LAOPINIÓN/Málaga* : Juristas opinan que el supuesto impuesto voluntario para legalizar viviendas de La Viñuela carece de resorte legal, por lo que no tiene validez jurídica, y recuerdan que las compensaciones para normalizar inmuebles se marcan en los planes urbanísticos, que son aprobados definitivamente por la Administración andaluza.
Diego Martín Reyes, comisionado de la Costa del Sol y abogado, explica que "es la primera vez que se conoce un caso así", pero en todo caso los presuntos pagos no tienen efectos legales. "El sistema de compensación debe marcarse en el planeamiento urbanístico y no de forma arbitraria. De ningún modo puede ser así", manifiesta el letrado y ex presidente de la gestora de Marbella, que recibió con "extrañeza" la noticia sobre este caso.
Otras fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que el procedimiento de las cartas "se sale de la normalidad", ya que lo habitual es solicitar pagos obligados por la ley, compensaciones reguladas, pero en modo alguno voluntarias.
No obstante, el letrado Ernesto Osuna precisa que "el aprovechamiento urbanístico es un bien público, por lo que puede ser objeto de comercialización por parte del Ayuntamiento, siempre en beneficio del interés general". Así, manifiesta que la administración podría solicitar una compensación por un determinado aprovechamiento urbanístico, siempre que haya un expediente administrativo. "La cuantía se calcula en función del precio del mercado y si no se abona, se abre el expediente sancionador", concreta el abogado.
Por su parte, el letrado y experto en Urbanismo José Carlos Aguilera opina que "en absoluto hay validez jurídica" en las cartas de pago, ya que la regularización de los diseminados se marca en los planes generales y el planeamiento territorial, el POT de la Axarquía. "Los procedimientos para regularizar las viviendas se encuentran perfectamente marcados en la normativa urbanística", insiste.
Para Aguilera, la exigencia de estos pagos voluntarios podría tener consecuencias legales, al ser un procedimiento "absolutamente arbitrario", por lo que cabría investigar si pudiera tratarse de un presunto delito de exacción ilegal -autoridad o funcionario público que exige directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no son debidas-.
"Si una administración no tiene liquidación tributaria que justifique esas tasas, puede haber exacción ilegal", asegura el abogado, quien recuerda que el objeto tributario tiene que estar regulado en una ordenanza.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 15 de febrero de 2008
Foto: Diseminados. En la comarca de la Axarquía hay centenares de viviendas irregulares, porque se edificaron con licencias de apero /laopiniondemalaga.es
NOTICIA RELACIONADA: El alcalde culpa a terceros del impuesto para legalizar casas - La Opinión de Málaga - 15 de febrero de 2008
La Viñuela: Pagos libres y voluntarios sin base jurídica que los sustenten
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La Guardia Civil investiga en Firgas delitos urbanísticos
CANARIAS7* : Tres agentes de la Guarda Civil estuvieron ayer, por segundo día consecutivo, haciendo un registro en las dependencias del Ayuntamiento de Firgas durante aproximadamente una hora y media. Según informan, esta investigación se ha acelerado por la moción de censura presentada este martes.
Silencio absoluto es la única respuesta que se ofrece sobre lo que está investigando el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en las Casas Consistoriales.
Según fuentes municipales, los agentes se limitaron durante el mediodía de ayer a fotografiar documentos y expedientes en distintas concejalías. Fotografías que se suman a las realizadas en la mañana del miércoles y a varios expedientes que fotocopiaron y se llevaron para seguir recopilando información relacionada, al parecer, con «supuestos delitos urbanísticos cometidos por la Corporación anterior», indicaron.
Los guardias, vestidos de paisano, están investigando lo que en su día ya denunció el todavía grupo de gobierno y otros delitos «muy graves» relacionados con falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación, que se sumarán a los que denunciarán en la Fiscalía, probablemente hoy, los representantes de Comfir y PSOE.
Estos registros comenzaron tan sólo 24 horas después de que los ediles de la oposición y el de Deportes presentaran en el Ayuntamiento sus rúbricas secundando una moción de censura a Hernández. Según ha podido saber CANARIAS7, se ha decidido «dar un empujón» a las investigaciones, antes de que tome posesión la nueva mayoría de gobierno, para «evitar que desaparezcan pruebas significativas y se vuelvan a encubrir irregularidades cometidas por antiguos miembros de la Corporación». Nuevamente saltan a la palestra los nombres del ex regidor, José Henríquez, y el antiguo edil de Urbanismo, Luis Angulo, a los que se sumarían «otros concejales y antiguos alcaldes», confirmaron fuentes municipales.
Desaprobación.
No sólo el presidente de NC, Román Rodríguez, ha reprobado la decisión de Manuel Báez expulsándolo del partido. También el presidente insular de CCN, Juan Martel, se suma a la desaprobación y ha expresado que Henríquez y Angulo «firmaron esa moción sin consensuar con el partido», asegurando que este hecho «no influirá en el pacto para las elecciones generales». El CCN se reunirá hoy para decidir si expulsan o no a los censurantes.
Pintadas y apoyo.
La villa de Firgas se despertaba ayer con diversas pintadas en muros y carreteras en contra de la moción de censura y de los concejales que la firmaron. Expresiones como «Papayo+mierdilla=corrupción», «Firgas despierta, ¿quién paga?», «Firgas corrupta, Fiscalía ya», decoraban varios muros de la villa por la zona del cementerio y la entrada al casco. Otra de las pintadas señalaba en el asfalto, con un flecha, la casa de uno de los censurantes, rezando: «¿quién paga?, corrupto». Asimismo, los gestos de apoyo en la calle a Hernández se reiteran constantemente. A la salida de su casa, ayer, varios vecinos, conductores y viandantes, lo paraban para darle apoyo y ánimo.
NC pide disculpas a los firguenses.
El presidente de NC, Román Rodríguez, pidió ayer «disculpas a los ciudadanos de Firgas» porque «ha sido uno de los nuestros», Manuel Báez, el concejal que, «actuando por intereses personales» ,se ha unido a la oposición (PP, CCN e ID) para presentar una moción de censura al alcalde, Jaime Hernández, al que ayer recibió en calidad de presidente de la Mancomunidad del Norte y ejerciendo como vicepresidente del Cabildo.
En alusión al candidato a primer edil que proponen los censurantes, el único concejal de NC en Firgas, el líder de esta fuerza política afirmó que «no nos interesa tener alcaldes de esta manera», reiteró que Báez será expulsado del partido e insistió en que el actual alcalde «tiene el apoyo claro y total de NC».
Por su parte, Jaime Hernández (Comfir) cree que «todavía cabe la posibilidad» de que la censura que se votará el 23 de febrero no prospere. Aseguró que «no me esperaba esta traición», aunque desde julio oye rumores, porque Manuel Báez firmó a finales de 2007 la querella puesta por el grupo de gobierno (Comfir-PSOE-NC) ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta falsedad documental y prevaricación en la gestión del alcalde y del concejal de Urbanismo durante la última parte del anterior mandato, José Henríquez y Luis Angulo, ahora ediles por el CCN. Además, horas antes de que se registrara la moción que le propone como alcalde, Báez votó a favor de poner en conocimiento de esa fiscalía otras posibles irregularidades de ambos concejales.
* Canarias 7 - Carolina Pérez/ Jesús Quesada - Las Palmas de Gran Canaria - 15 febrero 2008
Foto: Firgas (Gran Canaria) - infoNorte
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Tema: NOTICIAS Canarias
El fiscal investiga irregularidades en los planes de dos campos de golf alaveses
ELPAÍS* : Los proyectos de levantar sendos campos de golf, con su correspondiente urbanización, en Laguardia y Labastida se hallan bajo el punto de mira de la justicia. El intento de sobormo a un concejal de EA en Laguardia para que apoyase la ampliación del número de viviendas previstas en torno a la instalación deportiva ha destapado una serie de posibles irregularidades en los planes de los dos campos de la Rioja Alavesa.
La Fiscalía provincial ha abierto una investigación para determinar el alcance de esas irregularidades. Por ahora no hay ningún imputado.
Entre otros posibles delitos, el fiscal indaga si hubo acceso a información privilegiada para la compraventa de los terrenos en que están proyectados los campos. La investigación se ha puesto en marcha tras el intento de soborno al concejal de EA de Laguardia, Gregorio López, el pasado diciembre. El empresario de Logroño Gregorio Ochoa llegó a ofrecerle 90.000 euros si cambiaba su voto, decisivo, y apoyaba la propuesta del PP de construir alrededor del campo 320 viviendas en lugar de las 120 que permite el Gobierno.
El PP tiene cuatro concejales, igual que el PNV, que gobierna la localidad, de apenas 1.500 vecinos. En estas circunstancias, el voto del edil de EA, quien forma parte del equipo de gobierno, resulta decisivo. Hasta las pasadas municipales el PP había gobernado con comodidad. El entonces alcalde, el popular Javier San Pedro, puso en marcha el controvertido proyecto.
Tras la denuncia del intento de soborno, el juez ordenó el ingresó en prisión de Ochoa. A medida que avanzó en su investigación, el juez imputó a otras dos personas por ese mismo delito: un empresario relacionado con el negocio del vino que vive en la misma Laguardia, y otro empresario dedicado a la compraventa de terrenos y residente en Logroño. Según las diligencias previas instruidas por el juez, ambos encargaron a Ochoa que sobornase al concejal de EA.
Durante las pesquisas, se fueron apreciando indicios de otros delitos, relacionados tanto con el campos de golf de Laguardia y como con el de Labastida, cercana población de 1.500 habitantes apenas también.
Ambos llevan camino de quedarse sólo en proyectos. En el caso de Laguardia, el proyecto comenzó a gestarse hace tres años, cuando gobernaba el PP con mayoría. Cuando accedió al cargo, la actual alcaldesa, la peneuvista María Jesús Amelibia, ya avanzó su voluntad de limitar a 120 el número de viviendas previstas junto al campo. La cifra representa la tercera parte de las aprobadas por la anterior corporación y se ajusta a los planteamientos urbanísticos para la zona del Gobierno, que es quien tiene la última palabra. El Plan Territorial de la Rioja Alavesa prevé un campo de golf con una superficie de 1,1 millones de metros cuadrados y 120 viviendas en torno al terreno. Según los populares, con ese número de casas la construcción resulta inviable, ya que ningún promotor lo considera rentable.
El intento de soborno ha acelerado algunas cosas y, sobre todo, la voluntad del actual Ayuntamiento de dar carpetazo al proyecto. La intención de la alcaldesa es retirarlo si los casi 60 propietarios de los terrenos donde se quiere levantar el campo acceden a que se les vuelvan a recalificar, pasando de urbanos a rústicos. Incluso el PP ha tenido que recular a la vista de los acontecimientos y sumarse al sentir general de la corporación de que lo mejor es dejarlo.
