corrección del procedimiento".
Además, la Comisión va más allá y asegura que el Gobierno autonómico es consciente del problema medioambiental que presenta el proyecto, pero afirma que se niega a rectificarlo ya que tendría que repetir ciertos trámites, lo que supondría una demora en la inauguración de la infraestructura (y ya se sabe que las prisas mandan cuando se acercan las elecciones).
"No obstante, a pesar de las reticencias del Gobierno de Murcia, aún está en manos del Ministerio de Fomento enderezar la situación, pues en estos momentos tiene sobre su mesa, para su aprobación o no, el proyecto de obras presentado por la Región de Murcia, elaborado por el adjudicatario de la obra pública, el Consorcio Aeromur liderado por Sacyr Vallehermoso", señala la Comisión.
Con todo esto, Bruselas advierte a las dos partes implicadas que, si diesen comienzo las obras de construcción del aeropuerto "a pesar del apercibimiento de la Comisión, los perjuicios económicos para la Región de Murcia podrían ser incalculables en el caso de tener que dar marcha atrás".
* Vegamedia Press - 27/02/2008
Foto: Murcia, proyecto aeropuerto - vegamediapress.es
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27.2.08
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Tema: NOTICIAS Murcia
El ayuntamiento permite 10 excepciones o cambios del PGOU para facilitar el hotel del nuevo Mestalla
LEVANTE/Valencia* : Para hacer posible la construcción del nuevo estadio del Valencia CF en la avenida de Corts Valencianes incluyendo, ahora, un hotel de unas veinte alturas, el Ayuntamiento de Valencia -y la Generalitat Valenciana- tendrán que autorizar hasta diez cambios o excepciones en las normas urbanísticas del Plan General que rigen para el común de los promotores.
La última modificación sobre un planeamiento ya modificado es la más sustanciosa por tanto convierte el uso hotelero en principio prohibido en permitido.
Pero no es la única variación de calado. Además, se eliminan dos importantes restricciones: la altura total que podrá alcanzar la instalación deportiva y el retranqueo de 15 metros de la fachada respecto a la calle que opera en todo el polígono de viviendas de la zona. No es una cuestion baladí, ya que el retranqueo, de tener que hacerse, habría supuesto una reorientación del estadio y el edificio de usos terciarios -diseñado en la parte recayente a la calle La Safor- no habría cabido.
La singularidad del coliseo futbolístico ha sido el argumento utilizado para justificar las excepciones. Entre las dos modificaciones se han variado los cómputos de edificabilidad, también en vistas a concentrar el máximo en el futuro hotel. A falta de concretar en un estudio de detalle, el uso dominante deportivo -el previsto para la parcela- será "superior al 50%" (pero bastaría con el 50,5%) y el resto, terciario. Otra novedad introducida es que las tiendas, cafeterías y locales dentro de la "piel" del estadio computan como deportivo, no terciario. Tampoco se cuentan las gradas y locales abiertos.
* Levante-EMV - S. G. , Valencia - 27 de febrero de 2008
Foto: Valencia, nuevo estadio y hotel 20 alturas - levante-emv.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Urbanismo suspende el PGOU de Cuevas del Almanzora
ELPAÍS/Almería* : El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería), gobernado por el PP, incluye en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio la construcción de 100.000 viviendas en suelos catalogados como urbanos no consolidados y como urbanizables no sectorizados.
La Comisión Provincial de Urbanismo, reunida ayer para analizar la viabilidad del planeamiento de este municipio del levante almeriense, que ronda los 12.000 habitantes, suspendió el planeamiento, que supondría la construcción de viviendas para 238.000 habitantes, según explicó a este periódico el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Luis Caparrós.
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora deberá subsanar todas las deficiencias detectadas por la Junta de manera que el plan general propuesto se adapte a los criterios de "racionabilidad y sostenibilidad" estipulados por ley.
El representante de la Administración andaluza ofreció al regidor del municipio, Jesús Caicedo, todo el asesoramiento que precise para subsanar en el más breve plazo esta previsión de crecimiento para los suelos no consolidados, además de trasladarle su preocupación sobre la futura situación de 2.500 viviendas construidas en diferentes núcleos del municipio bajo la figura de delimitación de suelo, que ha sido declarada nula por el Tribunal Supremo, por lo que urgió al Consistorio a subsanar también estas deficiencias.
Al margen de estos asuntos "graves", la Comisión decidió dar su aprobado al PGOU en cuanto a la previsión de crecimiento en suelo urbano consolidado, estimada en 3.500 viviendas, y en suelos para uso industrial, que suman unas 280 hectáreas.
* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería - 27/02/2008
Foto: Cuevas del Almanzora (Almería) - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El crac del ladrillo. Del milagro a la pesadilla
XLSEMANAL/A Fondo* : Mientras el ciudadano de a pie se encadenaba a interminables hipotecas, promotores, especuladores y avispados de todo pelaje se hacían de oro con el ‘boom’ inmobiliario. Pero los días del dinero fácil han acabado. Ahora, los nuevos ricos que crecieron a la sombra del ladrillo, como Enrique Bañuelos, Luis Portillo o Francisco Hernando, intentan salvar los muebles.
Cuenta Groucho Marx en sus memorias que en los años 20 del pasado siglo su sueldo era de 2.000 dólares semanales. «Pero esto era calderilla en comparación con la pasta que ganaba, teóricamente, en Wall Street.» Groucho no tenía asesor financiero. Nadie lo necesitaba. Ascensoristas y camareros le daban chivatazos. «Podías cerrar los ojos, elegir un valor al azar y la acción que acababas de comprar empezaba a subir. Lo más sorprendente era que nadie vendía una sola acción. La gente compraba sin cesar. Parecía absurdo vender a 30 cuando se sabía que en cuestión de meses valdría el doble o el triple.» Era el año 1929. Se avecinaba el crac. «Mientras el mercado seguía ascendiendo hacia el firmamento, empecé a sentirme cada vez más nervioso. El poco juicio que tenía me aconsejaba vender, pero era avaricioso.» De repente, todo el mundo quiso vender, el nerviosismo se tornó en pánico y, el martes negro, la Bolsa se derrumbó. «El día del hundimiento final, mi amigo Max Gordon me telefoneó desde Nueva York. Todo lo que dijo fue: ‘¡La broma ha terminado!’. Luego se suicidó. Creo que el único motivo por el que seguí viviendo fue el convencimiento consolador de que todos mis amigos estaban tan arruinados como yo.»
Salvando las distancias, lo que relata Marx tiene un aire familiar: recuerda a lo que sucede en el sector del ladrillo en España durante estas últimas y turbulentas semanas. Quizá nadie se suicide tirándose desde un rascacielos, pero la burbuja más rentable de la economía española ha estallado. Todo empezó en verano con un estornudo del sistema bancario en EE.UU. por la concesión de créditos hipotecarios de altísimo riesgo, las hipotecas subprime. Los bacilos contagiaron a Europa, y España agarró una pulmonía. Tanto que Carlos March, presidente de la Banca March, profetiza «tres años de sufrimiento» para inmobiliarias y constructoras.
Entre los que están pagando el pato, los primeros damnificados son los agentes inmobiliarios. Las ventas han caído un 40 por ciento y la crisis se ha llevado por delante a unas 32.000 oficinas de ventas de pisos, aunque nadie sabe muy bien cuántas había: 160.000 según una consultora especializada, la mitad según los agentes de la propiedad. Tal es el caos. Cierto es que muchas eran chiringuitos surgidos como setas al calor del dinero fácil. Un teléfono móvil, traje y corbata a guisa de moderno disfraz de bucanero y el coche como oficina. Ésa es la radiografía del 64 por ciento de un sector donde abundan los truhanes. Los más serios, los que están colegiados, van capeando el temporal como pueden.
Además de venderse menos casas, sobre todo segundas residencias en la costa, se construye menos. Un dato demoledor: el consumo de cemento se estancó en 2007 después de una década de hormigoneras a todo gas. Lo que se ha traducido en un descenso de 300.000 viviendas respecto al año anterior. ¿Cuáles son las previsiones para 2008? Para echarse a llorar. Otras 150.000 menos que en 2007, según el director de la oficina económica de la Moncloa, David Taguas. Eso supone 300.000 empleos menos. Crisis en los andamios y albañiles al paro. Uno de cada tres son inmigrantes.
La pregunta del millón es si la crisis propiciará que baje el demencial precio de los pisos, que ya ronda los 2.086 euros por metro cuadrado. De momento, sólo ha servido para que se desacelere. Los precios siguen subiendo, pero a menor ritmo. El incremento anual se sitúa en el 4,8 por ciento, el menor de la última década. Si bien, entidades como Deutsche Bank pronostican que finalmente será inevitable una caída de precios de hasta el ocho por ciento. Pero, de momento, las inmobiliarias prefieren tirar la casa por la ventana haciendo regalos, algunos la mar de curiosos, antes que hacer rebajas.
