Pelotazo en la Manga del Mar Menor: un campo de golf privado ocupa su mayor zona verde pública

ELCONFIDENCIAL/Murcia* : La que debería ser la mayor zona ajardinada pública de La Manga del Mar Menor perteneciente al municipio de San Javier está ocupada ilegalmente por un campo de golf desde hace casi cuatro años. Se trata de la suma de dos parcelas. Una, de 30.170 metros cuadrados destinada a “sistemas de espacios libre” (jardines públicos) en el planeamiento urbanístico; la otra de 4.175 metros cuadrados, calificada de “espacio dotacional público”. En total 34.345. Sobre ambas hay un campo de golf en funcionamiento, que se explota comercialmente desde hace al menos dos años.

El conjunto de campo de golf y la urbanización de bloques de pisos que lo flanquea es conocido como Veneziola Golf. El proyecto del campo fue tramitado en el Ayuntamiento de San Javier, que concedió licencia para destinar a “Jardín Privado” ese espacio público compuesto por las dos parcelas el 25 de agosto de 2004, sólo cinco días después de que el entonces alcalde de la localidad, José Hernández, hiciera la propuesta pertinente, el 20 de agosto de 2004.

El campo de golf con pista de pitch and putt se construyó inmediatamente y lo explota la sociedad mercantil Ladera Dos Mares del Mediterráneo, que está acabando de construir ahora, en ambos extremos del campo, y sobre parcelas urbanizables, dos conjuntos de cinco bloques de diez plantas cada uno.

La mercantil Ladera Dos Mares publicita el conjunto residencial en su página web como viviendas junto al mar con campo de golf. Según la documentación a que ha tenido acceso El Confidencial, en el Ayuntamiento de San Javier no consta fehacientemente la propiedad actual de esas dos parcelas de uso público según las normas subsidiarias sobre las que está el campo de golf privado.

San Javier no tiene Plan General Urbanístico aprobado finalmente. El anterior gobierno municipal dio luz verde en enero de 2007 a un Plan pendiente de aprobación definitiva. Pero, en el ínterin, el PP perdió la alcaldía y el control del consistorio tras las elecciones de mayo de 2007 y ahora es el PSOE, que gobierna en minoría, el que debe tomar las decisiones oportunas para elevar o no a definitiva la aprobación inicial.

Una tramitación veloz de PP y PSOE

Desde el principio hasta el final, todo lo relativo a esta tramitación fue muy deprisa, salvo lo relativo a dotar al conjunto golfístico de agua de riego propia. De hecho, el pasado dos de julio de 2007, por lo menos un año después de que el campo fuera abierto a sus clientes, un anuncio firmado por la nueva alcaldesa socialista, Josefa García Hernández, informó de que “se ha solicitado licencia para la construcción de una planta desaladora, en la urbanización Veneziola Golf”.

Ese anuncio era el corolario de un proyecto presentado el 8 de mayo de 2006 por el Administrador Solidario de Ladera Dos Mares del Mediterráneo S.A., Antonio Luis Gil Sánchez, para una “estación depuradora de aguas residuales de la Urbanización Veneziola Golf”.

La depuradora/desaladora acaba de ser terminada, coincidiendo prácticamente con el acabado de uno de los dos conjuntos de cinco bloques de pisos que flanquean el campo y cuyas aguas residuales deben abastecer a esa estación para regar los greens.

No se sabe cómo se ha venido regando hasta ahora, pero la instalación deportiva está funcionando a pleno rendimiento, en pleno corazón de la zona norte de La Manga, la que corresponde a San Javier, desde hace dos años.








* El Confidencial - Vidal Coy, 14/01/2008
Foto: La Manga del Mar Menor (Murcia), vista - elconfidencial.com



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El edificio que promovió el alcalde de Navajas tiene tres plantas más de las permitidas

LEVANTE/Castelló* : El edificio impulsado en Navajas por la promotora del alcalde, José Vicente Torres, sobrepasa el número de plantas que permiten las Normas Subsidiarias del municipio. Esta es la conclusión de un informe visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castelló que se ha incorporado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe, donde se desarrolla un proceso penal contra el alcalde por presunta prevaricación, por avalar en su día la licencia de obras de su propia promotora, Villas de Navajas SL, que impulsa desde hace dos años un bloque de pisos en la calle Vicente Mortes.

El informe, facilitado por el abogado del denunciante, José Domínguez, está fechado el 21 de febrero de 2007, si bien no ha sido hasta hace un mes cuando se ha dado traslado del mismo a la acusación desde el juzgado. En concreto, el Colegio de Arquitectos facilita datos sobre el visado del proyecto básico del inmueble promovido por Villas de Navajas SL y, como conclusión, subraya que "el edificio proyectado sobrepasa el número de plantas indicado en el plano de altura de la edificación del proyecto de Revisión de las Normas Subsidiarias de Navajas".
Este informe fue remitido el pasado mes de octubre, para su conocimiento, al alcalde de Navajas y al jefe del servicio territorial de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Territorio. En ambos casos el Colegio, en su escrito, destaca que ya se ha advertido a los arquitectos y al promotor -Villas de Navajas- de que "en la fachada opuesta a la calle Vicente Mortesel edificio que se proyecta sobrepasa el número máximo de plantas". En concreto, se subraya que en esta cara del edificio la altura máxima "debería ser de planta baja y dos plantas, cuando la realidad es que cuenta con planta baja más cinco alturas".

El conflicto parte de la denuncia del vecino colindante a la obra, José Domínguez. Al margen de denunciar la inexistencia de un informe geotécnico, sobre todo al levantarse el inmueble sobre una conocida gruta del municipio, el vecino considera que estamos ante un proceso urbanístico marcado por la presunta falta de licencias e incluso acuerdos municipales "viciados de nulidad radical".
Uno de los puntos más polémicos de la investigación judicial, en la que ya han declarado el alcalde -que es vicepresidente de la Fundación Bancaja- y su socio en la promotora -Agustín Villanueva, hijo del presidente de la sección inmobiliaria de Bancaja (CISA)- se refiere al papel que ha desempeñado el primer edil en este proyecto.

Comisión de Urbanismo

Por un lado, el denunciante ha confirmado que José Vicente Torres "es propietario y socio de la empresa que promueve el edificio". Por ello, al ser interesado en la obra, los denunciantes recalcan que el alcalde debió abstenerse en la comisión de Urbanismo que, con fecha 19 de octubre de 2004, otorgó a Villas de Navajas SL la licencia de construcción, aspecto éste que está siendo comprobado por el juez.
Por ello, en el caso de que se confirme que José Vicente Torres participó en la citada comisión de Urbanismo y votó, según el denunciante, "el acuerdo estaría viciado de nulidad radical y, además, estaríamos ante un presunto delito de prevaricación por intervención dolosa del alcalde".







* Levante-EMV - Emilio Regalado, Castelló - 13 de enero de 2008
Foto: Una de las fachadas del edificio denunciado/ rosa piquer, levante-emv.com



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Guateque: "Les pedí un 'kilito' para repartir: 2.500 para cada uno y un regalo"

ELPAÍS/Madrid* : A tan sólo cinco meses de su jubilación, Victoriano Ceballos, funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha sido arrestado por agentes de la Guardia Civil. La detención se produjo el pasado 14 de noviembre, cuando se iniciaron las actuaciones del caso Guateque. Fue acusado de presuntos delitos de prevaricación y cohecho por cobrar dinero a cambio de agilizar licencias de locales de ocio.

Ceballos ha visto cómo se desmoronaba la supuesta red de corrupción que presuntamente encabezaba. Todo comenzó con la demanda de un empresario que, en agosto de 2006, denunció presiones para que entregara dinero a cambio de acelerar la tramitación de la licencia de un bar de su propiedad.