Los propietarios de los 1,1 millones de metros donde está proyectado el campo llevan dos años pagando la contribución de sus terrenos como urbanos tras su recalificación. La diferencia está en pagar unos 30 euros por hectárea si es rústica, que se elevan hasta los 130 euros si es urbana.
Dos proyectos controvertidos
- Laguardia: El proyecto, paralizado por falta de apoyo político, pretende abrir un campo de golf en la falda de la sierra de Cantabria, en un terreno de un millón de metros cuadrados.
El campo, de 18 hoyos, se incluye en un plan urbanístico para levantar 100 viviendas unifamiliares y un hotel de 150 plazas, bastante menos de lo que deseaba el Ayuntamiento anterior, presidido por el popular Javier San Pedro.
El proyecto original quería hacer dos campos de 18 hoyos, 500 viviendas y el hotel. Los estudios de impacto medioambiental lo rechazaron de plano.
- Labastida: Los promotores quieren construir un campo de 18 hoyos y una urbanización de 750 viviendas de lujo.
La Comisión de Ordenación y Planeamiento Urbanístico (COPU), en la que participan el Gobierno, la Diputación de Álava, Eudel y el propio municipio (con voz, pero sin voto), ha rechazado el proyecto en esos términos.
* Con información de Eduardo Azumendi, Txema G. Crespo e Isabel C. Martínez.
* ELPAIS.com - Vitoria - 15/02/2008
Foto: Laguardia (Álava) - elciego.es
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Tema: NOTICIAS País Vasco
El Supremo anula un PAI en Borrull por ser ´arbitrario´ y beneficiar a una constructora
LEVANTE/Castelló* : Ratifica tras 11 años que el ayuntamiento favoreció un interés "puramente privado" en perjuicio de tres propietarios. El alcalde les obligó a pagar al urbanizador, sufrir demolición y desalojo en suelo urbano.
El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que obliga al Ayuntamiento de Castelló a anular el Programa de Actuación Urbanística (PAI) que el PP impuso en la calle Guitarrista Tárrega -aprobado en 1997, 1998 y 1999- por beneficiar de forma "arbitraria" a la empresa Construcciones Lidón en perjuicio de 3 propietarios que fueron obligados a pagar al urbanizador, sufrir la demolición de su vivienda e, incluso, sometidos a una orden de desalojo.
La sentencia del TSJ expone que la decisión del ayuntamiento -ratificada en 1999 por la concejalía de Urbanismo bajo las órdenes del actual alcalde, Alberto Fabra- promovió "un interés puramente privado" al convertir en PAI una zona de edificios en suelo urbano consolidado donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no prevía ninguna urbanización integrada.
Los argumentos jurídicos del fallo consideran "probado" que la empresa en cuestión "inició un proceso de adquisición de las parcelas afectadas" (9 de 12), salvo las tres de los actores, después de que en 1995 el ayuntamiento iniciara un proceso de expropiación para reubicación de alumbrado y pavimentación de acera.
Según la sentencia, posteriormente, el ayuntamiento decidió paralizar el proceso de expropiaciones y aprobar un PAI ejecutado por una constructora bajo la excusa de llevar a cabo una obra "mínima y de escasa envergadura" consistente en acometer en parcelas urbanas y con todos los servicios obras de retranqueo de fachadas, ampliación y pavimentación de la acera y alumbrado público. En la sentencia, los magistrados también recogen que, según los demandantes, la constructora "llegó a ejercer presiones en el proceso de adquisición".
El tribunal advierte que la delimitación impuesta por el gobierno del ayuntamiento (PP) "ha sobrepasado los límites racionales de la potestad de planeamiento y devenido arbitraria".
A este respecto, los magistrados concluyen que la actuación es contraria a la legislación estatal y el derecho a la propiedad, dado que en suelo urbano consolidado no pueden desarrollarse actuaciones integradas, además de señalar que el ayuntamiento "ha optado por una solución que, si bien beneficia al propietario mayoritario, perjudica a los restantes".
La aprobación del PAI y la reparcelación afectó a los propietarios del número 10 de Guitarrista Tárrega y los números 20 y 23 de Juez Borrull. En este último caso, el edificio cumplía las alineaciones y ni siquiera estaba afectado por el proceso de expropiación, del cual desistió el ayuntamiento en noviembre de 1997, dos meses después de que Construcciones Lidón propusiera un PAI.
El ayuntamiento obvió la reclamación en la que los propietarios advertían de la presunta ilegalidad de la operación urbanística y, en noviembre de 1999, el alcalde no dudó en ordenar el desalojo de la vivienda de una de las propietarias, Amparo Arrufat, quien falleció antes de conocer la resolución del alto tribunal ahora le da la razón.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 15 de febrero de 2008
Foto: La actuación anulada se sitúa en la calle Guitarrista Tárrega y en plaza Borrull / carlos pascua, levante-emv.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Nuevos encontronazos en la vieja Numancia
PÚBLICO/Soria* : Esas ruinas saben buena parte de lo que aún se puede contar sobre los celtíberos y los romanos. A su alrededor, la eternidad que regala el paisaje. Y también una ciudad, Soria, que necesita suelo industrial. El Ayuntamiento soriano decidió que el nuevo parque industrial público de la ciudad, que sería promovido por la Junta de Castilla y León, iba a estar en esos terrenos.
"Hay un impacto visual, lógicamente va a haberlo", se lamenta el profesor de la Universidad Complutense y director del yacimiento arqueológico de Numancia Alfredo Jimeno. La polémica está montada. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la asociación de defensa del patrimonio Hispania Nostra han puesto el grito en el cielo. Numancia vuelve a ser objeto de disputa, tantos años después.
Claro que estas son otras batallas. Las de hace tantos siglos, aquellas que se libraron durante 20 años, entre el 153 y 133 antes de Cristo, esas sí que fueron violentas. Se llevaron por delante el prestigio militar de unos cuantos romanos. Los numantinos eran menos y tenían menos medios.
Pero los romanos se entregaron al vicio de fracasar. Hasta que Escipión se puso al frente de las tropas y pudo cantar victoria. Fueron los propios cronistas romanos, impresionados por la bravura de aquel pueblo, los que acuñaron la expresión "resistencia numantina".
Fíjate que la expresión resistencia numantina se utiliza hoy en todas partes", comenta Alfredo Jimeno. Conciliador, tranquilo, Jimeno reconoce que lo que aquí está hoy en juego es el modelo de desarrollo de Soria.
Entiende que hace falta un desarrollo industrial. Pero explica, una y otra vez, que el trabajo que el equipo que él dirige en Numancia desde hace más de 10 años está recuperando el yacimiento y tiene muy en mente "ponerlo en valor" para la ciudad. Y se abona a los datos: antes de que comenzasen sus investigaciones, el complejo numantino recibía unos 30.000 visitantes al año. En 2007 fueron cerca de 70.000 personas las que se pasaron por allí.
Explica Jimeno que se trata de unos restos únicos, que se trata de dos ciudades superpuestas, una celtíbera y otra "de la época romana". Y más: "Ya hemos reconstruido una casa de cada época". Las piedras de Numancia cuentan infinidad de cosas de aquel tiempo que ya sólo ellas pueden contar.
Fuentes de la Junta de Castilla y León aseguran que la construcción del polígono industrial responde a un plan de construcción de infraestructuras para toda la Región. Y que fue la anterior corporación municipal de Soria -entonces mandaba el PP en la ciudad- quien eligió el emplazamiento. En el actual consistorio soriano, controlado por el PSOE, defienden el proyecto que heredaron. Dicen que Soria necesita suelo industrial.
Minimizan el impacto visual. Y cuando se les recuerda el argumento de que hay planes para construir otros dos polígonos industriales, tiran de los datos: uno de esos proyectos no está en el municipio de Soria y el otro es de carácter privado. "El Ayuntamiento debe de generar suelo industrial en el municipio", insisten.
El arqueólogo Alfredo Jimeno llama al diálogo, a pensar en el modelo de desarrollo "de toda la provincia de Soria" teniendo en cuenta el aporte del complejo histórico de Numancia. Mientras tanto, hay voces en el ciberespacio que se empeñan en afilar las palabras. Después de que un conocido locutor de radio culpase al actual consistorio soriano del problema, el regidor llegó a recibir correos electrónicos en los que se le instaba a irse de España. Es lo que tiene la crispación.
Quizás la visita a las ruinas arqueológicas de Numancia podría comenzar a ser recomendada como tranquilizante por prescripción médica. Donde hubo guerra, hoy sólo hay historia, belleza, e ínfulas de eternidad.
* Público - PANCHO TRISTÁN - 13/02/2008
Foto: Numancia (Soria) - publico.es
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
'Mobbing', un perverso efecto colateral
ELPAÍS* : Más casos. En más barrios de más ciudades. También en municipios medianos. Y con perfiles de acosados cada vez más variados. El mobbing o asedio inmobiliario se extiende. El acoso a inquilinos por parte de propietarios o administradores para que abandonen sus pisos de renta antigua y sacarles mayor rendimiento se revela como el más perverso de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana en España.
Barrios con parques de vivienda y población envejecidos adquieren de la noche a la mañana -y a menudo gracias a potentes inversiones públicas- unas expectativas de revalorización cuyas víctimas son los vecinos más débiles: los inquilinos. Los expertos reclaman que las administraciones tomen medidas preventivas para que el mobbing no se llegue a producir.
Mientras, el fenómeno se da en las corralas de Madrid; en los barrios antiguos de Barcelona; en palacios y patios de Triana y el casco viejo de Sevilla; en los barrios también históricos de Granada o Cádiz, en El Cabanyal de Valencia, en El Postigo de Oviedo... Lo han documentado en el Observatorio del Mobbing de Barcelona, un grupo de estudio vinculado al Instituto Catalán de Antropología, que considera esta práctica una forma de violencia como el acoso escolar o el laboral. En España quedan 300.000 rentas antiguas, según los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Los inquilinos son el grueso de las víctimas potenciales, pero también comienza a haber dueños que molestan y que están siendo acosados.
"No hay datos oficiales de afectados, porque la mayoría de los casos están ocultos. Los que conocemos son la punta del iceberg", explica Nydia Tremoleda, coordinadora del Observatorio. "Pero el esquema se repite", subraya: "El mobbing está vinculado a operaciones de transformación urbana que conllevan expectativas de mejora y las víctimas son los vecinos que han dado vida a estos barrios". Tras estudiar decenas de casos, Temoleda denuncia que "se ha llegado a una profesionalización del acoso. Los promotores compran edificios donde hay inquilinos o incluso propietarios a sabiendas de que acabarán haciendo mobbing para echarles".
"Primero", enumera, "los dueños aplican mecanismos legales como rescindir los contratos de menos de cinco años; luego intentan echar a los inquilinos con contratos indefinidos con todo tipo de artimañas; llegan a contratar detectives para que controlen si pasan noches fuera, si tienen segundas residencias... auténticas intrusiones en la vida privada". "Y si todo esto no funciona", remacha, "comienzan con los clásicos del mobbing: no cobrar el alquiler, no reparar goteras, dejar que la escalera se caiga a trozos, cortar los suministros, apuntalar, comenzar obras eternas...".
