LAVOZ/A Coruña* : Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que no es firme, suspende el plan urbanístico del municipio coruñés y costero de Boiro. La Justicia entiende que el documento, en vigor desde el 2003, fue aprobado sin un informe de Patrimonio Cultural de la Xunta de Manuel Fraga y que, por tanto, no se ajusta a derecho.
La situación preocupa al gobierno local -ahora formado por BNG y PSOE, y del PP cuando se aprobó el documento urbanístico-, que, aunque manda un mensaje de tranquilidad porque va a recurrirse el fallo, es consciente de las consecuencias que pueden avecinarse.
De hecho, si el órgano judicial ratifica su sentencia, habrá dudas sobre el futuro de las 1.500 viviendas a las que se les dio licencia desde que el planeamiento urbanístico entró en vigor. El secretario municipal indicó que, salvo que se buscase alguna solución, estas casas quedarían fuera de ordenación. Eso significa que sus dueños solo podrían hacer obras de mantenimiento y conservación.
Asimismo, la construcción sufriría un varapalo. Habría que echar abajo varios proyectos urbanísticos de importancia que están en marcha en el municipio al amparo del plan urbanístico en vigor y, posiblemente, las licencias también tendrían que darse a cuentagotas hasta que hubiese unas nuevas normas.
Precisamente, el gobierno local, que en su momento votó en contra de este Plan Xeral, señaló que está en marcha la revisión del documento, a pesar de que se calcula que ese proceso se demorará unos tres años.
Aunque desde el Concello de Boiro creen que el documento «ten moitos fallos», aseguran que la falta del informe de Patrimonio no fue culpa de sus predecesores, sino de la Xunta, que fue la que no emitió el dictamen, pese a que el Ayuntamiento lo solicitó. Este hecho no viene recogido en la sentencia, donde lo que se explica es que no existe informe, que la Delegación Provincial de Cultura advirtió de ello con el plan aprobado, y que el Concello no compareció en este proceso judicial.
Dado que el fallo no es firme, el Concello seguirá concediendo licencias de obra como hasta ahora.
* La Voz de Galicia - María Hermida - 9/2/2008
Foto: Boiro (A Coruña), Escarabote - edu.xunta.es
La Justicia suspende el Plan Xeral de Boiro, que está en vigor desde el 2003
en
9.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
4
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
Andalucía: La Junta devalúa con un decreto su propia normativa territorial
DIARIODESEVILLA* : Por decreto, y bajo el paraguas del pacto institucional por la vivienda -cocinado apenas unos meses antes de las inminentes elecciones autonómicas-, la Junta de Andalucía ha decidido abrir definitivamente la mano y relajar los polémicos límites urbanísticos impuestos a los municipios andaluces en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) por mandato del Parlamento andaluz.
Y lo ha hecho de forma parcial -para las localidades cuya población no supere las 10.000 personas, precisamente aquellos términos en los que los problemas de presión urbanística son mayores- y con ciertos mecanismos administrativos de control, pero renunciando en buena parte a los argumentos sostenidos desde hace más de un año y -formalmente hablando- orillando las resoluciones de la Cámara andaluza. Oficialmente, todos los cambios han sido acordados con la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP) y con otros grupos y agentes económicos.
El texto legal que autoenmienda parcialmente al POTA, pero sin derogarlo, apareció este jueves en el BOJA. Su aplicación rige por tanto a partir de ayer, lo que significa que el cinturón de contención urbanística del Plan Territorial de Andalucía ha pasado a ser bastante más holgado, esencialmente para las localidades cuyo crecimiento en los últimos años ha sido más discreto. El decreto, que aborda también otras cuestiones claves de política urbanística, regula esta flexibilización en su disposición adicional segunda, donde emite unos "criterios" para medir la adecuación de los planes generales "al modelo de ciudad" establecido en el POTA. En su formulación, estos criterios son los que Diario de Sevilla publicó en exclusiva en noviembre: barra libre para la calificación de suelo industrial, aplicación de una ratio de vivienda -a efectos de autorización de los nuevos crecimientos urbanos- distinta en el caso de las VPO y, sobre todo, una "modulación de los límites de crecimiento del Plan Territorial" en función de la población de los distintos términos municipales, aunque siempre sin superar la barrera de los 10.000 habitantes. Tres supuestas excepciones puntuales que, por la vía de los hechos consumados, vienen a cambiar una parte del argumentario que subyacía bajo el POTA.
Este último punto es el que más dará que hablar. Sobre todo por cómo se argumenta desde la Junta: en teoría, la causa de esta flexibilización no son las presiones de la patronal -que amenazó con romper la concertación social- ni de los ayuntamientos, la mayoría gobernados por el PSOE, sino la voluntad de la Junta de "potenciar la utilización de los equipamientos existentes" en los municipios. Esto es: según la tesis oficial, el POTA no se enmienda por el convencimiento de la Junta de que su formulación inicial era demasiado rígida, sino para que los ayuntamientos puedan rentabilizar los equipamientos existentes con más población.
Con independencia de la solidez de este argumento, lo trascendente es la "modulación" de los límites existentes, que eran del 40 por ciento en lo que a la calificación de suelo se refiere y del 30 por ciento con respecto a la población. Ambos parámetros se fijaban para un periodo máximo de ocho años. Ahora, en aquellos municipios que no hayan crecido más de un 10,2 por ciento (la media andaluza), estos límites se aplicarán con tres parámetros distintos. Los municipios de menos de 2.000 habitantes podrán crecer más de un 60 por ciento. Los municipios de menos de 5.000 vecinos y más de 2.000 podrán incrementar su población un 50 por ciento. Finalmente, los municipios con más de 5.000 y menos de 10.000 empadronados podrán crecer un 40 por ciento. El decreto no explica claramente si estos porcentajes se aplicarían sobre suelo urbanizable o sobre población, aunque de su redacción se deduce el segundo extremo, ya que la contención en suelo urbanizable ya era de un 40 por ciento en el POTA.
De todas formas, la Junta extiende la excepción también a los municipios de menos de 10.000 habitantes que hayan crecido por encima del 10,2 por ciento, aunque lo condiciona a que "en cada caso estén garantizadas las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca la legislación vigente". No se explica cómo ni dónde se evaluará dicha adecuación, aunque es de suponer que este punto sea objeto de análisis de las nuevas comisiones de control territorial, el organismo administrativo por el que tendrán que pasar todos los planes generales de los municipios andaluces.
Como ya se avanzó en su día, los suelos industriales no computarán a partir de ahora a la hora de calificar suelo en los planes de ordenación, lo que deja sin validez el límite del 40 por ciento de crecimiento en suelo incluido en la formulación inicial del POTA. El argumento de la Junta para promover este cambio es "potenciar el desarrollo económico".
Con la vivienda protegida la Junta hace la tercera y esencial revocación argumental con respecto al discurso del último año: el número de habitantes por vivienda computará con un coeficiente inferior al marcado, con carácter general, en función de la tipología de las viviendas protegidas. La Consejería de Obras Publicas, consciente de lo que supone tal medida -descafeinar de nuevo los límites al crecimiento con el cobijo de las promociones de vivienda protegida-, trata de compensar esta singular decisión con la prerrogativa de "garantizar la implantación de los equipamientos públicos que se precisen mediante la inclusión de los mismos en la planificación correspondiente". Curiosamente, esta última afirmación contrasta -por contradictoria- con la relativa a la necesidad de "potenciar los equipamientos existentes", motivo con el que se justifica la flexibilización del POTA. Dicho de forma más simple: la Junta, en el caso de la VPO, se mantiene alerta para que estos incrementos poblacionales no supongan merma en las dotaciones públicas existentes. Pero, al mismo tiempo, al justificar las causas de abrir la mano en los límites de crecimiento urbanístico, paradójicamente da a entender que estos mismos equipamientos públicos, en teoría en riesgo de saturación debido a los nuevos crecimientos urbanísticos, son poco utilizados.
* Diario de Sevilla - Carlos Mármol / SEVILLA - 09.02.2008
Foto: Una imagen de edificios en construcción en el área metropolitana de Sevilla /diariodesevilla.es
en
9.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Xàbia: El TSJ anula el ´catastrazo´ por elaborarse con datos de inmobiliarias y sus páginas web
LEVANTE/Alacant* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha fallado a favor del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Xàbia contra la ponencia de valores catastrales más de dos años y medio después de su aprobación.