Durante cinco meses, la Guardia Civil realizó escuchas a varios teléfonos, en los que aparecen numerosas conversaciones de funcionarios y conseguidores y donde se relaciona a Ceballos con el cobro de dinero a cambio de sacar adelante licencias.

En una de las conversaciones extraídas del sumario, Antonio Sanz Escribano, directivo de la empresa de ingeniería AB Sanz Escribano, y encarcelado por el juez Torres, habla con Ceballos sobre la licencia del teatro Martín, en la calle de Santa Brígida, de cuya tramitación se encarga la empresa Viagral. Según consta en el sumario, Sanz Escribano recibe otra llamada justo después de conversar con Ceballos. Esta vez es Vicente de Gregorio Alcalde, propietario de Viagral, vuelven a hablar de la licencia del teatro Martín, construido en 1870 por el arquitecto Manuel Felipe Quintana a instancia del empresario de la escena Casimiro Martín. "Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos", comentan ambos empresarios.

En otra de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil Eduardo Giménez López, propietario del pub Jaleo llama a Ceballos para repartirse 6.000 euros (un millón de pesetas) por la licencia del pub, situado en la calle de Orense.

Eduardo Giménez. Oye, qué bueno. Ya sabes que les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 euros cada uno, porque los otros 1.000 euros son para hacerle un regalito a la chica que está en la junta de distrito.

Victoriano Ceballos. Muy bien.

E. G. ¿Te parece correcto?

V. C. ¡¡Correcto!!

De los 187 expedientes de concesión de licencias que investiga la Guardia Civil y el juez Santiago Torres, 26 han sido tramitados por Ceballos en tiempo récord. El supuesto cabecilla de la trama despachó los expedientes de licencia en menos de un mes, cuando el tiempo medio de tramitación es de un año y medio.

Conforme avanza la investigación judicial del caso Guateque, instruida por el juez Santiago Torres, el funcionario del área de Medio Ambiente Victoriano Ceballos se va erigiendo como el cabecilla de la trama de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid. El proceso, cuyas actuaciones se iniciaron el pasado 14 de noviembre, acumula al menos 17 funcionarios imputados y 10 personas encarceladas.

En una de las conversaciones grabadas por agentes de la Guardia Civil en junio del año pasado y que figuran en el sumario, abierto parcialmente por el juez Torres la semana pasada, un arquitecto identificado como Jesús García, contratado por Viagral, llama por teléfono al directivo de la empresa de ingeniería AC 93 Sanz Escribano y le dice que los propietarios del teatro Martín han llamado a Óscar Acero, funcionario de la Gerencia de Urbanismo, para interesarse por la licencia del teatro Martín. Sanz Escribano, que ingresó en prisión el jueves pasado, le responde que Ceballos lo está arreglando con la abogada.

Jesús García. Me llaman los de Gerencia y me dicen que están llamando la propiedad de Santa Brígida para que te pregunte cómo van los trámites.

Antonio Sanz Escribano. ¿Y cómo es que no me llama a mí la propiedad?

J. G. ¿Cómo?

A. S. E. Por qué no me llama a mí la propiedad.

J. G. Pues no lo sé. Pregúntale a tu amigo Antonio que cómo va la situación. Yo creo que bien, no hay ningún problema en ese sentido, pero...

A. S. E. Estaba Victoriano Ceballos viendo con la jefe de..., con la abogada, la forma de decir que sí ahora.

J. G. Pero tú lo tienes controlado, ¿sigues controlándolo?

A. S. E. Sí, yo sigo controlándolo.

El propio Jesús García reconoce durante el interrogatorio de la Guardía Civil que "Ceballos se deja querer", en relación a "que admite dádivas por hacer favores como funcionario". A tenor de todas estas conversaciones y las pruebas inculpatorias contra Ceballos, el juez Torres determinó su ingreso en prisión el pasado mes de noviembre, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Ceballos encabezaba presuntamente una trama en la que también participaban su superior en la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, también en prisión, y su compañera Carmen Eulalia Ibáñez. Esta última ha sido puesta en libertad bajo fianza a principios de enero tras declarar ante el magistrado. Lo que sí confirma el juez en un auto judicial es la existencia de "una trama de funcionarios dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero".

Un informe elaborado por los agentes de la Guardia Civil que investigan la Operación Guateque revela que la red de corrupción ha sido posible por la falta de controles del Ayuntamiento.


"Las licencias están paralizadas"

La segunda parte del caso Guateque se juega en clave política. La oposición insiste en que el Ayuntamiento constituya cuanto antes una comisión para investigar el caso, pero el gobierno municipal, del PP, no parece dispuesto a hacerlo hasta que el secreto de sumario esté abierto completamente. La semana pasada el juez Santiago Torres levantó parcialmente el secreto de sumario. Hizo público 8 de los 10 volúmenes del proceso, los que tienen que ver con su primera actuación del pasado 14 de noviembre.

"El gobierno municipal está entendiendo el caso Guateque como una manera electoralista porque no quieren que la comisión se ponga en marcha para no manchar la figura del alcalde", afirmó el edil socialista responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento, Pedro Sánchez. Sánchez explicó que la comisión de investigación servirá para "conocer los fallos de control, calibrar si la ordenanza de licencias es o no efectiva, a nuestro entender no, y hacer conclusiones para mejorar su funcionamiento".

La batalla política está servida y más a pocos meses de las elecciones. El Grupo Municipal Socialista ha fijado su estrategia en responsabilizar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de la falta de controles. Éste, por su parte, señala que la trama viene de lejos.

El concejal socialista adelantó ayer que solicitará en las comisiones de Medio Ambiente y de Urbanismo información sobre el número de licencias concedidas por parte de estas áreas municipales desde que comenzaron las detenciones en el marco de la Operación Guateque.

"Por la información que nos llega entendemos que existe una más que probable paralización en el otorgamiento de esas licencias", señaló Sánchez. El concejal socialista añadió que existe "bastante inseguridad" entre los trabajadores del Ayuntamiento desde que el gobierno municipal "señaló como principales responsables de la trama a los funcionarios".








* ELPAIS.com - J. A. H. / J. S. G. - Madrid - 14/01/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org



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V de Vivienda Leganés comienza la campaña por el Referéndum y las Asambleas Populares sobre el nuevo plan de Urbanismo

LAREPÚBLICA/Madrid* : El Sábado 5 de Enero, durante toda la mañana, miembros de dicha asamblea iniciaron esta campaña mediante la colocación de mesas informativas, reparto de panfletos y, lo más importante, recogida de firmas de apoyo a la propuesta de la Asamblea. Desde las 11 de la mañana, y hasta las 15 horas de la tarde, se mantuvo el puesto de información y recogida de firmas por el que fueron pasando los vecinos, algunos convocados por la difusión previa del acto, y otros que se detenían a recibir información de la propuesta y apoyarla con su firma.