Estudios previos
Los expertos del Observatorio reivindican que "cualquier administración que vaya a intervenir en un tejido urbano incorpore en el proyecto un estudio sobre el impacto que las mejoras tendrán sobre los vecinos, igual que cuando se proyecta una infraestructura se analiza su impacto ambiental". De momento -y exceptuando el convenio piloto entre el Ministerio de Vivienda y 10 ayuntamientos para atender a los afectados- cada ciudad afronta el mobbing por su cuenta. Mientras unos ayuntamientos esquivan el fenómeno, otros ponen en marcha iniciativas bienintencionadas pero cuestionadas por los afectados, y otros han atajado el problema sin oficina antimobbing pero con el papeleo urbanístico como arma.
En Madrid no existe ninguna oficina que atienda a los afectados. Y eso que el20%de las viviendas en alquiler son de renta antigua y susceptibles de sufrir acoso, señalan en el Colegio de Administradores de Fincas. En la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid, asociación sin ánimo de lucro, sólo el abogado Fernando Veiga tramita 150 casos en la región. El Ayuntamiento argumenta que carece de competencias en "un tema entre particulares", y que "la oficina de vivienda deriva a los afectados a otros cauces".
En Barcelona, hace tres años se creó un servicio que atiende a las víctimas, ubicado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Su vinculación al área de consumo y no a la de urbanismo o vivienda es criticada desde múltiples frentes, comenzando por los afectados o la Federación de Asociaciones de Vecinos. Su presidenta, Eva Fernández, reclama que el asedio se trate "de forma transversal" entre áreas como los servicios técnicos de los distritos, los servicios sociales, vivienda o urbanismo.
En 2007, la oficina detectó el doble de casos de "posible mobbing" (202) que en 2006 (101). Y los datos muestran cómo el fenómeno afecta cada vez más a los barrios. Pese a ello, el director de Comercio y Consumo, Albert González, afirma que "no aumenta".
Declaraciones de ruina
Otros consistorios, como los de Cádiz o Granada, se valen de los instrumentos del área de Urbanismo para tratar de impedir el fenómeno, que en Andalucía se conoce como asustaviejas. La delegada de urbanismo de Granada, Isabel Nieto, se alarmó al observar cómo por sus manos pasaban expedientes de solicitud de ruina de edificios de la zona que enlaza el casco viejo con el Albaicín, cuyos propietarios habían sido requeridos reiteradamente por el Ayuntamiento por falta de mantenimiento. "Si hubieramos declarado ruinas nos habríamos hecho cómplices de estas situaciones", señala.
¿Qué hicieron? "Valernos de los mecanismos que prevé la Ley: declarar el incumplimiento del deber de conservación e iniciar expedientes de venta forzosa". O el propietario arreglaba la finca o se sacaba a subasta. Por ahora han sido "cinco o seis" ocasiones, y los inquilinos han conservado sus derechos. "Las ventas forzosas han dado ejemplo y otros tantos propietarios han acometido obras que llevaban años sin hacer", dice Nieto.
La actitud del Ayuntamiento de Cádiz es parecida. A partir de las medidas emprendidas en 2006, cuando se creó un Servicio de Atención al Inquilino, "se han abierto 150 expedientes de expropiación de fincas cuyos propietarios hacían dejadez de la obligación de conservación", y "no se ha declarado ningún expediente de ruina", explican fuentes municipales. El Ayuntamiento se niega para no dar facilidades al dueño que busque la especulación inmobiliaria", señalan.
En Sevilla, la lucha contra el mobbing la inició la Liga de Inquilinos, un colectivo que con su nombre rinde homenaje a otra asociación que en 1912 consiguió detener una subida del precio de los alquileres. Su vicepresidente, Miguel Macías, explica que "el mobbing sigue existiendo, pero se ha logrado parar el desalojo masivo e impune que se produjo después de la Expo, con el salto que pegó la ciudad". Macías, cuyo colectivo ha conseguido parar el acoso en una casa palacio del siglo XVIII de la zona de Pumarejo, aplaude la creación de la oficina municipal de Atención al Inquilino en Situación de Abuso, pero recuerda que la lucha comenzó "desde abajo".
"El Ayuntamiento se ha puesto las pilas y en el centro de Sevilla veremos cada vez menos casos, porque cada vez hay menos casas libres. Por contra, atendemos a afectados más y más jóvenes y asistimos a la extensión del fenómeno a pueblos como los de la Ruta de la Plata, plagados de ventas y edificios históricos", explican.
+ ELPAIS.com - C. BLANCHAR / S. LÓPEZ LETÓN - 15/02/2008
Foto: El viacrucis de Rosa Talón, vecina y botiguera del Clot-Camp de l'Arpa de Barcelona, comenzó hace 15 años. El mobbing afecta a su vivienda y a su negocio -en una finca que hace esquina y de la que saldrían una docena de pisos nuevos- y es de manual. "El dueño comenzó por no arreglar desperfectos, luego no cobró el alquiler, siguieron las amenazas, dejaron que ocuparan los pisos de arriba, me cortaron el agua... Lo tengo todo en papeles", explica carpeta en mano. Tres lustros de acoso duelen. "Pero lo peor es la indefensión ante la Administración. El Ayuntamiento tendría que obligar al dueño a arreglar la finca [su mal estado es más que evidente] y en cambio me multa si cuelgo una cesta al lado de la puerta", afirma. Pero, "la gente tiene mucho miedo y no denuncia".- EDU BAYER, elpais.com
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Tema: NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
Más de 60 colectivos convocan una "mani, festa, acción" contra la "destrucción" del territorio
ELCORREOGALLEGO* : Los más de 60 colectivos que integran la red 'Galicia non se vende' ha convocado "no una manifestación, sino la suma de una 'mani, festa (fiesta en gallego), acción'" para el próximo domingo, día 17, en Santiago de Compostela con la que pretende hacer uso de la retranca gallega para mostrar su rechazo a un "cuestión muy seria como es la destrucción del territorio gallego".
"Nos vemos obligados de nuevo a movilizarnos porque no nos queda otro remedio", admitió Mónica García, integrante de 'Burla Negra', colectivo que forma parte de esta red y que fue un activo muy crítico con gestión del Prestige cuando gobernaba el PPdeG, "pero bien poco tardó este gobierno -PSdeG y BNG- en defraudarnos", lamentó.
En esta misma línea, se pronunció la actriz y también productora, Mabel Rivero, miembro de la Fundación Galicia Verde, que reprobó que un gobierno, "que se dice de izquierdas", haya realizado una de las "traiciones más imperdonables" con medidas que son una "verdadera barbaridad gubernamental".
En concreto, el coordinador de Verdegaia, Xan Duro, censuró el "absolutamente devastador" Plan Acuícola, el de Minaría o el de gestión de residuos, al que sumó el consentimiento a un "urbanismo depredador", tal y como apuntó que queda demostrado con el hecho de que entre 1998 y 2007 se hayan construido 300.000 nuevas viviendas, cuando la población "sólo ha incrementado en 46.000 personas, lo que supone seis viviendas por cada nuevo ciudadano".
A esta situación "terrible", sumó un servicio de transporte "ridículo e insostenible" con infraestructuras, como desdoblamientos de autovías, que suponen la emisión de una tonelada neta más de CO2 al año; y un litoral "masacrado" como evidencia que en el litoral de Pontevedra "un 21% de su línea de costa esté urbanizada, un porcentaje similar a la Girona, Valencia o Cádiz".
Por todo esto, auguraron un "futuro negro" para una Galicia "que podría ser un paraíso" debido que esta "destrucción" del paisaje y el patrimonio cultural están "empobreciendo" la biodiversidad y "empeora" la calidad de vida de la ciudadanía "e hipoteca las generaciones futuras, para, como mucho, enriquecer una minoría". "Beneficios para unos pocos y basura y contaminación para el resto de la ciudadanía", resumió Xan Duro.
Un ejercicio "responsable y coherente" de la ciudadanía
Con todo, esta red abogó por hacer "de esta protesta, una fiesta, porque da confianza en su éxito", adujo Mónica García. Así, animaron a todos los participantes, aprovechando la despedida reciente del carnaval, a recuperar los disfraces para, junto a instrumentos, de todo tipo ser partícipes de una "acto crítico desde el humor, que se muy saludable".
La manifestación, que se iniciará a las 12.00 horas en la Alameda compostelana, finalizará en la Praza da Quintana, con una lectura colectiva de un manifiesto y un 'top-manta asociativo', porque las 60 asociaciones que conforman la red ofrecerán sus folletos informativos y "todo tipo de merchandising". "En definitiva, se trata de un ejercicio de responsabilidad y coherencia de la ciudadanía, ante la necesidad urgente de cambiar las actuales políticas medioambientales", justificó Mabel Rivera.
* El Correo Gallego - E.P. SANTIAGO - 12.02.2008
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Tema: NOTICIAS Galicia
¿Quién da más en vivienda?
ELPAÍS* : Ya se sabe que el papel lo aguanta todo. Promesas, ideas, concreciones, vaguedades, aspiraciones? En tiempo electoral, la vivienda se ha convertido en el mascarón de proa de buena parte de la campaña. Las propuestas tienen muchas veces enunciados similares, como la rehabilitación del parque residencial o la liberación de suelo para levantar pisos protegidos; todo ello con un crecimiento sostenible tanto en la forma (urbanismo) como en el fondo (materiales).
Pero si nos fijamos en los dos grandes partidos nacionales existen algunas diferencias que sí muestran un perfil ideológico distinto. La principal baza del PSOE es la vivienda protegida (un millón y medio en los próximos
10 años), mientras que el Partido Popular quiere que una de cada dos viviendas construidas tenga un precio máximo de 160.000 euros. Difícil parece conseguir que los promotores trabajen con precios intervenidos y que se logre el gran acuerdo nacional que, según el PP, sería necesario para ello. Sea como fuere, las promesas están encima de la mesa y los ciudadanos deciden.
-Partido Socialista. Ha reformado la Ley de Suelo, liberado 24 millones de metros cuadrados de terreno público e iniciado 250.000 casas protegidas. Desde esta casilla de salida parten sus propuestas para la próxima legislatura, cuya iniciativa estrella es la elaboración de un nuevo Plan Estatal de Vivienda para desarrollar 1,5 millones de pisos protegidos en una década -900.000 en compra y 600.000 en alquiler-, así como 30.000 unidades dirigidas a colectivos específicos como jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género y mayores de 65 años. Desde Ferraz se impulsará la figura del alquiler con opción a compra, se reformará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir al propietario reclamar el inmueble cuando sea para el uso de un familiar de primera línea de sucesión y se agilizará el desahucio.
La rehabilitación también tiene su espacio en el programa del PSOE, que pondrá en marcha (aún sin concretar) un Plan Renove de Viviendas para modernizar el parque, sobre todo en cascos históricos y zonas rurales.