Una sentencia firme que el alcalde de Xàbia, Eduardo Monfort, acompañado del edil José Chulvi, dieron a conocer ayer después de que el catedrático en derecho tributario contratado por el ayuntamiento para frenar el "catastrazo", Juan Martín Queralt, les interpretara el fallo.
Según explicó el primer edil, la sentencia concluye que el TSJ ha declarado nula la ponencia de valores que aprobó la dirección general del Catastro en junio de 2005 y, en consecuencia, ha dictaminado nulos los 354 valores catastrales individualizados relativos a los inmuebles propiedad del ayuntamiento.
El tribunal fundamenta su fallo en "la falta de precisión de las circunstancias fácticas reales que han llevado a la división de cada polígono en determinadas zonas". En este sentido, el TSJ apoya al ayuntamiento al considerar que la división del término municipal en nueve sectores para valorar las propiedades se hizo de manera arbitraria.
Otro de los fundamentos de derecho es que el proceder de la dirección general del Catastro a la hora de llevar a cabo el estudio de mercado no fue fiable. En este sentido, el trabajo de campo realizado para actualizar el valor de los inmuebles se basó, según la sentencia del TSJ, en "consultar determinados portales web y la mención genérica a API" -visitas a inmobiliarias de la zona- y, por lo tanto, las fuentes manejadas no son "concretas ni fiables".
En definitiva, "la ponencia elaborada ni se ajusta a las exigencias de motivación ni desarrolla adecuadamente las previsiones contenidas en el RD 1020/93, y, en consecuencia, resultan nulos los actos de aplicación de la misma", concluye la sentencia.
Para Monfort, la nulidad de la ponencia de valores "se trata de una noticia tremendamente positiva para los xabiencs y para aquellas personas que tienen alguna propiedad en Xàbia".
Devolución de lo cobrado
De hecho, la nulidad de la ponencia significa que, posiblemente, entren en vigor los valores anteriores a la revisión, es decir, los de 1995. Pero, además, el fallo de la sentencia obligaría a devolver el dinero cobrado durante dos ejercicios de acuerdo a la ponencia de valores que ahora se declara nula.
En este sentido, el alcalde de Xàbia aseguró que "en el 99% de los casos habrá que devolver dinero" a pesar de que existe un acuerdo municipal que implicará subir el tipo tras lograr la nulidad del "catastrazo".
Entrevista
Tras conocer el resultado del contencioso-administrativo, el primer edil se puso en contacto con la dirección general del Catastro para concretar una entrevista de forma urgente con el fin de conocer la interpretación que hace de la sentencia este organismo estatal, especialmente, para marcar las directrices a seguir a partir de ahora. En este sentido, el alcalde se comprometió a informar puntualmente a los ciudadanos de todos los pasos que seguirá el ayuntamiento para cumplir el fallo judicial.
Sin embargo, cabe recordar que el consistorio mantiene un recurso en la Audiencia Provincial también contra el "catastrazo". Será la "sala de conflictos" del Tribunal Supremo el encargado de fallar en el litigio.
En el caso de que se dieran dos sentencias contradictorias entre el TSJCV y el TS, se abriría un nuevo conflicto, esta vez entre tribunales. Monfort aseguró que ese extremo "sería de difícil solución".
* Levante-EMV - M. J. Mascarell, Xàbia - 09 de febrero de 2008
Foto: protesta. Más de 9.000 personas salieron a la calle para exigir que se anulara el "catastrazo" de Xàbia / a. p. f. - levante-emv.com
en
9.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Madrid: Los vecinos de Las Tablas se movilizan por sus equipamientos
MADRIDIARIO* : La asociación vecinal Las Tablas de Madrid ha convocado una concentración este domingo a las 12.00 horas para protestar por la falta de equipamientos públicos en el barrio, ya que los vecinos llevan demandando "durante más de dos años centros de salud, un instituto, una biblioteca y más escuelas infantiles", según informó la Federación Regional Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Con el lema, 'Lo primero, equipamientos', la jornada tendrá un importante componente festivo y lúdico, y servirá para seguir recogiendo firmas para crear estos equipamientos. Esta campaña, iniciada el pasado 30 de enero, culminará con la entrega de las firmas el próximo miércoles, día 13 de febrero, en la Junta Municipal de Distrito.
Esta protesta, que tendrá lugar en la confluencia de las calles Isabel Collbrand y Federico Mompou, tiene su origen en la "falta de respuesta" por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid a las "reiteradas peticiones" de la asociación vecinal de equipamientos públicos para el barrio de Las Tablas. Piden espacios espacios públicos como centros de salud, de cultura, educativos y deportivos.
Asimismo, criticaron que el Ayuntamiento haya "cedido tres parcelas públicas para construir centros para personas con riesgo de exclusión social cuando el barrio carece de los equipamientos básicos para satisfacer a los más de 40.000 vecinos y los más de 30.000 trabajadores que la localidad tendrá a final de año". Acusan también al Consistorio de hacer esto "sin contar con su opinión" y de haber adjudicado a entidades privadas las tres parcelas públicas. Con las direcciones de dichas empresas, las fundaciones privadas Padre Garralda y Rais, se ha reunido la asociación vecinal, "confirmándose que los colectivos que ocuparán dichos centros son, por un lado, de acogida con comunidad terapéutica, toxicómanos, muchos de ellos ex delincuentes, y en el otro, personas sin hogar con problemas de reinserción social".
El presidente de la entidad ciudadana, Lorenzo Álvarez, denunció que "el Ayuntamiento ha decidido de forma unilateral, y sin hacer ningún caso a las reiteradas propuestas de información y solución a estos centros y a los equipamientos demandados, la implantación de estos centros de acogida". "En un barrio en el que se nos niega un centro de salud reiteradamente, tener un instituto de secundaria, un nuevo colegio publico, más escuelas infantiles públicas, una biblioteca, un polideportivo, y todos los equipamientos básicos de un barrio, que -aunque pretendan convencernos de lo contrario, diciendo que no vivimos suficientes vecinos-, necesitamos para el normal desarrollo de las personas y su bienestar social", insistió Álvarez.
También se quejó de que las personas que habitan en las viviendas públicas del barrio se encuentran a un kilómetro y medio de la parada de metro de Las Tablas, y criticó que las autoridades hayan dado cuatro años de plazo para poner en marcha los equipamientos básicos demandados. "Nuestros impuestos, los que pagamos todos y cada uno de los vecinos de Las Tablas, no se dedican ni en un porcentaje ínfimo a la consolidación del barrio", consideró el presidente de la asociación. "Reclamamos pues la misma solidaridad de la Administración, que a nosotros se nos impone, por parte del Ayuntamiento", añadió. "Y queremos dejar patente, que en este caso somos nosotros, los vecinos y vecinas del barrio de Las Tablas, quienes nos sentimos también, ciudadanos marginados de la ciudad de Madrid", concluyó.
* Madridiario - 08-02-2008 - MDO / E.P.
Foto: Madrid - madridiario.es
en
9.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Madrid
Vivienda Digna de Navarra dice que el cambio de baremo 'no va a solucionar el verdadero problema'
TERRA* : La plataforma por una Vivienda Digna de Navarra aseguró hoy que el cambio de baremo para el acceso a una vivienda protegida 'no va a solucionar el verdadero problema que sufrimos en Navarra, y que no es otro que el precio de las viviendas, tanto libres como protegidas'. Este colectivo remitió hoy una carta al defensor del Pueblo, Javier Enériz, para transmitirle su opinión sobre sus últimas declaraciones en las que pide un cambio de baremo en la adjudicación de viviendas protegidas.
La plataforma destacó que 'es más importante analizar por qué cientos de adjudicatarios de la última promoción de vivienda protegida han tenido que rechazar sus viviendas, que cambiar el baremo en la adjudicación de viviendas'.
La plataforma añadió al respecto que 'más del 50 por ciento de las viviendas de esa última promoción de VPO eran de modalidad de precio tasado, las más caras, y se está comprobando ahora que muchos adjudicatarios ni siquiera pueden pagarlas'.
Este colectivo animó al defensor del Pueblo a 'actuar en otra dirección respecto al problema de la vivienda en Navarra, porque hay muchas alternativas para abordar este problema'. Así, la plataforma expuso al defensor, en su carta, 38 propuestas para intentar solucionar 'el verdadero problema del acceso a una vivienda digna'.
