El 'blanqueo' continúa

IGNACIO MARTÍNEZ* : Si Gil levantara la cabeza, estaría contento. No se va a tirar ni una de las 30.000 viviendas ilegales que dejó construir y a sus cómplices les van a hacer una iguala y les van a evitar 80 juicios. La Justicia se dispone a tratar a la banda de gilistas con guante blanco. Los pobres no se acuerdan de hechos tan lejanos, cuando firmaban los convenios urbanísticos en los capós de los coches. Bueno, son pobres, pero conducen Porsches, tienen chalés de lujo y les representan abogados caros, que se desplazan desde Madrid o Granada. En todo caso, les van a hacer una oferta de condena, de rebajas de enero, para que en vez de suponerle a un Julián Muñoz, es un poner, 160 años de cárcel, se le queden en seis añitos, al pobre.

Quienes ahora ponen tanto celo en evitar la molestia y el gasto en tantos juicios inútiles son los mismos que debieron investigar y perseguir en su día actuaciones escandalosas, que creaban una evidente alarma social. Por ejemplo, con escuchas telefónicas como las que encargó el juez instructor del caso Malaya. Pero no. En el 95, 96 o 97, la Fiscalía pedía sistemáticamente el archivo para todas las denuncias contra abusivos convenios, firmados en barras de bar, capós de cochazos o clubes de alterne. Todo ocurría ante la desidia de la administración de justicia. Los fiscales no estaban entonces por la labor de trabajar en exceso y ahora tampoco. Por eso han ideado un ofertón.

Durante el imperio gilista, los escándalos eran ostentóreos, aportación a la lengua española del famoso prócer marbellero, con la contracción de ostentoso y estentóreo. O sea, digno de verse y ruidoso. Aquel prohombre, Jesús Gil y Gil, no concebía la vida discreta, ni para sus negocios, ni para sus delitos. Todos eran ruidosos y magníficos. Pero los escándalos siguen en Marbella. Manuel Chaves dijo el pasado miércoles, en una visita a Málaga, que esperaba sentencias judiciales con sanciones ejemplares. Lo contrario, en su opinión, provocaría alarma social.

Personalmente, me declaro ya alarmado por las conversaciones de la Fiscalía con los abogados de los cómplices de Gil. En estos contactos no se ha contado con todas las partes. Y aunque se pacten penas de cárcel menores, no deberían ser objeto de trato alguno multas o responsabilidades civiles. El Gobierno socialista andaluz tardó en reaccionar ante los desmanes de Gil, pero hoy es el Ayuntamiento popular el que se resiste a cumplir las sentencias. No quiere demoler las casas ilegales; argumenta que se está redactando una revisión del plan de ordenación urbana. Pero con el lápiz no se puede legalizar una vivienda sobre la que hay sentencia firme de derribo: es contrario a la doctrina del Supremo. No llama la atención, porque en Marbella, en la actualidad, los escándalos son de baja intensidad. Pero si Gil levantara la cabeza, sonreiría satisfecho. El blanqueo continúa, ahora con su obra y su gente.







* Málaga Hoy - Opinión - 28.01.2008



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Torrevieja no ejecuta los derribos en el 90% de los casos de infracción urbanística

ELPAÍS/Alicante* : Un informe del Defensor del Pueblo revela que el Ayuntamiento de Torrevieja (100.000 habitantes) no ejecuta las órdenes de demolición incluidas en el 90% de los expedientes por infracción urbanística incoados por el Consistorio. El departamento que dirige Enrique Múgica resalta la pasividad del equipo de gobierno, del PP, a la hora de restituir la legalidad urbanística en el municipio en la resolución de los expedientes sancionadores.

El pasado año, el Consistorio, presidido por Pedro Ángel Hernández Mateo, abrió 400 expedientes por otras tantas infracciones. El regidor, en el cargo desde 1997, está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado de la compraventa de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de euros.

El informe del Defensor del Pueblo, desvelado hoy por el Grupo Municipal de Los Verdes y con fecha del pasado 1 de diciembre, se produce a raíz de la queja de una vecina de Torrevieja que denunció la arbitrariedad del Consistorio al resolver dos expedientes por infracción urbanística en una misma finca. Según esta denuncia, en uno de los casos se ejecutó la demolición de la obra ilegal, y en el otro el Ayuntamiento no cumplió la orden de ejecutar subsidiariamente el derribo.

Un ayuntamiento singular

El Defensor del Pueblo pone de manifiesto "su extrañeza" ante el hecho de que una Administración pública no ejerza sus competencias -en este caso, de disciplina urbanística- para impedir la comisión de actos ilegales. "Este Ayuntamiento [Torrevieja] constituye una rara avis (caso singular) en el mundo local al tener previsto en el negociado correspondiente la ejecución subsidiaria, aunque en la práctica se llegue a un porcentaje bajo por la caducidad de la acción", señala la resolución de Múgica, que anuncia a la alcaldía que dará traslado de su informe a la Cortes.

El portavoz del grupo de Los Verdes, el edil José Manuel Dolón, ha señalado que el informe de Múgica pone de manifiesto "que el Ayuntamiento de Torrevieja no protege la legalidad urbanística. Es más, pensamos que, en muchos casos, el Ayuntamiento se convierte en el principal infractor urbanístico". "El hecho de que sólo se cumpla el 10% de las órdenes de demolición implica una clara discriminación con respecto al 90% de los infractores amnistiados", ha añadido el edil. En este apartado, Dolón incluye las obras ilegales en una finca de la familia del ex concejal del PP Pascual Ortiz "donde los servicios municipales no sólo no persiguieron la infracción urbanística cometida, sino que se prestaron a dar la apariencia de legalidad de las obras".








* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 28/01/2008
Foto: Torrevieja - Deran (Wikimedia.org)


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Piden 2 años de inhabilitación y cárcel para el alcalde y ex regidor de Caldas por licencias irregulares

ELCORREOGALLEGO/Pontevedra* : La Fiscalía solicitó hoy penas de casi dos años de prisión y diez de inhabilitación para el actual alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, el ex regidor de este municipio, José María Tobío, así como para los concejales José Blanco, José Lemos y José Fuentes, todos del PSdeG, acusados de, supuestamente, conceder licencias para obras contrarias al ordenamiento vigente.

Los hechos se remiten a 2003 cuando era alcalde José María Tobío y los demás acusados integrantes de la comisión de gobierno concedieron seis licencias para otras tantas naves industriales en la zona de As Veigas de Almorzar, próximas a la carretera N-640, que comunica Caldas con Vilagarcía.

Al respecto, el fiscal sostuvo que "lo hicieron pese a los informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del asesor jurídico, quienes advirtieron que la construcción de naves para almacenes y oficinas en suelo rústico está prohibido por la Ley do Solo".

Por el contrario, la comisión de gobierno otorgó los permisos amparándose en que los terrenos estaban clasificados como suelo apto para urbanizar (SAU) en las normas subsidiarias municipales de 1995, que siguen en vigor.

Tras consultar con otros técnicos que hicieron la misma lectura, "como había dos criterios enfrentados nos decidimos por la solución más beneficiosa para los solicitantes, porque las naves ya estaban construidas pero carecían de la necesaria licencia para solicitar subvenciones oficiales", declaró José María Tobío.

"PREVARICACIÓN A SABIENDAS".

Sin embargo, el fiscal aseguró varias veces durante el juicio, celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra, que José María Tobío y los restantes miembros de la comisión de gobierno "prevaricaron a sabiendas", y que el alcalde "a toda costa quería sacar adelante el polígono industrial" de Caldas.

Esta afirmación fue avalada por el testimonio de la entonces secretaria del Ayuntamiento caldense, Nuria Lobato del Río, quien en el acta de un pleno hizo constar que el alcalde había dicho que era partidario de "dar todas las licencias que se pidieran, aún en contra de la normativa".

Después de la concesión de las licencias, la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta requirió al Concello que las anulara y, finalmente, fue el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra quien anuló las licencias.

Precisamente, se da la circunstancia de que salvo Tobío, que dejó la alcaldía poco antes de las últimas elecciones municipales, todos los demás forman parte de la corporación municipal de Caldas de Reis, que en la actualidad preside Juan Manuel Rey.