Miembros de la asamblea valoraron muy positivamente el inicio de esta campaña, de la que dicen “V de Vivienda considera que la más profunda democracia participativa es la mejor garantía de que el PGOU no se convierta en terreno de disputas mezquinas que amparen intereses especulativos de unos y otros. Leganés es de todas y todos sus ciudadanos, y todos deben discutir en profundidad su futuro. Ello se asegura de manera práctica haciendo que sea el conjunto de la ciudadanía quien tenga la capacidad de iniciativa, debate y decisión final sobre el Plan General”

También dicen en el manifiesto que se leyó que “la experiencia ha demostrado hasta la saciedad en nuestro país que dejar la elaboración del urbanismo de nuestras ciudades en exclusiva a los representantes institucionales no garantiza en absoluto que no se vaya a ceder a los intereses privados de los grandes grupos inmobiliarios, en contra del interés general, que es el que siempre se dice defender. La corrupción tiene su mejor caldo de cultivo en la reducción de la democracia, la opacidad y la pasividad de la ciudadanía”

Durante el transcurso del acto público, se produjo una anécdota muy curiosa. El alcalde de la localidad, Rafael Montoya, pasó con uno de sus guardaespaldas junto al puesto en el que estaban recogiendo firmas los miembros de la asamblea y se detuvo para tener, durante un buen rato, un debate a pie de calle que fue recogido por los micrófonos de un compañero de prensa que se encontraba entrevistando a estos.

http://www.ecoleganes.org/spip.php?article3040

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) será abordado, propuesto y aprobado por el ayuntamiento en esta legislatura, y ahora el tema central es ver si será realizado de manera verdaderamente democrática, en asambleas populares por barrios, como propone esta asamblea, y ratificado con un referéndum, o si los partidos en el poder en el ayuntamiento aplicarán el rodillo electoral para imponer a los vecinos un plan desarrollado para ellos pero sin ellos. En definitiva, “todo para el pueblo” pero… ¿con o sin el pueblo?.


Más información:
AsambleaLeganes@gmail.com





* La República - Miércoles, 9 de enero 2008
Foto: vdevivienda-leganes - pancarta



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Una pareja de policías locales de inspección urbanística se construye un chalé ilegal

TERRA/Córdoba* : El sueño de edificarse un chalé en suelo rústico a las afueras de Córdoba no es exclusivo de los ciudadanos de a pie que, por desinformación o empujados por la picaresca, deciden hacer caso omiso a la ley. El fenómeno de las parcelaciones ilegales tiene raíces tan profundas en la capital y tentáculos tan extendidos, espoleado por una cierta tolerancia pública y el encarecimiento de los pisos por la burbuja inmobiliaria, que incluso aquellos que trabajan para atajarlo sucumben a él.

Esto es lo que le ha sucedido a dos agentes de la Línea Verde, el servicio encargado de las denuncias en materia de infracción urbanística de la Policía Local de Córdoba, quienes se han construido ilegalmente una casa unifamiliar aislada de dos plantas, con porche y garaje, en la finca de Torreblanca. Dicha parcelación se encuentra aún en fase de desarrollo urbanístico y, por tanto, está terminantemente prohibido poner un ladrillo, aunque en el futuro, toda vez que se complete el proceso, se pueda edificar.

Este obstáculo legal no impidió que la pareja de agentes edificara su vivienda y que lo hiciera sin solicitar la preceptiva licencia de obras a la Gerencia Municipal de Urbanismo, a sabiendas de que nunca se la hubiesen concedido porque se trata de un terreno donde no se puede levantar ni un simple muro de hormigón hasta que los trámites del proyecto de parcelación y urbanización lleguen a su término.

Control de las obras ilegales

Se da la paradoja de que ambos están muy familiarizados con el problema de las parcelaciones ilegales. Lo conocen de primera mano. Es más, trabajan para frenarlo. Su labor en la Jefatura Local de Seguridad consiste precisamente en dar parte de las edificaciones que se llevan a cabo sin licencia en la ciudad y tramitar las denuncias, que son comunicadas al servicio de Inspección Urbanística de la Gerencia.

En concreto, uno de estos dos agentes, uno de los titulares de la parcela en Torreblanca, forma parte de la Línea Verde que patrulla zonas de la periferia.

Su nombre, firma y la referencia que lo identifica como agente municipal consta en multitud de expedientes de infracción urbanística que ha abierto en los últimos años, localizados principalmente en la zona protegida de la Sierra, y que han culminado luego en cuantiosas sanciones a propietarios.

Sin embargo, esa firmeza y escrupulosidad que, como miembro del equipo de inspección policial, está obligado a ejercer con las irregularidades ajenas no se ha aplicado en contra suya.

En la Gerencia de Urbanismo 'no hay constancia de expediente por infracción urbanística a nombre de estas dos personas [en alusión a ambos agentes] por realizar obras sin licencia en el citado emplazamiento', expone el informe solicitado por este periodista al Servicio del Inspección Urbanística de la Oficina de Disciplina de Obras de la Gerencia, firmado por el jefe de este departamento y sellado el pasado 21 de diciembre. No consta tampoco que con posterioridad a esta fecha se haya impuesto ninguna multa por dicha obra ilegal, según ha podido corroborar este diario.

Cerca de la Carrera del Caballo

La vivienda en cuestión se encuadra dentro del plan parcial de Torreblanca, en una zona limítrofe con el Paraíso del Arenal, la urbanización de casas adosadas que el empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez promovió en la zona denominada Carrera del Caballo.

El Registro de la Propiedad, que en efecto da cuenta de la escritura autorizada por un notario el 30 de diciembre de 1997, describe su emplazamiento como tierras de secano, encinar y pastos, procedente de la finca que da nombre a toda la urbanización. Ocupa una superficie total de 5.200 metros cuadrados, repartidos entre varios propietarios. Los dos agentes citados son titulares del 22 por ciento.







* Terra Actualidad - VMT - 13/01/08
Foto: Córdoba, urb. Torreblanca - R.Alcaide, abc.es




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Detienen al promotor de chalés de lujo ilegales de l´Atzúvia por un presunto delito urbanístico

LEVANTE/Alacant* : La brigada especializada en delitos urbanísticos de la Guardia Civil de Alacant detuvo esta misma semana al constructor alemán, Klaus Dieter May, y a su esposa en su casa de l'Atzúvia por un presunto delito urbanístico. Sobre los ciudadanos recaen varias denuncias por presuntas irregularidades cometidas en suelo no urbanizable.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana aseguraron que al menos el promotor pasó ayer a disposición judicial en el juzgado número 7 de Dénia y fue puesto en libertad provisional sin fianza con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes para firmar. Se han abierto diligencias secretas, que está llevando a cabo el juzgado número 1 de Dénia, según el TSJ.

Según ha podido saber este diario, los agentes de la Guardia Civil acudieron a la vivienda de Klaus Dieter May y su esposa a principios de semana y detuvieron a los ciudadanos ante la atenta mirada de los vecinos. Sin embargo, tras pasar a disposición judicial, ayer los acusados se dejaron ver de nuevo por l'Atzúvia.

El promotor alemán ha estado ligado a la proliferación en l'Atzúvia de viviendas de gran extensión sobre suelo no urbanizable y en parcelas inferiores a 10.000 metros cuadrados. Unos hechos que han sido denunciados reiteradamente por la asociación ecologista Gelibre, Agró y el grupo municipal del Bloc, quienes han acusado al alcalde, el popular Manuel Reig, de permitir las supuestas irregularidades cometidas por el conocido constructor.

Advertencias administrativas

Fue en mayo de 2007 cuando la Conselleria de Territorio, tras recibir una denuncia administrativa de Agró, instó al consistorio a anular licencias concedidas en el plazo de un mes. La secretaria autonómica, Cristina Serrano, advertía al Ayuntamiento de l'Atzúvia de más de una docena de licencias concedidas de manera irregular para la edificación de construcciones de aperos y labranza -que no pueden superar los 32 m2 de superficie- y que han sido utilizadas para levantar valiosas edificaciones que sobrepasan con creces la volumetría permitida. Las viviendas son extraordinariamente lujosas, con piscina y pistas de tenis algunas de ellas. De hecho, existen edificaciones valoradas en tres millones de euros. Viviendas que se han construido en suelo no urbanizable y en plena montaña.