CINCO PUNTOS
Entre estas propuestas, la plataforma destaca en cinco puntos los temas fundamentales que hay que abordar: la fiscalidad y las reformas hipotecarias; el ámbito de la vivienda protegida y el fomento del alquiler; la gestión del suelo y el urbanismo; la información estadística; y las reformas legislativas y jurídicas de nivel competencial.
En cuanto a la fiscalidad y a las reformas hipotecarias, la plataforma aconseja al defensor la eliminación progresiva de las desgravaciones y otras figuras fiscales o financieras que incentiven el acceso a la vivienda a través de la compra. Así, los presupuestos aplicados a estas figuras se orientarán a iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda sin fomentar el crecimiento de precios.
Entre otras propuestas, dentro del ámbito de la fiscalidad y de las reformas hipotecarias, la plataforma propone que la ley de máximo endeudamiento en hipotecas limite tanto el porcentaje máximo del endeudamiento, un 25 por ciento del salario, como el número máximo de años de amortización de la deuda, con 20 años. Asimismo, solicita la eliminación de ayudas a propietarios y promotores y el uso de esos fondos en otras iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda.
En el ámbito de la vivienda protegida y el fomento del alquiler, la plataforma solicita la creación de un registro único de demandantes de vivienda protegida en cada municipio por el que se adjudique la vivienda protegida de promoción pública y privada y la prohibición del sorteo como método de adjudicación y creación de baremos que den prioridad a los más necesitados.
Además este colectivo quiere que las viviendas con algún tipo de protección pública nunca dejen de serlo y las administraciones ejercerán el derecho de tanteo y retracto por obligación para las viviendas de protección oficial no sujetas a estas nuevas leyes.
Sobre la gestión del suelo y el urbanismo destacan que los patrimonios públicos de suelo no se podrán 'monetarizar' nunca por parte de las administraciones, obligando a darles como destino vivienda de protección pública de la cual un 80 por ciento será en régimen de alquiler.
Además, solicitan la prohibición de los convenios urbanísticos y que se condicionen las licencias de construcción de vivienda libre al estado de los desarrollos de vivienda protegida. Asimismo desde la plataforma quieren que al menos el 50 por ciento de los nuevos desarrollos urbanísticos han de destinarse a vivienda protegida.
En cuanto a la información estadística la plataforma quiere crear una estadística de demandantes de vivienda de protección oficial y de vivienda libre, sesgando por demanda de vivienda habitual, segundas y terceras residencias, y otras categorías que muestren el grado de necesidad del o de la demandante.
Además, en esete punto, añaden la modificación de las leyes del suelo autonómicas para eliminar los resquicios legales por los cuales un ayuntamiento puede cambiar el uso de un suelo protegido por su valor medioambiental a suelo que se convierta finalmente en urbanizable.
Por último, la plataforma pide en su propuesta de las reformas legislativas y jurídicas a nivel competencial que la ley de financiación de partidos políticos asegure la absoluta transparencia y la desvinculación total con el sector inmobiliario.
Igualmente, solicitan una redefinición de las competencias del estado y las autonomías, de forma que se garantice la igualdad en el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y de forma que las competencias en supervisión pública del mercado inmobiliario, políticas de vivienda y políticas fiscales estén perfectamente delimitadas y coordinadas.
* Terra Actualidad - Europa Press - 06/02/2008
en
9.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Navarra
Sentencia favorable a las tesis ecologistas en Telde
ECOLOGISTASENACCIÓN/Gran Canaria* : Turcón-Ecologistas en Acción lo puso en conocimiento de la Justicia, un mes de febrero del año 2004, y ahora ya hay una sentencia favorable a las tesis de los ecologistas. Con esta ya son dos sentencias las que dan la razón a los ecologistas que desde un principio vieron irregularidades en el inicio de la urbanización del Parque Marítimo de Jinámar.
Exactamente pusieron un recurso contra el acuerdo de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Telde del mes de diciembre del año 2003 por el que se concedía licencia de urbanización a la empresa HORNERAS, S.L.
Indagar en el expediente urbanístico del Plan Especial del P.M. de Jinámar (PMJ) es entrar en un cajón lleno de sospechosos delitos de carácter variado. Muchos de ellos, han sido estudiados por expertos abogados (Marques Lasso, García de Enterría,). Los ecologistas conocedores del expediente recurrieron el acuerdo del ayuntamiento de Telde, así como el acuerdo de la Dirección General de Comercio que concedió la Licencia Comercial Específica, éste último pendiente de resolución judicial.
Turcón-Ecologistas en Acción detecto el error ya que la ficha del Plan Estructurante, en su punto 7.-º Sistema de ejecución, dice claramente que “el sector se desarrollará por el sistema de expropiación, conforme a los términos concertados entre la administración autonómica actuante y el titular de los derechos expropiados”.
Para conocer el alcance de estos párrafos es necesario acudir al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, artículo 123 y 126 aclara que “la administración actuante (en el caso de Jinámar el Gobierno de Canarias no el ayuntamiento de Telde) es la que aplicará la expropiación…(sic)… y realizará por sí misma las obras de urbanización, y en su caso, de edificación….”.
El ayuntamiento de Telde, presionado por el representante de Promociones Horneras, S.L. concedió licencia de urbanización sin que tuviera competencias para ello.
Los ecologistas de Telde, promotores de una idea de Parque Marítimo de Jinámar que no tiene nada que ver con la que se presenta a la sociedad con el mismo nombre, no permanecieron impasible ante lo que consideraron un atropello y una falta de respeto a la legislación sectorial, y a lo que en su día, se firmo entre el promotor y el Gobierno de Canarias. Las diferencias de la maniobra de Horneras son sustanciales, de entrada el promotor se ahorra más de la mitad del dinero convenido en el año 1998, aproximadamente unos 1.800 millones ptas.
El suelo del PMJ es un 60% es patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto los terrenos del municipio de Telde (unos 223.171 m2), como las parcelas del municipio de LPGC. Los bienes de dominio público son inalienables tal como consagra el artículo 132.1 de la constitución española y en este procedimiento para que se pueda ejecutar el PMJ es necesaria una desafectación previa siguiendo el procedimiento marcado en la Ley del Patrimonio.
En base a todo ello, Turcón-Ecologistas en Acción hizó saber tanto a las instituciones canarias (Gobierno de Canarias, Agencia del Medio, Diputado del Común, Presidente del Parlamento de Canarias) como a la justicia ordinaria, que el acto administrativo del Ayuntamiento de Telde era radicalmente nulo por varios motivos. A saber:
- Violación de un precepto constitucional.
- Omisión del procedimiento previsto en la Ley del Patrimonio.
- Por falta de competencias del Ayuntamiento de Telde para dictar un acto administrativo (art. 62-Ley 30/1992).
- Por incumplimiento de los acuerdos vinculantes de la COTMAC, del convenio firmado entre el promotor y el Gobierno de Canarias (año 1998), y de la ficha del SUSO-E.E.1-3-5.
Ahora la justicia viene a resolver a favor de Turcón-Ecologistas en Acción.
* Ecologistas en Acción de Telde - 7 de febrero 2008
Foto: Telde (Gran Canaria), proyecto Parque Marítimo de Jinámar - turcon.blogia.com
en
9.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Canarias
Alicante: La lucha vecinal no cesa
FRANCISCO J. SEGURA JIMÉNEZ* : El movimiento vecinal, coordinado por la Plataforma en Defensa del Puerto, activa de nuevo su maquinaria para salir en manifestación el próximo 29 de febrero, en contra de la previsible instalación de megasilos de cemento en la zona de ampliación del puerto de Alicante y a favor de un puerto saludable y respetuoso con la conservación del litoral alicantino y la salud y el bienestar de la ciudadanía.
La Autoridad Portuaria tergiversa maliciosamente la realidad cuando, por boca de su presidente, Sergio Campos, atribuye a la convocatoria intencionalidades políticas vinculadas a la proximidad de las fechas electorales. Las organizaciones vecinales y los ciudadanos que a nivel particular participan en la movilización no persiguen otro interés que el de reivindicar un modelo de puerto que, en beneficio de la población alicantina, contemple de forma integrada y sostenible su relación con la ciudad. Son personas que han de hacer uso de su tiempo libre para embarcarse en una lucha en la que Alicante se juega gran parte de su futuro. Por el contrario el presidente de la Autoridad Portuaria, nombrado a dedo por la Generalitat Valenciana, de la que recibe un sustancioso sueldo, se pliega a las exigencias emanadas del modelo de actuación política del Gobierno autonómico para defender los intereses particulares de las empresas que conciben el puerto como el espacio propicio para maximizar sus beneficios. Hay diferencia.