* El Correo Gallego - E.P. PONTEVEDRA - 28.01.2008
Foto: Caldas de Reis (Pontevedra), naves afectadas - lavozdegalicia.es


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Barcelona: El éxito comercial del Born remite por los altos precios de los locales

ELPERIÓDICO* : Para rentabilizar un pequeño local que cuesta 2.000, 5.000 o hasta 10.000 euros al mes hay que vender mucho. Y en el Born son pocos los que los establecimientos comerciales diurnos que logran cerrar el mes con facturaciones millonarias, y muchos los que han abierto fantásticas tiendas en pequeñas calles en las que la afluencia de público todavía es una asignatura pendiente. Por esos motivos, tras varios años de operaciones inmobiliarias desorbitadas, cada vez es más frecuente toparse con locales disponibles en este barrio de moda.

Más de una veintena están actualmente en traspaso o alquiler, algunos desde hace semanas e incluso meses.
Ya hace unos tres años que algunas voces comenzaron a alertar de que los precios de los arrendamientos eran tan altos que los artesanos y diseñadores alternativos que inicialmente optaron por esta zona y la convirtieron en una especie de Soho barcelonés, estaban dando paso a grandes firmas comerciales. Estas eran las únicas en disposición de pagar alquileres de hasta 12.000 euros, como se piden por algunos de los locales más amplios disponibles en el Born en la actualidad. Pero la realidad es que en muchos casos las ventas no son proporcionales. "Los precios de los locales son astronómicos, pero las cajas no tienen nada que ver con otras zonas igualmente caras de Barcelona", se queja un operador, a punto de tirar la toalla. De facturar 40.000 euros al mes, ha pasado a unos 15.000, insuficientes para sufragar arrendamiento y gastos.

MENOS VENTA
Algunos, como él, aluden a un bajón de las ventas que vinculan a las dificultades para acceder en coche a la zona, a la pérdida de visitantes barceloneses de alto poder adquisitivo, a la creciente presencia de turistas cuyo bolsillo no se adapta a la oferta de la zona y a la escasa afluencia en las calles secundarias. Pero la razón esencial, para los consultados --que piden el anonimato para no perjudicar la cotización de sus locales-- es consecuencia de la brutal especulación que ha vivido el barrio desde finales de los 90.
Xavier Andreu, presidente del eje comercial BCN de Palau a Palau, que aglutina entre otros ejes del entorno al Born, admite que el barrio "está pagando las consecuencias del pelotazo inmobiliario". "Se puso de moda, a precios carísimos, y muchos vinieron por imagen, lo que aún disparó más los precios", explica. El representante sabe que "se crearon expectativas muy altas que no se han cumplido", pero insiste en que la zona no está en crisis. "Funciona bien, pero hay quien no logra amortizar los gastos", apunta. El colectivo aboga por "reequilibrar la oferta", ya que la asociación se enorgullece de las primeras marcas que desembarcaron en la Ribera, tras años de degradación desde el cierre del mercado del Born (en 1971), pero considera que también es necesario dar cabida a tiendas más asequibles y diversificar las posibilidades.
Fuentes de uno de los principales operadores inmobiliarios de la zona, Busquets Gálvez, que en la actualidad ofrece en su web una decena de locales disponibles en el Born, de todos los tamaños, sostienen que la zona sigue siendo muy atractiva para los empresarios y que no dejan de abrirse nuevas tiendas.

CALLES PRINCIPALES
Destacan que las calles principales tienen gran demanda, como la de Argenteria, la que mejor funciona. Le siguen el paseo del Born, Comerç y Vidreries, aunque incluso en estas hay algún local en alquiler. Por contra, admiten que en las calles secundarias se esperaba un crecimiento que no se ha producido. "Los precios son altos pero mantenidos", opinan.
Otro grupo inmobiliario, Richard Ellis, dejó de trabajar esta zona hace unos años, al constatar los problemas de rentabilidad que sufrían muchos establecimientos. Coinciden varias circunstancias, apuntan, "para empezar la gente que vive en la zona en general no compra en esas tiendas, la actividad nocturna no casa bien con esa oferta, la venta se concentra en las últimas horas del día y hay pocas horas buenas y faltan más firmas con tirón para atraer compradores de otras zonas".
Algunos comerciantes también explican que en los últimos tiempos la limpieza y seguridad de la zona, con muchos robos a turistas, ha empeorado, y reclaman más implicación al ayuntamiento.






* El Periódico - PATRICIA CASTÁN, BARCELONA - 27/1/2008
Foto: Muchas tiendas cierran en el Born - elperiodico.com



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Más de 500 vecinos de Arzúa exigen en la calle la dimisión del alcalde

LAVOZ/A Coruña* : Más de medio millar de vecinos de Arzúa salieron ayer a la calle para exigir una nueva exposición al público del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que, tras haber sido aprobado provisionalmente, está pendiente de recibir el visto bueno definitivo de la Consellería de Política Territorial.

La plaza de la localidad acogió la concentración, convocada por la plataforma vecinal que se constituyó en protesta por las modificaciones que se introdujeron en el planeamiento urbanístico a raíz de los informes sectoriales que las administraciones supramunicipales emitieron tras la aprobación inicial del plan.

«Devolución do PXOM ou alcalde dimisión» es una de las consignas que se pudieron leer en las pancartas portadas por los afectados en el acto ante la negativa del gobierno local, que encabeza con mayoría absoluta el nacionalista Xaquín García, a someter el PXOM a otra fase de alegaciones. El rechazo a reanudar el proceso ha sido ratificado el sábado por el ejecutivo del BNG en una reunión con la directiva de la plataforma de afectados.

Así trascendió del manifiesto al que se dio lectura durante la concentración. «Despois de varias horas intentando chegar a un acordo, os resultados foron nulos por parte do goberno local, xa que parece que non teñen vontade de arranxalo», se aseguró. La plataforma de afectados exige al equipo de Xaquín García «que respete o dereito dos veciños a ser informados e que poidan presentar as súas alegacións ou reclamacións a un plan que foi modificado moi sustancialmente tanto na zona urbana como no rural despois de ter sido exposto ao público».

Los afectados consideran «inaceptable que pretendan aprobar un plan que foi modificado e non informado pasando por riba dos dereitos dos veciños». Las modificaciones en el Plan Xeral se introdujeron después de que los vecinos alegasen al documento inicial dentro del plazo de exposición pública que establece el proceso de tramitación. En contra del criterio del gobierno de Arzúa, que defiende que los cambios obedecen a las indicaciones emitidas en los informes sectoriales por Patrimonio, Política Territorial y el Ministerio de Fomento, los afectados aseguraron ayer que «non se coñecen os criterios técnicos e urbanísticos que se aplicaron».

En cualquier caso, la plataforma vecinal recrimina que las modificaciones «deixannos indefensos por non permitirnos alegar», y no solo a los afectados directos, según indicaron, sino «a unha gran maioría da poboación» porque «estos cambios merman a capacidade de desenrolo do municipio».

El colectivo negó estar manipulado por la oposición municipal, aunque ésta respalde sus reivindicaciones e instó al gobierno local «a que se poña de acordo con nos e cos demáis grupos políticos para aprobar un Plan Xeral consensuado por todos». Para ello exigen un pleno extraordinario en el que se acuerde reabrir el proceso.






* La Voz de Galicia - Natalia Noguerol - 28/1/2008
Foto: vecinos Arzúa - sandra alonso, lavozdegalicia.es


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Ciclistas contra el circuito de Fórmula 1

LEVANTE/Valencia* : Centenares de valencianos -más de tres mil, según indicaron desde la organización- se manifestaron ayer a bordo de sus bicicletas en el viejo cauce del río Turia como modo de protesta contra la construcción en la ciudad de un circuito urbano de Fórmula 1.

La bicimanifestación, que es como bautizaron los responsables de la coordinadora Fórmula Verda esta marcha, partió del parque de Cabecera y el grupo ciclista fue ganando integrantes a lo largo de su recorrido, que atravesó todo el cauce hasta llegar al mar.
La concentración final en el pont de les Drassanes, donde la acumulación de ciclistas provocó minutos de retención al tráfico, fue culminada con la lectura de un manifiesto donde se reivindicó, como telón de fondo, "un desarrollo equilibrado y sostenible de la fachada marítima y del conjunto de la ciudad".

Vicent Gallart, portavoz de la coordinadora contra el circuito y vicepresidente de la asociación de vecinos de El Cabanyal, afirmó que las reformas para este circuito "en absoluto pueden pasar como unas obras de infraestructura de conexión entre la ciudad y la dársena". "Esto no conecta nada", dijo. Además, la coordinadora, integrada por seis asociaciones vecinales y grupos ecologistas, volvió a exigir al ayuntamiento y a la Conselleria de Infraestructuras información sobre el proyecto y un informe global de impacto ambiental. Insistieron en que el circuito "invade la red primaria de zonas verdes del Plan General" y aseguraron que estudian todas las vías legales contra este trazado.