Las oficinas de venta de pisos que aún quedan abiertas se han convertido en una tómbola. Las promociones de viviendas de lujo son las que ofrecen los obsequios más golosos: desde un Mercedes clase C con plaza de garaje hasta instalaciones de domótica o electrodomésticos de alta gama en la cocina. Incluso se regalan bolsas, palos y clases gratuitas en urbanizaciones con campo de golf. Otras copian al Gobierno y ofrecen un chequebebé si los clientes tienen un hijo. Televisiones de plasma, jamones de pata negra. Cualquier cosa antes que bajar el precio. Una inmobiliaria ha llegado a regalar bolitas antiestrés para no comerse las uñas con las subidas del euríbor. Buenas noticias: bajó en enero, bendito efecto colateral de los desplomes en las Bolsas. Pero la hipoteca media ronda los 700 euros mensuales. La revisión a la baja sólo será de unos 35 euros en el próximo recibo, pero puede servir para amortizar una cena baratita porque muchas familias hipotecadas ya no se acuerdan de lo que es salir un sábado por la noche.
Sólo hay que echarle un vistazo al selectivo Ibex 35, el indicador de los principales valores de la Bolsa, y en especial a las cotizaciones del llamado G14, las compañías del sector de la construcción (más conocidas como las empresas del cemento) y sus primas hermanas, las inmobiliarias, para darse cuenta de la magnitud del cataclismo. El descenso de la venta de viviendas en España, las crecientes dificultades de financiación y el elevado endeudamiento del sector asustan a los inversores. En una sola semana (si no negra, por lo menos azul muy oscuro), el G14 vio esfumarse 9.100 millones de euros en capitalización, más de un tercio de su valor.
El elevado endeudamiento que arrastran las inmobiliarias es como para no pegar ojo. Los años de crecimiento estratosférico que vivió el sector, acompañados por una época dorada de tipos de interés muy bajos, permitieron que muchas empresas aprovecharan el tirón del negocio para endeudarse y fomentar expansión. Los bancos que prestaron la pasta están ahora con la mosca detrás de la oreja. El lema es conocido: «Si te debo mil euros, tengo un problema; si te debo un millón de euros, tú también tienes un problema». Y en el caso de algunas inmobiliarias, el problema es morrocotudo.
Colonial se lleva la palma. Debe recibos por valor de 8.600 millones de euros. No es extraño que sus acciones se desplomasen hasta valer poco más o menos lo que un sobre de cromos. Pero el tufo a ganga ha atraído al fondo estatal de Dubai y el previsible chorro de petrodólares ha inyectado nueva vida a la firma. Astroc afronta unos pagos de 688 millones. Peccata minuta para lo que se cuece en el sector. El problema es que debe hacer frente a la mitad de esos vencimientos en los próximos meses, sin apenas respiro; es decir, los acreedores le aprietan todos a una. Durante varias sesiones fue el farolillo rojo del parqué, aunque parece que ha retomado nuevos bríos con una ampliación de capital y una renovación de sus accionistas. Renta Corporación, la tercera inmobiliaria más castigada, también se recupera gracias a los amantes de las emociones fuertes, pues la Bolsa española se ha convertido en una montaña rusa, con jornadas de pánico históricas seguidas de rebotes no menos sonados.
Pese a estas tímidas recuperaciones, el panorama es sombrío. Como apunta el broker Javier García Rodríguez, director de Renta 4, «parece que el sector necesita más que nunca el dinero de los bancos, justo cuando, a la inversa, son éstos los que necesitan cuanto antes el dinero prestado inicialmente, ya que la crisis de liquidez es cada vez más evidente y constatada por las sucesivas inyecciones de liquidez de los bancos centrales». O dicho para legos: se juntan el hambre con las ganas de comer.
Y es que, en conjunto, las grandes inmobiliarias adeudan más de 30.000 millones de euros. Llevan años comprando a crédito cada palmo edificable en España. Los analistas hablan de un minicorralito del suelo semejante al que paralizó la economía argentina, pero circunscrito al sector. Un sector, bien es verdad, que es una de las locomotoras de nuestra economía, con el turismo, pues seguimos siendo un país de albañiles y camareros. Luis Portillo, un promotor sin pedigrí, ascendido a los altares financieros como uno de los nuevos zares del ladrillo y caído súbitamente en desgracia con idéntica celeridad (su paso por la famosa lista de millonarios de la revista Forbes quedará en las hemerotecas como uno de los más efímeros de la historia), se lamentó de no haber tenido una bola de cristal antes de abandonar la presidencia de Colonial. Otro de paso fugaz en la lista de Forbes es Enrique Bañuelos, ex mandamás de Astroc, que llegó a poseer, de la noche a la mañana, el tercer patrimonio de España: 7.700 millones de euros.