Desde el status que ostenta, el presidente de la Autoridad Portuaria no reconoce ni va a reconocer sus complicidades empresariales en una sociedad dominada por la "democracia de la imagen". Su política mediática consiste en afirmar que el puerto de Alicante tiene un carácter estrictamente comercial, que las obras de ampliación respetan escrupulosamente el medio ambiente, que la instalación de los silos de cemento ofrecen la máxima seguridad y es beneficiosa para la ciudad y que el movimiento vecinal está instrumentalizado políticamente. En esta estrategia cuenta con el apoyo explícito del Gobierno municipal, con el alcalde Díaz Alperi a la cabeza, del que, en última instancia, depende la concesión de las licencias para la construcción de los silos.
Por el contrario, el movimiento vecinal no duda de que el proyecto para la instalación de las cementeras corrobora, junto con la carga y descarga de graneles al aire libre, los astilleros y la planta de fertilizantes, la tendencia hacia la conversión del puerto en un polígono industrial susceptible de extenderse como un cáncer junto a una zona urbana, sin que medie una evaluación conjunta y actualizada de impacto ambiental,. Desde el punto de vista organizativo, el hecho de que, como corresponde en una sociedad democrática, la representación vecinal traslade la inquietud ciudadana a entidades y partidos políticos con capacidad para actuar a nivel institucional no impide que el movimiento se conduzca desde la más absoluta independencia partidista y el más exquisito respeto a la pluralidad de sensibilidades. Utilizar, como hace el presidente de la Autoridad Portuaria, el recurso a la politización para desacreditarlo supone, por tanto, un total desconocimiento de la cultura democrática.
El comportamiento de la Autoridad Portuaria demuestra una nula receptividad a las demandas vecinales. El verdadero talante de su presidente, Sergio Campos, queda claramente al descubierto cuando se atreve a culpar a los vecinos que han elegido para vivir la zona Sur de Alicante, colindante con el puerto, de no haberse informado sobre la dirección que iba a adoptar la expansión del mismo. Resulta evidente que el presidente de la Autoridad Portuaria pretende responsabilizarlos del oscurantismo que empaña sus propias actuaciones, como lo demuestra el hecho de haber abierto el período de alegaciones contra la instalación de las cementeras en la segunda quincena de agosto, en pleno periodo vacacional.
La manifestación del próximo día 29 de febrero, que partirá a las 20.00 horas desde la antigua estación de Murcia y concluirá en la Plaza del Ayuntamiento, responde a los intereses de la ciudadanía alicantina en su conjunto. Decir "no" al emplazamiento de las cementeras en el Puerto es decir "sí" a un desarrollo portuario que, asentado en la actividad estrictamente comercial, los servicios y el turismo, permita la mejora de la imagen y el progreso social de la ciudad.
* Francisco Javier Segura Jiménez es profesor de Historia y miembro fundador de la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur-Puerto.
* Información - Opinión - 07 de febrero de 2008
en
9.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Nueva protesta de la Plataforma 'Refinería No' en Villafranca de los Barros
HOY/Badajoz* : La Plataforma Ciudadana 'Refinería No' volvió a concentrarse anoche ante las puertas del ayuntamiento de Villafranca, aprovechando, como de costumbre, la celebración del pleno de la corporación municipal, para protestar contra el proyecto industrial del Grupo Gallardo.
Como vienen haciendo desde hace tres años, un grupo de personas contrarias a la refinería reiteró sus protestas ante el Consistorio con eslóganes como «No queremos la refinería» o «Extremadura crece sin refinería».
Para mitigar el frío que hacía en la Plaza de España, los allí concentrados prepararon unas migas y sirvieron bebidas para todos, mientras proseguían con sus gritos contrarios a la refinería, dando muestras de buen humor, mientras la Guardia Civil contemplaba con satisfacción el buen ambiente de calma, hasta el punto que los agentes no tuvieron que intervenir en ningún momento.
A la salida de los concejales socialistas con el alcalde Ramón Ropero a la cabeza, se recrudecieron las proclamas en contra del proyecto industrial, mientras la parte del público contraria a la refinería que había asistido a la sesión plenaria se sumaba a las protestas, incrementando así el reducido grupo que se había concentrado ante las puertas del Ayuntamiento.
No hubo incidentes ni fuera ni dentro del Ayuntamiento, puesto que el pleno discurrió con entera normalidad y con una inusual corta duración pues se prolongó durante algo más de una hora.
* Hoy - ANTONIO ORTIZ - 8 febrero 2008
Foto: protesta 'Plataforma Ciudadana Refinería No' en Sevilla 4Feb08 - plataformarefineriano.es
en
8.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Extremadura
Gran Scala: Ecología y Desarrollo pide una evaluación ambiental
ELPERIÓDICO/Aragón* : La Fundación Ecología y Desarrollo reclamó ayer al Gobierno de Aragón que respete toda la legislación medioambiental en Gran Scala y que realice una "evaluación ambiental estratégica", al tiempo que denunció que no se haya preguntado a los aragoneses si se debería desarrollar o no ese macroproyecto de ocio.
Ecología y Desarrollo, que presentó un informe sobre la aplicación de la actual legislación ambiental, elaborado por la letrada madrileña y miembro de la Asociación para la Justicia Ambiental-ELAW España Fe Sanchís Moreno, anunció que si no se cumple la normativa medioambiental se plantearía tomar medidas.
El dictamen jurídico concluye que la construcción del complejo de casinos y parques temáticos Gran Scala puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que como en cualquier gran proyecto es "obligada y necesaria" una previa "evaluación ambiental estratégica", explicó en rueda de prensa el jurista el jurista José Luis Batalla, vicepresidente de la fundación.
Afirmó que el Gobierno de Aragón ha adoptado una serie de compromisos sin haber iniciado ni puesto en marcha esta preceptiva evaluación, además de haber aprobado el proyecto que sustenta dichos compromisos sin la también obligada participación real y efectiva del público.
Aunque en estos momentos desde el punto de vista jurídico sólo existe un breve protocolo firmado entre el Gobierno de Aragón y la empresa promotora ILD, ya se podría estar contraviniendo alguna legislación, dijo Cristina Monge, directora de Proyección Externa de Ecología y Desarrollo.
En este sentido, se refirió al derecho de los ciudadanos al acceso a la información ambiental y a la participación real y efectiva en la toma de decisiones administrativas que afecten al medio ambiente y aseguró que este proceso participativo "debería estar haciéndose ya", antes de poner en marcha el proyecto.
* El Periódico de Aragón - 08/02/2008
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala
en
8.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Aragón
Un juez suspende el acuerdo del pleno que daba al Consell competencias urbanísticas de Dénia
LEVANTE/Alacant* : No habrá concurso-oposición para nombrar nuevo gerente de Urbanismo en Dénia. Los tribunales han dejado cautelarmente sin efecto el acuerdo plenario adoptado por la oposición con el tránsfuga socialista Juan Collado en octubre, que encomendaba a la Conselleria de Administraciones Públicas la convocatoria de las pruebas de selección de gerente.
Un acuerdo que suponía secuestrar competencias del gobierno local (PSPV-Bloc) para entregárselas a la Generalitat, entre otras cosas porque es la Alcaldía la que tiene la potestad de nombrar al director del departamento urbanístico, según reflejan los propios estatutos de la Gerencia de Urbanismo.
Pero los tribunales han frenado en seco la maniobra del tránsfuga aliado con PP, CU, GD y PSD. En la mañana de ayer llegó por fax al Ayuntamiento de Dénia una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Alacant que suspende cautelarmente el mencionado acuerdo, adoptado en el pleno celebrado el 25 de octubre de 2007. La decisión del juez supone -después de la admisión a trámite- el segundo aval judicial al recurso que el equipo de gobierno (PSPV-Bloc) presentó en dicho juzgado denunciando la nulidad del acuerdo adoptado.
La resolución del juez argumenta la necesidad de suspender cautelarmente el acuerdo en que "se debe tener en cuenta el posible perjuicio que podría irrogarse a terceros". Concretamente, a los aspirantes a la prueba de selección y a aquel que obtuviera la plaza. El consistorio ha sido llamado a declarar para el 23 de marzo de 2009.