Respaldo de la izquierda política

La marcha contó con el respaldo de Esquerra Unida e Inicitativa del Poble Valencià. El candidato de EU, Antonio Montalbán, criticó la celebración en la ciudad de un gran premio cuando existe un circuito en Cheste y opinó que la vertiente económica no se resentiría. Por su parte, Isaura Navarro, número uno de la coalición Bloc-Inicitativa-Verds EE, lanzó una propuesta electoral al pedir a Fomento que convierta la vieja línea ferroviaria Xirivella-Quart en una vía verde de uso cicloturista.






* Levante-EMV - J. L. G., Valencia - 28 de enero de 2008
Foto: Fórmula Verda criticó que el ayuntamiento no enviase a la Policía y decidió cortar el tráfico unos minutos para evitar peligro a los ciclistas/ marga ferrer, levante-emv.com


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¿Otro Madrid es posible?

ELPAÍS* : Participantes del Foro Social Mundial explican cómo cambiarían la ciudad y reclaman una democracia más participativa, con un alcalde por cada distrito. "Habría tensiones, claro, como en la vida misma, pero también más voces". A Pedro Casas, funcionario de 55 años y activista del movimiento vecinal, le gustaría que Madrid tuviera 21 alcaldes, tantos como distritos. Dice que a esta ciudad le sobran políticos profesionales y le faltan espacios para debatir.

"Si yo fuera alcalde, subiría los impuestos a los más ricos para financiar vivienda pública", añade Raúl Camargo, funcionario de 30 años y miembro de Espacio Alternativo, un partido "a la izquierda de Izquierda Unida". "Queremos calles más iluminadas, más seguras para las mujeres", reivindica Isabel Cáceres, 42 años, trabajadora social y miembro del Bloque Feminista. Los tres, junto a varios centenares de personas más, han participado este fin de semana en las jornadas madrileñas del Foro Social Mundial, un movimiento que nació en 2001 al grito de "Otro mundo es posible" como alternativa al Foro Económico Mundial de Davos.

En 2008 se han convocado reuniones simultáneas en ciudades de todo el planeta. El centro social Patio Maravillas (distrito Centro) ha sido la sede de la contracumbre prevista en Madrid. El antiguo colegio de monjas de cinco plantas, okupado desde el verano pasado, acogió 20 talleres con 70 asociaciones invitadas, un laboratorio social para nuevas ideas. EL PAÍS preguntó a 15 representantes de ocho colectivos diferentes cómo les gustaría que fuera la ciudad en la que viven. Éste es el resumen de algunas de sus propuestas:

- Una persona, mil votos. "Sólo votas una vez cada cuatro años y no te dejan decidir si quieres un polideportivo en tu distrito", dice Pedro Casas, portavoz de vecinos en Carabanchel Alto. Piden una democracia más participativa, con locales en cada barrio en los que se puedan tomar las decisiones que afectan al día a día de los madrileños. "No basta con los iluminados de la política, tiene que participar todo el mundo", añade Víctor Sáez, de 50 años, administrativo chileno y portavoz de la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España. Aprovecha para pedir la participación de los extranjeros en la vida política, una de las reivindicaciones más repetidas en el Patio Maravillas. "Pagamos impuestos, pero no podemos decidir dónde se invierten ni qué infraestructuras se construyen con ellos".

- Ni una vivienda vacía. El parque de vivienda vacía de Madrid (con unas 300.000 casas) es "inaceptable" para los participantes del Foro. Reivindican la expropiación de esos pisos y que se fomente el alquiler a precio asequible, no más del 20% del sueldo, con subvenciones de las administraciones para quienes estén en el paro. Piden además casas comunales y no un único modelo de viviendas con dos o tres habitaciones para la familia tradicional.

- Obras de mujer. "En Madrid se construye sin tenernos en cuenta", considera Isabel Cáceres que, con otras cinco integrantes del Bloque Feminista, reivindica calles con más luz, sin obstáculos que dificulten el camino, salidas de metro acristaladas y equipamientos básicos cerca de las viviendas, como el ultramarinos de toda la vida. Todo para que Madrid "se llene de gente que quiera vivirla y no sufrirla". María Ibáñez (28), enfermera y portavoz del Patio Maravillas, añade un ejemplo cercano. "Malasaña se ha convertido en una zona antiamigos, con decenas de calles en las que sólo se puede caminar derecho en fila de uno, sin hablar con nadie".

- Menos M-30 y más bici. "No queremos una zona ciclista para domingueros, sino para transporte diario", reflexiona Toni García, de 23 años y portavoz del Patio Maravillas. Si otro Madrid es posible, la M-30 tendría un carril-bici, igual que el paseo de la Castellana. Desde el Foro piden menos espacio para el coche y más apoyo al transporte público. "Es una vergüenza que el abono joven de transportes sea sólo hasta los 21 años", añade García.

- Huertos urbanos. "Propongo que se habiliten huertos urbanos, donde la gente pueda consumir lo que cultiva; si Berlín los tiene, ¿por qué Madrid no?", dice Luis González (33), educador y miembro de Ecologistas en Acción. Si de él dependiera, Madrid no estaría unida por circunvalaciones, sino por un corredor verde en el que poder caminar de un parque a otro. También modificarían el interior de los parques para hacerlos más humanos, con bancos que se miren unos a otros y en los que la gente pueda hablar.

- Planificación familiar. Desde el Bloque Feminista exigen un centro de planificación familiar en cada barrio, con anticonceptivos disponibles las 24 horas del día y grandes carteles para que la gente pueda distinguirlos desde cualquier sitio, como los supermercados. Madrid necesita más educación sexual y menos represión contra el aborto, añaden.

- Sólo hospitales públicos. La sanidad es motivo de grandes preocupaciones. Todos apuntaron que la privatización de los nuevos hospitales construidos por la Comunidad de Madrid es un riesgo que conllevará una atención más precaria al ciudadano. Exigen más centros de salud en los barrios y mejores infraestructuras. "Si vives en Latina, ir a urgencias es un episodio lamentable, una gincana de etapas", considera Bibiana Medialdea, economista de 30 años y miembro de la Asamblea por una Vivienda Digna de Latina.

- Laboratorios culturales. Para los participantes del Foro Social consultados, Madrid es "culturalmente rancia". Organiza grandes fastos de un solo día, como La Noche en Blanco, y programa poca oferta para el resto del año. Reivindican teatro de calle y más actividad en los centros cívicos. "Eso no significa que el Ayuntamiento ponga un cartel grande con un bedel que marque el horario, sino que se ceda espacio a los ciudadanos", pide Toni García. Las casas de la cultura deberían ser "laboratorios" para experimentar y aprender, "no academias baratas de inglés y gimnasia".







* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 28/01/2008
Foto: Cartel a las puertas del Patio Maravillas- PAULA VILLAR - elpais.com



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Trapicheo con la línea de la costa

CANARIAS7/Tenerife* : El informe pericial encargado por la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez dedica todo un capítulo a cómo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife manejó a su conveniencia las líneas que delimitan el dominio público marítimo-terrestre una vez que inicia el expediente del Proyecto de Compensación del Plan Parcial de la Playa de Las Teresitas en 1988.

Los peritos afirman que en el expediente las parcelas del frente de playa «aparentemente, pasan a ser terrenos en pleno dominio» para el Ayuntamiento santacrucero, de tal forma que «adquiere incluso el dominio público, y se integran como unas fincas aportadas más al Proyecto de Compensación, para que posteriormente pasen a formar parte de parcelas resultantes, se adjudiquen a un tercero, distinto al Ayuntamiento, y puedan ser objeto de tráfico mercantil entre particulares». Los responsables del peritaje encargado hacen constar que esto sucede estando vigente el deslinde martítimo-terrestre llevado a cabo en 1961, «que establece la separación del dominio público del dominio privado».

El informe evidencia además que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no pidió un nuevo deslinde hasta un mes después de comprar las parcelas del frente de la playa de Las Teresitas a Ignacio González y Antonio Plasencia y que «hubo discrepancias» entre los técnicos municipales y los de la Demarcación de Costas en Tenerife. Hasta septiembre de 2006 la Demarcación de Costas no presentó una delimitación provisional de la línea probable de deslinde de los 1.537 metros lineales de la playa.