Sin embargo, el ayuntamiento alegó contra la resolución de la conselleria y fue la administración autonómica la que alertó de que podía incluso impugnar las licencias y ordenar el derribo de las casas para restablecer así la legalidad urbanística.

Futuro PGOU

Mientras se resuelven las alegaciones, el gobierno del PP de l'Atzúvia ha decidido comenzar los trámites para elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Para Gelibre, asociación ecologista local, no se trata más que de una manera de "solventar las ilegalidades urbanísticas permitidas desde hace años por el consistorio".








* Levante-EMV - M. J. Mascarell, L'Atzúvia - 12 de enero de 2008
Foto: Una de las viviendas construidas por el promotor en suelo no urbanizable de l'Atzúvia /levante de alacant



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Gran Scala, un proyecto a debate

JAIME MINGUIJÓN* : Uno de los aspectos que más me ha sorprendido en relación al proyecto empresarial de Gran Scala es la fuerza con la que se ha introducido en el debate cotidiano, en las conversaciones en el trabajo, entre amigos, con la familia. Y en esos casos, ya va siendo habitual que, tarde o temprano, alguno de los contertulios te asalte con la pregunta: "¿pero, tú, estás a favor o en contra?" He de reconocer que, hasta el momento, mi respuesta ha sido siempre la misma: "pues, según cómo". Y es que, a día de hoy, lo único que sabemos es que se trata de un proyecto que si algún calificativo merece es el de desbordante.

Los datos sobre capital a invertir, trabajadores a emplear, superficie a urbanizar, casinos, centros de ocio, hoteles a construir, etc. hacen muy difícil que cualquier ciudadano medio (entre los cuales me ubico) se pueda ni siquiera hacer una idea de la magnitud de la empresa a la que nos enfrentamos. Una única iniciativa que excede sobremanera cualquier otra que haya podido haber nunca en Aragón.

Hasta el momento, el proyecto ha sido gestionado de forma discreta por nuestros gobernantes y, según nos dicen, en ello ha residido en gran medida el acierto de que al final, sus impulsores, se hayan decidido por realizar la inversión en nuestra Comunidad. Sin embargo, esa discreción, que a lo mejor era necesaria, incluso imprescindible, ha conllevado una serie de efectos perversos que no pueden dejarse de lado. Quizás el más trascendente de ellos es que se están articulando en la sociedad una serie de respuestas, tanto a favor como en contra del proyecto, que cada vez están alcanzado mayor fuerza y vigor. Estas respuestas, en general, pueden calificarse como precipitadas, pues no disponemos de la información suficiente para poder armar un argumento y un juicio definitivo sobre lo que será y representará Gran Scala en nuestra Comunidad. Y es que nos faltan datos y, mientras no se complete la información, es muy difícil desmarcarse de la respuesta lacónica y tibia que representa el "pues, según" y tomar partido por una u otra opción.

Pero los ciudadanos tenemos derecho a poder tomar partido y expresar nuestra opinión en torno a un asunto que parece tendrá gran trascendencia para nuestro propio futuro. Por lo tanto, antes de tomar una decisión política definitiva respecto al proyecto de Gran Scala, es preciso que se nos proporcione la información suficiente para que nos podamos formar un juicio de valor en torno al mismo. Este aspecto es un requisito imprescindible de cualquier proceso democrático de participación.

Sin embargo, una vez esté a disposición pública esa información de forma accesible y asimilable para la mayoría, no estará solucionado el problema, pues será el momento de abrir un debate ciudadano en torno a la cuestión, debate que tendrá una dimensión formal, a través de los medios que establezcan nuestros representantes políticos, pero que sin duda tendrá una dimensión informal, como se está pudiendo comprobar ya en las interacciones y conversaciones en las que tomamos parte. Y en ese momento deberán establecerse unos patrones claros y compartidos acerca de los elementos que habrán de ser tomados en consideración para ayudar a formar un juicio sobre el proyecto. Aunque todas las opiniones son válidas, las decisiones colectivas, los procesos de consenso, no deben ampararse exclusivamente en un acuerdo entre facciones que representan intereses contrapuestos. Ni tampoco se pueden dejar llevar por el miedo al cambio o por previsiones de todo tipo (catastrofistas y triunfalistas) que se vierten de forma demagógica. Sin olvidar los intereses particulares presentes en el debate, el criterio que más fuerza debe alcanzar en este proceso de toma de decisión es el bien común y el interés colectivo.

Pero definir el bien común tampoco es una tarea sencilla. Defender que lo que decidan las Cortes de Aragón representa, per sé, el interés general, no deja de ser una táctica peligrosa, pues significa hurtar del debate público un tema totalmente novedoso, de gran trascendencia, que nos implica a todos y que, recordemos, no ha sido objeto de confrontación ni sometido a valoración en ninguna consulta popular, pues se lanzó a la arena pública justo después de las elecciones autonómicas de mayo pasado. Por lo tanto, nuestros representantes tienen la obligación, más que en ningún otro caso, de abrir ese debate público y de establecer los criterios compartidos que deben formar parte de ese horizonte que representa el bien común.

Bien común que en la era de la globalización ha ensanchado extraordinariamente sus límites, pues ahora sabemos que cualquier acción, y especialmente una de tanta envergadura, se dé donde se dé, tiene efectos que se extienden más allá de los territorios aledaños y de las generaciones actuales. Por lo tanto, hay un criterio prioritario que debe tomarse en consideración por todos los participantes en el debate sobre el proyecto de Gran Scala desde la perspectiva del bien común: la sostenibilidad. La sostenibilidad no nos habla exclusivamente de la adopción de posturas sensibles hacia el medio ambiente, sino que abarca igualmente a las dimensiones económica y social. Un proyecto sostenible es aquel que, garantizando la pervivencia de las generaciones actuales, no hipoteca la de las generaciones futuras. Y precisamente, en esa tensión es donde nos vemos en la obligación de encontrar un difícil equilibrio, que en ningún caso puede primar "exclusivamente" uno de los polos. Por otra parte, Gran Scala tendrá una incidencia que sin duda sobrepasará los límites de los municipios donde se instale, por lo que el debate y la información debería ampliarse en círculos concéntricos, partiendo del lugar privilegiado que deben tener los territorios y personas directamente afectados, pero extendiéndose en momentos posteriores al conjunto la comarca, de la provincia, de la Comunidad Autónoma, etc.




* Sociólogo





* El Periódico de Aragón - Opinión - 13/01/2008




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El juez imputa a Roca, Muñoz y Yagüe en una pieza separada por operaciones de urbanismo

YAHOO/Marbella* : El juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) investiga dos operaciones urbanísticas en una pieza separada del "Caso Malaya", en la que han sido imputados, entre otros, el ex asesor del Ayuntamiento Juan Antonio Roca y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe. El instructor, Óscar Pérez, ha abierto un procedimiento aparte de la causa en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario de Roca con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".

El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la primera de las operaciones, además de a Roca, Arteche y Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el "Caso Malaya"-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora.

En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela "Francisco Norte", tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez no accede a la propuesta policial de proceder a la detención de Arteche y solicita al Ayuntamiento que informe sobre los expedientes urbanísticos de ambas fincas, y ordena que se practiquen distintas pruebas periciales.

El magistrado señala que en la operación "Ave María" el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.

El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en "Ave María", así como casi 900 en "Los Verdiales", fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones de euros.

Un mes después Madevallía vendió los aprovechamientos urbanísticos de "Ave María" a Obarinsa S.L., propiedad de Arteche, por más de 1,8 millones de euros.

El auto judicial señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.

Establece además que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico se refleja un pago por un importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos".

El magistrado apunta que, teniendo en cuenta el PGOU de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.