La alcaldesa, Paqui Viciano, convocó ayer mismo una junta de portavoces urgente para informar a los distintos grupos de la corporación sobre la medida cautelar adoptada por el juzgado. La reunión se celebró a las 14 horas en el ayuntamiento con el portavoz de cada grupo político, a excepción del edil del PSD, Juan Sancho, que no pudo acudir. Tampoco estuvo Juan Collado, puesto que no forma parte de la junta de portavoces por no representar a ningún grupo municipal.
Tras esta decisión judicial, la alcaldesa de Dénia podría hoy mismo contratar un gerente de Urbanismo; incluso a Joan Frasés. Pero no lo va a hacer. Viciano explicó que no es ese el ánimo del ejecutivo municipal. Por el momento, PSPV y Bloc esperarán a ver cuál es la respuesta de la oposición (que podría recurrir la resolución en apelación). Y después, explicó la munícipe, "queremos sentarnos a hablar con el resto de grupos para buscar una solución" consensuada para la selección de gerente de Urbanismo.
No obstante, Ana Kringe, portavoz del grupo mayoritario de la oposición, el Partido Popular, advirtió al equipo de gobierno que los grupos opositores harán "lo que haga falta" para evitar que PSPV y Bloc aprovechen la resolución judicial para volver a contratar como gerente a Frasés. Kringe dijo que la oposición está estudiando si recurren o no la resolución.
* levante-EMV - Sergi García, Dénia - 08 de febrero de 2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
en
8.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El año cero de la ciudad del ‘Pocero’
PÚBLICO/Toledo* : Es como un futuro de ciencia ficción, pero en presente y en Castilla-La Mancha. Allí, en el medio del secarral, en el municipio de Seseña, encima de la arena, se levanta una ciudad de 13.508 viviendas repartidas en edificios de siete alturas. Entre los edificios hay parques, lagos, hay amplias avenidas. Y hay una escultura inmensa que recibe al visitante con una leyenda: Residencial Francisco Hernando.
Lo que no hay todavía es demasiada gente. Apenas están comenzando a entregar los pisos. Dice el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de Izquierda Unida y candidato al Congreso, que ya hay unos 500 nuevos vecinos empadronados en este arenal con edificios . Comenzaron a llegar en septiembre. Y así comenzó el fenómeno por el que Seseña, que sólo tenía unos 13.000 habitantes, podría cuadruplicar su población. Son 13.508 viviendas las que promueve El Pocero en el conjunto residencial que
lleva su nombre.
Uno llega a allí y se encuentra con la nada. Y un nombre por todas partes: ONDE 2000. ONDE es el acrónimo de Obras Nuevas de Edificación 2000, la empresa que está promoviendo el conjunto de más de 80 edificios. Uno avanza por avenidas inmensas que tienen nombre de figurón de la historia universal del arte: El Greco, un suponer, y que no se diga que no puede haber cultura sobre un secarral. Y de pronto se encuentra una glorieta con una estatua y, de fondo, cuatro banderas: la de la comunidad, la española, la europea, y la de ONDE 2000. Quizás un día alguien estudie todo esto como el peculiar momento de la Historia en el que los españoles redescubrieron, tanto tiempo
después, lo que era tener pasta.
No hay ni un alma por las calles, no hay rastros de orden ni de desorden en las ventanas. Hay un bar -uno- y una empresa asentada en los bajos de sendos edificios. Ahí es todo. Y, en una esquina, lejos de las viviendas, la oficina de ONDE 2000. Por unos 206.000 euros te venden un piso de unos 80 metros cuadrados -dos habitaciones-ya construido. Un primer piso, claro. Dicen en la oficina de ventas de ONDE que todavía quedan suficientes por vender, y que el ritmo de las ventas se ha ralentizado desde que comenzó a enfriarse la burbuja inmobiliaria. Y que todo está bien y es idílico y es maravilloso en el residencial Francisco Hernando, a "media hora" de Madrid por un vial de alta capacidad. El colegio ya está funcionando", dice la vendedora.
Funcionando ya el colegio, sólo falta que funcione todo lo demás. Lo dice el alcalde, Manuel Fuentes. Admite, Fuentes, que su principal problema como alcalde es cómo proveer de servicios a todos esos vecinos que van a llegar en masa, y que están además lejos del pueblo, de la Seseña de siempre, un pueblo de 3.000 viviendas.
Sostiene Fuentes, al frente del municipio desde 2003, que un modelo de desarrollo como el que heredó para su gestión en Seseña no es válido. Y enumera problemas: "Los nuevos vecinos necesitan una serie de servicios como infraestructuras y viales, que no podemos darles". Y dice más: "Aunque tratemos de darle cohesión al municipio, resulta muy difícil. Los que llegan nuevos vienen de otra comunidad autónoma -Madrid- y tienen su vida, casi siempre, en Madrid".
En la calle sigue sin haber ni un alma. Tan sólo aparece un camión de mantenimiento de ONDA 2000, la empresa madre de este planeta secarral del que quizás habríamos abominado si Naranjito, en tiempos de Quini, nos lo propone como opción de futuro.
* Público - PANCHO TRISTÁN - 06/02/2008
Foto: Seseña (Toledo), 'pocerolandia' - EFE
en
8.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS CastillaMancha
El Colegio de Arquitectos alerta sobre el urbanismo descontrolado en España
ELMUNDO* : El sector constructor español debe "experimentar cambios profundos en su lógica para reducir la insostenibilidad" derivada de la "especulación" y el crecimiento urbanístico descontrolado. Ése es el criterio de los expertos consultados para la realización del "Informe Arquitectos 2007. Encuesta sobre el Estado de la Profesión", difundido por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y la Fundación Caja de Arquitectos.
Las conclusiones del informe apuntan a que "la evolución de los últimos años en el sector de la construcción ha sido en general muy negativa para los criterios 'verdes', con un modelo de crecimiento urbanístico muy poco controlado, basado en la especulación y en la construcción vertiginosa, especialmente en el litoral".
"En ese contexto", añaden los expertos consultados, "la inercia de la profesión, su activa resistencia incluso, a la hora de incluir criterios de 'construcción verde' ha sido muy notable, con también muy honrosas excepciones".
A su juicio, "la arquitectura española ha mostrado de forma muy acusada un fenómeno reconocido en otros países: el bloqueo que sobre la adopción de criterios ecológicos en la construcción ejercen una serie de factores culturales, económico-políticos y organizativos, pero también estéticos e intelectuales".
Los expertos consultados por los arquitectos añaden que algunos de esos "incentivos perversos" son bien conocidos: "la construcción está pensada desde el punto de vista del contructor y promotor, que no sufrirá las consecuencias de un mal diseño (por ejemplo, en forma de facturas energéticas)".
Sin embargo, el informe admite que no hay una noción compartida de "sostenibilidad" entre los arquitectos españoles, hasta el punto de que hay entre ellos una corriente de opinión "que considera vacío o contraproducente el debate sobre la sostenibilidad, o al menos lo considera en un orden de prioridad menor que otras cuestiones como la especulación, la regulación pública del suelo y el coste de la vivienda".
* El Mundo - SERVIMEDIA - 07/02/2008
Foto: Madrid, nuevas torres - terra.es
en
8.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
Jaén: La Fiscalía pide unificar los fallos sobre casas ilegales junto a un poblado ibero
ELPAÍS* : La Fiscalía de Jaén ha decidido recurrir para acabar con lo que califica como situaciones "contradictorias" en el yacimiento ibero de Puente Tablas, un poblado cercano a la capital jiennense. En los últimos meses se han dictado una docena de sentencias por la existencia de chales ilegales en esa zona protegida, pero sólo la mitad conllevan la demolición de las viviendas. El resto, pueden permanecer en pie a pesar de infringir la misma normativa urbanística y la Ley de Patrimonio Histórico.
"Tenemos que provocar una actuación uniforme de los jueces", dijo ayer el fiscal de Medio Ambiente de Jaén, Juan Ignacio Fernández-Amigo, que admitió la situación tan peculiar y de confusión para los propios vecinos de Puente Tablas. El fiscal muestra su respeto por las resoluciones judiciales, pero anuncia que al Ministerio Público sólo le queda la potestad de recurrir para intentar unificar todos los fallos. El último de ellos se produjo la semana pasada, y la Audiencia de Jaén condenó a José Miguel E. G. a la demolición del chalet, de 150 metros cuadrados y con piscina, construido junto a la Plaza de Armas del poblado ibero de Puente Tablas, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta.