En esa propuesta de deslinde los terrenos de dominio público no sólo no se reducen, sino que se incrementan, pasando de los 6.907 fijados en el deslinde de 1991 a casi 30.000 metros cuadrados. Los peritos coinciden con la apreciación que en su querella hizo la fiscal María Farnés Martínez de que, después de incorporar los terrenos de dominio público en el proyecto de compensación y trapichear con ellos a lo largo de todo el expediente, el Ayuntamiento acabó comprando terrenos que en casi un 50% ya eran públicos. Pero, además tampoco iba a salvar la playa de edificaciones el Ayuntamiento adquiriéndola porque, según el informe pericial, de los 84.737 metros cuadrados que no están afectados por el dominio público, los 35.700 que son edificables «están en terreno accidentado con limitación de ocupación» fijadas en la modificación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife. «Las zonas aptas para edificar quedan en dominio público» concluyen los peritos.

El deslinde está en el TSJC.

La Asociación Amigos Tinerfeños de la Naturaleza (ATAN) recurrió a finales de 2006 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la propuesta de deslinde martítimo-terrestre de la playa de las Teresitas de la Dirección General de Costas. ATAN argumentaba que se Costas tenía en cuenta los terrenos ganados al mar para fijar el deslinde, «vulnerando la Constitución y la propia Ley de Costas». ATAN aportó documentos que corroboran que las mareas llegaban al acantilado.







* Canarias 7 - Rosa Rodríguez. Santa Cruz de Tenerife - 25/01/2008
Foto: Santa Cruz deTenerife, playa Las Teresitas - mma.es


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Mal ejemplo

JOSÉ LUIS TRASOBARES* : A la confusa mitología aragonesa se le está sumando un nuevo ingrediente: la idea de que Valencia y Murcia ofrecen un modelo de desarrollo rápido y elemental. Miramos al Levante con un ligero recelo, por aquello del trasvase, pero envidiamos su rutilante marcha hacia el paraíso de los nuevos ricos. ¡Ah, si nosotros tuviésemos un buen pedazo de costa! La posibilidad de meterles mano a los recursos naturales, al agua, al paisaje, a las montañas o a la misma estepa para obtener beneficios inmediatos y realizar operaciones especulativas de gran calado (o a gran escala, si lo prefieren) se ha convertido en la meta suprema de muchos aragoneses. El dinero no tienen olor ni color; el dinero se justifica por sí mismo.

Por supuesto, no todo lo que se hace en Valencia o Murcia es pernicioso por especulativo o insostenible. Sin embargo, en la retina de demasiadas personas no quedan sino aquellos golpes de mano más visibles y destructivos: las mil y una grúas-torre que jalonan la destrucción del litoral, los edificios inútiles y costosos, los campos de golf en los secarrales, la economía sumergida, los mercedes en el naranjal... Qué gozo supremo, ¿verdad? Algunos aragoneses defienden los proyectos más polémicos (Gran Scala, por supuesto) arguyendo que "en Murcia o Valencia los aceptarían encantados".

Aragón superó hace más de un decenio el largo y duro ajuste iniciado tras la Guerra Civil. Aquel proceso nos ha dejado cicatrices, pero hoy somos una comunidad cuyo PIB crece a uno de los ritmos más potentes de Europa y donde apenas existe paro. La población (tradicional punto débil) se ha estabilizado y tiende a crecer, la inmigración ha encontrado hueco y hasta parece que el déficit de capital público remite. Ayer, el pabellón-puente hizo click ante los asombrados ojos de la concurrencia. No tenemos ninguna necesidad de echarnos a correr detrás de objetivos extravagantes ni buscar atajos desarrollistas de muy dudoso impacto.

Ayuntamientos corroídos por la corrupción, cargos públicos bajo sospecha, empresarios arribistas, cajas de ahorro cuya fiabilidad se viene abajo por culpa de los tejemanejes inmobiliarios y las inversiones dirigidas, empleos de baja o nula cualificación, todos pendientes del hormigón y el ladrillo... Debajo el oropel no todo reluce a orillas del Mediterráneo. No es el mejor espejo al que mirarse.







* El Periódico de Aragón - El Independiente por J. L. Trasobares - 22/01/2008




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Murcia: Otros once municipios, pendientes de fiscales y de jueces

LAOPINIÓN/Murcia* : La tempestad en torno a la corrupción urbanística no traído, ni mucho menos, la calma. Tras la irrupción en el panorama informativo de los casos de La Zerrichera (Águilas), Tótem (Totana), Ninette (Los Alcázares) y el de los ayuntamientos de Fuente Álamo y Torre Pacheco, aún sin nombre policial, la Justicia tiene entre manos otros once casos, de mayor o menor importancia, que se enmarcan en la misma polémica.

Pero, además, en los últimos días se ha reactivado otra investigación judicial en Fortuna, que no tiene que ver con el urbanismo, pero que afecta de forma directa al alcalde, Matías Carrillo, acusado ante el juez por una ex edil de su propio partido, el PP, de comprar votos en las elecciones municipales de 2003.
En total, el número de ayuntamientos de la Región de Murcia que están pendientes de investigaciones judiciales o de los fiscales es de catorce. En esta suma se incluiría a los que están inmersos en asuntos judiciales, aunque el tema de fondo no sea la corrupción urbanística, como son: el citado de Fortuna o el de Alcantarilla, donde el primer edil está acusado de un delito ambiental con una petición de cárcel de seis años. Además y con un asunto completamente alejado del quehacer diario del ayuntamiento está el de Ojós, donde el alcalde, Francisco Salinas, fue detenido por corrupción de menores. Estos son, municipio a municipio, los casos que se están investigando por denuncias de los partidos de la oposición, especialmente el PSOE e IU-Los Verdes. Hay que tener en cuenta que el PP gobierna en 32 ayuntamientos, mientras que el PSOE lo hace en 10. El panorama político se completa con el pacto socialista-popular en Alhama y Ceutí, y con los independientes al frente de Ojós.

n ABANILLA: El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando si unos documentos, solicitados por el grupo municipal socialista de Abanilla, han sido falseados, para lo que citó a declarar el pasado 11 de enero y en calidad de imputados, al primer teniente de alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco (PP), al secretario municipal, Miguel Castillo López, y al ingeniero del ayuntamiento de Murcia José Enrique Pérez González. Este funcionario fue el redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pero unos meses antes de que el pleno municipal aprobara inicialmente el plan compró junto con un socio 380.000 metros cuadrados de terreno, que pasaron de agrícolas a urbanizables, "porque así lo propuso él mismo al pleno municipal, firmando después un convenio urbanístico con el alcalde Fernando Molina", según denuncia la portavoz del PSOE en Abanilla, María Dolores Saurín.

n ARCHENA: El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las en principio programadas, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se haya terminado de urbanizar .

n CIEZA: La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha presentado una querella en el Juzgado de instrucción número uno de Cieza contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se reclasifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde.

n MAZARRÓN: El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, está imputado después de que la Fiscalía del TSJ de Murcia lo denunciara por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales del partido que dirige el ex alcalde Domingo Valera para que sus ediles apoyaran al equipo de Gobierno del PP. Entre las decisiones que tomaron en la pasada legislatura se encuentra la aprobación del PGOU del municipio que reclasifica 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico.

n VILLANUEVA DEL SEGURA: El alcalde, José Luis López de Ayala, fue objeto de una querella de la oposición por otorgar la licencia para construir una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.

n ULEA: El alcalde, José Bolarín Cano, fue denunciado por la oposición por presuntos delitos urbanísticos y tráfico de influencias por favorecer presuntamente la reclasificación de terrenos propiedad del suegro del primer edil.

n SAN JAVIER: El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha presentado un recurso.

n MURCIA: Hay al menos dos causas abiertas. La primera atañe a un arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, en excedencia. La Fiscalía lo denunció por supuestamente favorecer a la empresa de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. Bajo sospecha está también el convenio urbanístico para el desarrollo del Norte del municipio.

n MULA: El ex edil de Urbanismo Leandro Pérez de los Cobos fue denunciado por la Fiscalía por recalificar terrenos de su propiedad.

n PUERTO LUMBRERAS: Un juzgado de Lorca investiga una de las dos denuncias presentadas por socialistas de la anterior corporación. El alcalde, Pedro Antonio Sánchez, acudió de forma voluntaria a declarar y sólo tuvo que responder durante 15 minutos a las preguntas del abogado del PSOE. Juez y el fiscal no preguntaran.

n CARTAGENA: Esta semana ha transcendido que la Fiscalía ha citado a declarar a tres funcionarios de la consejería de Desarrollo Sostenible dentro de las investigaciones sobre la tramitación del proyecto Novo Carthago, que prevé la construcción de 7.000 viviendas junto al Mar Menor.