El ‘ladrillazo’ ha sido de aúpa. Y han salido con chichones hasta los ricos del parqué. Y es que las grandes fortunas españolas han sufrido un descalabro sin precedentes. Las ocho familias más ricas de España han llegado a perder en Bolsa unos 18.000 millones. El gallego Amancio Ortega, fundador de Zara y el hombre más rico de España pese a los últimos varapalos, ha perdido más de 2.500 millones de euros, aunque sólo una pequeña parte de lo volatilizado se debe al crac del suelo. El presidente de la constructora ACS, Florentino Pérez, ha llegado a perder 250 millones, aunque las cotizaciones caen un día y al siguiente resucitan. José Manuel Entrecanales ha visto depreciarse hasta en 1.800 millones el valor de sus acciones en la constructora que preside, Acciona. Y la familia del Pino también las ha pasado canutas en Ferrovial.
Lo de las hermanas Koplowitz merece párrafo aparte. Esther, propietaria del 37 por ciento de FCC, sufrió una pérdida de 320 millones. Alicia fue más previsora. Siempre ha tenido un olfato especial para anticiparse a las tempestades bursátiles. En esta ocasión huyó de la renta variable antes de que la Bolsa cayera y colocó la mayoría de sus inversiones en renta fija. Resultado: salvó los muebles cuando podía haber perdido unos 500 millones.
Mal de muchos… Consuelo, sí. Pero poco. Vivimos en un país donde hay tres millones de pisos vacíos, pisos que antes eran de 140 metros cuadrados y ahora son cuchitriles de 60 y sin garaje, como recuerda la Plataforma por una Vivienda Digna, y que cuesta diez años de sueldo íntegro pagar. Un país donde han medrado los pasapiseros, que compran un piso sobre plano para venderlo más caro antes de escriturar, en la más pura tradición de la novela picaresca. Quizá, después de todo, el ladrillazo sirva para hacer un reajuste, aunque sea por las bravas, y poner algo de sentido común en un sector donde ha prevalecido la avaricia. Veremos.
* Carlos Manuel Sánchez
* XL Semanal - Magazine - Carlos Manuel Sánchez - Del 24 de febrero al 1 de marzo de 2008
Foto: Esta imagen de grúas en medio del campo manchego, en Seseña (Toledo), se ha convertido en el símbolo del ladrillazo./ CARLOS CARRIÓN, xlsemanal.com
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Madrid es la única comunidad que no ha aprobado ayudas al alquiler
ELPAÍS* : Miles de jóvenes de todas las comunidades autónomas han solicitado la famosa ayuda al alquiler de 210 euros. Los expedientes de cientos de ellos ya han sido resueltos, la gran mayoría positivamente. Sólo hay una comunidad que no ha resuelto ni uno solo. Es la misma que desde el principio denunció el proyecto del Ministerio de Vivienda por considerar que invadía competencias y por ser "imposible" ponerlo en marcha en los plazos previstos. Es la Comunidad de Madrid.
El Gobierno que preside Esperanza Aguirre aduce motivos técnicos para esta parálisis y así se lo ha hecho saber al ministerio por carta. En ese documento explica que de las 14.300 solicitudes recibidas, 5.752 no se han podido "grabar en la aplicación" informática del ministerio. El problema de las 8.548 restantes, dice la Comunidad, es que no se puede acreditar que los jóvenes cumplan el requisito de tener una fuente regular de ingresos.
Madrid asegura que, dado que "la aplicación informática no facilita la información necesaria" se ha dirigido a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social para pedirle los datos de los solicitantes.
Sin embargo, la Seguridad Social da una versión totalmente distinta. Este organismo ha puesto a disposición de las comunidades que lo deseen una web para ceder la información necesaria sobre los solicitantes. "Cuando una comunidad nos lo pide, tardamos 24 horas en ponerlo en marcha. Madrid nunca se ha dirigido a nosotros", aseguran en la Seguridad Social.
La Agencia Tributaria, por su parte, explica que han satisfecho todas las peticiones de datos requeridos por las comunidades.
Las otras comunidades no parecen tener los mismos problemas. El resto de Gobiernos regionales, incluidos los del PP, están resolviendo las peticiones. Por ejemplo Valencia, que ha dado el visto bueno a 230 de las 2.771 peticiones recibidas. Andalucía lleva la delantera en número de expedientes resueltos: más de 2.100 de los casi 7.600.
"Estamos colaborando con otras administraciones para evitar pedir a los jóvenes documentación que obra en nuestro poder", señala el director general de Vivienda de Asturias, Enrique Álvarez.