El propietario de esta edificación ya fue condenado en primera instancia por el Juzgado de lo Penal, pero recurrió a la Audiencia para intentar el indulto del chalet, y esgrimió para ello el fallo del juez Rafael Morales Ortega que, en mayo de 2007, dijo que esas construcciones ilegales "no lo han sido aisladamente", sino que se encuentran "entre otras muchas" Pero ahora, otro juez, el presidente de la Audiencia de Jaén, Pío Aguirre, ha desestimado su recurso y se muestra así de tajante: "Que esté cerca de una urbanización ilegal y que haya varias casas ya construidas no significa que no se deba ordenar su demolición". Curiosamente, otro juez de Jaén se apoyó en la jurisprudencia de la Audiencia jiennense para condenar, el pasado mes de noviembre, a una multa de 1.800 euros y a seis meses de prisión al propietario de otro chalet ilegal, Bernardo C. B., aunque en este caso sin ordenar la demolición Así las cosas, la Fiscalía considera que es preciso unificar criterios en este tema, por cuanto aún hay una veintena de casos similares que están en los tribunales, y se desconoce cuál será el veredicto de los jueces.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Jaén tiene sobre la mesa al menos una decena de expedientes con sentencias que ordenan la demolición de otros tantos inmuebles ilegales y que sus propietarios se han negado a su ejecución por no poder correr con los gastos. Se trata de edificaciones en el polígono industrial Pilar de la Dehesa y en los parajes de Valdecañas, Zumbel y Pago de Juan Ramos. El concejal de Urbanismo, Manuel López, ha indicado que el Consistorio se dispone a adquirir maquinaria pesada para poder ejecutar esas sentencias ante la falta de empresas constructoras que quieran asumir ese trabajo. No obstante, López también ha indicado que algunas de esas sentencias de demolición podrían suspenderse si el Ayuntamiento incorpora algunas de esas construcciones dentro del proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que podrían modificar la clasificación de los suelos.
* ELPAIS.com - GINÉS DONAIRE - Jaén - 07/02/2008
Foto: Jaén, vista - artearqueohistoria.com
en
8.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Marina de Aguamarga, Fabriquilla, etc…
JAVIER SALVADOR* : Parece que por una vez las cosas se paran antes de que se cometan barbaridades como ocurrió con El Algarrobico, que todo el mundo se dio cuenta que era supuestamente ilegal cuando casi estaba terminado. Ahora, otros proyectos como el de La Fabriquilla o quizás el más sangrante, como Marina de Aguamarga, nunca verán la luz.
Muchos amigos míos que se dedican a esto del ladrillo, muchos de ellos ex amigos porque no les gusta que se hable de Las Salinas de Roquetas de Mar o el acantilado de Aguadulce, dirán que nos encanta cebarnos con esos casos que según ellos nos van a llevar a la ruina, pero la historia no va de que el mundo entero esté contra los promotores, sino contra los neopromotores, esos que aparecieron de debajo de las piedras, amigos del director de una sucursal bancaria de aquí y que actuaban de la mano de conocidos de Madrid y Barcelona con importantes empresas y consolidados contactos.
Pues toma mantequilla para empresas y contactos, y ya no sólo por la barrera infranqueable que ha puesto la Junta en torno al Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, sino por la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia que deja en muy mal lugar al de Andalucía (TSJA) al hablar de "motivo no exento de oscuridad" en su argumentación a favor del renombrado proyecto de Marina de Aguamarga. Precisamente esta pequeña urbanización de 350 casitas de lujo y un hotel de 300 habitaciones sobre una parcelilla de 48 hectáreas, es una de las que se queda en papel mojado por mucho Federico Echevarría Sáiz o Roberto Poch de Robert, uno arquitecto muy conocido en Madrid y el segundo de la alta sociedad catalana.
Los de aquí, de Almería, por mucha boina y legañas que se nos vea desde el avión conforme se llega desde Madrid o Barcelona, han conseguido parar a esos que vienen con carros invisibles cargados de billetes con un mensaje tan claro como que del Parque no se mueve ni una piedra.
Pero la historia, lo que enfrenta a todo el mundo al hablar del urbanismo, es el sinsentido al que se ha llegado. Hablamos de una superpoblación proyectada para el levante almeriense, de miles de viviendas ilegales en el Valle del Almanzora y si quieren hasta de una Cámara de Comercio que a falta de tareas como plantar una férrea defensa de las infraestructuras que aún no han llegado a la provincia, se pone a predicar sobre la industria del golf como si fuese la Sábana Santa que puede cubrir todo desmadre urbanístico. Y así es como se le pierde el respeto a todo, a las instituciones, a los sectores y así es como pagan justos por pecadores.
Y ya escucho los gritos de quienes dirán que esto de hoy es una barbaridad, pero si los cabales le hubiesen puesto freno desde el principio a todo lo que se hizo en los años de la barra libre, Almería no sería la chica mala de los informativos en el Reino Unido, país que si durante un tiempo fue la gallina de los huevos de oro en eso que llamamos turismo residencial, ahora se ha convertido en nuestra mejor oficina de promoción negativa. Y en este caso la culpa no la tienen el sector hostelero, la falta de campos de golf o nuestras pésimas comunicaciones con el exterior, sino quienes permitieron y se beneficiaron de ese falso boom del ladrillo.
Nos guste o no, tenemos que hablar de corrupción, ventas fraudulentas y cantidades ingentes de dinero defraudado porque está claro que las viviendas ilegales no se declararon y de ahí para arriba todo lo que uno quiera pensar o mal pensar, no es sólo más que el comienzo de un efecto boomeran que tenía que llegar.
A ver quién es el guapo que convoca una rueda de prensa para decir que la protección del Parque es una barbaridad o que el POTA limita el crecimiento de la provincia. Y lo peor de todo es que a muchos no les falta razón cuando se quejan de ello, pero el silencio de la mayoría en beneficio de ese despilfarro de descaro demostrado por algunos es lo que precisamente se pagará en estos momentos.
Los máquinas de la economía almeriense saldrán estos días diciendo que la situación irá a peor si seguimos por este camino, pero para quién iba a ir mejor por la senda anterior.
La desproporción, en todos los sentidos, ha sido el mal de Almería en los últimos años. Se habla de que no uno sino varios pueblos o semiciudades de esta provincia pueden perder sus competencias urbanísticas, mientras desde aquí preferimos mirar para otro lado creyendo que un cambio de Gobierno lo solucionaría todo. Pues no sería así, porque un nuevo Gobierno no se expondría a nuevos escándalos por beneficiar a unos pocos.
Ahora sí hay que decirlo. La presión de los grupos ecologistas nos han dado una lección. Sin pasta, sin recursos, sin más herramientas que un mensaje claro y entendible construido como palabras tan básicas como barbarie y corrupción, copan la red de redes, Internet, asociadas al nombre de la provincia de Almería, y escrito a escrito se han tumbado a promotoras, macropromotoras y promotorcillos.
Esto es política y en ese oficio se le tiene más miedo a la comunicación que cariño al dinero fácil. Por lo menos los inteligentes y los que han demostrado arte en esto de la oposición constante con esas personas como Javier, un ecologista convencido que de vez en cuando nos manda sus descubrimientos y con el que tengo un café pendiente hace ya no se sabe cuanto tiempo. Ellos han ganado y el resto ha perdido. Ahora a empezar de cero, pero esta vez con cordura y consenso.
* Teleprensa - Almería - Opinión - 7 de Febrero de 2008
en
8.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Málaga: Ningún municipio ha adaptado aún el urbanismo a lo que exige la Junta
MÁLAGAHOY* : La revisión del urbanismo de la absoluta totalidad de municipios de la provincia de Málaga sigue estancada. La paralización en la redacción de los nuevos planes generales de ordenación urbanística (PGOU) es tal que ni uno solo de los cien ayuntamientos existentes en la provincia ha adaptado aún el documento a las exigencias marcadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor en enero de 2003...
... según se constata en el último balance de la Consejería de Obras Públicas con fecha de ayer
Esta realidad pone de manifiesto la evidente demora de los consistorios a la hora de reformar los planeamientos locales, que, según los plazos fijados por la Administración autonómica, debían haber aprobado de manera definitiva sus nuevos documentos antes de enero del pasado año, algo que no ocurre en ningún caso.