* La Opinión de Murcia - 27 de enero de 2008
Foto: Mazarrón (Murcia) - guiaplayas.es


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Centenares de personas se manifiestan en Valencia por una vivienda digna

PANORAMA-ACTUAL* : Alrededor de un centenar de personas se manifestaron este sábado en la ciudad de Valencia para reclamar el derecho a una vivienda digna. Concretamente, pidieron la introducción de medidas que intervengan sobre el mercado del suelo, así como la creación de un parque público de viviendas en alquiler.

En este sentido, el gerente de la Plataforma de la Vivienda Digna, plataforma convocante, Valentín Mateo, explicó que con este acto "intentamos sacar a la luz las reivindicaciones de la plataforma, principalmente, reflejar que el problema de la vivienda sigue sin resolverse, porque ninguno de los dos partidos mayoritarios han sido capaces de introducir medidas que intervengan sobre el mercado del suelo".

Mateo señaló que "hay un mercado donde hace falta que salga un régimen de viviendas en alquiler", pero que "ninguno de los partidos se lo está planteando". Así, manifestó que ambos partidos "abogan por la Vivienda de Protección Oficial (VPO), y entendemos que es necesario, pero creemos que también lo es que se cree un parque público de viviendas en alquiler" y añadió que "si nos comparamos con el resto de países desarrollados, es el camino en el que se está trabajando".

Por otra parte, el gerente de la Plataforma aseguró que "todos los partidos están favoreciendo la especulación". Para ejemplificar esta afirmación, Mateo recordó la reunión en la que el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, "convocó a todos los alcaldes de los municipios y promotores con la idea de inyectar el tema de la construcción, con el fin de construir VPO" y señaló que "su fin no es social, sino que se mueve por intereses económicos".

Además, Mateo en referencia a la nueva Ley del Suelo, afirmó que "introduce nuevas medidas que consideramos positivas", pero que "se queda a medio camino". En este sentido, indicó que este tipo de legislaciones "deben surgir mediante unas directrices que realmente cumplan unas necesidades de población".

Según dijo, esta normativa debería hablar de, "como mínimo, un 50 por ciento de vivienda protegida" y puntualizó que, "cuando hablamos de VPO, hablamos tanto de vivienda en propiedad como en régimen de alquiler".

A la manifestación, que empezó en la plaza de San Agustín de Valencia, también acudió el candidato de Esquerra Unida del País Valencià al Congreso por Valencia, Antonio Montalbán, porque, como indicó, "es urgente cambiar el modelo actual que únicamente beneficia a los grandes promotores y constructores".

En este sentido, recordó que la Constitución proclama el derecho a una vivienda digna y adecuada, "pero es cada vez más difícil acceder a una vivienda, y esto afecta especialmente a la juventud, dificultando su emancipación".

Asimismo, denunció que "mientras las grandes constructoras e inmobiliarias han acumulado beneficios rápidos, los trabajadores deben pagar unos precios de mercado absolutamente sobrevalorados, que no se corresponden con los salarios", por lo que, explicó, "se ha llegado a unos niveles de endeudamiento peligrosos, incluso alargando los plazos de devolución de las hipotecas a toda una vida".

Para el candidato de Esquerra Unida, las Administraciones Públicas "son responsables de este fenómeno, tanto por omisión como por acciones". Además, señaló que, por parte del gobierno del PSOE, el Plan de Emancipación Joven (en alquiler) "ha sido un engaño".

De la misma manera, Montalbán criticó "la burocracia excesiva" en el trámite de la ayuda directa y "el recorte" de las ayudas fiscales desde el anuncio del Plan hasta su aprobación en el debate de los presupuestos, "dejando en evidencia la debilidad del Ministerio de la Vivienda".

Además, aseguró que la Generalitat valenciana "ha abandonado su función de provisión de viviendas protegidas", lo cual "es un fiel reflejo de la ausencia de interés, voluntad y capacidad del gobierno del PP por garantizar este derecho fundamental".

Montalbán criticó que "la única medida con incidencia real sobre el mercado" que han planteado PP y PSOE "ha sido encarecer la vivienda protegida, por exigencia de los grandes promotores y constructores, que así pueden salvar sus empresas de los excesos derivados de los errores de cálculo económico".

Asimismo, explicó que la política de vivienda propuesta por Esquerra Unida se basa en las experiencias de los gobiernos autonómicos y locales donde IU gestiona la política de vivienda "con atrevimiento y efectividad". Entre otras medidas, ésta plantea la intervención directa de las Administraciones en la construcción de vivienda protegida, la promoción del alquiler y la limitación de las viviendas vacías.






* Panorama-Actual - 26/01/2008
Foto: Vivienda Digna, protesta Valencia 26N - J.Navarro, levante-emv.com


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Lanzarote: Hoteles en el aire

LAPROVINCIA* : El Cabildo de Lanzarote recurrió ante los tribunales 31 licencias para la construcción de complejos turísticos, hoteles o apartamentos en los municipios de Teguise y de Yaiza, la mayoría de ellas concedidas o prorrogadas a finales de los años noventa, poco antes de la entrada en vigor de la moratoria del año 2000. Las licencias impugnadas representan 12.800 plazas y una inversión de más de 300 millones de euros.

Muchas de estas licencias se han convertido ya en hoteles de cuatro y cinco estrellas y en complejos de apartamentos y bungalós que alojan miles de turistas al año en Playa Blanca y Costa Teguise.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo han abrazado las tesis del Cabildo frente a las de los ayuntamientos y los promotores, defendidos en muchos casos por el mismo bufete. Ya son 17 las sentencias firmes en las que no cabe apelación, a las que hay que sumar una suspensión de obras y otra anulación de licencia de ejecución más varias licencias anuladas por recursos presentados por la Fundación César Manrique y que aún no se han comunicado al Cabildo. La FCM se personó en todos los procedimientos en que decidió hacerlo el Cabildo por si un cambio en la presidencia de la primera institución pudiera transformarse en una retirada de los recursos.

Hasta ahora las plazas anuladas por recursos del Cabildo son 7.300 más un hotel por construir en Costa Teguise de más de 900 plazas anulado a instancias de la FCM. Representan actualmente de manera aproximada el 12% de la oferta de la Isla pero es más que probable que queden anuladas todas las licencias que representan esas 12.800 plazas. Esto quiere decir que varios hoteles no se llegarán a construir y que más de una veintena de complejos, entre ellos los más lujosos, ya están o estarán al margen de la legalidad. No tienen licencia de construcción y se les podrá retirar la licencia de apertura y verse obligados al cierre. La pregunta es obvia: ¿qué va a pasar son todos esos complejos?

CONVERSACIONES. Para el Cabildo ha llegado la hora de sentarse a conversar con los promotores. La presidenta, Manuela Armas, anunció hace unos días que ya se habían producido los primeros contactos y los promotores han nombrado a un abogado como interlocutor. El Cabildo huye de la palabra negociación y advierte de que se analizará cada caso por separado y que se podrá legalizar aquello que sea susceptible de ser legalizado pero que puede haber casos imposibles. A aquellos hoteles que puedan llegar a regularizarse ajustándose a los instrumentos de ordenación en vigor el Cabildo les pedirá posteriormente una compensación. Ya en 2006 el entonces consejero de Política Territorial Carlos Espino planteó que aquellos promotores que quisieran regularizar su situación podrían compensar con la desclasificación de suelo en caso de que tuvieran derechos edificatorios consolidados a partir de 2010 (cuando finaliza la moratoria) o con la compra de suelo urbano para hacerlo rústico. Es una de las posibilidades.

Los incumplimientos de las licencias otorgadas por Juan Pedro Hernández y José Francisco Reyes, uno ex alcalde y otro que dejará de serlo el próximo martes de carnaval si prospera la moción de censura que le han presentado en Yaiza, son variados. Van desde la no publicación en los boletines oficiales de los planes parciales a la inexistencia de informes de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación, pasando por la ausencia o insuficiencia de informe jurídico o técnico hasta las infracciones en los estándares permitidos por el PIO de 1991. Muchas de las licencias suman todos estos incumplimientos y alguno más, como que se concedieron en un periodo decretado de suspensión de licencias o que la parcela ni siquiera tenía la condición de solar.