En el Ministerio de Vivienda dudan de las explicaciones que da la Comunidad de Madrid para haber paralizado a pocas semanas de las elecciones la concesión de una de las medidas estrella de la ministra Carme Chachón. "Nadie se puede creer que el sistema que funciona en todas las comunidades, incluidas aquellas en las que gobierna el PP, sea inútil en Madrid. Se está haciendo una utilización política de una medida que puede beneficiar a miles de jóvenes", apuntan los responsables del ministerio.
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 27/02/2008
Foto: Madrid. Puerta del Sol - Onar Vikingstad (wikipedia.org)
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Veïns de Parcent tilda de ´golpe de estado´ e iniciativa ´mafiosa´ la querella de Terres de l´Horta
LEVANTE/Alacant* : La querella interpuesta por la promotora Terres de l'Horta contra el alcalde y los ediles del gobierno de Parcent, de CDP, por la desestimación del macroproyecto urbanístico que la mercantil pretendía llevar a cabo en el municipio, ha propiciado la respuesta inmediata de Veïns de Parcent.
Como adelantó el pasado sábado Levante de Alacant, la mercantil, que aspira a construir 1.496 viviendas con su proyecto, ha acudido a la vía penal con una querella en la que llega a reclamar la detención y envío a prisión del alcalde, Máximo Revilla; de los concejales Jacqueline Claire, Fabiola Mora, Jaume Mora y Joan Carles Poquet; y del secretario-interventor del consistorio, Iván Pérez.
El colectivo Veïns de Parcent, que nació precisamente para oponerse a los proyectos urbanísticos que Terres de l'Horta y otras mercantiles pretendían impulsar en el pasado mandato con el beneplácito del Partido Popular -que gobernaba entonces el consistorio-, emitió ayer un comunicado para lamentar la iniciativa judicial emprendida por la empresa y calificarla sin remilgos de "intento de golpe de Estado a nivel local".
Aunque vaticina que la querella acabará "haciendo el ridículo", Veïns de Parcent argumenta que "es indignante, sin embargo, constatar cómo tan bochornosa actitud intenta criminalizar el normal transcurrir democrático de un pueblo que ha demostrado lo que quiere en las urnas y cuyo ayuntamiento actúa según la legalidad que le otorgan el amparo de la legislación y del pleno". Y "en este aspecto", la asociación afirma que el ejecutivo municipal "tiene todo nuestro apoyo".
En el comunicado, el colectivo municipal afirma que "la actitud de estas promotoras se acerca cada día más a la de Paco "El Pocero", aquel que iba a un pueblo y empezaba a interponer demandas y querellas a diestro y siniestro con la intención de asustar a los concejales e interferir en las decisiones municipales y sin que estas interposiciones llegaran nunca a ningún lado".
En Parcent, como estas promotoras "ya no dominan el ayuntamiento, están intentando meter miedo a la acción democrática y a todo un pueblo", señalan. En opinión de Veïns de Parcent, "pedir así la cárcel para todos casi es de risa, si no fuera porque es una actitud vergonzante que recuerda a la manera de actuar de la mafia".
* Levante-EMV - Sergi García, Dénia - 26 de febrero de 2008
Foto: Parcent (Alicante), manifestación - levante-emv.com
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El club de los callados
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Los imputados en el caso Malaya se han convertido en una legión de mudos que no saben ni contestan ni opinan ni manifiestan. Uno tras otro, callados pero siempre ruidosos, han estado varios días desfilando ante el juez Óscar Pérez, el magistrado de Marbella que ha iniciado la fase indagatoria -el paso previo a que las partes formulen su escrito de calificación de los hechos- del mayor caso de corrupción de la democracia en España. El magistrado está notificando a cada uno de los investigados los autos de procesamiento y casi todos, además de rechazar las imputaciones, se acogen a su derecho de no declarar.
Los integrantes de este antiguo club de deslenguados, pillados in fraganti en sus tejemanejes en miles de conversaciones por teléfono móvil incorporadas al sumario, han perdido el habla, lo que les rebaja de categoría en la evolución de la especie, ya que la capacidad de hablar era casi lo único que les diferenciaba hasta ahora de algunos animales. En esta nueva fase de la instrucción del sumario, y asesorados por sus abogados, están descubriendo las ventajas del silencio.
El otro día se conoció el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el estado de las arcas del consistorio marbellí en los gobiernos del GIL. Algunos de los que callan ahora estuvieron en corporaciones que dejaron un pufo en el consistorio de 335 millones de euros, más del 181% del presupuesto municipal. Entre 2002 y marzo de 2006, los técnicos del Estado no han encontrado ni un solo expediente administrativo sujeto a la ley. Ni tan siquiera una excepción que confirmara la regla. Los que callan ahora son también algunos de los que llegaron a transferir más de 650 millones de euros a las empresas municipales sin que en la contabilidad municipal apareciera al menos un recibí. Ni uno. Entonces todo lo hacían de boquilla.