Aunque la causa de este retraso no se sitúa tanto en la desidia de los responsables técnicos y políticos como en las numerosas modificaciones desarrolladas por la institución regional en la normativa a lo largo de los últimos años. Un proceso que está obligando a la totalidad de las localidades a readaptar sus previsiones iniciales de acuerdo con las nuevas exigencias autonómicas.
Los datos de Obras Públicas indican que sólo tres municipios malagueños tienen aprobado de manera definitiva su plan: Montejaque, Riogordo y Benalmádena, aunque en este último caso data de 2003. Sin embargo, esa misma información subraya que ninguno de ellos está adaptado plenamente a la LOUA, lo que, previsiblemente, va a obligar a esos municipios a realizar variaciones. En esta fase de tramitación del planeamiento la Junta no incluye a La Viñuela, a pesar de que el equipo de gobierno de este pueblo publicó la aprobación definitiva del documento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) argumentando el silencio administrativo del Gobierno andaluz, que ha recurrido esta medida.
Según la Junta, el estado de tramitación del PGOU de esta localidad de la comarca de la Axarquía es el de aprobación inicial, formando parte de un paquete en el que hay otras 30 localidades, entre ellas Málaga capital. Otros siete municipios (Villanueva del Rosario, Comares, Cortes de la Frontera, Fuengirola, Fuente de Piedra, Guaro y Macharaviaya) tienen su plan aprobado de manera provisional. En ambos casos, el momento actual es especialmente delicado, por cuanto se pueden ver obligados a readaptar los documentos a las directrices marcadas por Obras Públicas en aspectos tales como los límites de crecimiento en suelo y población, que aún no están del todo concretados.
Algo más de flexibilidad tienen los 39 ayuntamientos con el documento en avance, ya que en la fase previa a la aprobación inicial pueden ajustar el contenido y las actuaciones. Este hecho hace prever un largo calendario de tramitación para estos pueblos, que podría prolongarse, en el mejor de los casos, a lo largo de todo 2008. Asimismo, hay otras nuevas localidades que, según la Junta, acaban de iniciar los trabajos.
A los numerosos cambios de rumbo protagonizados por la Junta se suma el efecto que los nuevos planes de ordenación del territorio (POT) impulsados en los últimos años tienen sobre los municipios. Tras la aprobación de los documentos relativos a la Axarquía y la Costa del Sol occidental, trece municipios, los localizados en el área metropolitana de Málaga siguen pendientes de la planificación diseñada para este espacio geográfico. Precisamente, los responsables municipales de estos ayuntamientos han justificado de forma reiterada su tardanza en revisar los planes generales en la ausencia del documento supramunicipal, que ya ha sido presentado oficialmente.
* Málaga Hoy - Sebastián Sánchez - 07.02.2008
Foto: Vista aérea de Málaga capital y del Valle del Guadalhorce, zona de expansión urbanística /malagahoy.es
en
7.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
La Audiencia fija 100 metros de franja en El Algarrobico
ELPAÍS/Almería* : La Audiencia Nacional ha propinado el primer gran golpe judicial contra el hotel El Algarrobico, en Carboneras. En una sentencia dictada el 23 de enero, el tribunal confirmó para este paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar una franja de servidumbre del tramo de litoral de 100 metros de ancho.
El Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, defendía en el recurso desestimado un deslinde de 20 metros, al considerar que el plan parcial para esta zona se aprobó con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de costas.
El espaldarazo judicial a la ampliación de la franja de protección fijada para estos terrenos por orden ministerial de noviembre de 2005 supone que la mitad de la estructura del polémico hotel y los espacios destinados a piscinas y áreas deportivas quedan dentro de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.
Sin indemnización
La ley dicta que las edificaciones inmersas en estos espacios pueden recibir una concesión de uso si se construyeron legalmente o antes de la entrada en vigor de la normativa o, de lo contrario, se procederá a su derribo. Éste sería el caso del complejo hotelero que se paralizó cuando ya estaba medio amueblado y que Azata del Sol promueve en una zona que, según la sentencia, no puede entenderse como urbana. Pero según el tribunal, las obras de urbanización no arrancaron hasta 2003 y es obligatorio someter a revisión los planes parciales anteriores a la entrada en vigor de la ley de costas -éste se aprobó inicialmente en mayo de 1988-. Además de avalar los criterios del Ministerio de Medio Ambiente, el fallo considera improcedente acordar indemnización.
La sentencia se notificó el pasado miércoles, jornada que acogió la aprobación del nuevo plan de ordenación de los recursos naturales de Cabo de Gata, en el que el paraje de El Algarrobico se declara como no urbanizable, además de pasar a ser de titularidad pública. Antonio Baena, coordinador general de Azata del Sol, anunció que recurrirá la nueva normativa. Casi premonitoriamente, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, respondió ayer al anuncio de la promotora con un mensaje de confianza en los favores futuros de los tribunales, que acaban de asestar también un duro golpe al proyecto para la construcción de Marinas de Aguamarga, la urbanización más ambiciosa de todas las que se proyectan en Cabo de Gata.
* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería - 07/02/2008
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - J.Rojas (El País)
en
7.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Catorce entidades sociales se alían para crear ´Stop Gran Scala´
ELPERIÓDICO/Aragón* : Cientos de personas acudieron ayer a la presentación oficial del programa de la Plataforma Stop Gran Scala, una entidad formada por 14 asociaciones que se postulan en contra del macroproyecto de casinos y parques temáticos en la comarca de los Monegros, que apoya el Gobierno de Aragón.
"Queremos hacer saber a la población que somos muchos los colectivos los que nos oponemos por diversos motivos al proyecto en los Monegros", dijo Enrique Tordesillas, integrante de la plataforma y moderador en el acto de presentación.
En la conferencia, celebrada en el centro Pignatelli de Zaragoza, participaron representantes de agrupaciones de docentes, --Plataforma Docentes contra Gran Scala--, de la Plataforma Los Monegros no se Vende, representantes de la comunidad científica universitaria y agentes sindicales del sector agrario.
"El objetivo es presentar las diferentes visiones críticas desde todos los ámbitos de la sociedad por las que nos oponemos al complejo de ocio", apuntó Tordesillas.
Entre los argumentos en contra de Gran Scala, Eduardo Navarro, fundador de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), destacó el de la provisión hídrica al complejo en un momento en el que parece reabrirse el conflicto del trasvase. "No sabemos con qué argumentos se presentará el Gobierno de Aragón ahora en contra del trasvase porque esas mismas premisas sirven para desechar el proyecto Gran Scala", dijo Navarro, quien además señaló el peligro que el proyecto supone para el desarrollo económico y social de las zonas rurales cercanas a los Monegros en pos del desarrollo neoliberal y de consumo desmedido.
"Debemos recuperar las formas políticas que se han perdido para que el desarrollo rural y el de las comarcas sea sostenible. Gran Scala representa un proyecto que se aleja mucho del desarrollo que habíamos pensado para nuestra comunidad basado en un modelo de urbanismo, socioeconómico y de ordenación del territorio que sirva a a los intereses sociales y no a los del juego", apuntó Chema Ballestín, perteneciente a la organización de la Plataforma Stop Gran Scala e integrante del Partido Comunista de Aragón.
Por otra parte, la mayoría de los participantes quisieron mostrar su preocupación por la poca información recibida por parte del Ejecutivo aragonés más allá de las cifras sobre el número de visitantes o cuantía de las inversiones.
En este sentido, Concha Martínez en representación de las Comunidades Cristianas y perteneciente de varios movimientos de solidaridad con el Tercer Mundo, expresó su preocupación por el hermetismo del Gobierno aragonés respecto a Gran Scala. "Hay un secretismo que resulta demasiado sospechoso como para hacer de Gran Scala un proyecto creíble y la presentación de algunos de los datos económicos resultan totalmente inverosímiles".
Los profesores representados por Rosa Arqué, de la Plataforma Docentes contra Gran Scala, quisieron hacer hincapié en la falta de valores que inculca un modelo consumista como el que traería el macrocomplejo de casinos.
"Ojalá que la DGA diese el mismo apoyo incondicional que está dando a Gran Scala a proyectos culturales como los que estamos intentando impulsar, muchas veces sin ningún tipo de ayuda" matizó la profesora del instituto de Fraga.