En el siempre conflictivo tema del suelo, la propuesta socialista pasa por la creación de la Comisión de Coordinación interministerial de Suelo, con el fin de reforzar la llegada de terreno propiedad del Estado al mercado de vivienda protegida. Junto a esta iniciativa, otra que se antoja más difícil: la movilización, a través de acuerdos con los ayuntamientos, de terreno municipal para construir casas protegidas.
Con el fin de incrementar la accesibilidad a las personas con discapacidad, propone modificar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para eliminar barreras arquitectónicas. Finalmente, desde un punto de vista de inversión, plantea la mejora de la normativa de las entidades de inversión colectiva, sociedades de arrendamiento y sociedades patrimonialistas en alquiler cotizadas.
-Partido Popular.. Su propuesta es para muchos la cuadratura del círculo inmobiliario: facilitar el acceso a la vivienda en propiedad; impulsar el alquiler como opción voluntaria de los ciudadanos; proteger a las familias del impacto de las subidas de los tipos de interés en sus rentas y mantener, al mismo tiempo, la aportación al crecimiento económico y al empleo de la construcción. A partir de lo que define como un acuerdo nacional, que reuniría a las administraciones públicas y los sectores inmobiliario y financiero, se buscaría que una de cada dos casas construidas tuviera un precio máximo de 160.000 euros para una superficie estándar de 80 metros cuadrados. Todo ello partiendo de una reserva de suelo de vivienda protegida de entre el 30% y el 50% del proyecto a edificar.
La parte fiscal que plantea el partido tampoco se libra de ambición. Todos los gravámenes más importantes se reducen o desaparecen. El IRPF baja "para que las familias aumenten su poder adquisitivo"; exenciones en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) con el fin de incentivar que las viviendas desocupadas salgan a alquiler; aplicación del IVA superreducido (4%) a las casas que no excedan de 160.000 euros; reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y eliminación del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) cuando tenga relación con la vivienda. Incluso plantean reducir los gastos de notaría y escritura.
En cuanto al alquiler, la gran baza es generalizar el arrendamiento con opción a compra. La idea en Génova es apoyar fórmulas similares a las que están desarrollando algunas comunidades autónomas: la mitad de la renta abonada se computa como parte del pago de la adquisición de la vivienda. Por otro lado, se eliminan las comisiones de cancelación anticipada y las que se aplican a la conversión de hipotecas de tipo variable a fijo.
-Izquierda Unida. El programa de IU se sustenta sobre las siguientes argumentaciones: modificación de la política fiscal -pasar de favorecer la compra a primar el alquiler-, mejora del tratamiento fiscal de la vivienda protegida frente a la libre e implantación de medidas impositivas que penalicen las casas vacías y las segundas residencias. Su objetivo es incrementar las reservas de vivienda protegida hasta el entorno del 75% en suelo urbanizable y el 40% en suelo urbano. Además, propone salvaguardar las casas protegidas para que nunca puedan llegar al mercado privado. Y establecer controles en la entrada, permanencia y salida de los usuarios para evitar el fraude. Pero tal vez la propuesta más novedosa es la que pretende limitar el crédito hipotecario y que sólo se puedan
Las propuestas catalanas
Convergència i Unió. Su objetivo es ?ajustar las políticas públicas de vivienda a las necesidades propias del ciclo vital de las personas?. Como primeras medidas CiU propone la desaparición del Ministerio de Vivienda y multiplicar por cuatro los ingresos que ahora se dirigen a vivienda en Cataluña (1.372 millones de euros). Recursos que servirían para crear un fondo para pagar el 50% de alquiler a los menores de 35 años durante tres años, reforzar el sistema de préstamos destinados a la emancipación, crear un fondo para favorecer (con medidas como el pago del alquiler) el alojamiento de mayores e impulsar programas de ayuda para mejorar la accesibilidad a los edificios de las personas con minusvalías. También sería necesario triplicar los fondos dedicados a vivienda protegida. En política fiscal piensa introducir una deducción (sin cuantificar) del impuesto de sociedades para reinvertir los ingresos procedentes de operaciones del mercado libre que se destinen a vivienda protegida y reducir del 16% al 7%el IVA de la compra de plazas de garaje.
Esquerra Republicana. Un parque de viviendas protegidas es la viga maestra sobre la que se sostiene la propuesta del partido catalán, con la que piensa hacer frente a la ?especulación del mercado?. Su modelo independentista plantea la petición de transferencias al Estado. Al calor del Estatut, propone el traspaso de todas las competencias en esta materia para así desmantelar la Sociedad Pública del Alquiler en Cataluña, duplicar los 1.372 millones que se destinan a vivienda y reclamar la cesión del suelo público no utilizado para construir casas, sobre todo de los cuarteles militares y de la Guardia Civil. También plantea la creación de un mercado secundario de vivienda protegida, reformas fiscales (penalización tributaria de los pisos desocupados o adquiridos sobre plano), modificación de la LAU para otorgar más garantías al arrendador frente a los impagos y elaborar una regulación específica de las plusvalías de los fondos de inversión inmobiliaria.
* ELPAIS.com - MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA 15/02/2008
Foto: casa-interrogante - eleconomista.es
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
"Los Merinos es ejemplo de cómo el urbanismo descontrolado de la costa pasa hacia el interior"
EUROPAPRESS/Málaga* : El director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, afirmó hoy que el proyecto de construcción de un macrocomplejo residencial en Merinos Norte en Ronda (Málaga) es un ejemplo de cómo el urbanismo "descontrolado" de la costa está pasando hacia el interior del territorio. "Esto es construcción clónica, porque el modelo de construcción en el litoral está clonándose en otras zonas con reclamos que ya no son el de 'sol y playa', sino el del respeto por la naturaleza, cuando luego se está destruyendo", criticó.
"Este deslizamiento no se puede permitir ni aceptar una vez destruido el litoral y el caso de Los Merinos se puede considerar paradigmático de este cambio", concretó.
En este sentido, afirmó que se da una serie de cuestiones que ha hecho que la organización ecológica apoye a los opositores de este proyecto. "Hay cosas que no se pueden aceptar, como que las personas y las organizaciones que se han levantado contra este proyecto hayan recibido amenazas y denuncias falsas por parte de las promotoras asociadas. Este país es un estado democrático donde se recibe muy bien a Al Gore, pero en el que la gente que trabaja a nivel local es tratada así", matizó.
Precisó que la provincia de Málaga es la que en la presión urbanística sobre el litoral es más intensa, ya que "hay muy poco espacio en la costa sin urbanizar". "Esto es un arma de doble filo porque algunos han hecho mucho dinero con esto, pero podemos estar en un punto de inflexión en el que el turismo está demandando un medio ambiente en mejor estado", agregó.
"Por si esto no fuera suficiente, en el último año se aprobó la construcción en toda la costa española de tres millones de nuevas viviendas. Esto nos da una idea de la dimensión del problema, algo independiente de la crisis puntual sobre el sector de la construcción, porque una vez el suelo está calificado se construye ese año, dentro de 10 ó 20, pero si no hay una marcha atrás hacia suelo no urbanizable tenemos un problema muy grave con lo que ya hay", subrayó.
Por todo ello, De Urialde concretó que piden la paralización inmediata de las obras en la finca Merinos Norte, la apertura de caminos invadidos, que la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes actúe si no se lleva esto a cabo y que se aplique justicia, "que en Andalucía y en España siempre llega tarde, sólo hay que verlo en Marbella", recalcó.
"En España la cosa es que se contamina, pero no se paga por ello, se recalifica, se abusa del territorio y cuando hay ilegalidades no se corrigen. Ahí tenemos Marbella, donde hay reconocidas 30.000 viviendas ilegales y las consecuencias no van a ser las que debieran". Indicó sobre las demoliciones de viviendas que "el urbanismo ilegal no puede quedar impune porque se está utilizando a personas que nada tienen que ver con la ilegalidad para garantizar la impunidad", subrayó.
"ILEGALIDAD PATENTE".
Uno de los miembros de la Plataforma Cueveña del Agua de Cuevas del Becerro (Málaga), Antonio Viñas, afirmó que desde hace más de un año se están desarrollando las obras de urbanización en una finca de 1.000 hectáreas, con una dehesa mediterránea "de alto valor económico" y donde se harán dos campos de golf, tres hoteles de cinco estrellas y 800 viviendas de lujo.
La plataforma, integrada por vecinos, ecologistas y sindicatos, denunció la "ilegalidad patente" de esta actuaciones "porque incumple la directiva de aves, la de agua, la de hábitat y la de impacto ambiental, sin que hasta el momento se haya conseguido reaccionar de forma ejecutiva ni al Ayuntamiento de Ronda ni a la Junta de Andalucía, administración competente en urbanismo".
"Ni las 500 alegaciones, ni los tres contenciosos, ni la tala de más de 2.000 encinas, ni la invasión de un camino público, ni varias manifestaciones, ni una huelga general en Cuevas del Becerro en defensa de su acuífero, ni la denuncia de una campaña de acoso contra autoridades públicas y vecinos opositores al proyecto, ni que el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento europeo, Michael Cashman, haya incluido este caso en un informe que alerta del urbanismo salvaje en España, ni una orden de paralización por parte de la Consejería de Obras Públicas han hecho posible la paralización de las obras, aprobadas de manera irregular por el Consistorio rondeño", criticó.
Por ello, indicó que hay un "déficit democrático en Ronda a imagen y semejanza de otras ciudades de la Costa del Sol que en la actualidad están pagando un alto precio con el deterioro de la vida institucional por la incompetencia de las autoridades públicas de la época".
"Es inadmisible que bajo el amparo del nuevo Estatuto de Andalucía y de su máximo valedor, el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, siga permitiendo que promotores y ayuntamientos incompetentes se salten con premeditación y descaro la ley y se produzcan daños ambientales en suelos protegidos", lamentó.
Por otro lado, otro de los miembros de la plataforma, Juan Villalba, informó de que unas 10.000 personas de cuatro municipios, entre los que están Arriate y Cuevas del Becerro, beben actualmente de un acuífero y alertaron que éste peligra. "La Cuenca Mediterránea lo tienen catalogado de deficitario y queremos defenderlo", aclaró.
Indicó que sólo 11 personas acumulan 50 denuncias de las promotoras, "aunque hasta ahora no han ganado ninguna porque la mayoría son inventadas para meter miedo a la gente", precisó, al tiempo que aclaró que "no es cierto que las promotoras hayan retirado las denuncias, sino que han sido archivadas".
"Imagino que los que denuncian les habrá ido bien en otras partes de España intimidando al resto, pero aquí no, porque los que estamos denunciados ni les hemos hecho caso, no se van a salir con la suya porque estamos luchando como el primer día", manifestó.
Finalmente, sentenció diciendo que "no entendemos qué está ocurriendo, parece que los delincuentes somos nosotros y estos señores, que tienen el apoyo de bancos y políticos, con tanto poderío y tanto dinero están haciendo destrozos y no les pasa nada".