El nivel de nepotismo llegó a tal extremo que las contrataciones se notificaban a los jefes de área mediante un mensaje manuscrito en una servilleta. Ni proceso de selección ni examen oral alguno. Todo por lo bajini. En este trozo de papel, el edil comunicaba el salario del enchufado, el rango y la sociedad municipal donde prestaría sus servicios. Por ello, y sin mediar palabra alguna, en 15 años hubo que gastar mucho en servilletas de papel, ya que la plantilla municipal pasó de 736 a más de 3.000 trabajadores. Sólo para echar a 41 cargos de confianza de la etapa del GIL, la gestora que se puso al frente del consistorio tuvo que indemnizarles con 1,2 millones de euros.
Uno de los que habla ahora de otras cosas, pero que también calla sobre Marbella ha vuelto a aparecer en este informe del Tribunal de Cuentas. Se trata del abogado José María del Nido, que percibió en poco más de 20 meses tres millones de euros por trabajos de asesoría facturados al ayuntamiento. El tribunal subraya que recibió los últimos pagos cuando faltaba poco para la moción de censura contra Julián Muñoz y que se realizaron sin atender al orden de prioridades que establece la ley. Lo que demuestra que además de un caro abogado, es un lince para cobrar los negocios. Tan bien le pagaba el ayuntamiento, que fue desligarse de sus servicios y bajar un 62% el coste de los servicios jurídicos externos del consistorio.
El club de los callados, que tiene otros muchos socios además de los imputados en Malaya, tiene quien vele por su derecho al silencio. Algunos abogados en Marbella se han llegado a manifestar con pancartas alegando que "la intimidad está en peligro". Ha ocurrido tras un requerimiento informativo que les ha dirigido la Comisión de Prevención de Blanqueo de capitales por operaciones dudosas en varios despachos. Ya sólo queda que este poderoso club de los callados no exija a los demás que guardemos un silencio de corderos.
* ELPAIS.com - Opinión - Andalucía - 26/02/2008
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Ciudadanos por Granada solicitan la ampliación del plazo del PGOU y la realización de debates públicos
GRANADADIGITAL* : La Asociación Ciudadanos por Granada ha presentado una instancia al Ayuntamiento solicitando la ampliación del plazo de información pública del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la realización de debates públicos por distritos en los que se informe a la ciudadanía del mismo.
Igualmente, ha solicitado que se habiliten cauces de participación ciudadana para su elaboración final, según ha informado esta asociación en un comunicado.
Ciudadanos por Granada justifica su petición en que el PGOU es un instrumento de vital trascendencia para el futuro de la ciudad y debe realizarse con el mayor consenso social posible.
Del mismo modo, señala que la Ley La de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge explícitamente el fomento de la participación ciudadana entre los deberes de la Administración, quedando claro que los cauces, mecanismos y tiempos legalmente reglados para la participación constituyen tan sólo un mínimo a cumplir.
La asociación ha recordado que Granada firmó la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad -Carta de Aalborg- comprometiéndose a garantizar el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos interesados y velar para que puedan participar en los procesos locales de toma de decisiones.
Ciudadanos por Granada considera que tanto el procedimiento elegido como el plazo de exposición pública y alegaciones "es claramente insuficiente para que las asociaciones y los ciudadanos de Granada interesados puedan conocer el documento en profundidad y presenten las alegaciones pertinentes".
* Granada Digital - EFE - 26/02/2008
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
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Segovia: La plataforma antiaeropuerto reúne casi cuatro mil firmas contra la infraestructura
NORTECASTILLA* : La plataforma Aeropuerto=Pueblo Muerto vuelve a la carga. Sus integrantes han organizado unas jornadas con el objetivo de informar a la ciudadanía de Segovia acerca de las consecuencias y el impacto que la infraestructura puede tener en el medio ambiente y en los habitantes de la capital y de los pueblos más cercanos si finalmente acaba materializándose.
Los detractores del aeropuerto que promueve un grupo de empresarios segovianos comparecieron ayer para explicar el programa de las jornadas y anunciar que han conseguido reunir casi cuatro mil firmas contra el aeropuerto que mañana mismo entregarán en la Diputación Provincial de Segovia, institución a la que exigen que se oponga expresamente a la infraestructura «porque, como está para velar por los intereses de los municipios, el interés a defender en este caso es el de no apoyar la iniciativa de construcción del aeropuerto», según dijo una de las portavoces de la plataforma, Yolanda Torrego. Junto a las firmas, también irán las actas de los Plenos que han celebrado 19 municipios del entorno de Cantimpalos -lugar donde iría ubicado el aeropuerto- para oponerse al proyecto de Proydea. Entre los pueblos que se oponen figuran, además de Cantimpalos, Armuña, Encinillas, Escobar de Polendos, Pinillos, Villovela de Pirón, Basardilla, Carbonero de Ahusín, Valseca, Bernuy o Brieva.