* El Periódico de Aragón - 07/02/2008 ALICIA ROSMUNDO
Foto: Los representantes de diferentes colectivos, ayer / CHUS MARCHADOR, elperiodicodearagon.com
en
7.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Aragón
Alicante: La PIC advierte de que las viviendas del Plan de Rabasa tardarán como mínimo 6 años
INFORMACIÓN* : La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) advirtió ayer de que las primeras viviendas del plan Rabasa no estarán construidas como mínimo hasta dentro de cinco o seis años después de su aprobación definitiva, en caso de que toda la tramitación del plan urbanístico saliera adelante sin problemas. Además, dijo, el visto bueno del pleno y de la Generalitat se llevarán un año más.
El presidente de la plataforma, Manuel Alcaraz, realizó este cálculo para argumentar que la aprobación del plan no está justificada "en un horizonte real de caída de ventas y sabiendo que el plan no se va a hacer tal y como se plantó inicialmente porque no hay demanda de viviendas".
Basándose en este descenso en las ventas, acusó de "mentir" al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y al conseller de Territorio, José Ramón García Antón, pues "activar todos los PAIs -Planes de Acción Integrada- no es posible porque no caben en el País Valenciano". Además, opinó que el Plan Rabasa viene a perpetuar el modelo económico actual basado en "poner todos los huevos en el cesto de la construcción", al que culpa la crisis actual.
Alcaraz recordó que, tras la aprobación en pleno, estará pendiente el proyecto de urbanización y el de reparcelación. Asimismo, aventuró que habrá "muchos pleitos" de colectivos variados -ellos incluidos- y de los propietarios del suelo que pueden prolongarse siete años.
Carlos Gómez Gil señaló que "Alicante tiene 17.740 viviendas -el 22,3% del total- en situación deficiente, mala o ruinosa". En total son 1.466 edificios, que se podrían revitalizar y evitarían la necesidad de construir tanta vivienda nueva. "Eso no requiere grandísimos presupuestos ni aprobaciones forzadas e impediría que esta ciudad siga deteriorándose", apuntó Gil, quien denunció también la existencia de 21.060 viviendas vacías. El portavoz destacó que "la rehabilitación crea mucho empleo pero los márgenes de beneficio no son los mismos para los empresarios".
* Información - C. R. F. - 07 de febrero de 2008
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
en
7.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Un empresario del juego impulsa la mayor recalificación de suelo de Galicia
FARO/A Coruña* : El empresario gallego José Collazo Mato, considerado como el rey del juego por sus intereses en casinos de varios países, promueve en el municipio de Aranga la recalificación de casi tres millones de metros cuadrados de terreno en Montesalgueiro para construir un gran polígono industrial y una zona residencial.
Esta operación de reclasificación de terrenos rústicos, una de las mayores realizadas en Galicia, ya está incorporada al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de este concello, aprobado inicialmente en el pleno del pasado diciembre y actualmente a exposición pública.
El parque empresarial tiene por finalidad dar servicio a los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol. Así figura en el propio plan general, que justifica la ejecución del proyecto en la necesidad de dar respuesta "al agotamiento del suelo industrial en la comarca de A Coruña y su área de influencia" porque el suelo empresarial previsto a medio plazo "no cubre las necesidades que se estima que va a generar la puesta en marcha" de dichos puertos.
José Collazo Mato y el alcalde de Aranga, Manuel Brañas, del Partido Popular, firmaron un convenio mediante el que el Concello se comprometió a reclasificar, e incluir en el plan urbanístico, 2, 5 millones de metros cuadrados de suelo en Montesalgueiro para construir el que será el segundo polígono industrial más grande de la provincia. También firmaron otro acuerdo para clasificar 400.000 metros cuadrados de rústico como urbanizable para levantar una urbanización.
Esta gran superficie recalificada se ubica en Montesalgueiro, entre la autopista A-6 y la carretera AC-230 hacia Curtis. Collazo, en el convenio firmado con el regidor, afirma ser ya el titular de 94 parcelas que suman un total de 1,6 millones de metros cuadrados. Con la compra de sólo uno de estos terrenos, el Monte Santiso, este promotor ya se hizo con algo más de un millón de metros,el 65% del total del futuro parque.
250 campos de fútbol
Un dato que permite comprender la gran dimensión de este parque industrial es que la construcción de este polígono equivale a 250 campos de fútbol. Además, absorberá más del 60% de la capacidad edificatoria total del PXOM de Aranga. Sólo el polígono de Sabón tiene una superficie mayor, unos 3,2 millones de metros cuadrados. Y el futuro polígono de Morás tendrá 4, pero en su primera fase serán sólo 1,5 millones.
* Faro de Vigo - Marta Villar / a coruña - 06 de febrero de 2008
Foto: Aranga (A Coruña), concello - aranga.es
en
7.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
La OCU pide la creación de un plan global de vivienda 'que acabe con la especulación'
ELMUNDO* : La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado la creación de un plan global en materia de vivienda "que acabe con la especulación y ataque el injustificado incremento del precio de la vivienda en propiedad" y dentro del cual se integren medidas estructurales a largo plazo "para potenciar el alquiler y devolverle su prestigio".
Asimismo, la organización ha pedido a los partidos políticos la liberalización de la energía y la revisión "íntegra" de los mecanismos de fijación de tarifas, "para que el consumidor pague por el precio real de este producto de forma transparente".
Ambas peticiones forman parte de las 13 reivindicaciones que la organización ha trasladado a los grupos políticos con representación parlamentaria de cara a la próxima legislatura dado que "la política de consumo, que afecta a todos los ciudadanos, no ha tenido un claro reflejo en los programas electorales de los diferentes partidos", según señaló hoy en un comunicado.
En este sentido, la OCU también reclamó la creación de una Secretaría de Estado de Consumo de cara a la próxima legislatura y que se modifique el Instituto Nacional de Consumo, dándole estatuto de Agencia Española del Consumo, con un presidente con rango de secretario de Estado.
13 reivindicaciones
Respecto al sobreendeudamiento, la OCU solicitó que se adopte una legislación que proteja al consumidor en esta situación "ante la magnitud que ha cobrado el problema".
En cuanto a los procedimientos concursales, la organización demanda que se mejore el tratamiento que se da a los consumidores en estos procesos y que sean considerados acreedores preferentes "para garantizar al máximo sus derechos económicos".
Por otro lado, ha reclamado que se revise el acervo comunitario en materia de consumo y que el próximo Gobierno defienda la posibilidad de que el nuevo régimen permita la flexibilidad necesaria para que los Estados miembros puedan seguir legislando en esta materia.
Sobre las reclamaciones de consumo, y con el fin de mantener el nivel de protección de los ciudadanos, ha planteado que, en aquellas que sean de pequeña cuantía, se establezca un proceso que finalice en un requerimiento de la Administración al infractor para que éste satisfaga la reclamación del consumidor.
Con el mismo objetivo, la OCU pidió "una revisión integral de los mecanismos de control de la publicidad" y, al mismo tiempo, que las administraciones usen su capacidad coercitiva para poner fin a la emisión de campañas de publicidad engañosa.
La organización también ha solicitado que se cree una Agencia Nacional de Seguridad de los Productos que coordine las actuaciones de las distintas administraciones y la información sobre riesgos y productos defectuosos para el consumidor. En este sentido, consideró necesario que se oriente al ciudadano "hacia un consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente", intensificando las campañas públicas de sensibilización social.
Por otro lado, la OCU ha demandado que se cree un sistema general de información sobre las listas de espera de Sanidad que sea "público, transparente y comparable". Además, ha reclamado que se garanticen por ley unos tiempos máximos de espera en las distintas etapas de la atención sanitaria "para que los ciudadanos no sufran demoras excesivas".
También en materia sanitaria, propuso una modificación de la actual ley contra el tabaquismo "para que no se permita fumar en ningún espacio público compartido" y que se endurezca la fiscalidad del tabaco.
Finalmente, la OCU consideró imprescindible que se regule el derecho de huelga a través de una ley "que garantice lo dispuesto en la Constitución" y que evite, especialmente en los servicios de interés general, "los abusos contra los consumidores cometidos por determinados colectivos de trabajadores" de esos sectores.
* EL Mundo - Europa Press - 07/02/2008
Foto: La vivienda, uno de los temas que más preocupa a la OCU / EFE
en
7.2.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS VIVIENDA