Dicha actuación, según Pérez, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".

Subraya además que en la hipótesis que se manejaba en el convenio de la aplicación de la revisión del PGOU de 1998 el valor de los aprovechamientos que permutaba el consistorio ascendía a casi cinco millones de euros, mientras que fueron adquiridos por Arteche por 1,8 millones de euros, "lo que muestra indicios de fraude".







* Yahoo Noticias - EFE - Marbella (Málaga), 13 ene 2008
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es



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Arona: El juez acusa al alcalde y a siete ediles de cohecho, tráfico de influencias y extorsión

ELDÍA/Tenerife* : A los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio añadió los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión a raíz de la declaración testifical del empresario José Ramón Ansorena, que motivó las detenciones de un empresario y del arquitecto municipal.

El testimonio del empresario José Ramón Ansorena Cabrera, como representante de la entidad Proguito S.L., motivó no sólo las detenciones y posterior prisión del arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa, y del empresario Arsenio Zamora, sino que supuso la ampliación de las imputaciones al alcalde, José Alberto González, y a los siete concejales que formaban con él la junta de gobierno local durante el mandato anterior.

Hasta el pasado 18 de diciembre, fecha en que compareció Ansorena ante Nelson Díaz Frías, magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, tanto el alcalde como los concejales Félix Sierra, Alfonso Barroso, José Luis González, Juan José Alayón, Manuel Barrios, Sebastián Martín y Daniel Martín estaban imputados por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio. Sin embargo, el juez emitió un auto al día siguiente en la que explicaba que a tales supuestos "habría que añadir (...) los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión".

En el auto citado, en el que también procede a "declarar totalmente el secreto de las actuaciones", que estará vigente hasta el próximo día 19, el juez tiene en cuenta la declaración del representante de Proguito S.L., "así como los elementos probatorios aportados por el referido", para adoptar esta medida. De hecho, especifica que en los presumiblemente nuevos delitos incorporados a la causa "presuntamente estarían implicados, según dicha declaración testifical, varios funcionarios públicos del Ayuntamiento de Arona, aludiendo dicho testigo (José Ramón Ansorena) directamente a un concejal ya imputado", además de al detenido Arsenio Zamora.

Según otras fuentes consultadas por EL DÍA, efectivos de la Policía Judicial acudieron a la casa consistorial aronera el viernes pasado para recabar la documentación necesaria obrante en las dependencias municipales con las que constatar aspectos de lo declarado ante el juez por el empresario Ansorena Cabrera.

Se ampliará en breve

Por otra parte, el abogado de una de las partes personada en la querella, Felipe Campos, confirmó ayer a este periódico que "estoy ultimando los detalles" para proceder a la ampliación de dicha denuncia a los actos de dicho órgano municipal posteriores a la fecha (mediados de febrero de 2007) en que la Fiscalía Anticorrupción interpuso tal querella contra la Junta de Gobierno Local anterior. El motivo es que percibe una supuesta reiteración del comportamiento que dio lugar a la denuncia en el transcurso de los últimos meses del mandato que concluyó con las elecciones celebradas el 27 de mayo pasado.

Felipe Campos no especificó la cantidad de acuerdos adoptados en ese periodo por la Junta de Gobierno Local, pero sí apuntó que el mismo órgano ya ha tomado decisiones similares, supuestamente, en el mandato actual, incluyendo la concesión de una licencia vinculada a un ex concejal del equipo gobernante anterior.

El gobierno municipal de Arona durante el periodo 2003-2007 lo formaban CC, CAN y PP, mientras que el presente está integrado sólo por ediles de Coalición Canaria, que obtuvo la mayoría absoluta hace siete meses.








* El Día - MEDINA, Arona - 11 DE ENERO DE 2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com




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Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

LEVANTE/Valencia* : La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que "los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad".
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo "la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas".

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde "no ha existido ningún tipo de publicidad", apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, "los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación". En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.

La Comisión Europea incide además en otro detalle, "el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como", tal como lo denunció en su momento el PSPV. "Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa".
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce "sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública" y "perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación".

Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba "disolver estas sociedades mercantiles" porque en algunos casos había quedado "sin contenido el objeto social de las empresas constituidas".
Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.








* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 13 de enero de 2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org



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Caso de corrupción "Guateque" salpica al Ayuntamiento de Madrid



YouTube - 28 de diciembre de 2007



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El mapa de la crisis

ELCONFIDENCIAL* : La crisis inmobiliaria y crediticia ya está golpeando con fuerza a España. Y donde se va a sentir con mayor crudeza es en la costa mediterránea -Andalucía, Murcia y, en menor medida, la Comunidad Valenciana-, según un mapa caliente de la crisis que ha elaborado Citigroup. Por eso, las entidades financieras con mayor riesgo son las que tienen mayor exposición a estas zonas, en especial las cajas de ahorros regionales. Algo que preocupa mucho al Banco de España, que va a lanzar inspecciones masivas referidas al riesgo inmobiliario y al Gobierno, que pretende evitar la quiebra de alguna gran inmobiliaria.

En un detallado estudio titulado gráficamente The Pain in Spain (El dolor en España), Citigroup identifica a siete cajas como las más vulnerables en el entorno actual: todas las andaluzas -San Fernando, Granada, Cajasur, Cajasol, Unicaja y Jaén- más Caja Murcia. Dentro de los bancos, el que peor lo tiene es el Banco de Valencia y, dentro de los grandes, el Popular, a juicio de este análisis.

A su juicio, todo el sistema financiero español tiene una exposición parecida al mercado inmobiliario y a los créditos hipotecarios. Por eso, considera que el factor diferencial es su presencia geográfica. Así, determina el perfil de riesgo de cada comunidad autónoma en función de de 18 criterios referidos al mercado inmobiliario, al crediticio, a la riqueza, a la inmigración, al mercado laboral y al tejido empresarial de cada región. En función del grado de exposición de cada banco o caja a cada comunidad, calcula el riesgo de su cartera de créditos: cuanto mayor es la presencia de una entidad a una comunidad de "alto riesgo", mayor es el peligro para su activo.

La conclusión del estudio es que las zonas que más van a sufrir en la crisis son el sur de la costa mediterránea, es decir, Murcia y Andalucía. Le siguen la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y La Rioja. En el otro extremo, las regiones con menor riesgo son Madrid, País Vasco y Navarra (ver el mapa adjunto).

"Las cajas sufrirán el grueso del dolor"

Se da la circunstancia de que las cajas tienen una cuota de mercado -sobre todo en hipotecas nuevas- mayor que la media nacional en las zonas con más peligro; en especial, en La Rioja (70% de cuota), Murcia y Castilla-La Mancha (64%) y Valencia (58%). De ahí que las entidades más concentradas en esos mercados regionales afronten los mayores problemas potenciales en sus carteras de créditos. Asimismo, la generalidad de las cajas andaluzas -con muy poca diversificación fuera de su comunidad, según Citigroup- presentan un perfil de riesgo "alto".

Con perfil "medio-alto" aparecen las cajas de Onteniente, La Rioja y la CAM, mientras que el riesgo es "medio", siempre según Citigroup, para Bancaja, Ibercaja, General de Canarias, Asturias, Baleares, CAI, Cantabria, Canarias, Extremadura, Badajoz, Guadalajara y Pollença. En el otro extremo, las entidades más a salvo de la crisis son Caja Navarra y Caja Vital.