* Europa Press - MÁLAGA, 12 Feb
Foto: Ronda (Málaga), vista aérea Los Merinos - ecologistasenaccion.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La UE examinará dos PAI en Cullera al admitir la queja de 200 propietarios
LEVANTE/Valencia* : El Parlamento Europeo investigará los programas urbanísticos del Marenyet y Brosquil aprobados por el Ayuntamiento de Cullera y que prevén la reclasificación de casi diez millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable desde la desembocadura del Xúquer hasta el límite con el término de Tavernes.
La Comisión de Peticiones del Parlamento ha decidido admitir a trámite la queja que, presentada por las dos agrupaciones de propietarios de suelo afectados por los PAI, está secundada por casi doscientas personas.
Bruselas acepta la solicitud de los afectados, que opinan que las actuaciones urbanísticas se han adoptado "desde la mayor opacidad política" y supondrán para Cullera "gravísimos problemas", además de entender que sus derechos se ven vulnerados al supeditar la propiedad privada "a meros intereses especulativos". Por ello entienden que este caso es un ejemplo de "abuso urbanístico". En el escrito remitido a las agrupaciones de afectados, el presidente de la Comisión de Peticiones, Marcin Libicki, especifica que tras examinar la petición se ha decidido solicitar a la Comisión Europea que inicie "una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema". Los PAI del Marenyet y Brosquil prevén la construcción de alrededor de 14.000 viviendas y varios campos de golf.
Los programas urbanísticos fueron aprobados por el pleno de Cullera el 29 de diciembre de 2005, sólo 48 horas antes de la promulgación de la Ley Urbanística Valenciana, algo que destacan los afectados en su queja, al tiempo que advierten de que el futuro desarrollo urbanístico de Cullera se realizará con la legislación urbanística anterior, la LRAU, que fue objeto de severas críticas por parte del Parlamento Europeo. Los dos PAI se incluyen en el documento del concierto previo del PGOU, que fue aprobado el pasado mes de octubre por el pleno. Los afectados también han presentado alegaciones a la Conselleria de Medio Ambiente para solicitar que rechace el concierto previo.
* Levante-EMV - Teresa Albendín, Alzira - 14 de febrero de 2008
Foto: Vista aérea de la zona del Marenyet de Cullera / levante-emv
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Málaga: Manifestación contra la especulación el sábado 16 de febrero
MÁLAGA NO SE VENDE* : Manifestación contra la especulación, la precariedad y la corrupción. Málaga - 16 de Febrero - 11hs.
¿Sabes que el 40% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes? ¿Sabes que el 30% no tiene acceso a una vivienda digna y que en la provincia de Málaga hay más de 100.000 viviendas vacías? ¿Sabes que en Málaga tenemos unos 70 campos de golf y que se quieren construir otros 100? ¿A quién crees que beneficia esto?
Han convertido el territorio de Málaga en una mercancía; dónde las sierras se transforman en canteras, los ríos se apresan, la costa se enladrilla y los campos se convierten en campos de golf. Para los próximos años está prevista la construcción de más de 900.000 nuevas viviendas, casi tantas como las 950.000 que ya hay. También está prevista la creación de unos 100 nuevos campos de golf ¿crees que l@s malagueñ@s o l@s turistas necesitamos esto?
Con la excusa de la creación de empleo están vendiendo nuestra provincia y nuestras vidas, sin embargo este empleo es temporal y precario. La especulación con el territorio provoca: el brutal aumento del precio de la vivienda, impidiendo su acceso a la población, la privatización de servicios y espacios públicos, el abandono de la agricultura y con ella de la soberanía alimentaria, la pérdida de los comercios tradicionales y la creación de macro-urbanizaciones que duplican o triplican las poblaciones, con la contaminación y la mengua de la identidad y cultura que ello implica.
Nos estamos coordinando tanto en la capital como en la provincia ciudadan@s y colectivos afectados, para denunciar la especulación con el territorio, la corrupción y la precariedad. Somos l@s hipotecad@s de por vida, l@s estafad@s por inmobiliarias y bancos, l@s que no tenemos acceso a una vivienda digna. Somos l@s que sólo tenemos acceso a trabajos precarios, con jornadas interminables y sueldos irrisorios. Somos l@s que tras años de desarrollismo salvaje nos hemos quedado sin ríos ni acuíferos, sin zonas naturales y culturales, l@s que estamos quedándonos sin (agri)cultura, identidad y sin espacios públicos (carriles-bici, parques, centros sociales...).
Somos l@s que sufrimos la destrucción y la contaminación por las canteras, centrales térmicas, el AVE, las autopistas, a los que pretenden quitarnos el tren, las últimas playas, etc., somos l@s que estamos hart@s de tanto golf y urbanizaciones, “progreso” y beneficio para unos poc@s; hart@s de tanta impunidad y “solidaridad” con empresas inmobiliarias y constructoras, bancos, politic@s corrupt@s y mafias.
Somos como tú.
Estamos aquí para decir basta, encontrarnos,
organizarnos y luchar junt@s por nuestro derecho a una vida y a un entorno digno transformando nuestra realidad
¿Todavía crees que los partidos políticos y las administraciones representan a l@s ciudadan@s o representan más bien a los empresarios que los patrocinan?
¡¡No dejemos el futuro de la provincia de Málaga en las manos de empresari@s y polític@s corrupt@s!!
POR LA VIVIENDA, LOS DERECHOS SOCIALES Y LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE.
La Provincia de Málaga No se Vende, Gobierne quien Gobierne + afectad@s por la especulación y la precariedad.
malaganosevende (at) yahoo.es
estrecho.indymedia.org/malaga
es.groups.yahoo.com/group/malaganosevende
* Indymedia Estrecho - 12 feb 2008
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Andalucía
Cantabria: El TSJC vuelve a fallar contra el Plan Parcial del Alto del Cuco
ELDIARIOMONTAÑÉS* : La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha vuelto a fallar en contra del Plan Parcial del sector 2 del Alto del Cuco -que contemplaba la construcción de 395 viviendas en la ladera Sur del Monte Picota- y ha acordado su anulación, estimando así el recurso que presentó el Gobierno de Cantabria.
La sentencia, fechada ayer miércoles, 13 de febrero, y hecha pública hoy, se suma a la dictada el 29 de marzo del pasado año, que supuso ya la anulación del Plan Parcial en respuesta al proceso promovido entonces por la asociación ecologista ARCA.
En la actualidad, esa primera sentencia está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación, en el que tienen puestas sus esperanzas el Ayuntamiento de Piélagos y la promotora Fadesa.
Mientras tanto, las obras siguen paralizadas en virtud de una medida cautelar adoptada por el TSJC a petición del Gobierno cántabro. Esa medida seguirá vigente mientras la nueva sentencia a favor del Gobierno no sea firme.
El TSJC sustenta esta nueva sentencia en la que dictó hace ya casi un año y, de hecho, lo que hace es reproducir buena parte de aquella primera sentencia, reiterando así que el Plan Parcial del Sector 2 del Alto del Cuco "vulnera" la Ley del Suelo de Cantabria y representa una "dentellada" al Monte de la Picota para "incrustar" 395 viviendas.
El resultado, según la Sala, es un "impacto visual importante" y una "agresiva modificación de la topografía" del Monte Picota, a través de "exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas". De hecho, sostiene que las obras ya realizadas de desmontes y terraplenes han alcanzado un volumen de tierras extraídas de más de 583.000 metros cúbicos, mientras el volumen de tierras de relleno y terraplén es de casi 83.000 metros cúbicos.
En opinión del TSJC, la actuación urbanística "no pasará desapercibida", sino al contrario. "Se va a producir una alteración topográfica de la ladera, que en ningún caso puede ser calificada de moderada", añade la Sala.
Rechaza además que pretenda ampararse esta urbanización en la existencia de otras actuaciones previas en el mismo monte porque, a su juicio, el hecho de que "precedentes actuaciones urbanísticas, amparadas por sus respectivos instrumentos de planeamiento, hayan generado un impacto paisajístico negativo ya irreversible, no resulta ser una razón de peso para santificar" este Plan Parcial.
Desniveles de hasta el 40%
Junto a la vulneración de la Ley del Suelo y el impacto visual, el Gobierno cántabro también alegaba en su recurso otras infracciones, muchas de las cuales son compartidas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por ejemplo, la infracción contra la ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
En este sentido, la sentencia recalca que los espacios reservados para parques y jardines existen, pero son "de imposible acceso", ya que superan el seis por ciento de desnivel máximo permitido. Es más, la pendiente oscila entre el 6% y el 10%, "llegando a alcanzar en la zona central el 40%". Y en el área de recreo y juego para niños existe una pendiente "muy acusada, entre el 25% y el 33%".
También cuestiona la sentencia el cómputo que se hace de algunos espacios y deja claro que la red viaria no puede considerarse como equipamiento, sino como infraestructura, al igual que tampoco pueden ser considerados como equipamientos los espacios libres. Pese a tratarse en algún caso de errores que el Ayuntamiento y la promotora pretendían corregir en el proyecto de compensación, la Sala subraya que no pueden ser subsanados en dicho documento, sino que ha de recogerse en el Plan Parcial.
Lo que no comparte en cambio la Sala es la tesis del Gobierno regional sobre el exceso de edificabilidad porque, según dice en la sentencia, "la diferencia es absolutamente nimia" y en términos de aprovechamiento lucrativo es "menor" de lo permitido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos.
Cuestiones formales
En lo que respecta a cuestiones de tramitación del Plan, no de contenido del mismo, la Sala de lo Contencioso también da la razón al Gobierno regional en alguna de sus argumentaciones, pero no en todas.
Así, coincide con la postura del Ejecutivo en lo relativo a la necesidad de haber aportado el informe que exige la legislación de telecomunicaciones. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) reclamó ese informe al Ayuntamiento, que si bien lo solicitó al Ministerio, no lo remitió a la CROTU.
Por el contrario, la Sala no acoge otros de los planteamientos del Ejecutivo. Es el caso, por ejemplo, de la supuesta vulneración del procedimiento que aducía el Gobierno ya que, a su juicio, se debería haber sometido a información publica el informe de impacto ambiental.
Sin embargo, la sentencia recalca que la normativa vigente no explicita que esa exigencia afecte a los planes parciales y sólo prevé ese requisito "cuando se trata de elaboración de Planes Generales o Normas Subsidiarias".
El alcalde o el pleno
Con esta sentencia se resuelve un recurso que el Gobierno cántabro presentó en octubre del año 2004, después de requerir infructuosamente al Ayuntamiento de Piélagos la anulación del Plan Parcial, puesto que no contaba con el visto bueno de la CROTU.
El Ejecutivo envió un requerimiento en ese sentido al Consistorio y fue respondido por el alcalde acompañado de varios informes, tras lo cual, el Gobierno presentó el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, al entender que la respuesta a ese requerimiento no era potestad del alcalde, sino del Pleno municipal.