Las jornadas contarán con dos mesas informativas. La primera tendrá lugar esta tarde entre las 18 y las 20 horas en la plaza de las Sirenas, junto a la iglesia de San Martín, y la segunda, el próximo jueves, a partir de las seis de la tarde, en plena plaza del Azoguejo. La información hará especial hincapié en el impacto que el aeropuerto puede tener sobre la capital de la provincia dada su proximidad física a la infraestructura. En este sentido, Laura Álvaro, de la plataforma, recordó que entre la cabeza de la pista de aterrizaje y el Alcázar de Segovia, en línea recta, sólo distan diez kilómetros.
A los ciudadanos que lo deseen, la plataforma les proporcionará toda la información que posee sobre el proyecto, las noticias y reportajes publicados por distintos medios de comunicación sobre los perjuicios que la proximidad de un aeropuerto tiene sobre la salud de las personas. Los miembros de la plataforma que allí se encuentren estarán dispuestos a resolver cualquier duda.
Todo paralizado
Aeropuerto=Pueblo Muerto reitera que el fantasma del aeropuerto recorre toda la comarca del Polendos. La preocupación se ha apoderado de los habitantes de los pueblos cercanos a Cantimpalos, que están deseando escuchar a los empresarios promotores que abandonan la idea. La plataforma exige una declaración en este sentido «porque incluso la actividad económica en estos pueblos se está deteniendo. Hay proyectos de turismo rural que se han paralizado y también la construcción de viviendas. Es algo normal», subrayó Torrego. «Nosotros creemos en el progreso -continuó Laura Álvaro- pero este no es el sitio adecuado».
Las jornadas finalizarán el viernes, día 29 de febrero, con una mesa redonda que tendrá lugar a partir de las 20 horas en el salón de actos del instituto Andrés Laguna. En ella intervendrán la alcaldesa Belvis del Jarama, el pueblo situado junto a la T-4 de Barajas; el ingeniero aeronáutico Eleuterio Esteban; la psicóloga ambiental María Ángeles Gilmartín; la socióloga Ana Teresa López, y el ecologista miembro de Green Peace Carlos Bravo.
Desde Proydea, han preferido no pronunciarse al respecto, pero no están dispuestos a renunciar al proyecto.
* El Norte de Castilla - 26.02.08 - CARLOS ÁLVARO
Foto: Segovia, plaza Mayor - segoviayprovincia.com
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Sant Joan: Las propuestas vecinales para el Plan General instan a luchar contra la especulación
INFORMACIÓN/Alacant* : Los vecinos de Sant Joan desean un municipio que no se vea salpicado por la especulación. Por ello, un conjunto de ciudadanos comprometidos con el futuro de su municipio ha propuesto en la denominada Carta de Sant Joan eliminar la especulación urbanística.
Esta carta es un documento que supone el colofón del Plan de Participación Ciudadana del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que plasma una serie de líneas generales para la construcción de la ciudad con la intención de que sean sean consideradas por parte del Ayuntamiento y recogidas en la redacción del PGOU.
Según figura en el texto, "el objetivo es reducir el incremento del precio de la vivienda derivados de la especulación, así como el crecimiento desmesurado de la ciudad en breve espacio de tiempo, dejando recursos de suelo libres para el futuro". De este modo, proponen, entre otras medidas, la figura pública del urbanizador, que sea el Ayuntamiento el que gestione y urbanice las zonas de crecimiento, no conceder licencias a promotores con casos pendientes con la Hacienda Pública y limitar el número de licencias anuales.
Esta carta, que ya ha sido entregada al alcalde Edmundo Seva, incluye también recomendaciones sobre la movilidad, la sostenibilidad, el desarrollo económico, y el valor social y cultural que la ciudad deberá tener en el futuro. En cuanto a la cuestión más polémica del planeamiento, la reclasificación de dos millones de metros cuadrados de la partida Fabraquer, se propone fomentar un turismo de calidad primando la identidad propia de la ciudad si finalmente se lleva a cabo la urbanización. Además, también se apuesta por no instalar crematorios en zonas habitadas.