Respecto a la banca, ninguna entidad tiene un nivel de riesgo tan alto como estas cajas. La que más se acerca es el Banco de Valencia, con el 73% de sus créditos en su comunidad y en Murcia. Le siguen Banca March, Espirito Santo y Pueyo. Entre los medianos y grandes, el que tiene mayor exposición a las zonas problemáticas es Popular, seguido por Banesto, BBVA, Santander y Bankinter. Por el contrario, los más protegidos son Sabadell, Pastor y, a la cabeza del ranking, Guipuzcoano. Algo que puede sorprender a la vista de los esfuerzos de sus accionistas por vender el banco.

El banco norteamericano coincide con otros expertos (como Merrill Lynch) en las causas de la crisis: el debilitamiento de la economía, el estallido de la burbuja inmobiliaria con caídas de precios, unos mercados de capitales ilíquidos en un momento en que la banca española está fuertemente endeudada y el esperado mayor deterioro del entorno de crédito.







* El Confidencial - Eduardo Segovia.- 11/01/2008
Foto: cotizalia.com



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Las vicisitudes del POTAUS

JORGE BENAVIDES SOLÍS* : Hace un cuarto de siglo (13 de junio de 1984), oficialmente la Junta de Andalucía, ante los evidentes problemas que se estaban haciendo patentes, reconoció la necesidad de "formular directrices de Planeamiento Urbanístico para el Área Metropolitana de Sevilla" y como consecuencia de ello, cinco años después, publicó el avance de las "Directrices para la Coordinación Urbanística". Tardó 5 años más para ordenar que la Consejería de Obras Públicas redactara y terminara en el plazo de un año, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS 1994). Dos años necesitó para hacer el diagnóstico pero, en lugar de terminar su redacción, sólo se decidió a publicar los "documentos de objetivos del POTAUS 2000". Habían pasado 16 años. ¡Cuántos desmanes se habrían evitado!


Mientras tanto, el proceso de deterioro del territorio metropolitano avanzaba de manera acelerada e irreversible. La construcción sin control de miles de monótonos contenedores de ladrillo, dispersos en un territorio de olivares, vid y naranjos marcaba una nueva forma de ocupar el suelo pero, sobre todo, la inauguración de la primera tienda de IKEA en Andalucía, se convirtió en un nuevo hito efecto de la globalización, que exigía a la Junta, terminar el POTAUS. Durante el 21 de enero 2004, los coches atascados necesitaron más de una hora para recorrer tres kilómetros y llegar a dicha tienda. Existen centros comerciales similares en 33 países.

Para este acontecimiento, no se habían preparado ni las vías ni los accesos ni los aparcamientos. La alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, pequeño término municipal sin patrimonio natural porque su suelo está completamente asfaltado, en lugar de compartir responsabilidades con las empresas, prometió resolver todos los problemas presentes y futuros, como siempre, con dinero público para asegurar, dijo, los puestos de trabajo y el desarrollo. La realidad se ha encargado de contradecirle: pese a la inversión inmobiliaria, según el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), existen 866 mujeres y 432 hombres en paro en Castilleja, la carencia de equipamientos es notable y la calidad de vida ha disminuido.

Los nuevos problemas que soportaba Castilleja, también se estaban incubando y reproduciendo de forma similar, pero con mayor magnitud y variedad, en los demás municipios del área metropolitana de Sevilla. La finalización de la redacción del POTAUS que ya duraba 10 años, a todas luces resultaba urgente, pero, ¿qué poder o qué ley obligaba a la Junta a cumplir el plazo que ella misma se había impuesto? A tenor de los resultados de las elecciones, ni siquiera éstas fueron un medio eficaz para castigar los incumplimientos. Al contrario, los ciudadanos premiaron al gobierno concediéndole mayoría absoluta.

La desidia de la Junta ha durado un cuarto de siglo. No la comprendían ni los empresarios del Aljarafe que en 2006, en un acto ejemplar digno de mención, entregaron a la Consejería de Obras Públicas la "Estrategia Territorial para el Desarrollo Económico del Aljarafe" y solicitaron que se concluyera el POTAUS. La Consejera les respondió que se harían cuatro planes sectoriales: transportes, espacios verdes, vivienda e infraestructuras y con esa idea, en noviembre de 2006 se publicó por segunda vez una Orden con el mismo motivo y plazo que la primera: redactar el POTAUS pero incorporando varios municipios y, sin razón suficiente, dejando fuera otros. En planeamiento, la suma de las partes no es igual al todo.

El plazo para su conocimiento y alegaciones ha terminado.

Se puede alegar el incumplimiento, la omisión o la incorrecta interpretación de la legalidad (norma) pero no del soporte teórico ni conceptual del Plan. En este aspecto solamente cabe plantear preguntas y compartir públicamente las ideas para enriquecer la opinión pública. Según Habermas "el espacio de la opinión pública es una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agrupadas en torno a temas específicos", por ejemplo, el planeamiento. Su mayor expresión es posible en democracia: interacción entre verdad, transparencia y participación activa.

Justamente lo que no se ha hecho al firmar los convenios, base de la desbocada expansión urbanística que el POTA, instrumento jurídico jerárquicamente superior, ha puesto freno con porcentajes máximos para la expansión del suelo (40%) y de la población (30%) y, por otra parte, ha impuesto una forma de ocupación del suelo para recuperar el "modelo de ciudad mediterránea" compacta y continua: sostenible. Sin embargo, la Junta, lejos de hacer cumplir estas determinaciones, ha prometido excepciones al POTA. El POTAUS, haciendo caso omiso al principio jerárquico de contenido legal, se ha encargado de recogerlas.

Se están cumpliendo los plazos, pero persisten las mismas dolencias urbanísticas que tanto están perjudicando a la salud cívica: elefantiasis del ámbito privado y anemia del público.




* Jorge Benavides Solís es doctor arquitecto y profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.






* ELPAIS.com - Andalucía - 11/01/2008




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Arrestados e imputados por cohecho dos empresarios de Totana

ELPAÍS/Murcia* : El empresario Domingo Sánchez Martínez fue detenido ayer por la mañana en su domicilio de Totana, dentro de la Operación Tótem contra una trama de corrupción urbanística, y fue puesto en libertad a las seis de la tarde tras declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Murcia. Hacia las tres de la tarde, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Totana, María Asunción Navarro Artero, que investiga el caso, decidió imputar también al hermano del detenido, Francisco Sánchez Martínez.
A ambos empresarios, propietarios de la empresa Visanfer, la juez les imputa presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Fuentes cercanas a la investigación sostienen que la detención de este empresario, cuya sociedad firmó cuatro convenios urbanísticos con el anterior alcalde de Totana, Juan Morales -ahora diputado del Grupo Mixto en el Parlamento murciano tras ser expulsado del PP- para construir un millar de viviendas, podría estar relacionada con una promoción en el paraje del Llano de las Cabras, cerca del Parque Natural de Sierra Espuña.
Recalificación

Los investigadores consideran que pudo haber cometido un delito de cohecho al acordar con el actual alcalde del PP, José Martínez Andreo, en la cárcel desde el pasado 3 de diciembre, la reclasificación de 200.000 metros cuadrados rústicos tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Totana, que todavía está en tramitación. Según fuentes de la oposición, el primer edil había firmado, de forma paralela, un acuerdo privado con una confederación de empresarios en las que se comprometía a no aprobar la urbanización del detenido, que incluía 318 viviendas.

Con el arrestado ayer, que fue puesto en libertad, ya son 14 los detenidos en la Operación Tótem, entre los que se encuentra el regidor del municipio, que no ha dimitido.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia informaron de que la Fiscalía está a la espera de la entrada en la Sala de lo Penal del informe de la juez sobre la supuesta intervención de Juan Morales, parlamentario regional y alcalde de Totana entre 2003 y 2007, en un caso de cohecho. De los detenidos, 11 están en libertad provisional, nueve con fianza.








* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 12/01/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - totana.es




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Un juez anula la venta en Salamanca de una parcela municipal para un hospital privado

NORTECASTILLA* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca ha declarado ilegal la enajenación mediante venta por parte del Ayuntamiento de la capital de un solar con destino a «equipamientos» para la construcción de un hospital privado por parte de la empresa del conocido médico salmantino Juan Abarca, que había adquirido el suelo por más de cinco millones de euros.

Los Verdes Foro de Izquierdas, que ayer dieron a conocer la sentencia, presentaron los pasados meses un recurso contra la operación al entender que era ilegal destinar esta parcela del patrimonio municipal del suelo en el sector de La Plata para la construcción de un negocio privado.

El portavoz de Los Verdes, Ángel Gamazo, destacó que «los tribunales han emitido una nueva sentencia condenatoria por las malas prácticas urbanísticas de este Ayuntamiento que quiere saltarse las leyes y pretendía llevar a cabo un expolio del suelo de todos los salmantinos».

Por su parte, el Consistorio dio ayer una valoración distinta de la sentencia y aseguró que sí podrá enajenar el solar municipal «tras la desafectación del terreno, expediente en el que ya se está trabajando». El Ayuntamiento reconoció que los servicios jurídicos municipales detectaron un defecto legal en la tramitación de la enajenación, por lo que en noviembre del 2006 «decidió declarar desierto el concurso a pesar de que se había presentado una empresa». El Ayuntamiento insistió en que «la sentencia carece, por tanto, de efecto real ya que no se culminó la enajenación de la parcela con los pliegos de condiciones impugnados y ya está trabajando para subsanar el error».

Obras de El Corte Inglés

Los Verdes también anunciaron ayer que presentarán la próxima semana ante el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Salamanca una demanda contra las obras de construcción de El Corte Inglés en el antiguo solar del Cuartel Julián Sánchez 'El Charro'. En este caso, Gamazo señaló que el partido no solicitará un «parón radical» de los trabajos, sino que pedirán que se limite la construcción del nuevo edificio por encima de la rasante del solar.







* El Norte de Castilla - 12.01.08 - F. GÓMEZ
Foto: Salamanca, ayuntamiento - Julien Navarro, wikipedia.org



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Lanzarote: Otro fallo del TSJC hace que una veintena de hoteles y apartamentos sean ilegales

LAPROVINCIA* : Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado los permisos que el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió en los años 1999 y 2003 a la empresa Urena Mountain SA, para la construcción de un hotel de 443 plazas en la parcela 139 del Plan Parcial de Montaña Roja, en las proximidades del faro de Pechiguera. Con esta son ya 20 los complejos turísticos cuyas licencias han sido anuladas por los Tribunales en las Sentencias dictadas en los recursos interpuestos por el Cabildo de Lanzarote.

Se estima que el número de camas turísticas afectadas por estas sentencias supere ya las 9.000 plazas.

En esta última sentencia el Alto Tribunal estima una vez más los recursos interpuestos por el Cabildo en defensa de la legalidad urbanística y del planeamiento insular y declara nulas las licencias recurridas porque las mismas fueron otorgadas vulnerando la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias (Ley 9/1999, de 13 de mayo), la Ley de Medidas Urgentes en materia turística (Ley 6/2001, de 23 de julio) y el Plan Insular de Ordenación, al haber omitido el informe previo, preceptivo y vinculante que el Cabildo debe emitir en sentido favorable para que puedan autorizarse nuevas obras en suelos cuyos planes parciales no estén adaptados al PIOT.

El recurso interpuesto en 2003 por el Cabildo contra los permisos concedidos por el alcalde de Yaiza para la construcción de este hotel (cuyas obras iban a iniciarse en dicho año) consiguió evitar que ese complejo turístico se ejecutara, impidiéndose de este modo la edificación de una construcción de gran envergadura en las proximidades de Pechiguera.

La batería de sentencias a favor del Cabildo ha hecho que la Corporación haya iniciado una serie de conversaciones con los propietarios de estos establecimientos para determinar una salida negociada con cada uno de ellos. Los promotores han designado a un único interlocutor para estas negociaciones. Desde el Cabildo se ha dejado claro que no todos los establecimientos se podrán legalizar.








* La Provincia - DLP - ARRECIFE - 12 de enero de 2008
Foto: Vista de la zona del Faro Pechiguera en Playa Blanca. LP



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Granada: Premios Aguas de Mayo y Atila 2007

ECOLOGISTASENACCIÓN/Granada* : El premio Atila 2007, que se concede a la persona o institución que durante el año en curso más ha destacado por su nefasta actuación medioambiental, ha sido ganado por méritos propios por D. Salvador Rodríguez Martín, Alcalde de Carataunas, que lleva una política urbanística nefasta, destrozando su pueblo, desoyendo las indicaciones de las administraciones y de la fiscalía en materia de urbanismo y por los vertidos de escombros y basuras que están tapando las minas de Fátima.

También se han hecho merecedores a este premio las siguientes personas e instituciones:

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por todos sus responsables, por las trabas que ponen a facilitar información a los ciudadanos, a quienes se les obliga a ir a Sevilla para poder consultar cualquier proyecto, aunque se vaya a realizar al lado de su casa.

D. Jesús Amurrio Sánchez, alcalde de la Puebla de Don Fadrique, por confundir el desarrollo con la especulación urbanística, por negar información a los ciudadanos, por mantener un vertedero ilegal junto a los depósitos de agua potable y por apoyar instalaciones insostenibles como marraneras en espacios de gran valor ecológico.

D. Víctor Sánchez, Alcalde de Atarfe, por su actitud al no reconocer su responsabilidad en los vertidos de las balsas de alpechín y por su política urbanística plagada de irregularidades.

Ganadores Premios Aguas de Mayo:

Se conceden a aquellas personas o colectivos que durante el año se han significado por su labor en pro de un medio ambiente saludable en cualquiera de sus manifestaciones. Este año consideramos merecedor de este premio a:

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que está trabajando los temas ambientales con riguroso criterio y además dando a entender a la ciudadanía que la Ley está para cumplirse por parte de todos.

También hay que reconocer la labor que en pro de un mejor medio ambiente han desarrollado:

Plataforma del Teléferico, que han dinamizado a gran parte de la sociedad granadina para conseguir librarnos de ese engendro especulativo.

Dª Beatriz Muñoz Benítez, por su trabajo durante años en pro de un buen urbanismo y de la Ordenación del Territorio en los pueblos de la Cornisa Sur del Área Metropolitana de Granada.

D. Manuel González de Molina, ex Director General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca, por su magnífico trabajo para fomentar el consumo de productos autóctonos y de calidad.

Cortijo del Pino, en Churriana de la Vega, por apostar por el mantenimiento de la vega en su forma tradicional y luchar contra la especulación urbanística.








* Ecologistas en Acción de Granada - 7 de enero 2008
Foto: Carataunas (Granada), bloque voluminoso - Ecologistas en Acción



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Valencia: La Síndic de Greuges denuncia el trato de favor al urbanismo salvaje

ELPAÍS/Valencia* : Dos meses y medio cubren cualquier periodo de cortesía. La Síndic de Greuges (defensora del pueblo autonómica) Emilia Caballero, colgó ayer en Internet el informe correspondiente a 2006 entregado en el registro de las Cortes Valencianas el 17 de octubre. La publicidad del informe se produce después de que la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, haya sido incapaz de encontrar un hueco en su agenda para recibir a la Síndic de Greuges que deseaba, como ha sido habitual, entregarle su informe anual en mano.