La Sala de lo Contencioso considera "de escasa o ínfima influencia" el hecho de que el escrito lo realizara el alcalde y rechaza esa cuestión formal, pero en cualquier caso, atendiendo a otros de los argumentos esgrimidos, estima el recurso del Gobierno y anula el Plan Parcial.
La sentencia también alude a las críticas y acusaciones plasmadas durante el proceso, en el que el Ayuntamiento de Piélagos atribuyó al Gobierno "motivaciones políticas y electorales", pero rehúsa pronunciarse sobre ellas porque, según subraya, su labor es resolver "cuestiones de estricta legalidad y derecho".
* El Diario Montañés - E.P. - 14.02.08
Foto: Piélagos, Alto del Cuco - eldiariomontanes.es
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Vigo: Uno de los socios de Construcuatro admite que cobró sobreprecios
ELCORREOGALLEGO* : Uno de los socios de la constructora pontevedresa Construcuatro y consejero delegado de esta empresa, José Manuel T., imputado en relación al supuesto cobro de sobreprecios en las viviendas protegidas de un edificio del polígono vigués de Navia, admitió hoy ante el juez que cobró cantidades a mayores con el objetivo de realizar mejoras en las viviendas, según confirmaron fuentes cercanas al caso.
Torres acudió a primera hora de la mañana al Juzgado de Instrucción Número Dos de Vigo, donde prestó declaración durante cerca de dos horas y, según fuentes judiciales, admitió el cobro de los citados sobreprecios en las viviendas de protección oficial del edificio número 25 de la calle Teixugueiras, del barrio vigués de San Paio de Navia, y explicó que estaban destinadas a realizar mejoras en las calidades de los inmuebles.
A pesar de admitir los citados sobreprecios, Torres aseguró, según fuentes legales, que vendía pisos "buenos" y "muy baratos". Asimismo, y en relación al mismo asunto, también declaró hoy, como imputado, el presidente de Construcuatro, Eugenio S., quien acudió alrededor de las 11.30 horas.
El pasado 6 de febrero declaró un intermediario de las operaciones de venta de pisos, quien también confirmó el cobro de sobreprecios e incluso afirmó haber entregado dinero negro a un copropietario de la empresa. Además, el pasado 10 de enero también prestaron declaración otros dos intermediarios que reconocieron los cobros "por orden de la constructora Construcuatro".
AFECTADOS.
Hasta las inmediaciones de los juzgados vigueses también se acercó un grupo de afectados por los supuestos sobreprecios, que portaban camisetas rojas en las que denunciaban su situación. Algunos de ellos afirmaron haber pagado los sobreprecios "directamente" a Eugenio S. y a José Manuel T.
Así, Vanesa Díaz, una de las afectadas, afirmó que su contacto "siempre fue Torres", quien le exigió que "tenía que pagar 30.000 euros de más por el piso dos días antes de firmar el contrato de reserva", un dinero que, según explicó, abonó en la propia sede de Construcuatro, empresa participada por Eugenio S., José Manuel T. y el portavoz del PP de Pontevedra, Telmo Martín.
También destacó que el socio de la constructora les dijo que, si no pagaban ese sobreprecio, "había más gente que quería el piso, y enseñaba un taco de documentos" de supuestas personas interesadas en adquirir una vivienda.
García aseguró que fue citada en el peaje de la autopista Vigo-Pontevedra --"donde dijeron que estuviéramos tranquilos porque habían blanqueado parte del dinero", afirmó--. "Nos pidieron que mintiéramos si nos preguntaban, pero yo les dije que por ellos no iba a mentir", aseveró.
Finalmente, explicó que la razón que le daba la empresa era la realización de mejoras en las calidades del piso, aunque criticó que "es mentira porque en los pisos faltan cosas". Por ello, pidió que "se haga justicia" con su caso.
EXPEDIENTE DE LA XUNTA.
Las primeras denuncias por el supuesto cobro de sobreprecios en la compra de estos pisos fueron interpuestas en diciembre de 2006, y meses después se personaron en la causa varios afectados que, además, recurrieron a la delegación provincial de la Consellería de Vivenda para alertar a la Xunta de esas posibles irregularidades.
Vivenda abrió un expediente sancionador a la empresa Construcuatro a finales del pasado verano ante los indicios de que existió un caso de fraude en la venta de vivienda protegida. No obstante, la vía penal tiene prioridad sobre la administrativa, por lo que la Xunta no podrá aplicar ninguna sanción hasta que no se conozca la resolución judicial del caso.
La consellería entregó toda la documentación recabada, entre la que figuran tres denuncias y una veintena de declaraciones firmadas por otros tantos compradores, al Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo.
* El Correo Gallego - E.P. VIGO - 14.02.2008
Foto: Vista del edificio construido por Construcuatro /Jesús de Arcos, farodevigo.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
'Pocerolandia': pisos 60.000 euros más baratos que en octubre
ELMUNDO* : El constructor Francisco Hernando, más conocido como 'El Pocero', y artífice de la macrourbanización de más de 13.000 viviendas proyectada en la localidad toledana de Seseña (a 36 kilómetros de Madrid), comienza a pasar apuros por la crisis de ventas que ha paralizado al sector inmobiliario. El desplome de las operaciones es de tal calibre que su caseta de ventas ha tenido que colgar el cartel de 'Rebajas' para dar salida a las decenas de pisos de los 2.500 que componen la primera fase de su macrourbanización.
Ahora, la oficina de ventas ofrece casas 'llave en mano' para entrar a vivir de inmediato con un descuento medio de 60.000 euros frente a los precios del pasado mes de octubre. Dependiendo de las características del piso, la bajada oscila entre el 20% y el 30% con respecto al importe que marcaban hace cuatro meses.
Por ejemplo, una vivienda de cuatro habitaciones con 113 metros útiles cuesta ahora 249.600 euros, IVA incluido. En octubre, un comprador que hubiera adquirido un inmueble con las mismas características hubiera pagado 308.681 euros, es decir, 59.000 euros más.
"Antes vendíamos al menos 30 pisos al mes, pero ahora a lo sumo sacamos siete", reconoce un comercial del Residencial Francisco Hernado refiriéndose al parón que ha experimentado el cierre de operaciones desde el pasado mes de octubre.
Paradójicamente, si el cliente no tiene prisa por tener su vivienda y adquiere uno de los miles de inmuebles en construcción y que estarán concluidos en 2009 no disfrutará de rebajas en el precio.
Esta política de rebajas, según fuentes del sector, se explicaría en la necesidad del constructor por trasladar la carga de la hipoteca al comprador final. "Si no vende, es la constructora la que tiene que hacer frente a los compromisos adquiridos con la entidad financiera", explican.
Caja de Ahorros del Mediterráneo, Ibercaja, Caja Duero, Banco Galicia, Caja España y Caja Cantabria son algunas de las entidades que han financiado las obras de la macrociudad.
El propio Francisco Hernando reconoció recientemente a las autoridades del municipio de Seseña que tenía más de 3.000 pisos sin vender de los 5.000 terminados o en fase de edificación.
Fuentes del sector financiero pronostican que la técnica utilizada por 'El Pocero' para sacar sus pisos al mercado tendrá que ser adoptada por otros muchos promotores para eludir problemas financieros. "Las promotoras necesitan tesorería para hacer frente a los créditos hipotecarios. Y si no encuentran compradores, tendrán que bajar precios y reducir márgenes para lograr liquidez", asegura un experto de una prestigiosa consultora inmobiliaria.
Las ventas de 'Pocerolandia' también se han visto seriamente perjudicadas por el submercado que ha surgido en el propio complejo residencial de inversores que hace dos o tres años depositaron sus ahorros en inmuebles de la urbanización con el fin de obtener abultadas plusvalías antes de formalizar las escrituras y cerrar la hipoteca. Comprado a un inversor antes de la entrega de llaves, el precio podía resultar hasta un 30% más atractivo que el que se ofrecía directamente en las oficinas de ventas.
Pese a los problemas para sacar los pisos al mercado, las obras no paran en el Residencial Francisco Hernando. Aunque a menor ritmo que hace un año, los operarios siguen trabajando para terminar de levantar las 5.100 viviendas para las que el consistorio toledano ha autorizado licencia de edificación.
En cuanto al futuro de las 8.000 restantes que planeaba 'El Pocero', es una incógnita. Primero, porque el Ayuntamiento le ha denegado nuevas licencias de edificación hasta que no se desplace la línea de alta tensión que cruza por los terrenos en los que está previsto construir los nuevos bloques. Y, segundo, porque al empresario puede resultarle más rentable posponer las obras hasta que repunte el mercado.
* El Mundo - Economía - 14/02/2008
Foto: Seseña (Toledo), pocerolandia - burbuja.info
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Tema: NOTICIAS CastillaMancha
Europa investiga al Consell por las inversiones en la Ciudad de la Luz
ELPAÍS/Alicante* : Inversión pública en un mercado privado. La Generalitat ha invertido más de 200 millones de euros de fondos públicos en la construcción de los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz en Alicante. Allí han rodado empresas privadas sus películas y han recibido subvenciones por más de 12 millones por escoger esos estudios para hacerlo.
Por todo ello, y a raíz de dos denuncias de sendos estudios de cine europeos, la Comisión Europea anunció ayer el inicio de una investigación "pormenorizada" con arreglo a las normas sobre ayudas del Estado en el Tratado de la Comunidad Europea sobre la financiación del complejo de estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz, en Alicante. El objetivo es determinar si la financiación de la Generalitat "constituye una ayuda de Estado ilegal que falsea la competencia entre estudios cinematográficos europeos". De hecho, las denuncias iniciales, presentadas en febrero y julio de 2007, partieron de dos estudios de cine, uno de ellos los británicos Pinewood, que "en esta situación de competencia, dudan de que la decisión [de la Generalitat] de invertir en la Ciudad de la Luz responda a consideraciones comerciales normales".
Las dudas no las tienen solo los estudios cinematográficos denunciantes, la propia Comisión también duda "de que un inversor privado hubiera aportado el 100% de la financiación a una empresa de tal envergadura en un mercado competitivo". La comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, declaró que la Comisión "expresa su preocupación porque la importante financiación pública haya permitido a la Ciudad de la Luz falsear la competencia leal en el mercado europeo de los estudios cinematográficos".
La gestión de la Ciudad de la Luz es muy deficitaria. El importe neto de la cifra de negocios en 2006 fue sólo de 242.577 euros, pero las pérdidas de actividades ordinarias superaron los 19 millones. Eso sí, las subvenciones para rodar en los estudios superaron los 12 millones de euros.La Comisión Europea incide, en la nota difundida ayer, en que en la Ciudad de la Luz se han invertido, por parte de la Generalitat, más de 200 millones de euros con "fondos públicos", y como su construcción todavía está en marcha la cifra final "podría ser significativamente superior". En el comunicado destaca los "importantes descuentos" que se han ofrecido para atraer producciones cinematográficas a Alicante, que superan los 12 millones de euros en tan solo dos años. La Comisión duda de que un inversor privado hubiera aportado el 100% de la financiación a una nueva empresa en un mercado competitivo. Fuentes jurídicas consultadas explicaron ayer que si estas ayudas no han sido notificadas a la Comisión y autorizadas por ésta, podrían considerarse "ilegales" y añaden que "en ese caso se exigiría que el beneficiario las devolviera".