Los ayuntamientos y los promotores, evidentemente, siempre han quitado hierro al asunto. Su defensa pública ha ido variando, desde su derecho a dar licencias por autonomía municipal frente al Cabildo hasta hacer ver que se trata de defectos de forma fácilmente subsanables. También se ha recurrido a la clásica persecución por motivos políticos o aún más inconfesables, al argumento de que la moratoria está mal hecha y anulada, etc. Últimamente los argumentos ya descienden al hecho consumado: el perjuicio a la economía y la destrucción de empleo.

La realidad es mucho más sencilla. La mayor parte de esas licencias incumplen los parámetros fijados en el Plan Insular de 1991. Es decir, que si no se pidió el informe preceptivo al Cabildo no fue por olvido, sino porque se sabía que iba a ser negativo. Además se llegaron a conceder licencias con informes municipales en contra, algo poco justificable. En del abogado que ha llevado la defensa del Cabildo, Agustín Domingo Acosta, y que sirvió como base a una denuncia penal contra los dos alcaldes, se habla directamente de una "estrategia de conjunto elaborada para conseguir autorizar la ejecución de enormes complejos turísticos obviando el Plan Insular". Una estrategia, se dice, urdida entre promotores y ayuntamientos. Hasta tal punto se quiso ignorar el PIO que nueve de cada diez plazas turísticas a las que se dio licencia en la Isla entre la aprobación del PIO y la de la moratoria (1991-2000) fueron apartamentos de una o dos llaves y menos de veinte metros cuadrados, más o menos la mitad de lo exigido entonces.

Si las conversaciones dan el fruto que desea el Cabildo, algunos promotores van a tener que hacer obras en sus hoteles para adaptarlos a la legislación vigente, tendrán que compensar por haberse saltado la legalidad, se arriesgarán al cierre o al derribo de algunos complejos, etc. Si no dan ese fruto se habrá recogido una nueva cosecha de desconfianza en las instituciones, en las leyes o en los políticos y una nueva cosecha de confianza en la corrupción, el tráfico de influencias, los privilegios y la desigualdad de oportunidades. Además de muchos otros factores que van a influir, gran parte de un éxito que hoy es poco creíble residirá en que el Cabildo haga frente al proceso de forma convencida, cohesionada y firme.






* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 27 de enero de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es


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Delitos urbanísticos investiga los chalés ilegales de L'Atzúvia

ELPAÍS/Alicante* : La Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Alicante investiga la construcción de lujosos chalés en suelo no urbanizable en el término del municipio de L'Atzúvia (La Marina Alta). Las pesquisas de este grupo especializado contra la delincuencia urbanística, creado en marzo de 2007, comenzaron a raíz de una denuncia de la asociación ecologista local Gelibre. Los ecologistas sostienen que el alcalde, Manuel Reig, del PP, ha autorizado ya, al menos, la construcción de una docena de espectaculares residencias amparadas en licencias para casas de labranza.

El grueso de esas edificaciones las ha levantado el promotor alemán Klaus May, mediante la firma Fincastyle. Los agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos arrestaron hace tres semanas al promotor alemán y a su esposa, Erna Sabina May. Los detenidos quedaron en libertad con cargos.

El regidor de L'Atzúvia, que defiende la legalidad de las construcciones con el argumento de que una "casa de labranza es una vivienda", ha desoído una orden del 29 de mayo de 2007 de la entonces Consejería de Territorio y Vivienda para que el Consistorio anule siete de las 13 licencias para levantar viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable. El argumento de la consejería es que esas licencias no cuentan con la autorización previa del departamento autonómico, prevista en el artículo 10 de la Ley 4/92 de 5 de junio del suelo no urbanizable.

El alcalde contestó el 2 de julio de 2007 al escrito de la consejería con otro de alegaciones en el que rechaza la orden: "La ausencia de autorización previa no genera de inmediato la imposibilidad de otorgar licencia de obras, porque puede no ser contestada por la consejería, como ha pasado en otras ocasiones. De hecho, el silencio del organismo autónomo el Ayuntamiento puede interpretarlo como positivo".

La primera actuación de envergadura de la investigación de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil sobre los lujosos chalés construidos en suelo no urbanizable en L'Atzúvia fue el arresto del promotor, el empresario alemán Klaus May y su mujer, Erna Sabine May. El matrimonio pasó tres días en los calabozos del instituto armado. Tras el interrogatorio, ambos quedaron en libertad con cargos. Según fuentes del caso, la brigada imputa al empresario y a su mujer un total de diez supuestos delitos relacionados con la delincuencia urbanística, entre ellos, contra la ordenación del territorio, estafa, amenazas y coacciones. Los agentes de la unidad remitieron las diligencias policiales al Juzgado número 1 de Dénia. El juez ha decretado el secreto del sumario.

El área del término donde se han levantado los lujosos chalés se ubica al sur del núcleo urbano de L'Atzúvia, una umbría cuyo suelo está clasificado como agrícola y de protección. De acuerdo con el planeamiento urbanístico del municipio (Normas Subsidiarias de 1981), ese suelo está clasificado como "zona agrícola de protección" y taxativamente prohíbe el uso residencial "permanente o no, exceptuando la posible casa del encargado de labranza, con una superficie máxima construida de 32 metros". Los chalés del promotor alemán exceden de los 200 metros y algunos llegan hasta los 300 con piscina y pista de tenis incluidas.
Parcela mínima

El escrito de la antigua Consejería de Territorio y Vivienda al Ayuntamiento, en el que insta al alcalde a que anule siete de las 13 licencias otorgadas, aparte de vulnerar

la normativa valenciana del suelo no urbanizable, también resalta que la superficie mínima de las parcelas es ilegal y, por tanto, no se debió dar licencia. Según las Normas Subsidarias, esa superficie mínima debe de ser de 20.000 metros cuadrados.

Tras recurrir la orden de la consejería y ante la evidencia de las investigación policial, el primer edil de L'Atzúvia se ha limitado a incoar mediante decreto cinco expedientes por infracción urbanística, ninguno de los cuales se ha llegado a resolver. El regidor también es objeto de una investigación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar por autorizar, en su calidad de presidente de la Comunidad de Regantes, agua de riego para el abastecimiento de los chalés ilegales.







* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 27/01/2008
Foto: L'Atzuvia (Valencia) - lasprovincias.es



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«Un pelotazo de los de libro»

CANARIAS7/Santa Cruz de Tenerife* : «Nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro, y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable», informaba en 2006 el Ministerio de Economía y Hacienda a la fiscal encargada del caso Las Teresitas.

La fiscal María Farnés Martínez elaboró la querella con la que se inició la investigación penal del caso Las Teresitas tomando como referencia un informe del jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda, Manuel Souto Alonso, que el 22 de noviembre de 2006, un mes antes de que se presentara la querella, advertía «Nos encontramos, a juicio del que suscribe, ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro, y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable».

En un informe de 52 páginas en el que se esboza el relato de hechos que luego plasmaría la fiscal en su querella, Souto Alonso expone que la singularidad de los plazos respecto a la concesión del préstamos a la entonces inexistente Inversiones Las Teresitas S.L. para adquirir 101 parcelas dentro del polígono, amén de las singularidades administrativas –en contra de todas las leyes que podamos aducir– en la tramitación del expediente por parte del excelentísimo Ayuntamiento, llevan a la consideración, por parte de quien suscribe, de que no cabe la menor duda de que ha habido una concertación de intereses para llevar a cabo el proyecto urbanístico al que nos estamos refiriendo».

Cajacanarias

El jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía subraya en sus conclusiones que «son llamativas las actuaciones de CajaCanarias «Y mucho más llamativas las actuaciones municipales tendentes, en los fundamental, a hurtar la competencia a aquellos funcionarios técnicos cualificados que, en el seno de la Corporación, podían hacer valer su voz a lo largo del procedimiento [alude a la arquitecto municipal Pía Oramas, que elaboró una tasación de los terrenos 30 millones por debajo de la que había hecho Tinsa y no fue escuchada].

Souto Alonso se pregunta qué beneficio obtenía el Ayuntamiento al suscribir el convenio [que le llevó a comprar las Teresitas por 52 millones de euros], y, a capitulo seguido, reflexiona: « si se trataba de adquirir los terrenos del frente de la playa, podía haberse ejecutado un simple expediente patrimonial de adquisición».