En el informe correspondiente a 2006, divulgado ayer, la Síndic de Greuges denuncia el trato de favor al urbanismo salvaje. Caballero relata que tanto el informe sobre la existencia de recursos hídricos como la declaración de impacto ambiental no se obtienen al inicio del procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos, sino al final, de manera que es el proyecto "el que condiciona y limita en la práctica la declaración de impacto ambiental y no al revés".

La Síndic destaca "la importante reticencia" del Consell y los ayuntamientos para pedir informes favorables sobre la existencia de agua necesaria a la Confederación Hidrográfica del Júcar. El informe asegura que en muchas ocasiones este informe no se llega a solicitar y en otras muchas se intenta suplantar o sustituir con informes de otras entidades que carecen de competencia legal para acreditar la existencia de agua suficiente.

"Desde esta institución no nos cansamos de repetir que no se debe aprobar y ejecutar un plan urbanístico si no se cuenta con el informe favorable de la Administración estatal de aguas", indica Caballero en su informe.

Para Caballero, las Administraciones valencianas deberían ser más transparentes y hacer mayores esfuerzos por facilitar la información urbanística a los ciudadanos. La Síndic también constata que "en más ocasiones de las deseables" la Administración es reacia a iniciar expedientes sancionadores y ordenar las demoliciones de las construcciones ilegales".

En su escrito, la defensora de los ciudadanos recalca también la insuficiente oferta de viviendas de protección pública y afirma: "son muchas las quejas que hemos tramitado relativas a personas que llevan años esperando una vivienda y que, debido a la escasez de las mismas, todavía no han podido acceder a ella". "Son interminables las listas de espera", remacha la Síndic que ve "inadmisible que la propia Generalitat no mantenga en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias para garantizar el derecho a una vivienda digna". El informe corresponde a 2006 y, con posterioridad, el Consell anunció un plan para rehabilitar su parque de viviendas públicas de acuerdo con los ocupantes.

De acuerdo con el informe, la Síndic recibió 280 quejas relacionadas con el urbanismo -una de cada cinco presentadas. El documento denuncia que ocho consejerías mostraron una actitud "hostil" o "entorpecedora" a los requerimientos de la Síndic. Actitud demostrada también por un total de 25 ayuntamientos.







* ELPAIS.com - EP - Valencia - 11/01/2008
Foto: Valencia, sede Les_Corts - wikipedia.org



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Manos Limpias denuncia que el Ayuntamiento de Roquetas "intenta aprovechar" urbanísticamente el patrimonio de todos

TELEPRENSA/Almería* : El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas aprobó, con los votos de los Sres. Concejales del PP , el Plan de Sectorización del Sector 43 del PGOU de Roquetas de Mar, o lo que es lo mismo, según el PGOU aún pendiente de aprobación, la actuación de Suelo urbanizable sectorizado Z-PAR-01, dicha actuación se encuentra en la salida de la Autovía del Mediterráneo por El Parador y allí se pretende realizar una nueva gasolinera y naves industriales, según la ficha urbanística.

Viendo la ficha se puede afirmar que aquí existe, como en otros muchos puntos del término Municipal de Roquetas de Mar, el intento de aprovechar urbanísticamente un terreno que es de todos por ser de dominio público en beneficio de particulares, es decir se le da aprovechamiento a una rambla con la connivencia de nuestro ayuntamiento.

Y se demuestra muy claramente ya que el sector según ficha tiene 48.409 metros cuadrados, compuesto Catastralmente por las parcelas 20, 21,25 y 34 del polígono 44 de Roquetas de Mar el resto del terreno que computan como con aprovechamiento, hasta llegar a los 64.527 metros corresponden a las parcelas 9005 y 9007 del polígono 44 de Roquetas de Mar que pertenecen a la Rambla de Las Hortichuelas y por lo tanto no pueden tener ningún tipo de aprovechamiento. .

El beneficio obtenido al precio actual de los terrenos supondría unos 12 millones de Euros

Pero además para realizar dicha actuación no existe normativa al respecto, por encontrarse el Plan General en fase de aprobación y mientras tanto se debe proceder a la suspensión de aprobaciones y otorgamiento de autorizaciones y licencias urbanísticas.

Desde el Colectivo Manos limpias por el Urbanismo en Roquetas de Mar creemos que una de las obligaciones principales del Ayuntamiento Roquetero es conservar todo aquello que pertenece a “todos” y no utilizarlo para actuaciones especulativas en beneficio de particulares, obligación que hasta estos momentos se está incumpliendo en perjuicio de todos los Roqueteros.






* teleprensa.es - 12 de Enero del 2008
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - aytoroquetas.org



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El jefe policial de Conil se construyó una vivienda 'ilegal' con los coches robados

ELPAÍS/Cádiz* : La trayectoria profesional paralela del jefe de la Policía Local de Conil de la Frontera (Cádiz), Francisco Luis González, detenido el miércoles tras haber sido acusado de comerciar con coches robados, siguió ayer deparando sorpresas. El responsable policial conducía por el pueblo un furgón Mercedes Vito que figura en la lista de vehículos robados. Fuentes de la investigación explicaron que González le daba un uso privado para sus desplazamientos.

El mando policial, además, se construyó en la localidad donde trabajaba como uno de los garantes de la legalidad un chalé ilegal sobre suelo sin calificación urbanística. Por esta razón también tendrá que responder ante el juzgado como supuesto autor de un delito contra la ordenación del territorio, que se suma a las acusaciones de estafa, hurto de vehículo a motor y falsedad documental.

Según fuentes de la investigación, la financiación del chalé ilegal podría haber salido de los fondos que obtuvo Francisco Luis González de manera ilícita por la venta de los coches robados. Tras declarar ayer durante varias horas ante el Juzgado número 1 de Chiclana, González fue puesto en libertad con cargos por el titular de este juzgado, que decidió inhibirse en favor del Juzgado número 3 de Chiclana, que instruye el caso.

El jefe policial había llegado a las dependencias judiciales alrededor de las 17.00 y salió cuatro horas después. Ante el juez también compareció un segundo detenido cuya identidad no ha trascendido y que quedó en libertad a las 15.00. Según la investigación inicial, el mando policial modificaba la documentación y revendía los coches cuyo robo había sido denunciado por sus propietarios. Cuando los vehículos eran recuperados por la Policía Local, González ocultaba a los denunciantes el rescate del automóvil para poder revenderlos en el mercado negro.

La investigación judicial fue abierta hace meses por el juzgado, que actuó a instancias de una empresa aseguradora, que se vio obligada a pagar una indemnización a uno de sus clientes en compensación por el robo de su vehículo.

Al mismo tiempo, abrió una investigación privada para comprobar la veracidad de la denuncia. En el curso de las pesquisas, la compañía relacionó el coche robado con el papel de mediación del jefe de la policía y puso el caso en manos del juez. Varias aseguradoras han anunciado ayer su intención de revisar los casos de indemnizaciones por robo que han pagado en la zona en los últimos tiempos.

Durante la reunión mantenida ayer por los portavoces municipales del Ayuntamiento de Conil, gobernado por Izquierda Unida, el alcalde, Antonio Roldán, informó de la apertura de un expediente urbanístico al jefe policial por el chalé ilegal. Aunque este expediente fue abierto el pasado 14 de noviembre, el policía no sufrió ninguna medida sancionadora.

Tampoco las nuevas actuaciones judiciales han tenido repercusión en la faceta profesional de González de momento, ya que el Ayuntamiento de Conil no ha adoptado ninguna medida contra él de forma provisional. En la junta de portavoces se anunció el inicio de una investigación de la Policía Local.







* ELPAIS.com - F. J. ROMÁN - Cádiz - 11/01/2008
Foto: Conil (Cádiz) - conil.org



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