El proyecto de la Ciudad de la Luz arrancó de un sueño del cineasta Luis García Berlanga, que asumió como propio Eduardo Zaplana, en su etapa de presidente de la Generalitat. Los fastos de presentaciones por todo lo alto acompañaron al proyecto desde el primer día. Además, de los 226 millones de euros invertidos hasta el momento, la Generalitat concedió ayudas económicas a las productoras por rodar en Alicante. Más de 12 millones de euros en dos años, según la Sindicatura de Comptes. Asterix en los Juegos Olímpicos se llevó 4,75 millones y Su majestad Minor, 2,7 millones. La gestión de la Ciudad de la Luz siempre ha estado marcada por la polémica y la opacidad a la hora de facilitar información pública sobre sus cuentas y resultados. Los únicos datos que han trascendido son los de los resultados de 2006, cuando la cifra de negocios fue de apenas 242.577 euros, pero las pérdidas se elevaron hasta los 19.044.076 euros. El Consell se defendió ayer mediante una nota en la que recordó que la mayor parte de estudios de cine en Europa han recibido "apoyo gubernamental en forma de inyecciones de capital directa o bien con incentivos fiscales". La Generalitat considera que la denuncia de Bruselas está "infundada", ya que la Ciudad de la Luz, por nutrirse de fondos públicos, "no ha distorsionado el mercado europeo". En cuanto al capital aportado por la Generalitat, son "inversiones públicas similares a las que puede hacer un inversor privado y en ningún caso se trata de ayudas de Estado".
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 14/02/2008
Foto: Alicante, ciudad de la luz - ciudaddelaluz.com
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Cataluña: El juez ratifica que en la etapa de Pujol se cobraron comisiones del 20%
ELPAÍS* : Ratificación de pe a pa. El juez de Barcelona que investiga el supuesto pago de comisiones a constructores en la época de Convergència i Unió (CiU) ha dictado una segunda resolución en la que confirma que existen indicios para pensar que esos hechos ocurrieron y que la empresa de la Generalitat Adigsa exigió a los constructores el 20% del importe de las obras que cobraron por rehabilitar viviendas.
Por ese motivo, el juez se ratifica en que la investigación del caso está cerrada y acuerda que continúe la tramitación para celebrar el juicio.
Dos años después de que la fiscalía se querellara por ese caso, el juez dictó el pasado 28 de junio lo que en términos jurídicos se llama auto de acomodación al procedimiento abreviado (véase EL PAÍS de 16 de octubre). Es una decisión que se acuerda cuando el juez cree que hay indicios de criminalidad. La otra alternativa posible es archivar del caso. Las defensas de los imputados, entre ellos todos los directivos de Adigsa, recurrieron contra aquella decisión y ahora el juez ha rechazado de plano esas alegaciones e insiste en lo que dijo entonces: que al constructor Juan Antonio Salguero se le exigieron comisiones del 20% en la rehabilitación de unas obras públicas y que éste tuvo que pagar 108.000 euros.
En la decisión de hace unos meses, ahora ratificada, el juez relataba la participación concreta de Ferran Falcó y Josep Antoni Fondevila, presidente y consejero delegado de Adigsa en la última etapa del Gobierno de Jordi Pujol. También precisaba que José María Penín era un intermediario en aplicar el llamado Pla Jove, "ideado y creado con la finalidad de captación de votos para el partido Convergència i Unió". En esta causa están inculpadas ocho personas y entre ellas figuran también el arquitecto Jordi Huguet, director técnico de Adigsa en aquella época, y Xavier Sala, responsable económico de la empresa.
Cuando hace meses se conoció la resolución judicial, los portavoces de CiU dijeron que era nula porque la Audiencia de Barcelona había ordenado el peritaje de unas viviendas y que, por tanto, el caso estaba reabierto. Fue el mismo argumento que se dijo incluso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora, sin embargo, el juez es contundente frente a esas argumentaciones: "Con respecto a la prueba pericial pendiente de practicarse, no se considera que pueda afectar al contenido de la presente resolución por tratarse tal valoración de un aspecto puramente accesorio que no afecta a la existencia material de los hechos que se imputan".
Ese peritaje sigue pendiente de elaboración y, mientras tanto, las defensas han vuelto a recurrir contra la resolución judicial ante la Audiencia de Barcelona. Javier Melero, abogado de Falcó, ha ido incluso más allá y ha presentado un incidente de nulidad. Su intención es que el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona revoque toda la investigación. "Se han violado las normas esenciales del procedimiento. La única prueba de cargo que existe es un supuesto perjuicio por una pericial de parte", afirma Melero. Su cliente es ahora teniente de alcalde de CiU en el Ayuntamiento de Badalona.
La opinión del abogado contrasta con el parecer del juez, quien después de defender la legalidad de su decisión, añade: "Otra cuestión es que pueda resultar más o menos del agrado la extensión en la descripción de los hechos, su contenido o incluso la forma de redacción". Por ello, el juez insiste en "la concurrencia de indicios bastantes para la continuación del proceso y enjuiciamiento de la causa".
* ELPAIS.com - PERE RÍOS - Barcelona - 14/02/2008
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
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Tema: NOTICIAS Cataluña
'Guateque': Un viceconsejero de Aguirre se concedió una licencia de obras en un mes
ELMUNDO/Madrid* : ¿Quién dijo que el sistema de concesión de licencias del Ayuntamiento no era ágil? El ex gerente de Urbanismo y actual viceconsejero de Transportes, Luis Armada, puede atestiguar que no es así. Al menos en lo referido a la concesión de una licencia que un familiar solicitó y él concedió para unas obras de un palacete situado en el número 9 de la calle de la Bola. El que fuera 'número dos' de Urbanismo con José María Álvarez del Manzano consiguió en un mes el trámite administrativo para hacer los trabajos.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la solicitud la presentó, firmada de su puño y letra, el 30 de abril de 2001. En tan sólo nueve días, en la sesión del 8 de mayo, consiguió el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Consejería de Educación y de la Comisión de Control y Protección del Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo.
"Un tiempo récord", apuntan desde la oposición. Este organismo se reúne una vez a la semana y suele acumular diferentes asuntos, por lo que los nuevos quedan en espera.
Tres días después, el 11 de mayo, el jefe de Sección de licencias de Gerencia de Urbanismo, actualmente imputado en el 'caso Guateque' por cohecho y prevaricación, redacta un informe favorable a la concesión de licencias. Los trabajos consisten en la consolidación puntual de la cubierta del sótano en el patio de luces de la finca.
Concretamente se trata del desmontaje de lucernarios, "realizados en hierro y vidrio y sustitución por pavés de vidrio con la misma indicación que el forjado existente. Obras complementarias de electricidad y acabados", según consta en la documentación.
Finalmente, el 21 de mayo de 2001, los servicios técnicos de Gerencia de Urbanismo informan favorablemente a la solicitud de licencia. "Procede a elevar al señor gerente municipal de Urbanismo, la siguiente propuesta de resolución". Es decir, remitir a Armada ese documento para que dé el visto bueno definitivo a una licencia que ha solicitado para unas obras.
El documento está firmado por el asesor técnico, María Aránzazu Amóstegui Fernández, y el jefe de departamento de Zonas Protegidas I, Enrique Zoraya Casado. Junto a su firma está la de él mismo, como gerente municipal de Urbanismo. La notificación al interesado se produjo el 4 de junio. Fuentes de la oposición calificaron el tiempo de concesión de licencias como "express", y precisaron que el tiempo normal es de tres meses.
Fuentes de la Consejería de Transportes precisaron que la licencia se concedió en un mes porque se trataba "de obras menores". Concretamente, de goteras. Además, se empeñaron en aclarar que Armada no asistió a la Comisión de Patrimonio y que los técnicos de Urbanismo constataron que las obras ejecutadas en 2001 se ajustaban a la licencia concedida.
Finalmente, precisaron que su familia mantiene alquilado el palacete desde 1951.
* El Mundo - JAIME G. TRECEÑO - 13/02/2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
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'Murcia no se vende' se manifiesta el sábado en Totana contra la corrupción
VEGAMEDIA* : La coordinadora "La Región de Murcia no se vende" ha convocado para este sábado, 16 de febrero, una manifestación en Totana bajo el lema "Esto no es plan, No a la corrupción". La elección de Totana se debe a que, pese a tener un PGOU conformado por 59 convenios urbanísticos, algunos de los cuales están siendo investigados por la justicia, se pretende enviar a Murcia para su aprobación definitiva sin atender las más de 4.000 alegaciones de particulares y colectivos, y "apostando por un modelo de monocultivo del ladrillo que estrangularía el futuro ecológico, económico y social", según la organización.
Totana es uno de los múltiples casos que afloran por doquier en la Región, en los cuales, según MURCIA NO SE VENDE, "se intenta imponer el interés particular de unos poco sobre el interés general de todo un pueblo, basados todos ellos en una ley del suelo que permite y promueve la corrupción en todos sus órdenes, urbanística, social, ética y moral, y esto no es plan", añaden.
La coordinadora hace un llamamiento a todos los ciudadanos a manifestarse públicamente por el buen nombre de Totana y la Región, contra la corrupción, en defensa del patrimonio natural y cultural común, de la regeneración social y democrática, y en apoyo a la actuación de la Justicia.
La manifestación partirá a las 12:30 del mediodía realizando un céntrico recorrido que comenzará en el lateral del Parque Municipal y finalizará en la plaza del ayuntamiento.
* Vegamedia Press - Murcia - 12/02/2008
Foto: Miembros de Murcia No Se Vende, esta mañana / VMPress.
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El PGOU de Alicante languidece
LUIS FALCÓ MAESTRE* : No nos engañemos, y es que a estas alturas y tras un decenio, el PGOU está malherido o más bien herido de muerte; ya no sólo porque expira el plazo establecido para su exposición y aprobación del PGOU, que puede convertirse en la puntilla a pesar de las trampas desde Conselleria de Urbanismo, sino porque la posibilidad de desarrollar PAIs ha desgajado gran parte del contenido del Avance, desnaturalizando lo que en él se planteaba, con el beneplácito e interés del alcalde.
Basta con revisar el planteamiento lanzado hace 8 años y comprobar cómo algunas zonas del extrarradio planteaban un crecimiento moderado considerando diversos factores como el PATEMAE (¿se acuerdan de la conexión Elx-Santa Pola-Alicante?), PATRICOVA (zonas de riesgo inundación) o movilidad entre otros. Como ejemplo que ilustra este cambio tenemos el planteamiento para el desarrollo de Rabassa, donde no alcanzaba las 8.000 viviendas, zona de recreo y deportiva y el respeto a las "balsas" o lagunas y el hito del Cerro del Gallo.