Apunta que la forma realizada, la adquisición por convenio, «disfraza los enormes beneficios que se otorgan, por medio de recalificaciones, a los particulares interesados. Además», subraya, «si todas las fincas eran de la titularidad de Inversiones Las Teresitas, ningún sentido tiene la comparecencia de los representantes de la Junta de Compensación sino para la obtención de los enormes beneficios resultantes de la recalificación».

Souto sugiere a la fiscal que siga las diligencias «en la forma que estime conveniente» y «sugiere» que cite a declarar a 20 personas. Entre estas se encuentran, además de los a la sazón querelladas, el presidente de CajaCanarias Rodolfo Núñez y el secretario de la Junta de Compensación de Las Teresitas Mauricio Hayek.

Rechazaron cuatro ofertas a buen precio

Según detalla el informe del Ministerio de Hacienda, en noviembre de 2000 el representante legal de la Junta de Compensación del Polígono Playa de Las Teresitas, Jerónimo Delgado, ofreció al menos en cuatro ocasiones a Miguel Zerolo las parcelas del frente de playa para que fueran adquiridas «por medio de compra o permuta en las condiciones más favorables para las partes», pero el alcalde rechazó todas las ofertas.






* Canarias 7 - Antonio F. de la Gándara - Las Palmas de Gran Canaria - 26 enero 2008
Foto: Tenerife, playa Las Teresitas - diariodeavisos.com


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Cómo afrontar un PAI y no morir en el intento

LEVANTE/Valencia* : La Asociación 'Abusos Urbanísticos No' recordó ayer al conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, su compromiso de "contar con los colectivos ciudadanos" para reformar las leyes urbanísticas ya que "hasta ahora, sólo se ha reunido con ayuntamientos o promotores e insiste en acelerar la aprobación de PAI pendientes". Los problemas continúan así que ahora preparan un decálogo para afrontar un PAI.

La Asociación ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN) elaborará un decálogo, en colaboración con juristas y expertos urbanistas, para informar a los propietarios afectados por un programa de actuación integrada (PAI) de cómo actuar para evitar que se atropellen sus derechos, según informó ayer su presidente, Enrique Climent. Será una actuación más de esta entidad que insiste en denunciar la "indefensión en que se encuentran los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en lo que a urbanismo y medio ambiente se refiere, a pesar de las desorbitadas declaraciones, claramente oportunistas y manipuladoras de la realidad, de los políticos valencianos en esta campaña electoralista".
Al colectivo que lucha contra los abusos urbanísticos le parecen especialmente preocupantes las declaraciones del actual conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, que ha anunciado la aprobación de 70 PAI antes de que se acabe 2008 para fomentar la construcción de VPO y reactivar la economía.
"La razón de construir VPO es estrictamente social porque persigue facilitar viviendas a economías modestas pero ahora hemos descubierto que la motivación es económica y que la intención del conseller es conseguir que los industriales del ramo no sufran demasiado. Pero nosotros creemos que la VPO tiene una función social y no debe ser una justificación", señalan Enrique Climent y Charles Sbovoda.
Ambos fueron recibidos por García Antón cuando el conseller tomó las riendas del urbanismo, en septiembre de 2007. "Nos manifestó que las circunstancias en el urbanismo valenciano no eran las mismas que en su anterior etapa al frente del urbanismo, que estaba claro que debían hacerse cambios y que para realizarlos contaba con todos los estamentos económicos, sociales y ciudadanos".
Sin embargo, en estos cinco meses las "consultas" y reuniones se han producido con "los ayuntamientos y las asociaciones de promotores, sin que los colectivos sociales y ciudadanos hayan sido incluidos en las consultas" lo que demuestra, según AUN, que se sigue con similares tics de épocas anteriores.
"Por eso, en medio de esta política de grandes fastos y endeudamiento, se debe reaccionar -reivindican-. Si USA no ha podido soportar económicamente un fenómeno idéntico al valenciano, de desarrollo urbanístico insostenible, como consecuencia de la aplicación de la ley eminent domain, que disparó la especulación inmobiliaria e hinchó el globo que les ha llevado por la vía más rápida a la recesión en que se revuelcan, ¿qué hace pensar a nuestros políticos que aquí somos más listos y estamos mejor preparados?", se preguntan los representantes de AUN.
"Nos encontramos con un un patrimonio público valenciano más comprometido por las deudas. Una ciudadanía con su patrimonio privado disminuido en su valor, y con la gravitación que supone una deuda autonómica ruinosa. Unos sectores industriales y agrícolas debilitados por falta de inversiones para su mantenimiento. Un desempleo en cifras que ya teníamos casi olvidadas. Una elite empresarial, la de la urbanización/promoción enriquecida hasta la obscenidad". Por ello, exigen una modificación racional de las leyes urbanísticos y una menor dependencia del ladrillo.







* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 26 de enero de 2008
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net


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El Gobierno reclama las competencias de urbanismo

ELPAÍS* : "Si el Estado tiene competencias sobre el agua no veo por qué no debe tener competencias en materia de urbanismo", reflexionó ayer en Valencia Marcos Vaquer, director general de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de Vivienda, "después de todo, el suelo es un recurso limitado, es el bien mueble por excelencia y ni siquiera es reciclable, como el agua".

Vaquer participó en las jornadas sobre Nueva Cultura Urbana organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, las universidades literaria y politécnica de Valencia, y varios colegios profesionales como un foro de reflexión sobre modelos sostenibles de crecimiento urbano.

Vaquer, de formación jurídica, ofreció muy interesantes reflexiones sobre la legislación en materia de urbanismo. "La propia Constitución vincula el urbanismo con el medio ambiente, pero todas las leyes de suelo españolas han puesto el foco sobre aspectos económicos y, por lo tanto, la sombra sobre el medio ambiente", comentó, "la ley de suelo impulsada por el Gobierno socialista es la única elaborada desde un paradigma medioambiental".

También destacó la notable extensión de los instrumentos de planeamiento urbanístico en toda España desde los años de la Transición hasta la actualidad, pero admitió que "no está claro si el planeamiento ha liderado la expansión urbanística o se ha limitado a levantar acta" de hechos irremediables.

Richard Florida, economista y catedrático de Política Pública de la George Mason University, aseguró a media tarde que el futuro de la Comunidad Valenciana dependerá de su capacidad para implantar una "economía creativa, basada en el talento y la innovación", una economía que tiene su primer estímulo en las ciudades.

En su primera conferencia en España, Richard Florida instó a las autoridades municipales a "fomentar la creatividad y promover y el desarrollo del talento" a través de las urbes como "ejes del desarrollo".

"El lugar donde vivimos condiciona nuestra vida", remachó. En un repaso histórico, el experto aludió a la ciudad de Pittsburg (Kansas), que tras el declive de su industria del aluminio acogió el nacimiento de firmas empresas tecnológicas como Lycos. Sin embargo, la incapacidad de las autoridades para retener el talento de los nuevos vecinos provocó la transferencia de sus trabajadores más cualificados a Boston (Massachusetts).






* ELPAIS.com - M. O. - Valencia - 26/01/2008
Foto: Urbanismo nos invade, manifestación 5M Huelva - Ecologistas en Acción


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Las promotoras inmobiliarias quieren que el Estado les ayude a alquilar los pisos sin vender

SER* : En poco más de dos meses la Sociedad Pública del Alquiler, la SPA, creada por el ministerio de vivienda, ha recibido de los promotores 6.000 viviendas recientemente construidas para que las ponga en arrendamiento, porque no encuentran comprador. De hecho, la mitad de la viviendas que llegan ahora a la Sociedad del Alquiler son casas de inmobiliarias. Son en general promotores medianos y pequeños.

Las grandes inmobiliarias, agrupadas en el llamado G-14, van más allá: quieren conseguir con el alquiler una salida para volver a recibir créditos de los bancos. Las grandes inmobiliarias de España, negocian un acuerdo con la Sociedad Pública del Alquiler. Esta les alquilaría las casas que no venden y les garantizaría así una renta con la que devolver los créditos que tienen con los bancos y cajas. Su propósito es que las instituciones financieras se sumen a este acuerdo para que vuelvan a prestar dinero a la promotoras.






* Cadena Ser - EMILIO DE LA PEÑA 24-01-2008
Foto: especulación viñeta


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Carballo: La Justicia frena los intentos de legalizar la urbanización de Peados

LAVOZ/A Coruña* : Como ocurrió con la reciente sentencia que ratifica el decreto de derribo de dos viviendas en A Pedra do Sal, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de desestimar el recurso interpuesto por Isidro Rodríguez Ponte y Rosa María Rama Novo contra las resoluciones de la Consellería de Política Territorial que ordenaban la demolición de una construcción en el monte Peados (Razo).