+ Información - F. D. G. - 26 de febrero de 2008
Foto: Sant Joan d'Alacant, playa - mma.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
'VdeVivienda' se concentrará en toda España por la "desvergonzada subasta de promesas electorales"
BOTTUP* : El colectivo 'V de Vivienda' celebrará el próximo sábado 1 de marzo concentraciones en toda España para exigir una vivienda digna, en medio de lo que consideran "desvergonzada subasta de promesas electorales". Esta organización reivindica una moratoria en la ejecución de los planes urbanísticos "mientras éstos no sean guiados por el interés general"; "transparencia" en los datos relativos al derecho de acceso a la vivienda y que se "combata la depreciación" del espacio medioambiental y el tejido social de los espacios urbanos.
Además, reclaman a las administraciones la creación de un amplio parque público de vivienda en alquiler social que responda a las necesidades de la población excluida por el mercado, la despenalización de la reutilización de los espacios en desuso y medidas fiscales que penalicen la especulación inmobiliaria.
V de Vivienda se manifiesta en contra del "engaño electoralista perpetrado por los partidos políticos" que, aludiendo al derecho a la vivienda, "no hacen más que ayudar con financiación pública a los beneficiarios del boom inmobiliario, que han sido los responsables del problema".
A su juicio, algunos ejemplos de este engaño masivo son que se llame "renta básica de emancipación" a las ayudas de 210 euros, o que se denomine vivienda pública "tanto a stocks sobrantes que no puede vender el sector privado como a promociones futuras que no se destinarán a alquiler social sino a engrosar el libre mercado".
* Bottup - SM / RB - 24 de febrero de 2008
Foto: Varios activistas de VdeVivienda acudieron el pasado jueves a la sede de MARTINSA FADESA para transmitir a Fernando Martin, presidente de la misma y del grupo conocido como G14, su deseo de realizar un debate público. Dicho debate no fue posible, pero un responsable de los inmobiliarios les indicó que, aunque no sea el canal "habitual", trasladara la petición a Fernando Martin y que éste les remitirá una respuesta. / bottup.com
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Tema: NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
La juez imputa a Roca y Corulla por cohecho en el 'caso Los Alcázares'
ELPAÍS/Murcia* : El presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística de Marbella, Juan Antonio Roca, fue trasladado ayer desde la prisión Albolote (Granada) a San Javier, en su provincia de origen (Murcia), para declarar como imputado por cohecho en otra trama destapada en Los Alcázares.
También declaró como imputada la supuesta testaferro principal de Roca en Marbella, Monserrat Corulla, cuya imagen se hizo pública cuando el PSOE trató de vincularla con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en las pasadas elecciones municipales. Un total de 22 personas están acusadas en este asunto de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo de capitales.
El juzgado número 2 de San Javier (Murcia) ha enviado a prisión por este caso a seis de los imputados, entre ellos, el ex alcalde de Los Alcázares Juan Escudero (expulsado del PSOE tras estallar el caso), en libertad bajo fianza de 60.000 euros, y el secretario del Ayuntamiento, Diego Sánchez. La juez Eva Algar ordenó las actuaciones en enero a raíz de dos denuncias presentadas en 2005 por el PP de Los Alcázares -que recayeron en los juzgados dos y tres de San Javier, y acabó acumulando el primero de ellos- y de una tercera presentada por el PP ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Murcia, Manuel López Bernal, que se la remitió a su compañero José Luis Díaz Manzanera. Este último fue el que denunció al arquitecto Mariano Ayuso por sus presuntas relaciones empresariales con Roca.
Asuntos sospechosos
El fiscal acusó a Ayuso de haber redactado el proyecto básico de ejecución de un hotel de la empresa Condeor (propiedad de Roca, aunque el primer dueño fue otro detenido en la operación Malaya, el empresario Tomás Olivo), al tiempo que, como funcionario, lo aprobaba en el Ayuntamiento. Además, la juez investiga la adjudicación directa del plan parcial de La Dorada a una de las empresas de Roca, así como la construcción de más de 500 viviendas en Los Alcázares que no disponen de la cédula de habitabilidad.
La inversión que más polémica han levantado en la Región de Murcia es la pretensión de construir 5.000 casas, dos campos de golf y al menos tres hoteles en el paraje de Lo Poyo, en Cartagena. La fiscalía de Murcia ha archivado la denuncia del PSOE sobre la intención de reclasificar este territorio, pero las pesquisas policiales siguen para averiguar la presunta intermediación de Roca. Uno de sus socios, el imputado en Marbella Francisco Javier Arteche, pagó más de 200 millones de euros por una finca protegida donde no se podía construir. Los fiscales investigan también la urbanización Novo Carthago, pegada a la de Lo Poyo.
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - San Javier - 26/02/2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), ayuntamiento - EFE, laverdad.es
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YouTube - February 17, 2008
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