Una despolítica territorial que ya sufrimos los ciudadanos, pues en estos planes no se contempla una serie de servicios, condiciones previas y dotaciones que sí se establecen en el PGOU.
Abusar, por tanto, de una figura como son los planes parciales, establecida como aplicación excepcional dentro de la ley urbanística, desvirtúa y abandona las verdaderas necesidades de la población en pro de unas suculentas ganancias a los promotores amigos y una política del parche que saltará en pedazos. Una visión peligrosamente reduccionista donde el concepto de crecimiento se relaciona sólo con más hormigón y terrenos en propiedad.
Por otro lado, la visión global de la metrópolis posibilita adecuar y establecer diferentes servicios que los PAIs no suele contemplar. Veamos algunos factores donde se vislumbra esas carencias por retrasar el PGOU.
Dotaciones sociales: básico y primordial, sus instalaciones escolares, deportivas, sanitarias, seguridad, policía, bomberos... Actualmente se abordan con planes especiales como el del centro tradicional y el insuficiente de la zona norte.
Zonas y corredores verdes: parques, cordones y bulevares verdes. Donde el déficit es alarmante, sólo hay 3,5 m2 de manto vegetal por habitante.
Movilidad: Se contempla conexiones de viales de transporte, accesibilidad y movilidad sostenible, con carriles bici, carril bus, etecétera. El presente apuesta por el vehículo privado, aparcamientos en el centro y desdoblamientos de carriles (como en la avenida de Dénia), además de un encarecido tranvía.
Ajustes y armonía con los municipios limítrofes: no hay planificación comarcal, basta con ver la proyección y los PGOU de El Campello o Sant Joan donde recalifican a urbanizable casi todo su término municipal.
Equilibrio centro-periferia: se pretendía en el concierto previo del PGOU un control del hábitat disperso en pedanías y extrarradio. La tardanza ha dado como resultado un crecimiento desordenado e inconexo si observamos la Condomina, Rabassa, Nuevo San Blas, Pino-Ruaya, etcétera.
Cultura participativa: el PGOU tiene un tratamiento más democrático y global que los PAIs, requiere una reflexión sobre el modelo de ciudad y unos pasos que integran los diferentes factores sociales, económicos y culturales vitales para la buena salud de la ciudad y sus habitantes.
Patrimonio: ya sea arqueológico, arquitectónico o natural. Otros afectados del retraso y en franca decadencia, maltratando la historia, la identidad y de paso las posibilidades de un turismo de calidad. ¿Realmente hay un catálogo de edificios protegidos? Miren lo que queda del Ideal, de la estación de Benalúa, de la Serra Grossa, de Aguamarga, Infraestructuras portuarias: Alicante es una ciudad marítima y enlazada al desarrollo de su puerto, mira (o miraba) al mar con orgullo y ahora parece que torres de silos, humos y elementos nocivos pueden ser los nuevos vecinos de Benalúa, Babel y San Gabriel.
Todos estos factores conjugados sirven para optimizar los propios recursos y no establecer pequeñas, o no tanto, aldeas con sus servicios desconectados al resto. Un PGOU establece un modelo de ciudad, nos guste más o menos, pero con una línea, un orden y racionalidad ante los retos que se establecen en la entrada del siglo XXI. No tenerlo a estas alturas es ahogar a la ciudad, negarle una dirección, y este alcalde no es que esté pasivo ante esta circunstancia sino que es quien tira de la cuerda.
Es verdad que algunos PAIs contemplan su equipamiento, servicios y zonas verdes, pero sólo circunscrito a su desarrollo interno e independiente, suponiendo un gran error para la configuración general del municipio.
Un retraso, pues, que ha arrastrado a un bloqueo en la gestión de diversas concejalías y a lo que no podrá esperar establecer acciones en detrimento de la salud y bienestar de la ciudadanía.
Una inexplicable demora que ha supuesto una reducción de servicios y calidad de vida, pues recordemos que en los últimos 10 años la población se ha incrementado en más de 60.000 habitantes y el PGOU vigente es del 87. Prórrogas que sólo han beneficiado a los constructores poniendo en peligro la rehabilitación de viviendas del centro o los empleos de muchos conciudadanos.
Así pues, entrando en la cuarta legislatura con el mismo alcalde, seguimos sin PGOU, pero además sin Palacio de Congresos, plan especial de protección de Tabarca, Agenda Local 21 aplicada o pacto por la movilidad. Sin embargo el ritmo de la transformación de Alicante es vertiginoso y desordenado, como venimos denunciando Els Verds Esquerra Ecologista desde hace mucho tiempo.
Personalmente me siento engañado y estafado por el incumplimiento sistemático de nuestros gobernantes, que han demostrado una gran carencia en aquello que supuestamente deben hacer, que es gestionar las arcas públicas para revertir en bienes y servicios para todos y no sólo para unos pocos.
* Luis Falcó Maestre es portavoz de Els Verds Esquerra Ecologista y candidato al congreso por Bloc-Iniciativa-Verds.
* Información - Opinión - 12 de febrero de 2008
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Las Palmas: El TSJC anula las torres del Canódromo
CANARIASAHORA* : La Justicia ha dado un nuevo "varapalo" a los anteriores gobiernos del PP en la capital grancanaria. En esta ocasión se trata del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha anulado el Plan Especial del Canódromo, el Plan General de 2000 y su adaptación de 2005 que afecta a este espacio, según informó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Dicho plan, aprobado por la mayoría popular en 2003, fue duramente criticado por los grupos de la oposición, que llegaron incluso a tachar el proyecto de ''pelotazo urbanístico''. La sentencia, en todo caso, es recurrible.
La resolución judicial se basa en que se ha modificado de forma sustancial el modelo territorial previsto sin haberlo sometido a exposición pública, y que no cabía introducir uso residencial en la parcela al estar agotada la edificabilidad en los barrios de Escaleritas y Schamann.
La resolución judicial es consecuencia de una demanda presentada en su día por la asociación vecinal Avecalta, que basó su oposición a la construcción de las llamadas torres del Canódromo en el agotamiento residencial de los barrios cercanos al referido espacio libre, hoy un parque urbano en la mayor parte de la parcela. Esa consideración estaba recogida en el Avance del Plan General municipal, aprobado en 1998, y ha servido de base al TSJC para elaborar la sentencia.
Según fuentes conocedoras de la sentencia, en la misma se hace alusión a que la denuncia vecinal de supuesta especulación, con la connivencia del Ayuntamiento, en esta parcela no ha podido ser probada, si bien admite la existencia de indicios que así lo avalan.
El Plan Especial de Ordenación del antiguo Canódromo fue aprobado por el Ayuntamiento de la capital grancanaria a finales de 2003 con los votos en contra de la oposición, quien denunció el "pelotazo urbanístico" de esta operación que suponía autorizar la construcción de dos torres pantalla de 15 pisos y más de 50 metros de altura en esta zona del barrio de Schaman.
Un proyecto duramente criticado desde la oposición
La portavoz de Compromiso y actual concejala de Fomento y Servicios Públicos, Nardy Barrios, criticó en su día el echo de que al construirse los dos edificios, el barrio se veía condenado a soportar aún mayor presión poblacional de la que ya se denunciaba en la memoria del proyecto. No en vano, la memoria del plan recordaba que Schaman tiene 28.800 habitantes por metro cuadrado, cuando la media de la ciudad es de 3.300 y la del segundo barrio con mayor población 16.000.
Además, al igual que se hace en la sentencia del Alto Tribunal, la memoria hablaba de "edificabilidad agotada" en el barrio. Algo que en ningún caso se tuvo en cuenta a la hora de dar luz verde al Plan General, que sufrió una modificación y un cambio del uso del suelo -de dotacional terciario a residencial-, triplicándose la edificabilidad en la zona, de 6.800 metros cuadrados a 20.000.
Todos los grupos de la oposición también coincidieron entonces en la urgencia injustificada que manifestó el gobierno del Partido Popular para llevar a cabo la aprobación. Al igual que ahora estima la Justicia, la oposición criticó que no se hubiese dado la suficiente audiencia a los vecinos, manifestando el convencimiento de que el proceder del grupo de gobierno municipal respondía en realidad "a voraces intereses particulares".
Antecedentes
La actuación prevista en ese espacio, ubicado en el corazón de Ciudad Alta, el distrito más poblado de Las Palmas de Gran Canaria con 101.000 habitantes, era la construcción de un parque urbano, aunque el Ayuntamiento accedió a otros usos a cambio de la titularidad de la parcela.
El suelo era propiedad de una promotora inmobiliaria, Inprocansa, que había adquirido el mismo a la titular anterior -la hija del ex abogado de los antiguos trabajadores del Canódromo- apenas unos meses antes de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para tramitar la operación urbanística. Sus anteriores propietarios habían intentado durante años, y sin éxito, llegar a un acuerdo con la administración municipal que, en cambio, sí logró la constructora en tiempo récord.
A cambio de la entrega de la parcela, y en el contexto de un convenio urbanístico, el Ayuntamiento entregó a Inprocansa una franja del solar para la construcción de dos edificios de vivendas en 15 plantas de altura, además de otros suelos urbanos en el sector de Tamaraceite. Así, la ciudad obtenía un espacio libre -ya estaba calificado así, por muy privado que fuese, en el anterior Plan General de 1989- que destinaría a parque.
En aquel entonces era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Soria y el concejal de Urbanismo era Juan José Cardona. En el debate político, el PSOE se opuso frontalmente a la operación, que calificó de especulativa.
Esta sentencia, que se puede recurrir, se comunicó este jueves a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, donde los técnicos están analizando los términos de la misma, para actuar en consecuencia, señala una nota oficial del Ayuntamiento.
Fuentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria consideran que esta sentencia supone "un varapalo" para el Partido Popular, ya que el Plan Especial del Canódromo se aprobó en el anterior mandato. No obstante, las soluciones a esta anulación deben ser arbitradas por la actual mayoría municipal socialista.
Trabajando con normalidad en la parcela
Mientras tanto, y pese a la sentencia conocida este miércoles, este periódico pudo comprobar que durante la tarde en la parcela de Los galgos se seguía trabajando con total normalidad en la construcción del proyecto Torres del Mar.
Tal y como reza la información de la promotora de las viviendas -la empresa Realia-, se trata de un conjunto residencial compuesto por dos "torres emblemáticas" que albergan un total de 120 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, dúplex, garajes y trasteros.
Las viviendas, que se han puesto a la venta a un precio que oscila entre los 184.225 euros y los 259.000 euros, está previsto que se entreguen a lo largo del primer trimestre de 2009.
* CanariasAhora - ACN. Las Palmas de Gran Canaria - 13/02/2008
Foto: maqueta de las torres que se están levantando en la conocida parcela de 'Los galgos'. (QUIQUE CURBELO), canariasahora.es
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