Las obras consistían en «muros perimetrales de una edificación de unos cien metros cuadrados adosada a muro existente» y en la «cimentación de una edificación y construcción de pista pavimentada», para las cuales, según la sentencia, no es suficiente la licencia municipal para un cierre que, al parecer, tenían los promotores.

En ambos casos, los expedientes urbanísticos se abrieron hace casi cinco años. En solo tres meses, el Concello de Carballo realizó los trámites correspondientes a cuarenta infracciones urbanísticas. Buena parte de las irregularidades se concentraban en la zona costera, y, fundamentalmente, en dos enclaves: A Pedra do Sal y el monte Peados. Pero en este caso, debido a la calificación del suelo como rústico -y además de especial protección-, las competencias en materia sancionadora recaen directamente en la Consellería de Política Territorial.

Precisamente, desde la Xunta se ordenó también en aquellas fechas la reposición de la legalidad en seis obras, cuatro de ellas en Peados y dos en A Pedra do Sal, en una de las cuales incluso se ordenó a Unión Fenosa la interrupción del suministro eléctrico dado el incumplimiento reiterado, por parte del promotor, de las órdenes de paralización dictadas por el Concello de Carballo. Algunos de aquellos expedientes llegan ahora, casi cinco años después, a su conclusión.

El recurso de casación ante el Supremo es la única salida que les queda tanto a Isidro Rodríguez y Rosa María Rama como a Manuel Facal Lorenzo, promotor de las dos viviendas de A Pedra do Sal que también tienen orden de derribo. Otros propietarios optan por ejecutar la demolición por su cuenta, ya que los decretos suelen llegar acompañados de cuantiosas multas, que se incrementan a medida que pasa el tiempo. El pasado mes de octubre, de hecho, se materializó el derribo de otra vivienda en Peados, por parte de su dueño, que también había sido denunciada a principios del 2003.





* La Voz de Galicia - 25/1/2008
Foto: Urbanización - lavozdegalicia.es


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Marbella: Todos los ediles que dieron licencias ilegales se beneficiarán del pacto con la Fiscalía

SUR* : Los ex concejales del GIL que firmaron licencias de obras ilegales comienzan a respirar tranquilos. El pacto que los letrados de los ex ediles negocian actualmente con la Fiscalía de Málaga beneficiará a todos los ex miembros de la corporación que firmaron licencias ilegales durante prácticamente todo el periodo del gilismo, en el que se produjo el saqueo de la ciudad: desde 1995, cuando se comenzaron a dar licencias al margen del planeamiento, hasta 2006, cuando se disolvió la corporación presidida por Marisol Yagüe.

El acuerdo permitirá la acumulación de las causas, de modo que en caso de que haya más de una no se sumarán las penas, al considerarse la existencia de un delito continuado. De ese modo, en ningún caso las penas serán superiores a los seis años de cárcel. El periodo que abarca el pacto incluye prácticamente toda la era GIL, ya que sólo se excluye la primera legislatura, en la que casi no hubo denuncias por delitos urbanísticos.

Un miembro de la Fiscalía y abogados de los ex ediles, entre los que se encuentra el ex alcalde Julián Muñoz, se reunieron ayer para estudiar este «acuerdo marco de conformidad», con el que se pretende, según aseguran, agilizar los casos en los que se encuentran encausados los ex concejales por conceder licencias urbanísticas en Marbella.

Excepción

Durante la mañana de ayer, un representante de la fiscalía se reunió con los abogados de todos los ex ediles del GIL imputados en algún procedimiento urbanístico por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero en la negociación quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades.

El abogado Pablo Luna se mostró satisfecho con las negociaciones y destacó la actitud de la Fiscalía por su «lealtad, profesionalidad y claridad».

El letrado destacó que la negociación se basa «en un criterio de la conformidad» que puede haber siempre entre acusación pública y defensa pero «nada fuera de la legalidad».

Luna resaltó que aunque hay un principio de acuerdo marco de conformidad, «cada caso se tendrá que personalizar», porque cada ex edil tiene una situación concreta y pidió prudencia ya que todavía sólo es «un principio de acuerdo global para todas las corporaciones desde 1995 hasta la disolución del Ayuntamiento en 2006».

Conexos

En las próximas semanas se celebrarán más reuniones para concretar la condena que tendrán que cumplir los ex concejales, aunque esa pena no será en ningún caso superior a los seis años de cárcel. Tanto la fiscalía como los abogados defensores parten de que se trata de delitos conexos que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena máxima impuesta.

El delito contra la ordenación del territorio del artículo 320 que se les imputa a los ex concejales de GIL por conceder presuntamente licencias urbanísticas ilegalmente fijan un máximo de dos años de cárcel por lo que el máximo sería seis años de prisión.

Fuentes de la fiscalía aseguraron que las negociaciones están abiertas y que sólo se pretende agilizar los procedimientos judiciales por delitos urbanísticos en relación con la concesión de licencias por economía procesal y en ningún caso habrá acumulación de procedimientos.







* SUR - 25.01.08 - H. B.
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbPatasArriba


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Tenerife: 37 millones de sobreprecio en 'Las Teresitas'

CANARIAS7/Santa Cruz* : El valor de los terrenos en primera línea de la playa de Las Teresitas en caso de expropiación no superaba los 15 millones de euros el día en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife los compró por 52 millones, según un informe pericial encargado por la fiscal Anticorrupción de Tenerife, María Farnés Martínez. Según este peritaje, la Corporación santacrucera habría pagado un sobreprecio de 37 millones de euros, 6.200 millones de pesetas.

Según los arquitectos grancanarios Vicente Fernando Hernández Santana y Alberto Núñez Arias, designados como peritos imparciales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en marzo de 2007 para determinar el valor de las 11 parcelas en primera línea de playa en Las Teresitas, «el valor de los terrenos en el supuesto de expropiación forzosa [en esta tesis se lo pidió la fiscal] con arreglo a su concreta situación urbanística y a la legislación aplicable en el momento de la compraventa entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la entidad mercantil Inversiones Las Teresitas, es de 15.245.922,83 euros para la línea de dominio público marítimo terrestre aprobada el 13 de mayo de 2001 y de 11.213.170,83 euros para el caso que se confirme y se apruebe definitivamente la delimitación provisional de la línea probable de deslinde conforme a la ley de costas de 1988».

A tenor del peritaje, aún poniéndose en la opción menos gravosa para las arcas públicas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife habría pagado por las parcelas 37 millones de euros más de lo que realmente valdrían. Si se cumplen las previsiones de deslinde conforme a la Ley de Costas de 1988, el Ayuntamiento habría abonado un sobreprecio de 41 millones de euros por Las Teresitas.

Elaborada.

La pericial fue encargada por la magistrada instructora del caso, a instancias de la fiscal, en marzo de 2007. Sus autores tardaron nueve meses en elaborar la tasación, que entregaron el pasado 31 de diciembre. El informe y la pericial, que consta de 58 folios y varios anexos, figura entre los documentos a los que tienen acceso las partes tras el levantamiento parcial del secreto de sumario, el miércoles. Los peritos cobraron 105.000 euros.

De la pericial encargada por el Tribunal Superior se desprende que la valoración en la que se apoyó el Ayuntamiento para adquirir los terrenos (elaborada por Tasaciones Inmobiliarias S.A. por encargo de Cajacanarias en 1998) no tuvo en cuenta ni las limitaciones del deslinde ni la legislación sobre Turismo vigente en la fecha en la que se llevó cabo la operación, factores ambos que disminuyen sensiblemente el valor de los terrenos.

La pericia del millón.

La valoración de los terrenos de Las Teresitas elaborada por los peritos designados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puede ser una referencia de primer orden para la resolución del caso en sus múltiples vertientes judiciales: El Supremo declaró nula la compra venta de los terrenos, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior canario ha determinado que, para ejecutar esta decisión del Alto Tribunal, hay que llevar a cabo un nuevo procedimiento de fijación de precio de las parcelas, que es lo que ahora han hecho los peritos de Bellini. El Ayuntamiento sostiene que no podía expropiar, pero otras fuentes aseguran que esta vía era lícita.







* Canarias 7 - Santa Cruz de Tenerife - A.F.G. / M.M. - 25 enero 2008
Foto: Tenerife, Las Teresitas - canarias7.es




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